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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Con la Iglesia se han topado

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La impresionante reunión de peregrinos católicos de todo el mundo, congregados el pasado fin de semana en Madrid con motivo de la celebración en esa ciudad de una de las periódicas Jornadas Mundiales de la Juventud, va a traer sin duda muchas y profundas consecuencias. Por lo pronto, la Iglesia Católica ha demostrado una vez más que sigue siendo la organización religiosa más importante del mundo, exhibiendo sus extraordinarias dotes para convocar a millones de personas por encima de razas, lenguas y culturas diferentes en perfecta paz y armonía. Los cronistas del acontecimiento nos relatan el civismo de los asistentes, algo que, ciertamente, no resulta predicable en todos los casos que grandes multitudes se congregan para manifestarse en público. Sometidos a los rigores del bochorno que azota Madrid en verano, los peregrinos no perdieron la compostura. Algunos de ellos, incluso, demostraron que una tendencia natural impulsa a los hombres a aligerarse de ropa en esas condiciones, para escándalo de quienes ridiculizan a todos los católicos como mojigatos, sin observar antes la superposición de visiones sobre el cuerpo humano que los cristianos han legado a la cultura y al arte universales. Imaginen lo que ocurriría en la peregrinación a La Meca, si se produjera una situación así.

Desde una perspectiva humanista, sabemos que esas expresiones multiculturales no constituyen un hecho aislado. Desgraciadamente no he estado todavía en Jerusalén ni en Roma, donde cristianos de todo el mundo celebran pacíficamente sus actos de liturgia, entusiasmados por el marco incomparable que los acompaña. Sin embargo, hace tiempo tuve la ocasión de asistir a una misa en distintas lenguas en la catedral de Santiago de Compostela – lugar santo para los cristianos y, a la vez, simbólico para los españoles– y no dejé de maravillarme del profundo ambiente de hermandad que se respiraba allí. Sin duda uno de los aspectos más brillantes y conmovedores del cristianismo y que lo diferencian de otras religiones que no promueven el amor y el respeto al prójimo.

En sociedades plurales, obviamente, no cabe la unanimidad y pueden y deben encontrarse aspectos más sombríos que los felizmente resaltados el pasado fin de semana en la poliédrica trayectoria de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. Podemos mencionar dos ejemplos donde su magisterio ha tomado partido por una postura estática y rígida sobre asuntos mundanos o en los que simplemente no ha empleado la diligencia debida para mantenerse coherente con sus propios postulados. Me refiero a la difusión entre los cristianos de la célebre “doctrina social” de la Iglesia expuesta en la Encíclica de León XIII “Rerum Novarum” en 1891. A pesar de algunos destellos atinados en la defensa de la propiedad privada como parte de la libertad de los hombres y de las actualizaciones posteriores como la encíclica “Centesimus Annus” de Juan Pablo II, tan elogiada por grandes economistas, la falta de comprensión de la dinámica del mercado –que es la humanidad entera– ha conducido a muchos católicos hacia opiniones anticapitalistas de forma innecesaria. No por casualidad el viaje intelectual de muchos socialistas comenzó con el aprendizaje de esa doctrina para a continuación dotar de una justificación cuasi religiosa a teorías erróneas como el marxismo. La Iglesia podría estimular el debate y la búsqueda de la verdad sobre estos asuntos y abstenerse de adoptar ninguna doctrina como oficial. Diríase, por lo demás, que la jerarquía católica se empeña en defender el Estado del bienestar por la mala conciencia de no haber resuelto su propia financiación al margen de los gobiernos de los países donde se vio forzada a transigir para subsistir.

El segundo tipo de carencias, aun admitiendo la dificultad para mantener la coherencia entre miles de millones de creyentes y las distintas iglesias nacionales, deriva de la tolerancia hacia determinadas actitudes de obispos que han utilizado dobles raseros para relativizar las claras prohibiciones del quinto y séptimo mandamientos (“No matarás” y “no robarás”) recurriendo sin ambages a polilogismos marxistas o nacionalistas. Pienso en este momento en el poco edificante ejemplo de algunos prelados católicos frente al terrorismo independentista vasco, pero podrían ampliarse los casos a otras partes del mundo.

No obstante, el argumentario esgrimido por los convocantes de las manifestaciones contra la visita papal y la celebración de esa reunión católica multitudinaria ya alcanzaba niveles pedestres de intolerancia y abierta manipulación de la realidad en los prolegómenos del acontecimiento. Chocante resultaba la súbita preocupación por sus impuestos, destinados según ellos a pagar la estancia de los peregrinos, o la indignación por las bonificaciones en los precios del transporte público mientras se prolongaran las jornadas, promovidas por el gobierno regional de Madrid.

El posterior desarrollo de los acontecimientos demostraría que esa vanguardia de choque goza del apoyo del gobierno actual, aunque algunos de esos defensores de la mugre no lo supieran, el cual les iba a prestar un altavoz callejero privilegiado para que dieran rienda suelta a las expresiones de odio que tuvieran a bien dedicar a los católicos. No de otra manera puede interpretarse el hecho de que se les permitiera circular por zonas aledañas a la Puerta del Sol donde se encontrarían algunos peregrinos, despreciando temerariamente la seguridad y la libertad de estos últimos. Nadie recordó que en 2003 – parece que ha transcurrido una eternidad–, con el entusiasta apoyo de los parlamentarios del PSOE, se tipificaron expresamente como delito (artículo 514.4 CP) este tipo de “contramanifestaciones”. Se pensaba obviamente en perseguir el acoso y las amenazas que sufrían los participantes en manifestaciones contra el terrorismo en el País Vasco. Sin embargo, antes al contrario, esa “ratio legis” no resta un ápice a su alcance general y universal, de manera que debería abrirse una instrucción judicial que esclareciera cómo fue posible que la policía desalojara de la Puerta del Sol, escoltándolos, a los peregrinos católicos frente a las coacciones e insultos (¿se pueden subestimar las intenciones de alguien que grita “os vamos a quemar como en el 36“?) de esa turba aparentemente desorganizada que no estaba autorizada a circular por allí. Luego vendrían las cargas policiales contra algunos de estos sujetos (…y las acusaciones de provocadores a los peregrinos por parte de elementos del PSOE) pero ello no puede servir para ocultar las responsabilidades del gobierno y su delegada y de los amedrentadores.

Constituye ya un lugar común decir que el actual gobierno español ha fomentado estas actitudes. Forman parte de sus “señas de identidad”, tal como recomienda el “deconstructor” de cabecera Juan Goytisolo, viejo inspirador literario del neosocialismo posmoderno español. Pero hay algo peor y más inquietante, de cara al futuro próximo, donde, probablemente, los católicos querrán olvidar los desagradables incidentes frente al éxito de las sucesivas reuniones presididas por el Papa. Aunque los grupos violentos son minoritarios, solo llevan hasta sus últimas consecuencias la feroz manipulación y propaganda guerra civilista y anticatólica que defienden muchos seguidores del gobierno.

Violencia indignada

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El movimiento de socialistas indignados con el socialismo ha terminado chocando violentamente con las sociedades abiertas al descubrir que el sistema no funciona y no se puede redistribuir la riqueza que no se crea. La escalada se ha ido incrementando y lo que en un primer lugar fueron simples okupaciones de espacios públicos ha llegado a constituirse en movimiento de intolerancia.

De la protesta a la okupación pasando por reivindicaciones del viejo comunismo hasta entrar en propiedades privadas como bancos o hipermercados. Parecía que lo habíamos visto todo hasta que con la excusa de las Jornadas Mundiales de la Juventud grupos anticatólicos organizaron una marcha de espíritu indignado que avergonzó a todo el país al insultar y amedrentar a los peregrinos que habían llegado de todo el mundo como si fueran apestados.

Semejante odio visceral hacia el catolicismo y sus fieles no hace más que recordarnos las terribles persecuciones y asesinatos del pasado que los propios manifestantes relacionaron al grito de "¡os vamos a quemar como en el 36!". No se trata de un grupo mayoritario pero ha contado con una preocupante legitimación por parte de medios de comunicación de izquierdas y la participación de gentes de buena fe. La banalidad del mal descrita por Hanna Arendt regresa cíclicamente para recordarnos lo peor de la naturaleza humana en el momento que individuos pacíficos y respetuosos pueden llegar a participar o justificar semejantes linchamientos públicos.

Si en los primeros momentos de la filosofía era imposible pensar sin Dios, hoy nos resulta imposible analizar las cuestiones sociales sin el efecto distorsionador del Estado. Tras prometer ilusiones sociales imposibles de realizar en forma de derechos, estos indignados empiezan a canalizar sus frustraciones a través de la violencia. No es la falta de pan lo que les lleva a movilizarse sino la diferencia entre sus falsas expectativas y la realidad. La última excusa ha sido la de unas jornadas religiosas celebradas en Madrid y el punto álgido llegará cuando un gobierno responsable actúe decidido para terminar con el espejismo devolviéndoles a la dura realidad. Será entonces cuando tendremos que enfrentarnos a casos de extrema violencia en el que además los contribuyentes seremos los principales culpables por no querer, ni poder, sostener modelos de vida subvencionados y parasitarios.

De golpe, iluminados por algún tipo de revelación, quienes siempre han definido la supremacía de lo colectivo han exigido la fiscalización de las cuentas públicas porque se ha incurrido en gastos -indirectos- en lo que ellos consideran indeseable. Quienes promulgan el monopolio de la violencia estatal para garantizar nuestra seguridad prohibiendo las armas para la autodefensa lamentan ahora posibles abusos de la Policía; quienes reclaman siempre la propiedad pública discuten ahora que un Alcalde disponga y corte calles a su antojo sin tener en cuenta a los vecinos. Ahora… ahora que les molesta a ellos pero nunca como posición absoluta, en este punto practican la ortodoxia utilitarista. No nos engañemos, no nos encontramos ante una conversión de los colectivistas al capitalismo, sino de una concepción totalitaria e ideológica del Estado. En los últimos años se ha legislado sobre la moral ambicionando el monopolio sobre sentimientos íntimos e incluso la salvación extraterrena, más allá de la vida. Fuera de esta nueva salvación, solo posible dentro del Estado como ciudadano antes que hombre solo, hay anatema.

Y es que la clave para la convivencia es una sociedad abierta en la que los individuos puedan convivir y comerciar pacíficamente con sus semejantes bajo un sistema de seguridad jurídica. Semejantes pero no iguales, en aceptar la diferencia y respetar al "otro" se encuentra la clave de bóveda que sostiene la tolerancia. Debemos evitar que un poder absoluto, fuese ayer la Iglesia o el Estado en la actualidad, pueda definir la "normalidad" según un patrón de estricta y obligada obediencia. De lo contrario, la excomunión no solo comportará la condena de nuestra alma sino que incluirá el tormento físico y el oprobio público. No caigamos en una nueva edad de las Tinieblas.

El Banco de Inglaterra y la Revolución Gloriosa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Tras la Revolución Gloriosa, el Gobierno debía someterse al Parlamento, todo un logro para la historia de la democracia. La guerra que había desembocado en la Revolución había mermado los fondos de la Corona inglesa. A la ascensión de William y Mary siguieron varias guerras que esquilmaron aún más las arcas del Reino, hasta prácticamente vaciarlos a los cinco años de su llegada al Trono. Pero entonces se produjo otra revolución, la financiera, que le dio un vuelco a ambas situaciones.

Un escocés de nombre William Paterson llegó ante la Corona con un plan debajo del brazo: un conjunto de personas, cercanas al poder, constituirán una corporación que le realizarían un préstamo al gobierno que, en lugar de amortizarse en un plazo definido, proveería de un interés perpetuo. Esta institución tendría la facultad de comprar deuda del Gobierno, emitir billetes, comprar y vender oro y descontar pagarés. El capital original de esta institución fue de 1.200.000 libras, de las cuales 10.000 las puso William III y la misma cantidad la reina Mary II. Se constituyó en 1694 y su nombre es el Banco de Inglaterra.

El Gobierno creó dos compañías monopolísticas cuya carta se concedió a cambio de que adquiriesen títulos de deuda del Banco de Inglaterra. A la Compañía de las Indias Orientales, creada en 1709 a partir de otras empresas, se le concedió el monopolio del comercio con Asia a cambio de la compra de grandes cantidades de obligaciones del Banco de Inglaterra, llamadas “anualidades”. La Compañía de los Mares del Sur recibió el monopolio del comercio de bienes y esclavos con África a cambio de comprar 9 millones de libras en anualidades. El Banco de Inglaterra, con esos fondos, pudo financiar cantidades crecientes de deuda pública. En 1719 alcanzó los 50 millones de libras. Pronto empezó a causar cierto temor por su tamaño. Gran parte de la deuda cambió su carácter perpetuo por préstamos a largo plazo y se habilitó en 1716 un fondo de amortización a partir de la retirada de ciertos impuestos fijos. Walpole, que lideró el gobierno de 1721 a 1742, amplió este fondo de amortización para restablecer el crédito de la deuda pública. Pronto comenzaron a venderse los títulos en la Bolsa de Londres, lo que les otorgó gran liquidez.

El primer problema apuntado aquí, el de la pobreza de los fondos públicos, quedó ampliamente resuelto. ¿Qué pasó con el otro, con el triunfo del Parlamento tras la Revolución Gloriosa? Echemos antes la vista atrás para recordar cuál era el papel del Parlamento inglés. El Rey, aunque muy poderoso, tenía cierto carácter de primus inter pares. No sólo había pretendientes al trono sin poder alegar derecho de sucesión, sino que hubo varios cambios de dinastía, como es bien sabido. Sus fuentes de ingresos procedían sobre todo de sus rentas como terrateniente y su riqueza se ampliaba o dividía con las conquistas y alianzas matrimoniales. Contaba, además, con el apoyo militar con la nobleza, o con la parte de ésta con la que había logrado una alianza.

Tenía también otra fuente de ingresos. La proveían los Comunes, que se reunían para fijar las contribuciones a las necesidades del reino. Se consideraba que los impuestos eran dádivas (gifts) que se entregaban a cambio de que la Corte los destinase a ciertos usos consensuados. El Gobierno no se podía distinguir de la persona del Rey y de su Corte, con un personal bastante escaso. Su capacidad de financiación, más allá de sus propias rentas, era muy limitada e inflexible. Lo que podía sacarle a los Comunes era del orden de magnitud de varios cientos de miles de libras. Los Comunes eran una institución distinta de la Corona, y no podía disponer de ella a su voluntad.

De hecho, en eso se basaba la idea de separación de poderes o, más propiamente, de gobierno mixto de Inglaterra. Desde el siglo XVII se acuñó la idea de que aquel país había resuelto el problema clásico del gobierno expresado por Polibio de que éste siempre tendía a la corrupción: desde la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia a la demagogia y la anarquía. Y ello gracias a que había conservado un equilibrio entre los tres principios, una monarquía que conservaba todas sus virtudes, pero que estaba fiscalizada por la democracia (los Comunes), moderados a su vez por el buen sentido de la aristocracia (la Cámara de los Lores).

La revolución financiera cambió todo eso. “A partir de entonces”, escribe Forrest McDonald en Novus Ordo Seclorum, “los tres estados del país se encarnaron en un sólo Estado, cuyos recursos y cuyo crédito comprendía todo el reino”. Y, dotado de nuevos medios económicos, el Gobierno adquirió un poder antes desconocido. Es más, esa fuente de financiación no dependía del Parlamento, por lo que podía tomar medidas al margen y en contra de sus indicaciones. La administración creció a un ritmo inaudito. Pronto surgió una corriente de opinión contraria a la revolución financiera y a sus implicaciones políticas. Esta “corriente de la oposición”, que tanto influiría en los Padres Fundadores de los Estados Unidos, veía en estos cambios una corrupción del sistema de gobierno inglés. Bolinbroke, el tory líder de la oposición a Walpole, acuñó el término “Robinocracia”, que hacía referencia a que el primer ministro seguía ejerciendo el poder en un entorno institucional aparentemente constitucional, pero corrompido por la influencia del Ejecutivo sobre el Parlamento: “El Ejecutivo posee medios para distraer al Parlamento de sus funciones propias; seduce a sus miembros ofreciéndoles puestos y pensiones (…) persuadiéndoles de que adopten medidas (Ejército permanente, deuda nacional, impuestos sobre el consumo) por las que las actividades de la administración crecen más allá de lo que pueda controlar el Parlamento”. Sí. El Gobierno podía comprar a los miembros del Parlamento con prebendas y condicionar el sentido de su voto. ¿A quién representaban ahora?

En las Cartas de Cato, John Trenchard y Thomas Gordon dejaron claro que el poder Ejecutivo era la mayor amenaza para la libertad porque podía corromper al resto de poderes, y lo había logrado gracias a su nueva capacidad financiera. Bolinbroke consideraba que, dado que el sistema financiero afectaba directamente a los hábitos de la gente, suponía una amenaza superior a todas las demás. Y veía en los créditos a largo plazo que obtenía el Gobierno una forma de beneficiar al partido de la Corte, a los adinerados que se adhieren al poder político, hipotecando a la gente (el partido del campo), que acabará pagando tales deudas con sus impuestos.

El primer banco central de la historia ayudó a corromper el gobierno mixto inglés que, lejos de acercarse a cualquier ideal de perfección, había evolucionado hacia un sistema bastante razonable, enraizado en la estructura social del país, y que dificultaba el crecimiento del poder central. Valga como ejemplo que tradicionalmente se había confiado la defensa del país a las milicias, a la propia gente armada y organizada localmente, y que se había identificado a los ejércitos permanentes (standing army) con la tiranía. Gracias al Banco de Inglaterra y a los monopolios comerciales, gracias a la corrupción del Parlamento que denunciaron desde la corriente de la oposición, William III pudo tener su ejército permanente.

De cortes, parlamentos, ciudades-estado y pólvora

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Frente a los que piensan en la Edad Media como una época oscura dominada por la teología, la intransigencia, la servidumbre y la violencia, hay otros que pensamos en ella como la época donde se empezaron a desarrollar algunas de las instituciones que disfrutamos (o padecemos) hoy en día. Sin los desarrollos filosóficos y políticos que se produjeron durante estos siglos, muchas de las instituciones políticas y económicas de la actualidad serían muy distintas. La base de estas instituciones es la propiedad privada. Allá donde se desarrolló lenta y progresivamente el respeto hacia los individuos y sus propiedades, la población terminó alcanzando una serie de derechos y sistemas políticos que permitían la defensa de su libertad. Por el contrario, en aquellos sitios en los que esto no se desarrolló o tuvo más barreras, este respeto se vio socavado y los regímenes totalitarios tuvieron menos dificultades para florecer.

Durante la época medieval, el feudalismo imperó aceptado por una gran mayoría de la población. Sin embargo, frente las monarquías se opusieron una serie de contrapoderes que fueron limitando su poder. La supeditación del siervo al noble y de éste al rey fue la base de la sociedad feudal, pero esta jerarquía no implicaba necesariamente sumisión y, para controlar los desmanes de la corona, para evitar un rey demasiado poderoso, sobre todo cuando quería extender su influencia a base de guerras y requisas, surgieron una serie de asambleas que lo limitaban.

Las cortes, dietas y parlamentos de nobles y otras personas influyentes surgieron en Europa y su objetivo fue impedir que las posesiones y riquezas de sus componentes fuesen apropiadas por el rey para su propio interés. Las asambleas limitaban tanto su capacidad de poner impuestos como sus aventuras bélicas y daban su visto bueno en caso de sucesión, socavando así la propia esencia del feudalismo.

La principal razón para pertenecer a estas asambleas era, por tanto, la de la propiedad y durante muchos siglos también fue razón para poder ejercer el derecho a voto. Es cierto que, en ese momento, unos pocos eran los propietarios de la tierra, pero estas instituciones iniciaron un proceso que, a través de siglos, desembocó en nuestras instituciones. Cuantos más propietarios de la tierra había, más poderosas eran y más gente podía impedir estos abusos. Pronto, cortes y parlamentos empezaron no sólo a vigilar el poder regio, sino también que la ley se cumpliera. En los desarrollos más exitosos, el rey era un igual entre los nobles y su poder dependía de que el resto lo aceptara.

Otra institución que sirvió como contrapoder a la corona fue el resurgimiento de las ciudades-estado y su esfera de influencia. Dos fueron, desde mi punto de vista, las razones de este éxito. A diferencia de los feudos, donde la propiedad de la tierra era el principal activo, en las ciudades-estado lo fue la acumulación de mercancías y de capital. Las ciudades-estado ayudaron a crear el actual sistema financiero y a hacer más importante el concepto de propiedad sobre las cosas y los inmuebles. Las ciudades-estado favorecieron el comercio y el intercambio de mercancías al no ser autosuficientes, y permitieron el incremento de las manufacturas y la industria.

La segunda razón fue la asignación de libertades políticas a los que en ella habitaban, o a una gran mayoría de los que en ella habitaban, lo que les independizaba de los monarcas y les confería una serie de ventajas sobre los siervos. Las ciudades medievales tenían capacidad para autogobernarse, eran capaces de controlar sus propios impuestos y de rechazar los de la corona, controlaban los mercados que se celebraban en su interior, y sus habitantes tenían todos o algunos de estos derechos: estaban exentos de sus obligaciones feudales, podían enajenar propiedades, dejarlas en testamento, podían desplazarse, ser juzgados por magistrados urbanos, debían tener un proceso justo (según los cánones de la época), eran protegidos contra arrestos arbitrarios y podían no tener que realizar servicios obligatorios. Estos derechos y libertades permitieron en Occidente el desarrollo del comercio y de la industria, lo que hizo que tomara ciertas ventajas sobre otros lugares del mundo.

La monarquía, por tanto, tenía dos fuertes contrapoderes: las ciudades estado, que generaban derechos y libertades para sus ciudadanos, y las cortes, dietas y parlamentos que defendían los derechos de unos pocos (aunque cada vez más), ligando estos derechos a la posesión de la tierra. Este último punto fue muy importante, ya que en aquellos lugares donde se creó una floreciente clase media propietaria, las cortes y parlamentos tenían mucha más probabilidad de resistir a la Monarquía-Estado que empezó a tener fuerza a partir del Renacimiento.

Un factor que ayudó a que este equilibrio se deslizara progresivamente hacia la Monarquía-Estado fue el uso de la pólvora en las artes de la guerra. Cuando un rey o un noble querían eliminar una ciudad que le era molesta, debían organizar una costosa guerra, bien a través de la alianza con otros nobles, bien mediante un gasto excesivo que podía generar revueltas si la presión fiscal era excesiva. Los gastos bélicos son elevados y sus resultados impredecibles, por lo que no siempre se iniciaban estas aventuras inciertas. Los muros y defensas de las ciudades-estado, así como la riqueza que generaban eran a menudo suficientes para salvarles de la rapiña y extender su influencia. Tales fueron los casos de Venecia o Génova.

La llegada de la artillería a base de pólvora hizo más vulnerables los muros de las ciudades y la progresiva aparición de los ejércitos permanentes, ligados al surgimiento de las entidades de carácter nacional y al ideal de patria. Asimismo, permitió a los monarcas y al Estado tener mucho más poder bélico y confiscatorio para combatir estos contrapoderes. Aunque la pólvora era un invento chino, este país no había sacado el potencial que tenía para la guerra. Fue cuando llegó a Occidente cuando las ideas y la empresarialidad permitieron sacar de ella todo su potencial, tanto el agresivo como el constructivo.

El desarrollo de la artillería obligó a las monarquías a invertir más en poderosos cañones y técnicos que pudieran construirlos y manejarlos. Sin embargo, fue la necesidad de crear nuevas y más costosas defensas en las ciudades lo que disparó los gastos bélicos. Las altas, pero no excesivamente costosas murallas, fueron sustituidas por defensas más bajas, sólidas, profundas y costosas, dotadas a su vez de numerosos cañones.

Otro efecto importante de la pólvora fue el desarrollo de armas de fuego individuales. Su adopción, primero del arcabuz y posteriormente del mosquete, redujo el papel del caballero en el campo de batalla. Un granjero con unos pocos meses, incluso semanas o días de entrenamiento, podía abatir sin problemas a las masas de caballería feudal: el pobre abatía al rico. A diferencia del principio de la época medieval, cuando la figura del caballero y la caballería era determinante y esencial en la práctica guerrera, las armas de fuego "democratizaron" el ejército, "igualando" a los contendientes y separando su práctica del estatus social, con lo que cualquier persona podía aprender y pasar a formar parte de un ejército. El desarrollo de la industria permitió que la fabricación de las armas de fuego fuera mucho más sencilla que en momentos anteriores.

Otro efecto de la aparición de la pólvora en los campos de batalla, adverso para las élites, fue el incremento de los costes de la guerra. El fin del dominio del caballero en los campos de batalla concedió a la monarquía una inicial independencia de los nobles, pero también obligó al monarca a gastar cada vez más dinero en ejércitos más numerosos, armados con mosquetes y artillería. Necesitaba más impuestos y la independencia de los nobles fue sustituida por la dependencia de asambleas y ciudades-estado que debían concederlos y aprobarlos, obligando a los monarcas a concederles derechos y beneficios para poder así costear sus guerras, que empezaron a enfocarse hacia el exterior, acabando parcialmente con la violencia generalizada que se vivió durante la Edad Media.

El final de la Edad Media supone un incremento en el papel del Estado a través de la creación de las monarquías absolutas, de los idearios ligados a una nación delimitada territorialmente y de la progresiva desaparición de las relaciones personales entre vasallos, nobles y monarcas. Sin embargo, en Occidente el proceso había durado lo suficiente para que los ideales sobre los que se fundan las sociedades libres se hicieran fuertes.

Democracia ascendente y corporativismo

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

En aras de resolver el inmovilismo social y la deficiente participación política del ciudadano medio en aquellas decisiones que más le afectan, dos son las opciones colectivistas más comunes.

En primer lugar, la alternativa tecnocrática. Su modelo de cosa pública pretende la limitación de la política mediante el diseño de una administración total. La política no desaparece, sino que cede ante el burocratismo, que absorbe la práctica totalidad de las decisiones, sometiéndolas a un proceso reglamentado donde la jerarquización formal distribuye potestades entre los agentes que, directamente, aplican directrices y normas predefinidas. Con la tecnocracia se considera posible evitar cualquier tipo de corporativismo que no sea el propio e interno de la estructura administrativa que dirige lo social.

En segundo lugar aparece la opción participativa, de democracia ascendente, donde el individuo se convierte al mismo tiempo en elector y elegido o, lo que es igual, agente activo tanto en la discusión como en la toma de decisiones. Democracia que se extiende a todos los ámbitos de lo social. Este principio democrático, alejado del patrón estrictamente representativo, donde cada institución obtiene entidad, personalidad y voluntad propias a través de órganos ejecutivos y parlamentos limitados, convierte la toma de decisiones en un catatónico juego asambleario. En su versión pura, desaparecen las instituciones jurídicas o económicas que reconozcan dominios privativos, tratando de someter el ejercicio de cualquier comisariado al control de una o varias asambleas, dentro del sistema más amplio, ecuménico y absoluto que las incluye, de lo cual se presume la formación de una voluntad general sin mácula particularista.

El resultado que causa la implantación de estas dos opciones termina revelándose manifiestamente opuesto a los valores y objetivos que originariamente fueron pretendidos. Nicola Matteucci (El Estado Moderno, léxico y exploraciones) identifica tres consecuencias inmediatas: inmovilismo, ineficiencia y corporativismo.

Quizá sea en la primera de las dos alternativas donde con mayor claridad se nos presenten estos vicios. Un Estado burocrático, de la forma que lo define L.v. Mises, impide a los individuos generar información y conocimiento que sirva para mejorar la coordinación social en aquellas parcelas que se hallen más intervenidas y reguladas. El burocratismo se transforma en un corporativismo dual: desde dentro, los burócratas se comportan y agrupan más allá de la atención de los intereses comunes que se presumen unidos al ejercicio de sus funciones, en defensa exclusiva de intereses compartidos; desde fuera, cada sector del mercado, empresa o sindicato, para sobrevivir, debe practicar cierta influencia o cooperación con el órgano o directorio que decida sobre lo suyo, generando así un comportamiento corporativo entremezclado con la ya de por sí quebradiza y corruptible burocracia.

En el sueño pan-participativo, de democracia total y ascendente, donde la política acaba impregnándolo y engulléndolo todo, el inmovilismo se convierte en el primer problema que hace peligrar su mera subsistencia. La ineficacia de las decisiones y la anulación de la fuerza compositiva exigen a los promotores más diligentes un esfuerzo de racionalización organizativa. La descentralización, territorial y material, o la formación de talleres, comités y portavocías debilitan el sueño asambleario, al tiempo que generan partidos de valores e intereses específicos que surgen en cada ámbito de reunión o actividad social, representando, sin quererlo, necesidades y querencias parciales.

Así, la democracia autogestionada, necesariamente descentralizada, conduce al corporativismo. La multiplicación asamblearia hará desaparecer la opinión pública, perjudicando a su vez la identificación de una voluntad general atribuible a la comunidad política. No habrá mercado, como tampoco libertad individual, ya que cada individuo será adscrito a una o varias asambleas y, consecuentemente, la no participación equivaldrá a la anulación de la personalidad, ya que sólo se es agente social en términos estrictamente políticos, y nunca solamente económicos, religiosos o culturales.

El corporativismo es el único destino cierto de las dos alternativas que se nos plantean desde el colectivismo. El Estado que ahora asumimos posee elementos procedentes de ambos extremos. Si bien es cierto que su continuidad y su sostenibilidad, en términos de eficiencia y dinamismo, dependen de la intensidad con que el mercado y la libertad individual lo limiten. El neocorporativismo (Mateucci) es, ante todo, la forma que ha adoptado el Estado contemporáneo tras distintos intentos fallidos de incorporar completamente lo social. Producto de ese fracaso, como efecto perverso de la socialdemocracia, ha surgido un Estado que está siendo fagocitado por la sociedad a través de poderes distintos al político, desnaturalizado mediante fines y valores particulares que sólo aspiran a poner a su servicio la fuerza pública, tratando así de eliminar cualquier rasgo de competencia. Estado y sociedad terminan solapándose, formando un híbrido que pervierte las instituciones que hicieron posible la pretérita formación de un orden social libre.

Mingote y el lagarto gigante

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Es sin duda la figura más relevante del humor gráfico en la prensa española. Desde sus inicios en La Codorniz a mediados de los cuarenta y, a partir del año 53 hasta hoy, con su cita diaria con sus lectores desde las páginas del ABC, ha diseccionado, reflejado, criticado y analizado la sociedad española como pocos han sabido hacerlo.

Así, en sus viñetas han desfilado filosóficos mendigos debajo de un puente; señoras estupendas; maridos pequeñitos, calvos y con gafas, resignados al lado de su santa esposa descomunal; señores de negro; náufragos, y por supuesto el célebre Gundisalvo que retrata perfectamente al político hispano, oportunista y de amplias tragaderas… Y qué decir de obras maestras como "Hombre solo".

Maestro, genio, referente, son muchos los calificativos para definir a Antonio Mingote, aragonés de nacimiento y madrileño de adopción.

Alfonso Ussía cree que merece un museo. Estoy completamente de acuerdo.

Y se lo ha pedido al Alcalde de la Villa y Corte… Estoy completamente en desacuerdo.

No solo por el gasto que representaría, que, diluido en el mar de deuda en el que el manirroto mandatario ha hundido a los contribuyentes madrileños, es simplemente una gota… Aunque no olvidemos que el océano está formado por gotas… y que el goteo de las arcas públicas es monzónico…

Es por respeto a la gente y a su dinero. Es muy humano tratar de que el dinero de los demás se destine a aquello que nos gusta, nos interesa o nos satisface. Y todos vamos a ser capaces de dar mil razones de por qué ese dinero vaya hacia nuestra causa… "Mingote es un genio, es un referente cultural…", eso nadie lo discute.

Pero también hay que salvar al lagarto gigante de la Isla de Hierro, un lacértido endémico de dichas islas, una joya biológica exclusiva de la fauna macaronesia, que, debido a la competencia de otras especies introducidas por el hombre, gatos y ratas, se encuentra en franco peligro de extinción y su pérdida sería un revés para biodiversidad isleña.

Y no nos olvidemos de salvar al oso pardo asturiano, al lince ibérico, potenciar el tenis femenino, restaurar la Iglesia parroquial de Cervera del Llano, contribuir a la lucha contra la fibrosis quística, dar becas Erasmus a nuestros jóvenes universitarios, o restaurar los humedales manchegos… Las causas que necesitan apoyo son infinitas, y, aunque a algunos les parezca increíble, los recursos son limitados.

Y sí, es muy fácil desacreditar otras causas, otros intereses, pensando de buena fe o mala fe que el dinero debería ir a nuestra causa, mucho más justa y necesaria que las de los demás. "Me vas a comparar la lucha contra la malaria con la recuperación del Carnaval de Xinzo de Limia". "Es increíble que no se apoye la halterofilia, con los valores de esfuerzo y superación que tiene". "Un país que no subvenciona la I+D es un país sin futuro". "La pérdida del silbo gomero sería una pérdida cultural irreparable".

Pero no hay un criterio lógico y objetivo de prioridades; cada uno de nosotros tenemos las nuestras, siendo todas respetables.

Hay que elegir.

Y las opciones son que elijamos cada uno de nosotros qué causas apoyamos con nuestro dinero o que los políticos decidan qué causas apoyan… con nuestro dinero.

En el primer caso, muy limitado en nuestro país debido a las ingentes cantidades de nuestro dinero que ya nos son requisadas, somos soberanos, todos y cada uno de nosotros, aunque eso no significará que el resto de la sociedad nos apoye. Nos apoyará quien quiera hacerlo y siempre faltará dinero para salvar al lagarto negro gigante de Hierro, donar libros para los niños saharauis o crear comedores de Cáritas para indigentes…

En el segundo caso, dominante en nuestro país, la soberanía residirá en el presidente, ministro, alcalde o concejal que maneje las arcas públicas. Él decidirá… Y bueno, en fin, también faltará siempre dinero para el lagarto negro, los saharauis o los indigentes, para todo, excepto para los propios intereses del susodicho presidente, ministro o concejal…

En resumen, que Mingote tiene tanto derecho a tener un museo pagado con dinero público como el lagarto negro de Hierro a no acabar en uno.

Volver a la realidad

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El juego electoral consiste en una apuesta entre los dos partidos socialistas mayoritarios (de izquierda y derecha), que pugnan por ofrecer el caramelo más apetecible para los votantes que, una vez cada cuatro años, se olvidan de que el resto de los días son ellos mismos los contribuyentes que pagarán las promesas envenenadas.

Todavía no sabemos a ciencia cierta si a la vuelta de las vacaciones nos encontraremos un adelanto electoral o tendremos que esperar hasta el otoño del año que viene, pero las principales cartas de los candidatos ya se encuentran sobre la mesa. Se produzcan cuando se produzcan los comicios, necesitaremos un baño de realidad para depurar los excesos y pinchar las burbujas que con el entusiasmo de nuestros votos hemos contribuido a hinchar.

Hasta ahora los políticos se habían peleado por ver quién llevaba en sus programas la mejor oferta. Desde la ampliación de las subvenciones a los parados de larga duración, pasando por las ayudas por hijo nacido hasta los descuentos de Hacienda por compra de vivienda. Un mercadillo de privilegios que el ciudadano percibía como "gratuito" sin pensar que la renta que se le sustraía para pagarlos no habría sido mejor administrada desde su propio bolsillo según sus necesidades.

Como vemos en Grecia y de forma preventiva en España con el movimiento 15M, a nadie le gusta renunciar a los privilegios adquiridos, pero si queremos que el actual sistema continúe siendo viable, tendremos que ajustarnos el cinturón. La duda, entonces, es si los políticos, que dependen de los votos, aceptarán esta realidad y dejarán de prometer lo imposible.

Los pasos que sigamos a partir de ahora marcarán nuestro futuro, o el Estado se retira y devuelve la responsabilidad a los individuos, o se enquista parasitando a los contribuyentes e impidiendo que generemos riqueza. El discurso de la proclamación de Rubalcaba como candidato del PSOE apunta a que apostará por continuar la senda populista. El hasta ahora vicepresidente del actual gobierno y miembro de los gobiernos socialistas de Felipe González ahondó en los tics izquierdistas prometiendo la creación de empleo desde el sector público, el mantenimiento de una educación que prepara buenos funcionarios, nuevos impuestos a los bancos y la fobia a los ricos como culpables de la pobreza. No piensan que para poder expoliar a los ricos existe una condición necesaria, que haya ricos. Y la riqueza, no la crean los gobiernos sino los emprendedores que arriesgan e innovan con la esperanza de obtener beneficios que también recaen sobre toda la sociedad. En dejar hacer a los empresarios, eliminando trabas y complicados trámites que impiden la creación de empresas, se encuentra la receta mágica que Rubalcaba promete tener pero hasta ahora no ha aplicado ni piensa llevar a su programa.

No se trata de que los hijos vivirán peor que los padres, los hijos deben asumir que hasta ahora han vivido por encima de sus posibilidades, como nuevos ricos que nunca fueron. En lugar de generar riqueza, han vivido de las rentas producidas por quienes les antecedieron. Volver a la realidad será muy duro para todos aquellos que hasta la fecha creían que su sola existencia conllevaba que todas sus necesidades y muchas comodidades estaban aseguradas por un Estado benefactor de fondos ilimitados. Las burbujas se han pinchado, el dinero de nuestros padres se ha terminado y hay que ponerse a trabajar. Y si no lo hacemos, la realidad terminará por arrollarnos.

¿Qué puede hacer un cargo público si se tiene por liberal?

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

No cabe duda de que un liberal en política tiene problemas, y más si se atiene a las teorías austriacas sobre la administración y las políticas públicas. Pero no se carga de tensiones a causa de sus premisas sino porque el sistema de partidos vigente en el continente europeo y, especialmente en España, tiende a servir al estado omnipotente a la vez que se sirve de él.

No obstante, somos algunos los que apostamos por un modo útil a la vez que ético de concebir la política. Es decir, somos algunos los liberales que queremos ejercer de tales desde un cargo público. Que no sea fácil no implica imposibilidad. Aportaré lo que creo conveniente y lo que por experiencia sé o creo saber acerca de qué se puede hacer.

En primer lugar, ha de tener claro que un liberal ha de apostar siempre por un modo concreto de dirimir la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Dicho claramente y al modo de José María Aznar, un político tiene el deber de reducir el tamaño de la administración en cada oportunidad que tenga. Y, añado, diariamente las tiene. El mercado es siempre, si se le deja tiempo y no se le torpedea con intervenciones sutiles o abiertas, mejor suministrador de bienes de todo tipo que la administración pública.

En segundo lugar, siempre que se enfrente con el problema de lidiar con una subvención, siempre ha de reducirla o, si puede, suprimirla.

En tercer lugar, siempre que se enfrente a una regulación, ha de abrirla, ha de eliminar las barreras de entrada al sector que se trate, sea económico, cultural, social o de beneficencia. La competencia sólo es posible sin barreras de entrada y cualquier regulación tiende a restringir el número de competidores. Esta apertura, esta eliminación de barreras, suprime, además, la acción de los grupos de presión y les impide alcanzar su objetivo: captar rentas del consumidor en su perjuicio o, directamente, de la administración. Además, la apertura reduce las oportunidades para los corruptos.

En cuarto lugar, siempre que se encuentre ante la posibilidad de reducir el gasto, ha de hacerlo. Para ello, la primera víctima de la reducción ha de ser el mismo cargo público que la propugna.

En quinto lugar, cuando se enfrente a la exigencia de realizar una obra de infraestructura ha de analizar quiénes son los sectores sociales directamente beneficiados y quiénes saldrán perjudicados en términos relativos. Una infraestructura puede elevar las rentas y los precios en un sector en detrimento de quienes no ven elevadas sus rentas, pero sí sufren el aumento de precios. Ese análisis ha de hacerse público. Todos retratados.

En sexto lugar, cuando tenga que tratar cuestiones anuales de presupuestos públicos, ha de optar siempre por la rebaja impositiva drástica, acompañada de la consiguiente rebaja del gasto. Ha de ser lo suficientemente consistente defendiendo que lo primero beneficia a la mayoría y que lo segundo sólo perjudica a unos privilegiados.

Todo ello parece difícil, pero solamente hay que tener la consistencia política suficiente y, a medio plazo, abrir las listas electorales rebajando el poder de las cúpulas de los partidos.

Una alucinación compartida

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

En realidad se trata de un “concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos”. Es decir, una alucinación.

Al parecer “los mercados financieros imponen el desmantelamiento del Estado del bienestar en busca de unos beneficios desmesurados”; “los poderes financieros cuentan con nuestra soledad y nuestro miedo. Sus amenazas intentan paralizarnos, privatizar nuestras conciencias y someternos a la ley del egoísmo y del sálvese quien pueda”. Lo de la privatización de las conciencias es una memez de gran calibre que los retrata perfectamente. Se presentan en plan victimista como solos y asustados, cuando se los ve sistemáticamente como masas muy animadas.

No está claro cómo esos mercados, que no tienen ni armas ni ningún representante, pueden someter, amenazar o imponer nada a nadie: quizás lo que pasa es que hay ahorradores que se niegan a seguir prestando a derrochadores e insolventes, lo cual no es nada extraño ni escandaloso; más que buscar beneficios desmesurados, que la deuda pública no suele proporcionar, probablemente se conformen con no tener que asumir riesgos de pérdidas abultadas.

El mal llamado Estado del bienestar sigue vivito y coleando con mínimos cambios cosméticos, por mucho que algunos histéricos se empeñen en que está siendo desmantelado. El que estos activistas critiquen que el Gobierno socialista ha recurrido a “degradar los derechos públicos y las condiciones laborales” hace sospechar que hay muchos en la progresía que maman de esos presuntos derechos públicos (antes llamados “sociales”), y que disfrutan de condiciones laborales no acordes con su escasa productividad gracias a las múltiples prebendas sindicales. Tal vez defienden los servicios públicos porque están cómodamente instalados en ellos. Piden una economía sostenible, pero la sostenibilidad financiera no parece estar entre sus principales preocupaciones.

Critican “un sistema cada vez más avaricioso, que desprecia con una soberbia sin barreras la solidaridad internacional y la dignidad de la Naturaleza y de los seres humanos”. Observen la desvergüenza de criticar rasgos morales del sistema, que no es un agente moral, en lugar de mencionar personas concretas con estas graves taras éticas. Y fíjense como la naturaleza se ennoblece con mayúsculas que no merecen los seres humanos.

Nadie prohíbe la solidaridad ni promueve el egoísmo del sálvese quien pueda: algunos nos limitamos a pedir que la cooperación no sea coactiva, que sea un acto libre. El que me obliga a ser solidario con sus problemas viola mi libertad y además quizás sea un parásito caradura que quiere vivir a costa de los demás. Estos ilusos ilusionados no aspiran a construir redes voluntarias de ayuda mutua: lo que pretenden es que nadie pueda negarse a participar en sus descabellados proyectos colectivistas.

Creen ser los únicos con principios y que luchan contra la injusticia. Y aseguran que “todo es posible”: qué bonito e ilusionante. Pero va a ser que no, que hay cosas imposibles, y resulta que el socialismo es una de ellas: un engaño compartido.

Ineficiencias políticas

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La defensa a ultranza del crecimiento de los servicios públicos, o sea, de los prestados directa o indirectamente por las administraciones públicas, suele presentar una ventaja aparente aunque un perjuicio real.
 
Se dice que, dado que lo que funciona mal es noticia y nunca lo es lo contrario -lo que sí parece ir bien-, se está dando una mala impresión de la administración pública. Deberían los medios y el público en general enfocar su atención en todos aquellos actos docentes, médicos, administrativos, y de todo cariz que se están realizando sin corrupciones, con afán de eficacia y de servicio. En lo que se refiere a las inversiones públicas sucede igual. El faraónico edificio cultural, el tendido ferroviario en áreas de escaso tráfico y otros gastos suelen estar justificados en cuanto están terminados por el mero hecho de que ahí están, se ven y, por tanto, es lo que hay. Esta visión bondadosa de lo público tiene tanto una fácil respuesta racional como una difícil refutación propagandística. La escuela pública que imparte docencia es buena por eso mismo, porque imparte docencia. La magnífica obra de arquitectura es admirable e irrenunciable porque está. Pero es lo que no se ve de ambas lo que justamente la cuestiona más. Es la inversión o inversiones que no se han hecho por destinar los recursos a lo que se ve lo que plantea las dudas acerca de lo realizado.
 
Un servicio no es bueno en sí mismo sino que sólo lo hace bueno si, dadas las circunstancias de incertidumbre e ignorancia esenciales de la acción humana, se ha tomado la opción de gasto que resultaba más rentable en determinado momento teniendo en cuenta aquello a lo que se ha renunciado.
 
Los más de cincuenta millones de euros del erario público de un centro cultural parecen bien empleados cuando ese centro "está", se ve y se visita. Sucede que la inversión ha sido sufragada con impuestos o con préstamo público, es decir, impuestos trasladados a las generaciones posteriores. De esa manera nunca se podrá saber con seguridad qué otra inversión podría haberse realizado en su lugar. La razón es que no existe un sistema de precios formado libremente que muestre las preferencias de uso de los recursos por los ciudadanos. De esa manera, la única decisión está en manos de gentes que no son propietarios de esos recursos y que no son, por ello, responsables de las pérdidas alternativas, de los costes de oportunidad que conllevan. La única forma de guiar las políticas públicas es, como sano método previo, evitar realizar el gasto sin antes considerar que, si dejamos en manos de los particulares ese dinero sin aplicarles tributo alguno, es la preferencia verdadera de su dueño la que guiará el mejor uso deseado. Siendo así, los precios reflejarían esas preferencias y, por lógica y en realidad, mostrarían los costes de oportunidad rápidamente.
 
Este modo de analizar el gasto público es contrario a los intereses de quien decide sobre lo ajeno. El político y el funcionario es, por honesto y ajustado a la ley que sea, un cazarrentas, dicho sin acritud, que tiende a maximizar su estatus de prestador de servicios para mantener su puesto. Si no presta el servicio tal y como se espera de él, pierde el puesto. Dicho de otra manera directa: si no gasta arbitrariamente los recursos, es decir, si no los gasta al modo dicho antes, sin tener en cuenta los verdaderos costes del mismo, no cumple con su función.