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La ventaja que tenía Solbes es que era un tipo taciturno y desengañado. Había vivido la crisis del 93 desde la primera fila y sabía que las recetas socialistas no funcionaban salvo para hundir a España aún más en la miseria. El ex ministro no sabía qué hacer para facilitar la recuperación –y en caso de que lo supiera, Zapatero tampoco se lo habría dejado aplicar por ir en contra de la agenda socialdemócrata de expandir el Estado– pero sí sabía qué no hacer para agravarla. En cierta medida, pues, contenía la euforia despilfarradora y dirigista de Zapatero: no aceleraba la reestructuración pero no la retrasaba más.

Salgado, por el contrario, sí parece estar dispuesta a plegarse a los designios de Zapatero y a enfrentarse a la crisis desde una óptica socialista. En el traspaso de cartera, ha lanzado tres mensajes que, en realidad, son el mismo: "los bancos tienen que ayudar a familias y empresas"; "hay que cambiar el modelo económico"; "no podemos esperar a que la economía se recupere". En resumen, como ella misma señala, prepárense para un intervencionismo más descarado del Estado: "juntos podemos y juntos lo vamos a lograr".

Desde luego, el mensaje de Salgado coloca en el mismo plano sincrónico elementos que deben darse de manera diacrónica. Por decirlo de manera breve, primero deben purgarse las malas inversiones del pasado (vivienda, mueble, automóviles, restauración…) y una vez toquemos fondo, la economía comenzará a recuperarse; en ese momento, los bancos podrán comenzar a prestar dinero a familias y empresas con proyectos empresariales solventes y, gracias a la eliminación de lo malo y a la redirección hacia lo bueno, nuestro modelo productivo cambiará.

Lo que no puede pretenderse, sin embargo, es que estas tres fases de la recuperación se den a la vez o incluso de manera invertida; esto es, no podemos forzar a los bancos a que presten dinero a negocios que deben desaparecer ni podemos cambiar nuestro modelo productivo sin que esos negocios desaparezcan y surjan en el mercado nuevas oportunidades de ganancia.

Pero Salgado –y Zapatero– sí parece querer ir en esa dirección. El "no podemos esperar a que la economía se recupere" significa que el Estado no puede tolerar y esperar a que toquemos fondo y a que desaparezcan todos los sectores que deben hacerlo. Por tanto, en lugar de facilitar el ajuste, perpetuará el desajuste. ¿Cómo? Aparte de con gasto público, forzando a los bancos a que proporcionen un poco de suero crediticio a nuestras industrias comatosas. La finalidad no sería reanimarlas –algo imposible–, sino mantenerlas inertes.

Por supuesto, que tal operación pueda cobrarse la vida de los bancos es un problema menor que siempre podrán endosarle a Bush. La debilidad del sistema financiero más sólido del mundo no traería causa primero de nuestra burbuja inmobiliaria interna y luego de los malos créditos que les habrían obligado a conceder a compañías insolventes, sino de unos productos financieros estadounidenses en los que nunca invirtieron.

Pero la locura de nuestros dirigentes no debería hacernos olvidar que la mayor amenaza que tiene por delante la economía española –si exceptuamos, claro, la suspensión de pagos del Estado– es la quiebra de su sistema financiero. No es que este fenómeno requiera de la colaboración decidida del PSOE –al igual que Caja Castilla-La Mancha, nuestras entidades ya han acumulado suficientes "méritos" en sus balances para colapsar de forma autónoma–, pero los planes de Salgado para nuestra economía pueden provocar que no sólo caigan los bancos que deberían caer, sino también los que no deberían hacerlo.

Sin duda, si a destruir lo poco que queda de economía se refiere, "juntos podemos y juntos lo vamos a lograr". Los últimos diques de cordura de este Ejecutivo ya han saltado por los aires.

Dado que todos dentro del G-20 piensan volverse aún más manirrotos y depredadores con sus ciudadanos, nadie quiere sobresalir por el ala siniestra. El pacto y el diálogo les permite que los claroscuros se vuelvan monocolor: la austeridad parece haber sido la palabra proscrita en estas timbas periódicas en las que se decide la profundidad del hundimiento de las finanzas mundiales. O peor o mucho peor; nuestros políticos sólo tienen dos envites posibles.

Al margen de las desmesuras cada vez más desmesuradas de los programas de gasto público –ya vamos por cinco billones de dólares, cinco veces el PIB español–, la cumbre sí ha sido propicia para triturar los últimos resquicios de libertad que quedaban en los mercados internacionales. Aprovechando que el Támesis pasa por Londres, no sólo se ha acordado poner fin a los paraísos fiscales –traducción deliberadamente incorrecta del inglés "tax haven", es decir, "refugio fiscal"– sino también incrementar la regulación de las finanzas mundiales.

La idea es tan sencilla como errónea: la crisis económica actual se ha producido porque la pasividad pública permitió que los altos ejecutivos, movidos por su irrefrenable codicia, invirtieran en productos extremadamente arriesgados y complejos que, de manera inevitable, terminaron colapsando. Por eso, en las conclusiones de la Cumbre se ha acordado incrementar las regulaciones sobre las instituciones financieras, sobre las agencias de rating y, por primera vez, sobre los hedge funds, esos fondos de inversión privados tan demonizados durante la última década precisamente por ser de "inversión" y, sobre todo, por ser "privados".

Pero la hiperregulación no es la respuesta; de hecho, en muchos casos como en el de las agencias de rating, la auténtica desregulación debería ser el camino a seguir. Recordemos que Caja Castilla-La Mancha (y todas las que vendrán detrás) ni quebró por falta de superversión y regulación ni sus créditos impagados se debían a la codicia capitalista (salvo que ensanchemos tanto el término capitalismo como para incluir al latrocinio político).

Es cierto que las instituciones financieras sí necesitan de una mejor regulación que defienda realmente los derechos de propiedad, pero esto dista mucho de que los políticos deban y puedan meter las narices en todos los patrimonios privados. El punto de llegada debería ser una progresiva abolición de los bancos centrales y de los privilegios con los que vienen operando los bancos privados especialmente desde hace un siglo. Sin embargo, el documento de la Cumbre ni siquiera mienta a los bancos centrales –culpables últimos de la crisis– y en cambio se deshace en invectivas contra la inexistente desregulación.

En definitiva, la Cumbre ha sido un fiasco destinado a bendecir la expansión descontrolada del gasto público por parte de cada Gobierno y para avanzar hacia un sistema financiero prostrado, aún más, a los intereses del Estado. Pero precisamente por conservar la malformación básica del negocio bancario (la insostenible estrategia de endeudarse a corto plazo e invertir a largo con la asistencia inflacionaria de los bancos centrales), estas medidas sólo servirán para asfixiar nuestra libertad y bienestar y no para poner fin a las recurrentes crisis económicas.

Sólo una nota saludable parece derivarse de las conclusiones del G-20: una crítica abierta e indubitada contra el proteccionismo comercial que convertiría esta crisis en una severa depresión. Sin embargo, tantos aspavientos en la buena dirección sólo parecen ir destinados a reimplantar las barreras arancelarias al grito de "¡Libre Comercio!". ¿Cómo van estos estadistas –Zapatero, Lula, Kirchner, Brown, Obama, Sarkozy o Berlusconi– a renunciar al librecambismo después de comprometerse como se han comprometido a defenderlo con uñas y dientes? Pues haciéndolo. Obras son amores y no buenas razones; las consignas, que ya se repitieron hasta la saciedad en la Cumbre de Washington, no se han compadecido con los hechos. Y es que de Londres no ha salido una defensa real del libre comercio, sino de los intercambios controlados, subsidiados y teledirigidos por los Gobiernos a través de la burocracia internacional.

Si acaso, por consiguiente, podemos celebrar que nuestros políticos no hayan optado de manera explícita por la vía socialista revolucionaria. Pero poco a poco, crisis tras crisis, Leviatán sigue engordando.

No deberíamos depositar nuestras esperanzas en estas meriendas de contribuyentes, sino más bien en que los individuos –usted también– seamos lo suficientemente perspicaces como para salir de la crisis antes de que el G-20 nos hunda definitivamente en ella. Si esperaba algo de esta reunión, espero que sólo fueran calamidades, ya que en caso contrario habrá quedado decepcionado.