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Muchos españoles consideran que la clase política es uno de los principales problemas del país. De hecho, según el barómetrodeoctubre del Centro de Investigaciones Sociológicas, se encontraría en el tercer puesto solo por debajo del paro y los problemas económicos. La política se percibe como problema en lugar de dar solución a los problemas de la res publica cuando en realidad la política es parte de la cosa pública. De la misma forma que el capital humano de la clase política es parte del mismo cuerpo que compone la sociedad.

Desde las juventudes hasta la jubilación en alguna institución pública o subvencionada (el número de senadores es limitado y no caben todos), los políticos profesionales medran de cargo en cargo. En el camino van consolidando posiciones, independientemente de su valía y méritos pues priman las familias políticas, padrinos, lealtad incuestionable al partido y todo tipo de favores a devolver. En realidad, los que critican el funcionamiento de esta partitocracia la envidian y quisieran participar en mayor grado de ella o extender sus formas allí donde ellos desarrollan sus actividades.

En la era estatista, pensar en política es como bucear en un tanque de agua en el que hemos metido una ballena. Inevitablemente chocaremos con este cetáceo-leviatán. Los tentáculos del Estado y la actividad empresarial se entrelazan entre concesiones, concursos, permisos y comisiones que engrasan su funcionamiento en semejante entramado de regulaciones. No es solo que no se pueda hacer nada sin el visto bueno de los políticos, sino que la mentalidad empresarial de muchos españoles se aleja del capitalismo para abrazar el mercantilismo de quienes se cobijan y agradan a los poderosos para conseguir ventajas sorteando la competencia del libre mercado. Este capitalismo de Estado pretende la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios siempre que los favorecidos sean ellos mismos.

Así, quienes no trabajan en Banca recelan de las capitalizaciones, los profesores están de acuerdo con bajar el sueldo de los soldados pero se niegan a tener que dedicar mayor tiempo de su jornada a dar clases. Los empresarios quieren liberalizar mientras que ahogan a los trabajadores aun cuando tienen beneficios. Mientras tanto, los mismos emprendedores que critican la duplicidad – o cuadruplicidad- de administraciones peregrinan de ventanilla en ventanilla mendigando algún tipo de "ayuda". Todos ven la paja en el ojo ajeno pero no solo no ven la viga en el propio sino que quieren protegerla de los demás.

Una sociedad conservadora en la peor acepción del término, inmovilista para conservar sus privilegios a cualquier precio y por encima de cualquier cambio ambiental. Pensar que los políticos son un problema sin hacer examen de conciencia primero solo conseguirá un "quítate tú para ponerme yo". Tal vez sea el pecado nacional de la envidia o la conjunción de una mentalidad acostumbrada al pesebre unido a unas instituciones diseñadas para mantenerlo y perpetuarlo. ¿Fue antes el huevo o la gallina? ¿El pesebre o el apesebrado? El sistema de subvenciones a través del que se articulan civilmente nuestras sociedades (de las ONG’s a los sindicatos pasando por los partidos políticos o la Iglesia) es el que se demanda por lo que solo cuando se extingan tanto el huevo como la gallina se podrá dar por terminado este sistema piramidal de privilegios al que llaman Estado del Bienestar.

La convivencia define el tipo de relación moral, cultural, política y económica que vincula a un grupo de individuos entre sí, haciendo posible un orden social integrado, relativamente pacífico y estable. Sin embargo, existe una fuerte tendencia a colectivizar sentimientos. A pesar de la semejanza intersubjetiva, surgen discrepancias, conflictos de opinión y controversias que hacen peligrar la convivencia. Estos fenómenos sacuden internamente también a las comunidades mejor tramadas. La conflictividad se traduce en forma de particularismos, locales o trasversales.

El Estado rara vez se reduce a la evolución política de una única comunidad tradicional fuertemente definida. Lo habitual es que, en sus comienzos, los grandes Estados incorporen a varios grupos, apoyándose casi siempre en la preexistencia de rasgos culturales compartidos que tienden a dilatarse e incrementarse. Los Estados surgieron de la superposición de un poder concentrado, ejercido sobre un ramillete anterior de "soberanías", que acabaron siendo unificadas por un sistema "monárquico" (poder unificado). Hubo reinos únicos, aunque originalmente dominasen la unión de reinos o las monarquías plurales. El advenimiento del Estado-Nación se apoyó en otros cambios culturales, como fueron la consolidación del individualismo frente a la realidad gregaria y corporativa, o los resultados del esfuerzo homogeneizador emprendido por los monarcas en su ascenso absolutista.

Europa está dividida en Estados. Los habitantes de este continente se reparten pasaportes de un puñado de entidades que interactúan entre sí de acuerdo con una serie de reglas y a partir del mutuo reconocimiento. Sin embargo, no siempre esta convivencia internacional tuvo la suficiente consistencia para no considerarla una mera coexistencia.

Los individuos, así como las comunidades políticas y culturales en las que se integran, se hallan sometidos al poder social organizado a través del los Estados. Es un hecho que las instituciones políticas han sido prácticamente aniquiladas por el Estado, si bien esto no ha sucedido con tanta contundencia e intensidad respecto de los rasgos culturales que han conservado la singularidad de muchos pueblos.

La pervivencia de rasgos infranacionales no siempre converge en sentimientos de compromiso político sobre su defensa pública en clave particularista. Muchos de estos "pueblos" no han generado movimientos lo suficientemente fuertes como para que el rasgo diferenciador se transformara, además, en un instrumento de reivindicación política.

Cuando surge el deseo organizativo, éste puede plantearse con forma de regionalismo, autonomismo, federalismo (entendido como la pretensión de que la soberanía del Estado radique no sólo en los ciudadanos que lo forman, sino también en representación de los territorios que lo integran) e incluso independentismo. Estas opciones son todas legítimas, pero no siempre racionales, sociológicamente inevitables o ajenas a la impregnación ideológica y fundamentalista de quienes las defienden.

El Estado se define en las siguientes funciones o facultades: relaciones internacionales, paz interna, gobierno, jurisdicción y redistribución. Asimismo, todas ellas derivan de una teoría político-formal: la soberanía. El individuo "independentista" lucha porque se respeten su dignidad, su integridad, su libertad (como ausencia de coacción) y su propiedad. El movimiento colectivo de corte particularista busca razones asimilables. Una inclinación de esta clase puede conformarse con el reconocimiento de la singularidad cultural, con la defensa de sus rasgos diferenciadores frente a la homogenización del Estado general, o quizá, con la limitación de la fuerza redistributiva que ejerce el Estado sobre los ciudadanos pertenecientes a una entidad local o regional.

El independentismo se enfrenta al resto de alternativas particularistas. El primero aspira a la ruptura del Estado original, dando lugar a dos o más Estados. Las otras opciones apoyan la constitución de un Estado compuesto, plural o federal. Justificar una ruptura organizativa e institucional completa e irreversible es una de las cuestiones políticas que más complejidad guarda en nuestros días. La unidad política, sea ésta centralista, o bien federalista, tiende a ser el resultado de la integración social. Ésta (la unidad política) puede darse dentro de una soberanía excluyente, como también puede ser expresión de un ejercicio compartido de la soberanía.

Las relaciones internacionales sostenidas, estables y estrechas tienden a consolidar espacios compartidos donde la soberanía de cada Estado acaba supeditándose a la mera pervivencia del vínculo, convertido en acervo compartido para los individuos que forman las distintas naciones, a través de expectativas individuales, rasgos culturales compartidos, relaciones económicas e internacionalismo personal. Carece de sentido levantar una nueva barrera política entre individuos que ya conviven como parte de un mismo espacio social y político, salvo que, en realidad, no concurran tales circunstancias.

La sucesión de Estados resulta inevitable cuando existe un poder no representativo y extraño cuya práctica supone la persecución y opresión de los que se consideran, por dicho poder o por sí mismos, miembros de una entidad local diferenciada. Kosovo, por ejemplo, surge de una situación muy específica, y su independencia no supone un mal inmediato e irreparable, ya que no podía hablarse de una auténtica unidad política entre su pueblo y el resto del pueblo serbio. En Bélgica, donde conviven dos comunidades cada vez más diferenciadas, sin que ninguna de ellas represente una amenaza cierta para la otra, la desvinculación cultural, económica y política entre ambas puede convertirse en una causa de disgregación social. La soberanía belga podría deshacerse de la noche a la mañana si se entendiera, por una masa crítica relevante, que no existen ya motivos para mantener unidos a flamencos y valones. Estos procesos, aunque sean activados por la presión y la constancia de élites políticas, agravan una evidente y previa separación social entre pueblos o comunidades.

La existencia de particularismos locales que aspiran a disgregar el poder político de cierta unidad es consecuente y legítima. Que se reivindique cierto hecho diferenciador, lingüístico y cultural, y se aspire a defenderlo frente de agresiones públicas homogeneizadoras, es igualmente razonable. Como también lo es que se busque reducir la intensidad redistributiva del Estado. Es más, parece razonable que se pretenda la recomposición de la soberanía nacional a partir de un pacto federativo que incluya dentro de sus fuentes a esas entidades institucionales y organizativas locales. Lo que no parece en absoluto defendible es el soberanismo.

La independencia política es un estatus internacional que, o bien procede del pasado, quedando inmediatamente reconocido, o, en su caso, se plantea en confrontación al Estado cuya existencia se discute. La secesión, salvo en los dos casos descritos, supone en cualquier caso una innecesaria y perniciosa fractura en la convivencia, que rompe lazos y desvincula artificialmente a dos o más pueblos que se hallaban previamente integrados. Es ahí cuando el particularismo torna en nacionalismo, y un sentimiento irracional se apodera de quienes viven obsesionados por la diferencia, sin deparar en las ventajas que tiene salvaguardar la efectiva y preexistente integración social entre pueblos, grupos y comunidades. La política es el arte de la convivencia y la integración social, no una técnica al servicio del poder absoluto y la proliferación de soberanías.

El interés, legítimo o ilegítimo, justo, injusto, simple o compuesto, es uno de los objetos de estudio más controvertido en las ciencias sociales. La RAE, en lo que aquí nos interesa, lo define como "provecho, utilidad o ganancia", "inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.", y "conveniencia o beneficio en el orden moral o material".

El hombre actúa en todo caso como consecuencia de una inclinación autónoma y personal. Dicha preferencia puede o no coincidir con el interés o las valoraciones de otro agente. En el intercambio voluntario, las valoraciones distintas convergen en forma de acuerdo mutuamente beneficioso. En términos subjetivos, quienes en él participan obtienen su propio interés generando sin quererlo una ganancia mutua.

Únicamente existe el "interés particular" frente al pretendido interés colectivo, social, general o público. La teoría política, y por extensión, la teoría económica, manejan comúnmente una dicotomía perversa en torno a la idea del interés. En esta línea, cualquier utilidad que se considere parte del interés general someterá al individuo, aunque no estime personalmente provechoso perseguirlo. El nomenclátor de intereses garantizados bajo dicha etiqueta es a su vez identificado con la motivación de lo público, los fines del poder social, cualquiera que sea su expresión. El interés colectivo prima sobre el particular, en términos morales y, por asimilación, también en términos jurídicos. Y de este modo, el poder social, incluso cuando éste sea privado y surgido del intercambio voluntario y la libre competencia entre agentes, será necesariamente identificado con los valores e "intereses" propios del catálogo que precisa lo general y lo colectivo.

Lo colectivo dentro del orden jurídico es comúnmente confundido con lo compartido. Se afirma que los límites jurídicos sobre el dominio privativo dependen estrictamente de una definición moral previa e indisponible de lo que debe ser parte del interés general. La teoría política incorpora estas ideas, concediendo sustancia y personalidad a la voluntad supraindividual. Tal abstracción coadyuva en determinar la entidad jurídica de los sujetos colectivos. Estos últimos no son descritos como aquella alianza competitiva y privada de intereses particulares en lo que a todos los intervinientes concierne y preocupa. Y en cuanto al Poder social público o Gobierno civil, deja de identificarse como aquel espacio común concretado por cierta integración institucional de una comunidad cultural y política. En ambos casos, son definidos por la presunta y metafísica preeminencia de una trama definida de intereses que somete a los individuos en sus querencias y necesidades personales.

El Estado no actúa como juez que dirime entre las reclamaciones de dos o más individuos. El Estado encarna intereses que gozan de un fondo autónomo y singular, fruto de la reificación de cierto constructo intelectual, práctica institucional u organización política, que deja de representar la coordinación pacífica de intereses sobre lo compartido, o su mera aspiración, para convertirse en el agente que representa y salvaguarda el interés general.

Aceptando semejante dualidad (o perversa dicotomía), el paso que sigue es el de calificar aquellos  actos y  fines particularísimos e individuales en función de su identidad u oposición con los valores e intereses considerados como colectivos o sociales por el consenso prepolítico. Egoísmo y altruismo pierden su auténtico significado para convertirse en instrumentos al servicio inquisitorial del socialismo.

Altruista será aquel que tenga interés particular en conseguir objetivos considerados sociales por la mayoría. El egoísta será quien persiga finescalificados como antisociales (pese a que, como hemos visto, todo intercambio voluntario, surgido del interés particular de dos o más individuos, genera un mutuo beneficio que debe considerarse "social" en sentido estricto), tachados de ese modo por el mismo consenso moral que define lo prepolítico y da lugar a cierto orden de convivencia. Se produce una relevante atribución de virtudes, así como de exclusión de vicios, para quien tenga como interés particular la realización de aquellos valores, fines y objetivos que se hallen incluidos dentro de la esfera de lo general, lo colectivo, lo público, en definitiva, "lo social". La avaricia será en todo caso un pecado egoísta, incluso cuando se ejerza desde la apariencia altruista. La filantropía no podrá ser nunca una cualidad más del individuo, sino que será interpretada como parte de su concienciación "social".

Siguiendo con esta idea, podemos afirmar que existen dos maneras de expresar y ejecutar fines particulares, en función de que hayan sido previamente categorizados como "egoístas" o "altruistas".

• El primer canal es el de la libertad, proyectada ésta en un entorno institucional dinámico y competitivo donde los acuerdos voluntarios y la formación espontánea de un espacio moral y jurídico compartido permiten que los intereses particulares tiendan a traducirse en forma de oportunidades que resulten mutuamente beneficiosas. El altruismo se expresa en este ámbito como la entrega libre y personal de un individuo a las necesidades de otros, quedando al margen del estricto intercambio económico. El dominio (poder limitado, revisable y plural) define el orden social que funciona de este modo.
• En segundo lugar, aparece la vía política, donde no existen intercambios libres y voluntarios, sino resignación, obediencia o adhesión. El egoísmo permanece y adquiere tintes dramáticos especialmente dentro de aparatos de represión y redistribución que ponen a disposición de quien ostenta todo el poder social y la autoridad pública (monarquía frente a poliarquía) un instrumento capaz de garantizar la preeminencia (en ocasiones, incluso la exclusividad) de cierto conjunto de intereses. Este altruismo aparente se traduce en la consagración jurídica de una serie de conductos redistributivos nutridos a través de la coerción de intereses particulares de unos, frente a una entrega sin contrapartida de medios suficientes para que otros consigan sus fines sin someterse al intercambio voluntario y las reglas institucionales compartidas. Se inventa la idea del conflicto de intereses, presentando al Estado como la única vía de resolución gracias al uso del monopolio de la violencia en que se traduce el imperio (poder ilimitado, inapelable y excluyente).

En uno y otro sistema funciona un principio desigual de atribución del control sobre los bienes y la propia integridad y dignidad personales. Dentro del primer mundo, el libre, individualista y competitivo, la propiedad plural se define en términos jurídicos como un dominio personal sobre determinados bienes, ordenado bajo la preeminencia institucional espontáneamente compartida, y que se encarga de dirimir y racionalizar la encarnación de la iurisdictio. En el segundo de los mundos descritos, el supeditado, colectivista y socialista, el imperio define las facultades y prerrogativas del poder social unificado (monarquía). Así, la iurisdictio se disuelve en el gubernaculum, quien se sirve de la legislación en su propósito por diseccionar el Derecho hasta desnaturalizarlo y convertirlo en la expresión del interés social.