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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Moreno, Rockefeller y el show del PP

La imputación es tan absurda como si en los tiempos en los que José Luis Moreno triunfaba en la televisión alguien corriera el rumor de que Rockefeller había traicionado a su dueño. Ni una sola palabra salía del pico del simpático cuervo sin que antes el ex ventrílocuo la hubiera susurrado, como tampoco hay frase pronunciada por Cobo que antes no haya sido apuntada por su jefe.

El problema, por tanto, no es cómo se sanciona al muñeco, sino ver si hay narices para castigar al ventrílocuo, que no las hay. Las declaraciones de Rajoy son la prueba evidente de que no tiene la menor intención de sajar una herida que supura desde que Gallardón intentó acabar con Esperanza Aguirre por métodos democráticos con un resultado, digamos, bastante discreto. En aquella ocasión también fue Cobo el encargado de representar el papelón, como después lo fue en el supuesto caso de los seguimientos ilegales de la Comunidad de Madrid, expediente a la altura del prestigio del grupo PRISA que acabó, naturalmente, en el ridículo más espantoso, es decir en la línea del personaje, su patrocinador y sus voceros.

Casi todo el mundo, comenzando por Pepiño Blanco, coincide en que el PP es en los últimos tiempos un circo de lo más divertido donde no dejan de crecer los enanos. Es lo que ocurre cuando en un partido político todos los dirigentes andan desnortados, intentando situarse en el bando ganador, sin que nadie sepa cuál de los seis o siete en liza va a resultar triunfante cuando pase la tormenta.

Y es que, sin ánimo de ser exhaustivos, la situación es la siguiente: Esperanza Aguirre apoya a Rajoy; Gallardón odia a Esperanza pero mucho más a Rajoy, que no sabe a quién teme más de los dos; De Cospedal, por su parte, no quiere a Costa pero sí a Camps, quien a su vez teme a Rajoy al tiempo que reniega de Bárcenas, a quien Rajoy valora casi tanto como De Cospedal a Aguirre y ésta a Rato, todos los cuales opinan que Ricky es un niño pijo, pero no tanto como Ana Mato, que ya no se junta con Sepúlveda ante la atónita mirada de Mariano, que respeta y valora la lealtad de Sepúlveda casi tanto como la de Manuel Cobo.

Y mientras todo esto sucede, Javier Arenas… Bocanegra.

La paralela

Sin embargo, los datos conocidos confirmaron los presagios de que toda esta fanfarria ocultaba una simulación desde el principio y abrieron todavía más interrogantes.

Si se toman en serio, conducen a la conclusión de que ciertos ministros y secretarios de Estado se encuentran en quiebra. Una situación que debería llevar a la inmediata dimisión o cese de unos individuos cuya confesada prodigalidad les deja a merced de un conflicto de interés permanente con sus cargos.

Si se desciende al detalle cualitativo, se observa que no se publica una lista de bienes inmuebles concretos, sino tan solo su valoración "para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares".

Este pretexto resulta contradictorio con los postulados del derecho registral hasta ahora conocido, el cual aspira a dar publicidad a las titularidades de los inmuebles existentes en España en aras de proteger la seguridad jurídica. Por otro lado, aunque la inscripción del dominio en el registro de la propiedad no es obligatoria, de hecho la proliferación del crédito hipotecario y las ventajas concedidas a la publicidad registral han convertido en raras excepciones los bienes inmuebles no inscritos. De acuerdo a esos presupuestos, cualquier interesado en adquirir una casa que cree de tal o cual ministro, pongamos por caso, puede conseguir esa información del registro de la propiedad que corresponda. ¿Se va a reformar también la legislación registral para ocultar esa información?

Otra invitación al fraude que se concedieron los promotores de un registro de bienes que tan solo refleja su valor –peculiar, eso sí– consistió en permitir la omisión de la declaración por parte de sus cónyuges, la cual aprovecharon todos ellos, tal vez paralizados por la timidez. Esta circunstancia bastaría por sí sola para invalidar estas declaraciones, ya que los matrimonios, incluso los que siguen el régimen económico de separación bienes –o los novios estables–, tienden a una comunicación muy fluida de sus patrimonios.

Por si lo anterior fuera poco, como sarcástico colofón, la publicación parcial de las declaraciones puso de manifiesto que el reglamento –la sombra de Romanones planea siempre sobre la casta política española– introdujo la precisión de que los bienes inmuebles tomarían el valor catastral que la administración de Hacienda les asigna. Como se sabe, este criterio subestima a propósito el valor real de los bienes inmuebles, aunque descontemos los efectos de la burbuja inmobiliaria.

De este último truco debieron tomar buena nota los miles de contribuyentes sometidos a expedientes de comprobación de valores por no declarar el precio de mercado como base imponible de los impuestos sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales e IVA, tal como lo valora la administración. Una vez suprimido el gravamen sobre el patrimonio –aunque no la obligación de presentar declaración– el incumplimiento de esa obligación de consignar el valor real en las transacciones sujetas a imposición supone que la administración tributaria competente gira la correspondiente liquidación paralela y, en determinados casos, puede imponer una sanción.

En definitiva, pocas veces se puede presenciar una burla que deje tanto rastro en el propio boletín oficial. Evidentemente, los urdidores tienen una gran confianza en que no va a producirse una suerte de comprobación parlamentaria de valores y una simbólica liquidación paralela. ¿Por qué será?

El endeudamiento de los Estados modernos

Es una práctica corriente y ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten más dinero que el que recaudan debido a los compromisos políticos y sociales que asumen.

Cuando un Gobierno se endeuda ocurre lo mismo que cuando lo hace una persona, familia o empresa: el contraer deudas le permite gastar más en el presente. ¿Qué es lo que haría una familia en esa situación? Lógicamente procuraría disminuir los gastos (e incrementar los ingresos si es posible) para saldar sus deudas. Esto, que resulta tan evidente para familias y empresas, no lo es si se trata del Estado.

Los gobiernos tienen una clara tendencia/preferencia a financiar sus gastos con deuda. De esta manera pueden gastar todo lo que quieran en el presente sin preocuparse mucho por las consecuencias, que vendrán en el futuro.

La forma de obtener financiación de los gobiernos es obteniendo préstamos o emitiendo bonos. En el primer caso, los gobiernos recurren a una institución financiera para obtener un préstamo, que tendrá derecho posteriormente a demandar el capital más un interés determinado. Los bonos son títulos de la deuda pública de un país emitidos por la tesorería del Estado que devengan un interés fijo y son emitidos a largo plazo (aunque existe una gran cantidad de variantes al respecto). A la llegada de la fecha de vencimiento se paga al poseedor su valor nominal. Debido al gran peso de las deudas contraídas, es habitual que, entre los gastos del Estado, se incluya una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida.

En el caso de Estados Unidos, Obama se gastó 3,2 billones de dólares para llevar a cabo sus grandes planes y rescates financieros. No ha alcanzado los objetivos que se proponía, pero sí ha conseguido tener un desequilibrio presupuestario memorable. El déficit público se ha disparado y ha alcanzado cifras históricas. Para hacer frente a este déficit, el Gobierno federal va a tener que emitir nueva deuda pública y pedir prestado al exterior una enorme cantidad de dinero para hacer frente a la necesidad de financiación sin precedentes.

La deuda pública se puede clasificar en interna o externa. La primera sería aquella cuyos acreedores son ciudadanos del propio país, mientras que la segunda sería la que está en poder de acreedores extranjeros. También suele darse el nombre de deuda externa a la denominada en moneda extranjera. La (principal) diferencia entre tener deuda en moneda extranjera o local, es que en el segundo caso se puede recurrir a emisiones suplementarias de moneda nacional para atenderla. Esta "licuación" hace que exista, evidentemente, una presión de tipo inflacionario, ya que las emisiones se producen sin respaldo de bienes producidos por el país.

Volviendo al caso de Estados Unidos. China es el principal acreedor del gobierno estadounidense junto con Japón. El Gobierno chino ha considerado en el pasado que los bonos del Tesoro americano eran buenos activos (sino los mejores) para invertir en ellos. Sin embargo, la desastrosa política económica llevada a cabo por las autoridades monetarias estadounidenses, ha hecho que el dólar se deprecie enormemente. Esto ha hecho que los chinos empiecen a desconfiar en los bonos del Tesoro americano, ya que prevén que los beneficios serán cada vez menores. China reducirá (lógicamente) su compra de activos estadounidenses nominados en dólares; su tenencia de bonos irá en descenso; y diversificará sus activos con el objetivo de no tener demasiada deuda pública americana. Si los inversores extranjeros son incapaces de absorber la creciente oferta de bonos por parte del Tesoro, Estados Unidos tendría un serio problema justo en el momento en que se enfrenta a la mayor necesidad de financiación de toda su historia.

Señalar, para finalizar, que los gobiernos pueden seguir incrementando su deuda hasta el punto en que no haya nadie capaz o dispuesto a seguir prestando por el riesgo de incumplimiento. Es decir, los Estados también pueden caer en default. Y es que las políticas keynesianas que abogaban por presupuestos deficitarios como remedio para activar el crecimiento económico han contribuido enormemente al endeudamiento y colapso de los Estados modernos.

Cadáveres emergentes

Es sorprendente que no considere la posibilidad que esos 2,3 puntos de diferencia en dos semanas tenga que ver con el margen de error de la anterior encuesta, o con la actual, realizada a medio millar de almas, lo que permite un margen de 4,5 puntos. El hecho de poner una cifra con decimales no la convierte en exacta, cuando lo exacto sería advertir al lector de que, en realidad, el propio periódico no sabe si sus resultados son significativos o no.

El País titula: El ‘caso Gürtel’ pasa factura al PP. Por ejemplo. Porque el margen de error le permite titular, apoyándose en las mismas encuestas, la de este domingo y la de hace dos semanas, así: El ‘caso Gürtel’ no pasa factura al PP.

Pero más allá de las medallas que se quiera colocar en el pecho el diario de Prisa, hay una idea que resulta difícil de evitar cuando uno lee sobre este caso. Y es que es imposible que no hubiera una mínima sospecha, una filtración por parte de un alma caritativa, una llamada de atención desde los aledaños de la dirección del PP. El olor a muerto ha tenido que subir hasta la séptima planta de Génova, 13.

Vista la actitud de Rajoy y su equipo, uno se pregunta cuántos cadáveres quedan por emerger. Este no tiene por qué ser el único, ni el último. Mala estrategia. Cuando uno se enfrenta al poder, al poder de verdad, tiene que tener el jardín a prueba de las tuneladoras de Gallardón. Porque cualquier tolerancia con la corrupción la acabará pagando.

El Gobierno tiene todos los medios en su mano, y no vacilará en ir acumulando esos cadáveres para convertirlos en zombies cuando más le convenga. Rajoy hará bien en tomar una actitud firme ante las corruptelas circundantes, pues de otro modo el vídeo de campaña del PSOE se parecerá al Thriller de Michael Jackson.

Un patrimonio muy clarificador

En esencia, comprendo perfectamente que nuestros políticos estén llevando al país a la quiebra y que se hayan dedicado a los dignísimos oficios públicos: probablemente habrían salido apestados de cualquier compañía que no quisiera suicidarse, lo que obviamente excluye a los bancos de inversión del estilo Lehman Brothers o a estafadores profesionales como Madoff.

Veamos. Siete de los algo más de 40 cargos del Gobierno están técnicamente quebrados, esto es, el valor de sus activos es inferior al de sus pasivos. Si fueran una empresa privada deberían declarar el concurso de acreedores y probablemente no saldrían muy bien parados pese a la clara subvaloración catastral de los inmuebles. Destacan Antonio Camacho y Bibiana Aído; el primero debe 450.000 euros y apenas tiene un patrimonio de 114.000, la segunda debe 110.000 euros y todos sus activos están valorados en tan sólo 38.000.

Después de ver estas cifras me sorprende que durante meses nuestros socialistas negaran que en España hubiera hipotecas subprime. ¡Si precisamente las tenían todos ellos concentradas en sus patrimonios! Es simplemente inexplicable cómo los bancos nacionales –tan independientes ellos de las influencias políticas– han concedido préstamos tan superiores a las garantías que nuestros gobernantes pudieron aportar.

Extraordinario, con todo, es el caso de Zapatero. Tras 18 años de diputado culiparlante y casi seis de presidente del Gobierno, apenas acumula un patrimonio de 210.000 euros… ¡y todo ello tras pedir prestados 80.000 al banco! Echemos unas pocas cuentas. Si un diputado raso cobra en torno a 60.000 euros anuales –media generosamente conservadora– y un presidente del Gobierno unos 90.000 –media todavía más generosa–, Zapatero se habrá embolsado desde 1986 alrededor de millón y medio de euros provenientes de las arcas públicas. Torrente de ingresos que sólo le han servido para ahorrar apenas 130.000, esto es, menos del 10% de todos sus ingresos. ¡Y ello a pesar de que como presidente del Gobierno tiene pagados todos los gastos de vivienda, alimentación o transportes!

Inexplicable, pues, en qué se habrá fundido el vallisoletano casi millón y medio de euros. Aun siendo conscientes de que sacar una familia adelante y llenar el armario de cinturones de Hermés resulta muy costoso, en este caso parece excesivamente gravoso. Aunque, como decía, tal monumental despilfarro, que a duras penas podrían igualar los muy faltos de escrúpulos capitalistas estadounidenses que utilizaban billetes de 100 dólares para liarse sus cigarros, explicaría que esté gestionando la Hacienda Pública a imagen y semejanza de su hacienda personal. Si Zapatero ha aplicado a su vida la máxima de que a lo loco se vive mejor, no resultaría extraño que, en aras del bien común, nos la quisiera imponer al conjunto de los españoles hipotecando a cambio de cuatro zanjas mal cerradas el futuro de los nietos de nuestros nietos.

Normal, pues, que tan excelentes gestores, que pese a cobrar los sueldos más cuantiosos de España en relación con la utilidad de sus tareas han conseguido situarse al borde de la bancarrota, no hayan encontrado acomodo en ninguna empresa privada que merezca tal nombre. Puede que como buenos socialistas tengan interiorizada la máxima de que todo capital tiene que desaparecer –empezando por el propio–, pero probablemente los accionistas de la compañía donde pudieran ser contratados no estén muy de acuerdo.

Claro que tan raquiticos patrimonios también puede servirnos para comprender por qué no se les han caído los anillos a la hora de subir la tributación a los ricos de este país y de perseguir a los paraísos fiscales. Si según tan pulcra y detallada declaración patrimonial apenas perciben rentas del capital, ¿acaso han de temer algo? ¿O más bien cabe temer que la fiabilidad de su declaración tributaria será la misma que la de sus bienes y derechos patrimoniales? Si es que ya se sabe: los ricos no pagan impuestos porque cuentan con los suficientes asesores como para acogerse a cuantas lagunas legales haga falta para enmascarar su riqueza. ¡No digamos ya quien redacta las normas fiscales!

Ciclos políticos

La crisis económica, del modo en se manifiesta y se percibe en España, está llamada a llevarse por delante a buena parte de la clase política actual. Por un lado la del PSOE y sus dirigentes actuales que, lejos de resultar comparativamente beneficiados por los escándalos del PP valenciano, parecen seguir perdiendo en las encuestas.

¿Un cambio de ciclo en la vida política española? Tal vez, pero no solamente el estamento político es el afectado; son los españoles los que, aquejados de ciertos males, acabarán trasladando su dolor a los de arriba.

El actual equipo dirigente del PSOE se subió a lomos de la impopularidad inducida con altas dosis de demagogia a la que tan proclives somos. A lomos de la impopularidad y de la expansión de la burbuja financiera que hizo de la construcción de viviendas y de los productos financieros (¡qué horror!) asentados en ella el principal activo de nuestra economía. Ya van dos legislaturas y el señor Zapatero sigue sin poder obtener una mayoría absoluta, cosa que sólo a Suárez y a Calvo Sotelo les ocurrió. El primero no acabó su segundo mandato y el segundo estuvo veinte meses en La Moncloa. No es que Zapatero no pueda lograr un tercer mandato por orden estadística, pero hoy, dadas las circunstancias económicas y las dificultades que, por ellas, tendrá para que los presupuestos del Estado le sirvan como compradores de votos, el futuro se le presenta amenazador.

A pesar de ello otros son los signos de que el cambio será más profundo y, pudiendo el PSOE repetir cuatro años más en la Presidencia, se va haciendo costoso que lo haga con los actuales dirigentes. Y, pudiendo el PP acceder a ese poder, también les resultará difícil a sus actuales líderes estar ahí para disfrutarlo. La crisis económica deja las vergüenzas de los gobernantes al aire y éstas no pueden ser, al menos a largo plazo, más que aproximado reflejo de la de los gobernados.

Mal que pese a quien sea parece bastante cierto el aserto de Dicey cuando asegura que "hablando grosso modo los deseos permanentes de la porción representativa del parlamento apenas puede, a largo plazo, diferir de los deseos del pueblo". Y esto vale para la España actual. ¿Qué debemos pensar, pues, de nosotros? Pues que no hay un nosotros uniforme, pero sí un clima extendido de mediocridad que hace que una masa crítica de españoles promocione políticos de su nivel. Y esa masa crítica está comenzando a repudiar a los políticos por no repudiarse a sí misma, que es de quien debiera estar cansada. Debería repudiar el permanente recurso a la subvención, ese meterse mutuamente la mano unos en los bolsillos de otros y las administraciones en la de todos. Pero no lo hará, con lo que la siguiente generación de políticos que surjan tras la defenestración de éstos sólo tendrá que ser hábil hablando de cambio y hacer que en absoluto decaiga, antes al contrario, el omnímodo deseo de ser un perpetuo free-rider. O sea, que nada cambie.

La derecha española tiene la experiencia de saber administrar los momentos de expansión crediticia y el perverso crecimiento que provoca. Puede que ese recuerdo aún le sirva para asumir el mando en La Moncloa, pero sólo será creíble con una cúpula dirigente nueva en el PP.

La izquierda, por el contrario, debe renovar sus caras para no morir en 2010. Con la actual política prosindical sólo podrá empeorar la situación económica y esto le traerá, probablemente, la muerte política a manos de los suyos. Una acción audaz, improbable aunque no al ciento por ciento, de Zapatero, tirando por la borda el cariño sindical y a la mayor parte de su equipo, le daría una dosis de oxígeno.

Lo que me preocupa de veras no es nada de todo esto, sino que los estados siguen creciendo, que tras la muerte de una generación de políticos, las posibilidades de que la siguiente adopte medidas de reducción del Estado sólo dependen de la decidida opinión de una masa crítica de individuos activos que se sepan tales.

La rendición de la libertad

Dice Anthony de Jassay en su libro Social contract, free-ride, que los individuos estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad de elegir para ponernos en manos del Estado con la esperanza de que esta institución nos provea de manera más eficiente de los bienes y servicios públicos, entendiendo por tales aquellos cuyos costes y beneficios son indivisibles. Parece, a primera vista, que solamente el ojo que todo lo ve y la mano que todo lo alcanza es capaz de proporcionarnos lo que haga falta. Y los individuos tenemos la sensación de que conseguiremos mejores resultados en una sociedad sometida al pacto social hobbesiano que si nos decidimos a confiar en nuestra capacidad de búsqueda, libre de coacción. Como la madre sobreprotectora y cansina que cree que si no le repite a su hijo mil veces "Ponte el abrigo", el niño no se lo va a poner aunque esté cayendo una nevada antológica en la calle. Así, los ciudadanos, adoctrinados en la creencia de que sin vigilancia y coacción esto es la selva nos hemos hecho adictos al control impuesto. Y no nos damos cuenta de que se nos ha ido de las manos.

Si el principal problema que trata de evitar la provisión estatal de los bienes públicos es acabar con el gorroneo, De Jassay nos dice que no solamente no se soluciona el problema, sino que se logra que, con el tiempo, aparezca de nuevo el parásito que vive a costa de los demás, pero con más intensidad. ¿Por qué razón? Porque la gente se amolda. Los gorrones también. Y una vez que han observado que el Estado tiene tendencia a engordar y que no hay doctor Pitanguy que frene su voracidad (recuerde: a costa de su cartera y su libertad), se cuelan por las rendijas y reaparecen con conocimientos avanzados en fallos del control estatal, solicitando subvenciones y privilegios.

De Jassay explica que no se puede acabar con los aprovechados, como tampoco puedes evitar que un panoli lo sea. Son roles que se aceptan de manera inconsciente, está en nuestra naturaleza. Como ser un líder o un seguidor. Es cierto que no es justo que unos vivan a costa de otros, pero no se soluciona mediante la coacción estatal. Lo que se consigue es que sea el Estado el que reparta los papeles arbitrariamente: tú eres beneficiado, tú el pagador. El Estado no es una autoridad moral, es un gestor político susceptible de corromperse, de pervertir el criterio de concesión de dádivas hasta llegar al más burdo clientelismo electoral (como el que padecemos). Pero, dicho esto, uno no se queda tranquilo. Resulta contrario a la lógica que tengamos que aceptar la injusticia del free-riding sin hacer nada y mucho más la idea de que la gente elige el rol de "abusado". No hay más que preguntar en un bar, una clase o una cena de amigos la siguiente cuestión: "¿Das limosna a los pobre de la calle?" Siempre te encuentras a personas que deciden dar dinero a los mendigos que piden por las esquinas y semáforos, a sabiendas de que tal vez lo gasten en vino, o en lo que sea. "No me importa. No soy quién para juzgarles", suelen responder. Hay gente que elige ser generosa sin esperar nada. ¿Eso es ser un sucker (o pringado) en la terminología de De Jassay? Sí, y es cierto que va con la persona. Como escaquearse y no pagar.

La solución no está en el Estado, sino en la sociedad: en la costumbre y en los valores. Se trata de minimizar las distorsiones, de manera que los gorrones, que tienen menos aversión al riesgo que los demás, carezcan de incentivos para vivir del resto porque saben que quien penaliza es la sociedad, no un Estado con tendencia a crecer y a agrietarse por el exceso de carga.

No es un tema resuelto, eso está claro. Siempre habrá cuestiones de alcance comunitario que nadie puede decidir por sí mismo sin decidir al tiempo por los demás. La tragedia de los comunes, o el problema de la gestión de los bienes públicos, ha sido estudiado desde hace muchos siglos y su relevancia en nuestros días ha obtenido el reconocimiento (no siempre digno de mencionar) del Premio Nobel de Economía de este año a Elinor Ostrom, quien lleva una vida analizando las posibles alternativas. A pesar de no llegar a una conclusión definitiva, de sus estudios se deduce que es mejor la toma de decisiones descentralizada que la planificación central. De Jassay también llega a la conclusión de que lo mejor es desglosar lo máximo posible el problema para que la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades correspondan a cada cual. Y, en todo caso, propone Anthony de Jassay que se pueda arbitrar un sistema de compensaciones que palien las posibles asimetrías.

Eso tendría como consecuencia que el clientelismo desaparecería y que el Estado necesitaría justificar su existencia de otra forma. Como punto de partida, no está mal.

¡Arriba los contribuyentes de España!

Ni una palabra altisonante ni atisbo de huelga general, no vaya a ser que el grifo de las subvenciones y prebendas decaiga. Y ello, pese a que España cuenta con la tasa de paro más alta del mundo desarrollado. Ni más ni menos que un 18,9%, y subiendo. En la actualidad, cerca de 4,5 millones de trabajadores sufren el azote del desempleo.

Resulta evidente, pues, la complicidad maniquea e hipócrita que coexiste entre poder ejecutivo y sindical. Sin embargo, pese a la execrable actitud de UGT y CCOO, la pasividad que muestran estas mafias sociales ante el drama que viven millones de familias tiene un aspecto positivo. Y es que lo último que necesita la economía española es el estallido de una oleada de huelgas generales y disturbios callejeros.

No obstante, si los sindicatos salen a la calle será, única y exclusivamente, para reclamar al Estado una mayor intervención pública. Esto es, más gasto social en forma de Planes E, del todo inútiles, y una mayor rigidez laboral, entre otros muchos "derechos sociales" que en nada favorecerán la recuperación económica.

Pero no todas las huelgas son negativas y, por tanto, condenables. La desazón y el desengaño que sufren empresarios y contribuyentes a causa de la profunda incompetencia del Gobierno amenaza con transformarse en un movimiento de protesta, casi inédito en España, cuya sola mención aterra a los organismos públicos.

Los empresarios amenazan con tomar la calle e, incluso, con llevar a término un "cierre patronal". España parece que se dirige hacia una huelga general… ¡de empresarios! Autónomos y pequeñas y medianas empresas están dispuestos a paralizar su actividad durante varias jornadas. Este colectivo reclama financiación, ésa que tanto escasea debido al despilfarro estatal, menos impuestos y, sobre todo, poner fin a la morosidad de los organismos públicos. Si bien es cierto que no todas sus demandas son positivas –como el rescate público de empresas–, muchas de sus exigencias son justas y legítimas.

Tan sólo falta que a este incipiente movimiento se le acabe sumando otro, cuyo calado sería incluso mucho mayor, para que el Gobierno se vea forzado a reaccionar. Se trata de la insumisión o protesta fiscal que, en este caso, estaría protagonizada por una masa creciente de contribuyentes indignados. No hay nada que asuste más a un gobernante que una rebelión civil de este tipo. Y es que, sin impuestos, la parálisis de los poderes públicos es casi insalvable.

Al igual que el ilustre Juan de Mariana defendía el tiranicidio como un derecho legítimo de los individuos para defenderse de los abusos del poder, los contribuyentes tienen plena potestad para oponerse al pago de un tributo que consideran excesivo. De hecho, la Revolución Americana, de marcado espíritu liberal, constituyó un levantamiento social armado contra el despotismo tributario ejercido entonces por la Corona británica.

Existen algunos antecedentes en España. "Que no entre ni una peseta en las arcas de Hacienda ni en la de los ayuntamientos en 1993", fue el grito de guerra de la asociación empresarial Copyme –Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas– del Estado Español en la última crisis económica de mediados de los 90. Este tipo de lemas es el que precisa la economía nacional para combatir con eficacia y contundencia el ataque depredador que pretende poner en marcha el Gobierno socialista a nivel nacional o el gallardonita en Madrid, entre otros muchos entes autonómicos y locales. ¡Arriba los contribuyentes y empresarios de España!

El recorte en I+D+i no es el problema

Recientemente, el economista Xavier Sala-i-Martín decía en una entrevista: "España ya no puede competir en precio ni en calidad, así que necesita innovar. Pero la innovación no es I+D. Hay que dejar esa obsesión enfermiza y no pensar en hacer un Silicon Valley II. Para mí, dos de las mejores ideas han venido del sector del café: Nespresso y Starbucks. Y otra gran idea ha sido la de Zara, en el sector textil". Es un buen reenfoque.

La visión liberal y socialista del bienestar son muy parecidas a nivel teleológico ("sé feliz"), pero son totalmente diferentes cuando se refieren a la prosperidad. Desde un punto de vista socialista la prosperidad sólo se puede conseguir mediante el parasitismo y la visión iluminada del alto funcionario. El dictador de la producción adjudica presupuestos a sectores nacionales dirigidos desde un consejo central (Estado). El Gobierno, para sufragar tales gastos, no se apoya en la voluntad expresa del dinero de la gente, sino en los impuestos. Esto es, en el dinero que surge de la usurpación del esfuerzo productivo de otros ciudadanos. El Estado realiza transferencias forzosas de actores económicos productivos a aquellos que no lo son. ¿Y por qué teóricamente hace algo así? Porque usted, ciudadano, es demasiado ciego e idiota para ver lo que es bueno para usted. El Gobierno le saca el dinero que gana para dárselo a sectores improductivos por su propio bien.

El problema de tal lógica intervencionista es que no contempla los designios de la sociedad, sólo los de los lobbies. Directamente, la lógica del Gobierno y acólitos es falsa. Es una de las vertientes del actual capitalismo de Estado. De hecho, ante la noticia del recorte en investigación del Gobierno, algunos lobbies como la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios han dicho que "no están dispuestos a permitir este hundimiento de la ciencia en España, planteando, si fuera necesario, la movilización general de los científicos". Ya ven. Ellos son los portadores y únicos representantes de la ciencia. Usan, entre otras falacias, el sistema de la pataleta: si no te dan dinero, no te lo ganes con tu trabajo, berrea, llora, corta calles e impide la libertad de los demás con movilizaciones. Monta un escándalo detrás de otro hasta que te suelten la pasta. Es una forma de extorsión a bajo grado.

Un país que funciona así nunca puede prosperar ni tener una auténtica paz social. Siempre será la guerra de los lobbies contra el dinero de la gente. Las subvenciones jamás han hecho prosperar a una sociedad, más bien al contrario. El mejor ejemplo es el del cine español. Cuantas más subvenciones recibe, de peor calidad es, porque no hay feedback del consumidor o espectador.

En un sistema de libre mercado absoluto todo va orientado al servicio. ¿Qué quiere la gente? El mercado se lo ofrecerá, y cuanta más demanda, mayor competencia, mejor precio y más opciones. Este es el proceso que convirtió a Estados Unidos en lo es ahora. McDonald’s no nació de subvención alguna. Se creó para dar a los obreros una comida rápida y barata. Ahora está en todo el mundo. El dinero que ha conseguido la empresa no lo puede igualar ninguna subvención. Es más, McDonald’s recibe dinero del ciudadano de forma voluntaria. Es un sistema de financiación armonioso, no como las subvenciones, que no son más que el robo de un actor económico (ciudadano) para ser transferido a otro que, por el propio sistema de incentivos estatales, es incapaz de producir ni prosperar. Lo expuesto para McDonald’s ha ocurrido con todas las grandes firmas mundiales de tecnología. Todas han nacido de iniciativa y financiación privada.

¿Queremos grandes y numerosas empresas de I+D+i en España? Eliminen todas las subvenciones, impuestos, barreras técnicas, laborales y comerciales para crearlas. El dinero del extranjero vendrá aquí a raudales. Cambiemos el chip de los "científicos". Que se vuelvan emprendedores también. Ellos han de trabajar para nosotros y no para el Estado. Simplemente es lo que hacemos todos nosotros: trabajar para el cliente, para la sociedad. Menos aún han de esforzarse en hacer movilizaciones lloriqueando al gobernante de turno para que éste nos robe nuestro precioso dinero. A nosotros también nos cuesta ganarlo. Son ellos lo que han de trabajar para nosotros, y no nosotros para ellos como exigen.

En definitiva, instauremos un sistema de innovación enfocado al cliente, al consumidor final. Éste es, a la vez, el sistema que más capital humano y financiero les aportará, así como holgados beneficios. Convirtamos la ciencia en algo de todos y para todos. Los parásitos sólo perjudican al huésped (pagador de impuestos), por más "científicos" que se hagan llamar.

El velo y la cortina

Llama la atención que una cuestión de este tipo motivara que un magistrado que domina como pocos el efectismo aplazara las sesiones de un juicio oral penal para cinco días después, sin que concurriera ninguna de las causas legalmente previstas para hacerlo (art. 746 LECr) y contradiciendo una actuación suya precedente ante una negativa a declarar de un testigo en el juicio del 11-M.

Según las crónicas, el juez había ofrecido a la testigo unas razonadas advertencias en la vista pública para que cesara en su actitud e, incluso, le informó de que podría multarla y procesarla por desacato. Aparte de la evidente necesidad de verificar la identidad del testigo en el mismo momento que presta declaración para evitar suplantaciones de personalidad, una negativa a mostrar el rostro obstaculiza gravemente –si no impide– la imprescindible valoración de credibilidad que debe hacerse a la hora de juzgar. Por otro lado, de admitirse una comparecencia en esas condiciones por parte de un tribunal, se vulneraría el derecho de todo acusado y de las partes en general a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE). Incluso cuando se trata de un testigo protegido, el ocultamiento de su aspecto físico no puede afectar a la observación del tribunal, los abogados de las partes y el fiscal.

Sin embargo, el incidente se resolvió de una manera un tanto peculiar. En vez de quedar zanjado en la misma vista pública con una sucinta explicación de que los motivos religiosos invocados para mantener su rostro cubierto no podían prevalecer sobre esas razones y derechos fundamentales, al parecer el juez Gómez Bermúdez interrumpió la vista para reunirse en su despacho con la testigo y la fiscal Delgado, y pactar allí las dimensiones del "destape" de rostro que finalmente se escenificaría con la reanudación del juicio.

Con esa reunión reservada no sólo se interrumpió un juicio, sino que se celebró un acto que debería haber sido público (art. 680 LECr). Un breve receso para que la testigo reconsiderase su posición –como el mismo juez acordó en el caso del extraño episodio de Agustín Díaz de Mera durante el juicio del 11-M– habría evitado toda decisión precipitada.

Pero lo que resulta increíble y un mal precedente es que un testigo pueda "negociar" con el juez y el fiscal de un caso cuándo y cómo va a prestar testimonio en juicio.