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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

El maestro Ciruela abre en Europa una escuela

La realidad no tiene para él ningún valor, de hecho no existe en lo que a él respecta, y si en algún caso los hechos contravienen sus predicciones con tozudez, su respuesta es persistir en el error con mayor terquedad. Un tipo cojonudo nuestro presidente.

De joven tuvo que ser absorbido por un vórtice cuántico que le alejó definitivamente del espacio-tiempo en el que se desarrollan los fenómenos físicos, de ahí que a sus cincuenta años siga creyendo sinceramente que sus deseos transforman la realidad y la de los que le rodean. Un tipo así dedicado a la venta ambulante es peligroso; como presidente del Gobierno es letal.

Cuando el proceso rotatorio anunció la llegada de Zapatero a la presidencia de la UE, los medios de comunicación extranjeros soltaron la gran carcajada, mayormente porque La Secta no emite para el resto del continente y, aunque lo hiciera, su audiencia sería previsiblemente igual de lamentable, así que la imagen que el presidente tiene fuera de nuestras fronteras es, a diferencia de España, completamente fidedigna. Ahora bien, después de este primer anuncio de Zapatero sobre lo que pretende hacer con Europa la risa se habrá convertido en un rictus de estupor mezclado con miedo a partes iguales. Este tío va a dejar Europa que no la va a conocer ni la progenitora B que la alumbró (por no seguir las recomendaciones del Gabinete de salud reproductiva). Y si a los ciudadanos europeos les gusta su actual forma de vida peor para ellos.

El problema de Zapatero es que su capacidad destructiva en Europa va a ser mucho más limitada que dentro nuestras fronteras, donde actúa con una patente de corso que nadie le ha expedido, porque también en democracia existe un Estado de Derecho que vincula a los gobernantes; a ellos en primer lugar. Otra cosa es que las instituciones garantes de la legalidad y la leal oposición miren para otro lado a la espera de heredar el país a beneficio de inventario, en cuyo caso no convalidan el delito sino que, sencillamente, se convierten en sus cómplices.

Zapatero es el gobernante que ha provocado en cualquier país la mayor devastación política, económica y social en el menor tiempo posible, lo que no le impide proponer una agenda al resto del continente por una década con sanciones a los que se salgan de sus recetas: envilecimiento de la política, subida de impuestos, derroche presupuestario, legislación contra la propiedad privada y la familia, idiotización de la infancia y la juventud a través del sistema educativo y creación de una casta de pesebristas que agiten las masas a su favor. Si no fuera porque la Unión Europea tiene un presidente permanente desde el pasado uno de diciembre y algunos primeros ministros sensatos, la llegada de Zapatero a la presidencia europea sería un nuevo Lepanto con el resultado invertido. En todo caso, está bien que la izquierda europea conozca de primera mano cómo se las gasta su referente más radical. Hala, a disfrutar el momento, que un semestre pasa volando.

El trampantojo socialista

Un trampantojo (o trampa ante el ojo) es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con la perspectiva y otros efectos ópticos. Si algo ha quedado claro a lo largo del terrible año que hemos dejado atrás hace menos de una semana es que la política del presidente del Gobierno español es exactamente eso: un trampantojo. No creo que haya nadie que siga defendiendo la buena fe y el idealismo de Rodríguez Zapatero; es demasiado evidente que lo que anima cada movimiento de su equipo es engañar al público.

Desde la ley Sinde hasta las bombillas de Sebastián, pasando por las torpezas de las rubias de oro (Aído y Pajín), la sensación es que, más allá de su inicial pretensión de guiar el destino de España hacia algún lugar concreto, las medidas de Zapatero y sus muchachos responden estrictamente a un intento permanente de ocultar rotos y zurcidos. Las cortinas de humo, sin embargo, no han logrado evitar que los ojos europeos se fijen más en los datos del paro que en el "ingenioso" teléfono del maltratador; en el creciente endeudamiento público que en la alianza de civilizaciones. No hay que olvidar que las meteduras de pata en el ámbito internacional han ayudado a que la mirada de Europa se endurezca. La prensa europea ya barrunta algo de lo que nos espera. De manera que la pintura que trata de simular lo que no existe en el trampantojo de Zapatero es un Mr.Bean que enarbola grotescamente una banderita azul con un puñado de estrellas doradas formando un círculo.

Pero incluso si me equivoco y no se trata de un titánico esfuerzo de maquillaje y nuestro presidente tiene un objetivo prudente a la vista y la sana intención de guiarnos hacia él, no me vale. La intención es estéril en este ámbito, lo que sirve son los resultados. Y los de Zapatero son difícilmente empeorables.

Thomas Sowell explica en su libro A Conflict of Visions los diferentes resultados a que conducen dos visiones opuestas de la naturaleza humana, en concreto, aquella que contempla las limitaciones humanas como un dato más, y la que, por el contrario, considera que el ser humano es capaz de aprender de forma ilimitada. Para quienes defienden la primera opción, como Adam Smith, Edmund Burke o John Locke, lo mejor que podemos hacer es minimizar los errores a que conducen esos vicios, en vez de fijarnos metas inalcanzables. Su propuesta consiste en crear entornos y promover comportamientos virtuosos mediante los incentivos adecuados, incluso si de esa manera la virtud se ejerce sin intención. Por otro lado, quienes creen en la perfectibilidad ilimitada del ser humano, como Thomas Paine, Godwin, Rousseau o Condorcet, no aceptan más que el comportamiento virtuoso intencionado. Así se empeñan en desbrozar las causas de las guerras, la pobreza y el crimen, y en ofrecer una solución que lleve al comportamiento virtuoso de la sociedad.

Esta segunda corriente es la que inunda el pensamiento filosófico-político de nuestro país por obra y gracia de la Revolución Francesa. Para quienes se sientan atraídos (espero que momentáneamente) por esas ideas, simplemente quiero recordar que Robespierre esperaba acabar con el baño de sangre al que sometió a Francia tras los primeros momentos de la Revolución "cuando todo el pueblo se haya convertido en igualmente devoto de su patria y de sus leyes". Esa es la realidad más extrema a la que conduce la visión no restringida de la naturaleza humana. Repito: la más extrema. Pero las menos son igualmente ineficientes. Y, en grandes rasgos, esa es la filosofía que subyace a la política socialista (de todos los partidos). Se trata de dirigir la moral ciudadana a golpe de ley, de restricción, erigiéndose en poseedor de soluciones, encaramado en la máxima soberbia que consiste en creer que uno sabe lo que los demás necesitan, anhelan, desean. Y, a partir de ahí, me da lo mismo si la ley pretende que seamos santos o que seamos demonios. Desde mi punto de vista, es una visión del hombre que lleva indefectiblemente al fracaso, por más que se presenten las mejores intenciones como tarjeta de visita.

¿La razón? La ley de las consecuencias no queridas, el orden espontáneo, la naturaleza imprevisible del hombre. En plata: que no se puede meter el mar en un vaso de agua. Lo otro, la planificación desde arriba, la ingeniería social, la hipocresía moral, llevan a lo que ya sabemos: a la erosión de la responsabilidad, a la disminución de la libertad real, a la perversión de las conciencias, a la expulsión de la moral individual.

Estamos avisados.

Se nos comen

Es evidente que para financiar el gasto público hay que subir los impuestos o hay que emitir deuda; lo primero arrebata el dinero que tienen los ciudadanos en sus cuentas corrientes y lo segundo disminuye la cantidad de ahorro disponible en los mercados crediticios al que las familias y las empresas pueden echar mano para invertir.

Lo anterior son puras matemáticas casi de preescolar. Nada hay que objetar. Lo que en todo caso los adoradores de ese Becerro de Oro llamado intervencionismo estatal aducen para justificar la voracidad fiscal es que el gasto público puede resultar para la economía más eficiente que el gasto privado (crea más riqueza por euro gastado); entelequia que debería haberse derrumbado hace unos 90 años –cuando Ludwig von Mises demostró el teorema de la imposibilidad del socialismo­– o, si no son demasiado aficionados a las lecturas de buenos tratados y artículos de teoría económica, allá por 1989 cuando cayó el Muro. Baño de realismo, creo que se llama.

Sin embargo, es verdad que existe un cierto clavo ardiendo al que pueden agarrarse estos científicos de la propaganda estatista. En época de crisis los agentes económicos se niegan a endeudarse, a demandar crédito en los mercados. Como mucho, están dispuestos a refinanciar sus excesivas deudas pasadas, pero pocos –aunque alguno hay– acuden realmente al banco para comprarse una casa a precios todavía inflados o para montar una empresa en medio de un panorama cuando menos incierto. En general, durante una crisis es de esperar que el volumen agregado de crédito (o de deuda) se reduzca, precisamente porque durante la época del auge artificial esa cifra se hipertrofió gracias a la barra libre del sistema bancario.

Los keynesianos, por consiguiente, saltan en seguida a señalar que durante una crisis el gasto público financiado con déficit no expulsa la inversión privada: si nadie quiere endeudarse, ¿por qué el Estado no puede aprovechar el vacío para darle un pequeño empujoncito a la economía?

No me centraré en desarrollar cuáles son todos los efectos perversos que, también en una crisis, provoca el déficit público. Para más detalles –perdón por la autocita– puede consultarse el resumen económico de 2009 que publiqué en el Suplemento de Fin de Año en esta casa, pues versa precisamente sobre eso.

Tan sólo me centraré en una preocupante situación: las familias ahorraron en el tercer trimestre de 2009 casi 25.000 millones de euros, invirtieron 16.000 y les restaron 9.000 millones para financiar a otros agentes económicos que quisieran endeudarse. Algo por otro lado insólito, ya que nuestras familias venían necesitando pedir prestados del orden de 15.000 millones de euros trimestrales.

Por lo que respecta a nuestras empresas, también han realizado un buen ajuste, ya que de endeudarse a ritmos superiores a 30.000 millones por trimestre, en éste tan sólo han pedido prestados 5.000. Es decir, nuestras familias a día de hoy son capaces de financiar toda la inversión que realizan nuestras empresas y aún les sobran unos 4.000 millones.

Pues bien, hete aquí que entra el Estado en el paisaje y nuestros desequilibrados políticos presentan unas desequilibradas cuentas por las que en sólo un trimestre han de pedir prestados 18.000 millones de euros. Total, que la economía española, tras deducir la aportación positiva del sector bancario, ha de pedir prestado al exterior 10.000 millones de euros. Así, pese al ajuste que tendríamos que realizar en la crisis, la economía española ha terminado adeudando 10.000 millones de euros más –y no menos– en apenas tres meses.

¿Y para qué querríamos tener un ahorro neto, en lugar de un endeudamiento neto, de 10.000 millones de euros?, se preguntarán los keynesianos. Quizá se olvidan de que los españoles deben al extranjero, en términos netos, casi un billón de euros, es decir, todo lo que producimos en un año.

¿Nunca se les ha ocurrido a los economistas profesionales que la amortización de las deudas pasadas es una forma de invertir nuestro dinero; de incrementar nuestra renta futura y de reducir esos desajustes nuestros que han degenerado y nos están perpetuando en esta crisis? Parece que no, por eso, tan pronto como sale un pequeño brote verde, se lo meriendan. Ya sabe, las familias ahorran 9.000 millones de euros y el Estado se pule 18.000 en abrir zanjas y volverlas a tapar y en pagar la prestación de desempleo a esos parados procedentes de la ausencia de una liberalización laboral que ese mismo Estado se niega a aprobar. Grandes, muy grandes.

Sistema electoral y autogobierno

En la España actual, los sujetos que se hacen con el control de los partidos políticos manejan el sistema democrático a su antojo gracias a la Ley Electoral. Los representante lo son de sus partidos y no de sus electores. La ciudadanía desconfía cada vez más de estos vendemantas profesionales, pero a ellos les importa bastante poco. Lo único que cuenta es que el líder del partido confíe en ellos, y para el líder lo único importante es que la ley siga como está.

En este contexto maloliente es en el que el presidente del Congreso ha afirmado que "sería conveniente que las cúpulas de los partidos redujeran el poder que tienen en materia electoral, que no es poco". Una declaración como esta sería una simple obviedad si no fuera porque todos lo piensan pero nadie se atreve a decirlo claro y alto. Otra forma de describirlo es que vivimos en una partitocracia en la que los electores no pintan prácticamente nada. Piense uno lo que piense del sistema democrático, lo que tenemos en España es bastante peor. Un grupo de depredadores manejan nuestras vidas a placer gracias al control que ejercen sobre las listas de sus partidos, sin que tengamos otro mecanismo de control sobre ellos que votar por otro organizador de listas cuatro años después de la anterior votación.

Aquí es impensable que el Ejecutivo sufra un revés del legislativo como ocurre en países democráticos. Hace un año los españoles (y gran parte de los europeos) asistían atónitos a la negativa del congreso norteamericano a aprobar el plan Paulson-Bush. En los últimos meses veíamos desde este lado del Atlántico cómo el presidente Obama iba diluyendo su ley sanitaria para lograr la aceptación de las Cámaras a pesar de que su partido cuenta con mayoría en las dos. Allí no basta con tocar la corneta y ordenar el voto de los miembros del partido a la propuesta del Gobierno. Obama ha tenido que quitarle a su propuesta casi todos los aspectos que la hacían revolucionaria para su país porque sus camaradas no se deben al partido, sino a los electores de su circunscripción. En 1997 el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, experimentó en qué consiste eso de la democracia norteamericana cuando el Senado votó sobre su famosa propuesta de racionamiento de CO2 y creación de un mercado en el que comerciar los permisos. El resultado fue que ni un único senador demócrata votó a favor de la posición del Gobierno Clinton-Gore (demócrata) por lo que Estados Unidos nunca ratificó el Protocolo de Kyoto. Eso tiene algo de democrático. Lo de aquí se parece más a un circo cutre en el que varios domadores se meten en una jaula de gatos mansos y exigen a sus amaestrados levantar una patita cuando proponen algo.

La propuesta de Bono podría ayudar a mejorar las cosas. Sin embargo, el problema de fondo no es cómo se elige a los "representantes", sino qué es lo que los representantes pueden hacer una vez elegidos. Los elija quien los elija y se elijan como se elijan, si luego pueden aprobar impuestos confiscatorios, restringir las acciones pacíficas o esclavizar a los ciudadanos, las formas importarán un pimiento. La decadencia de nuestro sistema proviene de un cóctel hecho a partes iguales de partitocracia y de la falta de limitaciones del poder político. Si queremos regenerar la putrefacta política española, a la necesaria reforma del sistema electoral le tiene que acompañar una reforma que fortalezca y amplíe la esfera de autogobierno del individuo.

El capitalismo lo aguanta (casi) todo

La noticia de que Gallardón va a gastar casi 10.000 euros por minuto en 2010 –y de que lo vaya a hacer en un combinado de inversiones para su promoción personal y para hacernos la vida imposible a quienes residimos en Madrid– muestra hasta qué punto nuestras administraciones públicas se han expandido hasta límites que deberíamos haber considerado intolerables desde hace mucho tiempo. Si trasladáramos ese cálculo a la administración central, alcanzaríamos cifras igualmente indignantes: Zapatero espera gastarse el año próximo (aunque a tenor de 2009, será mucho más) más de 320.000 euros por minuto, esto es, más de lo que ingresarán muchos españoles en 15 años y, desde luego, más de lo que ahorrarán muchos en toda una vida.

Estos números ilustran como pocos una inquietante realidad: los Estados se han convertido, casi sin excepción, en los principales agentes de las economías occidentales. La economía de mercado, asentada sobre la soberanía del consumidor en elegir qué quiere y qué no quiere consumir, combinada con la autonomía del capitalista para descubrir cuáles son los métodos más eficientes para servir al consumidor, ha quedado arrinconada a una mínima expresión. Probablemente, si al asfixiante gasto público le añadiéramos las regulaciones, bastante menos de un tercio de las economías modernas seguiría mereciendo el apelativo de economía de mercado.

Y sin embargo, las personas que actúan en ese reducto de libertad son tan eficientes, perspicaces, ingeniosas, creativas y capaces como para sufragar los milmillonarios despilfarros de nuestras administraciones públicas y para incrementar de manera muy sustanciosa el nivel de vida de las masas. Del mismo modo que unos diminutos mercados negros sirvieron como válvula de escape para las inclemencias y miserias del comunismo, el capitalismo que resta tras deducir impuestos, regulaciones, prohibiciones, inflaciones, manipulaciones de los tipos de interés, restricciones ecologistas y controles de precios basta para que, año a año y pese a los ciclos económicos, Occidente sea cada vez más rico.

Los socialistas de todo pelaje y color llevan un siglo tratando de cargarse desde dentro esta maravillosa institución natural que es el mercado y todavía no lo han logrado; una prueba más de que la inteligencia dispersa y espontánea de millones de individuos supera cualquier expectativa y previsión que pueda realizar una mente individual tratando de planificar los procesos sociales. Sólo cabe preguntarse y lamentar qué cotas de desarrollo habríamos alcanzado si sectores enteros de la sociedad no se dedicaran y se organizaran para rapiñar, ponerles la zancadilla e impedir la creación de riqueza al resto de la sociedad.

En definitiva, si la muy intervenida economía española es capaz de resistir a los manirrotos gallardones y zapateros durante los próximos años, el capitalismo habrá logrado un nuevo hito difícil de superar, pues ni siquiera una de las sociedades más endeudadas, desestructuradas, anestesiadas y estatalizadas de Occidente se quedaría estancada en su propia parálisis funcionarial.

Veremos qué nos depara 2010. Pero si hay razones para ser optimistas, desde luego se las debemos a los empresarios, a los capitalistas, a los especuladores, a los ahorradores, a los trabajadores y a los consumidores que tratan de volver a coordinarse en ese grandioso esquema que se llama división del trabajo y del conocimiento para volver a generar riqueza. Sin duda, no habrá que buscar esperanza en políticos, grupos de presión, sindicatos o patronales que sólo pretenden sobrevivir a costa de la capacidad y de los esfuerzos de los demás.

Que tengan un próspero 2010, neto de minutas socialistas.

Contrapoder

La existencia del Poder resulta inevitable. La del Estado no. La existencia del Estado es una cuestión que atañe a valores, arraigo y cainismo; en ningún caso responde a una razón de Orden, público o político, menos aún social.

El Poder, en su camino hacia el absolutismo, tiende a descomponer los vínculos que le son ajenos (B. Jouvenel). Procura la atomización individual, quebrando organizaciones voluntarias u organismos consuetudinarios. El Poder tiende a integrar intereses privativos dentro de su propia estructura de intervención y redistribución de riqueza. De esta estrategia depende su sostenibilidad. Cuando dicha integración es "total", desaparecen los contrapoderes competitivos, fundiéndose toda instancia de dominación, coordinación, cooperación o intervención.

El Poder pasa a ser identificado con Orden público, Jurisdicción, Derecho y arbitrio distribuidor. Es en ese preciso momento cuando nace el Estado, como forma instrumental y constructo intelectual que adopta el Poder absoluto.

La estructura del Estado teórico preexiste en un orden de cosas práctico: el Gobierno (institución inintencional) extiende organizacionalmente los resortes administrativos que requiere para ejercer sus funciones naturales, creando una maquinaria permanente (D. Negro).

La irresistibilidad, como característica formal que distingue el orbe jurídico del moral, se extiende sobre la mera decisión política. La Pragmática adquiere fuerza de ley; siendo la Ley la máxima expresión de lo que puede decirse sobre el Derecho (la Ley es una forma de conocer el contenido normativo que señala lo justo o lo recto), cualquier acto producido por el Poder adiciona mandatos al orden jurídico, trasformando éste en un ordenamiento positivo (G. Radbruch). La definitiva incorporación a dicho ordenamiento, de toda norma organizativa o de intervención emanada de la Administración gubernamental, consolida al Estado como organización que trata de anular el orden social (espontáneo).

El Gobierno utiliza su Poder político como herramienta de asimilación de todo Poder público, espontáneo y competitivo. La Jurisdicción ofrece resistencia, y aun cuando sea engullida como instrumento, de su pervivencia como función dependerá la continuidad del propio orden social (Hayek).

Otro contrapoder institucional que desaparece merced del expansionismo absolutista que convierte al Poder en Estado, es la representación popular, definida como traslación de los intereses circunscritos de un grupo natural o institucional de individuos (ciudades, asociaciones, aristocracia…). La cámara de representantes, antes concebida como límite del Gobierno, deriva en una vulgar asamblea política al servicio del gobierno: Parlamentarismo gubernativo.

Los principales contrapoderes sociales que hoy cabría identificar, a pesar de su integración en el cuerpo del Estado, son los siguientes:

  1. Organizaciones competitivas de intereses: asociaciones voluntarias que, en la persecución de un fin, logran satisfacer multitud de fines adheridos libremente a la causa de aquellas. La intervención económica, regulación, barreras, carga fiscal, contratos públicos o subvenciones, distorsionan sus objetivos, decisiones, expectativas e incentivos (Mises). El Estado adquiere la condición de principal inversor y consumidor, generando, a su alrededor, una tramada dependencia.

  2. Contrapoderes individuales: formación de grandes patrimonios o influencias personales y políticas. El estatalismo se funda en el atavismo. El éxito siempre comporta un peaje de arrepentimiento (Hayek). El altruismo o la entrega por la causa general (no necesariamente la ajena, basta con definir valores "colectivos" y luchar por ellos: toma de conciencia), erosionan el ímpetu individual y contrarrestan su posible resistencia. Quien disfruta de carisma personal o influencia de cualquier tipo, padece fuertes incentivos hacia su integración en la estructura de dominación, bien a través de los partidos políticos, o mediante un vínculo político-comercial.

  3. Partidos políticos: facciones ideológicas que aglutinan voluntades individuales y proyectos comunes. Terminan por mimetizar la naturaleza del Partido Único, integrándose en la estructura de dominación del Estado a modo de catalizador de pretensiones personales (Revel).

  4. Moral: definida como conjunto de normas de conducta, exigible pero de cumplimiento voluntario, cuya dinámica define al orden social en su conjunto (Hayek). También moral privada, a modo de estructura individual de máximas explícitas de conducta (o acervo íntimo de reglas básicas de mera conducta). El Estado, en este sentido, se convierte en ídolo secular, que potencia hedonismo, consumismo imprevisor, desligamiento familiar, merma del altruismo personal y voluntario, irresponsabilidad individual en la toma de decisiones relevantes… (D. Negro)

    El Estado, en su esfuerzo atomizador, prefiere la desmoralización tradicional, como paso hacia la consolidación de una nueva moral donde él mismo aparece como vínculo directo de cada sujeto con el resto de individuos (individualismo estatalista). Expresiones concretas son todas las medidas tuitivas, de discriminación "positiva" o de "corrección" de un supuesto desequilibrio contractual (legislación laboral, por ejemplo).

Siendo el Estado la denominación que adquiere el Poder cuando es absoluto (en los términos expuestos), cabe afirmar la ausencia de Estado en caso de que concurran los siguientes supuestos:

  1. El Derecho permanece libre y competitivo, siendo conocido a través de un proceso institucional evolutivo.
  2. La Jurisdicción emana de la autoridad genuina, queda limitada por un criterio representativo y se configura como una institución pública pero competitiva.
  3. Existen contrapoderes dentro de la unidad política que sostiene el gobierno de "lo común".
  4. La política es integrada de forma representativa, siendo los propios representantes contrapoderes independientes respecto del Poder, incluido el que ellos mismos pudiesen alcanzar.
  5. La propiedad privada permanece como criterio de justicia conmutativa, mientras que la autonomía de la voluntad o la extensión de la consideración personal son conservados como exigencias inalienables.

Siguiendo con la explicación conviene identificar un tipo singular de contrapoder: aquel que mantiene una vocación totalitaria, y no meramente competitiva, como sería el tipo de vocación característica de los contrapoderes arriba comentados. El contrapoder "totalitario" es útil cuando convive con otros contrapoderes de su misma especie, sin que ninguno alcance una posición de dominio frente al resto (sistema interestatal atomizado, por ejemplo). El Estado procede de uno de estos contrapoderes, por lo que cualquiera que fuera su naturaleza, nunca debiera confundirnos un contrapoder, distinto al Estado, que demostrase cierta eficacia práctica contrarrestando el poder de éste, dado que en realidad su objetivo es ocupar la posición del Poder contra el que combate. Ejemplos pueden encontrarse en cierto tipo de Iglesias(en una acepción amplia del término), administraciones o instituciones locales y regionales, grandes corporaciones empresariales u organismos sindicales mayoritarios.

Tomando como supuesto un mundo ideal donde fueran muchos, y muy pequeños, los Estados en que se dividiera territorio y población, concluimos que, en la medida que su Poder exterior permanezca equilibrado, los unos representarán contrapoderes frente a los otros. Bien por integración en estructuras de dominación supraestatales, bien por el despunte de uno de ellos, engullendo a otros hasta definir espacios nuevamente "equilibrados", el Estado, como Poder absoluto, nunca se sentirá satisfecho dentro de su ámbito de dominio (el Estado tiende a ocupar toda la realidad disponible, al tiempo que procura poner a su disposición toda la realidad restante).

Internamente, cuanto más pequeño sea el Poder absoluto o Estado, más débiles serán los contrapoderes inferiores con capacidad de contrapesar su impronta. Toda fuerza social experimentará una intensa tendencia a la integración dentro de la estructura mecánica o de intereses del Estado. Desaparecen así los contrapoderes competitivos internos, como también lo harán los contrapoderes totalitarios: por ejemplo, la regionalización política o administrativa.

Sin embargo, a partir de un límite de integración, una estructura de dominación o Estado, experimentará el florecimiento de contrapoderes internos, de tipo competitivo, pero también de vocación totalitaria, bien a nivel regional, corporativo o sindical, lo que limitará su capacidad de dominio. Es por ello que podemos concluir que, en un escenario donde lo evitable (el Estado) –según la aseveración hecha al comienzo– se consolida, en función de su tamaño e intensidad de su integración social, el Poder absoluto que representa, hallará una mayor o menor oposición y contrafuerza. A nivel interno, tenderá a desaparecer cuanto más pequeño o integrado sea el Estado, generando a su vez mayor inestabilidad exterior, en directa dependencia del equilibrio, en su caso, entre un gran número de poderes, siempre ávidos de hegemonía y extensión.

La mera existencia de un pequeño Estado, inserto en un orden de Estados mayores (categorizados así por traspasar un límite de tamaño, pero no por la homogeneidad entre sí mismos), demuestra el interés de estos últimos en conservar ámbitos y agentes fuera de su propio orden internacional. Los paraísos no existen sino a costa de ciertos fines manifestados a través del resto de Estados no paradisiacos: no pueden ser, en este sentido, garantía o respaldo de teorías políticas que no toman en cuenta la realidad del Poder cuando es absoluto.

Un país de pandereta

Allí, la voz del ministro, habitualmente pausada y medida, traspasaba las paredes del salón de los pasos perdidos. El presidente del Congreso, el también socialista José Bono, agarraba por el brazo a su conmilitón y le invitaba a cejar en su actitud. A Rubalcaba le dio tiempo a decirle a Carlos Floriano "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices".

La frase es significativa, porque el motivo de la disputa era precisamente Sitel, el servicio de control de telecomunicaciones que inició el anterior Gobierno pero que ha puesto en marcha el actual. Las escuchas telefónicas están a la orden del día desde hace décadas, y todas tienen control judicial. Bien, dejémoslo en que es preceptivo.

Con Sitel la cosa cambia. Por un lado, el agente, antes de hacer uso de Sitel, recibe toda la información de que dispone la Policía referida a su dirección de correo electrónico, situación geográfica de la terminal o proveedor de internet sin la aprobación del juez. Pero todavía no han comenzado las escuchas. Una vez reciben la autorización judicial, un puesto de control, a cargo de un agente, comienza a recabar todo tipo de información y a grabar las conversaciones.

Pero el control judicial es voluntarioso e inseguro. Sus órdenes son procesadas por agentes de los cuerpos de seguridad y por personas asignadas de las compañías telefónicas, pero no hay un mecanismo que impida dar esas órdenes sin haberlas recibido previamente por parte de un juez. Es decir, que cuando Rubalcaba le dice a un diputado que ve todo lo que hace y escucha todo lo que dice, es técnicamente posible hacerlo así sin control judicial o de otro tipo.

Todo este ansia del Estado por tenernos controlados es, ya lo habrán adivinado, por nuestro bien. Para protegernos de criminales y terroristas. Claro que nada asegura que la persecución del crimen sea siempre un objetivo por parte del Estado. Un caso claro es el del llamado "caso Faisán", en referencia al bar que recibió una llamada desde Interior y que avisó de que se había montado una operación policial para detener a un gran número de miembros de ETA. Esa operación habría desbaratado la negociación del Gobierno con la banda terrorista, y fue oportunamente desactivada. Ahí estaban las imágenes para probar quién entró y salió del bar, pero la grabación se corta, milagrosamente, en los momentos clave.

Es decir, que Sitel puede ser un instrumento técnicamente virtuoso, pero estará siempre al servicio del Estado y de sus objetivos. E igual que esos objetivos se pueden desviar nada menos que de la lucha contra el terrorismo, también pueden alcanzar al espionaje de políticos y periodistas. E incluso al Jefe del Estado, como hemos llegado a ver en España. Por eso resultan superfluas las críticas de que la mafia rusa y ETA hacen suyas las críticas a Sitel del Partido Popular.

Necesitamos un líder

Desde que Max Weber estableció los tres tipos ideales de dominación y legitimación del liderazgo (tradicional, carismático y legal-racional) politólogos y sociólogos –si es que son cosas distintas– han seguido sus pasos estableciendo tipologías abstractas con la pretensión de explicar una realidad difícilmente cuantificable que ya Maquiavelo resumió sin tantas pretensiones metodológicas al recomendar al Príncipe a tener de zorro y de león pues "hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos". Como entonces, los científicos sociales han puesto sus conocimientos al servicio de esos líderes con la ambición de que éstos se miraran en los espejos que sobre el papel habían diseñado aquéllos. Más interesante que clasificar a los políticos de hoy entre zorros y leones sería ofrecer los instrumentos necesarios para protegernos de ellos.

Cuando el ser humano empezó a dar sus primeros pasos y tomaron forma las primeras organizaciones sociales surgieron líderes que, por conocimiento o actitud, eran capaces de guiar y estructurar modelos de conducta. Han pasado milenios y nos continuamos comportando de igual forma, reconociendo a una persona en un cierto ámbito autoridad suficiente como para delegar en ella nuestras opiniones y decisiones respecto a ese tema. Lo que ha cambiado a lo largo de este tiempo ha sido el contrato social en el que ahora nos encontramos atrapados sin posibilidad ni clausula de terminación: el Estado. Y aquí es donde surgen los problemas, porque del líder espontáneo que puede surgir en cualquier circunstancia, desde el emprendedor visionario hasta el líder religioso pasando por el crítico cinematográfico al que fiamos la capacidad de discernir entre las películas que merece la pena ver y las que no, es completamente diferente al líder político que el sistema necesita para funcionar. Y es que el proceso de selección y competición política hunde sus raíces en creencias y sentimientos, además de las ideologías –todavía en pie a pesar de su anunciada muerte– que fomentan el plebiscito sobre un individuo que durante un periodo de tiempo personificará el Estado y será el referente moral de toda la sociedad que organiza. De ahí que los sistemas presidencialistas la personalidad y liderazgo de los políticos tenga más importancia que en los sistemas parlamentarios donde tienden a ser más grises.

Nuestra capacidad cognitiva es limitada y el tiempo invertido en tomar decisiones supone un coste de oportunidad nada desdeñable; así, parece lógico que la naturaleza nos haya dado el instinto y la capacidad de delegar, pero el hombre es algo más que un ser racional y hay cuestiones que escapan al intelecto y permanecen en la región emotivo-sentimental de la actividad humana. De ahí que a las ciencias sociales hayan fracasado una y otra vez en su intento de sistematizar y cuantificar algo que se asemeja más a un proceso psicológico a través del cual se establece un vínculo entre un conjunto de personas y otra que es capaz de ponerse al frente y liderarlas en una causa común. Un proceso que no se produce unidireccionalmente sino que necesita de un individuo extraordinario capaz de ver más allá que el grupo y que éste a su vez así lo perciba. Y aquí lo de menos es si la realidad que perciben todos, pastor y rebaño, es acertada o falsa, pues la confianza que surge es ciega.

Nuestras sociedades democráticas reúnen varias condiciones que abonan el campo para que los líderes no ya carismáticos sino mesiánicos tengan más éxito que otros. Por un lado, muchos de los sistemas parlamentarios han ido mutando en sistemas mixtos con características de los presidencialistas, al acaparar los gobiernos mayores funciones e iniciativa política en detrimento de los parlamentos, que han quedado reducidos a una mera extrapolación aritmética de los resultados electorales. Por otro, el avance de lo que Sowell brillantemente denominó visión ilimitada de la naturaleza humana hace que los líderes naturalmente seleccionados por la gente que comparte esta visión analizarán la realidad a través de este marco y se considerarán ungidos y capacitados para lograr que la utopía se convierta en realidad. Esta visión está unida a la ampliación de las funciones del Estado, que logra inmiscuirse ley a ley en más parcelas de nuestra vida privada requiriendo una elite política más interesada en estos asuntos. Así, el proceso se retroalimenta con líderes que consideran necesario, y siempre por nuestro propio bien, ensanchar las fronteras del Estado mientras que nuestra intimidad queda cercada o, directamente, invadida.

Esta doble realidad, de la propia naturaleza humana que necesita líderes y del triunfo de la visión progresista, hacen más necesario que nunca que activemos todas las alertas y aumentemos las precauciones a la hora de confiar nuestros destinos a una vanguardia que se cree elegida y legitimada para tomar decisiones que nunca debieron escapar a la soberanía individual. Ahora más que nunca debemos permanecer vigilantes ante los excesos del poder y preguntarnos en lo más profundo de nuestro interior si realmente necesitamos un líder diferente a nosotros mismos y dar rienda suelta a la sana desconfianza hacia el poder que sabiamente nos ha otorgado la naturaleza.

Para brindar y no echar gota

No pregunten por qué, pero es lo que ha dicho a sus diputados antes de que sus señorías se tomen el merecido descanso invernal, porque los diputados son como las marmotas y otros esciuromorfos, que necesitan hibernar durante los meses de frío para aparecer al comienzo de la primavera llenos de ilusión, con un montón de preguntas parlamentarias en el portafolios y cientos de dietas que cobrar.

Es posible que Rajoy haya sido sincero y esté muy satisfecho con la labor de su partido, pero tan sólo tendría que hacer una encuesta de urgencia entre diez votantes suyos elegidos al azar para darse cuenta de que su optimismo no es compartido por los que, en última instancia, van a decidir si se pega un nuevo batacazo o no en las próximas generales.

Nunca, desde que gobierna Zapatero, había tenido tantas ganas y tan variados motivos la derecha sociológica para lanzarse a la calle en contra del socialismo. Habría bastado que Rajoy la hubiera convocado para haber pulverizado cualquier marca anterior, pero el PP no ha creído oportuno "crispar", ni siquiera en una situación de deterioro económico y político como el que venimos arrastrando durante este año que a Rajoy le ha parecido tan fructífero. No es que no haya convocado a la población a rebelarse contra los muchos desastres protagonizados por ZP; es que cuando la propia sociedad ha levantado la voz de forma espontánea, el PP tampoco ha estado ahí para apoyarla. Ocurrió con la manifestación en contra de la ampliación de la ley del aborto, a la que Rajoy, con gran generosidad, permitió que asistieran sus empleados siempre que lo hicieran a título personal, cuidando él mucho de no aparecer por los alrededores, no fuera que en el informativo de la Secta le llamaran facha o retrógrado.

Si esta es la línea que va a seguir Rajoy en lo que queda de legislatura, sus votantes van a pasar otro año muy crispados. No con Zapatero, que por supuesto, sino con el líder del PP, al que exigen una mayor contundencia en unas circunstancias políticas y económicas que van a seguir deteriorándose de forma acelerada en los próximos doce meses.

Encantados de haberse conocido, los inquilinos de Génova 13 van a pasar unas Navidades de fábula dándose palmadas en el hombro y felicitándose por lo bien que lo han hecho en todos los terrenos. Que aprovechen ahora y liquiden las existencias de cava. Mucho me temo que en el próximo año y medio no van a tener demasiadas ocasiones de brindar.

El punto de inflexión

La zona euro comienza a tener graves problemas ante la posibilidad real de que los países periféricos entren en bancarrota. Grecia, Irlanda y España están ya en el punto de mira.

El pasado abril ya avanzábamos que el Estado, al igual que cualquier empresa, también puede entrar en suspensión de pagos (default). En especial, tras la llegada de una gran crisis financiera como la actual. Así, durante las últimas cinco grandes crisis económicas de la historia moderna un porcentaje muy elevado de países –entre el 30% y el 50% de 66 casos examinados– no pudieron afrontar el pago de sus deudas soberanas.

La situación actual no es muy diferente. No obstante, estamos sufriendo la peor situación económica desde la Gran Depresión de los años 30. Tras la quiebra técnica de Dubai, la amenaza se extiende ahora a los países más débiles de la zona euro, los conocidos PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), así como a los mercados emergentes de Europa del Este.

Esta peligrosa situación ha sido creada, una vez más, por la intervención política. Desde hace meses, el Gobierno socialista se viene vanagloriando de su política de despilfarro público a base de Planes E de todo tipo con la falsa ilusión de que el poder público reactivará la economía, cuando es justo lo contrario.

Si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, el Gobierno ha tirado de más deuda para apagar el incendio, y es ahora cuando comienza a atisbarse la factura. La pregunta es… ¿quién la pagará? Respuesta: los contribuyentes y los hijos de los contribuyentes. Pero, ¿y si es tan abultada que no se puede pagar? Pues entonces será cuando los acreedores (Alemania y Francia) tomarán cartas en el asunto y, al igual que una empresa en suspensión de pagos, impondrá un duro plan de reestructuración o liquidación de activos para tratar de recuperar lo que pueda.

Es decir, ya sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea (CE), tomarán el control de la compañía para hacer lo que su actual gestor (Zapatero) es incapaz de realizar: el mayor recorte de gasto público de la historia reciente del país y, posiblemente, nuevas subidas fiscales para cuadrar las cuentas e ir amortizando deuda poco a poco.

Hoy por hoy, a falta de un cambio radical de rumbo, es muy improbable que el actual Gobierno sea capaz de poner en marcha un duro, pero más que necesario y sano, plan de austeridad presupuestaria que elimine partidas enteras de gasto, recorte salarios a funcionarios, borre ministerios y rebaje drásticamente prestaciones y subsidios. Y es que ante un escenario de este estilo, los sindicatos, ahora callados y sumisos, no tardarían ni un minuto en tomar las calles, con el consiguiente conflicto social que ello implicaría. El sector público se paralizaría.

Algo similar pasó en Argentina, y hoy acontece en Grecia. Entonces, el Gobierno argentino no aguantó la presión y finalmente los ciudadanos sufrieron un corralito financiero y una intensa devaluación monetaria (pérdida de poder adquisitivo) que acabó por desembocar en el actual populismo político de los Kirchner.

Por suerte, es muy posible que ante la llegada cada vez más plausible del peor escenario para España, la CE (léase el Bundesbank alemán) saldrá al rescate mediante la intervención de la cuentas públicas españolas. Lo único cierto es que, de seguir por esta senda imparable de despilfarro público, tras Grecia, sin duda, vendrá España.