Ir al contenido principal

Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Prólogo para el libro “Nuestro enemigo, el Estado”, de Albert Jay Nock, publicado por editorial Innisfree.

Una de las más manidas justificaciones de la violencia institucionalizada es que el individuo no puede vivir fuera de la sociedad y que, por tanto, se necesita de esa herramienta esencial de socialización que vendría a ser el Estado. En efecto, muchos liberales y sobre todo muchos libertarios han caído frecuentemente en la peligrosa simplificación de despreciar el colectivo, hasta el punto de negar su misma existencia. No es infrecuente escuchar que sólo existe el individuo o que sólo la persona tiene derechos y que, por tanto, una economía puede funcionar sin fricciones con una pléyade de individuos independientes y casi autistas. Ayn Rand, por ejemplo, llegó al extremo de idolatrar el pronombre ‘yo’ y de considerar el ‘nosotros’ como un peligroso caldo de cultivo para el totalitarismo.

Desde luego, muchos de estos liberales ultraindividualistas estaban movidos por sanas intenciones: en concreto, proteger al individuo de todos los ataques a la libertad cometidos en nombre del colectivo. Sin embargo, al considerar que el totalitarismo empezaba cuando el ‘yo’ se diluía en el nosotros, inconscientemente le concedieron al enemigo la victoria que andaba buscando: la equiparación entre sociedad y Estado. Justamente, el auténtico totalitarismo comienza no cuando el individuo se diluye en la sociedad (algo que puede suceder por mecanismos totalmente voluntarios y beneficiosos para el individuo), sino cuando la sociedad se identifica en todos sus aspectos con el Estado. Pues ahí, en ese preciso punto, es cuando se equiparan los mecanismos voluntarios de cooperación y resolución de conflictos con las relaciones coactivas y opresivas que constituyen la esencia al Estado.

Afortunadamente, no todos los liberales han caído en esa trampa que tan arteramente tendieron los estatistas. La propia Escuela Austriaca capitaneó desde su nacimiento con Carl Menger los análisis sobre el surgimiento espontáneo de las instituciones, posteriormente refinados y ampliados por Friedrich Hayek; de hecho, este último llegó a calificar al individualismo cerril y aislado de la sociedad ‘falso” individualismo, por terminar creyendo que toda la realidad es fruto de la planificación de algún individuo concreto y no el subproducto no intencionado del conjunto de la comunidad. Fuera de la Escuela Austriaca, los llamados neoinstitucionalistas también han desarrollado una profusa y meritoria contribución al estudio de los límites de la propiedad individual, de los órganos de gobernanza sobre bienes comunales y de la conclusión de disputas por vías distintas a la legislación o los tribunales estatales.

Sin embargo, como decíamos, otros liberales, acaso menos interesados en la coordinación dentro y entre grupos, tienden a caer frecuentemente en el error de reducir toda la problemática económica y social al análisis racional de la conducta individual de carácter cuasi antisocial, negando incluso la existencia de externalidades o de acción colectiva (por el contrario, los estatistas tienden a visualizar tales problemas por todas partes y, sobre todo, tienden a negar la existencia de mecanismos privados eficientes para solventarlos). Afortunadamente, Albert Jay Nock no cae en este error tan extendido y ya desde el mismo título de su más afamado libro identifica adecuadamente al auténtico antagonista de la libertad: “Nuestro enemigo, el Estado”.

Así, a lo largo de las páginas de esta muy interesante obra, el lector hallará una tan acertada como necesaria distinción entre “gobierno” y “Estado”. En palabras de Nock: “Estas dos clases de organización política [gobierno y Estado] son tan distintas en la teoría que trazar una drástica distinción entre ambas diría que probablemente es la tarea más importante que la civilización puede emprender en aras de su propia seguridad. No es en absoluto arbitrario o academicista dar a un tipo de organización política el nombre de gobierno y a la otra el nombre de Estado”.

Para Nock, la diferencia entre gobierno y Estado cabe hallarla en cuatro características: su origen, su propósito, los medios principales que se utilizan y los intereses que se defienden. Así, el origen del Estado es la conquista y la confiscación, el del gobierno el pacto libre y voluntario; el propósito del Estado es la explotación continua y sistemática de un grupo de individuos por otro grupo de individuos, mientras que el gobierno tiene como finalidad defender los derechos individuales de las personas para garantizar la libertad y la seguridad de todas las partes, de modo que todas ellas puedan salir ganando; los medios de actuación del Estado consisten reprimir las libertades de los ciudadanos, mientras que los del gobierno se limitan a evitar y prevenir que unos individuos violen los derechos de otros; y, por último, los intereses del Estado, a diferencia de los del gobierno, no son los del conjunto de la sociedad sino los de ciertos grupos de presión bien organizados a la hora de saquear al prójimo. De manera resumida: “partiendo de la idea de los derechos naturales, el gobierno garantiza los derechos individuales mediante instituciones negativas y una justicia barata y accesible; a eso se limita el gobierno. En cambio, el Estado, tanto en su génesis como en sus actuaciones, es puramente antisocial. El individuo no posee otros derechos salvo aquellos que el Estado le haya otorgado; ha vuelto la justicia cara y poco accesible, y ha rebasado con frecuencia los límites que le imponen la justicia y la moralidad siempre que le ha resultado provechoso”.

gobiernovsestado

Acaso sea conveniente refinar algo más esta crucial diferencia entre gobierno y Estado analizándolo desde otra perspectiva. En un momento del libro, Nock recupera la distinción realizada por el filósofo alemán Franz Oppenheimer entre “medios políticos” y “medios económicos” para poder proporcionarnos una definición más sintética de Estado. Dice Nock: “Existen dos maneras, y sólo dos maneras, para satisfacer los fines de una persona: una es la producción e intercambio de riqueza, lo que podríamos denominar los ‘medios económicos’; la otra es la rapiña de la riqueza que han generado otros, es decir, los ‘medios políticos’”. Es ésta distinción la que le permite a Nock concluir acertadamente que el Estado es “la organización de los medios políticos”, esto es, la institucionalización y burocratización de la rapiña.

Nock, sin embargo, se olvida de definir ‘gobierno’ a partir de la distinción anterior, cuando perfectamente podríamos definir al gobierno como el conjunto de arreglos institucionales que, a través de los medios económicos, tienen como propósito proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, esto es, solventar los problemas propios de la coordinación social en el ámbito de bienes de provisión conjunta. De esta forma, Nock enlaza con el futuro análisis de la Nueva Economía Institucional de Douglas North o de Elinor Ostrom consistente en mostrar la influencia de las instituciones sociales en la coordinación de los agentes económicos y en la resolución de los conflictos colectivos. Lejos del simplismo de conceder al Estado y a sus medios políticos el monopolio natural de estos arreglos institucionales, Nock insistió desde un comienzo, y la Nueva Economía Institucional demostró más adelante, que existen alternativas cooperativas que no pasan necesariamente por iniciar el uso de la fuerza, sino que es posible alcanzar formas contractuales e institucionales que, a modo de familias, comunidades de vecinos, urbanizaciones privadas, ciudades libres, clubes, sociedades de socorro mutuo, seguros, confesiones religiosas, comunidades de regantes, cámaras de comercio, patrullas vecinales, asociaciones de padres, fundaciones, costumbres, tribunales de arbitraje o usos comerciales, permitan remplazar la mayoría o la totalidad de las funciones que hoy copa de manera monopolista, violenta e ineficiente el Estado. Lo que Nock está señalando es que la función social del gobierno no es un monopolio natural del Estado (de los medios políticos), sino que puede descentralizarse de manera policéntrica en muy diversas organizaciones sociales de carácter voluntario y cooperativo (medios económicos).

Precisamente por esto último, Nock es capaz de asestarle un duro golpe a una de las principales legitimaciones que suele encontrar el Estado: su función de cohesionar la sociedad. De acuerdo con Nock, el Estado no sólo no es un prerrequisito para que exista la sociedad sino que es la institución más antisocial que existe: “el orden de intereses que defiende el Estado no es un orden social, sino antisocial; por eso, aquellos que lo administran, enjuiciados desde una perspectiva ética, resulten indistinguibles de una banda de criminales profesionales”. En otras palabras, el Estado es una gran ficción mediante la cual los distintos grupos organizados (los modernos lobbies) son capaces de vivir a costa de los muy desorganizados contribuyentes merced a toda clase de pretextos que buscan justificar la coacción y construir un espíritu de servidumbre voluntaria: “El hombre masa, desconocedor de su propia historia, tiende a considerar al Estado más como una institución social que como una antisocial; y debido a ese fe irracional, se muestra dispuesto a proporcionar a los administrador del Estado una legitimidad absoluta para la bellaquería, la mentira y las manipulaciones”.

Sin duda alguna, el análisis político, social y económico de Nock dista de ser perfecto. Sus grandes intuiciones constituyen también el germen de algunos de los fallos más llamativos del libro, por ejemplo al adoptar un concepto de ‘clase social’ cercana al marxismo para sostener que en último instancia todo Estado defiende los intereses de una clase concreta (cuando dentro de cualquier clase, arbitrariamente definida, existen objetivos contrapuestos e incompatibles entre sus integrantes) o al reputar, como los fisiócratas y los georgistas, que el origen de la riqueza y el monopolio básico de todo Estado es la tierra. Pero tales errores de análisis no empañan el conjunto de esta obra que, combinando el sentido común político con la acertara observación de la historia americana (su transición desde el protogobierno colonial hasta el Estado central imperial), proporciona una valiosa herramienta de reflexión para resistir la creciente estatización de nuestras sociedades.

En este último sentido, no puede afirmarse que estemos ante un libro que invite al optimismo, pues el propio Nock, consciente de la imposibilidad de planificar centralizadamente las sociedades y los arreglos institucionales, reconoce que la supervivencia y la extensión del Estado depende del apoyo implícito que le presten sus subordinados; un apoyo que desde la Revolución estadounidense sólo se ha ido acrecentando en todos los rincones del planeta. El propio libro concluye con un mensaje acaso demasiado pesimista: “Dado el enorme poder del Estado, combinado con la legitimación espiritual que tiene tras de sí, uno tiende a plantearse qué puede hacer en contra del Estado y de su imparable expansión: simplemente nada”. El propio Nock admite al final que, desde esta realista óptica, su libro es del todo inútil: “Bajo nuestras propias hipótesis, este libro no sirve para nada”. ¿Por qué, entonces, invirtió su tiempo Nock en escribirlo? Según sus propias palabras: “para nutrir la curiosidad y los conocimientos de aquellas ovejas descarriadas que, más allá de toda utilidad práctica, buscan conocer la verdad”. Es decir, para todos nosotros. Ningún homenaje y agradecimiento mayor podríamos hacerle a Nock que no sólo saciemos nuestra curiosidad, sino que animemos a despertar y saciar la de otros. Quién sabe si, al final, de tanto saciar nuestra curiosidad intelectual, al Estado no le queda otro remedio que comenzar a retroceder a favor de un gobierno voluntario.

El regulador grande, ande o no ande

Este viernes, el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones nos trajo un nuevo ente, elmega regulador. En la rueda de prensa posterior, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba el nombramiento de José María Marín Quemada, actualmente vocal del Banco de España, como Presidente de este ‘jovencito Frankenstein’ institucional. 

Supervisores reunidos, jamás serán vencidos 

Y digo ‘jovencito Frankenstein’ porque esta CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) reúne a las ocho comisiones nacionales que regulaban hasta ahora el mercado de valores, de la energía, de las comunicaciones, y los sectores ferroviario, postal, aeroportuario, de medios audiovisuales y el regulador de la competencia.

Por supuesto que, como explicaba la vicepresidenta, va a suponer un ahorro de puestos directivos de un 40% y de gasto cercano al 30%.

Realmente no sé si es una buena noticia. Hasta ahora pongo en duda el funcionamiento de los reguladores como potenciadores del funcionamiento de la competencia en los mercados y la supervisión de los mismos. Hay que recordar, por poner un ejemplo, lo que la CNMV no hizo para evitar el engorde y posterior estallido en plena cada de las carteras de los españoles de las cajas de ahorro, los activos tóxicos, etc. No sé si ahora que formado un ‘combo regulador’ van a funcionar mejor.

Además, Sáenz de Santamaría ha explicado cuál va a ser la formación que se va a proponer al Parlamento en unos días, destacando la independencia de la institución respecto al Gobierno.

Una independencia, sin embargo, que no impide que se repartan los sillones en el consejo de dirección entre los partidos políticos: 6 para el partido del gobierno, 6 para la oposición. Y de los 6 de la oposición serán 2 para el PSOE, y uno para cada una de las demás formaciones políticas: IU, CiU, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Todo muy independiente de la vida política y sus tensiones con el más puro afán de que esos mercados y sectores excepcionales funcionen a las mil maravillas. Por supuesto, ya ha habido voces de los opositores que trataban de rascar vocales en el consejo. Tanto esfuerzo por el bien común de espaldas a los intereses partidistas es conmovedor. Una vergüenza, en resumen. 

Mercados sin competencia, mercados esclavos

Y no es que tales reducciones en términos de altos directivos y de presupuesto no sean importantes. Al revés, lo que me planteo es que si se puede funcionar con un mega regulador, porqué no los unimos antes.

El tema es más de fondo. Se trata del sentido mismo de las comisiones nacionales de la regulación de mercados. Lo que te explica la teoría es que como son mercados donde no se puede alcanzar una provisión óptima, que supuestamente es la que ofrece la competencia perfecta, es necesario la existencia de un supervisor que asegure la eficiencia, es decir, que regle los precios y cantidades con los calculados a priori. Se trata, desde luego, del concepto tradicional y está tico de eficiencia, no del concepto más acertado de eficiencia dinámica, tal y com lo explica Fernando Herrera en su libro Mitos sobre la regulación de los mercados.

Pero de todos los entes sumados en patchwork por el gobierno de Rajoy, el que más me llama la atención es la Comisión de Regulación de la Competencia. Su importancia es tal que habrá una sala específica para ello, y otra sala para los sectores regulados.

Lo que nos venden a los ciudadanos es que la competencia sin regulación es el caos. No vale con que existan leyes que eviten comportamientos colusivos de empresas que no quieren competir. Es necesario que alguien supervise. Pero ninguno de los responsables de ese organismo supervisor se juega nada si se incumple la misión. Y si el Tribunal de Cuentas funciona con tanto retraso, ¿por qué voy a pensar que en este caso las cosas van a ser diferentes?

Además, aunque el verbo "supervisar" sugiere la idea de un vigilante del patio del colegio que no se mete en los juegos de los niños (el funcionamiento del mercado) sino que se limita a evitar conflictos y comportamientos violentos, la realidad es otra. El gobierno interviene. Y el mega regulador, cuyo consejo directivo depende del "favorcete" prestado por un partido político, con intereses electoralistas a corto plazo, no va a ser imparcial. No lo es habitualmente.

Me pregunto qué cara pondría Adam Smith para quien la competencia era el reno que aseguraba que no se darían monopolios y abusos. Porque, y esto es lo relevante, la competencia es la criptonita de los privilegios. Y lo que tenemos es lo opuesto: el reinado de las mil y una arbitrariedades.

Algunos problemas con el anarcocapitalismo de Hoppe

El filósofo y economista Hans-Hermann Hoppe es uno de los principales representantes del pensamiento anarcocapitalista: defiende una sociedad basada en el derecho de propiedad y en la ley privada, sin impuestos ni privilegios para nadie. Su argumentación en contra del Estado es muy interesante, pero tiene algunos problemas.

Según Hoppe el Estado se otorga a sí mismo coactivamente el monopolio de la justicia, de decidir sobre los conflictos, incluso sobre aquellos que involucran al propio Estado y en los cuales no puede ser imparcial. Además impone unilateralmente sus condiciones a los individuos, establece las leyes vigentes y cobra impuestos confiscatorios.

En una sociedad anarcocapitalista la seguridad es proporcionada por agencias privadas en competencia, como cualquier otro bien o servicio. Estas agencias resuelven los conflictos con la mínima violencia posible ya que el uso de la fuerza es muy costoso, arriesgado e ineficiente. Todo el mundo puede estar armado y esto reduce la criminalidad: los agresores saben que las posibles víctimas están preparadas para defenderse, y esto desincentiva el delito.

Hoppe utiliza el individualismo metodológico y su argumentación es fundamentalmente teórica. Los problemas de sus ideas proceden de no entender plenamente la naturaleza de los grupos humanos como unidades de convivencia y acción colectiva, y de realizar algunas inferencias incorrectas, incompletas o con poca base empírica.

El derecho de propiedad o principio de no agresión es la única norma ética universal, simétrica y funcional que permite regular la convivencia entre seres humanos evitando, minimizando o resolviendo conflictos. Pero los seres humanos no utilizan solamente leyes universales para evitar conflictos entre individuos. También emplean normas particulares para regular relaciones concretas entre personas, para gestionar el uso de bienes compartidos por un colectivo, y para alcanzar conjuntamente objetivos específicos mediante la cooperación coordinada en grupos estables. Estas normas implican deberes y derechos positivos para los participantes, las partes de una relación o los miembros de un grupo, y pueden surgir informalmente (por evolución de costumbres) o formalmente (mediante contratos).

Estas reglas particulares son funcionales si sirven para alcanzar los objetivos por los cuales existe la asociación de individuos. Muchos economistas ven la sociedad como una red compleja que permite generar eficientemente más riqueza mediante la especialización, la división del trabajo, los intercambios en el mercado y la acumulación de capital (físico, humano, social, tecnológico).

Pero la biología y la antropología muestran que los grupos humanos surgen principalmente para afrontar problemas relacionados con la seguridad: un colectivo grande y bien organizado puede luchar, protegerse y atacar mejor, defendiéndose de depredadores o agresores, cazando presas y compitiendo por recursos con otros grupos humanos. Además las relaciones estables permiten la ayuda mutua y recíproca en caso de necesidad (accidentes, enfermedades, variabilidad del éxito en la búsqueda de alimento).

Un grupo posee ciertos bienes en común (la cueva donde se refugia, el espacio entre las chozas, las calles y plazas públicas, los terrenos de caza o recolección, algunas reservas de alimento) y realiza algunas acciones, especialmente la guerra contra otros grupos (y las relaciones diplomáticas y alianzas), como una unidad (aunque obviamente no todos los miembros participan por igual). Para los servicios de seguridad la tribu es como una cooperativa de producción y consumo.

La posesión común de ciertos bienes, las acciones colectivas y la resolución de conflictos internos (mantenimiento del orden) requieren que se realicen algunas funciones de gobernanza (coordinación, gestión, mantenimiento, organización, dirección) de forma descentralizada o centralizada.

En los grupos pequeños la coordinación de la cooperación se gestiona de forma personal mediante normas tradicionales y relaciones directas: todos se conocen, interactúan frecuentemente, hablan y se controlan o vigilan unos a otros. Existe cierta división del trabajo y las relaciones de autoridad y liderazgo son voluntarias y personales.

Algunos grupos se separan al crecer y superar cierto número de miembros para poder mantener una organización personal y descentralizada. Otros grupos crecen y realizan diversas transiciones de tamaño, complejidad y organización desde bandas a tribus, a jefaturas, y a estados: estos procesos profundizan la división del trabajo entre los miembros (por ejemplo los soldados son especialistas mantenidos por el resto de la población) y desarrollan mecanismos formales, institucionales e impersonales de control como jerarquías estables de gobierno (reyes, nobles, alcaldes, jueces, mandos militares y religiosos) y burocracias.

Estas transiciones pueden ser voluntarias, progresivas y espontáneas (por crecimiento orgánico o fusiones de grupos) o resultado de la invasión y toma de control de unos grupos por otros. Las estructuras de mando pueden utilizarse por los gobernantes en su propio beneficio a costa de los miembros del colectivo (Estado como parásito, agresor o ladrón), pero también pueden proporcionar servicios (de menor o mayor calidad y eficiencia) como la gestión de lo común, la resolución de conflictos y la organización de la defensa.

Hoppe estudia al rey y a los aristócratas de un orden natural como individuos sabios, ricos, exitosos, con prestigio y autoridad, que ejercen de jueces para los conflictos entre los diferentes individuos.

Sin embargo esa no es su función o razón de ser única o principal, sino que suelen ser mandos militares que defienden al grupo y exigen tributos a cambio. Un grupo no necesita un gobierno solamente para los conflictos internos entre propietarios privados. También lo necesita para las cosas que el grupo tiene en común, y para las cosas que hace en común, en especial organizar su defensa. El rey más que un juez es un comandante supremo del ejército, y los aristócratas son sus generales.

La gente puede recurrir a reyes y aristócratas por su sabiduría, pero también porque tienen el poder de imponer sus veredictos. Algunos juicios podrían ser útiles como opiniones para establecer la reputación (buena o mala) de los individuos e incentivar buenas conductas sin necesidad de utilizar la fuerza contra ellos; pero este mecanismo puede no ser suficiente, y para algunos casos la fuerza puede ser necesaria y eficiente.

Es posible comprender al Estado como un ente separado de los ciudadanos sobre los cuales impone unilateralmente e ilegítimamente su voluntad. Pero también es posible entenderlo como la estructura institucional de gobierno de una asociación voluntaria: los ciudadanos son parte del Estado, eligen o controlan de algún modo a sus representantes y líderes y determinan cuáles son las normas que regulan las contribuciones a su mantenimiento (fiscalidad); cada miembro del grupo tiene una influencia generalmente muy pequeña sobre la toma de decisiones colectivas y por ello puede parecer que las elecciones las toman otros contra él.

Si el Estado fuera claramente una de estas dos alternativas su análisis y crítica serían muy sencillos. Pero en la realidad el Estado parece ser un híbrido de las dos concepciones, con atributos de ambas. Un Estado pura y claramente agresor no puede justificarse éticamente, debilita o mata al huésped al que parasita y se arriesga a rebeliones de sus súbditos. Un Estado servidor de la sociedad tiende a desvirtuarse por diversas ineficiencias, corrupciones e intereses de políticos, burócratas y grupos de presión organizados (élites extractivas): al monopolizar la violencia y la jurisdicción el Estado tiende a convertirse en agresor, pero esta puede realizarse en nombre y beneficio de algunos de los ciudadanos y a costa de otros, quienes se sienten víctimas del Estado y lo ven como algo ajeno.

Sobre la provisión de servicios de protección mediante agencias privadas, Hoppe (junto con muchos otros anarcocapitalistas) no parece ver que la seguridad mediante el uso de la fuerza es un servicio especial que tal vez no sea fácil de externalizar e intercambiar en un mercado: si yo soy débil y quiero contratar con un fuerte para que me defienda, tal vez no pueda evitar que el otro utilice su capacidad superior para atacarme y quedarse con mi dinero sin necesidad de esforzarse y arriesgarse en protegerme. Si puedes defender a alguien de todos es porque eres más fuerte que todos, y entonces quizás aproveches para dominar a todos en lugar de servirlos.

El que las agencias privadas resuelvan conflictos entre ellas de forma pacífica es una posibilidad pero no una necesidad apodíctica: la historia muestra muchos ejemplos de escaladas de represalias entre grupos que no llegan a acuerdos para evitar la violencia, y que en algunos casos lo consiguen cuando algún poder superior pone orden entre ellos.

El que todo el mundo pueda estar armado puede desincentivar muchos crímenes, pero tal vez también provoque daños cuando se produzcan disputas pasionales entre individuos con capacidad letal.

El mensaje antifederalista

Se identifica al liberalismo con el siglo XIX. Pero si tenemos que aferrarnos a ese artificio, mejor remontarnos al siglo XVIII, cuando se expresaron muchas de las ideas más originales y ciertas sobre la convivencia humana y los riesgos que corre. Hay cierta lógica en ello. Si nos remontamos a dos siglos y medio antes, vemos nacer el Estado moderno. Pero el apogeo no llega hasta aquel dieciocho. Por lo que a nosotros nos interesa aquí, lo relevante es qué ocurrió en Inglaterra y, desde 1707, en Gran Bretaña. Allí la corona se fue liberando de las ataduras y las servidumbres del feudalismo. Con todo, el sistema político no había llegado al absolutismo, sino que tenía un cierto equilibrio entre la monarquía, la aristocracia y la democracia. Se ha dicho de aquel país que evitó los excesos fiscales y militares de otros países, y que ello se debía a su aislamiento, o a las “libertades inglesas” o al hecho de que la clave del dinero lo tuviera la gente, o más bien el gentry, la baja nobleza.

Pero no es así en ningún sentido. De hecho, Gran Bretaña descuella sobre el resto de Estados nación en la construcción de un Estado fiscal-militar. Los impuestos crecieron rápidamente. En términos constantes, se multiplicaron por ocho entre 1670 y 1790. Lo mismo cabe decir del Ejército. Tras la Revolución Gloriosa contaba con unos 15.000 efectivos, y en 1713 se había multiplicado por diez: 144.650 efectivos, sin contar con los mercenarios.

De modo que el problema al que se enfrentaron los pensadores que forjaron el liberalismo allí, y no es diferente en otros Estados, es el crecimiento del complejo militar-fiscal, su crecimiento autónomo al margen de los deseos de la gente, y con una lógica propia sencilla y que no descansa: el poder. En el caso de Gran Bretaña, ese crecimiento se facilitó por dos elementos. Uno, que la Cámara de los Comunes pudo trasladar el coste del Estado a clases que no votaban, como eran las clases más populares. Eso explica que la mayoría de los ingresos del Estado, en torno al 80 por ciento, proviniesen de las manufacturas y del comercio, mientras que los impuestos sobre la tierra sólo aportaban el 20 por ciento restante. Y dos, la creación del Banco Central que permitió a la corona británica multiplicar su endeudamiento.

En las colonias se tenía muy presente el crecimiento de ese complejo fiscal-militar en la metrópoli. Y se veía al resto de Europa como países presas de “despotismos turcos”, con sus libertades aún más entregadas al capricho de la Corte. Este es el problema que se plantearon quienes se acabaron oponiendo a la Constitución de los Estados Unidos, y a los que la historia ha llamado, impropiamente, “antifederalistas”.

Los Estados Unidos tenían ya una Constitución; se llamaba, en plural, Los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua. Crearon un gobierno central sin poder fiscal, y por tanto con una capacidad militar limitada. No parecían un instrumento adecuado para librar una guerra de independencia contra un rival tan poderoso como la Gran Bretaña. Pero aun así, ganaron.

Pero el peso de la deuda, una vez concluida la guerra, amenazaba la propia unión, y un grupo de políticos, los llamados federalistas, buscaron crear una nueva unión que creara un gobierno central poderoso, que le acercase a las grandes potencias europeas. Todo el debate sobre la Constitución lo es sobre la creación de un Estado con un complejo fiscal-militar poderoso.

Son muchas las críticas de los antifederalistas a la nueva Constitución. Pero las principales son tres. Por un lado, el nuevo poder central supondría una amenaza para el poder local y estatal. Cuanto más dividido estuviese localmente el poder, más controlado estaría por los votantes. Lo mismo podría ocurrir con ciertas instituciones tradicionales participadas directamente por el pueblo, como el jurado o las milicias. El segundo argumento es que la Constitución preveía la creación de un Ejército permanente (standing army). Y el tercero, que ese texto permitía una recolección de impuestos casi sin límites. Este es el contexto del mensaje antifederalista.

La España de la que huimos

Jean-François Revel afirmó en su libro La gran mascarada que lo que marca el fracaso del socialismo no es la caída del Muro de Berlín, sino su construcción. Ésa, añade, era la prueba de que había alcanzado un punto de descomposición tal que se veía obligado a encerrar a los que querían salir para impedirles huir. En general, no hay señal más nítida del colapso de un sistema que la salida de sus habitantes. Algo similar ocurre hoy en España. Circula un dicho terrible que dice que quienes terminan la carrera universitaria en España sólo tienen tres salidas: por tierra, por mar o por aire.

España ha dado un completo vuelco a sus tendencias migratorias. The Economist publicaba recientemente un artículo titulado "Una gran migración" sobre cómo hemos pasado de recibir una importante inmigración neta a que sean los propios españoles los que se están yendo. Según un informe de Adecco que analiza datos del INE, desde el inicio de la crisis hasta final de 2012, alrededor de 400.000 españoles se han ido a trabajar al extranjero. El informe añade algo especialmente grave: los que se están yendo son principalmente jóvenes altamente cualificados. Y a eso hay que sumar que de los que van quedando, completamente infrautilizados y con la moral por los suelos, dos de cada tres están buscando activamente trabajo fuera de España. Los jóvenes españoles se dividen, en resumen, entre los que se han ido y los que quieren irse. Como decía el artículo de The Economist, España está perdiendo precisamente a aquellos a los que más necesita para refundar su economía.

No es difícil darse cuenta de que España, como sistema económico y social, ha colapsado de manera espectacular. No sólo porque más de un 27% de quienes quieren trabajar no pueden, ni porque el 57% de los jóvenes está en el paro. Es que España se ha convertido en un país en el que para los jóvenes es casi imposible ganarse la vida. Los impuestos, trabas e ineficiencia institucional asfixian toda actividad productiva y emprender se ha vuelto un acto suicida. Hasta el más optimista ve con claridad que vivimos en un sistema disfuncional, pero cuando miramos desde dentro a menudo no es fácil darse cuenta de por qué. A veces buscamos excusas o cabezas de turco y nos negamos a ver lo que tenemos delante de los ojos. Como dijo Marshall McLuhan, si preguntaras a un pez por el agua en el que nada te respondería: ¿qué agua?

Una de las cosas que me parecen más llamativas es cómo la política se ha tragado literalmente a la economía. Pruebe a leer la sección económica de cualquier periódico y descubrirá que ya no hay noticias económicas, sino que todo son declaraciones de políticos y decisiones de burócratas. En países como Estados Unidos, aunque también con altas dosis de política, la información económica es continua, sobre empresas, negocios, inversiones y mercados. En España, palabras como esas cuatro son casi tabú. Si no es para demonizarlas no pueden ni mentarse. Hemos creado un clima que no invita precisamente a generar riqueza.

Dice el Profesor Huerta de Soto que tal vez lo peor de las burbujas no sean las distorsiones reales en la economía, sino la anestesia moral que se inocula en la población. Hay dos ideas muy nocivas que se han asentado profundamente entre los españoles durante los años del boom y que ahora están ahondando la depresión. La primera es que nos hemos creído que la vida consiste en pedir. Exigimos al Estado que nos los proporcione todo. Desde las necesidades más esenciales hasta las más accesorias, desde un sueldo básico o la vivienda hasta el ocio, la cultura, el deporte o las fiestas. Es como si creyéramos que las cosas que nos gustan preexisten y que simplemente tiene que venir alguien a entregárnoslas. No es así. Para disfrutar de todo lo que demandamos primero tenemos que producirlo, y para ello hay que trabajar, estudiar, ahorrar, emprender y esforzarse. Cuando exigimos algo al Estado lo que realmente le estamos pidiendo es que obligue a otras personas a que nos lo proporcione. No es necesario analizar muy a fondo por qué ese sistema no puede funcionar.

La segunda idea venenosa es que lo normal es la burbuja. Por eso cuando la burbuja estalla, nos volvemos hacia los políticos para exigirles que la vuelvan a poner en marcha. Creemos que el Gobierno puede pulsar un botón y la riqueza aparece como por arte de magia. O que el Estado es como un motor al que echas gasolina y la economía vuelve a arrancar. Pero lo que en realidad estamos haciendo es obligar a ciudadanos arruinados, en plena depresión, a entregar al Estado la mayor parte de sus recursos con la excusa de "estimular" la economía. La realidad es que el Gobierno no es un motor, sino una hoguera, una pira. Es un mecanismo que quema los recursos, los despilfarra a manos llenas y los convierte en ceniza. Cuanta más gasolina echemos, más grande y destructivo se vuelve, y más se empobrecen los ciudadanos.

En España, al igual que en otros países que se embarcaron en el mismo camino, hemos creído que podíamos diseñar a golpe de ley un jardín del edén, un paraíso de superabundancia de recursos. Creíamos haber conseguido múltiples "derechos sociales", que quiere decir que los políticos habían plasmado en sus leyes que tenemos derecho a recibir de otros muchas cosas por el mero hecho de existir. Pero el jardín del edén no existe. La realidad es que los recursos son escasos y cuesta mucho producirlos. La única forma de poder disfrutar de manera sostenible de tantas cosas como demandamos es mediante la cooperación voluntaria, el respeto a la propiedad privada y los contratos libres. En España hemos dejado de lado estos principios básicos y nos hemos limitado a disfrutar del botín. Creíamos haber construido un paraíso y el resultado ha sido este infierno económico, un lugar donde es muy difícil ganarse la vida. Hemos engendrado un país del que, hasta nuevo aviso, los jóvenes están huyendo.

La importancia de la planificación

El hombre se distingue de los animales porque, entre otras muchas cosas, planifica. Prevé sus diversas necesidades y actúa en consecuencia ajustándose a un plan más o menos detallado de antemano. Dadas las limitaciones de predicción de los seres humanos, no pocas veces se han de cambiar los planes y ajustarse a la nueva realidad circundante. Otras, se ha de empezar casi de cero. El hombre planifica constantemente en su ámbito de actuación.

Cuanto mejor planifica una persona menos probable es que se vea inerme ante imprevistos o situaciones adversas. Esto no significa que no haya bastantes aspectos de la vida que sean imposibles de controlar pues vivimos en un mundo esencialmente impredecible. Pero el anticiparse a los acontecimientos racionalmente según la experiencia pasada y conforme al diseño futuro de cada uno permite una mejor adaptación al entorno social.

Es cierto que existen personas que, por los motivos que sean, no planifican su vida. En estos casos suele suceder que se la planifican los demás y sus circunstancias externas. El que no sabe a dónde va suele acabar donde no quiere estar. Vivir sin una planificación básica de la vida es como ir en un barco a la deriva. A la mayoría de los humanos ese escenario le repele.

Si vamos un escalón más arriba, hallamos los planes de negocio, las estrategias de inversión y las planificaciones empresariales que son incesantes y cambiantes por la misma naturaleza dinámica del mercado. Son cruciales para la sociedad porque el efecto combinado de voluntades llega mucho más lejos que el de una sola persona. Por lo demás, no es lo mismo equiparar la empresa privada con la pública. Ambas trazan sus propios planes pero nacen y se mueven por motivaciones diferentes. La privada se crea mediante la aportación voluntaria de recursos de sus socios y se autorregula porque opera en competencia e internaliza las pérdidas. La pública, en cambio, parte de premisas contrarias: se apropia de recursos ajenos y externaliza las pérdidas, por lo que le es casi imposible corregirlas.

Los planes de sendos ámbitos mencionados –el estrictamente individual o el empresarial- deben ser respetados. Al fin y al cabo el liberalismo, como nos recuerda Álvaro Lodares en su libro Desde la Libertad, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros.

No obstante, el subir a un nivel todavía más complejo -esto es, el organizar y planificar sectores enteros de la sociedad- es problemático debido al hecho de que el conocimiento práctico para el hombre está muy disperso y no es aprehensible por unas pocas cabezas, por preclaras que éstas sean. Hablamos de órdenes diferentes. Si el ámbito personal puede planificarse con ciertas probabilidades de éxito, el orden extenso es imposible hacerlo correctamente por la ingente cantidad de variables que entran en juego. La planificación estatal, además de interferir irrespetuosamente en los proyectos de vida de personas y empresas, está abocada al fracaso por falta de incentivos e información suficiente.

Los numerosos descendientes de la rama excesivamente racionalista de la Ilustración (a saber, cartesianos, benthamianos, saintsimonianos, positivistas, marxistas, socialistas, socialdemócratas o tecnócratas) no creen en esas limitaciones al propugnar designios sociales impuestos a todos desde una élite política y/o burocrática. Juzgan que el conocimiento disperso puede constreñirse a un diseño centralmente planificado por unos pocos dirigentes para el bien de todos. Juegan con las piezas sociales a modo de ajedrez.

Por el contrario, los liberales tienen otra idea completamente distinta de lo que debe ser gobernar. Conscientes de que la razón humana es limitada, sin embargo, cuando se la deja actuar conforme a su planificación individual y en cooperación pacífica e interacción diversa con los planes y los propósitos de vida de otras personas, se alcanza un inimaginable pero eficiente orden social. Lo esencial en ese proceso es su carácter voluntario y su posibilidad combinatoria casi infinita, a diferencia de los proyectos coercitivos. De ahí que en sus Armonías económicas Bastiat dijera que los planes privados difieren todos entre sí pero los arrogantes planificadores (estatales) son todos iguales.

Se podría criticar esta postura liberal, argumentando que si se es refractario a planificaciones de la sociedad, entonces es que no se sabe bien a dónde quiere uno dirigirla. Iría a la deriva y se estaría renunciando, por tanto, a objetivos deseables que para muchos son irrenunciables. En cierta manera, esta crítica contra el liberalismo es correcta.

Bonita paradoja: lo que predicaba al inicio de este comentario para la planificación privada del individuo o de las organizaciones empresariales, no aplica para el orden superior (la sociedad) del que forman parte y son sujetos actuantes.

Es sabido que trazar objetivos comunes funciona a la perfección en sociedades sencillas, es decir, pequeñas y tribales regidas por la escasez y pocos bienes económicos, pero en sociedades complejas es contraproducente. Si se fuerza en exceso lo segundo -como se viene haciendo en grados diversos- las consecuencias indeseadas empiezan a multiplicarse que impulsan, a su vez, a más intervenciones sobre el cuerpo social en una carrera sin fin. Para el liberalismo, en cambio, el objetivo público deseable sería no orientar la actividad privada hacia ningún fin concreto sino crear el marco apropiado en el que se respeten unas instituciones sociales asentadas, unas normas generales y el cumplimiento de los contratos privados. Eso sí, el resultado puede ser cualquiera; motivo por el cual a los racionalistas sociales repele profundamente la evolución libre de un pueblo y sus instituciones.

Sin embargo, la planificación pública centralmente diseñada y su insoslayable despilfarro y arbitrariedad es ingeniería social que acaba por impedir la libre acción del hombre, la coordinación de los mercados y la correcta asignación de recursos. Mises escribió en 1922 probablemente el libro más importante jamás escrito referente a la imposibilidad del cálculo económico de las sociedades centralmente planificadas y ajenas al mercado. En una época en que el socialismo disfrutaba de un inmenso (e inmerecido) prestigio, Mises previó con claridad la caída de los regímenes que en él se inspiraban. Socialismo, cálculo económico y función empresarial, obra escrita en 1992 por el profesor Huerta de Soto, supuso un complemento necesario al análisis de Mises para demostrar cabalmente que allá donde se despliega un sistema socialista y planificador va ahogando ineludiblemente la necesaria función empresarial de las personas y, por ende, dificultando el curso libre de la sociedad.

Todavía muchos no se han dado por aludidos. En nuestras modernas sociedades persisten todavía áreas completas donde priman las planificaciones infestadas de decisiones políticas e insostenibles financieramente. La gestión de las pensiones públicas, la educación pública de los infantes y su adoctrinamiento, la gestión sanitaria, el mercado monetario, la regulación bancaria, la determinación del tipo de interés oficial, la regulación del suelo o cualquiera de las políticas públicas sectoriales no son más que algunos ejemplos.

Como dejó escrito Hayek en su Camino de servidumbre, cuanto más planifica el Estado, más complicada se le hace al individuo su propia planificación. A resultas de ello, muchos proyectos vitales y/o empresariales dejan de producirse. Se consigue, así, una sociedad civil indolente. Demasiada gente acaba renunciando a su propia responsabilidad y a buscar libremente sus fines. Es anhelo del liberalismo que esas abdicaciones dejen de producirse en la medida de lo posible.

Erdogan, en el disparadero

Turquía vive su segunda semana de protestas ciudadanas, desde que el 27 de mayo un grupo de manifestantes realizara una sentada contra los planes urbanísticos del Gobierno para remodelar la plaza Taksim, en la parte europea de Estambul. Lo que comenzó siendo una manifestación de enfado contra el Ejecutivo por su decisión de acabar con una importante zona verde de la ciudad sin contar con la opinión ciudadana ha desembocado en una oleada masiva de disturbios que tienen como escenario las ciudades más importantes del país, con Estambul y la capital, Ankara, como puntos de referencia. Con los cañones de agua y los gases lacrimógenos contra la población civil como imagen de fondo y casi dos mil detenidos, Erdogan niega las acusaciones de autoritarismo formuladas por los manifestantes, la mayoría de los cuales insiste en exigir su dimisión.

Lo cierto es que Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía de forma ininterrumpida desde hace una década, no se ha distinguido en su acción política por ser un dechado de tolerancia. Al frente de su AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, fundado por él mismo en 2001 y de perfil islamista moderado, ha ganado ampliamente todas las elecciones a las que ha concurrido, lo que ha interpretado, denuncia la oposición, como un cheque en blanco para actuar de forma autoritaria, más allá de lo que permite el juego democrático.

Cada vez que se le ha planteado una crisis política, Erdogan ha conjurado las amenazas con extraordinaria contundencia, para que no quedara cuestionada su autoridad. En 2007, el poderoso Ejército amenazó con intervenir ante el nombramiento del número dos de Erdogan, Abdulá Gül, como presidente de la república. Por su parte, el Poder Judicial intentó en su día ilegalizar al AKP y detener a toda su cúpula, empezando por el propio Erdogan, bajo la acusación de constituir una amenaza para el laicismo de Estado instaurado por el fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Atatürk. La respuesta de Erdogán consistió en perseguir a los militares implicados en ese intento de rebelión y cambiar la Judicatura de arriba abajo.

Las decisiones islamizadoras de Erdogan están encontrando gran resistencia entre buena parte de la sociedad. Así, la autorización a que las universitarias acudan a clase con el velo y las fuertes restricciones a la publicidad y venta de alcohol han indignado a la oposición y a los sectores más avanzados de la ciudadanía.

Erdogan, sí, ha ganado limpiamente todas las elecciones a las que se ha presentado, pero ahora afronta un desafío de mucho mayor calado. Se trata de su proyecto de reforma constitucional para convertir Turquía en una república presidencialista, lo que le permitiría una nueva reelección parlamentaria dentro de dos años. En caso de que esa profunda modificación del régimen político saliera adelante, Erdogan podría seguir controlando el país una década más y alcanzar su objetivo declarado de celebrar en el poder el centenario de la fundación del moderno Estado turco, en 2023.

Los disturbios de estos días son la mayor amenaza a la que se ha debido enfrentar Erdogan en su largo mandato. Nunca había vivido unas protestas así, duramente reprimidas. Ahora bien, el primer ministro sigue teniendo mucho tirón; de hecho, ni siquiera hay unanimidad en pedir su dimisión entre los opositores que han salido a la calle a denunciar su gestión. Sea como fuere, estas protestas generalizadas contra la forma autoritaria con que una élite islamista pretende cambiar la esencia de todo un país sí pueden influir en futuras decisiones tanto del Gobierno de Turquía como de los de otros países igual o más autoritarios del Gran Oriente Medio, que a estas horas deben de estar mirando los sucesos de las calles y plazas de las principales ciudades turcas con honda (y más que justificada) preocupación.

© elmed.io

La protección de la clase media

El pasado domingo en La Gaceta se publicó una entrevista en la que me preguntaron por los errores de Rajoy. Uno de los que expuse era no defender a la clase media, que estaba desprotegida. Al leerlo me he dado cuenta de que esa idea puede inducir a error.

Estamos en un país, y tal vez, por desgracia, en una sociedad occidental del siglo XXI, en el que proteger significa invadir. Y hacerlo, además, con el dinero de otros.

La protección a la infancia no consiste en evitar que sea dañada sino la inversión, con dinero de todos los ciudadanos, en medidas arbitrarias, populistas muchas veces, que no protegen verdaderamente a la infancia, pero sí muestra la presencia del Estado en ella.

Como ese ejemplo tenemos millones.

De esta forma, nada sutil por otro lado, el Estado se manifiesta en nuestras vidas desde antes de nacer hasta nuestra muerte. Un buen amigo que acaba de perder a su padre se quejaba amargamente de la cantidad de papeleos y dificultades que encuentra la doliente familia que vive la muerte de un ser querido.

Desde el terreno individual, personal, hasta las actividades colectivas, y pasando por lo que sucede en nuestra nación como tal, el Estado, sin importar quién sea el partido que lo maneja, tiene su sello marcado a fuego en nuestra piel, y cobra por ello.

Desde que John Stuart Mill hablara de la protección a la industria naciente, nos hemos tragado la idea de que proteger es dar dinero de otros, sea directamente en forma de transferencias, sea mediante exenciones fiscales. No solamente existe el problema de que es difícil quitar esas prebendas a las empresas una vez que dejan de ser "nacientes", que es el ataque habitual y más evidente. Es que la protección, a la industria, a la infancia, a la mujer, al hombre, debería consistir en evitar males, no en otorgar favores. No debería tratarse de privilegiar, todos sabemos que una concesión es un factor que desencadena los peores incentivos en los individuos y desata el riesgo moral. Es un caldo de cultivo para el fraude y la corrupción.

Las mujeres sabemos muy bien cómo funciona ese sistema de protección estatal y hasta qué punto las buenas intenciones acaban en la dependencia del dinero público. Cuántas veces no habremos pensado muchas mujeres: "Si quieres protegerme, simplemente ¡no me pongas piedras en el camino!, ¡déjame vivir a mi aire!". Porque las "ayudas" acaban atando las manos de los ayudados y sometiéndoles. 

Por exactamente las mismas razones, creo que la protección de la clase media no implica sueldos vitalicios, salarios mínimos, subvenciones a la adquisición de viviendas o cheques bebé, pero sí, por ejemplo, no poner el enorme peñasco del rescate bancario sobre los hombros de los ciudadanos. La pretendida salvación nacional identificada con la salvación del sistema bancario se está haciendo a golpe de impuesto. Y aún queda alguna subida más. Es cierto que en nuestras economías occidentales que, desde la Revolución Industrial, han logrado que los menos favorecidos alcancen un bienestar inimaginable, el sistema bancario es una pieza clave para el funcionamiento de las mismas. Si observamos desde cierta perspectiva y sin atenernos a los últimos diez años nada más, el sistema bancario es fundamental para entender el sistema capitalista, tanto el puro como el llamado crony capitalism. Lo ideal es que la banca funcione también siguiendo los principios de la libre competencia, en resumen: el que la hace, la paga. Lo otro, lo que tenemos, es ese capitalismo de colegas en el que "tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya".

Y, en el caso de la clase media española, primero Zapatero y después Rajoy (por no extenderme en la historia de la democracia), han jugado al rasca y gana con la banca a expensas de la clase media, esa que ahora paga con sangre, sudor y lágrimas los desmanes de políticos metidos a banqueros.

Proteger a la clase media pasaba por evitar esa subida de impuestos recortando gastos políticos, tan difíciles de determinar, y por ello, tan fáciles de engordar. Pasaba por facilitar el ajuste de empresas para evitar que las pequeñas y medianas empresas se vieran forzadas a cerrar para siempre. Por facilitar la rotación laboral para que los empleados despedidos tuvieran la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, no necesariamente en la mismas condiciones, es cierto, pero siempre mejor que el agujero del paro.

En una cena con Anthony De Jasay a la que tuve el privilegio de ser invitada, le pregunté, dado que él desconfía de las constituciones como garantes de la libertad (y pone ejemplos muy claros de las razones), cuál es la institución a la que se pueden acoger los ciudadanos para protegerse de los abusos del poder. No supo responderme. Después de pensarlo creo que el fallo es mío, el planteamiento es incorrecto. Protegerse es librarse de un peligro. Para protegernos del Estado no podemos recurrir a ninguna institución que emane del Estado. Hay que organizarse out of the box.

Instalados en el fondo del agujero

El presidente del Gobierno, que esconde su insípida sonrisa bajo la cuidada barba, se ha descolgado este fin de semana y nos ha contado que va a salir un dato económico de empleo verdaderamente esperanzador.

La esperanza que no sirve

Decía Mario Benedetti en uno de sus poemas "La esperanza tan dulce/ tan pulida tan triste/ la promesa tan leve no me sirve/ no me sirve tan mansa/ la esperanza". A mí tampoco me sirve el guiño-guiño-codazo de Rajoy. Aplaudiré todos los datos favorables, brindaré por las alegrías económicas que nos ofrezcan las estadísticas de mayo, pero no caeré en la famosa trampa presidencial de la manipulación de la esperanza.

Por la misma razón que hace unos meses renegaba de quienes manipulan la miseria ajena y la utilizan con fines particulares, no aguanto esta táctica que suelen poner en práctica los presidentes de gobierno cuando los momentos difíciles se alargan en el tiempo. Actúan como ilusionistas principiantes que tratan de entretener con trucos malos a una audiencia francamente aburrida y desmotivada. Pero se ve la trampa. Por más que la repiten, se les ve. Si el domingo Rajoy luchaba “frente a la histeria del Apocalipsis”, Zapatero decoró nuestros días con “brotes verdes”, a través de Elena Salgado, y “conjunciones planetarias” al ganar Obama, vía Leire Pajín, en el 2009. Los españoles deberíamos estar ya escarmentados, como la hastiada audiencia del ilusionista fracasado.

Instalados en el agujero… de deuda

Cita Daniel Lacalle en su último artículo a Publilio Siro quien afirmaba que "la deuda es la esclavitud de los libres"Es difícil decir tanto en tan poco espacio. Pese a quienes siguen cuestionando si las deudas asumidas por los gobernantes deben ser pagadas por los ciudadanos; pese a aquellos que culpan a los que nos prestaron por haberlo hecho en el momento que más les convino, como si nosotros no fuéramos tenedores de deuda de nadie y no operáramos con la misma premisa; frente a quienes ven conspiraciones alemanas y salvaciones “manga”… la deuda sigue ahí, mirándonos impasible, esperando ser pagada algún día, a ser posible más pronto que tarde.

Y la solución que los políticos nos presentan, desde hace un lustro ya, es la misma: como no vamos a recortar gastos políticos, como no vamos a afrontar de verdad la reforma de las administraciones, como no vamos a dejar de nutrir el capitalismo de coleguitas (crony capitalism), como no vamos a dejar de subvencionar votos, lo que queda es subir impuestos y tocar pensiones.

Es mentira que solamente queda ese camino. Es mentira que es el camino más doloroso para el PP. Es mentira que lo hacen “valientemente”, por nuestro bien, a riesgo de perder votos. Ellos sabían que hicieran lo que hicieran iban a resultar impopulares y la ruta elegida es, sin duda, la menos mala para asegurar su perpetuidad. Es el modo político. Los impuestos empobrecen a la población, a la maltrecha clase media, pero siempre se le puede echar la culpa a los ricos, a quienes sacan sus capitales huyendo de la asfixia, o al mambo si hace falta.

Respecto a las pensiones, no se puede añadir nada a lo que explica el profesor López Zafra en El Mundo cuando afirma respecto al sistema de reparto que “caben pocas opciones para la viabilidad, y todas ellas deberían abordarse de forma conjunta”. Son varios los economistas del Instituto Juan de Mariana que han hablado de las alternativas. Está todo dicho.

Salir del confort de la esclavitud

Para romper el círculo vicioso en el que nos encontramos tal vez sea necesario taparse los oídos a lisonjas y excusas un rato y reflexionar sobre los pasos que los propios ciudadanos hemos dado.

Decía el grupo Alice in chains en su tema Down in a hole que ha inspirado el título de este artículo "he sido culpable/ De darme patadas a mí mismo en los dientes". De alguna manera, con los votos, la credulidad hacia los mensajes que menos nos comprometen, que menos nos responsabilizan, con esa habilidad española para escurrir el bulto y endosárselo al que venga detrás, o al extranjero, o al que cumple mejor, los propios ciudadanos hemos puesto, o hemos dejado que pongan, las piedras más gordas en nuestro camino, y ahora no podemos movernos. Pero lo peor no es eso. Lo terrible es que hemos encontrado en la esclavitud de la deuda esa zona de confort de la que uno no quiere salir.

Mientras Bruselas pide y pide reformas por toda Europa para no acabar de la peor manera posible, los españoles nos miramos unos a otros, impasibles, sin ningún afán de tomárnoslo en serio. Como reconocía El País de ayer, solamente bajo la insoportable presión de los mercados o amenazados por un rescate, en el que los consejos se convierten en exigencias, somos capaces de reaccionar.

No puedo más que terminar con otra cita de Publilio Siro, para la común reflexión: "No culpes al mar de tu segundo naufragio". Reaccionemos.

El As de Espadas, secreto de la recuperación

Echar una ojeada por el mundo le pone a uno en su sitio. Los problemas de tu país, que te parecen terribles, se ven de otra manera cuando charlas con un mexicano que se ríe de tu crisis. Con un argentino la experiencia es mucho más intensa. “Ustedes aún no saben qué es una crisis de verdad”.

El mito del español intrépido

Y es cierto. En España no sabemos prácticamente nada de recesiones de verdad. Llamamos revuelta social a cuatro “escraches”, corrupción a unos sobres, unos trajes… calderilla. Tonterías… ¡comparado con lo de México, claro! Por eso es interesante aprender de quienes han sobrevivido no a una ni a dos, sino a una retahíla de crisis económicas, sociales, institucionales y de todo tipo.

La gente que antes alardeaba de su origen español porque eso explicaba su espíritu intrépido, aventurero y “echado para delante”, ha dejado de hacerlo. La imagen del español ha cambiado. Ahora se nos mira como personas paralizadas ante la adversidad, que se niegan a devolver deudas y observan por la ventana, embobados, cómo se deshace su castillo construido en el aire.

“¿Y por qué no miran lo que hacen los países a los que le va mejor? ¿Alemania, por ejemplo?”. Parece lógico ¿no? Pues no. En España miramos con lupa los países con mejores datos y cuestionamos, airados, cómo lo lograron. Es más, en el caso de Alemania, menos cuatro gatos (que merecemos la hoguera), la mayoría de la gente está convencida de que su éxito lo obtuvieron a nuestra costa y su unificación, sobre los lomos de Europa. Nadie habla de lo que le hemos sacado los españoles a Europa, las infraestructuras (no siempre eficientes) con dinero europeo que, eso sí, rendían beneficios monetarios, o no, a determinados alcaldes. Ni se dice que hay comunidades autónomas que dependen no solamente del dinero de los españoles sino de las subvenciones europeas, y que en el caso de Castilla-León, por ejemplo, constituyen el 21% de los ingresos de la región. Nos preocupa mucho más demostrar que “ellos también” para no tener que resolver nuestros defectos.

El As de Espadas empresarial

“Lo que se conocía de España en vacas gordas eran dos o tres bancos y alguna constructora”. Y con esa frase se resume la falta de actividad sólida que nos respalde. “Un ingeniero de una fábrica española no puede cobrar lo mismo que uno de una alemana. No son de la misma calidad ambas fábricas. Tienen que darse cuenta de eso”. Los alemanes lo saben. ¿Y nosotros? El valor del trabajo cualificado no lo da el título en sí, sino el sello del título. Y nuestras universidades no dan la talla. Nuestros empresarios hacen lo que pueden. Esperan que la nueva ley de emprendedores sea su As de Espadas, la carta que simboliza la presencia de la inteligencia, la razón, la justicia, la verdad y la fortaleza. Es ese espíritu el que muestra un joven empresario que te dice “Gracias a la crisis hemos salido fuera de España y hemos tenido resultados históricos en la empresa”. No es, por el contrario, la voz de quienes consideran que emigrar es lo peor que te puede pasar, como si al nacer en España te adjudicaran un lote compuesto de trabajo en la esquina de tu barrio, un pan multicereal, un pisito y un futuro venturoso. Lo peor que te puede pasar es que no tengas nada de valor que aportar: esfuerzo, inteligencia, capacidad. Y si has hecho lo esperable, estudiado una carrera y resulta que no te han enseñado, la culpa no es de quien no te contrata, sino de quien no te formó.

¿Parálisis permanente?

Los ciudadanos en España hemos vivido mirando al techo, mientras los políticos entre los que podíamos elegir apostaban con nuestro dinero, como dice Mötorhead en su canción Ace of Spades: “…bailando con el diablo, siguiendo la corriente, todo es un juego para mí… sabes que he nacido para perder, y que jugar es de locos…”. Y todos, voto en ristre, mirando. Ahí seguimos, perplejos, indignados, pero esperando todavía, que alguno de los jugadores haga una maniobra milagrosa.

“Son los ciudadanos los que acaban superando a los políticos pero eso sucede cuando el hambre acaba con la parálisis”. Eso me decía mi amigo Alonso para rematar. Mientras el Estado siga manteniendo una renta de miseria con la que el españolito medio esté contento, no hay nada que hacer. Mientras sigan convenciéndonos de que nos dan gratis la educación y la sanidad, las calles y los parques, y no nos preguntemos si es lo mejor que pueden ofrecernos los gestores de nuestro dinero, o si hay mejores modos de hacer las cosas, estará todo perdido. La percepción siempre corre el peligro de convertirse en realidad. Y, en este caso, el pueblo español sigue teniendo la percepción de que el Estado, sea cual sea el gobierno (si éste no va ponemos el otro, como quien cambia pilas) es el garante. El garante de nuestro pan, de la estabilidad, de la certeza y, dentro de nada… de la vida eterna.