La actual crisis económica y financiera de España es también una crisis estructural de profundidad y largo recorrido que, si se quiere resolver, debe afrontarse simplificando el modelo de administración territorial para poder reducir el tamaño del Estado Autonómico, sus barreras comerciales y sus arbitrariedades liberticidas.
El derrumbe del Muro de Berlín y la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este, demostraron la imposibilidad de cálculo económico en una sociedad socialista, tal y como adelantó el gran economista austríaco Ludwig Von Mises en el año 1920. La dictadura de los medios de producción ha sido calificada por algunos autores como un socialismo "carnívoro" ya que dinamita los pilares de la sociedad civilizada. Pero, tal y como se explica en el ensayo El Regreso del Idiota, también existe un socialismo "vegetariano" que actúa de forma lenta aunque, también, implacable en las naciones donde se implanta.
El socialismo real actúa de forma rápida, creando de inmediato pobreza, hambre, muerte y destrucción. Significa la propiedad pública de todos los medios de producción, por lo que elimina de inmediato la posibilidad de cálculo económico de la población, ya que desaparecen los incentivos de los ciudadanos para emprender y embarcarse en negocios que suministren bienes y servicios competitivos y, en definitiva, que sean útiles para satisfacer las necesidades de la sociedad.
Sin embargo, el socialismo de mercado o social-democracia, que también puede denominarse capitalismo de Estado, deja un margen de actuación que es capaz de generar riqueza ante determinadas coyunturas mundiales, pero siempre en menor grado que un mercado libre, debido a la expansión del tamaño del Estado y a la multiplicación de sus trabas administrativas, a las exacciones sobre la hacienda de los contribuyentes y a toda una completa gama de arbitrios políticos: monopolios, oligopolios, precios fijos, concesiones, licencias, ayudas o subvenciones.
El socialismo de mercado interviene en la economía con regulaciones restrictivas de la competencia por lo que, como mínimo, dificulta el cálculo de los agentes económicos. Cuanto mayor es la intervención en los mercados, más se restringe el acceso de los ciudadanos al mecanismo de formación libre de los precios que permite obtener información clara para aprovechar las oportunidades de negocio y así proveer de bienes y servicios útiles a la sociedad.
De este modo, el socialismo de mercado pretendiendo "redistribuir" la riqueza y "guiar" los mercados, disminuye la propiedad privada y los intercambios comerciales, de forma que la población empleada en el sector privado debe sostener las ineficiencias públicas y los privilegios de las autoridades y los colectivos cercanos al poder. En cualquier caso, al restringir los medios de producción en manos privadas y mermar su completo desarrollo, se reducen las posibilidades de crecimiento socioeconómico de la nación.
Los perniciosos efectos del socialismolight, vegetariano, o de mercado crecen de modo exponencial con la expansión del tamaño del Estado. Una variante particular del mismo es el llamado Estado de las Autonomías y la inacabable concesión de competencias y recursos al nacionalismo. Es decir, el famoso "sudoku" del ex ministro de economía supone una nueva variante de socialismo de mercado, una nueva forma de intervencionismo descentralizado, que podemos denominar socialismo autonómico, en donde el poder de las regiones crece desmesuradamente.
Si se observan de cerca su fatal arrogancia, los actos inmorales que ejecutan sus fieles y la permanente discriminación sobre las personas de bien que sufren sus políticas excluyentes, el nacionalismo no deja de ser un socialismo de "clase media" que redistribuye la riqueza con criterios de construcción de una nueva "realidad nacional"; siempre al servicio de una casta política de la que viven cientos de miles de personas, físicas y jurídicas, surgidas al amparo de los personajes peor cualificados intelectual y moralmente dentro de la sociedad.
A largo plazo, los excesos autonómicos como la expansión del gasto público regional, el despilfarro de los recursos y las leyes restrictivas de la libertad de elección de los ciudadanos y del libre comercio sólo pueden acabar con la imposibilidad de establecer un cálculo económico eficiente entre todas las Autonomías.
Si antes de la Transición existía una "enfermedad grave" con recorte de libertades y con un tamaño de Estado por debajo del 25% del PIB, la inoculación del "cáncer" del sistema de organización territorial autonómica ha degenerado en una "metástasis" de 17 nuevos estados en crecimiento constante y desmesurado y, en coacciones sobre la libertad de los ciudadanos no-nacionalistas, con una expansión del gasto público que supera el 46% del PIB.
El cálculo económico requiere instituciones, como la propiedad, el libre comercio o el dinero, actuando libres y fuera del alcance del intervencionismo político, para maximizar el uso racional y eficiente de los recursos. Ante la actual crisis, conviene preguntarse si el Estado de las Autonomías es un lastre que hunde aún más nuestra economía, tanto por expandir el tamaño del Estado, sextuplicar los funcionarios o situar la cifra de parados cercana al 30% de la población activa en el año 2010, como por introducir barreras comerciales, redes clientelares y corrupción generalizados.
La sociedad civil debe reflexionar seriamente si las competencias autonómicas deben quedar estrictamente limitadas (o eliminadas), como única vía para que España recupere la senda del crecimiento económico y la prosperidad comercial que proporcionarían una creación intensiva de puestos de trabajo. Sin una reforma constitucional que lo limite y reduzca, el Estado de las Autonomías es un "muro infranqueable" para reducir los impuestos y la deuda, evitar las trabas al comercio, adelgazar el tamaño del sector público y evitar la discrecionalidad de las regiones a la hora de eliminar la igualdad ante la ley o recortar libertades sin que se aplique una tutela judicial mínima.
La salida del túnel de la recesión no parece vislumbrarse. Los peores temores se confirman con la probable aceleración de la hoja de ruta del cambio constitucional, lo que supondría la aplicación del ilegítimo e inconstitucional Estatuto de Cataluña. Su previsible aprobación por el politizado Tribunal Constitucional, augura una redacción "maquillada" para la prensa y los ciudadanos.
La ausencia de valores éticos y el "socialismo autonómico"de todos los partidos, se pagarán cada vez más caros con el descrédito institucional, la desvertebración territorial, el creciente intervencionismo que dificulta el cálculo económico y, por tanto, una mayor duración de la crisis económica en España.
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