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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Ni derechas ni izquierdas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los Estados de medio mundo están aprovechado la crisis económica como excusa perfecta para extender sus áreas de intervención e influencia sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. Lo políticos, ésos cuyos sueldos, prebendas y privilegios pagamos, se erigen ahora en salva patrias económicos y protectores sociales arguyendo que el mercado ha fracasado y que, por lo tanto, es el momento de establecer un "nuevo orden". El suyo.

Y mientras tanto, sus gobernados permanecen inertes, paralizados, esperando que la solución, una y otra vez prometida por los dirigentes políticos, caiga del cielo. Patético, a la vez que triste. Las economías crecen y los individuos prosperan a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Se trata de una máxima una y otra vez demostrada por la historia: a mayor poder estatal, menor libertad individual. Véase Cuba, Corea del Norte, Zimbabwe, o los fascismos y comunismos de antaño. Por el contrario, a mayor libertad económica, más riqueza y desarrollo. No hay excepción. Dicha máxima se cumple caso por caso.

Pero la demagogia política suele desviar con excesiva frecuencia la atención de las víctimas, los ciudadanos, sobre los auténticos culpables: el intervencionismo económico y monetario. Las sesiones parlamentarias son la escenificación semanal de un elaborado teatro en el que unos y otros se culpan de todos los males para tratar de demostrar que su familia –partido– es la mejor. Sin embargo, su único y verdadero fin es la conquista y el mantenimiento del poder.

Por desgracia, ha desaparecido del debate actual la pregunta clave que, históricamente, se ha formulado la filosofía política: ¿cómo se debe gobernar? Y ha sido sustituida por una cuestión inocua, vacía y errónea: ¿quién debe gobernar? No es cuestión de izquierdas y derechas. Ambas han muerto a la vista del progresivo acercamiento ideológico que promulgan las distintas formaciones.

La pugna política de hoy es mucho más profunda y sustancial. El antagonismo se dirime entre estatistas y liberales: Estado o mercado; público o privado; presupuestos o capital; intervención o desregulación; subvención o iniciativa; dirigismo o creatividad; sociedad o individuo; igualdad (en sentido material, no jurídico) o libertad.

En definitiva, la reivindicación de una serie de derechos y valores que son intrínsecos al ser humano. Si el Estado gana esta batalla ideológica y moral, el individuo acabará cediendo nuevas parcelas a la clase parasitaria. El Gobierno acaparará más control, promulgará normas más restrictivas, impondrá nuevos impuestos y tasas, aumentará la burocracia, gozará de mayor inmunidad judicial… Bertrand de Jouvenel explica a la perfección en sus obras cómo crece y se desarrolla el poder estatal en detrimento siempre del individuo.

No es algo extraño, ni siquiera lejano. Sucedió en Argentina hace décadas con Perón –el modelo sigue vigente con los Kirchner– y se extendió a numerosos países europeos tras el estallido de la Gran Depresión. En la actualidad, se ha impuesto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador e, incluso, amenaza ya a Sudáfrica. Las crisis económicas y sociales constituyen un caldo de cultivo ideal para este tipo de movimientos. La tentación de confiar en el estatismo resurge con fuerza. Si triunfa, las recetas que nos vende el Estado hoy serán, sin duda, los problemas del mañana.

No olvides bilateralizarte

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No. Lo suyo son las relaciones bilaterales entre los distintos gobiernos, enmarcadas en un sistema multilateral con ciertas dosis de asimetría para corregir desigualdades históricas. En otras palabras, su misión es seguir unciendo las finanzas nacionales al carro del tripartito catalán para que los amigos de Karma Chacón no dejen a Zapatero con el trasero al aire en el Congreso. Propósito loable donde los haya, claro, sobre todo cuando el responsable de la fechoría hace tantos esfuerzos por disfrazarla con un metalenguaje incomprensible basado en la oscura equivalencia entre los términos bilateral y multilateral.

En la rueda de prensa tras su reunión con Montillet, cada uno junto a la bandera de su país y en la que sólo faltó el servicio de traducción simultánea para que la escena resultara perfecta, fue muy descriptiva la gravedad con la que Chaves se refirió al hecho de que la financiación per cápita de los catalanes esté por debajo de la media española. Eso es algo intolerable, vino a decir el mayor destructor de empleo de la historia de España con permiso de Corbacho, que anda pisándole los talones.

Hombre, más que intolerable se trata de una consecuencia natural de las matemáticas, porque para que se pueda calcular la media de una serie es forzoso que existan elementos por encima de ella y otros por debajo; en otro caso el cálculo carece de sentido.

Así pues, todos debemos ayudar para que la financiación per cápita catalana supere la media nacional. Pero, ¿y el resto de ciudadanos españoles que viven en comunidades igualmente por debajo de la media estatal? Para estos también tiene Chaves una receta, según la cual se trata de una circunstancia que esas comunidades deberán reclamar en el futuro, para lo que el Gobierno de Zapatero está abierto al diálogo. Ah, y sobre lo de reclamar la deuda por los incrementos de población experimentados en las regiones más prósperas, casualmente gobernadas por el Partido Popular, nada de nada, que no estamos para dispendios. Diálogo el que quieran; euros ni uno, salvo para el compañero Montillet. O sea, bilateralidad multilateral.

¿Y por qué no cerrarlas todas?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Ser tan progre tiene una ventaja: se puede defender la censura por motivos morales sin ser tachado de carca o inquisidor.

Una cosa curiosa de los progres es que en pocos años han cambiado de forma radical su discurso sobre la moral. Han pasado de defender la quema de sujetadores y la chica de los limones salvajes del Caribe como ejemplos de la liberación de las mujeres a condenar la muestra de carne femenina por machista y reaccionaria. Si para la izquierda antes era una cosa perversa que existieran clasificaciones por edad para todo tipo de contenidos, ahora lo realmente moderno es impedir que los niños puedan ver imágenes violentas o con carga sexual. Y claro, como buenos intervencionistas de izquierdas, los señores de Confapa defienden que el Estado se encargue de eso cuando atañe a internet.

La "progresista" organización gallega de Asociaciones de Padres de Alumnos pretende que el Estado controle y restrinja el acceso de los menores de edad a determinados contenidos de internet, entre ellos a YouTube. Cómo hacer eso sin violentar los más elementales derechos, como a la libertad de expresión o la intimidad, es algo que no han explicado. Y no lo han hecho por el simple motivo de que es imposible. Lo que pretenden es que la red esté sometida en España a un régimen en el que se pueda saber no sólo desde que ordenador se visita ciertas páginas, sino también qué persona está ante la pantalla. Sólo conociendo de quién se trata puede a su vez conocerse la edad. El único modo de controlar eso sería estableciendo un sistema obligatorio de identificación personal para conectarse a la red, con los peligros que eso conlleva: bienvenidos a 1984.

El control de los contenidos a los que acceden los menores y la valoración de si son adecuados o no, debe corresponder tan sólo a los padres. Son los progenitores los que deciden si sus hijos pueden ver un programa televisivo o si un libro es adecuado para su edad. Con la red no debe ser diferente. De hecho existen programas de filtrado que los adultos pueden instalar en sus ordenadores para que se encarguen de ello sin tener que estar todo el día pegados a sus vástagos para saber qué webs visitan.

Como buenos progresistas, los señores de la Confapa pretenden que sea el Estado el que haga de padre en su lugar y, de paso, del resto de los españoles con hijos. Y, como perfectos puritanos, no les importa si para eso se violan principios como la libertad de expresión, la intimidad o el derecho a educar a los hijos según sus propios criterios. Unos párrafos más arriba decía que este tipo de propuestas las pueden hacer los progres sin riesgo de ser tachados de carcas o inquisidores. No siempre están a salvo. Desde aquí acusamos a la Confapa precisamente de eso.

¡Secesión!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No hay ninguna razón ni filosófica ni práctica que justifique la existencia de veinte televisiones propiedad de las comunidades autónomas, además de las dos cadenas estatales analógicas y sus derivados digitales. Cuando un servicio es prestado a los ciudadanos por la iniciativa privada, la existencia de competidores que se financian con fondos públicos es un absurdo y un agravio comparativo que sólo tiene razón de ser en el deseo de los políticos por controlar los medios de comunicación.

Nada habría que objetar si el PP y el PSOE crearan cada uno su cadena de televisión con dinero de sus afiliados, pero hacerlo a costa del bolsillo de todos los ciudadanos que ya reciben un servicio mejor y más barato por parte de operadores privados es un lujo inadmisible, sobre todo en medio de una catástrofe económica como la actual.

Las televisiones autonómicas son tan innecesarias como TVE y, en conjunto, mucho más gravosas, por sorprendente que pueda parecer conociendo las pérdidas astronómicas de la televisión estatal. En la mayoría de los casos son un cementerio de elefantes para los políticos desahuciados y un vehículo excepcional para regalar dinero a los amigos a costa del contribuyente, con la única condición de que los gobernantes de turno aparezcan diariamente no menos de cinco veces, aunque sea inaugurando los mingitorios de un centro de la tercera edad.

Habría que cerrarlas todas previa subasta o, mejor aún, regalárselas directamente al grupo PRISA. Con la sagacidad empresarial propia de la casa, en un par de años no quedaría ni una. Eso que saldríamos todos ganando.

Democracia… ¿liberal?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Si bien, el término liberalismo no fue empleado hasta bien entrado el siglo XIX, es común referirse a él como un movimiento contrario a la organización política y social propia de los Estados absolutistas de la época moderna, los cuales se originan a través de un progresivo proceso de centralización, tanto económico como militar y jurídico, y cuyo desarrollo procede a la sustitución del orden medieval hasta entonces vigente en Occidente.

Tal organización se encontraba estructurada sobre una serie de estamentos sometidos a un monarca, el cual fijaba un particular sistema de privilegios sancionado por una legitimación de carácter teocrático consistente en la creencia de que el poder político del rey procede directamente de Dios, y en tal orden cada individuo debía ocupar un lugar en el estamento que le había sido asignado, en la mayoría de los casos por nacimiento, lo cual, como es lógico, dificultaba enormemente la movilidad social.

Sin embargo, ante tal organización sociopolítica surge un importante y creciente movimiento crítico encabezado por la burguesía, cuya principal demanda se centrará en la proclamación de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos frente a la arbitrariedad y excesivo poder que el monarca y sus funcionarios trataban de ejercer tanto en el ámbito económico como en el tributario y comercial, lo cual viene a coincidir históricamente con el inicio de la producción capitalista y el surgimiento del primer liberalismo político.

Y es que, el Estado preliberal propio de los s. XVII y XVIII se caracterizaba por la puesta en práctica de la visión mercantilista en materia económica, ejerciendo por ello un exhaustivo control y proteccionismo en lo que respecta a diversas actividades a través del establecimiento de "monopolios reales". Según esta misma visión, la riqueza debía estar controlada y dirigida directamente por el Estado, puesto que los intereses privados eran interpretados como básicamente incompatibles en relación al bienestar e interés general. Ante esto se enfrenta, fundamentalmente, la emergente burguesía de la época articulada en torno al pensamiento teórico liberal.

Así pues, podemos concebir el mercantilismo y el absolutismo político como dos fenómenos íntimamente vinculados a los que se opuso y enfrentó el liberalismo. En este sentido, el sistema mercantil-absolutista del A.R. fue progresivamente sustituido por el sistema productivo capitalista y por el Estado liberal de derecho, primeramente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia y, posteriormente, en la mayoría de Estados occidentales.

Lo realmente significativo de tal proceso es que la democracia, como movimiento político y corriente de pensamiento, fue plenamente ajena al triunfo del liberalismo sobre la estructura de poder absolutista. Ello se debe a que el fundamental proceso de despolitización social y económica impulsado por la corriente liberal, que se basaba en el apoyo y defensa de asociaciones que actuaban al margen e independientemente del Estado, tiene su origen en la fundamentación teórica propia y característica de la regulación liberal, cuyo fin consistía en la protección del ciudadano frente al ámbito de actuación del Estado absolutista de aspiración despótica.

Precisamente por ello, el liberalismo político no puede ser reducido a un mero movimiento en defensa del sistema capitalista emergente, error conceptual en el que han caído numerosos autores y perspectivas, puesto que, por el contrario, se trata más bien de una teoría política cuyo fin básico se centra en lograr la limitación efectiva del poder político y la consiguiente protección del individuo frente a la acción estatal.

Por el contrario, el liberalismo surge como un movimiento o corriente de pensamiento que logra articular y construir la base del denominado Estado liberal mediante la aplicación de una serie de mecanismos institucionales con el fin de limitar el poder coactivo y arbitrario ejercido desde el Estado:

  1. Proclamación, defensa y reconocimiento de una serie de derechos y libertades individuales en relación con los valores fundamentales de libertad e igualdad. Conceptos ambos que son concebidos como algo "natural" e inherente a la condición humana y, por lo tanto, han de ser considerados como previos a la institución del Estado (Locke).
  1. El principio de división de poderes (Montesquieu) como mecanismo institucional básico para evitar la concentración del poder político, tratando así de limitar al máximo su ámbito de actuación y la naturaleza de su ejercicio, inherentemente arbitraria. Tal principio se opone radicalmente a la concepción desarrollada por Rousseau en lo que respecta a la indivisibilidad de la soberanía popular. Sobre tal idea se asienta, precisamente, la "democracia radical" o también llamada "democracia totalitaria", cuya puesta en práctica se materializa en el Régimen del Terror jacobinista encabezado por Robespierre, surgido tras la Revolución Francesa.
  1. Una limitada participación ciudadana en la elección de un órgano legislativo (Madison, Hamilton, Constant, Tocqueville, James Mill, entre otros).
  1. El principio de legalidad, mecanismo por el cual la actuación de los poderes públicos debe atender exclusivamente a lo dispuesto por las normas jurídicas, pero cuyo desarrollo se fundamenta en una determinada concepción con respecto a lo que debe ser entendido por Derecho (derecho natural).

De este modo, observamos que la libertad se instaura como fundamento básico sobre el que se estructura el nuevo sistema político surgido tras la caída del A.R., puesto que el objetivo se centra en garantizar la defensa del ámbito individual frente a la injerencia de la actuación pública, en contraposición directa con el sistema de privilegios e impunidad estatal presentes en el anterior sistema.

Así pues, la libertad y la igualdad se constituyen como valores básicos del Estado liberal, pero éstos han de ser interpretados en un sentido muy concreto, en tanto concepto de libertad negativa e igualdad jurídica (ante la ley).

El estado liberal es aquel que ha consentido la pérdida del monopolio del poder ideológico a través de la concesión de los derechos civiles […], y la pérdida del monopolio del poder económico a través de la concesión de la libertad económica, y ha acabado por conservar únicamente el monopolio de la fuerza legítima, cuyo ejercicio, no obstante, queda limitado por el reconocimiento de los derechos del hombre y por los distintos vínculos que dan origen a la figura histórica del Estado de derecho.

Bobbio, N., El futuro de la democracia.

Así pues, por primera vez en la historia de las ideas políticas, el liberalismo logra exponer claramente las potencialidades y ventajas, tanto a nivel político como económico y social, de un particular acuerdo en favor de la diversidad y pluralidad de intereses frente a la perspectiva de la homogeneidad y el consenso social.

Es, por ello, evidente que nada tiene esto que ver con la demokratia griega, es más, se puede incluso llegar a afirmar que tal proceso liberal ni siquiera presenta una relación directa con nuestro actual sistema democrático, puesto que sus fundadores se mostraron generalmente reacios y contrarios a aceptar los derechos democráticos de carácter participativo, tales como el sufragio universal o el referéndum.

[…] el primero era negado normalmente en relación con la teoría de la soberanía nacional (contrapuesta a la de la soberanía popular). Se afirmaba que al ser la Nación […] el sujeto de la soberanía no era necesario que se aceptase el derecho de voto de todos los integrantes de esa unidad, sino que era suficiente que una minoría expresara aquella soberanía: los propietarios, o más exactamente, aquellos ciudadanos que constaban en el censo de contribuyentes (sufragio censitario). Por otra parte, en el primer liberalismo prevalecía la concepción individualista contraria a aceptar la regulación jurídica de grupos de intereses organizados como agentes políticos del sistema (partidos, asociaciones sindicales, etc.) cuya existencia fue perseguida durante buena parte del s. XIX en la mayoría de Estados europeos.

Ferrán Requejo Coll, Las democracias.

Así pues, el Estado liberal de derecho constituye un específico y concreto "modelo de Estado" que se diferencia claramente de nuestro actual modelo vigente, pero no sólo a nivel institucional y práctica política sino, sobre todo, en cuanto a valores, principios y contenidos teóricos conceptuales.

Liberando a Cuba desde fuera

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Todas las limitaciones a la frecuencia y duración de las visitas de cubano-americanos a sus familiares en Cuba serán suspendidas, y se aumentarán los límites de gasto y de equipaje. Todas las restricciones a las remesas de dinero (que antes tenían topes de cantidad, de frecuencia de envío, etc.) serán eliminadas, manteniéndose la prohibición de subsidiar a miembros del Gobierno o del Partido Comunista. A partir de ahora un cubano-americano podrá visitar a sus padres o abuelos cuando quiera y enviarles tanto dinero como estime oportuno sin interferencia del Gobierno federal.

La iniciativa también autoriza el establecimiento de servicios de telecomunicaciones que creen vínculos entre cubanos de fuera y dentro de la isla. Se otorgarán licencias a operadores que quieran conectar el continente con la isla mediante satélite o fibra óptica, o que deseen ofertar servicios de radio, televisión o telefonía a usuarios cubanos. Así mismo se permitirá la exportación o re-exportación a Cuba de aparatos electrónicos como móviles, antenas, computadoras o software. Las regulaciones limitando el envío de regalos y donaciones también serán revisadas y relajadas.

La Fundación Nacional Cubano-Americana en Miami ha aplaudido esta medida, y el editorial del Miami Herald también la ve con buenos ojos, aunque hace un llamamiento a exigir reprocidad por parte del Gobierno cubano. La reacción de los exiliados cubanos es mixta: la vieja guardia es crítica con el cambio argumentando que la entrada de remesas y visitantes beneficiará al régimen castrista, pero muchos otros ya están planeando su viaje a la isla para visitar a la familia.

El cambio de rumbo de Obama es un paso en la buena dirección, independientemente de lo que decida hacer el régimen cubano. Es discutible que estas restricciones presionaran al Gobierno castrista en el sentido de aplicar reformas, lo que es indiscutible es que para hacerlo vulneraban el derecho de los cubano-americanos a visitar a sus seres queridos y a ayudarles con su propio dinero. El siguiente paso sería empezar a desmantelar el embargo comercial vigente desde la Revolución comunista y que prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con cubanos o viajar a la isla por turismo. La lógica de un embargo comercial es la siguiente: las restricciones provocan carestía añadida de bienes y servicios, la sociedad sufre esa carestía y advierte que el Gobierno podría aliviarla si accede a las reformas, la sociedad presiona al Gobierno para que implemente reformas y el Gobierno acaba cediendo. Un claro ejemplo de la infame máxima de que el fin justifica los medios, pues el embargo solo ejerce presión si la población sufre.

Cuando el Gobierno gestiona más del 70% de la economía y emplea a tres cuartas partes de la masa laboral, la presión también proviene del lado de los ingresos: el Gobierno recauda menos fondos y cuenta con un presupuesto menor que limita su capacidad de maniobra. Pero es la población, casi toda funcionaria por necesidad u obligación, la que padece en sus carnes la escasez, y al Gobierno le basta la superioridad militar y propagandística para imponerse.

En coherencia, los proponentes del embargo cubano deberían apoyar un bloqueo internacional de duración indefinida. En rigor deberían incluso oponerse a las excepciones que autorizan la exportación a la isla de comida y medicamentos, pues alivian la carestía de la población y la presión ejercida sobre el Gobierno. Cabe preguntarse qué opinarían los cubanos de un embargo internacional que iba a sumirles aún más en la pobreza, y si sus valedores lo impondrían en contra de su voluntad "por su propio bien". Si uno está en contra de estas medidas tan drásticas debería oponerse también al embargo y a las demás restricciones, que son de la misma naturaleza pero a una escala menor.

El embargo sirve en realidad de chivo expiatorio del fracaso comunista. Su supresión no es la panacea, pero puede contribuir a la erosión del régimen. En primer lugar, porque la promoción del comercio, la inversión y el libre movimiento de personas reportaría más bienestar e ideas nuevas a la sociedad cubana. Habría más interacción entre estadounidenses y cubanos, y el adoctrinamiento y la propaganda hacen menos mella cuando la gente está expuesta a versiones alternativas de "la verdad". El bienestar también suele generar una demanda de libertad política. En segundo lugar, el embargo y las restricciones son utilizadas por el Gobierno para desviar las miradas y las críticas hacia los "enemigos externos". En ausencia de embargo, el régimen se queda sin excusas, su fracaso es menos maquillable y es más probable que la ciudadanía exija responsabilidades a su Gobierno.

El embargo comercial es juzgado, como la mayoría de políticas públicas, más por sus intenciones que por sus resultados, que en este caso han sido nulos durante cinco décadas. El embargo satisface el reclamo moral de "hacer algo" contra la injusticia, pues la inacción estatal suele interpretarse como un acto de pasotismo que a nada conduce. Pero después de demostrarse infructuosa por tanto tiempo esta vía de acción, vale la pena darle una oportunidad a un nuevo enfoque.

Un golpe bajo para la abogacía libre

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Para entendernos, se trata de promover unos pactos entre acusaciones –especialmente la ejercitada por los fiscales– y defensas mediante los cuales los acusados obtienen una petición de condena benigna a cambio de allanarse a los cargos que sustentan esa pretensión. Y, a la inversa. Podemos intuir, asimismo, que quienes ejercen la acusación se aseguran una sentencia condenatoria de los acusados, la cual se apoyará sobre una narración y una calificación jurídica negociadas, sin necesidad de probar su culpabilidad en un juicio público, a cambio de dulcificar sus pretensiones punitivas y, eventualmente, indemnizatorias.

Esta potencial autocomposición, que adopta distintas modalidades en la ley de enjuiciamiento criminal, precisa para ser efectiva que el juez o tribunal competente para juzgar definitivamente –o incluso el juez instructor en el procedimiento abreviado– dicte sentencia de condena de acuerdo a lo pactado, siempre que concurra el doble consentimiento del interesado y su abogado defensor y se respete la legalidad. Ahora bien, aun con todas las críticas que merece el "plea bargaining", traducido por "chalaneo" por los opositores más mordaces, desde la perspectiva subjetiva de las partes en el procedimiento penal, se trata de una opción entre otras posibles; dependiendo del caso, tanto la posición acusadora como la defensora pueden estar más interesadas en que la sentencia sea el fruto de la valoración pública de las pruebas presentadas en juicio, cualquiera que sea su sentido.

Sea como fuere, por lo que ha trascendido de su contenido, los firmantes de este protocolo pretenden no sólo "actualizar los medios de solución consensuada del proceso penal" y "aumentar la rapidez y simplificar los trámites precisos para alcanzar una sentencia", sino también que el ámbito de aplicación del protocolo abarque los procedimientos penales que tramitan todos los juzgados y tribunales, menos el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, con excepciones puntuales. Todo ello, se dice, en aras de la descongestión de los juzgados…

Sin embargo, a la espera de la publicación de sus detalles, cabe oponer a este extraño acuerdo varias objeciones.

El fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno, puede impartir órdenes e instrucciones a sus subordinados, ya que actúa, según el artículo 124 de la Constitución, bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Por el contrario, los abogados no están sometidos a las instrucciones, de carácter general o particular, de sus órganos rectores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. Lógicamente, tampoco deben asumir la interferencia o el condicionamiento de su labor profesional por parte de sus órganos de gobierno. La Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 542) y el Estatuto de la abogacía –pese a la colegiación obligatoria– garantizan la independencia de los abogados y su libertad de criterio en la defensa de los intereses que le son confiados, sin otros límites que los derivados de la ley, las "normas de la moral" y su propia deontología.

Otras dudas de legalidad suscita que el fiscal general del Estado y el presidente del órgano rector de los abogados concierten una suerte de desarrollo reglamentario de la Ley de enjuiciamiento criminal, o una interpretación material de la misma con pretensiones de eficacia para todos sus destinatarios. En cualquiera de ambos casos se contravendría el principio de legalidad penal recogido en los artículos 25 y 117.3 de la Constitución. Unánimemente la doctrina procesalista considera que esos preceptos impiden el desarrollo reglamentario de las normas procesales, salvo aspectos secundarios que competen al Consejo General del Poder Judicial. Antes al contrario, la regulación del proceso penal exige una norma con rango de ley formal aprobada por las Cortes. Quedan excluidos, en consecuencia el reglamento, la costumbre o los usos jurídicos como fuentes del derecho procesal penal.

Lo mas curioso es que un precedente anterior de este estilo, articulado en un Protocolo de actuación para juicios rápidos y juicios de conformidad, suscrito en ese caso por el Juzgado decano de Madrid, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid*.

El "protocolo" que se comenta plantea la inquietante cuestión de que el Consejo de la Abogacía se pliegue a los designios de la Fiscalía y, por lo tanto, del Gobierno. Pero, por lo pronto, quede constancia de que constituye un ataque en toda regla, de más que dudosa legalidad formal, contra la idea de una abogacía libre e independiente del poder político.

La historia es esquiva

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora, como entonces, los bancos centrales actúan de forma coordinada para crear inflación. Ahora, también como en aquellos años, no se han visto los efectos inflacionarios por la coincidencia con una gran explosión de productividad; hoy por la incorporación al capitalismo de Asia, entonces por el nacimiento de nuevos sectores muy importantes. Finalmente, hogaño como antaño, los políticos cometen el error de permitir que una crisis se convierta en una depresión de dimensiones desconocidas por emponzoñar la recuperación, impuesta por el mercado, con sus intervenciones.

Ese sumidero económico fue el resultado de otro sumidero, éste ideológico, por el que se hundió el liberalismo hasta prácticamente desaparecer. Así pudo convivir la Gran Depresión con otros grandes triunfos de las ideologías antiliberales: el comunismo, el nacionalsocialismo, la democracia totalitaria, irrestricta ante las ansias de las masas… Las medidas de "rescate" de las empresas fallidas, la inflación desbocada, la llamada de los políticos a cavar la poca tierra firme que nos queda para anegarla en deuda, todo ello es síntoma de desconfianza hacia la sociedad libre.

Esa falta de fe en la libertad podría arrastrarnos a otro ismos, acaso no tan brutales como el de la Alemania de los 30, pero igualmente destructivos. El ecologismo, revestido de amor a la naturaleza y ciencia, es la manifestación de una atávica llamada contra la sociedad y sus conquistas. El milenarismo climático es el eco de otros, que llenaron de espanto a muchos crédulos. La atracción de la izquierda por lo peor medievo, encarnado en el Islam, tiene aún mucho camino por recorrer, aunque sea amojonado con brutales atentados terroristas. El propio comunismo, bajo nuevas formas, podría revivir en la Rusia ex ex soviética, con aliados viejos y nuevos.

Pero el mundo de hoy no es el de entreguerras. Es más amplio y comprende a una Asia desconocida para la historia. Es un mundo más diverso y con mayores hogares potenciales para la libertad, con una competencia institucional mucho más viva que la del arranque del XX. La historia nos da lecciones, pero no nos las impone.

Voto, abstención y señalización

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El Parlamento Europeo ha lanzado una campaña para fomentar la participación que incluye el eslogan "Si no vota, no se queje".  La idea detrás de este mensaje es que si quieres cambiar las cosas debes atenerte a las reglas del juego democráticas y votar por el partido que representa mejor tu visión reformista. Si no participas significa que te da igual quién gane las elecciones, que no te interesa cambiar nada y que te conformas con lo que salga.

Pero es fácil darle la vuelta al mensaje: si te animas a jugar significa que aceptas las reglas del juego, de lo contrario no jugarías. Y si aceptas las reglas del juego aceptas que gobierne el partido más votado (porque esa es la regla primera de la democracia), aunque no sea el tuyo. Al fin y al cabo, si hubiera ganado "tu partido" querrías que gobernase. Ahora que ha ganado el adversario te toca ser consecuente y apechugar sin rechistar. Si votas, no te quejes.

¿Cuál de los dos argumentos tiene más fuerza? En realidad ambos parten de premisas dudosas. El primero asume que votando se puede cambiar cualquier cosa. Pero si la reforma a la que aspiras es muy ambiciosa a lo mejor ir a las urnas es fútil o incluso contraproducente. El segundo asume que votar implica aceptar el sistema. Pero si el sistema nos es impuesto aunque no votemos, entonces participar en él para evitar más daño puede ser un simple mecanismo de defensa.

Con respecto al voto, hay posturas liberales para todos los gustos. Algunos están a favor de abstenerse, otros están a favor de votar a partidos minoritarios "puristas", otros creen que hay que votar al partido grande marginalmente menos malo.

En parte la elección de postura depende de nuestra preferencia temporal, algo que no siempre tenemos en cuenta a la hora de juzgar la idoneidad de cada una. Los abstencionistas arguyen que la no-participación deslegitima el sistema y que, a la larga, esa deslegitimización puede ser el germen de una reforma profunda. Los seguidores de partidos puros y marginales también tienen una visión largo-placista, pero albergan la esperanza de que la representación del partido aumente (o de que Ron Paul gane) y puedan hacerse algunos cambios radicales a medio plazo. Los votantes de partidos grandes (o peperos) a menudo tienen el punto de mira puesto en la próxima legislatura o en la siguiente. Éste sería un razonamiento pepero: la estrategia de la abstención podría dar frutos en 40 años o en un siglo (ni siquiera está claro que vaya a dar frutos), pero votando por el PP al menos nos aseguramos de que bajen un poco los impuestos en un par de años o que no regulen tanto la economía ahora que voy a buscar trabajo o empiezo un negocio.

Dejemos a un lado la cuestión de la preferencia temporal y centrémonos en otro aspecto estratégico esencial de cara a valorar el efecto de nuestro voto o de la abstención: el signalling o la señalización. Señalizar en jerga económica significa transmitir información relevante a otras personas a través de una determinada acción.

El liberalismo necesita liberales, y una forma de hacer que la gente se interese por el liberalismo es publicitando su "marca". Si al actuar señalizamos ideas liberales,  hacemos posible que otras personas descubran estas ideas y se vean atraídas por ellas. Si además la gente de nuestro entorno nos considera razonables y sensatos, es posible que sienta más curiosidad o conceda el beneficio de la duda  a estas ideas aparentemente exóticas que defendemos.

La cuestión es, por tanto, ¿qué curso de acción señaliza mejor las ideas liberales: la abstención, el voto minoritario o el voto a un partido grande? El problema con la abstención es que señaliza muchas cosas. Puede señalizar pereza, conformismo, pasotismo, irresponsabilidad etc. Pero también tiene el potencial de señalizar una radical y coherente postura anti-sistema ("no voto porque no acepto el juego ni sus reglas") susceptible de ser asociada con el liberalismo. De todos modos la principal virtud de la abstención es que no señaliza entusiasmo por el sistema, ni ansias de imponer algo a los demás o de que "los tuyos" alcancen el poder, ni disposición a hacer concesiones para que triunfe el mal menor.

El voto a un partido o candidato minoritario radicalmente liberal como podría ser el Libertarian Party o Ron Paul en Estados Unidos señaliza de forma más clara las ideas liberales. También puede señalizar marginalidad, pero tanto el LP como Ron Paul han capturado un nicho considerable que les concede cierto halo de respetabilidad. El problema con el voto al partido radical es que puede señalizar algunas de las actitudes pro-sistema que el abstencionismo no señaliza. El hecho de que Ron Paul tenga un mensaje tan anti-sistema y sea tan coherente con sus ideas en contraste con los vaivenes de los demás políticos contribuye a que sea visto como un candidato anti-sistema, por lo que votar a Ron Paul casi tiene todas las virtudes de la abstención sin ninguna de sus pegas.

El voto a un partido grande es el más problemático desde el punto de vista de la señalización, porque en el mejor de los casos el partido grande no tiene ideas liberales y no señalizamos liberalismo (ni postura anti-sistema), y en el peor de los casos es asociado con ideas liberales o se auto-califica de liberal sin que lo sea su programa, y acabamos señalizando como liberal una serie de principios y políticas que son intervencionistas. Este es uno de los mayores peligros que tiene el PP (o el Partido Republicano en USA o los Tories en Gran Bretaña): la influencia liberal en el partido se plasma más en su retórica que en sus políticas, que son casi tan intervencionistas como las de la izquierda, con el resultado de que la gente asocia al liberalismo políticas y realidades que le son ajenas. Esta señalización falseada confunde y aliena a potenciales liberales.

Desde el punto de vista de la señalización, por tanto, las opciones más efectivas son la abstención y el voto al partido o candidato radical. El liberalismo necesita publicidad, pero es preferible tener poca y que sea honesta, que tener mucha pero sea engañosa.

El reto de Feijóo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

A partir de ahora el destino político de los gallegos está en manos de Alberto Núñez Feijóo. Un político que, a diferencia de otros –véase Zapatero–, destaca por su perfil de gestor y tecnócrata. Cualidades a tener en cuenta en tiempos de crisis.

El triunfo de Feijóo en las urnas no sorprendió a pocos. Entre ellos, seguramente, al propio Mariano, que tras la conquista galaica ha obtenido una bocanada de aire más que necesaria para mantener su liderazgo al frente del partido. Al menos, por el momento. Sin embargo, si algo demuestra el resurgir del PP en Galicia es el tradicionalismo propio que aún alberga esta sociedad. Un pueblo que vive apegado a la propiedad de la tierra y que, por esta misma razón, escapa como de la peste de todo aquello que huela a expropiación, por mucho que ésta se trate de esconder bajo lemas tales como Ordenación Territorial y Urbanística o Concentración Parcelaria.

PSOE y BNG erraron al pensar que su idea de desarrollo sostenible acabaría engañando a los gallegos. Ilusos. Y es que, como reza el dicho, los experimentos con gaseosa. Con ciertas cosas no se juegan, y menos en Galicia. Este punto fue hábilmente aprovechado por los populares durante la campaña electoral. La demagogia y la falsa progresía de la coalición socionacionalista fueron derrotadas en las urnas.

Muchos empresarios bramaban contra la política de gestos instaurada en la Xunta pero, sobre todo, contra el creciente intervencionismo económico impuesto por el dúo Touriño-Quintana. Ambos se encargaron de paralizar infraestructuras, ambiciosos proyectos turísticos –como puertos deportivos y campos de golf– e industriales bajo la excusa de la protección medioambiental y el buenismo ubanístico. Todo un conjunto de trabas que en nada ha favorecido a la debilitada economía gallega. En este sentido, cabe destacar el rechazo de la Xunta a la implantación de una gran piscifactoría de Pescanova en la Costa da Morte, proyecto que fue recibido con los brazos abiertos en Portugal.

Ante este panorama, no es de extrañar que gran parte del empresariado gallego ansiara la derrota del anterior Gobierno regional. El ejemplo más patente de la nefasta política económica desarrollada hasta el momento lo constituye, sin duda, el hecho de que la administración pública se haya convertido en la principal agencia de colocación de empleo en la región. Así pues, no es de extrañar que, aún hoy en día, muchos universitarios gallegos opten por emigrar ante la falta de perspectivas de futuro.

Feijóo tiene un gran reto por delante. La crisis ya está golpeando con fuerza a esta comunidad autónoma, al igual que al resto de España, y el PP deberá demostrar que está a la altura de las circunstancias. Para ello, el nuevo presidente de la Xunta tendrá que rodearse de un equipo de Gobierno eficiente y capaz, sabedor de los grandes desafíos que le esperan por delante. Por suerte, la sociedad gallega, apegada a la tradición pero con ansias de modernismo y desarrollo, presenta grandes fortalezas, tal y como me advertía muy acertadamente Pedro Santos, un brillante miembro del PP gallego que, junto a otros jóvenes políticos, está llamado a liderar el necesario impulso que precisa esta región.

El turismo, la industria textil y agropecuaria, el sector automovilístico, el ámbito energético y, cómo no, la referencia universal de Santiago de Compostela para la cristiandad, la cultura y la enseñanza son tan sólo algunas de las ventajas competitivas que presenta esta región. Pese a todo, la historia nos demuestra que un mal Gobierno, como el ejercido durante la pasada legislatura, puede frenar e incluso paralizar por completo el desarrollo económico que ansía toda sociedad, tal y como está sucediendo hoy en Cataluña o acontece desde hace años en Andalucía y Extremadura, por citar tan sólo algunos ejemplos. Se abre, pues, un tiempo de cambio político, pero también de esperanza en Galicia. Dentro de cuatro años haremos balance.