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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Estructura institucional

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Teniendo en cuenta que la evolución sociocultural ha institucionalizado democracias parlamentarias en los países donde ha enraizado la sociedad civilizada, conviene plantearse qué factores determinan el desarrollo económico y las libertades políticas.

En los años 60, el economista Ronald Coase incorporó el análisis de las instituciones al estudio de la economía. Se analizaron las organizaciones humanas, constatando la importancia del respeto institucional por la propiedad privada y la libertad de empresa, ambos vitales para el surgimiento de la estructura de derechos y de la seguridad jurídica necesarias para configurar un sistema de incentivos que impulse el progreso de su población.

Al igual que se realizó con la empresa, desde la Nueva Economía Institucional (NEI), también se analizó el Estado como organización, explicando su existencia como institución con capacidad para reducir los costes de defensa de las propiedades de los ciudadanos dentro de un territorio, evitando tanto la anarquía bajo la violencia de mafias, organizaciones terroristas o señores de la guerra como la opresión liberticida por un país con ansias expansionistas.

A lo largo de la historia, se puede constatar que el Estado ha garantizado la defensa exterior, la seguridad interior y la justicia, con menor o mayor fortuna, pero con evidentes costes internos adicionales a los propios derivados de su papel institucional, que la NEI denomina costes de transacción del Estado para referirse a los derivados de los problemas en la administración pública de recursos.

Entre los costes de transacción se incluyen, por ejemplo, la falta de transparencia y de control derivadas de la separación entre los administradores (que en esta institución son los gobernantes) y los accionistas (que en este caso son los ciudadanos), la mala asignación de recursos si existe corrupción de altos cargos políticos, la baja productividad debido a la burocracia, o la disminución en la eficiencia económica en función del tamaño de la organización (Administraciones Públicas) y del aumento de su masa laboral (funcionarios) y, en general, el comportamiento público estudiado en términos de intereses individuales por la escuela de la elección pública (Public Choice).

Sin embargo, esos costes de transacción del Estado pueden ser reducidos con mejoras institucionales como un sistema judicial independiente que garantice el Estado de Derecho, la minimización del tamaño del Estado, la vertebración territorial, la elección directa de autoridades, la declaración patrimonial y auditorias de cargos públicos o las barreras de control ciudadano sobre las decisiones políticas trascendentales para el futuro de un país.

Ahora bien, aunque el crecimiento económico se produzca con un marco jurídico que respete los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, desgraciadamente, no siempre viene acompañado de un desarrollo de las libertades políticas o de una democracia en donde exista separación "real" de poderes y los ciudadanos elijan "directamente" sus autoridades políticas y judiciales.

De hecho, existen serias reservas sobre la capacidad de una democracia para garantizar por sí misma el crecimiento económico, especialmente, cuando se comprueban el intervencionismo, la corrupción y las deficiencias institucionales de muchas democracias parlamentarias.

Tal y como afirma el profesor Mancur Olson, para garantizar el progreso socioeconómico, además de una democracia duradera que permita garantizar los derechos de propiedad y los contratos, se precisa la existencia de una dispersión pluralista del poder, lo cual sólo se logra con mayores libertades políticas ya que éstas permiten presionar socialmente a los dirigentes para realizar una reforma escalonada de las instituciones.

De ahí la importancia de que la sociedad acumule organizaciones cívicas, vitales e independientes, que aglutinen una masa crítica de la población que reclame no sólo mercados libres sino también libertades políticas dentro de un ordenamiento jurídico que evolucione de modo que se traslade el poder hacia los ciudadanos, disperso entre el mayor número posible de instituciones independientes.

Derechos, derechillos y derechetes

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Nosotros, los ciudadanos, les seguimos el juego, quizá para no desilusionarles. Y muchos de nosotros creemos que, de verdad, tenemos ese derecho, sólo porque unos cuantos tipos han dicho sí a la vez. Algunas veces se lo llegan a creer tanto, que se ponen trascendentes y otorgan un derecho "a la muerte digna", como en Andalucía, o el divertidísimo derecho "a la vivienda". En otras ocasiones, no tiene tanta gracia, pues pervierten completamente el significado y se creen que pueden dar a alguien un "derecho a abortar", como si por el hecho de que lo hubieran votado cambiara algo el que matar a un ser humano es un crimen.

En el ánimo de seguir "concediéndonos" derechos, la capacidad de innovación de los políticos muestra su faceta más productiva, superada sólo por la creación de impuestos. Así, hace unos días, la Comisión Europea aprobó un nuevo, digamos, derechillo. En el plan de acción para lo que denomina "la internet de las Cosas", se habla del derecho al silencio de los chips.

Ante este posible derecho, lo primero que es difícil silenciar son las carcajadas. Una vez enjugadas las lagrimillas, centrémonos en el contenido del supuesto derechete. Sería un derecho que tendríamos a desconectarnos de nuestro entorno de red en cualquier momento, y está relacionado con las tarjetas RFID (Dispositivos de Identificación por Radio Frecuencia), esas que, por ejemplo, se utilizan para el telepeaje. Con este derechillo, se nos autorizaría a leer y destruir estos dispositivos para preservar nuestra privacidad.

No sé el lector, pero un servidor no era consciente de no tener tal derecho, si es que así se le puede llamar. Caben dos supuestos: o bien la tarjeta es mía, y entonces puedo hacer lo que quiera con ella, incluido leerla y destruirla. O bien no es mía, y entonces no puedo hacerlo. No hace falta ningún nuevo derechillo que ratifique mi derecho de propiedad. O no debería hacer falta.

¿Por qué piensan los políticos que la existencia de este derecho tiene que debatirse? ¿Por qué piensan que depende de que ellos decidan si existe o no ese derecho? Es la cuestión, y es una cuestión realmente grave. Aquel ciudadano que acepta que la existencia de un derecho depende de los políticos y cree que estos pueden crear nuevos derechos, tiene que aceptar también que los mismos que se los dan, se los puedan quitar. Para este ciudadano la vida se vuelve de una incertidumbre intolerable. Cuando las vacas son gordas, todos los políticos están ávidos de conceder derechos; pero, cuando vienen las vacas flacas, ya estamos empezando a ver qué pasa con esos derechetes.

Señores de la Comisión Europea y políticos en general: no necesitamos ningún derechillo al silencio de los chips. Nos conformamos con que ustedes respeten nuestros derechos de propiedad.

Adiós a la república de los ayatolás

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La llamada revolución verde iraní parece estar desinflándose. Una vez más, las esperanzas de cambio en un país sometido a un régimen especialmente liberticida dan la impresión de irse al traste. Sin embargo, en su fracaso puede estar su triunfo. A partir de ahora, nada será igual en la antigua Persia.

La falsificación de los datos de las últimas elecciones fue, para las autoridades religiosas del régimen, un error fatal difícilmente comprensible. El candidato denominado "reformista" y vencedor real de los comicios, Mir Hossein Mousavi, no suponía una amenaza de ningún tipo para la República Islámica. Al contrario, era una pieza totalmente integrada en el sistema. Lo que se dirimía en las urnas no era la continuidad del actual régimen o su desaparición. Lo que estaba en juego era tan sólo cuál de las corrientes internas conseguía controlar el poder civil. Un poder civil que además no tiene una fuerza real, al estar supeditado al religioso. Este último, a través de la acción del Guía Supremo, Alí Jamenei, y los seis clérigos que conforman el Consejo de Expertos, es el que controla la política del país.

El lenguaje habitual para referirse a las corrientes internas del régimen iraní da lugar a tremendos equívocos. Los denominados "reformistas" son en realidad conservadores teocráticos y los llamados "conservadores" son ultraconservadores, también teocráticos. Las diferencias entre unos y otros son de matices, posiblemente incluso menores que las que existían entre falangistas, carlistas y tecnócratas en el franquismo. Todo queda dentro del sistema. Mousavi está tan integrado en este último que consiguió el visto bueno del Consejo de Expertos para poder presentarse a presidente, algo impensable si estos clérigos hubieran pensado que ponía en juego la estructura política del país.

Muchos de los votantes, en un país en el que décadas de teocracia no han logrado terminar con una sociedad civil que tampoco pudo someter la monarquía de los Palevi, optaron por Mousavi por ser lo menos malo. No tenían una esperanza real en que supusiera un cambio real. Sin embargo, al robarle la victoria los ultraconservadores abrieron un proceso que sí supone una amenaza real para todo el sistema. Según pasaban los días y el régimen se negaba a reconocer la verdad, unas protestas destinadas a exigir un recuento limpio terminaron derivando en una enmienda a la totalidad por parte de un sector nada despreciable de la sociedad. El formado por los jóvenes, en Irán el 60% de la población es menos de 30 años; principalmente en las grandes ciudades.

Aunque estas protestas terminen a causa de la sangrienta represión que está ejerciendo el régimen, se ha abierto un proceso de desintegración del régimen difícil de cerrar. Si las autoridades de la República Islámica optan por el continuismo las revueltas volverán con mayor fuerza y será el fin de la teocracia. Si deciden ir abriéndose poco a poco, optando por pequeños cambios para que en lo esencial todo siga igual, habrán abierto un proceso que llevará de un modo u otro al fin de la teocracia shií. Como se vio en el antiguo bloque soviético, cuando se abren pequeños resquicios a la libertad los ciudadanos exigen más.

Los días de la República Islámica están contados en Irán. La única duda que queda ahora es si el proceso será de meses o de unos años, y cómo se producirá. La democracia en la vieja Persia está más cerca de lo que quieren reconocer los barbudos con turbante.

Conflicto de intereses

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre las muchas leyes impulsadas con este afán propagandístico estaba la que regulaba los conflictos de intereses, cuyo reglamento fue finalmente publicado en el BOE en abril.

Todo indica, pues, que la denuncia de la Asociación de Internautas contra la ministra González-Sinde es la primera que se presenta en la Oficina de Conflictos de Intereses. Al menos es la primera que ha llegado a los papeles. El procedimiento, no obstante, puede ser largo y seguramente no llegue a su final, pues después de resolverse en la propia oficina deberá ser elevado al Consejo de Ministros por el muy honrado vicepresidente Chaves, un verdadero experto en conflictos de intereses, para que sea este órgano quien decida si se actuará contra ella. Como ven, parece perfectamente previsto que jamás nadie mínimamente importante pueda ser oficialmente sancionado.

Sin embargo, la verdad es que huele muy mal que quien está dirigiendo un lobby, que además es un lobby especialmente antipático para un gran porcentaje de los ciudadanos, pase en dos días a dirigir el Ministerio al que el lobby exigía que le hicieran caso. No hace falta ser un analista política de primera línea para concluir que quizá, sólo quizá, la nueva ministra haga más caso a lo que digan los del cine, aunque sólo fuera porque su pareja y la mitad de su familia trabajan en el gremio, y ella volverá a hacerlo en cuanto deje su cargo.

Pero es que eso no es todo. La ministra ha recibido numerosas ayudas durante su vida profesional. Y naturalmente todos esos familiares son potenciales beneficiarios de las subvenciones que concederá el Ministerio de Cultura durante el tiempo en que González-Sinde ocupe la silla, sin duda de forma completamente objetiva y profesional, hasta ahí podíamos llegar. Es más, ¿cómo no pensar en que quizá, sólo quizá, parte de esas subvenciones no tengan como destino preparar un regreso a su profesión aún más fructífero que el que desembocara en Mentiras y Gordas? ¿Acaso no tenemos derecho a pensar mal, aunque no acertemos?

Dice la ministra que es bueno que no sean sólo políticos profesionales quienes accedan a altos cargos en la administración, y tiene razón. Pero si tienen tantos y tan profundos intereses personales en un sector altamente intervenido y subvencionado, no pueden asumir esa responsabilidad de gobierno. Y una ministra de Cultura que se excluya de todas las decisiones que puedan tomarse sobre el cine tiene aún menos sentido que una ministra de Cultura que sí las tome. La conclusión está clara: González-Sinde nunca debió ser nombrada y siéndolo nunca debió aceptar el cargo. Ahora sólo le queda volver al gremio subvencionado por excelencia.

Hambre atrasada

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En la segunda sigue el mismo camino, sólo que cada vez le quedan menos fuegos de artificio, y su efecto es menos eficaz. Incluso la baza del aborto, que la tenía ganada de antemano, se le ha vuelto en su contra. Además tiene que hacer frente a la crisis económica, y pronto ha descubierto Zapatero que la retórica no sacia ni distrae su sed de cadáveres.

Pero ZP tenía todavía un as en la manga. Es el recurso de los malos gobernantes. El ardid económico de los rufianes. El pan para hoy. Es el gasto público. Un Estado devorador de la riqueza que produce la sociedad tapa los problemas del presente, pero la tierra que levanta del suelo deja la fosa de la propia tumba. El cheque del Estado español tiene cada vez menos fondos. Y menos valor.

La deuda es hambre atrasada, que antes o después tiene que satisfacerse con bocados cada vez más grandes. Por eso está dejando caer la idea, que antes que después se hará realidad, de que va a subir los impuestos. Cuanto más consume el Estado, menos se destina a la creación de riqueza. Cuanto mayores son los impuestos, más cara se vuelve aquella, y más escasa. Sólo un tonto subiría los impuestos en plena crisis. O un genio, como Zapatero.

A las dentelladas de la crisis le seguirán la del Estado. La sociedad actúa de forma lógica en esta situación: modera el apetito y ahorra por lo que pueda venir. En lugar de fomentar humildemente el curso que siguen los ciudadanos con sus habichuelas, el Estado se come los recursos que éstos han hurtado a su consumo, más los que aún no hemos producido. La crisis es como el rock: ha venido para quedarse y todas las previsiones de que se esfumará pronto no son más que pamplinas. No vamos a producir para tanta hambre atrasada.

Si el PP fuera una junta vecinal

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En su junta directiva hay lógicamente un tesorero que, vaya por Dios, resulta imputado por la justicia y al que se acusa de haberse aprovechado de su posición para trincar comisiones de las empresas que prestan servicios diversos a su comunidad. Súmele a eso el hecho de que el tesorero, hombre de su máxima confianza, haya aumentado sensiblemente su nivel de vida pagando grandes sumas en efectivo a lo largo de su mandato. Llegados a este punto, ¿seguiría usted manteniéndolo en su puesto con la llave del dinero de todos los propietarios en su poder? Yo tampoco, mayormente porque a estas alturas los vecinos nos habrían corrido a palos a usted y a mí por las escaleras, y ante argumentos tan categóricos acabas reconociendo tu error de inmediato.

Lo raro sería que los afectados por las actividades delictuosas de ese tesorero imaginario no exigieran su despido fulminante y se personaran en el juzgado como acusación, porque no sólo es que tales conductas afecten negativamente a la imagen de un colectivo, sino que el perjuicio económico causado a sus miembros es evidente, dado que el dinero entregado bajo mano al comisionista se traduce inmediatamente en un sobreprecio del servicio realizado. ¿O es que alguien piensa que las comisiones pagadas por el fontanero, el electricista, el pintor y el resto de oficios salen de sus bolsillos? Naturalmente que no. Siempre que hay un convolutto el producto se encarece y lo que sorprende es que personas formadas pretendan creer que existen individuos, dueños de negocios en los aledaños del poder, a los que les encante regalar cientos de miles de euros a cambio de nada.

Si un líder político, Dios no lo quiera, se viera algún día en esa tesitura, actuaría de inmediato y con la máxima firmeza por muy amigo que fuera del tesorero, porque cuando uno depende del voto de los demás, estas cosas las cuida especialmente por una cuestión de mera supervivencia. Es lo menos que cabe esperar de alguien que aspira a presidir el edificio de La Moncloa. ¿O no?

Dos lecciones a partir del Windows Vista

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

De la corta pero intensa vida de Windows Vista se pueden extraer al menos dos lecciones: una para Microsoft, que la ha aprendido a costa de su sangre y sudor, y otra para las autoridades de la competencia, las cuales jamás serán capaces de asimilarla.

La lección para Microsoft es simple: aquella empresa que se separa de los dictados de sus clientes termina arrepintiéndose. La principal novedad que incorporaba Windows Vista tenía relación con algo que no le había pedido a Microsoft ninguno de sus clientes. Me refiero a todos los mecanismos de gestión de derechos de autor (el DRM) y prevención en el uso de productos presuntamente pirateados.

Las soluciones incorporadas por Microsoft suponen una sobrecarga al ordenador y un funcionamiento en muchas ocasiones intolerable para el usuario. Con todo, el principal problema es que esto no era demandado por sus clientes, que no lo querían, sino por determinados grupos de presión que todos conocemos. De esta forma, Microsoft dio la espalda a la gente que le da la vida para tratar de satisfacer unas necesidades espurias de unos cuantos interesados ajenos a su negocio. El desastre era inevitable. Pero Microsoft aprendió la lección, le iba en ello el sueldo.

Y es que quizá Microsoft se creyó lo de su dominancia en el mercado de sistemas operativos, en que tanto le habían insistido las autoridades de competencia. Son estas las destinatarias de la segunda lección que nos da Windows Vista, muy relacionada con la primera.

Para la Comisión Europea, Microsoft era (y es) dominante en su mercado, porque puede actuar con independencia de sus clientes. Esto es siempre mentira, a menos que se haya concedido un privilegio por parte del Estado al empresario en cuestión, lo que sucede con Microsoft. ¿Acaso puede Microsoft obligar a alguien a comprar sus productos? ¿Lo pueden hacer Telefónica, o Intel, por citar otros de los encontrados como "dominantes" en sus mercados?

Quizá Microsoft se creyó estas monsergas, y pensó que podría imponer su Windows Vista a los usuarios. Pues ya ha visto que no, que si su producto no está a la altura de las circunstancias, su pretendida posición dominante se disuelve como un azucarillo en el café. Y no le queda más remedio que capitular hacia un producto acorde a las necesidades de esos usuarios de las que creía poder apartarse.

La realidad es que en el mercado libre no existen posiciones dominantes, pues nadie puede imponer la compra de su producto a un tercero. Pero esta es una lección que no aprenderán las autoridades de competencia, les va en ello el sueldo.

Los pajines de Feijóo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Servidor, que a mediados de aquella década era funcionario de carrera en una administración autonómica gobernada por el PSOE, tuvo como director general a un señor de diecinueve años (lo juro), cuyo principal mérito, aparte de ser "hijo de" y formar parte de la directiva de las juventudes socialistas, era su destreza en el juego del Tetris, a cuyo perfeccionamiento dedicaba duras sesiones de entrenamiento en un salón de juegos recreativos que había frente a las oficinas de la consejería. Trescientas mil pesetas de los años ochenta, era lo que los contribuyentes pagaban mensualmente a este joven de estado para que realizara muchas "políticas de juventud" y dinamizara los movimientos juveniles en los ratos que le permitía su principal ocupación: llegar al grado "Fuck Master" en el endiablado juego electrónico de encajar piececitas a toda velocidad.

No hemos avanzado nada. La juventud sigue siendo una "virtud" política en lugar de un grave defecto, y el hecho de haberse dedicado desde pequeñito a medrar en un partido un mérito curricular, en lugar de una perversión impropia de una edad en la que uno debería alejarse de la política todo lo posible para dedicarse a entender cómo funciona el mundo real, lo que en tiempos más civilizados se llamaba "hacerse un hombre de provecho".

Los pajines no sólo nos sacan la pasta sino que, además, nos quieren gobernar. Ignoro la valía de los consejos que este joven estudiante de derecho (¡anda, como Pepiño!) va a proporcionar al responsable gallego de Economía e Industria, pero a juzgar por los contenidos de su blog no parece que el rapaciño sea precisamente Manuel Pizarro. Mil eurazos mensuales, sin horario ni cometido concreto y pisando moqueta todo el día no es precisamente el puesto de trabajo que más se estila entre los jóvenes de veintiún años, pero es que no todos tienen una gran conciencia política desde la infancia, como le ocurre a los pajines de todos los partidos.

En todo caso, ante esta generación de políticos veinteañeros se abre un futuro lustroso, amarrados a la ubre presupuestaria hasta que a los cincuenta se encaminen hacia el cementerio de paquidermos del Parlamento Europeo para terminar de hacerse un capitalito. Si llegan a la treintena sin verse afectados por la corrupción no habrá más remedio que declararlos Padres de la Patria.

Políticos españoles del Tercer Mundo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Día sí y día también, asombra la ineptitud de nuestros gobernantes ante la crisis, sorprende la falta de ideas y la abundancia de complejos que reina en la oposición y escandaliza la corrupción generalizada que existe por doquier sin que ello provoque el más mínimo rubor entre esa casta parasitaria de privilegiados que se hacen llamar políticos.

Mientras la crisis empuja a millones de españoles hacia la marginación del paro y la impotencia de la miseria, el Gobierno central dilapida sin ton ni son la riqueza, ya no presente, sino futura de la ciudadanía a base de impuestos y una ingente deuda pública que será difícil de amortizar. Además, tanto Moncloa como los regímenes autonómicos que coexisten en España dictan a toda máquina nuevos decretos en los boletines oficiales para colocar a dedo a sus familiares, amigos y aliados en distintos cargos públicos. Los elegidos podrán así saborear los privilegios que ofrece el todopoderoso Leviatán, sin tan siquiera tener que esforzarse por aprobar una oposición.

El expolio sigue su curso: no ha hecho más que empezar. A la vista de tal despropósito y ante la dura tempestad de la crisis no es de extrañar que un número creciente de ciudadanos desee cruzar la frontera para cobijarse bajo Papá Estado. De hecho, en la actualidad, España cuenta casi con el mismo número de funcionarios que de emprendedores. Tonto el último es el lema que, a modo de epidemia mortal, se extiende por el país.

El nepotismo funcionarial y el favoritismo empresarial vía subvenciones, rescates y ayudas públicas de toda índole y condición campa a sus anchas y amenaza con convertir a este país en una sociedad parasitaria, en donde la casta de la función pública vive de explotar a un número de ciudadanos cada vez menor y menos libre.

Sufrimos una plaga propia del Tercer Mundo. España se latinoamericaniza a marchas forzadas. Al igual que aconteció en Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y tantas otras grandes dictaduras con forma de democracia al otro lado del charco, la sociedad española languidece y adopta una postura pusilánime e indiferente ante un robo institucional que, más que expolio, es ya tomadura de pelo.

¿Cómo es posible que la cúpula del PP siga ofreciendo todo su apoyo a su tesorero, encausado en una trama de corrupción que tiene visos de convertirse en un nuevo Filesa? ¿Y cómo se explica el silencio clamoroso de las bases del partido ante tal despropósito?

¿Cómo es posible que los andaluces no estén indignados con el descarado nepotismo de Chaves al frente de la Junta durante casi dos décadas? ¿Es que acaso no importa que dilapide el dinero de los contribuyentes y el futuro de la región a base de amiguismos y una política económica de teta pública? 

¿Cómo es posible…? Y, sin embargo, lo es. Una prestigiosa asesora de empresarios latinoamericanos me comentaba recientemente que el pasotismo de la población ante los desmanes de la clase política es el principio del fin de la democracia y de la libertad del individuo. La democracia española es joven e inmadura a diferencia de la anglosajona, en donde un desliz sexual o un gasto no justificado por parte de un cargo público sitúa al borde del precipicio toda una carrera política e, incluso, cuestiona la legitimidad del sistema.

España afronta su mayor reto desde la Guerra Civil. Si la crisis bancaria se transforma en lo que temo y la recesión se materializa en depresión, todo dependerá de cómo reaccionen los españoles. Un fracaso en esta materia amenaza con convertir a España en el México o la Argentina del sur de Europa. De producirse, la culpa no será ya entonces de los políticos sino de nosotros mismos. Súbditos sumisos y obedientes que no hicieron nada para evitarlo. Tendremos, pues, lo que nos merecemos.

El fiasco de la comuna europea

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Si algo ha quedado claro en los pasados comicios europeos es que la ansiada unión política continental importa cada vez menos a los ciudadanos de los países que componen la UE. La participación no hecho más que bajar desde la celebración de las primeras elecciones comunitarias, allá por 1979. La abstención ha aumentado casi un 20% desde entonces, y ya se habla abiertamente de crisis de legitimidad.

Sin embargo, el creciente desinterés de los votantes por las instituciones que gobiernan desde Bruselas es una cuestión baladí si se compara con la vulneración ética del espíritu de la Unión a lo largo de estos años. La UE se ha transformado en una superestructura política, burocrática y administrativa de dimensiones descomunales. Un Superestado, con competencias propias cada vez más amplias, que aspira a regular todos y cada uno de los ámbitos económicos, sociales y civiles de los ciudadanos.

Por desgracia, ya ha quedado en el olvido el principio fundacional que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Un tratado, semilla de la actual UE, por el que Francia, Italia, Alemania y el Benelux acordaron crear un mercado común para el comercio de determinados productos mediante la eliminación de aranceles y subvenciones nacionales.

La libre circulación de personas, mercancías y capitales ha quedado en un segundo plano. En la actualidad, Bruselas gobierna el destino de millones de europeos al más puro estilo de planificación central moscovita, sólo que, de momento, dicha superestructura cuenta todavía con los contrapesos de los gobiernos nacionales para limitar, hasta cierto punto, su creciente intervencionismo.

Sin embargo, en breve, tras la ratificación del Tratado de Lisboa, la UE se consolidará como una entidad jurídica autónoma e independiente de sus estados miembro. De ahí a la configuración de una Comuna Europea tan sólo dista un paso. El fallido proyecto de Constitución continental es una buena muestra de lo que se avecina: un monumental compendio jurídico y regulatorio que, bajo la ambigüedad de la economía social, avanza hacia la armonización fiscal, la consolidación de la redistribución de ingresos y rentas vía subvenciones y ayudas públicas y el ecocomunismo del cambio climático, entre otras lindezas.

Una cosa es establecer un área de libre comercio en donde ciudadanos y empresas gocen de mayor capacidad de acción gracias a la eliminación de trabas nacionales, y otra muy distinta es que el Gobierno comunitario aspire a crear un Estado de Bienestar central y monopolístico con el fin de sustituir, simplemente, la nefasta intervención política de los estados-nación. La competencia es sana, no sólo a nivel empresarial sino también administrativa. El camino hacia la libertad es, pues, justo el contrario. De hecho, el fenómeno de la globalización, ahora en peligro, hace obsoleta la formación de un bloque económico unitario.

El ejemplo a seguir no es la comuna que nos ofrece Bruselas. De hecho, la senda del liberalismo arraiga con fuerza en otro continente, tal y como muestra el caso de Singapur, Hong Kong, Vietnam…