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Forma parte de la propensión humana a comunicar lo comunicable el intento de verbalización del conocimiento, conseguir rebajar su carácter subjetivo (B. Russell). Si entendemos por "público" todo espacio de entendimiento, de transmisión inteligible de conocimiento, sensaciones y opiniones, podemos vincular todo lo público como resultado mismo del "proceso social", concretamente, en lo que se refiere a la parte articulada de las instituciones sociales. Por desgracia, "público" ha adquirido como concepto ciertos matices que dificultan su manejo dentro del vocabulario científico.

Conviene diferenciar entre el contenido profundo, tácito y superconsciente (F.A. Hayek) de la conducta, de aquella otra parte superficial, relativamente articulable y semiinconsciente o consciente que finalmente logra ser expresada como conocimiento institucional. El primer tipo de contenido se traduce en instituciones con un alto grado de certidumbre, verbalización y sistematización, que posibilitan su tratamiento lógico y comprensión, dentro de conclusiones teóricas controlables (K. Popper). Una suerte de objetivación de conocimiento en forma de leyes, preceptos, enunciados, reglas sintácticas, definición de cualidades, términos, etcétera. Sea cual sea la institución social estudiada, Derecho, Lenguaje, Dinero, Moral o Mercado, nuestra mente será capaz de expresar de manera inteligible cierto conocimiento que sea comprensible, comunicable, transmisible, discutible, explicable, y, en definitiva, hecho público, expuesto con relativa claridad al resto de individuos. La búsqueda de lo público representa el esfuerzo por dar una apariencia de objetividad a lo que tiene un origen estrictamente subjetivo, descubriendo conocimiento y enunciándolo con suficiencia. Acudir hasta las profundidades de nuestra mente en busca de aquellos retazos de acción, conducta y perceptibilidad que puedan ser evidenciados ante el resto de individuos.

El siguiente paso es dotar al conocimiento científico de un método, y es aquí donde se comete un error primordial. Si las instituciones de las que nos percatamos, y que tratamos de hacer inteligibles en su explicación y efectividad, acaban interpretándose como entes dotados de una esencia singular, estaremos convirtiendo esas ideas teóricas o abstracciones de nuestro pensamiento en entes colectivos, distinguibles e independientes de las acciones de los individuos cuyos resultados, fundamentalmente no intencionales, las conforman. El colectivismo metodológico comete dicho error, lo que conlleva trágicas consecuencias no sólo en el orden de lo científico, sino también en el de lo práctico. El interés de este método es estudiar el devenir de los entes abstractos colectivos e impersonales, en pos de enunciar las leyes históricas que determinan su movimiento y destino. De todo ello se infiere una clase de fines que sobrepasan al individuo, quien pasa a ser considerado una ínfima parte dentro de un todo superior, e incluso una simple abstracción, algo que no es capaz de existir por sí mismo (Hegel). Decía Popper que "una de las mayores equivocaciones es creer que una cosa abstracta es concreta; se trata de la peor ideología". Supone la conversión de las ideas en cosas tangibles, confundiendo lo que son meras construcciones teóricas abstractas con realidades específicas dotadas de fines y cierto tipo de voluntad propia para alcanzarlos.

Frente al colectivismo, únicamente cabe oponer el "individualismo metodológico", que se define por entender que las ciencias sociales han de consistir en el estudio de las consecuencias no intencionales de las acciones racionales (orientadas a un cierto fin) emprendidas por los individuos, que son los únicos que piensan, razonan y actúan (Mises); es decir, los agentes reales que originan y dan forma a las instituciones. Las ciencias sociales se centran en conocer las instituciones que surgen, fundamentalmente, de las consecuencias no intencionadas de las acciones individuales (Menger). El tipo de conocimiento que debe preocupar al científico social será aquel que forme parte del contenido profundo de nuestra conducta, tácito y no articulado, que se esforzará en explicar, objetivar y verbalizar, exponiéndolo así en un ámbito "público".

Llegados a este punto resulta mucho más sencillo que al principio percatarse de las principales causas que han contribuido a distorsionar y corromper la idea de lo público, atribuyéndole cualidades o esencias que, siendo rigurosos, no deberían formar parte de su significado. Lo público, decía, es el espacio de entendimiento, también una construcción abstracta que utilizamos para explicar la facultad de comunicar lo comunicable. Sin embargo, el hiperracionalismo, resumido en la convicción sinóptica que ingenuamente concede a la consciencia humana, y a la razón que en ella gobierna, unas facultades cuasi ilimitadas, pervierte la idea de lo público en la construcción de su falaz discurso ideológico.

Como mejor se percibe este choque entre las ciencias sociales y la metafísica colectivista comentada, es observando la asimilación política que el estatismo ha practicado sobre todo aquello que suene a "público". Porque público, de acuerdo con la definición aquí dada, también tiene su traslado en el lenguaje político y jurídico cuando se habla de instituciones públicas, poderes públicos, leyes, autoridad o potestad públicas. Estos ámbitos de encuentro y comunicación, de comprensión y formación de un orden compartido e inteligible de convivencia merecen la consideración de públicos porque, al igual que en el ámbito estrictamente científico, son maneras discernibles de objetivar conocimiento, sensaciones, principios y valoraciones. Sin embargo, nada tiene que ver la naturaleza plural, competitiva y de raíz espontánea que tiene la conformación de esta res pública con la definición exacta de Estado, como estructura mecánica, artificial e impersonal de dominación al servicio de un poder absoluto y excluyente que niega a los individuos su libertad política (D. Negro). En este sentido, nos hallamos ante la pretensión intelectual y política de organizar lo social a través de mandatos imperativos que beben de un conocimiento parcial, superficial e insuficiente, en pos de fines considerados de interés general o colectivo, que niegan o impiden los fines en estado puro, que son los que surgen del individuo y sus propias valoraciones subjetivas (Mises).

El mito de lo público, de la mano del constructivismo racionalista, se convierte así en la mascarada del poder absoluto, que identifica Imperio de Ley con Estado de Derecho, que corrompe la idea misma del Gobierno limitado condenando a esta institución política espontánea a su sumisión frente al estatismo totalitario. Todo ello, a costa de destruir la libertad política, expropiar las instituciones sociales espontáneas e imponer una opción moral y de fines a todos y cada uno de sus súbditos.

José Carlos Herrán es autor del reciente libro El Orden Jurídico de la Libertad (Unión Editorial, 2010).

En general, la vulgarización de una deficiente comprensión de los términos acaba comprometiendo el éxito de quienes tratan de teorizar sobre aspectos del orden social. Lo político, definido como el interés común por la forma de vida de un grupo humano, o visto de otro modo, la puesta en común de ámbitos e inquietudes sobre las que se plantea una discusión pública volcada en alcanzar un compromiso bastante, existe como expresión misma de la naturaleza del Hombre. De lo político, como de lo jurídico o lo moral (en cuanto al bien, la justicia o la rectitud), surge el fenómeno de la autoridad socialmente reconocida como uno de los presupuestos del desarrollo institucional. Son los órdenes sociales más complejos los que fusionan autoridad y poder dando forma a la potestad, entendida como facultad de intercesión pública limitada a priori en virtud de las libertades civiles consolidadas. Si bien en sistemas de Derecho como el romano, la potestad era considerada previa a la autoridad, en nuestra explicación, ciñéndonos al significado estricto de los términos, consideramos que la autoridad ha de ser presupuesto de la potestad, y no al contrario, aun cuando una vez producida la institucionalización, al potestatario se le considere autoritario, y no en sentido inverso.

Libertad y poder se distinguen fundamentalmente por ser la primera de carácter social-negativo, y el segundo una extensión de la idea misma de capacidad en su sentido estricto. Libertad es no ser coaccionado por terceros en la persecución de nuestros particulares intereses, salvo que dicha interferencia surja de la vigencia de justos derechos personales amparados en normas generales y abstractas efectivas. Poder se identifica en un primer momento con la mera capacidad de hacer algo, de conducir nuestro cuerpo en una determinada acción con los límites físicos o cognitivos imperantes en cada caso (o en cualquier caso). No podemos volar, pero sí concebir y producir un artefacto que nos transporte por la atmósfera. No somos menos libres si no podemos, como tampoco el poder nos hace más libres salvo que de él derive un freno ante la coacción proveniente de terceros, en cuyo caso dicha capacidad se habrá visto traducida en términos sociales a través de mecanismos institucionales de tipo jurídico o político. En el primer caso, el poder personal quedará concebido como derecho, o facultad de exigir cierto comportamiento o renuncia a terceros, y en el segundo, como aquella capacidad reconocida de imponer nuestra postura en un conflicto.

El poder es natural e inevitable, y su traducción social en términos jurídicos o políticos (también morales) define la entidad de las fuerzas de interacción entre individuos que comparten cierto conocimiento moral, político y jurídico comprendido dentro del consenso social. Existen dos manifestaciones del poder: la natural, que a su vez se subdivide en poder físico y en poder intelectual, y la social, que se resume en lograr el reconocimiento de nuestras pretensiones frente a terceros. Cuando nuestras pretensiones son de tipo personal deberán traducirse en reconocimientos jurídicos, en virtud de contenidos eficaces y refrendo externo. En el caso de que nuestras pretensiones versen sobre lo común, aspirando a proteger, mantener o restaurar cierta “forma de vida”, su traducción será fundamentalmente política.

El orden político se expresa a través de un tipo de poder secundario, dada la prelación que posiciona al Derecho en un lugar preeminente. Siendo de este modo, el poder político se encuentra en todo momento en fuerte confrontación con el poder jurisdiccional, variando la demarcación de límites y pugnando por el control de importantes ámbitos de la conducta humana dado el difuso umbral entre el sentido de lo común y la conciencia de lo particular.

Los órdenes de conducta, jurídica, moral o política, se caracterizan por transmitir sus contenidos a través de generaciones de individuos, produciéndose una sucesión institucional en todos y cada uno de estos orbes (tradición). Quizá sea la sucesión en la práctica de la potestad pública, jurisdiccional y política, lo que más dificultades plantee en cuanto a la distinción necesaria entre poder competitivo y poder absoluto. En ambos casos el reconocimiento se mantiene efectivo en el tracto autoritario, pero dada la naturaleza polémica de toda controversia política, las decisiones adoptadas en cada momento por el poder institucionalizado, o por quién ostente dicha función, se convertirán en cuestión de debate y discusión públicos. La sucesión política debe entenderse respecto de las instituciones y los límites de su acción, más allá de la voluntad contingente que se proyecte a través de dicha potestad.

El mejor ejemplo de sucesión jurídica es la propiedad privada, concebida como dominio reconocido sobre un bien y su representación. La transmisión mortis causa, testada o legal, impide que las cosas queden abandonadas, al tiempo que mantiene los dominios asegurados y definidos más allá del periodo de vida de quien fuera su justo y reconocido titular. Un tercero no debe sentirse agredido ante la imposibilidad de adquirir bienes “abandonados” en apariencia tras la muerte de sus antiguos propietarios. El Derecho garantiza la sucesión acotando el cambio de titularidad sobre las cosas transmisibles. Una norma convierte en propietario a alguien, con independencia de las pretensiones de terceros ajenos a dicha propiedad.

Un ejemplo de sucesión política, más allá de la complejidad del poder público, radica en los mecanismos de transmisión o sustitución en los órganos de gobierno de una sociedad organizacional. No cabe replantear o cuestionar el orden político vigente y formalizado apelando a la circunstancia de que desaparezca o sea relevada la voluntad que hasta entonces venía desempeñando cierta potestad. Existen mecanismos formales que simplifican la sucesión política, o la reforma institucional, y esta situación vincula incluso a quien acabe de acceder al dominio de una participación social, siempre que se mantenga un consenso social suficiente.

Poder y libertad son dos caras de una misma moneda: la convivencia. Libertad, decíamos, significa ausencia de coacción, mientras que poder, en sentido estricto, supone la reconocida capacidad de coaccionar a quien no respete nuestro derecho y, por tanto, desarrolla el concepto mismo de derecho subjetivo convirtiéndolo en la pretensión personal con implicaciones respecto a terceros, que encuentra un respaldo jurídico que lo hace exigible (Bruno Leoni). El deber jurídico es consustancial al derecho subjetivo únicamente bajo la definición dada. El poder personal, que se estima eficaz en términos jurídicos, se transfiere a una magistratura que encarna el poder jurisdiccional. Sucede distinto en cuanto al poder político, que se desvincula de la pretensión particular para conectar a través del sentido común sobre determinados ámbitos de la interacción social y la convivencia. El poder político, que actúa por reconocimiento, sometido al criterio de autoridad, y que tiene limitadas sus facultades en virtud de la libertad y autonomía de los individuos sobre los que se extiende, no es equiparable al poder jurisdiccional, aunque sus mecanismos de compulsión resulten parecidos.

El poder de disposición sobre algo excluye a todo el que no lo tenga reconocido en forma de derecho subjetivo. La libertad de unos se entiende en los límites jurídicos que otros sufren. El poder social que contiene cada derecho subjetivo, por blindar una esfera de libertad relativamente definida, hace que libertad y poder sean opuestos pero inseparables. El poder de disposición garantiza el libre ejercicio de nuestra voluntad, al tiempo que convierte en ilícita toda invasión proveniente de terceros. La propiedad privada se define como un reconocimiento que se despliega en derechos concretos en cuanto al poder de disposición excluible que acota la capacidad de acción de quienes no se reconocen como propietarios de la cosa.

Cuando el Derecho y la moral definen el contorno de la idea de respeto a lo ajeno, de consideración de la esfera de control y dominio de un individuo, lo que hacen es modular el ejercicio de la libertad en torno a principios dinámicos, pero con tendencia a la institucionalización. El poder social, entendido como capacidad de obrar dentro de un reconocimiento de facultades en los límites ineludibles entre libérrimas acciones de los individuos, ampara a quien demuestra o aparenta ostentarlo en sus acciones de apremio y coacción sobre las esferas de dominio de terceros. El poder limita la libertad, como concepto negativo, como estado potencial de acción, que sólo puede entenderse desde la alteridad que genera la convivencia. Un individuo aislado no es libre ni tiene poder social alguno (sí posee poder natural, físico e intelectual).

En sociedad los individuos gozan del reconocimiento de cierta resistencia libérrima, así como de poderes fundamentales, contextualizados o institucionales. El proceso por el cual se desarrolla e institucionaliza el poder político, como reconocimiento institucional de la gobernanza en aspectos concretos de atención puesta en común, forma parte de la misma explicación sobre la transmisión del poder personal a instancias sociales religantes. Lo que uno considera a su alcance acaba sabiéndose insuficiente no tanto como para asegurar un resultado ante un conflicto concreto, como para tramar un sistema de resolución de conflictos con el que garantizar un orden social pacífico y estable. Lo político, y la formación de su respectivo poder, responde a esa tendencia inevitable que arrastra al conviviente dentro de sistemas de reconocimiento, a través de la formación de una autoridad suficiente, de magistraturas potestatarias institucionalizadas (poder limitado).

L. v. Mises, que creía en la inevitabilidad del Estado, era además muy crítico con la ingenuidad anarquista. La Acción Humana tiene párrafos lapidarios sobre esta cuestión. Su idea fundamental es que un grupo de individuos no puede convivir en ausencia de poder, tanto político como jurisdiccional. Su razonamiento no profundiza mucho más, y sin embargo resulta extremadamente valiosa la advertencia.

Edmund Burke sugirió que el Poder es, básicamente, la encarnación del mal. Semejante idea debe suscitar en el pensador social una fuerte reticencia. El poder existe (y no hablo en términos nietzscheanos). Como término tiene varias acepciones. En el ámbito de lo social, donde la alteridad es un presupuesto, poder significa tener la facultad de imponer nuestra voluntad sobre la de otros individuos y, en definitiva, creernos en situación de ostentar dicha posición de dominio o decisión en un aspecto concreto, sea éste de tipo político o jurídico.

En el ámbito jurisdiccional, que es el que voy a comentar, todo aquel que pretende un derecho frente a un tercero, se considera a sí mismo titular del poder para exigir cierta conducta o reconocimiento (convicción personal, o mera intención de que otros se convenzan de ello). Tiene dos opciones: convertir dicha voluntad en un acto positivo e irresistible sirviéndose de su particular capacidad y arbitrios (autocomposición); o en su caso, recurrir a una autoridad social reconocida en tales facultades (heterocomposición).

El poder se transfiere desde quien crea ostentarlo en sus legítimas (y subjetivas) pretensiones, hasta una autoridad presuntamente imparcial quien, previa deliberación, decidirá si admitir o no la pretensión planteada (tratando de objetivar o hacer justicia), y en su caso, ejecutarla. ¿De qué forma llevará a cabo dicha ejecución de pretensiones? Básicamente, mediante la amenaza o la práctica efectiva de apremio sobre bienes o personas. Lo relevante será que dicha autoridad goce de una certera y suficientemente reconocida capacidad de imponer sus propias resoluciones: institucionalización del poder o Poder Público.

Esta competencia, socialmente amparada para señalar lo recto o identificar la solución más justa dentro del orden de normas efectivo, queda indiscutiblemente separada del poder primigenio, esto es, el personal o privado. Dado el presupuesto de la alteridad en toda cuestión de referencia social, debe establecerse una distinción entre el poder público y el poder privado, e ir más allá cuando afirmamos que ninguno es intrínsecamente antisocial o puramente maligno, si bien ambos han de ser limitados y controlados (esto vale también respecto del Poder político que, recuerdo, no es objeto de este comentario).

El anarquismo, lejos del idealismo y la utopía, puede, como movimiento social que anhela la erradicación del poder arbitrario, contener sanos principios y sólidos planteamientos científicos respecto del funcionamiento del orden social. Lo que afecta negativamente en su carácter no es la variedad de pronunciamientos y teorías (o falta de claridad y coherencia de las mismas), sino el propio término con el que se nomina al movimiento político e intelectual. Por mucho que se acompañe “anarquismo” con “mercado”, o se apele a la defensa de la propiedad privada y el capitalismo, no deja de encerrar un ardid poco recomendable cuando de lo que se trata es de plantear las cuestiones sociales en términos rigurosos o científicos.

Mises, Burke, Hayek, Böhm-Bawerk o Rothbard, por dar los nombres de cinco pensadores que en su obra y vidas lucharon fiel y vehementemente a favor de la libertad individual, rechazaban todos ellos el poder arbitrario. Lo que parece inconsistente es dedicarse a calificar a cada uno de ellos en función de cuánta arbitrariedad fueron capaces de incorporar en sus argumentos teóricos, llegando incluso a decir que F.A. Hayek no dejo nunca de ser fabiano (lo cual es falso).

El Estado, como he explicado en otros lugares, es un estructura de dominación irresistible que trata de suplantar al orden social espontáneo de mutuo ajuste individual, en todas o alguna parcela, mediante el ejercicio del monopolio en el uso de la violencia, la corrupción del Derecho, la expropiación y la reasignación de la riqueza. La base sobre la que sustenta tamaña calamidad es la absorción del Poder Público libre, espontáneo y competitivo, negando así la libertad política del individuo. Desde un punto de vista teórico este argumento es perfectamente comprensible en sus justos términos, pero cuando nos aproximamos a la realidad, los casos particulares quizá parezcan comprometer la rigurosidad de esta tesis. Un análisis teórico e histórico sobre el poder (como el realizado por B. de Jouvenel, A. de Jasay o D. Negro, condensando la larga tradición de intelectuales liberales de los siglos XVIII y XIX empeñados en lo mismo) no puede resumirse en una definición sucinta como la que a efectos discursivos he venido manejando.

El Estado, en su versión postmoderna, es, ante todo, un instrumento descontrolado merced de un ejecutivo instalado en la arbitrariedad y el desgobierno. Desconocer las fases y el desarrollo del Estado contemporáneo desde sus orígenes modernos, e incluso medievales, impide comprender con perspectiva la reacción de muchos buenos pensadores frente a su égida incontrolada.

El anarquismo, lejos de la utopía o su nimia versión colectivista, se ha convertido en una forma extremadamente sencilla y aparentemente ingenua de atacar al estatismo. Pero su sencillez extrema no es virtud sino demérito que impide en demasiadas ocasiones profundizar en aspectos fundamentales del estudio social. Sin una buena teoría económica quizá nada tenga sentido. Complementario, y nunca ineludible, es el manejo de sendas teorías política y jurídica equivalentes en acierto y calidad. Sin entender el Derecho o el proceso político, no tiene sentido elucubrar sobre fascinaciones ácratas sometidas a un lastre teórico insoportable: obviar el estudio del tipo de reglas que gobiernan y disciplinan la conducta, su origen y calidad cambiante, o de las reglas que soportan el orden político, sometido, en términos científico sociales, a la meridiana distinción abstracta, y también práctica, entre Estado y Poder público (o cosa pública).

Lejos de posiciones como el miniarquismo, construidas a partir de falsos presupuestos y por ello simples reductos de aparente moderación, del estudio del orden social, y en su interior, de los órdenes jurídico, moral, político o económico, no cabe inferir una respuesta anarquista coherente. Como afirma Dalmacio Negro, un pensador que sí ha realizado un ímprobo esfuerzo intelectual en este campo, todo defensor de la libertad individual debe ser antiestatista, pero nunca ajeno a la realidad del ser humano. Y ante semejante propósito antiestatista, la mera ausencia de poder (stricto sensu) como prédica política pretendidamente respaldada por una teoría consistente, resulta un grave error intelectual asimilable al que representa la defensa dogmática del estatismo (cuya imposibilidad fue demostrada por Mises y Hayek, autores que, a pesar de sus errores y licencias, nunca fueron ácratas; lo que, por otro lado, no dice mucho a su favor dada su decepcionante falta de dedicación al estudio somero y riguroso del orden político).