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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Nuestro deterioro en pocas palabras

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

A medida que el capitalismo avanzaba, y por tanto también aumentaba el bienestar del individuo, los dirigentes se dieron cuenta de que podían ampliar ese concepto de seguridad. Trasladaron la seguridad a la economía. Crearon derechos sociales, leyes de empleo digno y de protección. La capacidad productiva del mercado pudo aguantar tal apropiación de recursos que se tomó el Estado. Eso dio lugar a más reclamaciones sociales. La gente no vio, ni sigue viendo, que los derechos sociales tienen un origen criminal: el robo, el saqueo, el latrocinio y la extorsión al ciudadano. El Estado se empezó a meter en la vida de las personas diciéndoles cómo pensar, tomando la educación, cómo teníamos que vivir, cuánto teníamos que ahorrar y gastar con la creación de bancos centrales. También decidió qué "vicios" eran malos prohibiendo algunas drogas y dejando otras de al margen. Y tal absurda pérdida de libertad individual nos ha convertido en simple ganado de los políticos y lobbies, que nos dicen hasta cómo hemos de hablar, prohibiéndonos incluso los piropos y hacer según qué chistes. El Estado ya no es el monopolio de la fuerza propiamente dicho, sino del pensamiento y la actuación humana.

Todo esto tenía que pasar factura. El Estado es muy mal ingeniero social. Después de doscientos años de monopolio estatal sobre nuestras vidas, nos tendríamos que reformular la pregunta. ¿Cuál es la función del Estado? La respuesta es la misma: proteger a la gente. Sin embargo, sus representantes se han convertido en el tercer problema de los españoles según el CIS.

Desde el periodo comprendido entre el año 2002 y 2009 los gastos en el hogar han aumentado el doble que los salarios. No solo ha sido una cuestión de la expansión crediticia provocada por los bancos centrales. España es el segundo país de la OCDE donde más han subido los impuestos. Está entre los países de Europa con mayor esfuerzo fiscal. Más que Suecia y Alemania por ejemplo.

La situación parece agravarse ahora. No solo por el desempleo, el pobre tejido productivo del país, o la cultura del hedonismo y las subvenciones. Por primera vez en un año, el saldo de los depósitos está cayendo. Las explicaciones pueden ser muchas, pero la más plausible es el deterioro del nivel de vida. Aunque ahora se ha moderado la inflación, ha tenido un rápido recorrido alcista y seguirá subiendo junto al coste de financiación como el de las hipotecas.

Esto nos lleva otro triste dato, y es que si en 2009 los españoles desempleados se vieron forzados a retirar casi 220 millones de euros de sus planes de pensiones, en 2010 aumentó a 320 millones de euros más. Las rentas desaparecen y el ciudadano se ve obligado a quemar su capital ahorrado para sobrevivir.

A todo esto, el Gobierno hace recortes que afectan a nuestro bienestar, pero sin bajar impuestos. Más bien al revés. Los impuestos van a seguir subiendo, no hay otra. Vivimos y trabajamos para los visionarios políticos.

¿Y cuál es la función del Estado? La contraria a lo que hace. El Estado es un instrumento, no un fin. Somos dependientes de las promesas electorales. No sabemos qué significa vivir en libertad (y la tememos) porque queremos que todo nos lo haga el Estado. Incluso le pedimos que haga magia como arreglar el planeta, construir un mundo mejor o que cree recursos que no es capaz de generar; no porque no sea posible, sino porque eso es función de la sociedad civil. No puede crearlo un político ni órgano central por medio de la ley y prohibiciones.

Esta crisis nos tendría que hacer ver que el Estado no solo es incapaz de crear la seguridad económica que pregona, sino que es su mayor negación. Solo tendremos un futuro mejor, no con tijeretazos, más subvenciones, burdas privatizaciones o parches en el mercado de trabajo (que ni eso), sino con menos Estado. No hay soluciones mágicas. Hay que arremangarse y ponerse a trabajar. Trabajar de espaldas al Estado. Que pague él el monstruo que ha creado.

Sobre las zonas comunes y el anarcocapitalismo

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el último comentario, me refería a la viabilidad teórica del anarco-capitalismo, y propuse como una posible causa para su inexistencia hasta el momento el hecho de ser un sistema caro, que precisaba para su implantación un nivel mínimo de riqueza que aún no se había alcanzado en la sociedad, pero que eventualmente se alcanzaría. En este contexto, el Estado no dejaba de ser la solución cutre y chapucera que se habían dado "espontáneamente" los individuos para solventar la defensa de los derechos de propiedad.

Por supuesto, la solución "Estado" presenta muchísimos problemas que padecemos continuamente en nuestras carnes. Y uno de los más importantes es que el Estado, por su propia naturaleza, contribuye a la destrucción de la riqueza, con lo que alarga el proceso de acumulación de la misma hasta el nivel necesario para una solución anarco-capitalista. La razón por la que el Estado destruye riqueza es porque acopia recursos contra la voluntad de los individuos, utilizándolos contra las preferencias de los mismos; al no ser intercambios voluntarios, no se puede presumir que ambas partes ganan (i. e., se genera riqueza), sino que una de ellas necesariamente pierde, no pudiendo determinarse si se genera o no riqueza con el intercambio por ser imposible la comparación de valores entre sujetos.

En el debate posterior, se expuso una serie de elementos que, según un proponente, el anarcocapitalismo se obstina en ignorar: grupo, zonas comunes, territorios. Por concretar aún más la cuestión, se preguntaba: "¿Es posible una ‘sociedad’ en la cual no haya zonas comunes, relaciones comunales, para que no se tengan que tomar decisiones comunales, comunitarias que afectan a las zonas, tierras, comunes o a las relaciones comunales, del Todos? ¿Es posible una ‘sociedad’ en la que habiendo zonas comunes, y por tanto métodos para gestionar esas zonas comunes, estableciendo un territorio en el cual dichas zonas comunes estén regidas por lo que el común, el Todos, impongan normas de comportamiento a Todos?". Para este proponente, la existencia del Estado es consecuencia de la existencia de zonas comunes y relaciones comunes, que opone a las relaciones privadas entre personas.

El punto de partida para tratar de contestar a estas cuestiones es la definición de "zona común". Sería la existencia de estas zonas comunes dentro del territorio ocupado por la sociedad la que haría necesarias relaciones y decisiones comunales. El Estado sería la forma en que la sociedad (Todos) se asegura de que Todos cumplen estas decisiones.

Entiendo que zona común sería aquella que es propiedad de todos los individuos del grupo, sin necesidad de hacer un acto consciente de apropiación. Si la zona común es propiedad de un cierto número de individuos, pero no de todos, serían ellos mismos los que se dotarían de organización para resolver el uso de la zona común que han adquirido de común acuerdo, y no sería necesaria la existencia de Estado.

Dentro de este caso se encontrarían, por ejemplo, las llamadas zonas comunes de las comunidades de vecinos, o los activos de las sociedades anónimas. Sin embargo, ninguno de estos casos de zona común resuelve sus problemas mediante una organización tipo Estado. Aunque es cierto que su gestión presenta en muchos casos problemas, derivados posiblemente de las normas que precisamente a tal efecto impone el Estado. Léase la normativa de propiedad horizontal o la Ley de Sociedades Anónimas.

Así pues, las únicas zonas comunes que requerirían relaciones comunales protegidas por un Estado son aquellas que son de todos. La cuestión pasa a ser: ¿es necesario que existan este tipo de zonas para que una sociedad se pueda organizar?

Para avanzar en la respuesta, tratemos de identificar zonas comunes concretas que existen en la actualidad: las calles, las carreteras, el alumbrado, el alcantarillado, los colegios públicos y hospitales públicos, los servicios de justicia, los cuarteles de la policía… Obsérvese que estas zonas comunes coinciden plenamente con los servicios que "presta" el Estado a los individuos. Surge inmediatamente la duda de si son "zonas comunes" y por eso las gestiona el Estado, o si son "zonas comunes" porque las gestiona el Estado.

Si este análisis lo estuviéramos haciendo hace 50 años, nos hubiéramos encontrado con que, por ejemplo, las redes de telecomunicaciones eran "zonas comunes" en la mayor parte de los países europeos. Visto desde la actualidad, parece una broma.

Pero centremos aún más el debate: llevémoslo a las calles (no literalmente, para eso ya están los revolucionarios). La calle es el paradigma de zona común: cualquier individuo puede salir de su casa, darse un paseo libremente y encontrarse con sus vecinos. Nadie en su sano juicio discutirá la existencia de las calles y su gestión comunal por parte de los Ayuntamientos.

Pero ¿es que acaso la calle es una zona intrínsecamente común? Lo cierto es que tampoco: todos conocemos casos de urbanizaciones privadas en que el acceso a sus calles está limitado a los propietarios de inmuebles en la misma. La gestión de estas calles privadas se hace de la forma que estos propietarios consideren, de la forma que libre y voluntariamente decidan en cada momento. Y al que no le guste, siempre tiene la opción de vender su propiedad (y su derecho sobre la calle) e irse a otro sitio.

Así pues, estamos donde estábamos. La habitación por parte de un grupo en un territorio no implica la existencia de zonas comunes (zonas de todos). Por tanto, la existencia de Estado no es intrínseca a la ocupación de un territorio por parte de un grupo. Más bien al contrario, parece que dichas zonas comunes son creadas por el Estado para justificar su existencia, de manera que el Estado tendería a incrementar el ámbito de dichas zonas comunes, lo que también podríamos llamar interés general.

En el anarco-capitalismo precisamente dejan de existir estas innecesarias y artificiales "zonas comunes". Todos los bienes tienen un propietario definido (o una comunidad de propietarios); y, justamente porque cada bien tiene un propietario, éste tiende a maximizar el valor de su propiedad mediante la gestión que considere óptima. En esas condiciones, lógicamente la riqueza del grupo, obtenida de la agregación de las riquezas de los individuos, se incrementa.

En la medida en que el modelo de sociedad se separa más del anarco-capitalismo, aparecen más "zonas comunes", que son de todos y de nadie, y que no se gestionan de forma óptima por sus gestores, puesto que no pueden apropiarse de su producto, al no ser suyo el recurso. Es lo que se conoce como la "tragedia de los comunes", y con la que todos estamos familiarizados.

Podemos cerrar este comentario respondiendo a las cuestiones planteadas a su principio: efectivamente, es posible una sociedad sin "zonas comunes de Todos", puesto que todas dichas zonas comunes podrían ser propiedad de un número definido de propietarios que las gestionaría para dar servicios a los demás individuos, si de esta forma incrementaran su valor. Y lo dicho entronca con la demostración aludida en el comentario del mes pasado de que todos los servicios públicos pueden ser prestados en el libre mercado.

Dejamos para otro análisis la siguiente pregunta que se planteó hace un mes: ¿y cómo suministraría el servicio de justicia el libre mercado?

La economía asamblearia no puede funcionar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Al cabo, ¿no sería más lógico que todos los ciudadanos votaran en común cuáles son los bienes y servicios que debe producir la comunidad? ¿Por qué eso ha de determinarlo un grupo de empresarios sin escrúpulos que sólo buscan su lucro personal? Se trata, sin duda, de un pensamiento instintivo –tal vez correcto en grupos humanos de tamaño muy reducido– pero extremadamente erróneo cuando se trata de hacerlo un orden social tan amplio y complejo como son las economías actuales (en realidad, la economía actual, pues gracias al libre comercio la organización económica es internacional).

Los problemas de la democracia económica son dos: los primeros surgen a la hora de seleccionar qué bienes deben ser producidos y los segundos a la hora de escoger cómo deben ser producidos.

¿Qué bienes deben producirse? La cuestión podría parecer sencilla: basta con que la Asamblea someta esta cuestión a votación popular y asunto resuelto; los bienes más votados serán los que pasarán a ser producidos. De acuerdo, pero deténgase un momento y mire a su alrededor: ¿se da cuenta de la enormidad de bienes distintos que le rodean? No se fije sólo en el ordenador, la mesa o el televisor. Piense en los pomos de las puertas, en las baldas de las estanterías, en los cojines del sofá, en el papel blanco (o reciclado) de los libros, en los tornillos que mantienen unidas las piezas que conforman la silla, en las diversas lámparas, bombillas o velas que lo iluminan, en las muy variadas prendas de ropa que lleva puestas o que tiene en su armario, etc. Y todo eso sin salir de casa… ¿Son muchos, verdad? Muy bien, pues ahora piense en todos los bienes que no le rodean porque ni siquiera se han llegado a producir o a imaginar. El número es inabarcable.

Una Asamblea que pretendiera sustituir al mercado tendría que someter a votación qué cantidad debe producirse de todos los bienes que ahora mismo podemos observar (para aprobarlos) pero, también, de todos aquellos que no observamos (para rechazarlos). Y tendría que hacerlo para todas las variantes de esos bienes. Cojamos las camisetas: las hay (o puede haber) rojas, verdes, azules, blancas, negras, estampadas (¿qué tipo de estampado?), de algodón, de lana, de poliéster (o una combinación de ellas), con el cuello redondo, con el cuello en pico, grande, pequeña, mediana, de buena calidad, de mala calidad…

El número de variantes para todos los productos es casi infinito: aquí tiene una lista, no especialmente exhaustiva ni detallada con respecto a la realidad, de todos los productos que deberían como mínimo someterse a sufragio. En otras palabras, la Asamblea –compuesta por toda la sociedad– debería pasarse debatiendo, deliberando y votando la mayor parte de su tiempo. Pues, si de igualar al mercado se trata, no debería tratarse de una votación mensual, anual o decenal, sino diaria, al minuto, continuada.

Parece claro que la sociedad asamblearia debería estar tan focalizada en votar (y en informarse sobre qué votar) que a duras penas podría dedicarse a producir. Por mera división del trabajo, la Asamblea tendería a encargarle la ardua tarea de escoger qué producir a algún planificador central, como sucedía en los países comunistas. Pero, ¿dónde quedaría ahí la democracia asamblearia? ¿Deberíamos contentarnos con consumir lo que ese señor, o grupo de señores, imagina que deseamos?

Sin embargo, el problema de elegir qué producir es meramente trivial al lado del de seleccionar cómo producir los bienes. De nuevo, en principio ésta parece una dificultad meramente técnica: una vez votado que hay que erigir una casa, el arquitecto y el constructor se encargarán de todos los detalles.

Mas el problema sólo es en parte técnico; en su mayoría es económico. Dado que los recursos son escasos, habrá que redistribuirlos entre los bienes que se ha votado fabricar. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, puede que la Asamblea haya decidido a la vez producir 10.000 litros de leche de vaca y 5.000 pares de botas de cuero, pero para manufacturar las botas habrá que sacrificar las vacas, con lo que nos quedaremos sin leche… a menos que criemos más vacas retirando trabajadores de la producción de, verbigracia, colchones. ¿Es preferible la leche, las botas o los colchones (o distintas proporciones de los mismos)? Pero los conflictos entre recursos no terminan ahí: recordemos que más producción de bienes de consumo hoy implica menos producción de bienes de consumo mañana (pues mientras fabricamos bienes de consumo no fabricamos bienes de capital); es decir, también hay que distribuir intertemporalmente los bienes de consumo a fabricar.

 ¿Debería la Asamblea someter a votación todos los millones de conflictos que surjan entre los usos competitivos de los recursos? Fijémonos en que esto no es un asunto técnico: los técnicos señalan qué recursos necesitan ellos para su línea productiva, pero no pueden valorar si esos recursos son más valiosos en otros procesos fabriles donde también son requeridos. En otras palabras, la Asamblea debería conocer al detalle todos los procesos técnicos y votar dónde cada recurso resulta más valioso. Y, de nuevo, esta tarea no es en absoluto delegable pues, ¿de qué modo podría saber un planificador central cuáles de los millones usos alternativos de los recursos prefiere la sociedad sin siquiera preguntarle?

Queda claro, pues, que la inmensidad de la información necesaria para someter la economía a una democracia asamblearia la haría del todo inviable. El mercado, por suerte para todos nosotros, funciona de un modo radicalmente distinto: no es la colectividad la que tiene que decidirlo todo, sino que cada individuo, de manera descentralizada, es el que tiene la opción de hacer sus propuestas de producción a la sociedad y someterlas en cada momento al sufragio continuado y permanente de los intercambios mutuamente beneficiosos. Cada individuo no tiene que conocerlo todo, sino que basta con que se especialice en una línea productiva muy concreta que atiende a un perfil muy determinado de consumidores.

Estos son los dos obstáculos económicos fundamentales que abocarían al fracaso a cualquier economía asamblearia. Luego hay otro problemilla menor, que no interesa en absoluto a la izquierda pero que sí debería concernirnos a los liberales: la hipótesis implícita a todas las votaciones asamblearias anteriores era que todos los individuos se sometían sin rechistar a los designios de la Asamblea. Si ésta establece que hay que extraer hierro de una mina profundísima para fabricar los motores de los automóviles que se ha votado fabricar, alguien tendrá que extraerlo aunque nadie quiera. Es decir, el tiempo de los distintos miembros de una comunidad pasa a ser un recurso que la Asamblea distribuye como ella escoge: no hay espacio para la libertad, pues la libertad –la autonomía de negarse a realizar la función encomendada por la Asamblea– resulta equivalente a sabotear el plan de producción que ésta ha trazado.

Mucho me temo que la tan democratizadora economía asamblearia es igualita a una tiranía política: miseria generalizada y nula autonomía personal. Todo lo contrario, por fortuna, de lo que ofrece un mercado libre.

La trampa democrática

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Casi 35 millones de españoles estamos llamados a las urnas el próximo 22 de mayo en lo que la corrección política de licenciados en periodismo moldeado por las universidades estatales ha llamado en denominar "fiesta de la democracia". Una fiesta en la que se sacrifican nuestras libertades para el disfrute de los socialistas de todos los partidos y que pagamos los de siempre, los contribuyentes.

No debe llamarnos la atención que entre las tres formas puras de gobierno establecidas por Aristóteles se encontrara el gobierno de muchos que degeneraba en demagogia cuando dejaba de buscar el bien común. Los griegos ya lo pesaron casi todo antes y mejor de lo que nosotros podamos añadir ahora, pero lo que ya se sabía entonces parece haberse olvidado hoy.

El argumento cuantitativo no es ni debería ser el hecho que define lo que se conoce como "democracia", elevando un simple mecanismo de selección de élites a la categoría de sistema político en el que la aritmética es la única regla que valida el ordenamiento jurídico por el que nos regimos. La separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos que mantienen en equilibrio todo el sistema frenando los excesos sin convertirse en un lastre son una parte tan fundamental de una "democracia" como el conteo de votos.

De lo contrario, el mercado político se convierte en campo abonado para el socialismo de todos los partidos, que pugnan por el voto de una ciudadanía dependiente de las prebendas que estos ofrecen. Al iniciar este camino cuesta abajo, el crecimiento del Estado se vuelve incontenible y, prácticamente, irreversible, la red clientelar sustituye los esfuerzos y méritos individuales para convertir la iniciativa emprendedora en sujeto paciente a la espera de las concesiones distribuidas por los gobiernos. El propio sistema se cierra sobre sí mismo y a ningún partido ni a ninguno de los ciudadanos-beneficiarios les interesa poner coto a esa escalada, pues el coste aparece diluido entre toda la sociedad donde la ausencia de precios libres nos impide valorarlo en su dimensión real. Los políticos pasan a ser la casta que controla los mecanismos de poder mientras que los ciudadanos son receptores de renta, ya sea en forma de estudiantes eternos, pensionistas que nunca cotizaron, padres que tienen hijos u organizaciones subvencionadas de todo tipo. En mayor o menor medida, a ninguno le interesa parar la vorágine de explotación del contribuyente pues todos aspiran a beneficiarse de forma que el saldo de lo que aportan les resulte favorable, aunque jamás lo podrán llegar a comprobar.

Nuestro sistema constitucional está viciado en origen al tratarse de una carta otorgada por la clase política en la que se da forma al Estado y de éste surgen todos los derechos y deberes que los ciudadanos deben aceptar. De esta forma es el Estado el que controla a los ciudadanos y no al revés, que como hombres libres pactan una Constitución que defina y limite un poder político que tendrá como deber sagrado respetar los derechos previos de aquella comunidad reunida.

Un sistema que se justifica por sí mismo, que se autolegitima sin apelar a un cierre exterior o anterior, es maleable y corrupto en su propia esencia. Es, en definitiva, el mal del que adolece el sistema jurídico kelseniano sobre el que se levantan nuestras leyes. Si el Derecho se justifica en el Derecho, resolver la constitucionalidad y adecuación de las normas se limita a una simple cuestión formal, que aunque importante, permite trastocar la ley desde la ley vulnerando el espíritu de la misma hasta convertir todas las garantías constitucionales que nos protegen en un mero armazón inoperante. Ley que los políticos pueden saltarse siempre y cuando adecuen los atropellos formalmente, es decir, cumpliendo simplemente los procedimientos, aunque la letra y sus efectos sobre nuestras vidas sean aberrantes.

Esta doble trampa de nuestro nos atrapa en la vorágine de un sistema aparentemente legítimo pero cuestionable, sin dejar margen al necesario control que limite el poder político.

El uso mercenario de las encuestas políticas

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La amplitud de la base demográfica de las sociedades modernas, unida al desarrollo de la rama estadística de las Matemáticas, dedicada específicamente al tratamiento sociológico, ha hecho posible el cada vez mayor uso de la técnica de las encuestas para conocer los estados de opinión subjetivos de los ciudadanos.

La complejidad social implica que cada vez mayor número de personas y grupos de ellas dependen de las decisiones de otras personas, es decir, estableciendo una analogía con el teorema matemático de Cantor, existen muchas más clases de elementos que elementos. El incremento de la población en una sociedad supone el aumento más que lineal de su complejidad, es decir, de su interactividad. Es por eso que se precisa, para toda acción social grupal, es decir, para la acción de aquellos grupos e instituciones cuyos objetivos y recursos dependen de las decisiones de otros individuos, del conocimiento de las intenciones y opiniones subjetivas de cada individuo. Tales intenciones, en cuanto se convierten en acciones que afectan a otros, pasan del ámbito de la subjetividad al de intersubjetivo, o, dicho de otra forma, de lo objetivo en términos sociales.

Es por eso que existen individuos, grupos e instituciones que, dependiendo de las acciones de otros, necesiten conocer la intención de los individuos antes de que ésta se convierta en acción. El peor de los problemas se produce en el caso de los políticos cuando quieren sondear la voluntad de los futuros votantes, no tanto para conocerla como para orientarla. Es lo que, por ejemplo, sucede en Asturias estos días en torno a la candidatura de Álvarez Cascos y su partido Foro Asturias. La magnitud de los intereses en juego está llevando a los grupos de poder regional, aquellos amenazados por su más que probable triunfo electoral, a presentar auténticas joyas de la manipulación.

El mecanismo por el que esto es en sí una manipulación se basa en que, una vez publicada esa encuesta, puede actuar como elemento de influencia sobre la opinión de muchas personas una vez leídos los resultados. La existencia de un mecanismo de decantación de la opinión basado en la actitud de los demás hacia cierto tema es determinante. La mayoría de las personas suele, en condiciones generales, seguir la tendencia mayoritaria y recelar de lo marginal.

Por ello, los aspectos éticos de los procesos han de ser tenidos en cuenta y a ellos debe aplicársele algunos criterios elementales:

  1. Correcto diseño científico de la encuesta. El objetivo es lograr la máxima fiabilidad y correspondencia entre las preferencias reales y las manifestadas.
  2. Correcta redacción de las preguntas para evitar equívocos relativos a su comprensión y a su efecto emocional.
  3. Honestidad en el tratamiento de la encuesta. Dado que no es posible evitar que el que la contrata lo haga al margen de sus propios intereses, es importante que las empresas demoscópicas expresen la existencia de una determinada encuesta, salgan o no a la luz sus resultados.

La unificación del Poder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

EL Poder único tiene dos formas: personal e impersonal. La primera forma, en su estricto desarrollo, tiende a la segunda o cede ante ella. La monarquía absoluta genera su propia burocracia, como cualquier poder extenso que multiplica sus facultades a medida que complica el ejercicio de las mismas. Las organizaciones, sean o no políticas, públicas o privadas, acaban burocratizándose (Mises), momento en el que comienza su decadencia. El Estado representa la segunda forma, la impersonal, y surge a su vez de dos factores: la necesidad organizativa del poder extenso (y expansivo), y la convergencia de intereses particulares, ya sean estos políticos, morales o económicos, que acaban definiendo la naturaleza de este tipo singular de organización. La forma del Poder plural es la República, entendida como cúmulo de poderes públicos coordinados y contrapesados, en relación federativa entre sí, y en interdependencia con otros poderes particulares que pueden o no terminar adoptando la categoría de contrapoderes institucionalizados.

La unificación del Poder exige que tanto el poder político como el económico se fundan bajo una misma organización sin que esto suponga necesariamente la centralización de la dirección empresarial o la colectivización de la propiedad de los bienes (principalmente los de orden superior), sino que se expresa en las distintas versiones intervencionistas (Mises). Sin embargo, el proceso integrador al que tienden las grandes organizaciones originalmente competitivas o sometidas a un régimen de propiedad plural y Derecho común tiene en lo económico un límite insuperable (Coase), mientras que en lo político, puede darse la existencia de varias voluntades no dispuestas a dicha integración por motivos que exceden un análisis praxeológico (Mises) o cataláctico (Hayek). 

A consecuencia de la técnica moderna, las organizaciones tienden a desarrollarse, unirse y a aumentar su campo de acción. La consecuencia inevitable es que el Estado político debe aumentar incesantemente sus funciones económicas o abdicar parcialmente a favor de grandes empresas privadas suficientemente poderosas para desafiarle o fiscalizarle. Si el Estado no exige la supremacía sobre esas empresas, se convierte en su muñeco y ellas se convierten en el verdadero Estado. De un modo o de otro, dondequiera que existe la técnica moderna deben ser unificados el poder económico y el político.

B. Russell. El Poder. Un nuevo análisis social.

Esta lección posee un fondo de verdad que, no obstante, parece no ser coherente con las teorías que el autor maneja sobre el Poder (muy consistentes y completas).

Sólo el estatismo genera las condiciones para que el Poder político, en su versión extensa, tienda a unificar el resto de órdenes bajo su halo homogenizador (D. Negro). Russell asume que la única forma de Poder viable en el mundo industrial es el ilimitado, o Estado, descartando por completo la República. El anarquismo soluciona la cuestión eliminando de su razonamiento todos los órdenes que no sean el estrictamente económico, pudiendo así dar aparente verosimilitud a unas teorías claramente desconectadas de los rasgos inteligibles propios de los fenómenos que trata de explicar. En ambos casos se produce idéntico error intelectual: considerar el Poder como una fuerza que no se halla también sujeta a las vicisitudes y contingencias del proceso social, sean estas de tipo moral, jurídico, político o económico. Es decir, en ambos casos se realiza un análisis parcial de los fenómenos sociales, lo que conduce al fracaso explicativo de sus teorías.

El Poder social (distinto del poder físico), en cualquiera de sus versiones, se manifiesta como una fuerza fundamental que afecta a la coordinación de intereses y el consenso civil básico que a su vez posibilita la convivencia. Sin embargo, queda sometido a otras muchas fuerzas que impiden esa tendencia agregadora que inspira el ideal estatista. El Hombre es un ser moral, que se comporta también de un modo jurídico, y que participa de intercambios motivados por sus valoraciones subjetivas. El tipo de conocimiento relevante que hace posible la coordinación de intereses particulares y su satisfacción impone una grave limitación a la concentración del dominio económico, haciendo irrelevante semejante temor en la consideración de la acuciante necesidad de compensar en lo político la temida aparición de un poder extenso en el ámbito estrictamente mercantil. De igual modo, tampoco es cierto que el poder moral, o el poder religioso, puedan alcanzar la uniformidad, poniendo a disposición de una estructura de dominación organizativa la facultad de provocar el cambio social en una dirección concreta sin que este hecho experimente crisis, revoluciones y una constante tendencia a la disgregación, la novación y la singularidad.

El estudio del Poder no debe verse condicionado por el mito de la unificación, se entienda esta desde la perspectiva estatista o desde la que podemos denominar anarquista. La primera hace deseable, o al menos preferible, que el poder se unifique en torno a lo político. El anarquismo elimina por completo la fuerza que representa el Poder social, prescindiendo de sus todas sus formas, con excepción de la económica (idealizada al margen de sus inevitables extensiones políticas), en su versión capitalista o, exceptuando el poder moral, en su versión estrictamente comunista.

El estatismo es ingenuo al pensar que cabe uniformizar dando primacía a lo político, domando así las otras tendencias bajo el mito de la integración del individuo en lo público organizado, hallando un justo equilibrio entre el interés común y los intereses intensamente particulares. El anarquismo peca de idéntica ingenuidad partiendo como parte de la misma concepción que tiene el estatismo sobre el poder, todo ello en su objetivo de resolver la paradoja social mediante la eliminación abstracta de la inevitabilidad del Poder social en todas sus expresiones, salvo en lo que considera sometido a fuerzas suficientes como para limitarlo: la competencia, el mercado y la propiedad privada (versión anarco-capitalista).

La alternativa a todo esto es el esfuerzo por estudiar y comprender el Poder expresado en sus distintas formas, identificando la unificación, desde cualquiera de ellas, como un artificio que se sostiene gracias a la anulación del propio proceso social, total o parcialmente, en alguno o en todos los órdenes que lo componen (D.Negro). El Poder social, sea éste privado o público, asistemático o institucional, es limitado mientras que el poder desnudo del absolutismo no logre adquirir la condición de tradicional (Russell). Esta actitud permite explorar las distintas posibilidades históricas o aquellas que quepan imaginar y poner en práctica por el Hombre, en el sentido de potenciar el carácter plural del Poder, aislarlo en sus distintas expresiones (moral, político, jurídico, económico, intelectual…), dentro de un proceso dinámico y competitivo que se adapte a la naturaleza misma del orden social, frente a la ciega confianza en la capacidad humana para organizar la sociedad de manera centralizada y a través de mandatos de contenido suficiente.

Sobre la viabilidad de un sistema sin Estado

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Una de los temas más apasionantes y polémicos para el anarco-capitalismo es la posibilidad real y práctica de una sociedad en la que no exista Estado. Para la mayor parte de la gente, anarquía es sinónimo de caos y desorden, pero no así para el anarco-capitalista, que limita el significado al etimológico, esto es, ausencia de Estado.

Desde un punto de vista teórico, una sociedad sin Estado es perfectamente viable. En efecto, Rothbard, en su clásico Power, and the Market, demuestra que no existe ningún servicio que necesariamente haya de ser proporcionado a los individuos por una entidad monopolista de la violencia. Más en concreto, el primer capítulo de dicho libro se dedica a explicar de qué forma se podría dar la competencia en los servicios de protección y defensa, bastión irrenunciable para los estatistas.

En cambio, la evidencia histórica parece jugar en contra de la viabilidad del anarco-capitalismo. Así, se aduce que la historia de la humanidad parece probar que la existencia de un Estado, de un grupo de privilegiados que mantiene su preponderancia mediante la violencia, es casi consustancial al ser humano. No se han registrado periodos históricos prolongados, quizá ni siquiera significativos, en que la sociedad humana no haya convivido con un Estado.

Sin embargo, aun siendo una evidencia contundente, lo cierto es que la presencia continuada del Estado no resulta una prueba de que el anarco-capitalismo sea inviable. Estamos ante una instancia de la falacia del "cisne negro" popularizada por Taleb en su ensayo del mismo nombre: el hecho de que únicamente se hubieran visto cisnes blancos en Occidente durante más de 3000 años no probaba la inexistencia del cisne negro. Únicamente probaba la existencia del cisne blanco.

También en el ámbito de la evidencia histórica hay que destacar que prácticamente todos los servicios que en uno u otro momento se han usado para justificar la necesidad del Estado han sido, en algún otro momento histórico, suministrados por el libre mercado. Al respecto, conviene la lectura de The voluntary city, editado por D.T. Beito.

Sea como fuere, lo cierto es que hasta el día de hoy el Estado es una realidad en nuestras vidas, como lo ha sido durante casi toda la historia de la humanidad, con una u otra denominación.

Antes de proseguir, quizá convenga aclarar qué se entiende por Estado, por lo menos a efectos de estas líneas. Estado es aquella entidad a la que se atribuye el monopolio de la violencia legal; la violencia practicada por otras entidades es reputada como contraria al ordenamiento, y (supuestamente) condenada y perseguida por el Estado. Al concentrar todo el ejercicio de la violencia en el Estado, los individuos pueden (supuestamente) dedicarse libremente a sus quehaceres pues sus derechos de propiedad están protegidos.

Volviendo a la evidencia histórica, el Estado ha demostrado ser una solución manifiestamente mejorable para el fin al que (supuestamente) se dirige. Por un lado, ha demostrado una discutible eficacia a la hora de proteger a los ciudadanos y a sus derechos, como se observa en el nefasto funcionamiento de la justicia y demás organismos del orden público. Por otro lado, ha demostrado una indiscutible eficacia en extender su ámbito de acción mucho más allá del originalmente encomendado por la sociedad, hasta llevarlo a extremos totalitarios, con casos también sobradamente conocidos.

En resumen, el Estado ha resultado ser una solución chapucera y muy poco efectiva para un problema básico en la convivencia humana y el funcionamiento del mercado, cual es la protección de los derechos de propiedad.

Llegados a este punto, volvamos la vista a la teoría económica para recordar de qué forma consiguen mejorar los individuos el desempeño de sus distintas actividades. Como es bien sabido, la productividad solo se puede mejorar mediante estructuras productivas más largas y complejas.

Robinson Crusoe puede recolectar muy pocas bayas si lo hace con sus manos; en cambio, multiplica la producción si puede utilizar una vara para sacudir los matorrales. Pero la elaboración de dicho palo hace que se dilate en el tiempo la obtención de las bayas. Y para que pueda subsistir durante ese periodo más largo, resulta imprescindible que Robinson haya ahorrado unas cuantas bayas que le proporcionen sustento mientras se hace con la vara.

Dicho de otra forma, para conseguir mejorar la eficacia de una estructura productiva, es necesario previamente disponer de un ahorro, de un cierto nivel de riqueza que permita la subsistencia mientras se pone en marcha el nuevo sistema productivo.

¿Y si fuera esto lo que ha pasado en la historia de la humanidad en relación con el Estado? Quizá las sociedades se han tenido que conformar con una solución low cost, con una solución cutre, para satisfacer su necesidad de protección de la propiedad. Quizá durante toda la historia, la humanidad no ha sido capaz de acumular el ahorro suficiente para pasar a soluciones más caras, aunque más productivas, con que obtener esta protección. Y quizá por eso, durante toda su historia, el hombre se ha tenido que conformar con el Estado para dar solución a sus conflictos.

Pero parece que la humanidad sigue aumentando su riqueza (y ello pese a la nefanda acción de los Estados). La sociedad del siglo XXI es más rica que la del siglo XX, como ésta lo era que la del siglo XV. Si sigue este proceso de acumulación, ¿cabe alguna duda de que en algún momento llegará a ser asumible una solución para la protección de la propiedad mejor que el Estado?

La cuestión entonces pasa a ser en qué momento se habrá acumulado suficiente riqueza. ¿Podría ser ya ese momento?

Los eurodiputados y la casta política

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Los que denuncian que los políticos de los distintos partidos nunca se ponen de acuerdo se equivocan. Sí que lo hacen, y mucho más a menudo de lo que pensamos: siempre que tienen que defender a su casta, es decir, sus privilegios. Lo que pasa es que el ciudadano no es consciente de ello o no quiere serlo.

Salvo excepciones sin credibilidad, todos los eurodiputados se han opuesto frontalmente a reducir sus privilegios, entre ellos los vuelos en preferente. Alejo Vidal Quadras argumentaba: "Volar hasta 300 veces al año requiere unas condiciones físicas adecuadas intrínsecas a nuestro trabajo". Y todos nos preguntamos: ¿alguien obliga a punta de pistola al señor Vidal Quadras a ser eurodiputado?

Desde luego, el saneamiento de las cuentas públicas y la legitimidad de la política no pasan por quitar a los políticos unos cuantos vuelos en primera clase o quitarles el coche oficial. Ni muchísimo menos. Esto es el chocolate del loro. Nuestro problema principal no es ese.

Lo que ha puesto de manifiesto la situación no es lo mucho que gastan los políticos (cosa que ya sabíamos), sino la verdadera naturaleza de la política y de su casta. Siempre nos han dicho que los políticos son seres angelicales y sirvientes altruistas del ciudadano. También llevamos en nuestro ADN educativo (gracias a la educación estatal) que, a pesar de que los políticos de turno sean corruptos y malos, la política es honesta en sí misma; simplemente hace falta que suban al poder otros políticos que sean buenos y altruistas; si hubiera políticos honrados en el poder, dicen algunos, todo sería diferente. Estos son unos errores intelectuales insostenibles y negligentes a estas alturas.

Y es que la teoría de la acción humana también se aplica a los políticos. Es posible la aplicación y la extensión del análisis económico a las instituciones y procesos políticos. El análisis político puede resolverse en consideraciones a las que hace frente el individuo como agente decisor. Partiendo de esta base, que no es otra que la del individualismo metodológico, el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público, principalmente buscando sus propios intereses y después el bienestar social.

El político, como cualquier otro agente social, está motivado por la persecución de sus propios intereses y busca alcanzarlos teniendo en cuenta las limitaciones que tiene. Y para ello no duda en utilizar el presupuesto público, principalmente para proponer infinidad de programas públicos. No es difícil deducir que el beneficio (social) de la acción política es inferior a su coste.

De ahí se explica que el político no se limite a ser un garante de las reglas de juego. No se conforma con ser un árbitro. El político es un jugador activo del partido. Y se protege a él y a su equipo (la casta política) para no perder nunca.

Elecciones a la vista

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Vamos a disfrutar mucho con el escenario político que tendremos a la vista. Tal parece que el PSOE se llevará un bien ganado revolcón electoral y que el PP obtendrá un inmerecido encumbramiento en ámbitos de poder que jamás había catado. La estrategia de la fruta, no tanto madura como ya podrida, parece que le da resultado a Rajoy y sin mojarse lo más mínimo. Lo que importa, no obstante, es cómo gestionará el PP tanto poder regional y local como parece que va a alcanzar.

El poder en las regiones lo detentan unas baronías políticas de cada partido cuyo objetivo es maximizar su poder, sus competencias y el volumen de presupuesto a gestionar. Y eso es válido tanto para lo que ya existe como para lo que ha de llegar. Porque no podemos obviar que, allí donde el Partido Popular aún no gobierna, ya mantiene una penetración en los intereses de esas regiones, unos núcleos empresariales y funcionariales afectos que buscan llevar al grado óptimo su influencia. Y eso se reduce a sustituir la estructura existente por otra cuya diferencia con aquella es más de grado que de calidad.

Y eso cuando no se da el caso de que los intereses de unos políticos, los socialistas y otros, los peperos, son los mismos, como es el caso de Asturias, donde la todopoderosa Cajastur maneja un "convoluto" formado por el ayuntamiento de la capital, del PP, y el gobierno regional, del PSOE. El reparto de influencias está, de este modo, dado y cada uno juega a perder en campo contrario y no recibir oposición alguna cuando juega en el propio.

Empecemos por considerar la que llamamos "cultura de la subvención". Sin duda, la izquierda es nominalmente más afecta a dicha práctica. La lleva a cabo tan descaradamente que la compra de votos es, sencillamente, algo asumido por todos, protestado por algunos y deseado por la mayoría. Respecto del presupuesto público, el comportamiento de los ciudadanos es analizable con una mera teoría de juegos. Cada jugador está dispuesto a obtener del erario público tanto como le sea posible, evitando que otros grupos tengan prioridad y rechazando la carga impositiva sobre sí mismo tanto como pueda.

Como ya sabemos, la capacidad de presión de cada grupo es directamente proporcional al volumen del interés que tiene e inversamente proporcional al tamaño del grupo, pero no de una manera matemática, lógicamente. Lo que quiere decir esta fórmula es que los grupos de presión de cada autonomía no van a cambiar en su estructura porque ganen unos u otros sino que, en muchos casos, serán los mismos y, en otros, serán los nuevos amigos quienes se hagan cargo de la nueva situación.

A pesar de eso, sí es cierto que los socialistas saben trabajar este aspecto mejor que el PP y, salvo los casos de Galicia y Valencia, todo parece indicar que la victoria del PP en otras regiones (Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha) podría mantenerse solamente en futuras convocatorias electorales si es capaz de desmontar el entramado bien trabado que el PSOE ha montado. Y, dentro de ese entramado, no es lo menos importante, el aparato ideológico. Dada la timidez y el bajo perfil del PP en este aspecto, poco se puede esperar. Y, al fin y al cabo, para practicar un neosocialismo con otras siglas, no nos hacen falta alforjas.

Lo peor de Zapatero no se va

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Se me dirá que este no es el momento de realizar tales reflexiones, que bien podría regocijarme de que, al menos, no estará otros cuatro años y que sólo busco hacer leña del árbol caído. Mas ha sido Zapatero el que ha convertido en astillas a nuestra sociedad. No sería grandeza olvidar ahora, sino una traicionera desmemoria.

Apenas las cifras de desempleo y de déficit público servirán para resumir, en el aspecto económico, su misérrima legislatura: en 2012, Zapatero se irá habiendo incrementado la deuda pública de cada español en casi 5.000 euros per cápita (más de 300.000 millones de euros, ahí es nada) y habiendo condenado a más de tres millones de esos endeudadísimos ciudadanos al más estructural de los desempleos.

Alfa y omega: Zapatero empezó su primera legislatura como orgulloso ignorante en economía y gobernó espoleando la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, gastando y gastando las plusvalías tributarias de los millones de casas hoy invendidas en varias zarandajas de esas etiquetadas sociales, ecologistas o autonomistas como medio para justificar un inmisericorde expolio ciudadano. Durante la segunda legislatura simplemente permitió que, colapsado el ladrillo, su antiliberal ideología nos asestara la mortal puntilla: ni austeridad presupuestaria ni liberalización de los mercados.

"La salida de la crisis será social o no será" y obviamente no ha sido. En su currículum sólo resta una bancarrota nacional que únicamente la gracia de nuestra acreedora Merkel ha permitido salvar hasta el momento. Esa lapidaria declaración de intenciones, por sectaria, por suicida, por arrogante, por desnortada, por ignorante y por infamante debería descalificar todo su desgobierno económico y perseguirlo durante el resto de su vida. Pero no lo hará: sólo los españoles –11 millones de los cuales lo votaron, no lo olvidemos– serán perseguidos a latigazos por sus repercusiones. Lo peor de ZP no serán sus dos legislaturas, sino su legado: se va, pero nos deja una hipoteca a punto de entrar en default.

Adiós y ahora a esperar al próximo Zapatero. Del PSOE o del PP.