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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

El Estado, pura mafia monopolística

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

A lo largo de los últimos siglos, el Estado se ha ido conformando progresivamente como el agente social más eficaz para limitar e incluso eliminar por completo los derechos inalienables del individuo. En realidad, no existen grandes diferencias entre la violencia que ejerce el poder estatal y la proveniente de un grupo criminal a la hora de cometer tales atropellos.

El único elemento diferenciador radica en que el Estado actúa como un poder monopolístico en su área de influencia, delimitada ésta por fronteras que separan y distinguen unos estados de otros. Es el único legitimado para ejercer el uso de la fuerza o la violencia contra sus ciudadanos. Precisamente, el concepto de "legitimidad" o "consentimiento" de los gobernados es el otro rasgo característico del poder estatal.

Sin embargo, tal y como expone el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, el funcionamiento del Estado, en la práctica, guarda sorprendentes similitudes con la violencia que ejerce cualquier mafia o grupo de vándalos bien organizado. Así, bajo el argumento de ofrecer "protección" frente a supuestas amenazas externas e internas, el poder gubernamental se erige como la única fuerza capaz de limitar hasta el extremo la libertad de los individuos, ya sea imponiendo tributos, estableciendo penas y leyes o bien sacrificando la vida de sus ciudadanos en guerras de todo tipo y condición.

Tal y como expone Charles Tilly en Guerra y construcción del estado como crimen oganizado, la violencia ejercida por los estados y otros grupos organizados se diferenció lo suficiente como para hacer creíble la división entre fuerza "legítima" e "ilegítima". De este modo, con el tiempo, "los funcionarios ejercieron la violencia a mayor escala, con mayor eficacia, con mayor eficiencia, con un consentimiento más amplio por parte de sus propias poblaciones, y con una colaboración más solícita por parte de las autoridades vecinas que por parte de otras organizaciones".

La teoría política argumenta que tal poder deriva de un "contrato social" por el que los ciudadanos ceden parte de su libertad natural al Estado para evitar el caos, el "desorden" social y, así, garantizar la convivencia de los individuos o "bien común". Sin embargo, la Escuela Austríaca muestra cómo el orden surge de forma espontánea y natural. Y este proceso no sólo se circunscribe al ámbito del mercado, en sentido económico, sino a la formación y desarrollo de todo tipo de instituciones, desde la familia y el matrimonio hasta el concepto de ley. Además, ¿ha firmado alguien el tan citado "contrato social"?

De hecho, ni siquiera la elección del gobierno, en base a la soberanía del pueblo, garantiza el cumplimiento de los principios liberales en sentido estricto. La potestad atribuida en la actualidad a la clase gobernante inserta en nuestro sistema político democrático es sorprendentemente amplia e intensa, tanto cualitativa como cuantitativamente, contando apenas con precedentes a nivel histórico, salvo ciertas excepciones referidas a regímenes totalitarios o determinadas prácticas de "democracia directa" (véase el caso de la Comuna de París en 1871).

En este sentido, no cabe duda de que nuestra clase política ejerce un nivel de poder e injerencia (en cuanto a gestión de recursos y ámbito de actuación) enormemente superiores, en términos comparativos, a los monarcas del Antiguo Régimen, comúnmente adscritos al pensamiento despótico o absolutista. Lo cual resulta ciertamente paradójico si tenemos en cuenta que el actual modelo de Estado, auspiciado por la corriente liberal, surge inicialmente como respuesta política y modelo alternativo para evitar, precisamente, los abusos y excesos cometidos en el ejercicio del poder por parte del anterior régimen.

Es, por tanto, evidente que la pretendida finalidad perseguida, en cuanto a la limitación y control del poder político, no se ha visto ni mucho menos satisfecha. Tal verificación demuestra una advertencia, propia del axioma liberal, que se concreta en el hecho de que a una mayor intervención pública le corresponde, consecuentemente, un creciente poder político que, a su vez, se manifiesta en una limitación de la acción individual.

Esta pretensión, objetivo y fundamento básico del primer liberalismo político, deriva de la dimensión liberal originaria (libertad negativa) y aún presente, al menos formalmente, en la estructura y principios institucionales del Estado contemporáneo.

El hecho de que tales valores, sobre todo la igualdad entendida en sentido material así como el criterio de eficiencia administrativa en la gestión de este tipo de políticas, se hayan constituido en elementos legitimadores de nuestro actual sistema democrático constituye un hecho diferencial básico con respecto a los principios y valores del objetivo liberal.

Así pues, existe un claro distanciamiento entre la aspiración liberal inicial, tendente a la defensa de la propiedad y la no injerencia del Estado en el ámbito de las actividades privadas, y lo acaecido en la práctica como resultado de la profundización en el proceso y dinámicas democráticas.

De este modo, tal y como enfatiza Bastos, es imprescindible abordar en profundidad la construcción y desarrollo de una teoría política propia desligada del mainstream politológico actual, propio del liberalismo contemporáneo, cuyo estudio se centra en cómo limitar el poder e injerencia de un agente, el Estado, que, a la luz de los hechos, no ha dejado de aumentar. Los autores austríacos han descuidado este aspecto esencial. Ya es hora de empezar a avanzar en esta ardua materia teórica.

Involuciones en las democracias parlamentarias

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Hoy en día, el recuerdo de la permisividad de las democracias occidentales con respecto a la Alemania nazi sigue estando de actualidad ante las actitudes tibias, irresponsables e hipócritas que presentan muchos dirigentes democráticos frente a las dictaduras de los tiranos de Irán, Cuba o Corea del Norte. Pero también es significativo recordar cómo alcanzó el poder Adolf Hitler y cómo planificó la expansión de la ideología nacionalsocialista por Europa, ya que su metodología subversiva está siendo empleada por el populista Hugo Chávez en Venezuela para perpetuarse en el poder y extender el socialismo en los países bajo su influencia totalitaria.

Y es que la Alemania nazi quizás sea el ejemplo más claro de cómo una ideología totalitaria logra alcanzar el poder utilizando las fisuras legales que le proporciona una democracia parlamentaria con un Estado de Derecho deficientemente desarrollado.

Adolf Hitler fue elegido Führer del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo (NSDAP) en el año 1921 y el radicalismo de la ideología nazi se reflejaba en sus discursos demagógicos, en su estrategia de desacreditación de la moral judeocristiana para imponer su escala de valores nihilista y contraria al arraigo de la sociedad civilizada, en el adoctrinamiento de la juventud y, en una organización paramilitar (camisas pardas) que aterrorizaba a sus enemigos políticos y a la población contraria al movimiento nacional-socialista. Ante la inacción del sistema judicial y del Gobierno democrático, tan sólo dos años más tarde Hitler lideró un intento de golpe de Estado fallido denominado el Putsch de la Cervecería. Fue sentenciado a cuatro años de cárcel, pero permaneció sólo ocho meses en su celda ya que fue indultado por la falta de perspectiva y la debilidad de los políticos demócratas de la época, que no afrontaron con coraje, inteligencia y firmeza el desafío de un movimiento totalitario.

A pesar del constante amedrentamiento de las instituciones y de su intentona golpista, pudieron seguir erosionando el sistema y se presentaron a las sucesivas elecciones democráticas. Con la profunda crisis económica de 1929, la demagogia y la propaganda del partido nazi prendieron en una mayoría del pueblo alemán con promesas de pleno empleo, riqueza y poder para Alemania que permitieron al partido mejorar sus resultados electorales e incrementar su presencia en el Reichstag. En el año 1933, ganaron las elecciones y, con Adolf Hitler ya instalado en el poder, se impusieron continuos cambios legislativos que permitieron transferir el control del poder judicial al partido nazi, reemplazar los sindicatos por el Frente de Trabajo nazi, cerrar los medios de comunicación opuestos al régimen y, finalmente, prohibir otras formaciones políticas.

Se comenzó a planificar centralmente la economía y se orientó la producción hacia la industria militar para constituir un poderoso ejército. El inicio de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 fue el desenlace previsible a la falta de respuesta de las democracias parlamentarias ante la involución sociocultural que se producía en Alemania. Sin duda, las democracias occidentales debieron haber estado más vigilantes ante esa ideología totalitaria y debieron actuar antes en cuanto tuvieron noticia de las serias amenazas sobre las instituciones morales que permiten la sociedad civilizada como el respeto por la vida, la libertad, la igualdad ante la ley y las propiedades de los judíos, de los gitanos, de los opositores políticos o de los ciudadanos de las naciones que fueron invadidas por el ejército nazi.

El ejemplo de Alemania pone de manifiesto cómo las fisuras democráticas, la debilidad de los sistemas judiciales y la ineficiente dispersión pluralista del poder permiten que los demagogos populistas se aprovechen de los resquicios legales para subvertir el orden constitucional e imponer una dictadura por medio de legislación liberticida.

Algo similar ha sucedido en Venezuela. Hugo Chávez también protagonizó un golpe de Estado fallido en el año 1992, por el que fue procesado y permaneció encarcelado durante dos años pero, inexplicablemente, fue indultado por el presidente Rafael Caldera, quien actuó de modo irresponsable, de espaldas a la historia, ignorando la dimensión del desafío totalitario que debía combatir.

Sin quedar incapacitado para el ejercicio de cargos públicos y sin cumplir una condena ejemplar, el golpista Chávez pudo presentarse a las elecciones y en el año 1999 llegó al poder. Desde entonces, Venezuela asiste a la paulatina destrucción de su democracia. El precio del barril de crudo, por encima de 40 dólares, permite apuntalar a los dirigentes socialistas bolivarianos en Venezuela y a las compañías y grupos sociales que medran del Estado y, desgraciadamente, también extiende la financiación del narcoterrorismo y de la revolución bolivariana por Centroamérica y Sudamérica.

Los petrodólares y el discurso bolivariano están incendiando el continente con subvenciones a partidos políticos que promueven el odio de clases y la demagogia populista para alcanzar el poder. Su objetivo final es formar una unión socialista panamericana denominada Alternativa Bolivariana (ALBA) desarrollada en torno a la República Bolivariana de Venezuela como centro neurálgico.

Casualmente, al modo paramilitar nazi, existen organizaciones de base denominadas círculos bolivarianos que se dedican a la propaganda, que controlan a los ciudadanos en la empresa, el pueblo, el barrio o la ciudad, que ayudan a amañar los procesos electorales y que, desde luego, contribuyen al amedrentamiento de los opositores al régimen dictatorial en Venezuela.

Ya vimos el camino de servidumbre por el que transitan las democracias parlamentarias con fisuras normativas y con dirigentes que no afrontan decididamente los desafíos que plantean las organizaciones terroristas y los partidos políticos totalitarios. De hecho, en Venezuela, primero se cerró la cadena de televisión RCTV, para después revocar licencias de 240 emisoras de radio y de 44 televisiones. Se amedrenta se modo sistemático a los editores de los periódicos y ahora incluso se legisla para penalizar la libertad de expresión de modo que "toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública (…) será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años".

Caracas ahora ya no es ni la sombra de lo que era hace unos años. Coches muy antiguos. Negocios medio arruinados y sin mantenimiento. Hoteles de cuatro estrellas que no llegan a dos. Pobreza y más pobreza, debido al grave intervencionismo revolucionario que aleja el desarrollo al destrozar las libertades, la propiedad privada, el tejido productivo y, en general, la libre interacción entre personas.

Mientras escribo estas líneas recuerdo la magnifica obra de teatro El Aguila y la Niebla, de Narciso Ibáñez Serrador, en donde se representa la historia de un demente que se cree la reencarnación de Napoleón e intenta constituir los Estados Unidos de Sudamérica. Efectivamente, parece una locura, algo incongruente y absurdo, un tremendo caso clínico de desorden mental pero, lamentablemente, la realidad supera a la ficción. La diferencia es que el megalómano está utilizando la figura de Simón Bolívar para promover la colectivización de una sociedad.

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Problemas en alta mar

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

En el anterior artículo, A la conquista del océano, explicaba en qué consiste la colonización del mar que promueve Patri Friedman y su Seasteading Institute. La idea es crear comunidades en el océano que escapen a la jurisdicción del Estado, experimentando con nuevos sistemas políticos y disfrutando de libertades que los gobiernos no respetan en tierra firme. Friedman opina que los intentos de crear comunidades liberales en el pasado fracasaron por no emplear una estrategia incrementalista (Freedom Ship, Aquarious Project) o reivindicar parcelas de tierra que ya están bajo la jurisdicción de algún Estado (República de Minerva, Laissez Faire City). Alta mar es el salvaje oeste de nuestro tiempo.

En este artículo destacaré las principales objeciones a la iniciativa de Friedman y algunas contra-réplicas, no siempre convincentes.

¿De dónde obtendrán la energía las plataformas marinas? ¿No se balancearán con el oleaje? ¿Qué sucede si algún ocupante se pone enfermo? ¿No son un blanco fácil para los piratas? Friedman recuerda que más de 30 millones de personas anualmente ya viven en ciudades flotantes en forma de cruceros con energía, comida, servicios diversos y protección contra las olas por precios tan bajos como 60 dólares la noche. Solo en aguas estadounidenses hay 1500 plataformas de gas y petróleo. El concepto de la ciudad flotante, por tanto, no es ciencia ficción. Los ingenieros del Seasteading Institute están adaptando los diseños existentes a los objetivos del proyecto colonizador, que implica nuevos retos en materia de confort, estabilidad y seguridad.

En cuanto a los piratas, ellos también hacen análisis de costes/beneficios: ¿por qué atacar plataformas con gente armada dispuesta a defender su hogar cuando puedes atacar barcos de carga de una corporación, con pocos tripulantes, escasamente armados y nada dispuestos a arriesgar su vida por un cargamento que no es suyo? Friedman arguye que las plataformas, siendo residenciales, serán más parecidas a un crucero que a un buque de carga, lo cual significa más peligro y menos recompensa para los criminales. Las plataformas tampoco son vendibles o utilizables como lo es un barco capturado, y frente a armas de poca envergadura (estamos hablando de piratas, no de un ejército) su defensa es análoga a la de un castillo de hormigón.

Hay, no obstante, dos críticas fundamentales al seasteading de las que no está claro que el proyecto salga indemne. La primera la formula Mencius Moldbug: para ir a vivir a una plataforma en medio del océano no basta con que seas un apasionado de la libertad, tienes que ser un apasionado del mar. Hasta que no construyan plataformas capaces de albergar aeropuertos con vuelos regulares los habitantes de las colonias estarán tan aislados como las comunidades dispersas en el interior de Alaska. ¿Quién está dispuesto a emigrar a Alaska? Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el Free State Project es reclutar a liberales dispuestos a dejar atrás su casa, su trabajo, sus amigos etc. para desplazarse a otro territorio. El seasteading tiene el mismo problema al cuadrado, pues demanda de los partícipes un sacrificio aún mayor. No solo se trata de ir a vivir a una plataforma apartada, sino que además es en un medio físico distinto al que hay que adaptarse, y no dispondrá de la mayoría de comodidades de la vida moderna, al menos al principio.

Según la aproximación incrementalista de Friedman no es necesario un desplazamiento masivo como el que exige el Free State Project, basta que haya unas decenas de pioneros que sean seguidos por otros cientos a tiempo parcial (segundas residencias, vacaciones etc.) y luego por más gente a tiempo completo, conforme las comunidades crezcan y las plataformas dispongan de más servicios. La colonia en alta mar puede resultar atractiva a quienes desean experimentar con nuevos sistemas sociales o quieren disfrutar de servicios singulares gracias a su estatus exclusivo (hospitales desregulados con precios más baratos, casinos no sujetos a impuestos, consumo legal de drogas etc.). Pero aún así es necesaria una masa crítica de pioneros, y hasta ahora el proyecto parece haber llamado más la atención de apasionados de la tecnología que de amantes del mar. Como advierte Moldbug, un buen test para cualquier proyecto de "evasión" es su habilidad para atraer a gente normal y razonable, cuya visión del proyecto no es excesivamente romántica o ideológica.

La segunda crítica la han expresado numerosas voces: aunque la jurisdicción de los Estados termine en la actualidad a 10 kilómetros de la costa, no tolerarán que surjan comunidades que amenacen su legitimidad o su fuente de ingresos. Pueden permitirse el lujo de ignorar la iniciativa mientras no tenga repercusión, pero si llega a tener visos de éxito pondrán su maquinaria de propaganda en marcha para convencer a la sociedad de que las comunidades seasteading son sectas peligrosas o libertinas que hay que eliminar. A la derecha se la puede asustar acusando a las colonias de ser factorías de marihuana o refugios de terroristas. A la izquierda basta decirle que son paraísos fiscales con libre mercado irrestricto que drenan recursos a su Estado del Bienestar. Los colonos tendrían a la mayoría de la sociedad en su contra.

En realidad, no es tan simple. Hoy existen numerosos paraísos fiscales y países con leyes laxas en materia de drogas blandas, prostitución, eutanasia etc. y su soberanía ha sido respetada por los demás Estados. No obstante, sí se está ejerciendo presión sobre los paraísos fiscales para que suspendan el secreto bancario y armonicen sus impuestos y regulaciones. Si la mayoría de Estados grandes se sienten legitimados para someter así a pequeñas naciones soberanas con más motivo intentarán sojuzgar a comunidades privadas que supongan una amenaza, aunque se ubiquen en alta mar. Una posibilidad para los colonos sería aliarse con empresas o grupos de interés poderosos que pudieran dotar de legitimidad al proyecto, influir en la sociedad o presionar al Estado. Por ejemplo, si en una plataforma o en un navío en la costa californiana se ofrecieran servicios sanitarios al margen de las leyes estatales la American Medical Association (AMA) seguramente pediría la ilegalización del navío o la prohibición de que entrara en puertos americanos. Pero si la colonia se asocia con una compañía de cruceros o de seguros médicos podría adquirir más legitimidad e influencia para contrarrestar el poder de la AMA.

Patri Friedman argumenta que no hay que dar a los Estados excusas para que les invadan. Por ejemplo, sería obviamente insensato permitir que grupos terroristas o guerrillas blanqueen dinero en la colonia, producir drogas para exportarlas a países donde son ilegales, o investigar o fabricar armas de destrucción masiva. Pero es probable que al Estado le basten excusas mucho más espurias para intervenir y la única forma de evitar una confrontación sea replicando su estructura y marco legal con ligeras diferencias, echando por tierra la aspiración de Friedman de experimentar con leyes y sistemas políticos.

El déficit fiscal de los españoles

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero dejando este detalle al margen, el debate sobre el déficit fiscal y la solidaridad territorial revela la incoherencia (o la hipocresía) de casi todos los contendientes: por un lado, de los nacionalistas izquierdistas como ERC o el PSC y los liberales nacionalistas como Sala-i-Martín y otros libergentes que utilizan el déficit fiscal como ariete, y por otro lado, de los liberales populares que invocan la solidaridad territorial entre las comunidades autónomas.

Cataluña, para empezar, no padece ningún déficil fiscal. Tampoco Madrid. Ninguna de las dos comunidades "trabaja" y "paga impuestos" como tal, lo hacen los catalanes y los madrileños. Algunos ciudadanos y familias tienen déficits fiscales y otros superávits fiscales. Los contribuyentes netos, aquellos que reciben del Estado (en forma de servicios o subsidios) menos de lo que aportan en impuestos, tienen un déficit fiscal con respecto al Estado que les sitúa en la misma posición que Cataluña vis a vis el gobierno central. Si es una injusticia que Cataluña pague más en impuestos de lo que recibe en gasto, ¿por qué no es una injusticia que un catalán particular pague más en impuestos de lo que recibe en servicios? Llaman expolio al hecho de que un Gobierno central gestione los impuestos de Cataluña y arguyen que debería ser la Generalitat la encargada de administrarlos. Pero siguiendo este principio, ¿no estaría expoliando la Generalitat a las familias catalanas? ¿No debería cada individuo gestionar sus propios ingresos, que por algo son suyos?

El argumento del déficit fiscal, llevado a sus últimas consecuencias, pone en cuestión el concepto de la progresividad fiscal y los impuestos en sí mismos. Si tanto molesta a los nacionalistas de izquierda que el dinero de Cataluña vaya a parar a Andalucía, ¿con qué autoridad moral exigen que unas personas paguen un tipo impositivo marginal más alto? La insistencia de los nacionalistas liberales en el déficit fiscal de la "nación", en lugar de aludir al déficit fiscal de las familias e individuos, hace sospechar que no les importa tanto la reducción del gasto público y el poder del Estado como quién o dónde lo gestiona.

En el lado de los españolistas liberales a menudo también se observan contradicciones. En oposición a los anhelos nacionalistas de una mayor autonomía y las protestas por el déficit fiscal, blanden la carta de la "solidaridad territorial". Es de justicia, dicen, que las comunidades más ricas sean "solidarias" con las más pobres. Pero de nuevo, la regiones no son solidarias, lo son las personas, y la solidaridad no se practica con dinero ajeno sino con el propio. Un liberal debería desechar esta retórica redistribucionista y defender que cada individuo ayude voluntariamente a quien quiera. Corresponde a cada catalán decidir si quiere dar caridad a Andalucía.

Quienes apelan a la solidaridad territorial asumen, además, que los subsidios a los gobiernos de Andalucía o Extremadura benefician a estas comunidades. En realidad son un lastre para su crecimiento económico, al dotar de fondos adicionales a unas administraciones anquilosadas que deberían adelgazar y poner menos trabas al sector privado. No olvidemos las enseñanzas de Peter Bauer y otros economistas del desarrollo: la ayuda externa a los gobiernos de países pobres no contribuye a su progreso, sólo sirve para agrandar el Estado y asfixiar el mercado. La "ayuda externa" a las comunidades autonómas tiene el mismo efecto.

En esta línea sí hay una buena razón para profundizar en la descentralización fiscal autonómica: favorecería la competencia entre administraciones y el "voto con los pies" de empresas y trabajadores. Si la Junta de Andalucía agobia a las empresas y ciudadanos con impuestos y regulaciones, y no recibe ningún rescate de las comunidades ricas, se hundirá económicamente y sufrirá un éxodo que la empujará a reaccionar. Si la Comunidad de Madrid reduce impuestos y regulaciones atraerá empresas, inversiones y trabajadores de otras regiones, y las que quieran emular su pujanza tendrán que emplear la misma receta. La competencia es buena en el ámbito institucional: permite ver qué modelos funcionan mejor, y aumenta el abanico de opciones de la gente.

Que la descentralización fiscal en la práctica sea ventajosa no significa que la Generalitat tenga más derecho que el Gobierno central a expoliar a los catalanes. Desde el liberalismo lo que cuenta es la soberanía y el autogobierno individual, no la soberanía nacional. Luego no basta con oponerse al déficit fiscal y al expolio de las regiones, hay que oponerse al déficit fiscal y a la confiscación individual.

Roll-over en España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, las conclusiones son las que son, y el desacuerdo con las mismas se debería plasmar en el señalamiento de sus errores (como, dicho sea de paso, han tratado de hacer varios, con escaso éxito) y no (como han tratado de hacer otros) en el asesinato civil del mensajero mediante chapuceras difamaciones.

Lo peor no es que algunos intenten vender su mercancía averiada, sino que haya quien la compre con entusiasmo. Será que sin la mentira no obtienen su ración diaria de dos minutos de odio; o peor, que tras décadas de pensamiento acrítico y dogmático se han vuelto permeables a cualquier trola mal fabricada.

Sea como fuere, no deja de ser curioso que un razonamiento tan de sentido común genere semejante incomprensión entre quienes están ideológicamente predispuestos a rechazarlo. Una cosa es que lo entiendan y callen; otra, que lo entiendan y lo manipulen; y otra más, que no lo entiendan y se construyan una realidad virtual alternativa –donde un informe dice lo que no dice y no dice lo que dice– en la que sentirse más confortados.

El informe de la Universidad Rey Juan Carlos en torno a los efectos sobre el empleo de las subvenciones a las energías renovables (popularmente conocido como Informe Calzada) no dice que toda actividad estatal destruya empleo (algo que, obviamente, queda muy fuera de nuestro –soy uno de los autores– concreto campo de estudio), ni siquiera que no deba invertirse en energías renovables. Nuestro estudio lo que señala es que las subvenciones públicas a las renovables no sólo no crean puestos de trabajo en el conjunto de la economía –como repiten hasta la saciedad los impulsores y beneficiarios de esas subvenciones–, sino que destruye empleo. Obviamente, si el único argumento a favor de las renovables fuera el del empleo, nuestro estudio zanjaría para siempre el debate (siempre y cuando no estuviera equivocado, claro). Pero probablemente no sea ése el caso, y se podrá pensar en alguna razón más para defenderlas (cuestión distinta es si esos nuevos argumentos tienen a su vez fundamento o no).

Muchos economistas, incluso algunos que deberían poseer un mayor conocimiento sobre el asunto del que demuestran, se han leído nuestros cálculos y han extraído conclusiones absurdas, fruto de la confusión. Para no entrar en las cifras –que pueden consultarse en el propio informe–, me limitaré a poner una metáfora; para que ustedes juzguen si tiene algo de controvertible y, sobre todo, de ininteligible.

Supongan que disponemos de cientos de miles de máquinas, que producen productos distintos, y que lo único que necesitamos para ponerlas en funcionamiento es combustible. El problema es que cada año sólo recibimos 1.000 litros de carburante, así que tenemos que seleccionar qué máquinas ponemos a funcionar y, por tanto, qué tipos de bienes producimos.

Cada máquina tiene su propia manera de operar y su propio nivel de consumo. Así, por ejemplo, la que produce barras de pan necesita un litro de combustible para producir 10 barras, y la que produce automóviles requiere de 200 litros para fabricar uno de éstos. Obviamente, no puede decirse que estemos destruyendo riqueza por el hecho de que decidamos utilizar 200 litros de combustible para fabricar un coche en lugar de 2.000 barras de pan; tan sólo concluiremos que preferimos un coche a 2.000 barras de pan.

Ahora bien, sí hay una forma bastante clara de empobrecernos. Imagine que tenemos dos máquinas distintas para hacer el mismo tipo de pan: la primera necesita un litro de combustible para hornear 10 barras, mientras que la segunda necesita 100 litros para producir la misma cantidad. ¿Qué le diríamos a la persona que eligiese producir con la segunda máquina? Obviamente, que está despilfarrando recursos y destruyendo riqueza.

Pues bien, exactamente eso es lo que puede decirse sobre las subvenciones a las energías renovables. Con éstas, las electricidad nos cuesta mucho más que con las demás energías: unos 28.500 millones de euros más, por lo que disponemos de menos recursos para utilizarlos en otras áreas.

Claro que, volviendo al ejemplo de las panificadoras, uno puede decir que, dado que la máquina ineficiente está pintada de rojo, le resulta más bonita y la prefiere, aunque produzca mucho menos. Bien, es un argumento que habrá que estudiar aisladamente (tal vez la máquina eficiente también sea roja pero uno no se haya dado cuenta, o le hayan metido en la cabeza la conveniencia de que las máquinas sean rojas), y en todo caso legítimo. Lo que no podrá decirse jamás es que una panificadora que gasta 100 litros de combustible para producir 10 barras es más eficiente que una que gasta uno solo en hacer lo mismo .

Muchos se han empeñado en hacernos creer que forzar el encarecimiento de la energía nos hará más ricos. Pero, si eso fuera así, en lugar de subvencionar las renovables deberíamos inyectar tanto dinero como fuera posible en la creación de fuentes eléctricas basadas en ruedas de hámster: un lujo para los amantes de los roedores (igual que las renovables son un lujo para los ecologistas) que es dudoso podamos permitirnos en tiempos de crisis…

Así las cosas, creo que se entiende mejor que algunos, ya que no pueden argumentar, prefieran difamar.

La marca España como modelo verde

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

De todas las tonterías que he leído esta semana, ésta es, con diferencia, la mayor: "La marca España como modelo verde ha quedado tocada."

La asociación del concepto empresarial "marca" a una realidad territorial como es un país siempre me ha parecido un intento estúpido de subirse a un carro de supuesta modernidad y, encima, cogiendo el toro por donde no es. Desde el punto de vista del comercio exterior es deseable que nuestros productos se caractericen por su calidad, claro que sí, pero no por gastar dinero en informes que expliquen a la gente qué es eso de la "Marca España" se consigue incrementar la bondad de nuestros bienes y servicios. Es al revés: la empresarialidad de quienes ofrecen esos bienes y servicios, el buen hacer del empresario, es lo que lleva a que, con el tiempo y de manera espontánea, nuestros productos terminen siendo reconocidos mundialmente. Por supuesto, el entorno político, económico y social en el que ese empresario se desenvuelve cuenta mucho.

Pero cuando se intenta que esa ficción de la "Marca España" además tenga unas connotaciones determinadas cargadas de sesgo político, entonces ya es el acabose. Y exactamente eso es "la marca España como modelo verde". España no es un modelo de país ecologista. Por más que vendamos esa imagen, no lo es. No tenemos tradición ni dinero para serlo. Podemos reciclar la basura, enseñar a nuestros hijos que es mejor tener un planeta limpio y un aire respirable que todo lo contrario. Podemos salir a las calles pidiendo a las empresas que reduzcan sus emisiones, e incluso, podemos votar a los políticos que promulgan leyes (o prometen que lo van a hacer) en ese sentido si creemos que eso es lo mejor. Pero se necesita mucho tiempo para cambiar la mentalidad y el carácter de la gente.

Y ahí viene la confusión: el carácter no es la marca. Las marcas están muy bien como instrumento de marketing empresarial. Tiene mucha utilidad y ha supuesto una revolución en la comercialización. Ahora bien, el carácter de un pueblo es otra cosa. Ni se crea o destruye por ley, ni se compra o se vende.

Esta idea de que podemos vender al mundo (y en concreto a los Estados Unidos de Obama) una imagen de España como modelo verde es una ficción más que se disuelve a la luz de los datos como la sal en el agua. Y ya sé que eso duele, de ahí la pataleta de quienes apoyan esos castillos en el aire que no son sino un fraude cuando se les dice.

Desde mi punto de vista de lo que se trata es de que la realidad de España sea menos falsa, más seria, menos de pandereta y más de trabajo sólido. En el informe que el Real Instituto Elcano presentó en el año 2003 acerca de la Marca España se afirmaba:

La estrategia de imagen de España debe ser un proyecto a largo plazo, un esfuerzo sostenido en el tiempo cuya gestión y responsabilidad se sitúe por encima de la legislatura política. Debe ser un proyecto de Estado, a partir de una estrategia definida que diseñe las distintas acciones a desarrollar, tanto en el aspecto político y comercial como en el cultural.

Y destaca la importancia estratégica de coordinar el esfuerzo de todas las instituciones un ente que actúe como "guardián de la marca", con responsabilidad total y absoluta sobre estas cuestiones. Sólo de pensarlo me echo a temblar. Así, me imagino, si no funciona la Marca España la culpa es del mercado, el neoliberalismo y los propietarios, pero si sale bien, es porque "el plan" ha sido un éxito y nuestro guardián es el mejor. Como siempre.

No creo que ese sea el camino. Como no lo es vender subvenciones y favores, comprar sillas en las reuniones de los G, para que la Comunidad Internacional™ te sonría y aplauda hipócritamente. La misma comunidad internacional que retira ayudas a Honduras porque defienden su Constitución y se las da a Castro porque Cuba es una democracia de las de toda la vida.

Y mientras, la corrupción autonómica y local va corroyendo la solidez institucional y la confianza de los ciudadanos, los que pagamos impuestos. Mientras, se asume que los políticos reciben regalos y ninguno tiene el pundonor de devolverlos, o dejarlos en los ministerios, alcaldías e instituciones… simplemente porque el regalo es para el cargo, no para la persona. Mientras, se insulta y vilipendia a quienes digan que España no es un modelo verde para nadie y los mismos que compadrean con independentistas, a la mínima te tachan de antipatriota. Como si tuviera algo que ver.

Eso sí, la Marca España, alimentada con el dinero de mis impuestos se consolida cada vez más: España, república bananera.

Más dinero para Cataluña, no para los catalanes

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Y para demostrarlo nos indica que "es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España", por lo que "puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España". Cuando terminen sus carcajadas o se repongan del espanto pueden seguir leyendo.

Esa deducción puede hacerse si uno tiene una seria tara mental que le impide pensar con un mínimo de rigor. Este agudo detective no considera la posibilidad de que los periodistas españoles están lejos de las garras del gorila rojo y pueden ser objetivos. La libertad de prensa puede permitir a cada uno publicar lo que quiera, pero si un periódico tiene un mínimo de vergüenza intentará escribir o decir la verdad: y Hugo Chávez es un sujeto más bien populista, siniestro e indeseable. No sorprende que en Venezuela tenga múltiples lacayos que le lancen alabanzas, y buen mérito tienen los que allí lo critican, ya que él se encarga de censurarlos, cerrar sus empresas o amenazarlos con el poder coactivo de sus matones.

Si sólo se comunica la verdad los mensajes de los medios de comunicación pueden llegar a ser muy uniformes. Una forma de conseguir que se propaguen falacias, errores y falsedades es pedir diversidad: así los necios como Navarro pueden intentar colar su colectivismo nocivo. Pero la libertad de expresión no consiste en protestar porque no se publican suficientes estupideces de variadas estirpes ideológicas socialistas.

Juan Francisco Martín Seco denuncia el "expolio de la televisión pública". Han leído bien: no protesta porque se confisque su propiedad a los contribuyentes para financiar esa televisión colectivista; le parece mal que se le prive de los ingresos de la publicidad. Y es que "Tantos años de neoliberalismo nos han hecho olvidar verdades elementales como la primacía de lo público sobre lo privado. Lo público, lo que es de todos los ciudadanos, nunca compite; debe tener un lugar prioritario y hegemónico sobre lo privado. Los intereses privados deben estar supeditados a los públicos. Así lo afirma nuestra Constitución". Hemos disfrutado tantos años de liberalismo y los liberales no nos hemos enterado, qué lástima. Martín Seco nos recuerda que los individuos estamos a merced del colectivo y el Estado, que nos domina y no se molesta por competir en su oferta de servicios, la impone sin más delicadezas. ¿De dónde saca estas verdades elementales? Seguramente para él son obvias y además lo dice la Constitución: no indica en qué artículo, tal vez sea una interpretación suya algo sesgada.

Y es que si no hay publicidad para todos, "puestos a desaparecer, serán las privadas las que tengan que hacerlo". Y que se fastidien, que el mando ha hablado: "¿Para qué se necesitan treinta canales? ¿Por qué tienen que existir cuatro cadenas privadas en abierto?". ¿Para qué la libertad de expresión? ¿Para qué la libertad de empresa? Si ya se encarga de todo papá Estado asesorado por sabios benevolentes como Martín Seco, que tiene un gusto televisivo exquisito contra algunos canales privados que "lo único que emiten es bazofia".

Competencia fiscal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Para contentar a sus aliados políticos, y así garantizarse la permanencia en el poder hasta final de legislatura, Salgado ha aumentado en 2.000 millones de euros la dotación extra a repartir frente al sistema que planteaba su antecesor, Pedro Solbes. De este modo, las autonomías percibirán 11.000 millones de euros adicionales hasta 2012.

Pese a que el nuevo modelo pretende contentar a todos, parece que los únicos plenamente satisfechos son los nacionalistas catalanes de ERC y sus socios en la Generalidad, los socialistas del PSC. No es de extrañar si se tiene en cuenta que Cataluña percibirá casi el 35% del nuevo pastel autonómico, dando así holgado cumplimiento al compromiso de inversión pública que establece el Estatuto catalán.

Sin embargo, lo preocupante del nuevo sistema no radica tanto en el cuánto sino en el cómo del reparto. Por un lado, resulta evidente que el Gobierno ha aplicado la huida hacia adelante en este ámbito. Con el fin de satisfacer a los nacionalistas, incrementa la cuantía a repartir con el riesgo, más que plausible, de tener que acudir a un mayor déficit público para sufragar el gasto.

Por otro lado, amplía la cesión de impuestos a las comunidades autónomas: en el IRPF pasa del 30% al 50%; en el IVA, del 35% al 50%; y en los impuestos especiales del 40% al 58%. La dotación de mayor autonomía fiscal es algo positivo, ya que la competencia tributaria entre autonomías se ha traducido en bajada e, incluso, eliminación de tributos. 

La artífice de este milagro ha sido la Comunidad de Madrid. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre con la eliminación de determinados impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Hasta tal punto esto es así, que regiones de todo color político se han visto obligadas a copiar esta iniciativa con el fin de evitar la fuga de capitales (empresas y contribuyentes) de sus respectivas regiones.

El nuevo sistema, sin embargo, está ideado para desincentivar la "competencia fiscal a la baja". Esto es, las rebajas tributarias a nivel autonómico. De este modo, el Gobierno se guarda un as en la manga, ya que podrá castigar con menos recursos a aquellas regiones que no hagan uso de toda su capacidad para recaudar impuestos.

Zapatero cumple así otra de las peticiones planteadas desde el PSC. A saber, que el Estado central ejerza de árbitro para evitar la "dañina" competencia fiscal que ejercen autonomías como la de Madrid a las arcas catalanas, tal y como reclamó en 2007 Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalidad. De hecho, el nuevo sistema abre la puerta a la fijación de una base mínima en Sucesiones y Donaciones.

Además, el Gobierno dispondrá de dos fondos adicionales –el de Competitividad y el de Cooperación– para repartir a su antojo un importante volumen de recursos, sin necesidad de tener que aplicar una metodología concreta. Esta arbitrariedad garantiza el uso de la financiación autonómica con fines meramente partidistas y electorales. Y es que, dicho modelo constituye una herramienta más de control e influencia política.

La solidaridad interterritorial se ha convertido en la excusa perfecta para asegurarse apoyos en el Parlamento y mantener regiones enteras subsidiadas durante décadas gracias a la aportación coactiva de los contribuyentes que trabajan en las regiones más ricas y prósperas del país. Un modelo de financiación idóneo, pues, para el mantenimiento de las corruptelas y para contrarrestar las escasas políticas liberales de algunas autonomías avanzadas, como la de Madrid. En resumen, más de lo mismo, sólo que peor.

El Estado

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

"El Estado es la gran ficción mediante la cual todos se esfuerzan por vivir a costa de los demás"(F. Bastiat)

El Estado es una realidad teorizada. El monopolio del uso de la fuerza convertido en concepto político indispensable, en estructura pública necesaria, en recurso teórico ineludible. Para muchos pensadores sociales el Estado es y ha sido la culminación del orden social, o peor, la forma perfecta de una voluntarista organización de la sociedad.

Sociedad (en su acepción más estricta) y mercado no deben tomarse como esencias, sino como procesos. Toda referencia a los mismos exige cierto rigor bilateral: tanto en el ponente como desde el auditorio. El Estado, por el contrario, sí es un artificio deliberado, si bien es cierto se encuentra, en todo momento, inserto en un proceso de adaptación y extensión sostenidos en el tiempo.

Para identificar el objeto de estudio conviene definirlo. Recurrimos a dos vías opuestas pero convergentes para afinar en una aproximación certera. Primero, lo que el Estado es según los teóricos que lo defienden, pero también de acuerdo con los planteamientos de muchos de los que lo condenan:

El Estado ha sido identificado con la sociedad, presumiendo indistinguibles sus atributos, considerando al primero, como ya hemos visto, una expresión perfeccionada de la segunda, o peor, asimilando su entidad sin otra aclaración.

Se identifica Estado con distribución, considerándola regida por leyes contingentes, arbitrarias, en manos de la voluntad del Hombre y el devenir histórico.

Estado como justicia en la medida que ésta se entienda respecto de los resultados, pretendidamente equitativos, igualitarios o tomados desde una perspectiva utilitaria o moral.

Estado también como jurisdicción, en cuanto a la facultad de dictar Derecho, decretar la imperatividad de normas generales y abstractas, la resolución de conflictos a partir de las mismas, o en el caso más extremo, identificando completamente Estado con orden jurídico (resultando la excrecencia conocida como "ordenamiento jurídico").

Finalmente, y aunque quepan otras asimilaciones importantes, no distinguiendo entre Estado y Gobierno, o entre Estado y magistraturas públicas. En un plano teórico, pero también en uno histórico, el Gobierno debe estudiarse como institución política espontánea. En este sentido el Estado, como artificio y mecanismo de dominación es algo distinto al Gobierno, aun cuando surja como instrumento al servicio de aquel.

Siendo el consenso social un presupuesto de la política misma (un requisito prepolítico), el Gobierno corre el riesgo de enfrentarse al disenso social sin otra arma que el mero compromiso político. Cuando esto sucede la opción estatal se plantea como garantía del orden y el respeto de unas libertades, que, perdiendo su espontaneidad, acaban incorporadas al devenir de lo político. Será entonces cuando el Estado adquiera su virtual propensión a dominar ciertos ámbitos con imperiosidad e intensidad crecientes.

Cuando perdemos la noción fundamental por la que el Estado se equipara sin razón con el Gobierno espontáneo, toda forma de Poder queda demonizada y descartada absurdamente. El Gobierno, en términos teóricos, siempre es limitado, o no es (Potestas). Que el Estado lo absorba no implica su inmediata identificación, como tampoco debemos caer en la trampa de entender la jurisdicción o las magistraturas espontáneas como elementos propios de la dominación arbitraria. Son, por sí mismos, independientes y ajenos a la distorsión que plantea la usurpación monopolista del Estado.

La segunda vía de aproximación a una definición satisfactoria del Estado es mucho más sencilla y breve. Se trata de aislar su esencia y reducirla a dos enunciados: Estado como estructura de dominación irresistible opuesta a la espontánea competencia del proceso social libre; y, Estado como ente de expropiación y redistribución de la riqueza o mero asignador patrimonial.

El liberalismo, como programa político favorable a la defensa de la libertad individual (y su mejor garantía, la propiedad privada), no ha sabido reaccionar ante el proceso de consolidación y mutación estatal. Este fenómeno ha provocado adhesiones oportunistas, ingenuidad política y teórica, o lo que es peor, la asimilación de un concepto equívoco de Estado, capaz de provocar un cisma en el seno del movimiento liberal.

Algunos reaccionan frente a una quimera deformada, otros acuden ingenuamente a los planteamientos constructivistas y contractualistas como aparentes garantías de libertad y socialización pacífica del individuo. Ambos yerran, y lo hacen por faltar a la verdad, por evadirse de la necesidad de teorizar sobre el Estado y el proceso social prescindiendo de las distorsiones introducidas por el culto estatista y la fatal arrogancia racionalista.

Autores como Dalmacio Negro o Anthony de Jasay aportan algo de luz (con sus diferencias y matices) a la cuestión que debe centrar en gran medida los esfuerzos científicos de todo el que se crea y sienta liberal: identificar al máximo enemigo de la libertad individual. No existen medias medidas ni caminos intermedios. El Estado es monopolio, absorción jurisdiccional, redistribución y asimilación jurídica, todo ello porque su naturaleza lo define como un ente de dominación, falsamente como sumun político y social.

El Estado muta, se transforma y adapta. El espejismo que ciertas medidas "privatizadoras" pueda provocar en nuestro ánimo, debe ser inmediatamente delatado como fórmula de expansión, resistencia y pervivencia estatales. Mientras cierta competencia o ámbito de poder dependa de un ente de dominación, su regulación, o su asignación y definición de derechos subjetivos, el mercado, por muy libre que pueda parecernos, no será sino una garantía más en la continuidad del Estado (no importa tanto lo que se ve como lo que no se ve, también en esta cuestión).

No cabe limitar al Estado mientras exista. Es más, el Estado tiende a dominar todo el espacio disponible, de igual manera que hace lo indecible por poner a su disposición todo el espacio restante.

Barra libre contra el contribuyente

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Si España sube el impuesto de sociedades al 50% y Portugal lo baja al 10%, tal vez muchas empresas españolas decidan trasladar su sede al país vecino y a nuestros mandatarios no les quede más remedio que recular en su idea inicial.

En un mundo y en una economía globalizada, la posibilidad de votar con los pies cada vez deviene más importante a la hora de controlar los excesos del poder político. Si no se pueden subir mucho los impuestos, probablemente tampoco se vayan a aumentar demasiado los gastos (aunque el PSOE ha demostrado en España que la irresponsabilidad política puede no conocer límites y que un gobierno suficientemente ideologizado y sectario puede recurrir a déficits del 10% con tal de no bajarse del burro). Por tanto, la competencia fiscal suele facilitar la existencia de Administraciones Públicas limitadas y su reverso, la armonización fiscal, suele convertirse en la receta para una expansión coordinada del poder del Estado.

Siendo así las cosas, ¿cómo es posible que en España los 17 mini-Estados autonómicos no hayan competido fiscalmente entre sí y merced a esa competencia hayan tenido que restringir un gasto público cada vez más desbocado? Simplemente porque en España, pese a las apariencias, no disfrutamos de una auténtica descentralización fiscal, sino de un perverso esquema que permita a las distintas autonomías desplumar de manera coordinada a los sufridos contribuyentes.

Básicamente, el Estado central calcula cuáles son las necesidades "objetivas" de gasto de las comunidades autónomas en las distintas competencias que les ha ido cediendo como educación o sanidad; ese cálculo se realiza atendiendo a distintos criterios, como la población, el territorio, la dispersión, la insularidad… Y con posterioridad, el Estado establece un mecanismo de ingresos con los que suplir ese gasto "objetivo".

Lo normal debería ser que cada comunidad autónoma sufragara sus gastos con los ingresos fiscales que obtiene, así actúan en última instancia los Estados y, de manera mucho más digna, las empresas privadas. Sin embargo, en la España de las autonomías esto no sucede. Sólo dos comunidades autónomas, según el sistema de financiación establecido en 2001, cubren sus necesidades de gasto con las figuras tributarias que se les han cedido: Madrid y Baleares. El resto de comunidades autónomas financian ese "déficit" con dinero que aporta la Administración central (esto es, todos los españoles con sus impuestos) a través del llamado "fondo de suficiencia".

Obviamente, se trata de un modelo que tiende a inflar el gasto público, ya que todas las comunidades pretenden que se les reconozcan mayores necesidades de gasto –sean reales o no– con tal de captar un mayor porcentaje de la tarta fiscal.

El nuevo modelo de financiación ideado por Solbes-Salgado sólo hace que profundizar en este perverso esquema: gaste tanto como quiera que entre todos le pagamos el resto. Básicamente, lo que persigue es incrementar las "necesidades de gasto" actualizando los parámetros por los que se determinan. Ese enorme incremento del gasto va a suplirse con una mayor cesión de impuestos (el 50% del IVA y el 58% del IRPF, entre otros) pero, sobre todo, con una asignación adicional por parte del Estado (a través de cuatro fondos determinados por distintos conceptos pero que no varían en la esencia redistribuidora antes expuesta) de 11.000 millones de euros, de los cuales más de un tercio irán destinados a Cataluña.

Sólo hay un problema: con los ingresos fiscales derrumbándose, esos 11.000 millones saldrán obviamente de emisiones de deuda por parte del Estado, es decir, de los impuestos futuros de todos los españoles, algo totalmente suicida en medio de la crisis actual. Así, el Estado central habilita a las comunidades autónomas a que despilfarren mucho más a costa de todos los españoles, de modo que los gobernantes autonómicos no respondan ante sus votantes-contribuyentes, sino que endosen el coste de sus ansias derrochadoras a los ciudadanos de otras regiones: barra libre contra el contribuyente.

Ante este grotesco esquema, las opciones parecen ser dos: o terminamos de una vez con la descentralización competencial y presupuestaria, de manera que sea el Estado central quien planifique la prestación de servicios (con o sin colaboración autonómica) y pague y cobre por ellos; o establecemos una auténtica descentralización competencial y presupuestaria, esto es, que las necesidades de gastos no sean estimadas ni objetivizadas y que sean sufragadas íntegramente por los impuestos de cada comunidad autónoma (de modo que los déficits se eliminen como siempre se eliminan los déficits: o aumentando impuestos o reduciendo el gasto, pero no pidiendo que sean el resto de regiones quienes abonen el importe).

Personalmente, prefiero la última opción, pues no resulta incompatible ni con la garantía de los derechos individuales (por ejemplo en el ámbito educativo) y además permite que los españoles huyan de aquellas comunidades autónomas más manirrotas y voraces; hoy no tienen escapatoria, porque al final son el conjunto de los españoles quienes pagan el gasto descentralizado de cada taifa.

Sin embargo, más importante que planificar un sistema adecuado para financiar el Estado es reducirlo a una mínima expresión. Ningún sistema recaudatorio, en tanto coactivo, será perfecto y satisfará las necesidades de todos. Ahora bien, si los errores de planificación de ese sistema impositivo se dieran con tamaños moderados del Estado, sus consecuencias nocivas serían bastante imperceptibles. Hoy, con unas Administraciones Públicas que suponen entre el 40% y el 50% de toda la economía, cualquier error de bulto es fatal. Por desgracia, con el nivel intelectual de nuestra clase política, estamos condenados a vivir instalados en esa fatalidad.