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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Estamos esperando a Godot

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En 1952 se publicaba en francés la obra de teatro de Samuel Beckett Esperando a Godot. En ella, dos extraños y absurdos personajes esperaban a un tal Godot, que no se sabe quién es, para qué le esperan y si finalmente aparecería.

La trama de esta pieza de teatro del absurdo representa, a mi entender, la actitud de los españoles y, tal vez, los ciudadanos de otros países, frente a la desesperante situación económica que vivimos.

Vladimir y Estragón, los protagonistas, identifican perfectamente ese inmovilismo, esa pasividad ciudadana que adolece nuestro mundo civilizado. Nos miramos los unos a los otros esperando que Godot, el Estado, haga algo, aparezca, nos motive, nos solucione la papeleta. La diferencia es que nuestro particular Godot no es tan invisible como el de Beckett. Ha utilizado nuestro dinero, y sigue haciéndolo, para rescatar a una banca ajena al ciudadano y demasiado cercana al poder político, a pesar de ser pública y de tener como uno de sus objetivos la acción social. Me refiero a las cajas, por supuesto. Nuestro Godot de todos los partidos ha sido elegido por Vladimir y Estragón, que ahora se ven enroscados e inmóviles, en medio de la serpiente y a punto de ser devorados por ella, asfixiados, o ambas cosas.

A pesar de ello, nosotros, los Vladimir y Estragón del siglo XXI, seguimos sentados al borde del camino, esperando que el Estado sancione nuestros actos, formalice nuestra actividad económica, reconozca nuestro derecho de propiedad.

Por cuestiones laborales, he leído la crítica que el presidente del Instituto Juan de Mariana y futuro Rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Gabriel Calzada, le hizo en mayo del 2004 al libro de Hernando de Soto, reputado economista peruano, The Mistery of Capital. Tengo que agradecer a Mauricio Ríos que llamara la atención sobre esta reseña y este tema.

Hernando de Soto explica que, a fin de cuentas, la economía informal, tan frecuente en países emergentes, con instituciones poco sólidas o altos niveles impositivos, aunque genera un sistema espontáneo de normas y derechos de propiedad, no consigue que se genere riqueza porque el capital es estéril; lo que él llama dead capital.

Básicamente, la idea es que si la propiedad no es reconocida por el Estado, los bancos no van a permitir el acceso al crédito y el emprendedor informal, aquel capaz de desarrollar la acción empresarial más allá de las trabas e intereses políticos, no va a poder acceder al sistema financiero.

Pero Hernando de Soto no considera la posibilidad de que, precisamente por eso, las economías informales den paso a un sistema financiero alternativo libre. Libre no de normas, que son fruto natural de las relaciones humanas, sino libre de la manipulación estatal, de la extracción interesada de la riqueza del individuo, y de las alianzas perversas entre las grandes corporaciones bancarias y los Estados. Esas alianzas que tienen una gran responsabilidad en la situación que vivimos.

La sanción estatal, que parece ser un permiso divino que concede la gracia al ciudadano para tomar decisiones, asegura principalmente el engorde de las arcas del Estado y, como vemos cada día, no necesariamente para atender al necesitado, o para crear un marco adecuado para el desarrollo de empresarios, autónomos y trabajadores. Más bien, los ingresos del Estado son destinados a proyectos aparentemente interesados en el vaporoso bien común, pero que afianzan el poder del trío maléfico compuesto por los gobiernos, las empresas al servicio del régimen y la banca estatalista, sea privada con privilegios, sea directamente pública.

La actitud de Hernando de Soto es una justificación para que la ciudadanía siga esperando a Godot, sentada al borde del camino.

El final de la obra es una muestra de lo que apunto. “Qué, ¿nos vamos?”, dice uno de ellos. “Sí, vámonos”, responde el otro. Y ambos permanecen inmóviles, como nosotros, esperando la aprobación divina, la licencia de apertura, la subida de impuestos, y la recuperación económica.

Un error, en toda regla. 

Marea roja

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

A río revuelto, ganancia de pescadores. El populismo sigue ganando adeptos entre el electorado de los países más débiles de la Zona Euro. Las elecciones italianas son la última prueba de esta peligrosa deriva. El regreso de Silvio Berlusconi, tras el éxito que ha cosechado su discurso germanófobo, y la significativa irrupción del Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, que se ha situado como tercera fuerza, pone en el disparadero las tímidas reformas del tecnócrata Mario Monti.

La clave de estos comicios, más allá de la posible ingobernabilidad de Italia y una nueva convocatoria electoral, es que la mayoría de los votantes mostró en las urnas su rechazo explícito a la austeridad pública, incluso a la permanencia en el euro.

Desde hace meses Italia parecía terreno abonado para lo que finalmente ha sucedido. No en vano casi la mitad de los electores (unos 23,5 millones) son jubilados, parados o empleados públicos, contrarios todos ellos a recortar el gasto. El problema de fondo es que la receta adecuada para salir de la crisis resulta muy impopular en sociedades que llevan décadas instaladas en el paternalismo intervencionista de la subvención y el mal llamado Estado del Bienestar. Sociedades como la italiana, la griega, la portuguesa y la española.

La deriva populista de Berlusconi y el discurso antisistema del payaso Beppe Grillo han acaparado ni más ni menos que el 55% del voto. En Grecia, las últimas encuestas arrojan un empate técnico entre el primer ministro, Antonis Samaras (Nueva Democracia), y el líder de la coalición comunista Syriza, Alexis Tsipras, con casi un 29% para cada uno, mientras que los nazis de Amanecer Dorado se mantienen como la tercera fuerza, con un respaldo próximo al 12%. Comunistas y nazis comparten el mismo mensaje: oposición frontal a la política de recortes y liberalización económica y, llegado el caso, suspensión de pagos y salida del euro. Ambos se nutren del amplio descontento social que existe en Grecia, donde el 64% de la población cree que el país va en la dirección equivocada. Sin embargo, la prolongación de su particular crisis no es culpa de Merkel ni de los mercados, sino de una sucesión de Gobiernos incapaces de aplicar la amarga medicina recetada para salir cuanto antes del atolladero.

El populismo todavía no se ha hecho un hueco visible y significativo en el arco parlamentario español, pero ya hay indicios preocupantes. El apoyo soterrado del Gobierno a las plataformas que proponen el impago generalizado de hipotecas, la subida que está experimentando IU en las encuestas y el viraje izquierdista del PSOE son, sin duda, señales a tener muy en cuenta.

En el fondo de este tipo de movimientos subyace un creciente descontento social, materializado en forma de protestas como la del 23 de febrero. Bajo lemas como "Recortes no", "Tu sobre es mi recorte", "Su botín es mi crisis", "Sin pan no hay paz", "Ladrones" o "Viva la lucha obrera", se está generando una marea roja que puede anegar España en el populismo que ya están sufriendo Grecia e Italia. 

No con mi dinero

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Tuve que frotarme los ojos al leer en la prensa local el siguiente disparate: «Metropolitano y el Cabildo (de Tenerife) proyectan tranvías en el extranjero». Las mal llamadas empresas públicas están abocadas al más estrepitoso fracaso por muchas razones; las dos principales son que no disponen de los incentivos adecuados y que se mueven por decisiones políticas y no económicas.

El mercado es un proceso por el que los distintos individuos que lo conforman tienen incentivos para descubrir las ineficiencias existentes y convertirlas en beneficios empresariales que revierten en el conjunto de la población. Este fenómeno es conocido entre los economistas como el de eficiencia dinámica del mercado. Así, cuando un empresario descubre que existe una descoordinación en el mercado, se juega su capital para lograr un beneficio a la vez que satisface las necesidades de la sociedad.

Voy a intentar explicarlo con más claridad con el siguiente ejemplo. Cuando Bill Gates, en 1983, crea Windows, lo hace porque descubre que el uso de los ordenadores sólo estaba al alcance de unos pocos debido a los complejos sistemas operativos que existían hasta la fecha. De ahí que decide crear un nuevo sistema para que hasta su madre pudiera usar un ordenador. Sin duda, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a ello, pero también ha satisfecho las necesidades del conjunto de la sociedad y nos ha hecho más ricos a todos.

Sin embargo, las empresas públicas como Metropolitano, que actúan con el dinero exigido a los ciudadanos, no se mueven por decisiones económicas, sino por decisiones políticas, que frecuentemente persiguen réditos electorales, y en algunos casos por intereses personales de políticos, que suelen terminar en corruptelas que les enriquecen a costa de los recursos generados por la sociedad.

Además, los dirigentes políticos de estas empresas carecen de incentivos económicos para reducir los costes y maximizar los beneficios y así encontrar soluciones eficientes, debido a su incompetencia y al abuso de poder, que termina muchas veces llevando a un incremento del gasto público, o sea, que los ciudadanos tendremos que pagar más impuestos.

El Cabildo de Tenerife en vez de seguir despilfarrando el dinero de los tinerfeños en trenes, yogures o parques eólicos, lo que lo llevó a deber a los bancos, según publicó ABC, cerca de 300 millones de euros, debería dejar la producción de los servicios a la ciudadanía y preocuparse de eliminar las trabas empresariales que existen en Canarias para evitar la quiebra que se avecina y en la que nos han metido los políticos imprudentes que llevan gobernando nuestras islas más de 20 años.

El circo del estatismo europeo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre los innumerables problemas que afectan a gran parte de las esclerotizadas economías europeas (Estados mastodónticos que asfixian fiscal y regulatoriamente a un atrofiado sector privado), hay uno que destaca sobre los demás: la permanente inestabilidad institucional y la cierta sensación de que el continente puede romperse por cualquier lado. Hoy es Italia donde un Berlusconi echado más que de costumbre al monte inflacionista amenaza con dinamitar la arquitectura jurídica del Continente; ayer era Grecia, con sus neonazis y neocomunistas, la que amagaba con celebrar el referéndum rupturista que meses antes había anunciado Papandreu; y mañana serán España –con sus quinceemes, veintitresefes, bárcenas y urdangarines– o Francia –con su Hiperestado infinanciable y su socialismo enrocado– los que den la campanada. La normalidad europea pasa por la anormalidad estructural, por la certidumbre en la incertidumbre permanente.

Es cierto que no todos los cambios son siempre para peor y que, en ocasiones, incluso resulta deseable precipitarlos. El problema de Europa no es, pues, la posibilidad en sí misma del cambio (que es hoy más necesario que nunca), sino la desazonadora seguridad de que los cambios serán a peor y generarán más estatismo, populismo y arbitrariedad política; hacia una menor libertad, en definitiva. ¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio crecientemente tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?

Acaso se diga que tales son las inexorables consecuencias de una crisis económica tan brutal como la que estamos atravesando. Pero semejante planteamiento peca de simplista, pues sólo coloca su sesgada atención en una parte de la realidad. Si la mayoría de Europa reacciona ante la crisis apostando, consciente o inconscientemente, por una degeneración institucional –en lugar de por una regeneración– es simple y llanamente porque la sociedad europea ha sido adoctrinada durante más de un siglo en el antiliberalismo más rampante: la estatolatría, la fe ciega en la planificación central y en la democracia irrestricta, la veneración del Estado de Bienestar, la creación artificiosa de todo tipo de derechos sociales y económicos que jamás dejaron de ser esclavizaciones del prójimo y la adicción al sobreendeudamiento público o privado como vía a una artificiosa e insostenible prosperidad.

Lejos de mamar los valores de la libertad individual, de los contratos voluntarios, de la responsabilidad o del ahorro; lejos de instruirse en la prudencia financiera, en la creación de valor económico o en la construcción de un patrimonio personal; y lejos de comprender que el Estado no es un aliado sino un enemigo al que hay que recluir y maniatar, la mayoría de los europeos sigue pataleando contra el Estado no por provocar y agravar la crisis, sino por no subir suficientemente los impuestos a los ricos, por no endeudarse todavía más, por no crear empleo público de la nada, por no subsidiar a más ciudadanos, por no devaluar la divisa, por no rubricar el impago de todas y cada una de las deudas contraídas y por no nacionalizar y someter sectores económicos enteros.

Que frente a las crisis un alto porcentaje de la población busque más estatismo y no más liberalismo –y se refugie en extravagantes alternativas liberticidas, como los berlusconis y los syrizas, o apuntale a los también liberticidas partidos mayoritarios, podridos hasta la médula– no tiene que ver con las crisis, sino con los valores y la formación de los ciudadanos. Y justamente lo que genera inquietud son las formas de organización política a que puedan dar lugar tales valores y tal formación. Al parecer, sólo el pan y el circo parecen calmar a los hijos del socialdemócrata Estado de Bienestar europeo; y habiéndose reducido las sobreendeudadas hornadas de pan gubernamental, se está optando por trasladar el circo a la arena política. Es decir, se está optando por echar a todos los ciudadanos a los leones. Como para no salir corriendo.

España necesita un sistema pirolítico

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Las elecciones en Italia, la dimisión papal, la ceremonia de los Oscar y los lamentables escándalos de corrupción han conseguido que los focos no estén tan centrados en la ausencia de toma de decisiones económicas del Gobierno.

Cualquier cosa vale para distraer la atención. Sí ha habido esta semana, como todas las semanas, más del mismo remover el caldero de las protestas, las evaluaciones y los análisis desde la barrera. La gente en la calle mezcla churras con merinas, corrupción con recortes. Y es normal. Porque quienes están al mando aplicando las medidas que son tan inevitables son los mismos que tiene salpicones de corrupción por todos lados. No están solos. Los que señalan con el dedo, quienes deberían ser oposición, tienen los mismos manchones o más. Una vergüenza. Pero hay que decir bien alto que los recortes no están relacionados con los sobres. Los recortes son un fenómeno doloroso pero nuevo. Los sobres, en cambio, son una arraigada tradición en este país en el que el que no corre, vuela.

La evaluación de Fitch

La consultora internacional Fitch ha publicado un informe con las luces y las sombras de nuestra situación económica. Pocas novedades, la verdad. Las zonas oscuras no son cualquier cosa. La amenaza es que podemos ir a mejor, pero también a peor. Y la conclusión del diario Expansión, que hay margen para reforzar las medidas fiscales, no señala en la buena dirección.

La losa del paro; la volatilidad de los mercados, es decir, la frecuencia e intensidad de variaciones en los precios, que trae consigo una mayor incertidumbre; el déficit público, que impide ni siquiera pensar en lograr el necesario equilibrio presupuestario; el débil crecimiento de la economía y el enorme pedrusco en el camino que supone el desastre bancario español pintan un panorama poco halagüeño. Si al empobrecimiento de las familias y la debilidad de la demanda le añadimos nuevas "alegrías" fiscales, el resultado no parece muy positivo. Pero hay explicaciones para todo. Explicaciones que se resumen en el eslogan de la desidia política: no se puede hacer otra cosa. Esa excusa es de las más dañinas y nocivas que conozco. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque transmite a la víctima, es decir, el ciudadano susceptible de ser (más) esquilmado, la sensación de que haga lo que haga, las cosas son así. Un consejo del libro de los samurái dice que cuando hay una lluvia torrencial que te pilla a la intemperie tienes dos alternativas: correr o ir despacio, pero nada evitará que te cale el agua hasta los huesos. Y ese es el mensaje que encierra ese perverso "no se puede hacer otra cosa", dense ustedes por empapados.

Hay alternativas reales

En la misma semana que Fitch publicaba su informe, Daniel Lacalle sacaba a la luz en Cotizalia el informe acerca de las posibles medidas de política económica que se pueden tomar, remitido a determinados miembros de nuestro Gobierno. Supongo que yace en un cajón junto con la vergüenza torera de quien dirige nuestro rumbo. Y junto con una brújula, probablemente.

No son medidas teóricas basadas en sesudas reflexiones sobre el sexo de los ángeles. Son aportaciones lúcidas, que se han puesto en marcha en otros sitios y que aumentarían la solidez del sistema porque generarían más ingresos estatales a largo plazo, no aquí y ahora y mañana ya veremos. Pero seguimos con esa mentalidad de poner tiritas para arreglar costurones. Estimular la demanda mediante reducciones fiscales que atraigan capitales y generen una mayor actividad económica es más seguro que seguir engordando el gasto.

Aprovechar los despilfarros en infraestructuras utilizando la imaginación, el ingenio, ese gran don, para rentabilizarlas no es un sueño imposible. Es cuestión de coraje y voluntad política. Y no hay ni lo uno ni lo otro.

El sistema político pirolítico

La última propuesta de Daniel Lacalle se refiere a los escándalos de corrupción y su efecto. Hace tiempo perdí el hilo de las múltiples tramas de corrupción que colapsan nuestro país. Este sistema lo permite. Estas leyes, mientras no veamos una hilera de encarcelados, lo permiten. No podemos escandalizarnos.

No hay igualdad ante la ley, como la ex juez Carmena reconocía en declaraciones a El País. No hay un sistema de autolimpieza que asegure que el que se manche sale fuera de la política y el que se manche por encima de la ley va dentro de la cárcel. No hay verdadera rendición de cuentas. Ni los políticos lo proponen en serio ni los ciudadanos ven más allá de sus narices. Y es imprescindible para la recuperación real de la economía, aunque no sea evidente.

Pero en nuestro país, en nuestras calles, solamente hay gente que grita "basta" y paga impuestos. O sea, no hay nada. Puestos a reclamar podíamos empezar por las leyes. Menos y más eficientes. Un sistema pirolítico.

¿Qué hay de lo mío?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Qué hay de lo mío?

Desde que estalló la crisis, España se está deslizando poco a poco, pero de forma constante y cada vez más creciente, por la deriva del populismo y la demagogia más mezquinos y aberrantes. El famoso dicho ¿qué hay de lo mío? está impregnando la sociedad española desde hace ya casi un lustro. Tras el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria en 2007, los promotores y grandes inmobiliarias fueron los primeros en reclamar al Estado un "rescate", a costa del dinero de los contribuyentes, argumentando que su caída como "sector estratégico" era intolerable, ya que su colapso acabaría arrastrando al conjunto de la economía nacional. Poco después, el sector del automóvil, otro de los grandes beneficiados por el chorro de crédito fácil y barato propio de la década pasada, utilizó la misma excusa para solicitar ayudas públicas de todo tipo. Un par de años después, y ante la evidencia de que la tormenta no escampaba, la crisis golpeó de lleno a la banca española. Fusiones arbitrarias de cajas, con el respaldo y el aval de la deuda pública, préstamos que luego se convirtieron en ingentes inyecciones de capital y la reciente creación del ‘banco malo’ fueron las herramientas empleadas por las autoridades políticas para salvar a la mitad del sector financiero de una quiebra inevitable. Pero la cosa no terminó ahí, ni mucho menos. La crisis bancaria dejó otros damnificados colaterales a su paso… Titulares de participaciones preferentes, accionistas de cajas de ahorros e hipotecados que ya no podían hacer frente a sus cuotas se organizaron, igualmente, para reclamar lo suyo, alegando todos ellos que fueron víctimas de una "estafa" y un "engaño masivo". El Estado, es decir, el bolsillo de los contribuyentes, debe rescatarlos, alegan.

Por desgracia, el Gobierno, antes el PSOE y ahora el PP, han ido cediendo a cada una de estas reivindicaciones, en mayor o menor medida, redistribuyendo así el coste de la crisis de forma injusta y contraproducente. Se trata de un esquema que, por definición, castiga a los ahorradores y prudentes al tiempo que premia a los irresponsables e incautos. De este modo, asistimos a la reproducción del clásico cuento de la cigarra y la hormiga, solo que en la vida real. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, violando así de forma flagrante uno de los principios esenciales del capitalismo. Veámoslo con un ejemplo ilustrativo:

Juan dejó sus estudios en el instituto atraído por el dinero fácil y rápido que hace ahora una década ofrecía el sector de la construcción. Con apenas 20 años, y sin necesidad de cualificación alguna, ya ganaba cerca de 3.000 euros al mes. Juan, sin embargo, lejos de llevar una vida austera, no ahorró dinero y optó por llevar un buen nivel de vida a base de deuda. Se compró un gran piso de 350.000 euros, bajo la ilusoria creencia de que nunca bajaría de precio, y un buen coche (otros 50.000 euros). El escaso dinero que ahorraba, tras el pago de las consiguientes cuotas crediticias, se lo gastaba en viajes y en cenas. Además, y puesto que aún le sobraba algo, aconsejado por el director de su sucursal y sin tener conocimiento alguno sobre el mundo de las finanzas y la inversión, decidió comprar acciones de un banco, entonces en pleno apogeo, e incluso algunas preferentes para obtener una renta a tipo fijo -se comercializan desde finales de los años 90-. Pero la crisis estalló. Juan perdió su trabajo y empezaron los problemas.

Su vecino Pedro, sin embargo, llevaba una vida diametralmente opuesta a la de Juan. Acabó sus estudios universitarios, hizo un máster en una buena escuela de negocios con el dinero que fue ahorrando durante su época de estudiante -trabajando en vacaciones- y aprendió idiomas. Tras años de esfuerzo y dedicación a formarse, Pedro comenzó trabajando de becario en una multinacional. Durante los primeros años de burbuja, su sueldo era tres veces inferior al de Juan, pero gracias a su buen desempeño fue escalando puestos en el seno de su empresa hasta ser nombrado directivo. Aún así, y pese a cobrar 5.000 euros netos al mes, optó por seguir viviendo de alquiler -se trasladó a una buena urbanización- y llevar una vida austera, sin grandes lujos, a fin de ahorrar de cara al futuro. Gracias a sus conocimientos financieros, eligió un buen fondo de inversión a largo plazo. Llegó la crisis, pero ésta no golpeó a Pedro ya que, si bien la multinacional en la que trabajaba se vio afectada en España, siempre tendría la opción de trasladarse a alguna de sus filiales en el extranjero, mejorando incluso sus actuales condiciones laborales.

Pese a todo, Pedro fue obligado a compartir el reparto de la carga de la crisis. Cuando estalló la recesión, su vecino Juan, pistola en ristre (Estado), le exigió que destinara parte de sus ingresos a avalar la inmobiliaria en la que aún trabajaba para evitar su quiebra; aún así su compañía acabó cerrando y Juan, ya en el paro, obligó a Pedro a sufragar su prestación de desempleo; posteriormente, éste también se vio forzado a colaborar en el rescate de las entidades financieras para salvar el depósito de su vecino; e incluso tuvo que aportar dinero extra para que Juan recuperase sus preferentes, sus acciones y evitar que le desalojasen de su casa por impago de hipoteca.

Juan, que durante los años de burbuja no se privó de nada y vivió muy por encima de sus posibilidades reales, disfrutó plenamente, cual cigarra, de los beneficios obtenidos durante la época del boom económico, mientras Pedro, cual hormiga, iba construyendo poco a poco unas bases sólidas de cara al futuro a base de esfuerzo, ahorro y prudencia. Sin embargo, con la crisis ya encima, Juan saqueó el bolsillo de Pedro para cubrir sus propios errores, manteniendo así buena parte de las ganancias obtenidas en el pasado. Juan ha sido premiado, Pedro, por el contrario, castigado. ¿Es justa esta redistribución de cargas? La respuesta, evidentemente, es no.

Amplíen este enfoque individual a nivel social y comprobarán que éste es el esquema básico que está siguiendo el Estado para paliar la crisis. España cuenta a día de hoy con una de las fiscalidades más elevadas del mundo desarrollado como consecuencia del rescate indiscriminado de empresas y particulares y, por supuesto, del mantenimiento de una estructura administrativa y de gasto público totalmente desproporcionada, propio aún de la época de burbuja. La asfixia que sufre hoy Pedro se debe al auxilio de empresas que deberían haber quebrado (o rescatadas por vías privadas, como es el caso de la banca), a la cobertura de errores de inversión cuya responsabilidad es estrictamente individual (preferentes, acciones e hipotecas), así como al pago de un Estado ingente. La caída de los sectores más beneficiados por la expansión crediticia ha sido amortiguada a costa de empobrecer a los demás, ralentizando así la imprescindible reordenación de la estructura productiva, al tiempo que se subsidia a parte de la población en lugar de liberalizar por completo la economía para que se incorporen nuevamente al mercado laboral cuanto antes, asumiendo, eso sí, el coste de sus malas inversiones. Bajo el lema ¿qué hay de lo mío? no sólo se esconde una brutal hipocresía y demagogia, aderezadas con una creciente dosis de populismo de efectos desastrosos, sino, sobre todo, una injusticia, simplemente, intolerable: que paguen justos por pecadores. 

Gobernados por bandidos

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

En ocasiones la gente despierta de la sedación a la que nos somete el gobierno. Los hay que tienden a mitificar a sus políticos, a considerarlos ángeles que velan por nuestra libertad y prosperidad sin mirar por sus intereses. Pero ya están los propios políticos para recordarnos, insistentemente, que esa idealización no corresponde con la realidad. Cuando la prensa reveló que, supuestamente, la sede del Partido Popular se había convertido poco menos que en la trastienda de Los Soprano, en la que circulaban sobres con sobresueldos y regalos de agradecimiento, el sueño de muchos se disipó. El del PP no es un caso único, por supuesto. Más bien al contrario. Todo partido político que haya disfrutado de una determinada cuota de poder tiene sus casos de corrupción, sus muertos en el armario. Y cuando asoman, se apresuran a esconderlos como si no pasara nada, negando la evidencia ante la ciudadanía.

Muchos ciudadanos se preguntan: ¿Pero es que no hay político honrado? ¿Por qué todos están pringados? Es como si fuéramos presa de una maldición, como si fuera cuestión de mala suerte. Pero no, no es mala suerte. Es lo lógico. Ya lo decía Lord Acton: "el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Los únicos partidos que no están implicados en casos de corrupción son los que no tienen ni han tenido suficiente poder. Y si en algún momento pensamos que para acabar con la corrupción hay que votar a alguno de estos inmaculados partidos minoritarios, nos equivocaremos: tan pronto como lleguen al poder se corromperán. La solución a la corrupción no consiste en votar a éste o a aquél. No es un problema de personas, sino de incentivos.

Anthony de Jasay comienza su libro El Estado con una simple pregunta: "¿Qué harías si tú fueras el Estado?". Es sorprendente cómo a menudo nos entretenemos demasiado pensando en cómo nos gustaría que fuera el Estado, o cómo querríamos que el gobierno actuase. Y sin embargo dedicamos poca atención a pensar qué es realmente el Estado, cómo funciona, o cuáles son los incentivos de los gobernantes a la hora de determinar sus acciones. Al hacernos esas incómodas preguntas podemos descubrir que la corrupción no es un golpe de mala suerte, sino la natural respuesta a los incentivos a los que se enfrentan los políticos.

Ludwig von Mises afirmó en su gran obra La Acción Humana que "la corrupción es la consecuencia natural del intervencionismo". "Los políticos y empleados públicos no son seres angélicos. Muy pronto se dan cuenta de que sus decisiones suponen para los empresarios considerables pérdidas o importantes beneficios. Sin duda hay burócratas que no se corrompen, pero hay otros ansiosos por aprovecharse de cualquier oportunidad segura de compartir los beneficios con aquellos a los que sus decisiones favorezcan".

Cuando los políticos pueden tomar decisiones arbitrarias que suponen una ganancia para unos a costa de pérdidas para otros, que es en lo que se basa cualquier política intervencionista, se crean los perversos incentivos que conducen a la corrupción. En este marco, el responsable de tomar la decisión recibirá una gran presión por parte de los potenciales beneficiados o perjudicados, ya sea en forma de dinero o de servicios. Escapar una vez es posible, pero a largo plazo se hace más difícil resistirse. De hecho, como en política no sucede como en el mercado, en el que los que no sirven bien a los ciudadanos quiebran y quedan apartados, sino que incluso les beneficia si saben elegir quiénes deben salir favorecidos, este tipo de prácticas tienden a prosperar. Si los ciudadanos queremos realmente combatir la corrupción gubernamental debemos tener claro que el camino para esto no es pedir un cambio de personas, sino exigir una reducción del poder discrecional que disfrutan los políticos. Como escribió Anthony de Jasay: "La reducción de la corrupción resultará de forma natural como consecuencia de una reducción en el ámbito de actuación del gobierno".

Este pecado original, el del uso del poder para beneficio de unos a costa de otros, está en la propia esencia del Estado. El sociólogo alemán Franz Oppenheimer explicó de manera esclarecedora el origen del Estado en su libro Der Staat. El Estado nace en el momento en el que las antiguas bandas de saqueadores descubren que hay una forma más rentable de obtener riquezas que arrasar con los pueblos de campesinos: someterlos. Cuando se aniquila a los más productivos, éstos dejan de producir riqueza y no se les puede volver a saquear. Pero si los bandidos se instalan en el poblado y les rapiñan poco a poco, permitiéndoles continuar produciendo, los saqueadores a la larga salen ganando. El Estado, dice Oppenheimer, nunca surgió a partir de un inexistente "contrato social", como decían Locke o Rousseau, sino de la conquista. Del sometimiento de los productivos por los grupos más organizados para el saqueo.

Es cierto que el Estado ha evolucionado mucho desde entonces. Ahora incorpora, aunque muy imperfectos, algunos contrapesos que permiten al ciudadano tratar de fiscalizar la labor del gobierno y deshacerse de él cuando la mayoría se pone de acuerdo en que es excesivamente perjudicial. Pero tampoco se ha avanzado tanto como parece. La política sigue siendo un potente mecanismo que permite a unos vivir a costa de otros. Los gobernantes son elegidos por votación mayoritaria, sí, pero a partir de listas cerradas, sin competencia, entre partidos casi iguales y por un mecanismo con insuperables barreras de entrada. El ámbito de intervención del Estado es inmenso y arbitrario. Los políticos siguen sin ser responsables por el incumplimiento de ese supuesto contrato que contraen con los ciudadanos al presentarse a las elecciones, ni tienen que responder por los daños y perjuicios que puedan provocar. No se hacen responsables de sus actos, y eso se nota. Lo que nos han demostrado es que tampoco se molestan en disimular su verdadera naturaleza. No pierden la ocasión para recordarnos que en esencia siempre fueron iguales; que seguimos gobernados por bandidos.

En defensa del derecho de secesión

Escrito por Luis Ignacio Gómez en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en En defensa del derecho de secesión

Desde el punto de vista de la historia y la evolución, el estado es un invento relativamente nuevo. Los humanos hemos vivido la mayor parte de nuestra corta existencia en grupos pequeños, repartidos en territorios enormes, prácticamente incomunicados. Grandes poblaciones asentadas que exigiesen una mínima organización política aparecen hace muy poco tiempo con el desarrollo de tecnologías como la agricultura, la ganadería, los sistemas de riego, de transporte, de fabricación…

Antes, es decir, cuando el Homo sapiens convivía con el Homo neanderthalensis y el Homo floresiensis (entre los 100.000 años a.C y los 12.000 años a.C), incluso mucho antes, cuando los Homo erectus y los Homo habilis recorrían el planeta de cacería en cacería, nadie necesitaba de un estado. Todos vivíamos en grupitos pequeños, clanes familiares en su mayoría y sus líderes –"Consejo de ancianos", Jefe de Clan, Jefe de Tribu, Chamán o como se llamasen– ejercían un poder limitado por las circunstancias humanas y ambientales. Una sociedad anónima en cuyo nombre se estableciesen leyes o normas no existía, por supuesto. Nada era anónimo en aquellos tiempos.

Cuando el líder y sus más fieles seguidores no eran capaces de satisfacer las necesidades del "yo también quiero ser líder", o cuando el medio no proporcionaba los recursos suficientes para alimentar a todo el clan, lo normal era una separación en grupos más pequeños. Estos se lanzaban, o bien a la búsqueda de territorios nuevos, o a la destrucción o eliminación de los "otros". Este mecanismo no sólo era imprescindible para asegurar la alimentación de todos, sino que impedía al mismo tiempo la dominación y explotacion absoluta sobre los insatisfechos. El Jefe de Clan, consciente de que es mejor cazar un mamut con 20 guerreros que con 10 malheridos hambrientos, se cuidaba mucho de abusar de su poder arriesgando vidas o la reducción del grupo.

Si observamos los estados actuales, comprobamos cómo la segregación entre grupos de personas que ya no comparten los mismos intereses (o que incluso ven lesionados sus propios intereses) ya no es posible. Los dirigentes, los gobernantes (más tarde partidos políticos en el poder, funcionarios, burócratas) son los que definen las reglas en un determinado territorio estatal. La segregación, si es individual, es sólo posible "huyendo" a otro territorio estatal. Si es colectiva, es decir, un grupo de personas decide discutir las reglas impuestas y dotarse de otras diferentes, es imposible.

¿Y qué significa esto que les cuento?

El mecanismo natural por el que grupos pequeños podrían defenderse sin violencia de los efectos de una jerarquía incapaz de satisfacer sus necesidades, la secesión, queda anulado, facilitando –y para facilitar– la concentración de poder en manos de dirigentes, gobernantes, partidos políticos en el poder, burócratas… Aparecen las sociedades esclavistas, los estados nacionales imperialistas y cuando pensábamos que íbamos a superar el feudalismo absolutista aparecen en el siglo XIX los "estados sociales" perfectamente engarzados en sistemas de financiación coercitivos que hoy asumimos como "naturales" y cuyo único objetivo es, mediante la máxima carga fiscal soportable, mantener la estructura estatal sobre la que se alimenta la clase dominante y sus incondicionales.

La supresión del mecanismo de secesión permite la concentración de poder sobre grandes masas de personas justo hasta que la insatisfacción se convierte generalizada: la consecuencia no es una separación pacífica en busca de nuevas normas (ya no salimos a cazar para comer), es una revolución.

Llegados a este punto, el avezado crítico de los –como yo– llamados "liberales alegres", nos preguntará por qué el ser humano ha permitido que desparezca la posibilidad de secesión si esta es propia de la condición humana. ¿Acaso no es necesaria? ¿Somos los humanos estúpidos? ¿Acaso todo lo afirmado hasta ahora es un cuento libertario? La respuesta es sencilla:

a) Las estructuras políticas gobernantes jamás renunciarán voluntariamente a los ingresos vitalicios conseguidos por medio de la coacción impositiva concediendo generosamente a uno o varios grupos de gobernados el derecho de secesión, y renunciando con ello a buena parte de su botín.

b) Los gobernados no son conscientes de ser explotados. Los procesos políticos no obedecen a las reglas científicas del conocimiento, más bien se basan en el convencimiento de que la estructura sociopolítica en la que se vive es justa y legítima (o injusta e ilegítima). El condicionamiento en la legitimidad de una estructura política comienza en la más tierna infancia, motivo por el cual el estado se autoproclama único proveedor de educación. Y convierte su servicio en obligatorio.

c) Dado que los cambios políticos "legítimos" sólo son posibles desde las estructuras dadas por el estado, las posibilidades alternativas son muy limitadas. El derecho a la secesión, a la segregación, no está contemplado por la regulación de un estado que se autoproclama administrador de la unidad (y/o soberanía) de todos y para el que cualquier fragmentación supondría no sólo una pérdida de poder, sino también un desastre financiero.

Creo que es absolutamente imprescindible debatir estas cuestiones, incidir en la importancia de la segregación como vehículo pluralizador, generador de riqueza (no sólo material) y como herramienta para garantizar una mínima defensa frente a la natural tendencia homogeneizante y absolutista de cualquier estructura de poder. No olvido que muchos de nosotros abominamos de conceptos como segregación, separación, individualismo…, sin duda acostumbrados como estamos a defender Nación, Derecho, Orden Legítimo… y temerosos de que en nuestra "alegría teorizante" pongamos en peligro las bases mismas de la civilización, el estado de derecho, la paz social o el bienestar de todos. Sin embargo debemos reconocer que la de "bajarse del tren" es una opción absolutamente natural, profundamente humana y que su negación es precisamente negar algo que nos es profundamente íntimo y propio.

Efectivamente, hablar de separación o secesión es políticamente incorrecto. ¿Es también pura especulación? ¿Acaso no les estoy invitando al caos? ¿No estaremos cayendo de nuevo en la utopía alegre? Si nos detenemos unos segundos y sobrepasamos nuestra primera reacción condicionada, vemos que nuestro miedo inicial puede ser infundado. Cualquier medida política, cualquier reforma sociopolítica es casi imposible en las condiciones actuales, en el marco legal actual. Sin embargo, llevar adelante una Ley de Secesión es no sólo posible, es fácil. Basta con querer que los demás puedan elegir (sí, lo sé, nadie lo quiere, lea más arriba). Tampoco lleva al caos, puesto que las leyes en el estado del que se segrega uno o varios grupos no tienen que ser alteradas. Se disminuye el potencial de conflicto y enfrentamiento y se elimina toda posibilidad de chantaje político en cualquier dirección. Que los segregados deben hacer uso responsable de su libertad es cierto, pero eso ya no es asunto del estado, sólo de quienes han optado por el camino de la secesión y perciben su decisión como una oportunidad y no como un problema. Además, existe un efecto extra sobre el estado que queda: aparece una (o varias) estructura nueva en competencia con la que había, obligándole a proporcionar a sus ciudadanos un entorno al menos tan favorable como el mejor de los entornos segregados si no quiere que sus contribuyentes abandonen su protección o decidan segregarse ellos también.

Bajo esta premisa la voluntad del estado para llevar a cabo las reformas necesarias crecería de manera significativa, aparecerían uno o varios grupos secesionados que no sólo podrían ser mejores al estado primigenio, sino que también se encontrarían en competencia unos con otros para tratar de encontrar mejores y más efectivas formas de convivencia. La secesión o la separación no son, pues, conceptos a los que temer o ante los que permanecer escéptico. Al contrario, son el mecanismo más sencillo (el más natural, el más humano) de que disponemos para enfrentarnos a un estado superdimensionado, incontrolable, corrupto, irreformable, manirroto e ineficiente. La secesión es la vía por la que se puede conseguir la paz social duradera mediante la actividad socioeconómica voluntaria.

Lo sé, los escépticos argumentarán que los millones de políticos, historiadores, filósofos, sociólogos, neurobiólogos dedicados en cuerpo y alma a trabajar por el "bien de la sociedad" no pueden estar equivocados. Pero eso es también parte de una creencia basada en la idea de que el progreso del colectivo humano se rige por los principios de la racionalidad. Creencia falsa, mil veces refutada por nuestra propia historia: la Historia de la Humanidad es una historia de fracasos y apredizaje, de fracasos y adaptación. En realidad nuestra historia, como la propia evolución, se fundamenta en la superación de todos nuestros fracasos, de todos nuestros planes frustrados, de las consecuencias de pasiones desatadas. No hay nadie que tenga un plan evolutivo. No hay un Dios que nos proteja de nosotros mismos. La evolución es ensayo y error. Podemos temer el futuro pero nadie puede preverlo ni planificarlo. Tampoco en el contexto puro de las consecuencias de los propios actos: estos provocan actos de terceros, cuyos efectos nos son desconocidos…, no planificables.

La socialización planificada de hoy en día viene marcada por la acción política cortoplacista, financiada con el fruto del trabajo futuro de otros (las famosas generaciones venideras pagarán las deudas), fundamentada en estructuras políticas que permiten que el verdadero coste social sea soportado por quienes no se pueden defender: justamente aquellos a los que se nos niega el derecho justo a la secesión.

La corrupción

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Toda organización, a partir de cierto tamaño y complejidad administrativa, tiende a generar casos de corrupción interna. El Hombre siente la misma tentación a actuar de forma deshonesta, desarrolle su actividad en el sector público o en el privado. Lo que es relevante son los incentivos que, en cada uno de estos ámbitos, le incitan, animan o facilitan la comisión de tales ilícitos.

Cuanto más amplia y compleja sea una organización, mayor será el grado de integración y sistematización funcional. Los agentes actúan de acuerdo a reglamentos, mandatos e instrucciones, siempre dentro de su potestad o competencia. En el interior del Estado existen diferentes entidades. Se integran de forma horizontal, vertical y trasversal. El Estado de Derecho y la división de poderes, pretende separar facultades, establecer instrumentos de control independientes, y crear un procedimiento estricto y restringido para el cambio en las normas, o la sucesión en las personas que desempeñan los cargos de dirección y administración. Sin embargo, la extensión del modelo estructural del partido único a las formaciones que compiten por el poder político en nuestros sistemas democráticos, ha quebrado por completo este intento "liberal" por eliminar resquicios e incentivos que hicieran posible el desgobierno, el abuso de poder o la corrupción.

¿Por qué todos los casos de corrupción que salen a la luz en los medios de comunicación suceden en lo público y tienen como actores principales a quienes manejan el poder a través de los partidos políticos?

La empresa privada, incluso en sistemas tan intervenidos con el nuestro, únicamente participa de los casos de corrupción, como colaborador necesario, cuando éstos suceden en lo público. No sería posible que dichos empresarios u hombres de negocios se enriqueciesen a costa del erario público sin que, previamente, alguno de los servidores del Estado formase parte de la trama. Llegados a este punto se plantea una duda más que razonable. ¿Es el interés de la empresa privada el que corrompe al político y funcionario, o es quien llega a desempeñar tales funciones el que se infiltra dentro del entramado de la administración para lograr su objetivo?

Muchas veces se busca exonerar a quien se estima realiza una labor altruista, localizando el origen de su corrupción en otro actor que, por su parte, persigue un fin particular. En otro lugar intentamos resolver esta cuestión, así que no vamos a repetir argumentos que ya fueron explicados con anterioridad.

Los casos de corrupción sucedidos en el seno de la empresa privada tienden a resolverse más temprano que tarde, exigiéndose responsabilidades tanto a los autores, como a todo aquel que pudiera haber tenido alguna participación culposa. Cuanto mayor sea una organización empresarial, mayores podrían ser los estragos cometidos, pero también serán más intensos los controles naturales que evitarán el desarrollo de las tramas corruptas. En cualquier caso, si una empresa quedase totalmente invadida por la corrupción, su destino último sería la quiebra y disolución. Primero, porque las empresas privadas producen bienes y servicios que compiten en el mercado, y los consumidores varían sus elecciones de un día para otro. Segundo, porque cuanto más grande sea una empresa, existirán menos vínculos personales entre la propiedad del capital, y su gestión. Los administradores quedan expuestos por sus actos y pueden incluso, sin ser ellos mismos agentes corruptos, responder por las pérdidas generadas.

Si comparamos al Estado, en un sentido amplio del término, con cualquier empresa privada, sin importar su tamaño o implantación internacional, la principal diferencia es que el primero carece del control de la cuenta de pérdidas y ganancias. Así mismo, existe una gran diferencia entre aquellos que hacen posible la supervivencia de cada tipo de organización: la obligatoriedad en la pertenencia o fidelidad con la misma. Los ciudadanos son fiscalizados y administrados. Para evitar un sistema, tienen dos opciones: rebelarse en masa o huir del país. En el caso de la empresa privada, tenemos a los consumidores, que son seducidos y satisfechos en sus necesidades, pero nunca se casan con un productor y mucho menos acaban secuestrados por él. La competencia permite abandonar lo que no nos gusta y buscar otro proveedor distinto en el mercado.

Los aspectos que hacen corrupto al Estado y crean incentivos para que dicha corrupción sea importante y generalizada, son los siguientes:

  1. El Estado es un monopolio, frente a la competencia que forma parte de la naturaleza del mercado, donde todo el que quiera puede tratar de arrebatar consumidores a quien ya opera, incluso con gran éxito.
  2. El Estado es una organización integrada, que pese a la división de poderes, los controles internos, o la independencia funcional de quienes ejercen tales funciones, acaba siendo regida por suborganizaciones de tipo trasversal conocidas como partidos políticos, que destilan intereses corporativos, y reproducen la estructura misma del Estado en pos de gobernarlo por completo.
  3. El Estado no somete sus resultados a quienes lo hacen posible, como sí sucede en la empresa privada respecto de los capitalistas, que son propietarios y controlan a los gestores gracias, en otros medios, a la cuenta de pérdidas y ganancias.
  4. El Estado se rige por un criterio político, lo que sublima el gasto descomedido y no sometido a un criterio de rentabilidad, lo que proporciona fuentes de financiación ilegales, comisiones, etc.
  5. Quienes gobiernan el Estado responden ante sus ciudadanos por sus errores, en términos estrictamente políticos, nunca asumiendo ninguna clase de responsabilidad patrimonial personal. Los consejos de administración privados sí pueden acabar siendo objeto de reclamaciones personales por parte de acreedores y accionistas.
  6. El Estado no puede disolverse, y aún en el caso de que cambie el régimen, los puestos de poder se mantendrán intactos, como también lo harán la mayoría de los miembros de la casta que los controla; el Estado es un ente desideologizado, y a la sazón, sirve a todo régimen con idéntica lealtad formal.
  7. El Estado, cuanto más intervencionista, más ámbitos de corrupción genera, lo que unido al resto de condicionantes, multiplica tanto la recurrencia, como la impunidad de los corruptos; lo cierto es que la mayoría de los casos de corrupción y corruptelas nunca son desvelados, o su investigación no avanza.

Aceptando la existencia de fuertes incentivos para que el Estado se convierta en el destino de la deshonestidad, y al mismo tiempo corrompa tanto a quienes le sirven directamente como a aquellos que le proporcionan bienes y servicios, y más aún, a quienes tienen al Estado como su principal cliente, existe un factor adicional que eleva el índice de corrupción de un país. Hay rasgos de tipo cultural, vicios institucionales, formas de ser o usos sociales que acentúan el ánimo corrupto de los individuos que forman parte de una comunidad. En estos pueblos, con más razón si cabe, habría que reducir el Estado y alejar así el pan del glotón.

@JCHerran

La monarquía que no tenemos

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El último día de 2012, la reina Isabel II del Reino Unido otorgó el título de princesa a la posible hija de su nieto Guillermo a través de una Patente Real. Esta carta remitida al Parlamento británico invalida un decreto del rey Jorge V y se adelanta a los legisladores que plantearon eliminar la preferencia de los varones en la sucesión. Con esta medida extraparlamentaria, su Graciosa Majestad hace valer una de sus prerrogativas dentro del entramado constitucional que la costumbre y la historia han ido modelando en contraposición al modelo positivista continental.

La Constitución española no deja un margen de maniobra similar al Rey de España, ya que define hasta quién y cuándo recibe la dignidad de Príncipe de Asturias como heredero. Los graciosos padres constitucionales desconfiaban de los legisladores ordinarios que les seguirían, por lo que redactaron la Carta Magna más extensa que hemos tenido en nuestra historia dotándola de la suficiente ambigüedad para admitir varias interpretaciones en algunos puntos, como en el caso de la función moderadora y de arbitraje que le atribuye al Rey. 

La autoridad del monarca se hizo notar de forma práctica tras la intentona golpista del 23-F, aunque parece que desde entonces sus funciones se han limitado a representar y personificar al Estado sin entrar en otros asuntos que tal vez habrían requerido el ejercicio de su auctoritas.

Incuestionada durante años, la autoridad de la Corona se tambalea, cercada por escándalos familiares y se cuestiona como parte de un régimen corrupto que saquea al contribuyente para mantener los privilegios de una casta de políticos y burócratas.

Frente a la monarquía hay quien propone la república como alternativa sin entrar en ninguna otra consideración. La legitimidad histórica de la Corona puede entrar en conflicto con la legitimidad democrática, pero también puede erigirse como una garantía constitucional adicional a los desmanes de los políticos iluminados de turno. Nunca a través de una potestas o injerencias en el gobierno, sino a través de una auctoritas ganada con el tiempo; y que se supone de aquellos que no se someten a los vaivenes de las opiniones del momento sino que guardan cierto sentido histórico que legar a sus herederos en la forma de una dinastía de la que ellos solo son el nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro.

Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, nuestra norma fundamental no es una carta otorgada sino que es el resultado de la soberanía nacional; el pueblo como sujeto previo se dio una Constitución para, en teoría, protegerse del poder del Estado. Ya Aristóteles advirtió del peligro de que la democracia degenerase en demagogia y la monarquía en tiranía; el gobierno de muchos se impone como una tiranía sobre las minorías y el gobierno de uno solo sobre todos los demás. De ahí la necesidad de un sistema constitucional con garantías para controlar a los poderosos, ya sea uno solo, unos pocos o una mayoría. Desde la antigua Grecia hasta hoy, para llegar a un sistema que en palabras de Winston Churchill es "es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás" y que no es posible sin el equilibro de poderes de Montesquieu. La ficción de la distribución de poderes de la Constitución española que nos debe proteger a modo de pesos y contrapesos falla en el continuo partidos políticos-parlamento-gobierno-justicia. La monarquía puede funcionar como un contrapeso siempre y cuando no haya una conjunción de intereses con ese poder temporal que haga de la Corona un peso adicional con el que también tengamos que cargar.