Ir al contenido principal

Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Fallos del mercado. Perdone, ¿fallo de quién?

El mercado ha fallado, se nos dice. Incluso economistas que aparentemente parecían defender el libre mercado abrazan esta tesis, como el caso del chicaguense Richard Posner en su reciente libro A Failure of Capitalism.

A esta tesis responde Peter Boettke con una analogía del exitoso nadador olímpico Michael Phelps: "Si ataras de brazos y piernas a un nadador de primera como Michael Phelps, le ataras pesadas cadenas sobre los pies y le lanzaras a una piscina y se hundiera, no lo llamarías un ‘fracaso de la natación’ o un fracaso de Michael Phelps. Entonces, cuando los mercados han operado con el lastre de excesivas y perjudiciales regulaciones, ¿por qué llamarlo ‘fracaso del capitalismo’?"

Pero una vez que se llega a la conclusión de que el mercado ha fallado, la idea más ampliamente aceptada es que el Estado debe intervenir para solucionarlo. Estos fallos del mercado aparecen por doquier en la mente de los intervencionistas, ya sea cuando se produce cualquier tipo de efecto externo, existen presuntos bienes públicos, el mercado no es "perfectamente competitivo", la información es "asimétrica e imperfecta", existe "elevado riesgo e incertidumbre", el número de especies del oso polar en Alaska no es el óptimo, o cualquier otra excusa que se les ocurra.

Sin embargo, antes de identificar un fallo de mercado y clamar por una mayor intervención, no estaría de más pararse a reflexionar sobre estos puntos:

  1. ¿Existe realmente un mercado que pueda funcionar libremente y al que, en consecuencia, se le pueda culpar por resultados no deseados? Quizá, por ejemplo, no estén bien definidos ni protegidos los derechos de propiedad, por lo que estrictamente, no existiría un mercado. Piense, por ejemplo, en los problemas originados por los efectos sobre especies animales y marinas de la caza y pesca en recursos comunes (problema conocido como "tragedia de los comunes").
  1. ¿Cuál es la estructura legal e institucional que influye la actividad que supuestamente es un fallo del mercado? Quizá, como decía Boettke, los individuos que forman ese mercado están expuestos a una maraña de regulaciones y restricciones que dificulta sus interacciones voluntarias y origina ineficiencias. Piense, por ejemplo, en la escasa innovación y emprendimiento en España, actividades que algunos señalan como sujetas a estos fallos del mercado.
  1. ¿Bajo qué criterios está juzgando al mercado? El mercado es una institución humana, por tanto imperfecta, y utilizar el criterio de la perfección no vale. Parece algo obvio, pero no lo es. Y es que, como recuerda Lucas Engelhardt, "comparar el mundo real con construcciones imaginarias (léase modelo de competencia perfecta u criterio de eficiencia paretiana) y usar éstas para condenar a la realidad es una práctica largamente aceptada en la economía convencional. Los austriacos están en frecuencia solos al declarar que ésta no es una forma válida de medir la optimalidad de los resultados del mercado".
  1. ¿Realmente es deseable solucionar ese presunto fallo? Quizá los costes de solucionarlo sean muy altos. ¿Por qué no se ha solucionado hasta el momento? Quizá existiera alguna traba administrativa, legal o de otro tipo que impidiera su resolución. ¿Por qué supone que no se va a solucionar en un futuro inmediato? Quizá al tratar de corregir ese problema de manera estatal en un punto determinado del tiempo, lo que haces es evitar que aparezca una solución de mercado un poco más tarde, obstaculizando el proceso de descubrimiento empresarial. Piense, por ejemplo, en las innovaciones que se impidieron durante décadas en el sector aéreo por ser monopolios legales.
  1. ¿Por qué está suponiendo que, en caso de hallar un problema real, sería deseable que el Gobierno interviniera? Quizá esté juzgando con distinto criterio al mercado y al Gobierno. Mientras que al primero le ve fallos, al segundo lo analiza en sus modelos como un tipo ideal. ¿Acaso el Gobierno no tiene fallos? ¿Sabe cómo funciona el proceso político? ¿Realmente le gustaría confiar la resolución de los problemas en los políticos y burócratas, esos mismos que tan frecuentemente salen en los medios acusados de corrupción y asuntos sucios varios, y que tanto le mienten, engañan y manipulan en su misma cara solo para conseguir su voto? Y una vez analizado el funcionamiento de la política con una adecuada teoría de la acción humana, ¿cómo sabe que los fallos del mercado son más graves que los del Gobierno?

Resulta que cuando uno se para a pensar sobre estos puntos, al menos quien escribe estas líneas concluye que se suele utilizar un doble rasero para valorar los resultados del mercado y los del Estado.

Esto creo que se puede ver con claridad en el caso de la educación en España. Pocos dudarán del penoso desempeño del sistema educativo español. Sin embargo, pocos defienden que el Estado se retire de la arena educativa, y el consenso mayoritario pide que se haga un Pacto de Estado, que se hable con todas las fuerzas sociales, etc., etc. Es decir, continuar con el estatismo pero darle alguna vuelta de tuerca.

Por el contrario, imagínense que la educación estuviera a cargo del sector privado y que, imaginemos, estuviera dando tan malos resultados como los actuales (aunque lo más probable sería que desde el Estado se exageraran negativamente esos resultados, y que se nos dijera que de no ser por un cambio hacia un modelo estatalizado, la sociedad acabaría en la miseria educativa). En ese caso, ¿alguien duda de la reacción de los políticos y de muchos intelectuales? "¡El mercado ha fallado, hay que intervenir!", se nos diría.

O también podemos apoyar la tesis del doble rasero con un fenómeno recurrente: cuando fracasan las agencias o instituciones públicas a la hora de cumplir su papel, éstas exigen un mayor poder para tratar de evitar esos fallos en el futuro, y normalmente lo consiguen. Véanse los casos de los servicios de inteligencia para evitar el 11-S, la reguladora Securities and Exchange Commission (SEC) para evitar el caso de Madoff o la Reserva Federal americana con sus alocadas políticas, causantes en buena medida de la crisis actual. En cambio, las organizaciones privadas que en un libre mercado fracasan al no satisfacer las exigencias de los consumidores simplemente desaparecen.

Es curioso este doble modo de pensar y, desgraciadamente, también de actuar. A los fallos del Estado se responde con más Estado, mientras que a los fallos del mercado se responde del mismo modo: con más Estado e intervención.

Crisis y dirigismo económico

Bajo esta premisa incontestable no cabe sino celebrar que setecientas mil personas que votaron PSOE en las últimas europeas hayan decidido enviarle un mensajito al co-líder planetario negándole su apoyo. Claro que también puede hacerse la lectura contraria: a pesar de los dos millones de nuevos parados que ha creado Zapatero el descenso en número de votos ha sido inferior a la mitad. Y encima el PP, con una economía destruida, las generaciones futuras hipotecadas y el peor gobierno de la historia de la humanidad, sólo ha conseguido aumentar en doscientos mil votos su último resultado europeo.

Y como la cocina de los partidos es capaz de reconstruir la realidad para convertir en victoria hasta la derrota más evidente, al día siguiente de las elecciones todos nos venden su actuación en clave de éxito. Se trata tan sólo de encontrar un argumento lo suficientemente complicado para que el espectador se limite a aceptar las conclusiones que el partido ha establecido de antemano. Esto es lo tradicional, pero lo cierto es que Rajoy se ha pasado de entusiasmo con su explicación de la victoria pepera.

Dice Mariano, sin que nadie le pregunte, que la victoria del Partido Popular en las elecciones europeas confirma la validez de la estrategia surgida del congreso de Valencia (capital Sofía). Bien, es posible que tenga razón, pero si es así habrá que convenir que la política socialista surgida del caletre del líder cósmico es a su vez perfectamente válida para renovar indefinidamente su presencia en La Moncloa, pues rodeado de frikis semialfabetizados, con una recesión brutal, el ridículo más espantoso como divisa en nuestras relaciones internacionales, un vicepresidente implicado en sonados casos de nepotismo y a punto de llegar a la cifra monstruosa de cinco millones de parados, su partido ha quedado tan sólo a menos de cuatro puntos del PP, en unas elecciones que, además, interesan muy poco a los votantes.

Si esto es todo lo que el congreso de Valencia da de sí en términos electorales, ya puede Mariano convocar dos o tres guateques más antes de 2012 para confirmar la idea seminal surgida en aquellas tierras (fuera María San Gil, fuera liberales, fuera conservadores y aquí estamos p’ayudar), y alfombrar convenientemente su añorado aterrizaje en La Moncloa. Es difícil saber a quién invitará a dejar el partido en esas nuevas ediciones, pero una cosa es segura: Gallardón no está nominado.

El líder planetario y la paella marianil

Pero una vez revisada la tabla de las mejoras específicas del nuevo iPhone 3GS, la verdad es que no parece que vaya a animar a los usuarios a actualizarse, aunque sí puede convencer a quienes aún no lo tienen.

Lo primero que hay que recordar es que algunas de las novedades estarán disponibles también para los usuarios del anterior iPhone, porque son mejoras incorporadas al sistema operativo del teléfono y no necesitan de cambios en el hardware. Así, características que deberían haber estado presentes desde el principio –como son la posibilidad de copiar y pegar, el teclado apaisado y el soporte de mensajes multimedia MMS– funcionarán en todos los modelos. También será posible incorporar al fin una aplicación GPS como Dios manda, aunque habrá que ver a qué precio.

Lo realmente nuevo del 3GS es la incorporación de un procesador más rápido y que consume menos, aunque aún no se sabe cuál han empleado. De este modo la batería dura algo más y el teléfono tiene capacidad para hacer cosas como grabar vídeos. Sí, es verdad que ya existían aplicaciones que permitían hacerlo, pero estaban limitadas a unos 15 fotogramas por segundo, porque el procesador de los anteriores iPhone no daba para más. También incorpora una brújula digital, cuya utilidad no parece excesiva, y una cámara con enfoque automático que quizá sea lo más atractivo de cara al comprador. Además, se dobla la capacidad con un modelo de 32 gigabytes.

Existe, eso sí, una característica que hará enfadar a los propietarios actuales del iPhone: los comandos de voz. No existe, en principio, razón alguna para que estén disponibles sólo en el nuevo teléfono, de modo que parece una limitación artificial para animar a actualizarse.

En definitiva, no parece que se vayan a repetir las interminables colas en las tiendas. La decisión de comercializar el iPhone 3G de 8Gb a un precio sensiblemente menor seguramente consiga atraer a nuevos clientes por la parte baja del nivel adquisitivo y puede que algunos usuarios que aún no lo habían comprado se animen ante las nuevas características, especialmente la cámara y su práctico sistema de pulsar en la pantalla al objeto que quieres enfocar. Pero este nuevo 3GS tiene todo el aspecto de ser un modelo de transición.

El año pasado, cuando Apple compró PA Semiconductors, todo el mundo asumió que el objetivo de la adquisición era incorporar a la compañía de la manzana a un equipo de diseñadores de chips competente y especializado además en ofrecer más potencia por menos consumo. La contratación de varios ingenieros especializados añadió más peso a esa sospecha. No obstante, desarrollar esos nuevos chips lleva tiempo, de modo que habrá que esperar al menos al modelo del año que viene para ver los frutos de ese trabajo. Y, por lo que parece, también habrá que esperar a entonces para actualizar nuestros iPhones.

Moción de censura

Los resultados de las elecciones europeas no son especialmente brillantes para el PP. Con cuatro millones de parados en la calle, y en unas elecciones sin coste para el elector y en las que se puede expresar un voto de castigo sin consecuencias en el reparto de poder en España, deberían haber ganado por no menos de cinco puntos. La ventaja sobre los socialistas, muy pobre, nada debe a Mariano Rajoy.

No es el PP el protagonista de estas elecciones, y de hecho Rajoy ha hecho lo posible por hurtar a su partido cualquier protagonismo. Es el PSOE y su líder, Rodríguez Zapatero. La crisis les está comiendo por los pies. Los españoles están anestesiados de tantos golpes de efecto que ya han perdido su impacto.

Pero Rajoy no debe olvidar el poder que tiene la izquierda movilizada. No hay más que ver lo que fueron los cuatro días de marzo de 2004. Jugar a que el INEM le gane las elecciones es suicida. Y tampoco debe olvidar que a sus espaldas hay una alternativa españolista y liberal, llamada UPyD, que se consolida en estas elecciones.

Por eso, porque es necesario recuperar la confianza en un nuevo liderazgo, porque es urgente echar del poder a los socialistas, este es el momento de recuperar el proyecto de presentar una moción de censura contra el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Esta es la hora de Mariano Rajoy. Es la hora de que tome una determinación sobre su propio liderazgo, sobre su papel en el necesario cambio que necesita la sociedad española.

Eurohastío

En algunos países, como Polonia, la abstención se situará en torno al 80%. Pero nada de esto detendrá el constante chaparrón de frases altisonantes y la insufrible pedantería típica de los diputados y comisarios europeos.

Mi absoluto desinterés por los resultados no es fruto de la supuesta falta de poder político del Parlamento Europeo. Todo lo contrario. Me aterroriza el inmenso poder que ha acumulado este órgano en los últimos años. Cada vez son más las leyes españolas que no hacen otra cosa que trasponer las directivas que de allí provienen. Desde normativas antimonopolio hasta leyes educativas, pasando por las nuevas regulaciones medioambientales, casi todo tiene su oscuro origen en un parlamento en el que quienes calienten asiento cobrarán la friolera de 7.550 euros brutos al mes, cantidad que casi se verá duplicada con las dietas y otros pagos por "representarnos".

Los defensores de esta obscenidad alegan que hay que entender la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros. Personalmente, la irresponsabilidad de estos seres me resulta inigualable. Toman todo tipo de decisiones sobre nuestras vidas que limitan nuestra libertad desvalijando nuestras rentas y nuestros ahorros. Quien no asume los costes ni recibe los beneficios de sus decisiones, difícilmente puede ser considerado responsable. El eurodiputado, más que ningún otro político, es un perfecto irresponsable que gasta el dinero de gente lejana en absurdos proyectos como la política agraria común o la política de energías renovables que hacen todavía más pobre al ciudadano que esquilma. La lejanía y la compleja estructura de poder y las listas cerradas provocan que el despellejado ciudadano de la Unión no tenga forma de controlar a esta casta privilegiada que nos mira al resto por encima del hombro.

Todo esto debería despertar mi interés y el de millones de europeos a los que no les importa un comino lo que pase en estas elecciones europeas. Y sin embargo, me hastía. ¿La razón? Posiblemente que la diferencia entre socialistas europeos y populares europeos me resulte, nos resulte, inexistente. A cual más ultraintervencionista. Pongamos el caso de Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea. ¿Es socialista o popular? Pocos lo saben y aún menos están interesados en descubrirlo. Podría ser cualquier cosa porque su política se debate entre la más pura demagogia y el intervencionismo más descarado.

Cuando termino de escribir estas líneas leo en la pantalla de Libertad Digital que, al parecer, el PP ha ganado en España por un par de escaños y que el centro derecha amplía su ventaja en el Parlamento Europeo. ¿Y qué más da? Ni la política española se verá afectada ni las políticas europeas serán menos liberticidas.

Creo que lo único que despertaría mi interés en las elecciones europeas sería la aparición de un partido euroescéptico en este país. Paradójicamente, ese hecho podría ser lo único que redujera la abstención que tanto molestan a la izquierda y a la derecha. ¿Quién se anima?

Monseñor Zerolo

Esta fascinación de la izquierda por la liturgia católica es muy comprensible, dado que el progresismo actúa también a modo de religión, con sus profetas, sus presbíteros, sus fieles y su Sagrada Inquisición de lo políticamente correcto. El problema es que se emocionan en el proceso y comienzan a exigir extravagancias, que es lo que le ocurrió a Fray Zerolo nada más terminar la liturgia bautismal del chiquillo de Cayetana Guillén Cuervo, el primer niño español que recibe las sagradas aguas socialdemócratas para que hagan de él un progre a la altura de lo que esperan y merecen sus papás.

En efecto, nada más ungir al pequeñuelo y presa de la emoción por haber protagonizado un acto de esa trascendencia, Monseñor Zerolo exigió que en todos los ayuntamientos exista un registro de bautismo laico, como si el acto que acababa de celebrar tuviera alguna relevancia jurídica que el Estado debiera consignar. La Iglesia, como institución privada, lleva el registro parroquial de los niños bautizados sin que el Estado intervenga en el proceso, dado que se trata de un acto sin efectos legales, que es exactamente lo mismo que ha hecho el concejal madrileño con esta criatura. Si quiere registrar el acontecimiento no tiene más que comprar una libretica y hacer la anotación correspondiente, pero exigir a los madrileños que paguen el gasto de una oficina pública con el único objeto de que el gobierno municipal se parezca cada vez más a una Diócesis se antoja excesivo incluso para Zerolo… O sea que pueden estar seguros de que Gallardón incluirá la creación de este registro en su programa para las próximas municipales.

El laicismo sociata, como vemos, no consiste en rechazar al cristianismo sino en sustituirlo, que es algo bien distinto. A este paso no es descartable que pronto tengamos una Semana Laica, coincidente en fechas con la tradicional Pascua católica, así que no se extrañen si un día ven desfilar por las calles de su localidad de vacaciones el paso de Mister X amarrado a la columna, o azotado por el sindicato del crimen. Cofrades no le han de faltar.

¿Apretarías el botón?

En una ponencia después de finalizar la Segunda Guerra Mundial Leonard Read declaró: "Si hubiera un botón en esta tribuna que suprimiera al instante todos los controles de precios y salarios, lo apretaría". Murray Rothbard utilizó luego el ejemplo de Read para definir su postura abolicionista con respecto al Estado: si existiera un botón que eliminara al instante todas las invasiones a la libertad (esto es, que pusiera fin al Estado y a todas sus intervenciones inmediatamente), el liberal coherente debería apretarlo.

Rothbard plantea el escenario imaginario del botón en el contexto de su discusión sobre el abolicionismo y el gradualismo en el desmantelamiento del Estado. ¿Puede un liberal defender la disolución gradual del Estado por principio? Rothbard sugiere una analogía con el esclavismo: ¿es ético sostener que la esclavitud debe abolirse de forma gradual? Si desde el liberalismo se entiende que la esclavitud es injusta, uno debería estar dispuesto a "apretar el botón". De lo contrario estaría legitimando la esclavitud durante el intervalo de tiempo en que no lo apretara. Otra cosa es que en la práctica no haya ningún botón mágico y tengamos que conformarnos con pequeños pasos en la buena dirección porque no está en nuestra mano darlos más grandes. Pero filosóficamente debemos ser abolicionistas.

Un problema con el escenario imaginario del botón es que no dice nada sobre cómo extingue esas invasiones a la libertad: ¿convierte a la gente en robots? ¿Destruye todos los edificios públicos y desarma a las fuerzas policiales? ¿Hace cambiar de ideas a la sociedad? Dependiendo de cuál sea la respuesta apretar el botón deja de tener sentido. Si destruye el Estado, disolviendo las instituciones sociales que monopoliza (derecho, dinero) y los servicios que proporciona (policía, justicia), la sociedad retrocederá unas cuantas décadas y será sumida temporalmente en el caos para luego ver como emerge un nuevo Estado donde estaba aquél. Si el botón cambia mágicamente las ideas de la gente, entonces es posible poner fin de inmediato a todas las invasiones a la libertad, pero aún en este caso hay que hacer un matiz importante.

En un hipotético escenario en el que la mayoría de la población fuera hostil al Estado y tuviera ideas liberales, su abolición formal inmediata sería posible, pero el principio de no agresión no exigiría abolir todos sus componentes y programas de facto y al instante. Algunos servicios e instituciones deberían disolverse o transformarse gradualmente.

Roderick Long ha tratado este tema en un excelente ensayo sobre estrategia anarco-capitalista y privatización del Estado: Dismantling Leviathan From Within. Long explica que el Estado hace básicamente tres cosas: carga impuestos, regula y proporciona servicios. De las tres, la única cuya abrupta interrupción causaría caos social es la provisión de servicios. Pero dispensar servicios como la policía, los bomberos o los tribunales de justicia no constituye, per se, una agresión. La agresión se produce al financiar estos servicios con impuestos, y al impedir legalmente que otras empresas entren en el mercado para ofrecer el mismo producto. Luego una disolución gradual de los servicios estatales no atenta contra los principios liberales siempre y cuando pueda encontrarse una solución al problema de la financiación y la desmonopolización.

En el hipotético contexto de una sociedad muy escorada hacia el liberalismo lista para dar el salto del minarquismo al anarco-capitalismo, Long propone privatizar la financiación de los servicios públicos que son útiles para la ciudadanía (justicia, policía etc.) y abrirlos a la competencia. El Estado mínimo, ahora privatizado, seguiría siendo el principal proveedor de esos servicios durante un lapso de tiempo, pero estaría sometido a la disciplina del mercado y no recurriría a la coacción para financiarse. Long sugiere varias alternativas para financiar voluntariamente los servicios e instituciones recién desnacionalizadas:

  • El Gobierno privatizado podría exigir precios por sus servicios. En tanto permitiera la entrada de competidores no sería una práctica agresiva. Como el mercado tardaría un tiempo en producir competidores la demanda de servicios del Gobierno sería amplia al principio y éste obtendría abundantes ingresos (la auto-imposición de un control de precios podría justificarse alegando que el Gobierno tiene ahora una posición ventajosa en el mercado debido a su previa condición de monopolio público). Conforme entraran nuevas empresas en el mercado el Gobierno tendría que competir como cualquier otra compañía privada.
  • El Gobierno podría apelar a la caridad de los ex contribuyentes para sufragar servicios esenciales. Una opción sería gravar a los ciudadanos como antes, pero no hacer que el pago sea obligatorio. La mayoría seguramente dejaría de pagar, pero algunos no, ya fuera por un sentimiento de deber cívico o por conformismo social.
  • Confiscar y gravar con impuestos obligatorios a los que en el período estatista se han beneficiado de privilegios legales. Los ingresos obtenidos podrían ayudar a financiar los servicios del Gobierno, una forma de restituir a la sociedad por los males causados.
  • Restringir el voto a los que contribuyeran a financiar el Gobierno. Cuando el Gobierno tiene un monopolio sobre los servicios legales, la policía, etc. es razonable que los usuarios exijan el derecho a ejercer algo de control mediante el voto en nombre de la autodefensa. Pero si el Gobierno deja de ser un monopolio (como en nuestro caso hipotético), pasa a ser un proveedor de servicios como cualquier otro y sus consumidores ya no tienen derecho a exigir participar en la toma de decisiones. Si quieren hacerlo, pueden pagar una contribución. Algunos ciudadanos, por el hábito de ejercer el voto y participar en la toma de decisiones, quizás estarían dispuestos a pagar.

Apretar el botón de Rothbard, por tanto, no está reñido con desmantelar la provisión de servicios estatales gradualmente. El problema es cómo convencer a la sociedad de que el Estado es contraproducente e innecesario sin la ayuda de ningún botón mágico.

Abstente contra la Unión Europea

La hostilidad está justificada: la UE es un lastre para la economía y un peligro para la libertad de los británicos y el resto de europeos. Por eso espero que mañana el UKIP, el partido que defiende sin ambages la emancipación de Gran Bretaña de esta Unión crecientemente política y burocrática, reciba un fuerte espaldarazo. El UKIP (United Kingdom Independence Party) ya tiene nueve diputados en Bruselas, y algunos sondeos lo sitúan por delante del laborismo después del escándalo de los gastos parlamentarios en Westminster. Si el Partido Conservador y el UKIP consiguen una mayoría, el euroescepticismo se anotará una importante victoria. 

La Unión Europea tiene sentido como área de libre comercio donde bienes, capitales y personas se desplazan sin barreras legales. Pero desde hace años asistimos a la concentración de poder en Bruselas en ámbitos que van desde la justicia al medio ambiente pasando por la regulación del comercio o del mercado laboral. Estamos ante la construcción de un Estado supra-nacional que va sustrayendo a los gobiernos sus prerrogativas y tiene el potencial de convertirlos en meras administraciones provinciales. Algunos se preguntarán qué hay de malo en eso. Mucho.

Empezando por lo anecdótico, el escándalo de los gastos parlamentarios en el Reino Unido palidece ante las cifras de Bruselas, que ahora están empezando a airearse en la prensa inglesa: 420.000 euros en gastos anuales por diputado, incluyendo 302 euros de dietas diarias y 52.800 euros para gastos de oficina sin necesidad de facturas. Una cuarta parte de los diputados emplea a sus esposos para quedarse con una mayor parte del botín. Jens Hom, parlamentario sueco, declaró haber recibido 2000 euros por cada uno de sus viajes a Estocolmo, pese a que le costaban sólo 500. Horn dijo que donaba la diferencia, pero que la mayoría de parlamentarios se la embolsaba. La prensa apenas denuncia este atropello porque está segmentada por países y lenguas y pendiente de noticias nacionales. Lo que pasa en Bruselas queda muy lejos y a nadie le importa. Sin embargo lo que se decide en ese parlamento de 785 diputados casi anónimos nos afecta a todos. Para mal.

Tomemos el caso del Reino Unido. El 50% de las regulaciones que se aplican en el país vienen de Bruselas, y sus costes representa el 72% del total. Si la tendencia continúa, un estudio de Open Europe ha estimado que en 2018 cada familia inglesa habrá pagado 16.500 euros para costear todas las regulaciones desde 1998. Eso no incluye el coste de oportunidad de la "sobre-regulación" (aquella riqueza que se deja de producir porque se obstruye "demasiado" el mercado), que está cifrada por otro estudio en 32.400 millones de euros al año, o 1200 euros por contribuyente. El comisario europeo Gurten Verhuegen citó estudios que situaban el coste de las regulaciones de la UE en el 3,5% del PIB para los Estados miembros. Actualmente se aplican en Europa 24.500 normas legales con origen en Bruselas.

Suiza hizo balance de costes y beneficios cuando se planteó entrar en la UE y concluyó que ser miembro pleno iba a costarle seis veces más que los actuales tratados de libre comercio y libre movimiento de personas que tiene con Europa. ¿Por qué no se escinde España de la UE y hace como Suiza? El Estado español es recipiente neto de ayudas, pero los ciudadanos seguimos perdiendo: las regulaciones europeas tienen ingentes costes directos e indirectos, la PAC encarece nuestra cesta de la compra, y cada euro destinado a Bruselas estaría mejor en nuestro bolsillo.

Algunos creen que el problema es que en Bruselas no gobiernan los "suyos". No. El problema es la centralización política, que siempre debería despertar suspicacias ya ocurra en Madrid, en Bruselas o en la ONU. A más centralización, menos competencia. En el mercado, si una empresa sube sus precios o nos ofrece un mal servicio vamos a la competencia. En el terreno político no gozamos del mismo "derecho de salida", pues el Estado es un monopolio jurisdiccional. Pero sí podemos emigrar a otro Estado si las cosas empeoran mucho. Cuantos más Estados haya y más cerca se encuentren, más fácil será deslocalizar nuestra empresa si suben los impuestos, o exiliarnos si las leyes se vuelven muy represivas.

La descentralización tiene dos ventajas. Primera, a igualdad de circunstancias cuanto más pequeña es una unidad política menos atractivo resulta el proteccionismo, pues necesita comerciar más con el exterior. Segunda, un mayor número de unidades políticas facilita el "voto con los pies" y la competencia fiscal entre administraciones para evitar la deslocalización y atraer capital (por eso está desapareciendo el impuesto de sucesiones en España y se ha reducido el de sociedades en Europa).

Por desgracia no hay ningún partido español que tenga el buen juicio de defender la secesión de España de la unión política europea (que no económica). Así que me decanto por la abstención, siempre atractiva, que no envía inequívocamente el mensaje anti-UE que me gustaría, pero que como mínimo denota pasotismo y desprecio hacia ese Estado que crece a la sombra en Bruselas.

Prietas las cejas

El salón de actos del Círculo de Bellas Artes estaba desangelado, con las filas centrales ocupadas en su mayor parte por políticos socialistas, aunque en honor a la verdad hay que añadir que también se dejaron ver por el lugar algunos rostros juveniles de artistas que están comenzando en la profesión como Rosa León, comunista y autora del megahit Debajo un botón ("debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había una subvención, ción,ción, de Leire Pajín, jin, jin").

El que Leire Pajín exija a sus empleados del artisteo que vuelvan a hacer la astracanada de tocarse la ceja pidiendo el voto para el PSOE es algo normal que, además, entra en su sueldo como dirigenta del partido. También lo es en el caso de la nueva ministra de Cultura, si bien en menor medida dado que hasta hace unos meses estaba al otro lado del mostrador trincando subvenciones en lugar de repartirlas (un poquito de decoro, Sinde, por favor). Pero lo que sorprende es el argumento empleado por ésta última para reclamar que, además de pagar vía impuestos un sobreprecio estratosférico por el trabajo de "las gentes de la cultura", cuyas obras apenas interesan a nadie, los españoles lo hagamos también con entusiasmo.

Según González-Sinde refiriéndose a los artistas de la subvención, "quien tiene ideas limpias no falta el respeto a los trabajadores, no insulta a los artistas, no es intolerante; defiende siempre a quienes se esfuerzan, a los creadores, defiende con verdadero patriotismo nuestra cultura". Sin embargo son sus protegidos los que insultan a quienes no piensan como ellos en materia política ("derecha cerril y reaccionaria" a la que hay que aislar mediante "un cordón sanitario"), ellos quienes faltan el respeto a los trabajadores cuyos bolsillos esquilman anualmente y ellos, finalmente, quienes hacen gala en su proceder diario de una absoluta intolerancia hacia los que, a diferencia suya, tenemos una idea decente de la vida.

En cuanto al patriotismo esgrimido por la ministra como razón última para apoyar a sus excolegas, resulta pintoresco que se reclame ese hemipléjico amor a la patria para pedir dinero con destino a unos cineastas y otros creadores que jamás utilizan ese concepto en sus obras, excepto para ridiculizarlo como un anacronismo propio únicamente de fascistas encubiertos.

Por eso cuando oigo a un progre hablar bien de la patria inmediatamente me cambio la cartera de bolsillo. Espero que no me lo tomen a mal; es sólo por precaución.

¿PP o UPyD?

Sin embargo, desde que Rajoy decidió echar desdeñosamente de su partido a los liberales, existen dudas más que razonables de que el PP quiera y pueda seguir representándonos mínimamente. De hecho, las dudas son de tal entidad que algunos liberales incluso han apostado en los próximos comicios por un partido afín a la izquierda como UPyD.

Es normal, por consiguiente, que muchos liberales no tengan muy claro qué votar el día 7. Mi propósito con este artículo no es más que analizar las propuestas de política económica contenidas en los programas electorales de PP y UPyD, para ver cuáles son más acertadas y respetuosas con la libertad de los europeos. Descarto a Izquierda Unida por motivos obvios y al PSOE, porque se ha embarcado en una batalla ideológica contra el libre mercado que muchas veces hace que sea igual de inútil y peligroso que los comunistas.

Dividiré mi análisis en los cuatro grandes campos que podríamos asociar con las políticas económicas de la UE: la política agraria, la política monetaria, la política energética y una miscelánea de regulaciones sociales varias.

Política agraria

Ninguno de estos dos partidos pretende introducir cambios verdaderamente profundos en la configuración de las políticas económicas europeas. En general, son defensores del statu quo o, en todo caso, unos reformadores timidísimos. La agricultura no es una excepción.

Ni el PP ni UPyD piden la eliminación de la PAC, ese costosísimo programa de protección de los agricultores y ganaderos europeos a costa de los consumidores y productores extranjeros. Por consiguiente, para decidir quién tiene una actitud más liberal en este campo habrá que fijarse en la intensidad y decisión con que defienden la PAC.

Pues bien, el PP es mucho más entusiasta que UPyD a la hora de mantener este engendro intervencionista, y apuesta sin dudarlo por conservar la PAC más allá de 2013, por no recortar en absoluto los multimillonarios fondos que se transfieren a los agricultores y ganadores, por poner en marcha "instrumentos de intervención" en el mercado y por primar la producción agrícola europea frente a la del Tercer Mundo mediante aranceles. En otras palabras, el PP se postula sin complejos como la punta de lanza de los intereses del lobby agrícola dentro de Europa. Nada que debiera sorprendernos, viendo dónde tiene sus graneros electorales.

Por su parte, UPyD, si bien pretende conservar la PAC, trata de orientarla hacia el lado más empresarial. Su objetivo es lograr la conservación del campo europeo no mediante la subvención, sino tratando de incrementar su competitividad. Desde luego, se trata de un objetivo condenado al fracaso, pero al menos denota una perspectiva más amistosa para con el mercado.

Pero lo más importante es que UPyD pide la eliminación de los aranceles para los productos agrícolas y ganaderos del Tercer Mundo. Es cierto que esta excelente idea la matiza exigiendo a estos países que sus condiciones laborales, medioambientales y sanitarias sean homologables a las europeas (esto es, propone establecer restricciones no arancelarias al comercio y arrebatar a aquéllos su ventaja competitiva frente a Occidente), pero al menos acierta cuando dice:

Parece poco coherente apostar por la ayuda a los [países del Tercer Mundo] mientras que al mismo tiempo se ponen trabas y gravámenes de todo tipo a los productos con que estos países tratan de entrar en nuestros mercados.

Dado que el PP también apoya las restricciones no arancelarias, con tanto o mayor ímpetu que UPyD, esta última formación tiene decididamente una postura más liberal que la primera en el ámbito agrario.

Política monetaria

Ni PP ni UPyD defienden (faltaría más) una política monetaria sensata, basada, por ejemplo, en la abolición de las leyes de curso forzoso y la libertad de emisión de moneda, o, en su defecto, en un retorno al patrón oro por parte del Banco Central Europeo. Tampoco nada sorprendente. Así las cosas, deberemos analizar sus propuestas de política monetaria en función de su semejanza con un régimen de libertad monetaria y por cómo afectarían al patrimonio de los europeos.

El PP propone que el BCE se limite a cumplir con su objetivo de dar estabilidad a los precios (en el rubro precios incorpora acertadamente los de los activos financieros e inmobiliarios, a diferencia de lo que sucede ahora). Asimismo, pretende limitar la capacidad de endeudamiento de los Estados bajo el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Las dos son propuestas bastante sensatas (evitar las expansiones crediticias y reforzar la calidad de la deuda pública), que limitarían la inflación y protegerían el patrimonio de los ciudadanos.

Sin embargo, este acierto se ve ensombrecido por algunas extrañas contradicciones (propone que el BCE baje los tipos de interés y expanda el crédito para que los Estados puedan endeudarse con menos cortapisas) y ataques frontales a la libertad como su propuesta de armonización tributaria europea y su respaldo a la persecución de los paraísos fiscales. Parece que el PP, lo que nos quiere ahorrar por el lado inflacionario no los quiere quitar por el impositivo.

UPyD también presenta en su programa la muy acertada idea de incorporar los activos inmobiliarios y financieros a los precios en que debe fijarse el BCE para establecer su política monetaria, pero, incomprensiblemente, pretende expandir los cometidos de dicha entidad a la promoción del empleo (esto es, expandir artificialmente el crédito para generar booms artificiales en la economía que aumenten de manera temporal el empleo), en lugar de limitarlos a que vele por la estabilidad de precios.

Además, UPyD no sólo no defiende la restricción del endeudamiento público que sí propone el PP mediante la reforma del PEC, sino que aboga por éste. Y, por si fuera poco, también defiende la armonización fiscal. En otras palabras, sienta las bases para una mayor expansión crediticia, una deuda pública de peor calidad y una subida de impuestos.

Aunque por poco, en este punto el PP presenta un programa más liberal.

Política energética

Ninguno de los dos propone levantar las restricciones al mercado eléctrico, esto es, a la regulación de tarifas y a la configuración de las fuentes energéticas a las que pueden acudir los distribuidores. Ambos, pues, aceptan el modelo de planificación cuasi soviético que nos han impuesto los burócratas europeos y nacionales.

Tanto PP como UPyD hablan de diversificar el mix energético con una apuesta por las renovables, obviando los enormes perjuicios que las ayudas públicas a este sector están provocando en la economía. Por otro lado, ambas formaciones se muestran, afortunadamente, partidarias de reabrir el debate nuclear.

Por consiguiente, en este punto ninguna de las dos tiene una posición más claramente liberal que la del otro.

Miscelánea social

En los dos programas se presentan de forma más o menos dispersa una serie de propuestas destinadas a modificar eso que se ha dado en llamar "la Europa social", modelo que ninguno se plantea reformar, facilitando la transición hacia, por ejemplo, una sociedad de propietarios.

En esa Europa social cabe de todo, pero, básicamente, PP y UPyD piden mejorar la calidad de la enseñanza para que pueda ser el principal activo de los ciudadanos. Craso error: la educación –especialmente tal y como está planteada ahora mismo– sólo es un activo complementario para el mercado laboral, pero no uno que permita al individuo alcanzar la autonomía financiera (en cambio, la autonomía financiera, en tanto exime de la necesidad de trabajar, sí permite mejorar el nivel educativo del individuo). Por consiguiente, en lugar de favorecer una sociedad de propietarios responsables de sus ahorros e inversiones y de presionar por reducir las cargas impositivas, se empecinan en apoyar un sistema que claramente tiende a consolidar la proletarización de la gente (una sociedad de trabajadores y autónomos en lugar de una de propietarios de activos financieros y reales).

En general, las propuestas de ambas formaciones en este epígrafe son negativas para la economía y la libertad. El PP pretende crear un IVA verde y UPyD, un impuesto sobre las emisiones de CO2; ambas se oponen a la posibilidad de que un empresario y un trabajador pacten una jornada laboral de 65 horas semanales (con lo que apuestan por forzar a los trabajadores que quieran seguir esta jornada a buscar dos empleos distintos, con lo que eso supone de merma de productividad y pérdida de tiempo); y ambos (especialmente el PP) abogan por una cierta discriminación positiva a favor de la mujer (por aquello de permitirle conciliar la vida laboral y familiar), que sólo tiende a dificultar dificultar la contratación de las mismas por parte de las empresas.

En este apartado sólo sería capaz de señalar una propuesta positiva en cada uno de los partidos. El PP parece mostrarse partidario de incrementar la información accesible a los pacientes, lo que podría significar un levantamiento de la prohibición de la publicidad a las farmacéuticas (que encarece la investigación y eleva el precio de los fármacos), y UPyD propone prohibir la posibilidad de adoptar moratorias sobre los derechos fundamentales como el que reconoce la libertad de circulación de los trabajadores (lo que enterraría la típica tentación intervencionista de restringir la inmigración con retórica xenófoba, tal y como sucedió con la campaña del fontanero polaco).

Aquí, al igual que en el epígrafe anterior, tampoco hay un partido claramente más liberal que el otro: casi todo son puntos negativos, y los positivos se compensarían.

Así pues, PP y UPyD quedarían más o menos empatados en liberalismo (o antiliberalismo, según se mire). Me inclino a pensar que, mirando el conjunto, UPyD tiene un programa económico ligeramente más liberal que el PP (sobre todo por la política agraria de este último), pero, lo dicho, la diferencia es escasa. Otra cosa sería hablar de libertades en general, más allá del ámbito económico.

En todo caso, si quiere saber el sentido de mi voto, le diré que me abstendré: la farsa bruselense me parece de tal calibre, y tan contraria a nuestras libertades, que frente a ella no parece haber otra opción razonable que hacerle el vacío en las urnas.