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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

El socialismo y las ranas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La manipulación del lenguaje es una de las batallas que los amantes de la intervención del Estado frente a la libertad individual han ganado. Al menos, de momento. Las acusaciones de egoísmo, falta de solidaridad, extremismo, llegando a insultos a las primeras de cambio y de forma sistemática, van en una sola dirección: de ellos a nosotros.

En el momento en que cualquier persona se atreve a expresar una opinión acerca del mercado, la crisis, el mito del cambio climático, el canon digital o el despilfarro de subvenciones del Gobierno hay un alto grado de probabilidad de que sea tachado de fascista, neoliberal, radical y defensor del capitalismo salvaje. No existe, por el contrario, un término similar para designar a quienes pretenden que los más vivan a costa de los menos, no hay socialismo salvaje.

No importa que el socialismo haya condenado a la pobreza a tantos países, que las dictaduras sean, en su mayoría, contrarias al mercado y se caractericen por aniquilar la libertad individual. Da lo mismo que la esencia del socialismo sea que los trabajadores financien con sus impuestos a los grupos que el gobierno decide privilegiar, en principio porque lo necesitan más, y no contribuyen. El Estado es “benefactor”, no puede hacer mal, redistribuye el dinero de los más ricos a los más pobres. Y esa idea, por más que cada día en los periódicos la realidad muestre su falsedad, está grabada a fuego en la mente de los ciudadanos. Uno puede publicar, como hace Desde el Exilio, las subvenciones más peregrinas y sangrantes, los millones de euros injustificados que dan fe del derroche gubernamental. El Estado sigue siendo “benefactor”… siempre lo hace bien.

Por el contrario, el mercado, como egoísta que es, siempre busca que gane el más rico, el más fuerte, el abusón del patio del colegio. Y si Manuel Ayau proclama a los cuatro vientos que para salir de la pobreza hace falta libre mercado, propiedad privada y cumplimiento de los contratos, seguro que es sospechoso de algo, es amigo de los americanos o algo oculta. Y si Johann Norberg muestra en su documental Globalization is Good que quienes tratan de salir de la pobreza lo que quieren es que les dejemos competir en nuestros mercados, lo más probable es que esté financiado por algún malo maloso y, en realidad, odia a los pobres.

Quienes denuncian que las medidas del gobierno ante la crisis son un disparate son unos cenizos que se alegran de cualquier mal que sobrevenga para poder criticar al gobierno, a la oposición y a todo lo que se mueva. Quienes cuestionan que el dinero presupuestado por un comité sospechoso de irregularidades para combatir el cambio climático (como si eso fuera posible) sea un gasto inútil, o que tal vez hay otras necesidades, o que no tiene sentido… son tachados de destructores de la Tierra, irresponsables ecológicos, no piensan en el futuro de los niños.

Eso sí, si es el Gobierno el que hipoteca los recursos de los niños del mañana emitiendo deuda pública, no pasa nada, bien empleado está ese dinero, no hay más que esgrimir como argumento la solidaridad intergeneracional. Y esa es la clave: la solidaridad coactiva. Sea intergeneracional, ecológica, entre Comunidades Autónomas, entre países… sirve para todo, cubre todos los desmanes estatales con su manto y tranquiliza las conciencias de todos. De quienes gastan y de quienes consienten, aplauden y votan a los que gastan.

Es más difícil justificar el derroche cuando se trata de observadores extranjeros (The Economist, el Fondo Monetario Internacional, o la canciller alemana) quienes nos señalan con en dedo como uno de los cinco países junto con Portugal, Italia, Irlanda y Grecia, que lo vamos a llevar peor a la hora de salir de la recesión.  Pero la imaginación humana da para mucho y está claro que esta vez son ellos los que se comportan como capitalistas salvajes, exagerados, cenizos, o como si tuvieran un interés oculto y malévolo: acabar con el euro, detentar el poder europeo absoluto… ¡vaya usted a saber!

Y, sin embargo, cada día que pasa, usted y yo decidimos menos sobre nuestros actos, sobre nuestro dinero, sobre nuestro esfuerzo. Cada día, el monopolio gubernamental de los medios de comunicación es mayor, la necesidad de licencias, permisos, el pago de tasas, es más aplastante, y no nos damos cuenta. ¿El secreto? El mismo que para cocer ranas: subir la temperatura poco a poco.

Ni siquiera la ventana rota

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La lacra del desempleo concluiría el mismo día en que nuestros políticos fueran lo suficientemente ignorantes como para despreciar las proposiciones fundamentales de la economía clásica y suficientemente déspotas como para colocarse el Nemes de los faraones. En palabras del propio Keynes: "La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar nuestra riqueza, si la formación de nuestros estadistas en los principios de la economía clásica impide que se haga algo mejor".

Trágico que esta simple receta, implementada en España por una banda de napoleoncitos sin formación económica alguna, se haya traducido en las tasas de desempleo más elevadas de Europa. Será que algo falla en el brebaje keynesiano, será que eso de colocar a las masas de parados a producir lo-que-sea a cuenta de las generaciones futuras no nos convierte en personas más ricas, sino en unos zotes que se han endeudado hasta la asfixia para adquirir algo que reputamos completamente inútil.

Y sí, la falla de estas recetas que debieran merecer análoga consideración a la de frotar un billete de lotería en la chepa de un jorobado la conocen o la debieran conocer los economistas desde hace al menos 160 años. Justo la fecha en la que el gran economista francés Frédéric Bastiat publicó su famoso libro Lo que se ve y lo que no se ve donde estaba contenida la todavía más famosa falacia de la ventana rota.

En su ensayo el francés se planteaba si cuando un gamberro destroza la vidriera de una tienda está generando riqueza para la sociedad. Y la conclusión le resultaba evidente a Bastiat: el comerciante que ve destruido su escaparate demandará una vidriera nueva al cristalero con el dinero que pensaba gastarse en encargarle un traje nuevo al sastre. Al final, pues, el saldo para la sociedad de la gamberrada es que hay bienes, como los trajes, que dejan de producirse porque hay que reponer aquellos que, como el cristal, se han destruido.

Así de simple: construir una pirámide para la mayor gloria de Gallardón o Zapatero implica que los ciudadanos no podrán destinar esos recursos a adquirir otros bienes. Si bien vemos la aparente actividad que generan los Planes E, no vemos aquella otra actividad que están destruyendo.

Pero los economistas –por llamarlos de alguna manera– keynesianos parecen estar inmunizados contra la lógica y el sentido común. En su mundo de fantasía, donde sólo es necesario desear que las piedras se conviertan en pan para que opere el milagro, la destrucción de riqueza es sinónimo de… creación de riqueza. ¡El doblepensar al poder! Lean si no al Premio Nobel de Economía Paul Krugman analizando las consecuencias las consecuencias económicas del 11-S apenas tres días después del atentado: "Por horrible que pueda parecer decir esto, el ataque terrorista podría incluso ser beneficioso desde un punto de vista económico (…). De repente hemos pasado a necesitar unos nuevos bloques de oficinas (…). La reconstrucción generará un aumento de la inversión empresarial".

La semana pasada, Will Wilkinson, miembro del Instituto Cato, propuso un reto a los keynesianos: dado que son tan obtusos como para no admitir que desde un punto de vista agregado destrucción de riqueza no equivale a creación de riqueza, ¿serían al menos capaces de admitirlo para casos individuales? Es decir, ¿serían los keynesianos capaces de admitir que si mi casa se incendia, yo me he empobrecido?

Y la respuesta desde el lado keynesiano no se hizo esperar: no, ni siquiera son capaces de admitir eso. En palabras del periodista keynesiano Ryan Avent: "Los desastres suponen una pérdida de riqueza inmediata, pero generan oportunidades para mejorar nuestro crecimiento a largo plazo". A saber: "¿Es que acaso no podemos pensar en un puñado de cosas cuya destrucción por algún funcionario nos haría más felices? ¿Una televisión vieja? ¿Nuestra primera generación de iPods?".

Más allá de que, como sostiene Wilkinson, ese argumento sea tanto como plantearse las bondades de que asesinen a nuestra pareja por si acaso encontráramos una mejor en el futuro o los beneficios de que suframos la amputación de una pierna por si nos viéramos inducidos a cambiar nuestra perspectiva vital volviéndonos más felices, a mí me motiva otra reflexión.

La respuesta de Avent evidencia que la ortodoxia económica actual se encuentra completamente desligada de la realidad y que está dispuesta a retorcer los argumentos tanto como sea necesario para justificar la intervención del Estado en la economía. Ni siquiera los razonamientos más elementales, aquellos que sólo con altas dosis de maldad o de ignorancia pueden negarse, están a salvo de sus disparates. Se preocupan por la formalidad matemática pero se olvidan de las esencias de los problemas. ¿Cómo convertir a la economía en una ciencia si sus principales representantes salen a la palestra a proclamar disparates como que derrumbar dos rascacielos puede llegar a enriquecer no sólo a la sociedad sino a sus propietarios? ¿Cómo pretender que los economistas en general no sean vistos como una calamidad, como una plaga bíblica, si el Estado se sirve de sus disparates para organizar coactivamente las vidas de los ciudadanos? No, esto no es ciencia, es pura propaganda.

Por qué el socialismo no puede funcionar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…donde básicamente sostenía que las economías comunistas estaban condenadas a fracasar ante la imposibilidad de realizar una asignación racional de los recursos. Si la Revolución había prometido que al terminar con la explotación del hombre por el hombre y al emancipar al proletario de la dictadura del capital, viviríamos en una época de abundancia sin precedentes, Mises simplemente se dedicaba a poner el dedo en la llaga: el socialismo no sólo es incapaz de conocer cuáles son las necesidades humanas, sino que sobre todo desconoce cuál es la mejor manera para satisfacerlas.

Sin precios de mercado, frutos del intercambio voluntario entre propietarios, proyectos técnicamente viables como construir las vías de ferrocarril de oro y el tendido eléctrico de plata o concentrar a todos los trabajadores en la producción de acero desatendiendo la de comida, dejaban de ser económicamente absurdos. Sólo porque contamos con precios, costes, tipos de interés, beneficios y pérdidas, los seres humanos podemos coordinar nuestras actividades en un esquema amplio de división del trabajo. El dirigismo, la organización centralizada, los planes quinquenales… todo ello estaba condenado a empobrecer masivamente a aquellas personas que pasaban a convertirse en peones del comité ingenieril. Y ahí está la historia para avalar cuanto Mises ya supo ver hace casi un siglo.

Por supuesto, los economistas socialistas no se quedaron de brazos cruzados. Como buscando validar su idea del polilogismo de clases, retorcieron tanto como pudieron los argumentos para tratar de conservar la ficción de que las economías socialistas sí podían funcionar y de que, por tanto, sus despóticos regímenes debían sobrevivir. Básicamente, su razonamiento pasaba por afirmar que en el socialismo podían reproducirse algunas condiciones propias del libre mercado que permitirían en última instancia el cálculo económico: socialismo de mercado o solución competitiva, lo llamaron.

Aparte del hecho tirando a ridículo de que los socialistas quisieran erradicar un sistema económico –el libre mercado– para admitir más tarde la necesidad de aproximarse tanto como fuera posible a ese mismo sistema económico, Mises siempre rechazó estas piruetas retóricas señalando que el capitalismo no es un juego al estilo del Monopoly o del parchís: los empresarios, los especuladores, los market makers o los capitalistas no eran niños aburridos quemando las horas ociosas en un tablero donde las cartas y las fichas se habían repartido por azar previamente. En el capitalismo los agentes se juegan su dinero, el dinero que han logrado satisfaciendo las necesidades de los consumidores, y ese aspecto esencial del sistema no puede reproducirse en ningún otro a menos que reconozca la propiedad privada y por tanto finiquite el socialismo.

El caso de Miguel Sebastián y la energía solar es un ejemplo bastante ilustrativo de este último punto. El ministro de Industria lleva meses tratando de recortar las primas a esta fuente renovable, consciente de la ruina que supone. La decisión de Sebastián no sólo me parece acertada, sino que debería haberse adoptado hace más de un lustro. El despilfarro de 30.000 millones de euros en las renovables –y especialmente en la solar– ha impedido que esos recursos se utilizaran en otras áreas más productivas de la economía y ha destruido más de 100.000 empleos.

Conviene preguntarse si Sebastián o Zapatero, en caso de haber invertido su propio dinero, hubiesen mantenido durante tantos años una apuesta tan absurda como la de las renovables. ¿Qué habría pasado si alguno de estos personajillos hubiese visto cómo todo su patrimonio desaparecía en un proyecto tan ruinoso como éste? Pues que voluntaria –por preocupación– o involuntariamente –por agotamiento del dinero– el despilfarro de recursos habría terminado mucho antes. Difícilmente podemos desligar la irresponsabilidad cometida del hecho de que Sebastián y ZP jugaran con el dinero de los demás.

Pero el punto crítico para comprender la imposibilidad del socialismo no es éste. Ni siquiera es necesario que recordemos que si podemos saber que las renovables son un despilfarro masivo es porque contamos con distintos costes (precios) para la energía. Lo esencial es que nos planteemos si, por absurdo que nos parezca, Sebastián podría estar equivocándose. Es decir, ¿qué sucedería si nos encontráramos a las puertas de un adelanto tecnológico en la solar de tal calibre que permitiera reducir a su mínima expresión los costes energéticos pero que fuera abortado por el recorte de la inversión que planifica Sebastián? En efecto, todos los empresarios visionarios comienzan perdiendo grandes cantidades de dinero hasta que sus productos triunfan y se generalizan en el mercado. ¿Cómo sabemos que no convendría seguir invirtiendo en la solar?

Simplemente no lo sabemos. Somos conscientes de que hasta ahora ha fracasado, pero no podemos conocer un futuro no predeterminado y sobre el que debe especularse. Para ello, contamos con un ámbito de experimentación descentralizado, el mercado, donde cada cual compara su expectativa de éxito con el dinero que le resta para alcanzarla: si triunfa ganará muchísimo dinero y si fracasa, lo perderá. Estoy seguro de que hoy mismo hay multitud de empresas privadas que mantienen sus líneas de investigación para desarrollar una energía solar asequible, pese a que Sebastián ya haya (por suerte) desistido.

Es esta decisión de cada propietario poniendo en riesgo sus ahorros para concebir, seleccionar, iniciar, mantener o abandonar alguno de los billones de proyectos productivos técnicamente viables la que es del todo insustituible. Sebastián y todos los planificadores sociales juegan a empresarios; otros son empresarios. No sólo pueden captar todos los recursos que necesiten para dar forma a sus fantasías, sino que pueden permitirse el lujo de fantasear al margen del resto del mercado. Las locuras impensables en un sistema competitivo con propiedad privada se convierten en norma en un régimen sin la misma. Por eso el socialismo degenera siempre en una ruina colectiva al servicio de la megalomanía personal.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

En defensa de la tauromaquia

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Las comparecencias que se están sucediendo en el Parlamento de Cataluña con motivo de la tramitación de la proposición de modificación de la Ley autonómica de protección de los animales, cuyo objetivo declarado consiste en la prohibición de los espectáculos taurinos en el antiguo principado, han concitado un interés unánime, tanto entre los aficionados como los detractores de la tauromaquia.

Al leer el título de la propuesta, un observador ajeno al debate político español podría suponer que la cuestión radica solo en decidir si un poder legislativo puede aprobar una ley para prohibir esas fiestas que giran en torno a los toros bravos, so capa del trato cruel que se dispensa a esos animales. Si se limitara a esos términos, cabría objetar la desproporción de una medida de ese tipo, por muy intolerable que parezca la celebración de los espectáculos taurinos para la sensibilidad de algunos. Si se admite la posibilidad de que los animales formen parte del sustento de nuestra especie humana (aunque quepa optar, ciertamente, por la dieta vegetariana) y de que los hombres pueden poseerlos como dueños, la justificación de la prohibición legal con el argumento de impedir que se trate cruelmente a los toros bravos queda empequeñecida. Es más, en el caso de la lidia, palidece ante la lucha a muerte ritual que entabla el torero con esa bestia de indudable belleza.

Sin embargo, a nadie se le escapa que los promotores de esa iniciativa legislativa pretenden, asimismo, moldear el imaginario colectivo de los catalanes, continuando, en este sentido, el camino emprendido por el gobierno de Jordi Pujol Soley, quién ya en 1988 consiguió que ese mismo Parlamento aprobase una ley de protección de los animales que prohibió la construcción de nuevas plazas de toros en Cataluña. Desde un principio, la ocupación del poder por parte de los políticos nacionalistas se ancló en la voladura, con muy notable cuidado, de los lazos afectivos y culturales que los catalanes comparten a grandes rasgos con el resto de los españoles. Tal empeño contiene falsificaciones históricas bastante evidentes. A la lista de toreros catalanes a lo largo de la historia y la popularidad de las corridas de toros en grandes urbes como Barcelona pueden añadirse otras muestras como la raigambre de los correbous en las tierras catalanas del Ebro (conocidos también como encierros de toros embolados).

Precisamente, en una doble finta para proclamarse los protectores de estas fiestas tradicionales en Tarragona y ocultar la relación de los correbous con los encierros y el resto de manifestaciones de veneración ancestral por los toros bravos, característica común de estos espectáculos en España, los diputados de Convergencia propusieron en diciembre de 2009 una ley que, regulando hasta los minutos que los toros pueden permanecer embolados, trata de eximir a esta variedad taurina de la prohibición que viene.

Tampoco puede ser casual que, aparte de España y la América hispana, la tradición del toreo perdure en la región francesa del Languedoc-Rosellón, fronteriza con Cataluña. Uno de los más sobresalientes toreros actuales, Sebastian Castella, procede de Béziers, una ciudad de esa región que se ha mostrado tan receptiva a las influencias taurinas. Como se sabe, Felipe IV cedió a Luís XIV el condado del Rosellón mediante el Tratado de los Pirineos en 1659 (art. 42) justificando que estos montes sirvieran de frontera entre los dos reinos, dado “que habían dividido antiguamente las Galias de las Españas”.

Sería miope, aun con todo, reducir las motivaciones de los promotores de esta iniciativa legislativa popular a la alucinación identitaria del nacionalismo catalán pues, simultáneamente, sus postulados están llamados a una aplicación universal. Es cierto que dicen impulsar el desarrollo de la competencia exclusiva de la Generalidad sobre “la sanidad vegetal y animal cuando no tenga efectos sobre la salud humana y la protección de los animales” establecida en el artículo 116.1 d) del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, el cual todavía se halla pendiente de la resolución de los recursos de inconstitucionalidad entablados hace más de 3 años contra la mayor parte de su contenido.

Pero las ideas que subyacen en la cosmovisión de la comisión promotora, al parecer formada por gente afín al gobierno tripartito, no se limitan a recomendar un buen trato a los animales por parte de sus dueños (que, evidentemente, solo pueden ser humanos) o, incluso, proscribir su maltrato gratuito, como se acostumbra a regular en las muy sensibles legislaciones occidentales de protección de animales. En la exposición de motivos de esa proposición de ley se leen aseveraciones que hace tan solo treinta años habrían levantado unánimes recomendaciones de examen psiquiátrico de sus promotores en los países del llamado mundo libre, o les habrían enviado a los manicomios reservados para los disidentes, en los países del socialismo real, a no ser que la nomenclatura considerase provechoso explotar políticamente esos desvaríos.

Estos sumos sacerdotes del culto a una naturaleza idealizada se erigen en intérpretes de lo que sienten y piensan tanto los hombres como los seres vivos otrora llamados irracionales. Así, proclaman que se ha producido un “cambio en la relación de los seres humanos y el resto de los animales, que, partiendo de una visión absolutamente antropocéntrica que equiparaba a los animales con los objetos, ha desembocado en la visión -apoyada entre otros motivos en hallazgos científicos como la proximidad genética entre especies- de que, al fin y al cabo, todos los animales son el resultado de procesos evolutivos paralelos”. “El toro bravo es un mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la especie humana, lo cual significa que comparten muchos aspectos de nuestro sistema neurológico y emotivo”.

Curiosamente, esas místicas asimilaciones entre seres humanos y astados coinciden con una constatable pérdida de interés por la fiesta de los toros entre grandes masas de españoles, al menos en comparación con lo que ocurría en tiempos pasados. Antes al contrario, los gustos de una sociedad plural como la española han evolucionado por derroteros lejanos a la uniformidad. Los argumentos de los supuestos defensores de los animales han calado en sectores muy amplios de la población, al igual que ha sucedido con deportes como la caza, pero, probablemente, no hayan sido la única causa de ese desapego mayoritario.

Esa situación coexiste con el interés que suscitan fiestas emblemáticas como los encierros de Pamplona y los tradicionales festivales de muchos pueblos españoles, donde el elemento taurino constituye uno de sus principales hitos, en cuanto que no suponen ya una de las referencias estacionales de una sociedad mayoritariamente agrícola. La renovación del toreo, no obstante, se produce continuamente con la aparición de nuevas figuras y la adopción de nuevos hábitos. Piénsese en la enorme trascendencia que tuvo la introducción del peto protector de los caballos de los picadores frente a las embestidas de los toros. Tal vez sería más dinámica si no estuviera sometido a una intervención pública tan asfixiante y uniformadora, que se presenta como el reverso de las dispendiosas subvenciones públicas que reciben los empresarios -con no pocos retrasos- de los miles de ayuntamientos que contratan espectáculos taurinos. Puede que el futuro pase por una profundización del potencial que albergan esas inmensas dehesas donde pastan los toros bravos, si además de tentaderos para celebrar capeas se permitiera la celebración de auténticos espectáculos taurinos abiertos al público.

En conclusión, desde una perspectiva que no puede ser sino antropocéntrica y defensora de un orden de libertad, esperemos que, puesto que no están obligados a ser entusiastas aficionados, los diputados del parlamento catalán acepten la pluralidad de las personas que viven en Cataluña, incluidas aquéllas que lo disfrutan y que, al final, rechacen la prohibición de la tauromaquia y los espectáculos taurinos.

Sociedad civil estabulada

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Cuando la sociedad civil depende financieramente de las limosnas que entregan los presupuestos públicos, la democracia queda herida de muerte. Entonces, se puede afirmar sin tapujos que la sociedad permanece estabulada, ya que las organizaciones civiles se asemejan al ganado vacuno que dormita mansamente en el establo a la espera del pienso diario, bajo la guía y la explotación de los dueños de la granja.

Una sociedad civil estabulada se caracteriza por su comportamiento dócil, sin ejercer una crítica constructiva libre sobre la acción de los políticos, alimentada con fondos públicos para que nadie proteste ante situaciones de crisis económica con elevada presión fiscal, déficit presupuestario, excesivo endeudamiento o intervención monetaria o, peor,  ante crisis institucionales con continuos atropellos administrativos e imposición de leyes liberticidas.

Así, por ejemplo, los políticos se encargan de silenciar a los disidentes y de premiar a los acólitos cuando legislan leyes que atacan los derechos a la vida (artículo 15 CE), a la libertad (artículo 16 CE), a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE) o a la propiedad privada (artículo 33 CE).

La independencia financiera es un elemento esencial en cualquier organización civil. Si sus actividades dependen de las prebendas de las autoridades, es imposible que desarrollen su trabajo con un mínimo de crítica sobre las leyes y actos administrativos que afectan al objeto social de su actividad.

Todos hemos observado en demasiadas ocasiones, como muchas asociaciones buscan medrar prebendas de las autoridades y, en múltiples casos, como son promovidas por éstas para instrumentalizar las cuentas públicas a favor de los grupos afines a su partido.

Desafortunadamente, la democracia no ha sido la forma de gobierno más común en la mayoría de los países y, sin duda, la mansedumbre social se origina como un comportamiento ciudadano heredado de los regímenes autoritarios, cuando se han padecido durante generaciones, precediendo a la instauración de la democracia.

Quizás, por ello, muchos votantes no están todavía acostumbrados a actuar como ciudadanos libres frente a las autoridades, agrupándose en organizaciones independientes de los poderes públicos. Por supuesto, la movilización debe quedar siempre sujeta a Derecho y, sin excepciones, debe actuar sin coacción ni violencia en contra de los derechos de los demás ciudadanos.

En España, los tentáculos del dinero público alcanzan hasta el último rincón de la sociedad civil, engrasando las finanzas de múltiples organizaciones que abarcan desde los sindicatos de “trabajadores” hasta la “patronal de empresarios” con más de 440 millones de euros anuales en subvenciones y hasta 500 millones de euros en cursos de formación. Las ayudas públicas también sufragan los gastos de variopintas fundaciones y alimentan lobbies organizados en extravagantes asociaciones. Adicionalmente, las administraciones públicas controlan las voces discrepantes en aquellos colegios, institutos y universidades que financian y, premian los apoyos explícitos en áreas culturales como el cine, el teatro o incluso los medios de comunicación. Ni siquiera se libran de quedar “untadas” por los subsidios las instituciones que supuestamente deberían liderar el librepensamiento como Ateneos o Reales Academias y, también muchos “think tanks” instrumentalizados a favor de determinados partidos.

Por supuesto, no deseo abrumarles ni deprimirles, pero sí pretendo destacar como la irresponsabilidad y las renuncias morales de la clase política han degenerado las instituciones y han silenciado la sociedad civil en España. Su nivel de corrupción ha rebasado límites que incapacitan a muchos de los dirigentes para afrontar con garantías la necesaria reforma del régimen.

Existe un último eslabón que mantiene viva la esperanza de recuperar una democracia que desarrolle un orden extenso, complejo y abierto de convivencia en España, y está en manos de los ciudadanos que deben despertar del letargo mediático y colaborar activamente con las pocas organizaciones civiles independientes, pacíficas y honradas que denuncian las deficiencias institucionales.

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Cambio real, cambio nominal

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La actual situación económica está consiguiendo lo que cuatro años de primer mandato negociador con ETA no han conseguido. La intención de voto a favor del PP o, más propiamente, en contra de Zapatero, es de cerca de siete puntos porcentuales. Tal diferencia induce a reflexión acerca de los motivos que, más allá de la mera elección de una u otra papeleta, llevan a los españoles a las urnas.

En el periodo 2004-2008 se produjeron los primeros avisos de que la expansión general del crédito con destinatarios varios, aunque preferentemente en el sector de la construcción, amenazaba con acabar en una crisis fatal. Dado que los avisos de crisis eran minimizados por la nomenklatura académica, y por supuesto política, la fluidez y abundancia de medios de pago eran un bálsamo para el espíritu crítico de los ciudadanos. Pero no solamente la falsa abundancia inducía a los españoles al error. Es más, el acriticismo no es fruto solamente de una tentadora situación en la que tenía más a cuenta endeudarse que no hacerlo. Han sido más determinantes las décadas de educación en la dependencia a que los españoles se han entregado.

Educar en la irresponsabilidad ha sido la tónica de la escuela y de la educación popular de casi cualquier institución. En los centros académicos tanto como en los medios de comunicación, o por parte de los tontos útiles de la cultura, todos se han coaligado con una clase política inmadura que prefiere a un ciudadano incapaz que a uno autosuficiente.

La negociación con ETA conllevó la aceptación pública del chantaje terrorista, la asunción de que alguien con quienes se identifican los españoles de manera compleja pero inequívoca, es decir, las víctimas, pueden ser dejadas de lado si, al final, se elimina el problema de manera indolora y angelical.

Pero tal irrealismo vital era, y es, aplicado a casi todas las demás facetas de la vida. La económica, en particular, ofrecía y ofrece los mismos rasgos. El problema de la subsistencia vital consiste para los adultos adolescentes en que el dinero fluya, los alemanes lo transfieran vía UE, los bancos lo presten fácilmente y los gobiernos lo regalen a quien tenga un proyecto vital de nuevo cuño.

¿Qué esperan, por tanto, los españoles de la oposición? No han cambiado las cosas respecto del anterior mandato. Los que ahora se manifiestan favorables al Partido Popular exigen de éste los mínimos cambios para que se restablezca el bon vivant precedente. La tentación de la inocencia que Bruckner describió es ya una estación, un fin vital, una aspiración a la jubilación anticipable.

Que el PP lo arregle para que nada cambie o, en todo caso, para que se prolongue ese estado en el que los individuos no deban sufrir el más mínimo sentido de la responsabilidad, alejen de su alma la idea de que la riqueza se trabaja con esfuerzo y talento, no con fluidez monetaria, huyan de considerar que los males de la existencia se afrontan aceptando el dolor de la cirugía, o sigan cándidamente creyendo que un ser social es el que vive de la sociedad, no el que coopera productivamente con ella.

Banca y vivienda: los nuevos motores de España

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Aquí se acaban las diferencias. En todo lo demás, incluyendo el paisaje y el paisanaje, son tan parecidas como dos gotas de agua.

Los griegos llevan varios años cocinando las estadísticas oficiales. Nosotros estamos en ello, empezando por las del paro, cuyos números sólo se creen Corbacho y la Salgado, esa calamidad que Zapatero puso de testaferro para poder gestionar personalmente el desastre. Está por ver si, llegado el momento, quiere seguir gobernando el barco cuando se encuentre debajo del agua como ya está haciendo su colega Papandreu.

Grecia no dispone de capacidad de recuperación porque no produce nada que otros países deseen y porque su Gobierno ha endeudado a todos, incluso a los que todavía no han nacido. España tampoco hace nada que sea deseable fuera, a excepción del sector turístico que es moderno, competitivo y multinacional. Pero del turismo no comen los 46 millones de españolitos.

Nuestra industria principal sigue siendo, dos años después del crack, la de la carretilla de cemento, el andamio y el alondra que apura el sol y sombra en el bar de enfrente antes de ponerse al tajo. Esos han sido los artífices del espejismo español de esta década y nadie, empezando por el propio Gobierno, quiere jubilarlos. Por eso los han puesto a adoquinar aceras y a hormigonar pistas para que unos inexistentes niños monten en patinete.

En cuanto al endeude, es cuestión de tiempo que Zapatero (vía Salgado) nos hunda en la sima del impago. S&P ya no se fía; creen estos remilgados señores de Wall Street que, en un par de años, la deuda española alcanzará ya el 80% del PIB, mucho más de lo que la Unión Europea está dispuesta a tolerar. Luego Dios dirá. O nos echan, o nos vamos, o se van ellos; pero lo que no puede soportar el euro es un país tan grande como éste haciendo el indio a su costa.

Grecia, como España, está paralizada ante la adversidad, resacosas ambas de socialismo quejumbroso e irresponsable. Las algaradas violentas y los coches calcinados de Atenas o Tesalónica no tardarán en verse por Madrid o Barcelona en cuanto se acabe el maná del dinero que el Gobierno pide prestado para arrojar después por la alcantarilla de la dilapidación pública.

La izquierda radical, que se crece con la miseria, espera esa oportunidad para sacar de paseo a sus camisas negras. Zapatero, entretanto, emulando a Papandreu, prefiere quedarse sentado viendo el incendio, esperando a que lleguen los bomberos y arreglen el desaguisado para luego ellos presentarse como los artífices del milagro. No sería la primera vez en la historia que esto sucede. A Roosevelt le salió a pedir de boca, ¿por qué no habría de sucederle lo mismo a Zapandreu?

Fernando Díaz Villanueva es periodista.

La amplitud de la libertad

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La libertad individual, como fundamento de la dignidad humana, no resulta posible en todo orden social sin atender a variables como Política, Poder, Derecho y Moral. Únicamente cierta combinación de dichas variables contribuye a la formación de sociedades donde sus miembros gozan de semejante reconocimiento personal.

La consideración máxima e individualista del ser humano existe cuando queda incorporada dentro de procesos amplios (en términos relativos), cuya extensión no resulta dimensionable a priori, aun cuando podamos distinguir un límite crítico a partir del cual puedan identificarse rasgos concluyentes.

1. En cuanto a las reglas de mera conducta, queriendo representar con este término tanto las reglas jurídicas, de por sí irresistibles, como las reglas de cumplimiento voluntario, de tipo moral, analizando su contenido aprehensible en ambos casos cabe concluir características que propician una ordenación eficiente de la conducta. La autonomía de la voluntad no se concibe dentro del grupo atávico y reducido, como tampoco fuera de la familia, hasta un momento muy reciente de nuestra historia.

El imperio de las reglas es mucho más severo y efectivo que el imperio del poder político arbitrario. Un orden de reglas intensamente interiorizado por los individuos, automatiza la conducta de forma poco flexible (la burla moral se refiere a un contenido mínimo y superficial). El fraude de reglas consolidadas (por la mera articulación de su contenido superficial) representa, dentro del grupo humano primitivo, un crimen capital en contra de toda la comunidad.

Este carácter estático del pequeño clan quebrará hasta quedar hecho añicos al mismo ritmo que los individuos de dicho grupo comiencen a reconocer al extraño (miembro de otra tribu o familia) y procedan a tratar e intercambiar con él. Los contenidos normativos se adaptan en clave de confianza y apertura, provocando cambios en dos direcciones: la regularidad permite definir reglas que, una vez especificadas (advertidas o no de manera consciente), producen nuevas regularidades (la fuerza centrífuga del Derecho y la moral, que diría S. Cotta). La permeabilidad del orden de reglas y su dinamismo serán el fundamento del éxito social de cada tribu, siempre necesitada del contacto con extraños próximos o lejanos.

La amplitud es evidente cuando un individuo, así considerado, establece vínculos comerciales, morales o políticos, con quien, hasta entonces, fuera un perfecto desconocido (un extraño). Desde ese mismo momento, nacerán entre ambos sujetos nuevas regularidades de conducta que ampliarán la perspectiva cognitiva de cada uno de ellos, relajando reticencias, disolviendo prejuicios y, por fin, favoreciendo futuros intercambios, todo ello consecuencia directa de una renovada y potente curiosidad.

En estas situaciones, los contenidos normativos se adaptan a una mayor velocidad, simplificando normas y principios, posibilitando el entendimiento entre esquemas morales aparentemente divergentes. El Derecho y la moral de una Sociedad abierta o extensa quedan circunscritos a un reducido núcleo fundamental de mecanismos de resolución de conflictos y salvaguardia de valores, depurado competitivamente y capaz de albergar singularidades no excluyentes.

2. En cuanto al poder y la política, el sometimiento progresivo a ámbitos de jurisdicción, consenso social y compromiso político mucho más amplios (que, en ningún caso, implica la centralización del poder, sino todo lo contrario, como veremos a continuación) ubicará al individuo en una posición de fortaleza frente a las pretensiones de dominación de otros individuos, alejando las tinieblas del enfrentamiento entre pequeños grupos y el consecuente aislamiento de su miembros.

El Estado, como señorío que da forma al poder absoluto organizado, procura la atomización social, rompiendo vínculos que le son ajenos, y absorbiendo instancias de poder que pudieran representar un freno a su inseparable carácter totalitario. El Estado nace en una época donde el individualismo florece, convirtiéndose en un conveniente, pero letal aliado, en la misión de romper las cadenas de un orden social parcelado.

Sólo la amplitud del poder (dispersión del poder, en realidad) permite al individuo mantener su resistencia contra el absolutismo estatista (concentración del poder), nacido de la espontánea atomización social (distinta de la atomización promovida deliberadamente por el Estado). La figura del contrapoder es más fuerte en órdenes de cierta amplitud, donde el Estado no sea capaz de seducir a todos e integrarlos en su maquinaria de dominación (federaciones de poderes locales o sistemas forales). La falta de dispersión de instancias de poder sobre las que se ejerce dominio tiende a concentrarlo y tramarlo dentro de una estructura única y excluyente (resultando más sencillo cuanto menor sea la población gobernada, aunque dependa de otros condicionantes culturales e históricos que impiden generalizar del todo la regla).

El poder político efectivo rebosa su cómoda esfera de control en la medida que los individuos, con antelación, extiendan sus vínculos y derriben viejas barreras morales, jurídicas y comerciales existentes entre culturas y pueblos. La discusión política supera fronteras forzando dos tipos de salida: la expansión (con concentración, cuando es violenta; sin concentración, cuando es acordada o progresiva), o la contracción del poder. La historia nos proporciona ejemplos de ambos escenarios, siendo ahora el tiempo del compromiso interestatal, como germen de un poder más extenso (en cuyo seno pugnan las posiciones, favorables unas a la concentración y el centralismo, defensoras otras de la dispersión –con forma federal, por ejemplo-).

El Poder (en el sentido amplio del término: poder personal, jurídico y/o político), mantiene una actitud bipolar en su relación con la libertad individual: la conserva y la destruye al mismo tiempo. Si bien, un poder amplio, extenso y disperso (plural), será, en todo caso, más débil y manejable por los individuos y sus asociaciones voluntarias. El liberalismo debe saber combinar la descentralización del poder con la extensión de los ámbitos de entendimiento, ampliando de este modo el orbe del consenso social y los valores que le dan sentido. Foralismo integrado, por así decirlo, o proximidad del magistrado (servidor público) al ciudadano, unido al límite de integración de cada facultad dependiente del poder político o jurisdiccional, que impide por sí misma, en términos de eficiencia, una distancia excesiva entre el problema y el encargado de resolver o administrar dicho problema (siendo la única vía abierta para la progresiva liberalización de ámbitos considerados artificialmente comunes).

El estudio científico de las reglas de mera conducta y del Poder (personal, político y jurisdiccional), nos permite afirmar que la amplitud (tal y como aquí se ha conceptualizado), resulta un condicionante básico de la libertad individual y la formación de órdenes sociales abiertos y extensos. Cuanto más intensa sea la interiorización de contenidos normativos estrictos, y más tramada y absorbente la integración del Poder (hasta llegar al absolutismo estatista), más pobre y débil será la manifestación individualista.

La libertad individual resiste y avanza en escenarios donde se produce, al mismo tiempo, una dispersión del poder, dentro de formaciones espontáneas más amplias (integración horizontal, confederalismo o federalismo suave), y un proceso dinámico de evolución del orden de reglas de mera conducta, vertebrado únicamente por unos principios fundamentales de la moral y el Derecho, articulables (en términos suficientes pero reducidos) en la comprensión abstracta de los contenidos normativos básicos, eficientes y coincidentes, de naturaleza histórica y evolutiva.

“La Libertad depende de la división del poder. La democracia tiende a la unidad del poder. Para mantener separados los agentes es necesario dividir las fuentes; es decir: hay que mantener, o crear, organismos administrativos separados. Para aumentar la democracia, un federalismo limitado es la única restricción posible a la concentración y el centralismo” (Lord Acton, Carta a Mary Gladstone, 20 de febrero de 1882).

Quousque tandem, Zapatero?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero llegó a La Moncloa sin saber distinguir entre un impuesto regresivo y uno progresivo, lo que no le impidió unos años después, cuando probablemente seguía sin conocer la diferencia, enarbolar la bandera de la progresividad con ese mágico adagio de "que paguen la crisis los más ricos", trasunto de la no menos célebre fórmula de Alfonso Guerra "to’ pa’l pueblo".

Ignorante y déspota sin complejos, Zapatero se ha topado de bruces con la ley de la gravedad económica, a saber, que no basta con que el Gobierno pulse un botón para que las familias y las empresas vuelvan a generar riqueza. Por desgracia, dos tardes no bastan para que un ungido como nuestro presidente aprenda a desconfiar de la omnipotencia estatal, ese becerro de hojalata al que rinde pleitesía el conjunto de nuestra izquierda.

El problema esencial de nuestros políticos es que no son conscientes de sus limitaciones, que son todas. La sociedad no puede planificarse con escuadra y cartabón y cualquier intento por lograrlo sólo terminará fracturando esa misma sociedad.

Zapatero nos prometió que a partir de marzo del año pasado, los efectos sobre el empleo de su monumental despilfarro público iban a ser visibles. Nos aseguró que él solito, tirando de nuestras chequeras, conseguiría hacer remontar el vuelo a nuestra economía. Total, si la receta ya la dejó escrita Keynes, ese trilero que algunos pretenden hacer pasar por el mejor economista del s. XX:

Si el Tesoro Público se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a una profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas que luego se cubrieran de escombros de la ciudad y encomendáramos a la iniciativa privada (…) la tarea de desenterrar los billetes (…) terminaríamos con el paro.

He ahí  condensado todo el pensamiento económico de ZP. He ahí el sustrato ideológico de su Plan E: convertir en escombros nuestras ciudades para cubrir de basura las minas subvencionadas de Rodiezmo con tal de que las empresas busquen en su fondo un tesoro repleto del dinero que previamente nos ha quitado Hacienda. Que tal proyecto sea del todo inútil para las familias y las empresas resulta irrelevante. Al cabo, se parte de un error: pensar que el gasto público debe servir de alguna manera a las necesidades de los contribuyentes que lo sufragan en lugar de a los intereses electorales del político que les ha arrebatado los impuestos.

ZP se gastó en 2009 algo así como 320.000 millones de nuestros euros; unas cinco veces lo contenido en esa filfa llamada Fondo de Reserva de la Seguridad Social que supuestamente iba a garantizar in saecula saeculorum nuestro fraudulento sistema de pensiones públicas. ¿Resultado de semejante despilfarro?

Desde enero de 2009 a enero de 2010 el paro se ha incrementado en 700.000 personas, superando –incluso con manipulaciones y maquillajes– esa cifra que Corbacho, el enésimo ministro socialista del Paro (Almunia, Chávez, Griñán… uno ya pierde la cuenta), nos juró en todas las lenguas sagradas existentes que nunca íbamos a alcanzar.

Pues aquí lo tenemos, cinco años perdidos por culpa de la burbuja creada por nuestros bancos centrales y por el fanatismo socialista de nuestro Gobierno. Barra libre de gasto público y bloqueo absoluto de cualquier liberalización de los mercados, incluyendo el laboral. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando la incompetencia y la mala fe de estos señores? A estas alturas de la película nadie debería dudar de que su política económica ha sido y es un profundo fracaso que sólo ha conseguido arruinarnos y endeudarnos. Peor que la crisis, ha sido su calamitoso Gobierno. ¿Debemos esperar impotentes ante la tragedia a que concluya la legislatura para que terminen con su operación de derribo de nuestras economías?

Competencia política

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Competencia política

La reciente victoria del ya senador electo del Estado de Massachusetts, el republicano Scott Brown, prueba las ventajas que tienen los sistemas electorales y políticos más competitivos e individualistas.

La política es el arte con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado, vinculado a la puesta en común de ciertos aspectos de la convivencia, y en consecuencia, está identificada con toda actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. La competencia, siempre en su sentido dinámico, lejos de los modelos de equilibrio y perfección sistemática, y de acuerdo con alguna de sus acepciones principales, sería la oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa, pero también la mejor vía para descubrir conocimiento o generar nueva información, actualizar expectativas y recomponer planes de acción valoraciones y utilidades, sobre fines y medios que nunca están dados. El concepto de competencia política se incorpora de este modo a un tipo de análisis más amplio, al que no le es ajeno el estudio económico o jurídico.

Hablamos de concurrencia entre iguales, contienda pública entre aspirantes a captar el apoyo de los electores en un plebiscito, pero también mientras dure la encomienda. Hablamos de representación, como sustitución de alguien en lo que le compete o interesa, traslación de la voluntad más o menos definida de un grupo humano circunscrito. La política exige discrecionalidad, entendida como margen de arbitrio, o potestad sobre un conjunto de atribuciones formales, razón que impide que su titular sea un mero procurador de intereses, desligándose de la imperatividad del mandato representativo que, en otros ámbitos jurídicos o sociales, sí resulta indispensable y efectivo.

Cualquier potestad implica responsabilidad, respecto de las normas que limitan la acción del potestatario, pero también, en la medida que se trate de un magistrado directamente elegido, responsabilidad política. Esta es la razón que hace la circunscripción unipersonal una mejor solución que aúna independencia y representatividad.

Cuando de lo que se trata es de componer órganos colegiados, cada miembro debe contar con la confianza formalizada de una parte del todo político, sobre el que dicho colegio pretenda adoptar decisiones. Dividiendo al electorado en distintas circunscripciones, la composición orgánica resultante adquiere independencia y competencia interna, contribuyendo a alejar el fantasma del blindaje corporativista. Mientras que sea permeable, vivirá expuesto a la opinión pública. Siempre que cada miembro dependa de un electorado directo y atento, su acción ganará mesura e independencia respecto de los intereses creados dentro del propio colegio.

Las magistraturas personalistas derivan de la exigencia de liderazgo en el ejercicio de determinadas potestades. Desaparece la competencia intraorgánica, pero pervive entre homólogos, circunscritos a ámbitos territoriales o personales diferentes. Cuando la magistratura es única (una única circunscripción), su independencia convive con la del resto de magistrados, si bien, en virtud de sus atribuciones, exclusivamente la opinión pública llegue a representar un límite o control político, más allá de la convocatoria electoral periódica (el control potestatario depende del sistema de organización política, sus reglas y mecanismos de corrección vinculados a otras magistraturas independientes).

La opinión pública es un contrapoder abstracto pero sensible y efectivo en casos extremos. El magistrado que trate de no vivir sujeto a sus tendencias, se excederá en su vocación de independencia, que al mismo tiempo podrá ser una forma inmejorable de consolidar carisma, liderazgo y autoridad. La potestad formal y el acceso representativo a las funciones definidas, no son suficiente a fin de garantizarle a un electo todo el poder político que necesitará para hacer efectivas sus atribuciones. La discrecionalidad se mide en clave de autoridad, siendo ésta la única vía para fortalecer, e incluso convertir en irresistible, casi cualquier decisión que llegue a adoptarse.

La competencia política, como mecanismo que contribuye a formar un orden social libre, se funda a su vez en la alternancia posible, la libertad de expresión, la resistencia individual frente al esfuerzo de dominación organizada, y la extensión del sufragio pasivo sobre todos aquellos que disfruten del ídem activo. Únicamente de este modo se logrará permeabilizar el poder e integrar la idea de comunidad política.

La descentralización de la potestad, de acuerdo con los criterios expuestos, corresponde con la constitución de magistraturas personales (colegiadas o no), responsables e independientes. La delegación de atribuciones, desde un magistrado expuesto a elección periódica, en competencia con el resto y sometido al límite de la potestad (opuesta a la idea de imperio como poder absoluto), quiebra en el instante en que el encargado, arbitrariamente seleccionado por aquel, ostenta funciones que no son mecánicas o meramente ejecutivas. Existe un límite de integración política también al nivel de cada magistrado, desgajándose una o varias nuevas magistraturas en la medida que se rompa el nexo mecánico dada la politización del poder delegado. Gracias a la competencia política se descubren límites de integración, promoviendo una descentralización que es, por definición, contraria al poder absoluto (imperio).

La descentralización no debe entenderse en su mero aspecto formal, cuando de una unidad política, de por sí absolutista, nacen nuevas entidades autónomas o independientes, sobre ámbitos de dominio menores. No varía la naturaleza del poder, simplemente su integración organizativa y mecánica, incorporando exclusivamente una falsa pluralidad política. La libertad exige competencia, pero no entre Estados o regiones, sino entre magistrados personales e independientes, integrados o no en colegios o cámaras, con o sin homólogos. El contrapoder, entre absolutos, deriva en conflicto y colectivismo. El mejor poder es el representativo, descentralizado en magistraturas personales y responsables, sometidas a la competencia política multidireccional. Identificadas las ventajas del individualismo, no parece comprensible alabar las virtudes de la descentralización colectivista.