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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Welcome to fabulous Eurovegas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La mayoría de noticias o comentarios que he podido leer o escuchar acerca del futuro macrocomplejo de ocio y turismo de negocios proyectado sobre unas 200 hectáreas, y que han dado en llamar Eurovegas, están trufados de prejuicios hacia dicha inversión.

Las cifras que envuelven el futuro Eurovegas son sin duda intimidantes: 16.900 millones de euros de inversión, 12 hoteles de unas 40 alturas y 36.000 habitaciones en total, seis casinos con más de mil mesas de juego, 15.000 máquinas recreativas, decenas de restaurantes, centenares de tiendas, un centro de convenciones de 15.000 butacas, tres campos de golf, nueve teatros y un estadio deportivo para 17.000 espectadores. Promete ser también base permanente del Cirque du Soleil en Europa. Como consecuencia de ello, se prevé crear un par de centenares de miles de contratos nuevos de trabajo en una década.

El propietario principal del grupo Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, que acometerá dicha inversión posee hace años explotaciones de este tipo en las Vegas, Macao y Singapur. Pretende hacer de Eurovegas la coronación de su trayectoria empresarial. Sólo le queda decantarse antes de este verano por la ciudad de Barcelona (en la zona de Viladecans, cerca del mar) o por la de Madrid (en la zona de Vallecas o bien en Alcorcón) para radicar su macro complejo. Eso ya es en sí una excelente noticia.

Es cansino leer u oír las consabidas críticas a dicha iniciativa: que si fomentará la ludopatía, el vicio, la prostitución, el tabaquismo, el delito, las mafias. Que no será una inversión productiva en I+D, se aplicarán leyes laborales a la americana, pide descaradas ventajas fiscales, no tendrá suficientes externalidades positivas, habrá una transferencias de rentas o trato de favor por parte de los poderes públicos. El magnate norteamericano es además de origen judío, financia el partido republicano y, lo peor, apoya a organizaciones pro Estado de Israel. Pocas veces la colección de enquistadas fobias patrias de moralistas, puristas, conservadores, progresistas, izquierdistas, ecologistas, judeófobos, sindicalistas, anticapitalistas y anti-lucro se han reunido tan cabalmente frente a un único proyecto.

Va a ser la inversión privada más importante hasta la fecha realizada en Europa y, por ello, será necesariamente rompedora en muchos aspectos. Echo en falta un análisis más sosegado y menos suspicaz sobre este asunto. Sólo los recientes comentarios de Carmelo Jordá en LD y Gonzalo Bernardos en Expansión parecen romper sin complejos la monótona salmodia de críticas previsibles e indignadas con las que nos desayunamos habitualmente.

De todas las numerosas exigencias del magnate Adelson, las dignas de reproche son en realidad las referentes a la petición de exclusividad (10 años), las tendentes a cercenar la competencia, así como su pretensión de instar a la administración a expropiar terreno privado y a crear una Comisión regional del juego a imagen y semejanza de la existente en Nevada (eso me suena a que quiere prevalerse de ella en perjuicio de otros agentes futuros que puedan aparecer). El resto, si se circunscriben sólo a dicho espacio físico ¿por qué no?

Pero lo más interesante de todo esto es que empieza a reconocerse y a aceptarse por parte de las tres administraciones involucradas algo que va mucho más allá de una mera zona franca. Estaríamos hablando de crear en España una especie de isla o excepción legal dentro de un recinto determinado en materia no sólo fiscal sino laboral, sanitaria, urbanística, procesal y regulatoria cuando se traspase sus lindes. Éste tendría sus propias normas sin desvincularse por completo –como es lógico y natural- del entorno jurídico e institucional nacionales donde radicase dicha inversión (independientemente de cuál será la ciudad agraciada para acogerla). Muchas otras normas jurídicas y de convivencia comunes seguirían plenamente en vigor dentro de dicho espacio de ocio y de negocios.

Sería una especie de zona jurídica singular dentro de un territorio soberano y uniformador como es el Estado por definición. En cierta forma ya se aceptó a menor escala dicha anomalía cuando se erigió Eurodisney en París o Port Aventura en Tarragona. Ahora se trataría de profundizar aún más en dicha dirección y esperar a que se replique el ejemplo en otras partes del mundo con otro tipo de actividades e inversiones.

Sin darme cuenta, regresan a mi memoria las cartas pueblas para la repoblación de ciertas zonas deshabitadas de la Península, también intento visualizar las pequeñas y dinámicas ciudades medievales con sus propios estatutos o fueros de derechos y privilegios que se desligaron del entorno feudal que las circundaba y que les permitieron crecer y prosperar. Dando un salto, me viene el recuerdo del más del millar de zonas económicas especiales ya existentes repartidas por el globo para atraer inversión extranjera, también la imagen del recinto de Walt Disney en las afueras de Orlando o la interesante charla TED del economista Paul Romer y su conjunto de normas diferenciadas del país de acogida para cambiar sus normas viejas sólo en un determinado enclave de libre acceso y salida. También medito sobre las ciudades charter presentes y futuras y la irrefrenable capacidad de acción e innovación del ser humano cuando existen los incentivos adecuados.

Como ven, mi imaginación echa a volar antes de que cualquier espécimen de neo-inquisidor comunitario pretenda sujetarla.

Robinocracia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Gran Bretaña vivió una auténtica revolución, financiera primero y política después, a comienzos del siglo XVIII de la mano de la creación del Banco de Inglaterra, el primero de los bancos centrales. Su capacidad financiera le otorgó al Gobierno un poder enorme. La costumbre había sancionado una Constitución mixta de gobierno que, según se entendía, aseguraba que el poder estuviese distribuido y que ninguna rama adquiriese un papel peligrosamente preponderante. Se acuñó expresamente en la Respuesta de Sus Majestades a las XIX proposiciones de Ambas Cámaras del Parlamento, firmadas por Carlos I en 1642. En ella se señalaba que cada rama del poder surgía de una realidad social contingente y con fundamento histórico, y aportaba sus cualidades en función de su carácter. La corte como órgano del Rey, la Cámara de los Lores como asiento de la nobleza y la Cámara de los Comunes como expresión democrática.

No era una separación de poderes sino, por el contrario, una mezcla de las tres fuentes que ejercían una con las otras, de modo que ninguna adquiría demasiada preponderancia. Se había resuelto así el problema expresado por Polibio según el cual la monarquía podía derivar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia o en anarquía. Ese gobierno mixto era la base de las libertades inglesas, sancionadas en su Constitución. Y su clave es que evitaba la corrupción en que caían monarquía, aristocracia y democracia al apoyarse, pero contenerse, unas a otras.

Pero estamos en el siglo XVIII, y en concreto en la época de Robert Walpole. Los medios financieros puestos a disposición del Gobierno gracias al Banco de Inglaterra y a la ampliación de su capacidad le dieron a la Corte un poder antes desconocido. Esos medios le permitían literalmente comprar a miembros de la Cámara de los Comunes con puestos en la naciente administración y con pensiones. Éstos le otorgaban su voto a medidas que ampliaban el poder del Gobierno a costa de los usos tradicionales de Inglaterra, que heredaba Gran Bretaña.

La oposición a Walpole tuvo brillantes representantes, tanto whigs como tories. Entre estos últimos destaca el barón de Bolingbroke. Éste acuñó el término Robinocracia en referencia expresa a Robert Walpole. Consistía en una forma de gobierno por la que el primer ministro mantenía todos los procedimientos de la Constitución, toda la apariencia de su funcionamiento, pero de hecho la vaciaba de contenido al monopolizar todo el poder. Lo describe con estas palabras:

El robinarca, o principal mandatario, es nominalmente sólo un ministro; una criatura del príncipe. Pero en realidad es un soberano, tan despótico y arbitrario como se permite que sea un soberano en esta parte del mundo (…). El robinarca (…) detenta injustamente todo el poder de la nación en sus manos (…) y no admite que ninguna persona ocupe ningún puesto considerable ni no tiene relación con él, o si no es su criatura, o si lo coloca en algún lugar que él no pueda dirigir a placer, sin que nadie pueda develar sus designios o las consecuencias de los mismos.

¡Qué gran concepto este de la robinocracia! En Gran Bretaña fue el efecto de la corrupción de la Constitución inglesa. En España es el resultado de un diseño, plasmado en lo que llamamos Constitución, y que rige desde 1978. Hay que recuperar el contexto en el que se concibió la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, y nuestro sistema político. La II República, para el franquismo, había demostrado una vez más el fracaso del sistema de partidos, y el largo régimen había denigrado las formaciones políticas. Los redactores de la Constitución querían recuperar el prestigio de los partidos que, al fin, iban a ser el instrumento del juego político. Y lo hicieron otorgándoles mucho poder.

El resultado es la partitocracia actual. Ahora que se ha producido un cambio en el gobierno en España, lo vemos en su plenitud. Una persona, en este caso Mariano Rajoy, es líder de un partido, el PP. Desde su despacho elige las listas que se presentarán en cada una de las provincias, que son las circunscripciones electorales. Él los elige. No los votantes. Lo único que hacen los votantes es determinar cuál va a ser el corte de cada una de las listas, en qué nombre se cortará la lista de diputados que Mariano Rajoy (o los líderes de los demás partidos) ha elegido para que vayan al Congreso. Contamos con un Senado que tiene listas abiertas pero que no cumple ninguna función relevante.

La voluntad de esos diputados no le pertenece a los votantes. Tampoco le pertenece a ellos. Le pertenece al líder del partido. Luego, esta Cámara no sólo aprueba al Gobierno, sino que aprueba las leyes del Gobierno. Como el presidente del Ejecutivo es el líder del partido y éste elige los diputados, que le deben a él su puesto, él se elige a sí mismo, y él aprueba sus leyes. Pero el Congreso nombra también el órgano de gobierno de los jueces (el Consejo General del Poder Judicial), el Fiscal General del Estado, el reparto de los jueces, así llamados, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.

No nos podemos consolar con el reparto del poder regional, porque es ese mismo líder del partido el que elige a los líderes regionales, que replican en sus comunidades autónomas, dentro de las funciones que tienen encomendadas, el mismo esquema. Bien es cierto que aquí el poder de decisión del líder del partido es más limitado.

Es la robinocracia. Pero no como corrupción de un sistema, sino como un sistema de corrupción.

La moral del bienestar

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La función natural del gobierno es el mantenimiento del orden público. El Estado surge como instrumento gubernamental destinado a asegurar una mayor eficacia en este cometido. Sin embargo, desde el principio, el Estado se convierte en una herramienta al servicio de otros muchos fines y valores morales que acabarán siendo considerados tan públicos como el inicial y relativamente abstracto concepto de orden en el ámbito de lo compartido.

Parece lógico que un gobierno, buscando salvaguardar la forma de vida de sus ciudadanos, se adapte a las exigencias del marco de integración política en el que se halle inmerso. La seguridad externa proporciona al poder político la disculpa para pugnar contra el resto de entes soberanos dentro de un juego de intereses y rencillas. Los individuos soportan el discutible deber que consiste en sufragar los costes derivados de esta actividad.

La seguridad interna exige la anulación de cualquier tipo de poder alternativo distinto al central que pudiera cuestionar sus decisiones, y en el espejismo de domeñar a los grupos de interés, el Estado se vuelca en supervisar, regular e intervenir en un creciente ramillete de ámbitos económicos y culturales, que termina por abarcarlo absolutamente todo. El efecto no demasiado tardío será que la estatalización de la sociedad derivará indefectiblemente en un proceso de socialización del Estado a manos de grupos y sociedades de interés.

El conjunto denominado "orden público" pasa a incluir cuestiones que afectan a la integración moral de la ciudadanía. Se trata de suplantar el poder religante de la iglesia (en su caso) a través de la formación de un credo nuevo, estatalista, surgido del híbrido nihilista-racionalista, que seculariza la esperanza y sustituye al Dios trascendente por un nuevo Dios mundano: el Estado.

Convertido el Estado en dictador moral, pese a los iniciales retazos liberales de su constitución (que heredan la versión individualista del cristianismo), la estatolatría incorpora la faceta colectivista del cristianismo como base sobre la que erigir un nuevo imperio moral sobre los individuos. Tal es la intensidad con la que el estatismo adopta estos principios que incluso termina negando su origen y fundamento cristiano, transformándolos en algo propio, nuevo, moderno, desplegados desde el relativismo positivista y un racionalismo impostado. El Estado expropia la moral y el Derecho al proceso social, convirtiendo la Legislación en potencial fuente de cualquier tipo de norma. El modo de pensamiento que lo ensalza y justifica se nutre del proselitismo de una intelectualidad que repite hasta la saciedad los fundamentos del nuevo credo dominante. Nacen lo políticamente correcto y el pensamiento único.

La contienda totalitaria deja un único vencedor: la socialdemocracia. Su moral se impone, infiltrándose en la mente de los individuos, que ya no ni siquiera ciudadanos, sino secuaces, súbditos hedonistas que aceptan las agresiones del Estado como algo natural e incluso deseable. La crítica se reduce al cómo, y no ya al por qué. Triunfa la sutil inoculación moral frente al modelo de inculcación explícita. La socialdemocracia altera la forma de vida y los juicios de valor del individuo como paso previo a la reordenación institucional.

La moral socialdemócrata hace creer que sin el Estado, dictador moral y Dios mundano, no habría sanidad, educación, transporte u otros servicios "públicos" al alcance de la mayoría. En esta consigna metafísica se elimina la cuestión primordial, ¿qué potencia genera la riqueza que, sólo posteriormente, se redistribuye en forma de servicios "públicos"? El Estado no crea esa riqueza. En todo caso la engulle y aprovecha sus réditos para aplicar políticas ineficientes.

Estos son los efectos morales que el credo del Bienestar extiende:

En primer lugar, el individuo considera que los bienes que proporciona el Estado son "condiciones generales", presupuestos de la acción. Duda, cuando no niega, la mera posibilidad de que en ausencia del Estado pudieran producirse esos bienes y servicios (u otros alternativos) en idénticas o mejores condiciones. Teoría de los bienes públicos.

En segundo lugar, el individuo desatiende que toda prestación exige una previa aportación, y aunque dicha aportación se diluya entre la masiva carga fiscal que impone el Estado, siempre procede de un esfuerzo identificable realizado por concretos individuos. Abstracción del coste.

En tercer lugar, el individuo cree que dicha aportación en realidad no es propia de quien la realiza. Se descuenta o da por segura. El mejor ejemplo es el efecto que tienen las devoluciones que Hacienda realiza en el IRPF: la retención se descuenta psicológicamente en el propio esfuerzo, lo que convierte en dádiva y celebración la "recuperación" de aquello que se nos sustrajo de más y por anticipado. Espíritu de servidumbre.

En cuarto lugar, el individuo se cree compensado ante la exacción fiscal o la coacción. Poco importa la calidad del servicio, o que no resista comparación ante un bien o servicio equiparable pero prestado por un agente privado en el mercado. El individuo, abducido y encandilado, se conforma y prefiere no pensar. Incluso agradece eso mismo: la innecesaria asunción de responsabilidades y toma de decisiones entre varias alternativas. Síndrome de Estocolmo social.

Y en quinto y último lugar, el individuo asume como verdad incontestable que la solidaridad general e irresistible es un presupuesto de la convivencia, y por tanto, un principio moral indisponible para los miembros de la comunidad. Pese al carácter hedonista y el relativismo que promueve la socialdemocracia, su negación de la ética y el sometimiento a la regla de la voluntariedad moral, en lo que al sacrosanto Bienestar se refiere, cualquier argumento sirve para justificar la imposición de lo políticamente correcto. El vicio de la contradicción.

El Estado de Bienestar convierte a la nación en una gran parroquia cuyos feligreses son, quieran o no, todos y cada uno de sus ciudadanos. La única posibilidad de escapar de esta secta perversa es mudarse a otra parroquia menos exigente, ya que siendo soberanas cada una de ellas, se reparten la superficie habitable del planeta.

El Estado de Bienestar exige un comportamiento moral que acaba desligando a muchos individuos de la misión colectiva que se le presupone. Al racionalizar y sistematizar la caridad, transformándola en solidaridad, se libera al individuo de la carga moral consistente en los sentimientos de compasión y gratitud, respectivamente, de quien da y de quien recibe. En un orden social libre la caridad es voluntaria, el individuo elige y soporta las consecuencias morales, sociales y personales, de todas y cada una de sus decisiones (tanto si la da, como si la recibe). El Bienestar, sin embargo, al racionalizar la prestación, ni es compasivo ni exige gratitud (ya que lo considera denigrante). En todo caso demanda votos y opinión que sean favorables a la esencia del sistema.

La coacción que conlleva el Bienestar, supera con creces las necesidades y facultades del gobierno natural, centrado exclusivamente en el mantenimiento del orden público. El Estado, valiéndose de la coacción sistemática formulada desde la Legislación, subvierte el orden social racionalizando sentimientos colectivistas que pertenecen al ámbito de lo íntimo o lo tribal.

@JCHerran

La excusa intervencionista

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los mayores peligros que nos acecha a los liberales es que nos acomodemos al calor de una evidencia: hemos ganado la batalla ideológica. Sabemos que tenemos razón y todas las pruebas están a nuestro favor: no sólo el mundo libre ganó la Guerra Fría y aplastó la utopía colectivista en 1989, sino que en cualquier parte del mundo donde se mire, la libertad y el capitalismo van de la mano del progreso. Y cuanto más se aplica el ideario liberal, más riqueza, bienestar y calidad de vida alcanzan los ciudadanos.

Sin embargo, esto no significa, ni mucho menos, que hayamos ganado la pelea en el orden práctico. El intervencionismo ha desarrollado una exquisita técnica para mantener su asfixiante presencia en nuestras vidas: la excusa. Sería algo así como: “tienes razón, pero en estos momentos no puede ser por…”. O “tienes razón, pero es demasiado radical, tendríamos que aplicarlo en varios pasos…”. O, incluso, “tienes razón, pero aquí no puede aprobarse por…”.

En los últimos días, hemos visto numerosos ejemplos. El Gobierno admite que el mercado de trabajo español es rígido y que la estructura actual de la legislación laboral, heredada del franquismo, ha provocado cinco millones de parados. Pero luego, no plantea una reforma en profundidad porque es importante mantener “la paz social”, hay que hacer los cambios de “forma gradual” o tenemos que proteger a los “más débiles”.

También acepta, en teoría, que la sociedad civil es más es más eficiente que el Estado en la provisión de bienes y servicios, pero eso no es óbice para detener el proceso de privatizaciones de Aena, Renfe o Loerías porque en estos momentos “no se dan las condiciones requeridas en el mercado”.

Y no es una cuestión privativa de los políticos. En las encuestas, un porcentaje muy alto de los estadounidenses dice estar de acuerdo con los planteamientos de Ron Paul. La mayoría de sus propuestas reciben una cálida acogida entre el público, los analistas y muchos de sus propios compañeros. Pero luego se tiene que conformar con un 20% de voto en el Partido Republicano y los medios le llaman radical. Vamos que, una a una y en el terreno teórico, las medidas que propone están muy bien, pero aplicarlas sería propio de un loco peligroso o un idealista sin apego a la realidad.

De esta forma, los intereses creados van consolidando su poder, dándonos las migajas de su condescendencia. Parece que cumplen aceptando que en teoría es malo subir los impuestos, mantener las subvenciones a todo tipo de colectivos o aplicar leyes que en privado admiten que sólo sirven para entorpecer a la sociedad civil. Les gustaría no tener que hacerlo, pero son “pragmáticos”, “prácticos” o “realistas”. Y a nosotros se nos queda cara de tontos: nos dan la razón y hacen exactamente lo contrario de lo que se supone que es lo correcto.

Los ejemplos de cómo prosperar de forma rápida y duradera se cuentan por miles. Desde Hong Kong hasta Suiza, pasando por Luxemburgo o Liechtenstein. Pero claro, esto son excepciones, nos dirán. Son países muy pequeños o con otra cultura. Ya les estoy escuchando: “Aquí no se podría hacer lo mismo; si tenéis razón, pero a ver quién es el guapo que se atreve con los sindicatos o los artistas o ese sector tan estratégico…”. Y los que nos cuentan esto se suponen que simpatizan con nosotros, incluso se llaman a sí mismos liberales. Casi prefería cuando directamente ignoraban nuestras propuestas o las enfrentaban, al menos entonces estaba claro que había que plantear batalla.

Distracciones para la impunidad

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Forma parte de un tópico extendido afirmar que los españoles han desarrollado una cultura especialmente refractaria a admitir la aplicación de reglas generales y universales. En los debates actuales sobre el incumplimiento por parte de sus gobiernos de los límites de déficit público plasmados en tratados internacionales acordados dentro del ámbito de la Unión Europea, los cuales formaban parte ya del derecho interno antes de que se reformara la constitución para redundar en esa materia, subyace ese inveterado aserto. Un "honor" que, siguiendo el estereotipo, compartimos con otros pueblos del sur de Europa como los griegos y los italianos, por no hablar de nuestros parientes portugueses.

Como ocurre con casi todos los tópicos acumulados a lo largo de siglos de historia de luchas y rivalidades entre los pueblos de la humanidad, se puede encontrar algo de verdad en ellos, aunque su validez deba matizarse a poco que se profundiza en la cuestión dada. No cabe olvidar que durante los primeros años del siglo, dentro de una situación de expansión económica en otros países europeos, Alemania y Francia incumplieron en ejercicios sucesivos los límites de déficit presupuestario (3 por ciento del PIB) y endeudamiento (60 por ciento del PIB) fijados en el Tratado de Maastricht (art. 104 C y su protocolo). Así, si la resistencia a someterse a las reglas resulta algo común entre los seres humanos, de manera que las diferencias al respecto son de grado, cuando se trata de los políticos, podemos decir que las rechazan sistemáticamente por las evidentes limitaciones que éstas comportan para su poder.

Si bien su ausencia puede tener peores consecuencias, el establecimiento de limitaciones del gasto público en relación al PIB no guarda una lógica jurídica consistente, más aun cuando se supedita su cumplimiento a consideraciones discrecionales que, como es el caso, se añade a la norma. ¿Por qué no prohibir que los gobiernos gasten más de lo que ingresan y que se endeuden, sin más? El derecho comunitario europeo se caracteriza, con sus hiperregulaciones ordenancistas, por ser contrario a la aplicación de reglas universales y generales. Asimismo, quedó patente que muchos políticos europeos de diferentes países no aceptarían la propia regla, influidos por ideas económicas contrarias a fijar límites al déficit estatal, de manera que se abrió la puerta a justificaciones de incumplimientos futuros, tanto en el ámbito de las instituciones comunes como en las de los diferentes países miembros.

Pasado el tiempo, en una situación de urgencia, el nuevo gobierno español, después de aprobar una subida de impuestos brutal, anuncia la semana pasada que promoverá el endurecimiento de los controles administrativos, contables y penales para que los gestores públicos despilfarradores sean sancionados, incluso con la inhabilitación para ejercer la responsabilidad de cargo público. Expresamente, el ministro Montoro aludió a exigir responsabilidades penales a los políticos y gestores públicos que asuman gastos que no estén contemplados en los presupuestos.

Cabe una primera objeción a esta iniciativa. La Ley General Presupuestaria (arts 176 y 177) la ley de Haciendas Locales y el Código Penal ya prohíben y sancionan en sus respectivos ámbitos esas conductas y prevén la obligación de indemnizar a la Hacienda pública de los políticos y funcionarios que se califican vulgarmente como despilfarradores. Los comportamientos derrochadores serían fácilmente incardinables por sí mismos en la malversación contable o los delitos de falsedad (391 CP) o prevaricación administrativa, sancionada en el artículo 404 CP con la inhabilitación para empleo o cargo público, por tiempo de siete a diez años. En el caso de que, además, estas conductas constituyan un delito de malversación de fondos o efectos públicos (para su apropiación o para un uso desviado) las penas de prisión previstas en los artículos 432 y 433 van de seis meses a ocho años, dependiendo de la cuantía de lo sustraído o utilizado indebidamente. Debe destacarse, por otro lado, que, de acuerdo a la legislación presupuestaria, los políticos y funcionarios pueden incurrir en responsabilidad contable, con obligación de reintegrar fondos a la entidad pública correspondiente, incluso cuando no les mueve su propio ánimo de lucro o de terceros. Sin embargo, subyace una lenidad atroz en la persecución de estos delitos e infracciones contables, a la que no es ajena la inexistencia de un Poder Judicial independiente, por no hablar de la dependencia del Fiscal a los designios del gobierno.

El principio de que no pueden adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos de los presupuestos públicos (art. 46 LGP) encuentra demasiadas excepciones en la propia Ley presupuestaria (justificadas, se dice, por la necesidad de afrontar inversiones plurianuales) y la práctica generalizada en las administraciones públicas españolas respecto a la compra y contratación de bienes y servicios. Es lo que se llama la "deuda oculta". Como no basta con que la obligación nazca para que la misma le sea exigible a la Hacienda Pública, ya que debe resultar de la ejecución de los Presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas, acaba ocurriendo que los proveedores de las administraciones esperan a que sus facturas sean recogidas en un presupuesto. Solo algunos acreedores se atreven a reclamar esas deudas antes los tribunales, bien sea por temor a ser excluidos de la contratación pública, o bien por connivencia con quiénes asumen las obligaciones dentro de la administración.

 Se sabe que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas en España primero gastan y luego presupuestan inflando deliberadamente los estados de ingresos. En este sentido la inopinada subida de impuestos acordada por el nuevo gobierno de Mariano Rajoy profundizará en esa dinámica despilfarradora. Más aún, de forma habitual los ayuntamientos aprueban sus presupuestos generales, sus estados de cuentas y las remiten a las respectivas oficinas de auditoria pública, con unos retrasos de años. Esa puerta al derroche que se infiere del incumplimiento de las normas de contabilidad pública apenas encuentra una respuesta efectiva en las cámaras de cuentas autonómicas y el propio Tribunal de Cuentas, a pesar de que su reiteración sistemática constituye un indicio evidente de posibles responsabilidades contables o penales.

Ahora bien, existe un ámbito de reformas legales plausibles. Para empezar, se pueden mejorar los mecanismos procesales para hacer cumplir esa legalidad presupuestaria. A pesar de que la acción para la exigencia de la responsabilidad contable en los procedimientos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas es pública, para su admisibilidad se exige una personación mediante escrito en el que se individualicen los supuestos de responsabilidad por que se actúe, con referencia a las cuentas, actos, omisiones o resoluciones susceptibles de determinarla y a los preceptos legales que, en cada caso, se consideren infringidos. Es decir, solo alguien dentro del sistema puede realmente instar los procedimientos de responsabilidad contable. En este sentido, la legislación que regula el Tribunal de Cuentas, su funcionamiento y las Cámaras de cuentas autonómicas resulta muy confusa. Deja al albur de su consejeros y de las administraciones perjudicadas, siempre controlados por políticos, y de una fiscalía inoperante, el impulso de los procesos de fiscalización y enjuiciamiento contable. Por el contrario, una denuncia justificada de un particular debería bastar para que el Tribunal de Cuentas, tras unas diligencias preliminares, promoviera esos expedientes.

Tampoco se entiende que los tribunales penales no puedan, en principio, conocer y determinar la responsabilidad civil, cuando los hechos constituyen delito, sino que se difiera su fijación a la tramitación de otro expediente en el Tribunal de Cuentas.

Finalmente, otro punto crucial en unos procedimientos donde tantos intereses creados juegan a la contra del descubrimiento de desfalcos en las administraciones públicas consistiría en ampliar a diez años los plazos de prescripción de la responsabilidad contable, que en la actualidad son de tres y cinco años, a contar desde la fecha en que se cometen los hechos que las originan.

Leviatán: de bestia a parásito

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Como un ente con vida propia, el Estado también es capaz de adaptarse a las circunstancias. Para ajustarse a la realidad y pagar las deudas contraídas por exceso de gasto, cabían dos opciones: adelgazar el propio Estado o aumentar el expolio de los contribuyentes que lo sustentan. A estas alturas ha quedado probado que los políticos profesionales y la mayoría de las "fuerzas vivas" del país han optado por la segunda opción.

Una opción nefasta que nos arrastra a un empobrecimiento generalizado sin salida, ya que no estamos dispuestos a admitir que el actual sistema de privilegios organizados desde el Estado está basado en un principio de planificación centralizada que no puede dar buenos resultados. La distribución de la riqueza no es más que una forma de apaciguar las conciencias con el dinero de los demás mientras que su efecto real solo comporta quitar recursos a los individuos y repartirlos en base a estadísticas que nunca solucionarán los problemas concretos y únicos a los que debemos enfrentarnos a diario. Las subvenciones y regulaciones generan verdaderas externalidades negativas que son abordadas con nuevas subvenciones y más regulaciones en una maraña sin fin que entorpece la libre elección de cada uno.

No vivimos en una era de capitalismo o neoliberalismo sino todo lo contrario, no hay en Europa en general y en España en particular, ninguna actividad económica, y por tanto humana, que no dependa directa o indirectamente de las concesiones del poder político. La planificación se hace notar en las leyes que regulan desde los asuntos de alcoba hasta la moneda. Y, en ningún caso, tiene éxito pese a que en sus campañas publicitarias nos hagan creer que es posible terminar con los accidentes, como es el caso de un reciente spot de la Dirección General de Tráfico que aspira a conseguir que no haya ningún muerto en las carreteras. Semejante negación de la realidad no puede más que crear frustraciones pues aunque se consiguieran disminuir los accidentes nunca se conseguirá terminar con las desgracias fortuitas o negligencias que nos rodean.

El gran éxito de la democracia consiste en convertirnos en necesitados de esa supuesta distribución de la riqueza, calmados por la seguridad que supone socializar las pérdidas de cada uno en el conjunto de la sociedad. Todos y cada uno somos los principales interesados en apuntalar el sistema para que el status quo se mantenga y no peligre nuestro modo de vida. Parece una contradicción, pero el socialismo genera sociedades muy conservadoras.

Todo parásito está interesado en la supervivencia del propio huésped porque es la suya propia; no obstante, el cuerpo parasitado se debilita y, en no pocos casos, fallece. Algo similar ocurre con todos los organismos públicos que parasitan a los contribuyentes. Mientras se puede obtener una abultada recaudación de impuestos en tiempos de bonanza y se contraen deudas que pagarán nuestros hijos todo el mundo parece entusiasmado. No obstante, la capacidad emprendedora de la sociedad se desgasta y los burócratas de turno constatan "problemas estructurales de productividad". Ya es demasiado tarde, un cuerpo social debilitado que es el huésped de todas las subvenciones y ayudas que reparte el Estado será incapaz de sustentar semejante pirámide de privilegios enmascarados por el lenguaje políticamente correcto como "ayudas".

El Estado se autorregula, pero no siempre elige la mejor opción. El gran leviatán que imaginábamos como bestia gigante se asemeja más a un pequeño pero incómodo parásito. El huésped respira fatigado y no le queda energía que este parásito estatal pueda seguir aprovechando. Solo nos queda vigilar nuestros bolsillos y ahorros porque el parásito hurgará hasta sacarnos hasta el último céntimo.

La monarquía española es barata y rentable

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

A finales de 2011 saltó la típica polémica made in Spain al calor del escándalo Urdangarín. La Casa Real, en un ejercicio de transparencia al que no le obliga la ley, hizo público, por primera vez desde 1979, el desglose de su presupuesto de gastos, desvelando así la gran incógnita del salario del Rey. La monarquía española percibió 8,4 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2011; de esta cuantía el Rey ingresó 292.752 euros brutos, de los que 140.519 corresponden a su sueldo y 152.233 a gastos de representación.  

¿Mucho o poco? Empezando por el sueldo, una vez aplicada la correspondiente retención del IRPF (49%), su Majestad no alcanza los 6.000 euros netos al mes. No es gran cosa si se compara con el sueldo medio de un alto ejecutivo o de un profesional de alta cualificación. De hecho, está en sintonía con el salario bruto de otros altos cargos de la Administración Pública: Defensor del Pueblo (115.376 euros), presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (130.152), del Constitucional (129.271), del Tribunal de Cuentas (112.578)…

Además, ciertos políticos, como el presidente de la Generalidad de Cataluña, disfrutan, incluso, de una retribución superior (144.030 euros). Siendo puntillosos, una vez sumadas las dietas y prebendas varias que pueden llegar a percibir políticos de nivel inferior, como diputados o alcaldes, el sueldo del Rey se queda más bien corto. Y es que los diputados rasos del Congreso, por ejemplo, cobran de media más de 6.400 euros limpios al mes, ya que a su salario base de 3.126 euros brutos es preciso sumar numerosas dietas y complementos, al tiempo que tributan como mileuristas.

Pero la cuestión clave no es si el Rey cobra más o menos que los altos cargos políticos y administrativos sino la rentabilidad de su tarea. Dicho de otro modo, ¿vale su trabajo los 140.519 euros que sufragan los contribuyentes españoles? El Rey es el Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, el máximo representante público de España y, como tal, puesto que carece de funciones ejecutivas y legislativas, su principal labor se ciñe al de la alta diplomacia, tanto a nivel nacional como internacional.

Su rango en el sector privado equivaldría al de un relaciones públicas de primer nivel mundial, encargado de gestionar, en un sentido amplio, la imagen corporativa e institucional de grandes multinacionales. Las firmas de este tipo mueven carteras de varios cientos de millones de euros y sus altos ejecutivos están mucho mejor pagados que el monarca. En realidad, la Casa Real vale lo que vale su agenda de contactos y su capacidad de influencia para mediar entre los distintos agentes a los que representa de forma más directa y frecuente -gobierno y grandes empresas españolas-. El Rey, en la práctica, se dedica a abrir puertas para la marca España -con una facturación anual de casi un billón de euros- en el exterior.

De ahí que su presupuesto público sea, simplemente, irrisorio en comparación con la rentabilidad implícita que genera. Resulta difícil medir con detalle el valor añadido que aporta la intermediación del Rey a las empresas nacionales, sobre todo, a la hora de facilitar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de otros estados, pero basta con preguntar a los altos ejecutivos del Ibex 35 para percatarse de su satisfacción.

Y hacer esto con un presupuesto de 8,4 millones tiene su mérito. No en vano, y siguiendo con el análisis comparativo, esta cuantía apenas equivale al 0,0049% del presupuesto del Gobierno central y al 0,0017% de todo el gasto público anual. Por si fuera poco, el coste de la monarquía española es muy inferior al de otras jefaturas de estado: la República Francia cuesta 112,5 millones al año, el 0,029% del presupuesto estatal (seis veces más que la Casa Real); la monarquía de Reino Unido, 48,6 millones de euros; la de Holanda, 39,6 millones; Noruega, 28 millones; Bélgica, 13,7 millones; Dinamarca, 12,6 millones; Suecia, 12,2 millones; Luxemburgo, 8,7 millones…

España es la segunda monarquía más barata de Europa y, además, resulta muy rentable para el contribuyente, sobre todo si se compara con el habitual latrocinio de los políticos españoles. En este sentido, cabe recordar que la ex ministra de Exteriores Trinidad Jiménez, cuya función representativa puede considerarse homóloga a la del Rey, sólo que a nivel de Gobierno, se gastó 63,5 millones en un sólo día a base de subvenciones que es preferible no calificar, como la "mejora de la producción agrícola mediante la resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau". Y a ésta, que se sepa, nadie le exige cuentas.

Versos sueltos

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El informe Rasmussen sobre tendencias electorales en la precampaña presidencial de los EEUU sitúa al candidato Ron Paul como posible segundo clasificado en las primarias republicanas que se celebrarán próximamente en New Hampshire. Tanto este estado como Paul son atípicos, pero es generalmente en la existencia de excepcionalidades notables donde el carácter de una nación se revela digno de esperanza.

New Hampshire es un estado de profunda cultura liberal. Los impuestos estatales y locales son allí, a los ojos de un europeo, inexistentes. Cae sobre sus habitantes, sí, el oneroso peso de la tributación federal, pero la opinión pública sigue manteniendo a unos políticos proclives a las libertades personales y económicas en mucha mayor medida que en la mayoría de estados norteamericanos. El apoyo social de esta dinámica libertaria se halla en las bases estatales del partido republicano, muy alejadas de los intervencionismos a los que les acostumbraron los neoconservadores o los propios conservadores de pata negra que anidan en el GOP. Igualmente están del todo vacunados del socialismo de viejo cuño y del nuevo de Obama.

No es de extrañar, por tanto, que Ron Paul obtenga sus mejores resultados en un estado donde muchos de sus cargos públicos son miembros o simpatizantes del Free State Project, un movimiento orientado a fomentar la reducción del gobierno a los mínimos imprescindibles para la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Ron Paul es, como New Hampshire, un verso suelto. Es enemigo declarado de los impuestos a los que considera una vía a la ruina económica y moral, que descapitalizan a la sociedad y la enferman de parasitismo y de tantas banderías colectivas que solo ensalzan el sacrificio de los más en beneficio de los menos. También se declara partidario consistente de la disciplina monetaria que ofrece el patrón oro, y resulta por eso y por otras propuestas libertarias la bestia negra tanto de los políticos del establishment como de las grandes corporaciones que viven de él.

Ni Ron Paul saldrá elegido candidato ni New Hampshire pasará de ser un canto de cisne a la sensatez, la racionalidad y la decencia. Aun así, hay que decir que si una nación como la norteamericana entre sus contradictorios frutos es capaz de producir esta consistente y real propuesta de libertad, ofrece aún motivos de optimismo al resto del mundo. Aunque entre las deudas históricas de esa sociedad haya aberraciones cometidas, por desgracia, en nombre de la libertad, con que existan Ron Paul, New Hampshire y ciudadanos libres que los impulsen, la esperanza no ha muerto.

Al otro lado del Atlántico, ¿qué podemos enseñar? En España, casi nada. Lo más similar, mutatis mutandi, y mucho hay que mudar para atisbarlo, es lo que la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre representan: un modelo económico algo más liberal que el del resto de la nación, una resistencia a la crisis mayor, consecuencia de ese conato de libertad económica, y una posición resuelta y, ciertamente meritoria, de la la Presidenta, a favor de la bajada de impuestos, cuando los de su partido los suben en toda España.

A pesar de los méritos, Aguirre y su Comunidad están muy lejos de Ron Paul y New Hampshire. A pesar de los deméritos de esa distancia, Esperanza y Madrid son nuestros versos sueltos.

El fantasma de Kim Jong-il recorre América Latina

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Ya podemos tachar de nuestra particular lista de tiranos en activo a Kim Jong-il, y esperar a que la sucesión traiga vientos de cambio en Corea del Norte. El Amado Líder ha sido llorado por sus súbditos, en uno de esos actos públicos que rezuman espontaneidad y libertad, tan característicos del país.

En las circunstancias en las que operan los miembros y miembras del gran proyecto comunitario norcoreano, no es fácil saber dónde está la realidad y dónde la ficción; dónde las acciones inducidas por el miedo atroz y dónde las acciones libres, si es que éstas existen.

Seguramente los norcoreanos, mientras lamentaban –o fingían que lamentaban– la muerte de su planificador, no pensaban en el devastador impacto de éste sobre la economía (una palabra muy fría para referirse a las vidas materiales y el potencial creativo de los norcoreanos). No se percataron en ese momento de que en 1975 las dos Coreas disfrutaban de un nivel de renta per cápita idéntico, y ahora una acabado con las hambrunas y se puede permitir el lujo de encender la luz por la noche, mientras que la otra se complace de ser el país más autárquico del planeta, pero no puede presumir de los dos éxitos anteriores.

Pero ahora que se va Kim Jong-il, otros líderes –con más o menos tintes totalitarios que el norcoreano– siguen haciendo de las suyas. No es de extrañar que Hugo Chávez haya lamentado el fallecimiento de su camarada.

En parte de Latinoamérica un fantasma lleva tiempo recorriendo la región: el del socialismo del siglo XXI. Dicen luchar contra el pensamiento único y las políticas neoliberales de los años 90, que a su juicio agravaron la ya difícil situación del continente.

Pero no se dan cuenta de que, en realidad, lo que se hizo fue engordar todavía más a unas determinadas elites: mismo perro con distinto collar. No se introdujeron de forma real y efectiva las dos patas sobre las que se asienta toda economía liberal –que pueda llevar este nombre-: la propiedad privada y la libertad contractual, con todas las instituciones que ambas requieren.

En absoluto desmontaron los “cinco principios de la opresión” en América Latina, como los llama Álvaro Vargas Llosa: corporativismo, mercantilismo de Estado, privilegio, transferencia de riqueza y ley política.

A pesar de ello, luchan contra el enemigo neoliberal con la fuerza que tienen: la de la coacción del socialismo (del siglo XXI). Esa coacción que en Ecuador, por no hablar de la paradigmática Venezuela, utiliza todos los resortes del poder político para publicitar las bondades de su gestión y, al mismo tiempo, eliminar a los disidentes; que camina hacia el proyecto biosocialista de la desmercantilización de la economía mediante la inflación de leyes e intervencionismo y la deflación de la iniciativa privada.

Kim Jong-il muere, pero otros muchos líderes aspirantes a totalitarios siguen vivitos y fastidiando.

Václav Havel y Kim Jong Il, dos caras de la humanidad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El azar ha querido que coincidan en el tiempo los fallecimientos de Václav Havel y Kim Jong Il. El mundo da estos días su adiós a dos figuras que personifican los extremos opuesto de entender la política y el poder, e incluso el ser humano en sí mismo.

Havel pasa a la historia, por méritos propios, como uno de esos gigantes que dedicaron su vida a la libertad y a cuanto de bueno pueden tener las personas. No sobra recordar algunas de sus citas que mejor resumen su pensamiento y, seguramente, su sentir.

La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin.

Sólo evitando esa pequeña mentira, esa pequeña injusticia y esa primera minúscula inmoralidad se puede evitar ese seguro camino del fin, que no es otra senda que la que conduce a la sumisión y a la represión de la libertad.

La verdad y el amor deben prevalecer sobre la mentira y el odio.

Sabía bien lo que decía. La mentira y el odio eran los sustentos básicos del régimen comunista que le condenó a largos años de prisión por ser uno de los principales intelectuales opositores al totalitarismo que oprimía a gran parte de Europa. Cuando por fin fue libre y su país accedió a la democracia, siguió fiel esos principios. Supo, al verse convertido en presidente, primero de Checoslovaquia y después de la República Checa, evitar el odio hacia sus rivales. Las muestras de fervor popular nada más conocerse su fallecimiento son buena prueba de ello.

Estamos obligados a luchar enérgicamente contra todos los eventuales gérmenes de odio colectivo.

Esa obligación es profundamente moral e íntima, sería contrario a su pensamiento tratar de imponérsela a nadie. Y es ese odio colectivo al que creía que se debía combatir lo que representa precisamente Kim Jong Il.

Si el checo representa lo mejor que puede ser un político, un intelectual y un ser humano, el norcoreano personifica justo lo contrario.

Kim Jong Il impuso un régimen de terror absoluto, donde cada ser humano era oprimido y en el que el odio era, y sigue siendo, el motor básico del sistema político. El comunismo muestra ese odio como colectivo, lo dirige hacia una "clase" o varias (la burguesía, el pequeño propietario agrícola, la intelectualidad), los defensores de otros pensamientos políticos, los creyentes en religiones y otros grupos. Sin embargo, lo colectivo lleva a lo individual.

La burguesía está formada por seres humanos concretos, y personas son todos y cada uno de los intelectuales. El liberalismo, la socialdemocracia y otras ideologías son defendidas por individuos, igual que son individuos los que tienen una fe u otra. Para reprimir a esos sujetos colectivos se censura, encarcela, tortura y asesina a personas individuales. Se destruye su libertad y a veces a ellos de forma física. Kim Jong Il llevó a su máximo paroxismo esta forma enferma de entender el poder y la humanidad.

Havel (y junto a él millones de checos, eslovacos, húngaros, alemanes del Este y otros habitantes de Europa central y oriental que se alzaron de forma pacífica) hizo del mundo un lugar mejor. Sin Kim Jong Il y sus secuaces ese mismo mundo hubiera sido menos malo.