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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Quiebra de la estrategia radical

Se echó hacia la izquierda y abrazó al nacionalismo hasta ahogar a ambos. Izquierda Unida prácticamente ha desaparecido y los nacionalismos siniestros se han deshinchado, cediendo ambos votos y poder al Partido Socialista, otrora PSOE. Prueba de ello es que en la comunidad más socialista y nacionalista de España, Cataluña, el PSOE saca al PP más diferencia en número de diputados que la que obtiene en el conjunto de nuestro país.

Parte de esa estrategia, una parte central, axial, es la marginación política y social del Partido Popular. Las manifestaciones en la calle le salvaron al partido de Rajoy, a pesar de las dudas de su líder, de esa marginación social. La marginación política, con la mancha del paro adherida a la chaqueta de Zapatero, ya no es tan fácil de mantener. La memoria histórica, la guerra de Irak, el aborto… todas las estrategias para colocar al PP fuera del nuevo marco político siguen teniendo fuelle, pero a excepción del último lo pierden a ojos vista.

Estas elecciones, gallegas y vascas, pueden haber marcado el comienzo del fin de la estrategia radical. El PP ha ganado en Galicia frente al tandem entre el PSG (no olvidemos que Zapatero ha dicho que votar a Touriño es como hacerlo a él) y el BNG. Esa estrategia ha fracasado tanto por la derrota nacional-socialista como por la victoria del PP. El PSOE no ha dado la vuelta en Galicia, aún fagocitando a sus socios nacionalistas, y el PP puede presumir de haber obtenido una victoria electoral; ya no se le puede orillar tan fácilmente.

Por lo que se refiere al País Vasco, otro íntimo amigo de Zapatero, Patxi López, tendrá que elegir entre el constitucionalismo y el nacionalismo. La primera opción supone gobernar con el apoyo, aunque fuera condicionado, del Partido Popular y de Unión Progreso y Democracia. Adiós al aislamiento del PP. La otra opción pasa por apoyar a Ibarretxe (el PNV jamás votaría por López), lo cual sería visto como una traición por una parte de sus votantes y un motivo de desgaste continuo de Zapatero en el resto de España.

Estos resultados, más que un éxito del PP son un fracaso de la estrategia radical de Rodríguez Zapatero.

J. S. Mill y las clases trabajadoras: contigo en la distancia

Uno de los sambenitos que habitualmente se le cuelgan al liberalismo es su despreocupación por la situación de los más necesitados. Una lectura de los escritos de John Stuart Mill, socialdemócrata y representante de un liberalismo sentimental y confuso, pueden ayudarnos a entender dónde radica esta falacia.

Mill es el último gran representante de la Escuela Clásica Inglesa del siglo XIX. Sus Principios de Economía Política se publicaron en 1848, que también fue el año de publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. De alguna manera ambas obras tratan el tema de las fricciones entre obreros y empresarios como subproducto de la Revolución Industrial inglesa. Mientras que Marx y Engels abogaban por la revolución comunista y la expropiación de empresas y tierras, entre otras cosas, John Stuart Mill defiende la libertad de asociación empresarial y la libertad de asociación obrera como parte importante de la solución. Mill cree que la competencia de diferentes formas jurídicas de asociación (sociedad anónima, comanditaria, y en especial, las cooperativas gestionadas por obreros) en un mercado abierto enseñaría a empleados y empleadores a respetarse y valorarse.

¿Quién no caería rendido a los pies de un pensador pacifista y conciliador como él?

Otro de los puntos más enternecedores de Mill es su preocupación por la formación de los niños sin recursos. Educado siguiendo un plan de diseño paterno, Mill nunca pisó una escuela y solamente cursó algunas asignaturas en la Universidad de Montpellier durante su estancia en Francia. Su fina inteligencia se daba cuenta de la importancia de la educación infantil y, en especial, la de los niños más pobres. Es una de las causas que invalidan el principio de no intervención del gobierno. No es que el Gobierno deba proveer la educación sino ayudar a financiar la de los niños que no estén en condiciones de hacerlo. No se trata de que el Estado manipule la mente del pueblo imponiendo una educación homogénea a todos, sino que establezca unos exámenes para asegurar un nivel mínimo de formación para todos. No parece muy socialdemócrata, no es evidente que se considere a John Stuart Mill un defensor del pernicioso Estado del Bienestar, tras cuyo maravilloso nombre se esconde sosa cáustica para la sociedad.

¿Entonces? ¿Cómo pudieron Mises y Hayek dedicarle tan duras palabras a un hombre tan considerado? Carlos Rodríguez Braun nos da pistas muy claras en el ensayo introductorio a su versión anotada y comentada de Sobre la libertad. A pesar de defender las ideas expuestas, también considera que el Estado puede obligar a la gente a estudiar. En este trabajo, Mill explica que la única razón por la que se puede coaccionar a un individuo e imponerle algo es cuando su conducta dañe a terceros. Pero al aplicarlo a la educación, Mill concibe que si las decisiones de un padre no aseguran que su hijo pueda desarrollar plenamente sus habilidades, entonces se considerará un "daño a terceros" y el Estado podrá intervenir y tomar cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un padre tiene la tutela de sus hijos condicionada al criterio de los gobernantes. Mill creía en un Gobierno elitista, con unos criterios racionales sobre cómo deben los niños desarrollar sus capacidades y con potestad para obligar que así sea a los padres.

El panorama se ensombrece. Estas ideas se confirman cuando compara la educación a la prescripción de medicinas por los médicos… no se pregunta al paciente qué cree que debe tomar, se le receta lo que necesita. Está claro que es la élite gobernante la que sabe, mucho mejor que el educando, qué necesita y cómo; por ello es inútil preguntar a una persona sin instrucción qué quiere estudiar o cómo quiere aprender, ha de confiar en el criterio de los expertos.

Pero la cuestión se agrava cuando trata la formación de las clases trabajadoras. Siendo él una persona autodidacta, considera que, de la misma forma que la burguesía ilustrada tenía afán por formarse, por aprender, los obreros también deberían hacer lo posible por seguir ese ejemplo. En esa tarea, los sindicatos y las asociaciones obreras son importantes en cuanto que pueden organizar charlas para que el obrero piense por sí mismo y se cree una opinión sobre los problemas de la sociedad. Para Mill, es mejor no permitir el voto de las personas no instruidas ya que no están preparadas para decidir qué políticas necesitan, y es mejor que simplemente acaten las decisiones que esa élite se ocupará, siempre por su bien, de tomar por ellos.

No queda claro quién decide que esa élite cumple los requisitos necesarios para saber. Pero sobre todo, se observa cómo aparece de forma subrepticia la razón suprema del Estado de Bienestar: es por su bien, el de sus hijos, el de los ancianos, el de los pobres… su bien, que nosotros sabemos cuál es y ustedes, obviamente, no. ¿Por qué? Pues porque está usted hablando con la élite, la que sabe qué hacer, que le va a evitar decidir (no vaya usted a equivocarse) y lo va a hacer con su dinero.

Esa condescendencia de John Stuart Mill, la conmiseración hacia los pobres y menos instruidos encierra un menosprecio velado que los liberales respetuosos del individuo, de su capacidad de aprender y de su derecho a decidir no muestran, aunque sea menos popular.

Prontuario para no iniciados

Los políticos, por regla general, tienen un gran talento para gastar el dinero, pero muy poco para trasladar sus "logros" a los ciudadanos en un lenguaje inteligible, así que las administraciones necesitan la colaboración de los varios miles de agencias privadas especializadas en imagen corporativa, cuya facilidad para dar una sensación grandiosa a cualquier chorradita ideada por el político de turno hace que sus servicios estén cada vez más solicitados.

Los cartelones con que el Gobierno de Zapatero está publicitando su famoso Plan E son una pieza magnífica del agit-prop posmoderno, pero lo que sorprende es que lleguen a extremos que pueden calificarse sin desdoro como un insulto a la inteligencia de los contribuyentes. Hay algunas obras incluidas en el plan de reactivación del empleo municipal cuyo importe no llega al coste de instalación del cartel que las anuncia, pero como lo que importa es la imagen y no el bien público, probablemente nos toque ver algunos carteles con leyendas como las que se detallan a continuación.

  • Reestructuración del dispositivo de hidrocanalización perimetral del templete ubicado en zona de esparcimiento: Han reparado la cañería de la cantina del parque.
  • Instalación de dispositivo de sellado en acceso al sistema subterráneo de higienización pública: Han colocado una tapa de alcantarilla.
  • Acción coordinada para la ecosostenibilidad del sistema lumínico en dispositivo regulador del tráfico urbano: Han cambiado las bombillas de un semáforo. Las nuevas son de bajo consumo.
  • Instalación de colector de residuos con sistema de clasificación para reciclaje en zona de especial interés paisajístico: Han puesto una papelera en el mirador del pueblo. Lleva dos bolsas, una de ellas para el plástico.
  • Reforma e integración en las modernas tendencias estéticas de la imagen frontal del edificio de la concejalía de juventud. Han pintado un graffiti.
  • Modernización de acceso peatonal al centro de educación ciudadana y adaptación a las nuevas disposiciones en materia de seguridad vial. Han pintado de rojo el paso de peatones del cole.
  • Reubicación estratégica del dispositivo público aglutinador de las acciones destinadas a la mejora de la salud reproductiva: Han cambiado de sitio la máquina de condones. Ahora está pegada al instituto.

Lo último será un cartel anunciando la instalación de otro cartel que anuncie, a su vez, la colocación de la primera piedra de la última ocurrencia del consistorio. ¿Que no?

El tapado del PP

Las palabras de un líder tendrían que despertar el interés que provoca una estrella del rock en pleno concierto. Rajoy no lo es, ni líder ni estrella del rock. Y se necesita mucho más que cargarse de razón para cargarse al régimen zapateril, que en su segunda legislatura triunfal está comenzando a consolidarse. Cada día que siga fumándose puros en la séptima planta de Génova 13 es un día ganado para Zapatero y su cuadrilla.

Rajoy le ha entregado a Zapatero los instrumentos con que los socialistas están destrozando su partido: el control de la justicia. Súmenle un "plan de rescate" de las rotativas y tendrá también a la prensa cogida por los balances. Y el PP se debatirá entre sus movidas internas, las tramas de corrupción atizadas por Garzón, la falta de liderazgo, las derrotas electorales…

Mariano no puede llevar a su partido al matadero en 2012. Y no creo que lo haga. O lo entrega a Alberto Ruiz Gallardón al democrático modo en que él mismo fue elegido presidente del PP, o permite que la guerra soterrada acabe en la batalla final en un congreso en 2010. U opta por un candidato de consenso.

Esperanza Aguirre no va a liderar el Partido Popular. Tiene grandes apoyos en Madrid, pero fuera de allí su popularidad no es la misma. Ni en la gente ni en su propio partido (que así le va, déjenme que añada). A Gallardón no le tragarían las bases, así se lo quiera endilgar Mariano al PP con calzador. ¿Quién queda? ¿Mayor Oreja? ¿Camps? ¿González Pons?

No. El candidato es Rodrigo Rato. Ahora está viendo cómo los principales dirigentes se desgastan entre corrupciones aledañas, espionajes de Mortadelo y Filemón, derrotas electorales y discursos vacíos. Y cuanto más caen las cabezas visibles del PP, entre los hachazos propios y ajenos, más se yergue la suya. En plena crisis económica, Rato puede presentarse, legítimamente, como el hombre que sabe cómo sacarnos de ésta. Y podría tener el visto bueno de Prisa, aunque quizá para entonces poco importe, porque quedará de ella la mitad de la mitad. Tiene el favor de los votantes y puede obtener apoyos dentro del partido muy importantes y hoy muy enfrentados. Y puede ganarse también el apoyo de los medios de comunicación preferidos de los votantes populares y que hoy no ven con buenos ojos a Rajoy.

Así que apunten: Rato frente a Zapatero en 2011.

Perlas intervencionistas para tiempos de crisis

En estos tiempos, más que nunca, se pueden oír y leer gran cantidad de mitos, sofismas y simples tonterías acerca de la economía y la coyuntura. En época de crisis los periódicos están llenos de noticias económicas y artículos de opinión acerca de éstas. La gente demanda respuestas y soluciones a economistas y "expertos": cuándo saldremos de ésta y qué soluciones hay parecen ser las preguntas que más preocupan.

Aun con todos estos mitos, se le puede buscar el lado positivo al asunto. Puede resultar incluso constructivo echar un vistazo a los editoriales y firmas de los periódicos para tratar de refutar sus principales ideas. Por ejemplo, así al azar, podemos probar con El País. Este periódico nos suele proporcionar bastante material con el que realizar este ejercicio, como muestran regularmente las columnas de Rodríguez Braun y Francisco Capella.

En uno de los editoriales de agosto del pasado año, se decía que "el desplome de la construcción no está siendo en modo alguno compensado por otros componentes", lo que les llevaba a pensar que "la mejor forma de facilitar la recuperación hoy distante es aumentar la inversión pública".

Como ya escribió Juan Ramón Rallo, la obra pública no es la solución, ni de lejos. Primero porque supone quitarle recursos escasos al sector privado en una coyuntura en la que no está especialmente sobrado como para sobrellevar los gastos que suponen los bienes de primera necesidad y el pago de las deudas. Así se favorece un mayor endeudamiento, añadiendo más leña al fuego a la pirámide de (mala) deuda construida al calor de la expansión crediticia. Esto supone que se dificulta el necesario ahorro que tiene que surgir para que la inversión pueda relanzarse y los proyectos empresariales puedan sobrevivir. Segundo, esto supone una mayor dirección centralizada de los recursos de la sociedad, es decir, que los políticos tendrían mayor capacidad y poder de decisión sobre los individuos.

La idea no parece demasiado atractiva, teniendo en cuenta además la intención de salvar a amiguetes promotores y constructores. Éstos necesitan más que nunca que el Gobierno nos meta a todos la mano en el bolsillo para repartirles el botín, y de paso quedarse con unas comisiones. Por último, tampoco vendría mal recordar los ejemplos históricos del New Deal americano, y las medidas aplicadas en Japón. La obra pública no parece ser ninguna panacea; más bien al contrario.

A la afirmación anterior nada tiene que envidiar lo que sostiene el flamante Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Una evidencia más para no tener miedo en relativizar el significado de los Nobel (ahí está Gunnar Myrdal también). En un alarde de comparación entre diversas perspectivas y apertura intelectual, dice que "el argumento habitual contra las obras públicas como estímulo económico es que tardan demasiado". Curiosamente, es un argumento que no he empleado ni yo ni muchos de los críticos con estas medidas. Quizá se le escapó algo al Nobel.

Además, opina que "está políticamente de moda despotricar contra el gasto estatal y pedir responsabilidad fiscal. Pero ahora mismo, un mayor gasto estatal es justo lo que el doctor receta, y las preocupaciones sobre el déficit presupuestario deben ser dejadas en suspenso […] Lo responsable, ahora mismo, es darle a la economía la ayuda que necesita". Es decir, entramos en la nueva y completamente diferente dimensión de la depression economics, donde las directrices del equilibrio presupuestario y las "leyes económicas estándar" dejan de ser válidas. Puro keynesianismo.

Me causa cierta estupefacción su creencia sobre lo "políticamente de moda", especialmente viendo estos cuadros, que muestran el gasto público desaforado de la última década medido según todos los indicadores (déficit público, deuda federal, gastos corrientes, etc.). ¡Y fueron llevados a cabo por los "defensores del libre mercado" republicanos! ¿Qué harán los "responsables" intervencionistas?

Quizás esos republicanos no son tan distintos, a nivel de intervención, que los demócratas. Parece obvio, pero no tanto para muchos articulistas, que siguen sosteniendo el mito imperecedero de EE.UU. como paraíso liberal. No tienen escrúpulos en culpar al mercado de todos los desaguisados, y hasta aseguran, mientras tratan de revivir a Keynes: "No alcanzo a leer ninguna propuesta neoliberal o neocon pidiendo la inhibición de los poderes públicos y el restablecimiento del laissez faire. ¿Alguna voz pide que dejemos al mercado arreglar por sí solo lo que ha desarreglado?".

No comment.

Dame más coches, por favor

Durante la fase expansiva de la crisis económica actual, muchas industrias incrementaron su capacidad por encima de las necesidades reales de los ciudadanos. Digamos que se hincharon con la burbuja. Entre ellas destacan, por supuesto, los servicios financieros, la construcción y la automoción. Aunque no son ni mucho menos las únicas en haberse expandido en exceso, sí son las más prominentes.

En las tres, las causas y consecuencias son análogas, como lo deberían ser los procesos de ajuste. Sin embargo, la industria de los servicios financieros ha demostrado un mejor lobby ante los gobiernos, y todo el mundo asume que, sin los bancos, el mundo llegaría a su fin. Por ello, han conseguido ingentes recursos públicos para su sostenimiento. Y, por ello precisamente, es quizá un sector menos ilustrativo para comprender debidamente lo que ha supuesto la fase expansiva, la explosión de la burbuja y lo que significan las ayudas del Gobierno.

Por la misma razón, el objetivo de estas líneas es ilustrar de forma material lo que significa todo ello, siguiendo el ejemplo de los coches, que es mucho más fácil de entender, aún siendo exactamente el mismo fenómeno.

En la fase expansiva, todo el mundo puede acceder fácilmente a dinero. Los bancos daban crédito a quien se lo pidiera, sin reparar demasiado en la posibilidad de recuperar el dinero prestado. En estas condiciones, mucha gente comenzó a adquirir coches: algunos que nunca hubieran podido comprarlo con su renta, lo hicieron; otros compraron coches de una gama superior a la que se podían permitir y otros renovaban el coche con más frecuencia.

Lo cierto es que se disparó la demanda de coches tanto en cantidad como en calidad. Los fabricantes reaccionaron de dos formas: subiendo los precios para ajustar oferta a demanda, y ampliando su capacidad de producción, para en el medio plazo ser capaces de atender toda la demanda. Esta ampliación exige inversiones en capital y también contratación de trabajadores.

Se compraban muchos coches y se fabricaban muchos coches. Los fabricantes hacían mucho dinero, y la gente disponía de buenos vehículos.

Pero un día las cosas cambiaron, por las razones que sean. Desde ese día, la gente ya no quiere tantos coches. Al menos, no los quiere a los precios actuales. De repente, los fabricantes se encuentran con un montón de trabajadores y de inversiones, especializados en hacer algo que la gente ya no quiere que hagan.

Nos guste o no, todos los señores que viven de hacer coches, están haciendo algo que sus conciudadanos no demandan, y por lo que no quieren pagar. Y los fabricantes se encuentran con unas máquinas y unas fábricas inútiles. La gente demuestra con su demanda que no sirven para nada.

Es obvio para cualquier persona razonable que se han de dejar de fabricar coches, que todo el esfuerzo y dinero metido en ellos, ya no se valora. Y que esta gente estaría mejor, no sé, fabricando pasteles, o preparando hamburguesas, porque eso es lo que ahora quiere la gente. Igualmente, esas fábricas y esas máquinas deberían dedicarse a cosas más útiles, si es posible, o dejarse abandonadas.

Quien tiene en su casa un trasto, procura no perder el tiempo con él ni gasta más dinero en su mantenimiento. Lo que hace es tirarlo a la basura. La sociedad tiene ahora muchos trastos, entre ellos, muchas fábricas de coches.

Y, sin embargo, los dueños de las fábricas reaccionan pidiendo dinero al Gobierno para sobrevivir esta época, que pretenden pasajera. No entienden el mensaje que les estamos dando: que no queremos más coches. ¿Puede que en el futuro volvamos a quererlos? Eso nadie lo puede saber.

Así que con esas ayudas lo único que pretenden es obligarnos a seguir comprando algo que ya no queremos, de forma que puedan rentabilizar sus inversiones equivocadas, y mantener a gente trabajando en algo inútil. Como la situación es obviamente insostenible, seguirán pidiendo nuestro dinero al Gobierno para sostener su actividad improductiva. Y así seguirán hasta que el Gobierno se la niegue, y, por fin, desaparezcan liberando todos sus recursos para que se puedan dedicar a servir de verdad a la sociedad.

Porque, y esto es lo importante, la crisis no es pasajera. La crisis no se va a pasar como se pasan las tormentas o las pájaras de los ciclistas. Esta crisis es económica, no es un fenómeno natural, y sólo se pasará cuando las actividades improductivas cierren, y sus recursos se dirijan a cosas útiles.

No nos den más coches, por favor.

El derecho de secesión renace en EEUU

Estados Unidos nació como resultado de una revolución secesionista de las colonias en contra del todopoderoso Imperio Británico. Como consecuencia, el nuevo país se fundó sobre el derecho del pueblo a abolir cualquier forma de gobierno que atente contra la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, tal y como se expresa en la Declaración de Independencia de 1776 y en la propia Constitución norteamericana. Hoy renace este sentimiento.

La principal preocupación de los Padres Fundadores consistió en tratar de configurar un sistema político con los suficientes y firmes contrapesos como para poder limitar, en la medida de lo posible, la acción expansiva de un Estado central. El temor residía en la concentración del poder en pocas manos. De ahí que EEUU se fundara sobre el principio fundamental del derecho de secesión. De hecho, la Declaración de Independencia es en sí misma un documento secesionista.

Jefferson y Madison reclamaron firmemente dicho precepto como una garantía básica frente al poder estatal. Por ello, defendieron la posibilidad de que los ciudadanos se separaran de un gobierno y fundaran un nuevo siempre y cuando éste atentase contra la vida, la libertad y la legítima búsqueda de la felicidad. Derechos básicos y esenciales que recoge la Constitución de EEUU.

Además, tal y como explica Alexis de Tocqueville en La democracia en América, "la Unión se formó por el acuerdo voluntario de los Estados (antes constituidos en colonias) y al unirse no han perdido el derecho a su nacionalidad ni se han visto reducidos a la condición de un pueblo único e igual". De este modo, "si uno de los Estados elige retirarse del bloque, sería difícil refutar su derecho a hacerlo".

La secesión era un sentimiento en auge a mediados del siglo XIX. Por distintos motivos, muchos de ellos económicos, numerosos estados del sur aspiraban a recuperar su soberanía política en detrimento de las crecientes competencias que, poco a poco, iba adquiriendo Washington como centro del poder político del país. Fue, precisamente, la amenaza separatista, y no la abolición de la esclavitud, lo que provocó la guerra civil en 1861. Sin embargo, esta vez, triunfó el Estado central, y con él, dio comienzo el surgimiento del nuevo Imperio estadounidense.

Thomas J. DiLorenzo, en su obra El verdadero Lincoln, expone magníficamente los entresijos y causas reales del conflicto fratricida que enfrentó brutalmente a los estadounidenses. La victoria de los unionistas terminó imponiendo el denominado Sistema Americano defendido a ultranza por Hamilton, Clay y Lincoln, consistente en un fuerte proteccionismo económico, la nacionalización monetaria y bancaria, la Hacienda Pública, las subvenciones al fomento interno (capitalismo de Estado) y, cómo no, la centralización política.

Sin embargo, tras siglo y medio, parece renacer de nuevo el espíritu secesionista sobre el que se fundó EEUU. La intensa crisis económica y financiera que vive el país y algunos puntos polémicos del programa electoral de Obama están provocando las ansias de soberanía por parte de algunos congresistas estatales. Los rescates públicos y el creciente endeudamiento vienen acompañados de una nueva oleada intervencionista en el ámbito económico y, por lo tanto, es visto como una amenaza directa a los derechos fundamentales de todo individuo, tal y como defiende la Constitución.

En la actualidad, cerca de 20 estados estudian introducir resoluciones en el Congreso reclamando una mayor soberanía estatal frente a Washington. El último en adherirse ha sido New Hampshire, mediante un documento en el que reclama los derechos estatales de secesión en base a los más puros principios defendidos por Jefferson. Curiosamente, el actual presidente de EEUU, Barack Obama, se declara un ferviente admirador del centralista Lincoln. La noria de la historia siempre nos depara sorpresas.

Límites al sistema autonómico

Ya analizamos los excesos del sistema autonómico de España y se rebatió la falacia argumental entorno a los supuestos beneficios de la descentralización. En treinta años de democracia, las autonomías han expandido el tamaño del Estado por encima del 45% del PIB, ya que han duplicado el gasto público y han quintuplicado el número de funcionarios hasta rebasar los 3.027.500 asalariados públicos. También aportamos datos sobre la dilapidación de ingresos públicos en manos de tramas de intereses regionales, los innumerables gastos irregulares, el incremento de la burocracia y el servilismo hacia los nuevos caciques políticos.

Sin lugar a dudas, con los datos del intervencionismo autonómico en la mano, el Título VIII de la Constitución Española de 1978 se manifiesta como la sección de articulado constitucional peor diseñada. Dicho sistema territorial ha permitido la instauración de 17 centros de poder con competencias tanto ejecutivas como legislativas que están generando intervencionismo por medio de la hiperinflación legislativa, con leyes autonómicas que interponen barreras comerciales con normativas dispares de etiquetado, facturación, seguridad y regulación de infinidad de actividades individuales. Dicho sistema descentralizador consiente la discriminación de millones de ciudadanos no-nacionalistas o, directamente, permite la génesis de nuevas realidades autonómicas de diseño inconstitucional que perfilan regímenes intervensionistas en torno a "mini-naciones" con sistemas tributario y judicial propios, una relación bilateral con el Estado central, selecciones nacionales, campañas de autopromoción o embajadas en el extranjero.

Confiando en la apertura mental del lector y en su simpatía hacia las nuevas ideas, sin la cual todo entender es imposible, a continuación se plantearan algunas reformas constitucionales que estimamos pueden permitir la limitación del tamaño del Estado autonómico y de sus excesos competenciales.

Las sentencias totalmente politizadas del Tribunal Constitucional están otorgando una patina de oscura "legalidad" a leyes y Estatutos de Autonomía que eliminan el derecho de igualdad ante la ley del ordenamiento jurídico español ya que establecen ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Sin embargo, al menos formalmente, el artículo 14 de la Constitución establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…".

Dependiendo de la Autonomía donde se resida, la hiperinflación legislativa derivada del caótico sistema territorial español impone una normativa regional totalmente diferente en cada Comunidad Autónoma, coaccionando la libertad de mercado en actos tan cotidianos como prestar un servicio asistencial, comerciar con un producto, recibir una licencia de caza, vacunar un niño o, simplemente, encontrarle educación en el idioma común de España.

Si se quiere restablecer el derecho de igualdad ante la ley, el artículo 148 CE debe fijar competencias autonómicas definitivas pero, además, debe señalar expresamente que el Parlamento nacional será la institución encargada de legislar dichas competencias mediante un Estatuto Único de Autonomía:

Artículo 148 CE (propuesta de versión nueva)
1.
Cada Comunidad Autónoma podrá asumir competencias en las materias que se relacionan a continuación y, si se aprueba conforme a ley, se podrán recoger en un Estatuto Único de Autonomía que también regulará la organización de las instituciones de autogobierno:

Las alteraciones sobre los términos municipales que… (sin cambios)

Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma… (sin cambios)

2. Las Comunidades Autónomas podrán delegar sus competencias en las provincias, municipios, cabildos o consejos que integren su territorio, con el fin de eliminar burocracia, acercar la administración a los ciudadanos y limitar el gasto público.

3. Ninguna Comunidad Autónoma podrá aumentar sus competencias fuera del marco establecido por el apartado primero. El Estatuto Único de Autonomía deberá sujetar sus competencias al marco establecido por el artículo 148 y nunca podrá rebasar los límites establecidos en el artículo 149.

4. Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente sus gastos presupuestarios mediante tramos de impuesto claramente diferenciados en los documentos públicos de pago, que se legislarán en el Parlamento Autonómico para que los ciudadanos perciban la gestión eficaz y correcta de las autoridades regionales, pero sin posibilidad de déficit presupuestario y sin posibilidad de rebasar un endeudamiento superior al 20% del gasto público autonómico.

5. La Constitución y cualquier ley orgánica de carácter estatal tendrán rango superior y, por tanto, prevalecerán sobre las leyes y normas autonómicas en todo lo que no esté atribuido a las mismas. Cualquier legislación o acto administrativo de las autoridades autonómicas que contravenga lo anterior será nulo de pleno derecho y, con efectos inmediatos, deberá aplicarse el artículo 155.

6. Aprobado un Estatuto Único de Autonomía, automáticamente se aplicará a todas las Comunidades Autónomas sustituyendo al Estatuto de Autonomía de cada una de ellas.

7. Para ser legalmente válida, la aprobación del Estatuto Único de Autonomía, así como cualquier modificación posterior del mismo, deberá recoger fidedignamente los apartados anteriores y deberá ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento nacional y, en el plazo improrrogable de un mes, deberá quedar refrendada en referéndum por una mayoría absoluta de los ciudadanos con derecho a voto de España, conforme a lo establecido en el artículo 92.

Aprovechando la propuesta de introducción de un Estatuto Único de Autonomía dentro de la reforma del artículo 148 CE, se eliminan las competencias de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda" que tanto intervencionismo y tanta corrupción han ocasionado en la economía española. También se proponen la limitación del gasto autonómico, la posibilidad de descentralización de competencias autonómicas hacia entes locales como los municipios o las provincias y, el principio del consentimiento de los ciudadanos por medio de referéndum nacional para la aprobación del Estatuto.

Actualmente, tal y como hacen las dictaduras más rancias, las Autonomías se inmiscuyen gravemente en el ámbito de decisión particular de cada ciudadano. Por ello, también se intenta frenar el secesionismo totalitario mediante la aplicación obligatoria del artículo 155 CE en aquellos casos de no-acatamiento de la Constitución o de otras leyes estatales o, ante atropellos graves y reiterados de la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos.

No obstante, junto con la anterior propuesta, también es imprescindible reformar el artículo 149 CE para, dejar claramente definidos los límites de competencias y, como mínimo, introducir la competencia fiscal entre autonomías y restituir tanto la regulación de la educación como el uso y la enseñanza del castellano dentro del ámbito del Estado central.

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Un ministro sin vergüenza

Cuando un accionista observa que el principal responsable de su compañía no es de fiar y que su gestión al frente de la misma conduce a la bancarrota reacciona de dos formas posibles: o bien exige su dimisión o, simplemente, lleva a la práctica el popular dicho de coge el dinero y corre. Por desgracia, no es el caso, ya que el ámbito político carece de los sanos contrapesos propios del libre mercado y la propiedad privada.

El dinero de los contribuyentes está preso, al depender única y exclusivamente de la voluntad personal y partidista de la casta política. Una privilegiada y parasitaria clase social que, pese a anunciarse como legítima representantes del pueblo y defensora del interés general, en realidad, actúa siempre en beneficio propio. Es decir, en clave electoralista.

Por ello, no es de extrañar que Solbes haya insistido en ocultar la realidad a los españoles con una ristra de falacias y contradicciones manifiestas desde que comenzaron a surgir las primeras señales de alerta económica. En un alarde de valentía, el responsable de la cartera más importante del país corrige, por enésima vez, sus propios pronósticos. La ansiada recuperación ya no se espera para 2009 sino para 2010, según nos anuncia ahora.

Además, Solbes avanza que el sistema financiero más sólido del mundo deberá ser rescatado con el dinero de los contribuyentes, mediante la emisión de deuda pública. No sólo eso. El ministro va más allá y propone, incluso, hacer uso del fondo de garantía de depósitos para salvar a entidades de la bancarrota. El citado fondo, pese a ser exiguo y del todo insuficiente frente a las carencias del sistema de reserva fraccionaria propio del modelo financiero actual, es el único colchón con el que cuentan los depositantes para recuperar sus ahorros en caso de quiebra bancaria.

Una propuesta asimilable a la expropiación de las pensiones privadas aprobada por la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que posiblemente empleará este dinero privado para afrontar los compromisos de deuda pública de su Gobierno peronista. Irlanda tampoco se queda atrás y el pasado diciembre anunció que emplearía las pensiones públicas en un intento desesperado por recapitalizar su banca.

Solbes hará uso del fondo que garantiza parte del dinero de los depositantes para el mismo fin. Atrás quedan ya los cantos de sirena acerca de la supuesta solvencia financiera española y la solidez económica del país. Sin embargo Solbes, y el Gobierno en su conjunto, sigue ocultando la verdad, ya sea por ignorancia o por motivos partidistas. Es igual. España no tocará fondo en 2009 y la senda de la recuperación tampoco llegará en 2010, tal y como ahora prevé el excelentísimo ministro.

La contracción económica avanza a un ritmo real del 5% anual y la caída histórica de la producción industrial, próxima al 20% interanual, avanza una recesión mucho más intensa a lo largo del presente ejercicio. El paro seguirá aumentando y, como consecuencia, se irá agotando el dinero para cubrir las prestaciones por desempleo, con la consiguiente presión sobre el resto de partidas presupuestarias conforme menguan cada vez más los ingresos fiscales de la Administración.

El déficit y la deuda pública serán el recurso fácil al que acudir durante un tiempo pero, según vaya incrementándose el desequilibrio de las cuentas públicas, el Tesoro tendrá grandes dificultades a la hora de colocar sus bonos. Conforme la crisis avance, la estabilidad financiera del país dependerá en última instancia de la voluntad del Gobierno francés y alemán por acudir al rescate del sistema. Si 2008 fue el inicio oficial de la crisis económica en España, 2009 será el comienzo de la crisis bancaria. Esto no ha hecho más que empezar, y con la actual dirección económica el fin llevará años. Una realidad que, en ningún caso, verán en boca de Solbes o alguno de los actuales ministros. Al Gobierno, simplemente, le falta vergüenza y le sobra irresponsabilidad.

Cebando la crisis

Es un desastre absoluto. El último en exigir al Gobierno una reforma del mercado de trabajo ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España: "[Necesitamos] una reforma laboral y reducir el coste del despido".

Zapatero, inventándose chivos expiatorios, ha decidido que para salir de la crisis le basta con gastar más dinero de los contribuyentes, a pesar de que así esté condenando a las familias y a sus próximas generaciones al desempleo y a un negro futuro de baja productividad, precariedad y pobreza. Los ciudadanos deberían considerar tal actitud un crimen contra la humanidad.

En 1921, cuando Lenin vio el desastre del comunismo de guerra, rápidamente entendió que tenía que tomar medidas de urgencia para una situación especialmente desastrosa. Instauró la Nueva Política Económica –que duraría ocho años y permitía cierta libertad en algunos sectores– y, de este modo, impulsó el país. ¿Por qué no hacer ahora algo parecido eliminando el retrógrado sistema proteccionista laboral que tenemos e instaurar un sistema de laissez faire en el mercado de trabajo para crear más empresas, más empleo y más riqueza? Hagamos tabla rasa. Digamos cómo están las cosas y que es imprescindible arreglarlas. Asumamos que sólo unas medidas aperturistas nos pueden sacar de esta situación. Conforme al sentido común económico, sólo podremos evitar un mayor paro con las siguientes reformas:

  • Permitir el libre despido en todos los sectores: Penalizar el despido equivale a penalizar la contratación. Si es absurdo que a una empresa se le pongan problemas para contratar a gente, también lo es obstaculizarle que pueda despedir a empleados. Lo primero que pregunta una compañía cuando entra en un país es cuánto le costará irse. Si los costes son elevados, se irá a otras regiones más baratas como China o Marruecos, o más productivas como Alemania y Francia.
  • Eliminar el salario mínimo (SMI): La gente con poca destreza laboral o de nueva incorporación sólo cuenta con una ventaja comparativa respecto a la hábil y experimentada: cobra menos. Si por decreto los políticos le asignan el mismo sueldo que una persona experimentada, inevitablemente se quedará desempleada. En España, el 30% de los jóvenes están parados. El SMI es su principal obstáculo para encontrar un trabajo, aprender, ahorrar y prosperar.
  • Eliminar el 50% de los funcionarios: España tiene el mismo número de funcionarios que Alemania con la mitad de población. La economía de verdad, la que sirve al consumidor y a la gente, necesita que el máximo número de personas estén en el sector privado dando valor al mercado. Los funcionarios, aparte de para comprar votos, sólo sirven para vivir de nuestras rentas sin producir nada.
  • Eliminar el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM): El INEM es incapaz de colocar a nadie. Sus servicios sólo causan frustración y desespero. Las ETT ya se han ofrecido para recolocar parados sin coste alguno para el Estado. Estas empresas han de poder dar trabajos permanentes sustituyendo al ineficiente INEM. Sólo Infojobs da empleo a un millón de personas al año. Permitamos que crezca.
  • Eliminar los impuestos a empresas y trabajadores: La mitad de su salario real son impuestos. Si el Gobierno quiere aumentar nuestras rentas y crear más empleos de forma inmediata, ha de erradicar el robo tributario, aunque sea temporalmente.
  • Reducir drásticamente o eliminar el subsidio de desempleo: Cuanto más dure el subsidio de desempleo, más durará la estancia en el paro. Mucha gente se toma meses sabáticos al quedarse sin trabajo. Entre los jóvenes especialmente, las rentas del subsidio son más altas que las de muchos empleos. Cobrar sin hacer nada. ¿Quién se puede negar a algo así? Pero, ¿cómo esperamos levantar un país donde la gente quiere vivir del Estado, cuando es el Estado quien vive de nosotros? En esta fórmula sólo hay pérdidas netas totales.
  • Eliminar los trámites burocráticos para la creación de empresas: Un empresario en España necesita el doble de procedimientos burocráticos para abrir su negocio que la media de los necesarios en los países de la OCDE. Si usted quiere crear una peluquería en Aragón, le costará unos 200 días sólo en trámites. Esto no le hará cortar el pelo mejor a sus clientes.
  • Eliminar todas las subvenciones: El dinero que el Estado nos arrebata para dárselo a sus amigos, actores, medios de comunicación, agricultores, empresas ecologistas, etc. son éticamente un robo y económicamente un despilfarro que castiga la productividad y los designios del consumidor. Las subvenciones son un intento de economía dirigida y compra de votos que sólo distribuye el dinero de muchos hacia unos pocos que quieren vivir a costa de los demás. Es parasitismo en estado puro.
  • Eliminar las licencias: Si usted sabe cocinar, puede abrir un puesto de comida. El mercado, y no las absurdas licencias del Estado, decidirán si usted sirve bien la comida o no.

Son medidas incómodas. Son medidas impopulares. Incluso si se aplican temporalmente. Cuando superemos el 20% de desempleo, más de dos millones de personas no perciban ni una sola renta, la delincuencia se dispare y el Estado deje de cumplir con sus pagos sociales, dígame entonces qué será lo incómodo.