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Las propuestas del PSOE no pueden ir más desencaminadas: si hiciéramos una lista de cosas que deben hacerse, los socialistas las habrían despreciado todas en algún momento; si, en cambio, redactáramos un listado de políticas a evitar, el Gobierno las habría seguido casi todas de manera entusiasta.

En medio de una crisis económica en la que el aparato productivo debe restructurarse tan rápido como sea posible, resulta absurdo –y suicida– que el Estado comience a intervenir masivamente en el mercado. Hay empresas que necesitan quebrar; otras que tienen que crearse y unas más que han de aguantar el tipo: por tanto, quemar grasa (malas inversiones) y fortalecer músculo (buenas inversiones).

¿Cuál es la manera más rápida para todo esto? Básicamente una crisis en forma de V, esto es, una caída de la actividad muy veloz donde se liquide todo lo que deba liquidarse –sin ir más allá– y luego recuperación igualmente acelerada. Las malas inversiones no proporcionan nada a la economía, sólo la ralentizan y la consumen; cuanto antes desaparezcan, mejor.

Por supuesto, la línea entre las malas y las buenas inversiones resulta en ocasiones extraordinariamente delgada. Si el Gobierno, por ejemplo, sube los impuestos en 20 puntos, muchas compañías que eran rentables dejarán de serlo. Pero lo contrario también es cierto: si los impuestos caen 20 puntos, muchas inversiones que no eran rentables pasarán a serlo.

Conclusión: necesitamos flexibilidad en los mercados para liquidar lo antes posible las malas inversiones, pero también un adelgazamiento del Estado que oxigene la economía y prevenga quiebras innecesarias. El PSOE, cómo no, ha seguido la senda contraria: conservar la rigidez del mercado laboral, incrementar el gasto público, subir los impuestos a las empresas rentables y rescatar a las que están en proceso de descomposición. La receta adecuada para el desastre –como el que ya padecemos– que, sin embargo, no parece que vaya a aplacar el radicalismo despilfarrador de Zapatero: cuanto peor, mejor. Cuanto mayor sea la crisis, más empecinamiento intervencionista. Así nos va.

Ahora bien, ¿cuál es la alternativa frente a la política económica del Gobierno? Solchaga solía repetir algo que era tan falso ayer como hoy: "No existe otra política económica posible". Siendo incierto, no obstante, parece que Rajoy la está haciendo verdadera. El PP no propone adelgazar el Estado, sino contener su ritmo de engorde. No pretende ponernos en forma, sino prolongar la agonía y probablemente evitar una súbita dolencia cardiovascular. Eso es todo.

Si Zapatero insistirá durante el Debate del Estado de la Nación en la necesidad de incrementar el intervencionismo estatal y de evitar la reestructuración económica, Rajoy hablará de apagar las luces para disimular los destrozos. Dará unos pocos pasitos en la buena dirección, pero sin hacer demasiado ruido, no sea que los sindicatos se enfaden y apedreen el Parlamento. El centrismo político también termina llegando a la economía y una vez ahí nos carga la factura de la incompetencia a todos.

Frente a la obcecación de unos y la indecisión de otros, conviene reiterar la única receta que de verdad puede contribuir a salir de la crisis y que ningún partido político se atreve a seguir: reducir impuestos y gasto público y liberalizar los mercados clave de la economía (laboral, energético, minorista y de transportes). A Zapatero le produce urticaria ideológica y a Rajoy un vértigo de antipatía liberal. ¿Y a los sufridos votantes y contribuyentes?

¿Qué ocurriría si además el accionista y el cliente de estos servicios estuviesen cautivos (sólo pudiesen recurrir a un oferente forzoso) y nada –ni la competencia, ni la libre elección, ni la justicia– les amparasen?

El Gobierno de España está actuando de igual forma con la situación económica actual. Incapaz de luchar contra la crisis, manipula estadísticas, aumenta el gasto irresponsablemente y se dedica a poner en marcha remedios anti crisis tan útiles como las juanolas contra el cáncer. No lo hace un malvado capitalista, sino aquel que se autoproclama representante del bien común.

El Ministerio de Trabajo esconde medio millón de extranjeros que tendrían que estar en el INEM; quiere que los prejubilados no consten en las cifras del paro; contabiliza a chicos de catorce años como trabajadores… y la lista de manipulaciones sigue.

Los indicadores macroeconómicos son medios o herramientas que han de servir para identificar la realidad económica de un área geográfica determinada. Manipularlos no significa que la realidad vaya a cambiar. Si teniendo fiebre, bajamos la temperatura del termómetro antes de mirarla, esto no va a significar que estemos sanos. Negar la crisis, como hizo el Gobierno, tampoco evitó que nos metiéramos en ella. ¿Es lícito que los políticos mientan y creen una "realidad oficial" o prometan cosas falsas en su beneficio?

Un abogado español puso la actual democracia a prueba. Demandó al PSOE por incumplir su programa electoral de 2004. La conclusión del juez fue que no se puede reclamar al Gobierno ni a los partidos políticos el cumplimiento de sus programas. Esto es, pueden mentir abiertamente sin tener responsabilidad alguna, algo que, evidentemente, no se pueden permitir las empresas privadas.

No son sorprendentes las conclusiones del juez ni los actos de los políticos y gobernantes. Los últimos, ordenan al primero, y a la vez, los dirigentes políticos viven en una anarquía que está por encima de cualquier ley, lo que les permite ser irresponsables con sus actos.

Lo asombroso de esta situación es la complacencia de una sociedad que, ante el deterioro de su calidad de vida con más de cuatro millones de parados, ante el desplome de la riqueza y ante la irresponsabilidad y manipulación informativa del poder, sólo sabe pedir más regulación y más fuerza para el Gobierno que para ella misma.

Si el Gobierno miente en sus estadísticas, esto es, manipula la información, ¿cómo pretendemos que cree una educación justa y neutra para nuestros hijos o se dedique a dar licencias de televisión y radio? ¿Qué le importa el bien común a un Gobierno que es capaz de crear una realidad oficial totalmente divergente a la situación real de las personas? ¿Qué sentido tiene que un charlatán y embaucador así se proclame jerarca y máximo representante de los asuntos sociales y a la vez no sea responsable de los resultados? ¿Qué ocurre cuando los sindicatos se convierten prácticamente en un ministerio más del Estado? ¿Qué legitimidad tienen para tomar nuestro dinero por la fuerza cuando no será gastado ni siquiera en las promesas que ofrecen?

Si el ciudadano no pone freno a esta vorágine gubernamental para acabar con la voluntad, bienestar y libertad del hombre, sólo estará conviertiendo su complacencia en esclavitud (estado al que llegamos hace años). Lo adelantó José Montilla. Cuando la prensa le preguntó por la alta abstención en las últimas elecciones de Cataluña, el president dijo que muchas personas no votaron "porque ya les está bien el Gobierno que hay". La indiferencia es servidumbre. Es una victoria política.

Cambiar de tirano cada cuatro años no es libertad. La libertad sólo la ofrece la acción diaria del ciudadano contra el Gobierno. En Estados Unidos, al menos, lo están intentando con las Tea Parties. Tomemos nota.