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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Nacionalismo y liberalismo, incompatibles por necesidad

No es raro encontrar en diversos lugares del mundo partidos políticos y otro tipo de organizaciones, como asociaciones de distinta naturaleza, que defienden tener la doble característica de liberal y nacionalista. Sobre lo primero, suelen defender en sentido amplio la libertad tanto económica como en otros aspectos de la vida de los ciudadanos. En cuanto lo segundo, hay dos opciones.

En unos casos son adalides de una supuesta ‘construcción’ nacional que se traduce en la búsqueda de la creación de un Estado propio para el conjunto de territorios que ellos identifican como propios de lo que consideran su ‘nación’ (lo cual puede lograrse mediante la secesión de un Estado, la unificación de varios o la segregación de territorios de diversos Estados para configurar uno nuevo). En otras situaciones, lo que proclaman es el mantenimiento de la ‘identidad nacional’ de una entidad política ya existente (a la que se pretende mantener en sus fronteras actuales o incluso se quiere expandir territorialmente con diversas excusas).

Aunque se trate de argumentar que nacionalismo y liberalismo son compatibles, en la práctica no lo son en absoluto. La ‘construcción nacional’ o el ‘fortalecimiento de la nación’ son procesos necesariamente colectivistas, en el sentido de que el centro de toda la acción es un sujeto colectivo al que se le dota de supuestos derechos y se le pretenden dar teóricas libertades. Y esto siempre choca de forma frontal con la libertad individual, que de hecho es la única que merece ser llamada y considerada como libertad.

Cuando alguno de esos partidos que pretende ser al mismo tiempo liberal y nacionalista obtiene el poder, se ve que termina primando lo segundo sobre lo primero. Así, establece o mantiene políticas destinadas a premiar el uso de una lengua sobre otras, llegando a castigar el uso de un determinado idioma. No se conforman en esto con regular los usos lingüísticos en cuestiones como la relación con la Administración, sino que entran en ámbitos privados (multar por rotular un negocio en determinado lenguaje y no en otro o castigar a los niños por la lengua que utilizan en el patio del colegio).

También se crean, por ejemplo, potentes medios de comunicación públicos destinados a adoctrinar a la ciudadanía, al tiempo que dedican mucho dinero público a subvencionar periódicos, radios, televisiones y sitios webs privados a cambio de sumisión al poder y su proyecto nacionalista. Por supuesto, no falta la creación de organismos de control, con poder sancionador incluso, destinados a perseguir a aquellas empresas periodísitcas que mantienen su independencia de criterio. En ocasiones, incluso, se llegan a elaborar informes y listas sobre periodistas ‘amigos’ y ‘enemigos’ (pueden usar otros términos que vienen a decir lo mismo). Nada de ello resulta liberal en absoluto.

Si todo lo anterior puede resultar exagerado, ha de pensarse que eso está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña. Esas son algunas de las políticas de una Convergència Democràtica de Catalunya que se define a sí misma como liberal y está inmersa en la construcción de una nación independiente catalana, para lo que no duda en hacer algo tan antiliberal como gastar ingentes cantidades de recursos públicos en adoctrinar a la ciudadanía y difundir por todo el mundo sus planes.

No vamos aquí a negar que sea posible un independentismo liberal. Al contrario, es perfectamente factible. Hay un ejemplo muy claro de ello: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Amércia –el progresivo alejamiento del sistema político de ese país de sus ideales liberales fundacionales es una cuestión diferente–. En ningún punto de este texto se alude a la existencia de una nación para justificar su separación de la Corona de Inglaterra. No se menciona la protección de la identidad nacional, o su construción, como el motivo de la secesión. Todo el texto gira en torno a la necesidad de liberarse de una tiranía y a la búsqueda de la libertad. No tiene nada que ver con el nacionalismo.

El independentismo liberal es posible, siempre que el objetivo sea limitar la capacidad de coacción del poder político sobre los ciudadanos. De hecho, en teoría también sería posible que un territorio se uniera a otra entidad estatal existente de la que no forma parte (o se juntaran varios Estados para crear uno nuevo) con el objetivo de lograr unas mayores garantías de libertad individual. Lo que nunca podremos encontrar es un nacionalismo liberal.

Líderes “inclusivos” frente al paradigma relativista y socialdemócrata

En su libro Why Nations Fail (2012), Daron Acemoglu y James Robinson distinguen dos tipos de oligarquías de élites, las inclusivas y las extractivas que, respectivamente, diferencian las naciones ricas de aquellas más pobres.

Dado que las elecciones europeas son el próximo 25 de mayo, quizás puede resultar interesante analizar brevemente cómo distinguir los líderes inclusivos de los extractivos antes de decidir a quién votar entre las nuevas opciones electorales que podrían renovar la democracia española en los próximos años. 

1. Líderes "inclusivos"

Para Acemoglu y Robinson, los líderes son inclusivos cuando impulsan instituciones "inclusivas" o positivas para el crecimiento económico y que, por tanto, hacen que las naciones sean más ricas como, por ejemplo, la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, la separación de poderes, la independencia de jueces y tribunales…

Pueden considerarse líderes "inclusivos" aquellos que dan la batalla por las ideas y actúan para evolucionar el marco institucional hacia una recuperación del "ethos", entendido como el conjunto de patrones de comportamiento, normas de conducta o instituciones morales, que arraiga en la población de un país.

Diferencian correctamente entre el bien y el mal, entre los ciudadanos de bien y los delincuentes, entre la honestidad y la rapiña, entre la nobleza y la vileza, entre el cumplimiento de la Ley y la prevaricación, la corrupción y la malversación de fondos públicos.

Se distinguen por una defensa sin ambigüedades de un paradigma de valores fijos y absolutos, frente al paradigma del relativismo moral y el consenso socialdemócrata, defendido por los antiguos partidos que sostienen un régimen de partitocracia y corrupción. 

2. Oligarquías "extractivas"

Por otro lado, Acemoglu y Robinson sostienen que son líderes "extractivos" aquellos personajes que se dedica a la depredación de los recursos públicos, obtenidos del trabajo y el esfuerzo del resto de ciudadanos.

El lenguaje debe ser preciso y, por ello, entiendo que la denominación más correcta es oligarquías "extractivas" para referirnos a los personajes que se integran en sindicatos, partidos, patronales, asociaciones, fundaciones y grupos de interés que logran tejer una tela de araña para la captación de los recursos públicos del Estado-Administración en su niveles internacional, nacional, regional (autonómico), provincial, municipal,…

En mi modesta opinión, es inapropiado aplicar los términos "líder" o "élite" para denominar a una jauría de personas sin mérito, sin capacidad y sin valores que actúan como hienas y chacales, intentando vivir de los esfuerzos individuales del resto de la población. Cierto que logran dirigir grupos humanos pero, sin embargo, la palabra "liderazgo" está vinculada a características personales y a valores morales "inclusivos" que es conveniente proteger del uso inadecuado del idioma.

Las "oligarquías extractivas" tergiversan el espíritu de la Ley, empeoran las leyes, distorsionan el cumplimiento de las sentencias y rompen el marco institucional para favorecer sus propios intereses. Se caracteriza por personajes sin moral, o con una moral relativista, que potencian las instituciones "extractivas" o negativas, porque deterioran las leyes y el Estado de Derecho, promueven políticas intervencionistas y, en definitiva, "guían" el país hacia la pobreza de la mayoría de los ciudadanos.

Entre otras muchas, por ejemplo, son instituciones extractivas las leyes que deterioran los derechos de propiedad, otorgan ayudas y subvenciones públicas a grupos de medradores de prebendas, merman la calidad de las auditorías de cuentas, fomentan el descontrol en las cuentas públicas, impiden la separación de poderes, consienten la elección de los jueces por políticos, incumplen las sentencias de los tribunales… porque intervienen sobre el normal funcionamiento de un mercado libre y fomentan la corrupción, la prevaricación y la malversación de los caudales públicos. 

3. Acción Humana en el orden de mercado y, también, en el orden político

La acción humana se produce no sólo en el orden económico o, si se prefiere, en el orden de mercado que surge de la interacción en libertad de millones de personas. Nos guste o no, la acción humana se produce también a lo largo de la historia dentro de un orden político con diferentes formas de institucionalización del poder, lo que no puede ser obviado en el estudio de las ciencias sociales.

Después de la Revolución Francesa (1789), el proceso de institucionalización del poder [1][2] ha involucionado en los siglos XX y XXI hasta la constitución del Estado Minotauro, señalaba Bertrand de Jouvenel en su obra Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento, y que devora la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos en favor de las oligarquías "extractivas" que controlan el poder político.

Recientemente, el catedrático Roberto Centeno señalaba que: "el castigo de los hombres buenos que no se ocupan de la cosa pública es ser gobernados por hombres malvados".

Sin embargo, ante situaciones de grave deterioro institucional, como la actual, los ciudadanos pueden actuar con seriedad para, responsablemente, elegir entre las tres alternativas posibles:

a) En primer lugar, pueden decidir abstenerse, lo que contribuye a mantener el "statu quo" imperante, porque no derriba gobiernos ni regímenes políticos; si bien sirve para deslegitimarlos, si supera más de la mitad del censo electoral.

b) En segundo lugar, pueden optar por sostener el régimen de oligarquías extractivas que dilapida los recursos públicos y deteriora la actividad económica del país, lo que ocurre cuando la tela de araña de ayudas, subvenciones e intereses públicos, tejida por sindicatos, patronales y partidos políticos, moviliza el voto del amplio colectivo de personas, dependientes de los presupuestos públicos para subsistir con las aportaciones (impuestos) de los demás.

Esto es lo que está ocurriendo en países como Argentina, Italia, Portugal o España. Una mitad del país termina viviendo a costa de la otra mitad y, por dicho motivo, las personas más preparadas emigran a otros países, en donde prevalece el orden de mercado por medio de un marco institucional más evolucionado y menos "extractivo" respecto de los recursos privados de las empresas, familias y personas.

c) En tercer lugar, pueden votar a líderes "inclusivos" que impulsen la recuperación de los valores morales propios de una sociedad civilizada (o abierta), la regeneración de la democracia con un marco institucional más "inclusivo" y, también, la reducción del tamaño del Estado-Administración, porque es lo que permite que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político u oligárquico.

Los líderes inclusivos se caracterizan por defender las "instituciones morales" que, como señalaba el premio Nobel de economía de 1974, Friedrich Hayek, en su obra La Fatal Arrogancia, permiten la existencia de una sociedad civilizada (o abierta) como, entre otros, el respeto por la vida, la propiedad, la familia, la libertad de pensamiento y culto, la libertad de empresa, el comercio libre, el dinero de calidad o el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las subidas de impuestos y el endeudamiento.

En definitiva, cuando la corrupción es generalizada entre la casta política, la regeneración de las instituciones sólo puede ser realizada por líderes "inclusivos", que se encontrarán en las nuevas formaciones políticas que opten por la democracia interna y la financiación transparente. No puede encontrase en los partidos que defienden el régimen político preexistente, cuando se encuentran deteriorados por la corrupción o cuando adolecen de ésos requisitos de transparencia en la gestión y de apertura a la sociedad civil.

Al igual que en otros países, los ciudadanos españoles pueden identificar los líderes "inclusivos" en los nuevos partidos políticos que deben cumplir sus promesas de valores morales, regeneración democrática y reducción del tamaño de las administraciones públicas.

Los ciudadanos también encuentran líderes inclusivos en las organizaciones no-gubernamentales, que se financian privadamente y que promueven el cambio del actual paradigma de valores morales relativistas y social-demócratas por un paradigma de valores morales fijos y de economía de mercado. Así, en España, con los matices de integrar grupos heterogéneos y con las diferencias propias de sus diferentes objetos sociales, se pueden encontrar líderes inclusivos entre otros, en asociaciones como: Instituto Juan de Mariana, Centro Diego de Covarrubias, Hazte Oír, Citizen Go, Vota Valores, Profesionales por la Ética

Estas asociaciones se caracterizan porque no mantienen los cánones ideológicos de la corrección política ni los lugares comunes del consenso socialdemócrata, no medran del presupuesto público y, de modo general, promueven reformas escalonadas o hayekianas de la Constitución y las leyes para que, entre otros, se garanticen los derechos individuales (vida, propiedad y libertad) y arraiguen la separación de poderes, la independencia judicial, el cumplimiento de la Ley y una organización territorial racional en España. 

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La solución de España: “Repetid mis palabras”

Una de las marcas de serie de la vanguardia de la ciencia económica de nuestro siglo es el diálogo con otras ciencias. No es nuevo, el recién fallecido Gary Becker obtuvo un Nobel en economía por ser pionero en esta innovación, en concreto, en el análisis económico de instituciones como la familia, entre otras cosas.

No solamente es el derecho o la matemática, también las neurociencias nos ayudan a entender desde una perspectiva mucho más rica temas tan relevantes para la teoría económica como la toma de decisiones. Comprar, vender, consumir, ahorrar, invertir… la economía consiste en la observación y análisis del resultado de nuestras elecciones en el mercado y las de los reguladores y políticos donde no hay libertad económica. Unos y otros agentes tratan de resolver el complejo problema de la administración de recursos escasos, sea el crédito, el trigo, el agua o la energía. Las soluciones que obtenemos pueden ser de dos tipos, principalmente, mágicas y científicas. Pero ¿por qué es tan atractivo el pensamiento mágico en economía?

La droga de solucionar problemas

Charlando este domingo con un amigo sobre la aportación de las neurociencias a otras disciplinas (economía en mi caso, derecho en el suyo), comentábamos cómo las recompensas neurológicas, psicológicas y sociales que, desde que el hombre era cazador-recolector y se organizaba en bandas semi- nómadas, proporciona el llegar a una solución para un problema, especialmente cuando se trata de algo que afecta a la comunidad, explican que resolver problemas se haya convertido en algo adictivo. Pero no solamente para quien lo logra, que recibe la descarga de sustancias que le deja neurológicamente feliz, psicológicamente satisfecho y le convierte en el más popular de la tribu, sino también para los miembros pasivos de la comunidad que ven cómo desaparece un enigma que generaba incertidumbre,que es la piedrecita en el zapato de la trascendencia del hombre.

Así que, incluso si la solución era satisfactoria a corto plazo, pero acababa con la vida de la aldea a largo plazo, el de la genial idea se llevaba los laureles y la gente eliminaba parte de la ansiedad ecológica.

Eso es el pensamiento mágico. La dependencia entre el salvador y los seguidores no lo ha escenificado nadie como el grupo cómico argentino Les Luthiers cuando, en la historia de Oblongo y su sobrino Yogurtu Ngé, el hechicero de la tribu, alrededor del fuego, trata de convocar un hechizo e insta a los miembros de la tribu y les espeta: “¡Repetid mis palabras…!” Y antes de que acabe la frase, la gente dice con profundo sentir: “¡Mis palabras, mis palabras!”.

Las soluciones mágicas en la España actual

Ese espíritu de la tribu de Oblongo y Yogurtu Ngé es el que nos invade a los españoles cuando, dejando la ciencia económica de lado, los políticos claman, bailando alrededor de la hoguera: “¡Hurra! ¡Colocamos la deuda, colocamos la deuda!”. Mientras, en algún remoto lugar de la galaxia, en concreto en Bruselas, se nos pide que pongamos en práctica reformas de verdad y que dejemos de aumentar el gasto. Y, en un rincón de la tribu, un grupo de economistas “cenizos”, que diría Luis Herrero, advierte, como Carmelo Tajadura, de que estamos en los límites del endeudamiento. Que es como decir “rien ne va plus” en la ruleta, oiga que esto ya no da más de sí, dejen de apostar, se acaba el juego. Pero esas admoniciones no tienen éxito porque no resuelven la ansiedad ecológica a corto plazo, y los españoles somos drogadictos de las soluciones inmediatas y las sustancias que se generan en nuestro cerebro que nos hacen sentirnos como en una nube colectiva de tranquilidad, en donde la responsabilidad queda endosada a otro (un político pasado, un extranjero…), y como nuestra percepción nos hace creer que estamos solucionando las cosas, podemos gastar otro poquito más, podemos no apretarnos tanto el cinturón. Son los efectos de la “droga”, es como ver dragones verdes en el techo del salón, o una catarata multicolor en el pasillo. No es verdad, no están ahí, aunque quien está bajo los efectos de la droga jura por lo más sagrado que sí y que son reales como el sol y la luna. Por eso, los salvadores de la economía, describen esos unicornios (como llamamos los cenizos a las políticas populistas de gasto) con pelos y señales y se percibe una seguridad en sus afirmaciones que delata su error.

Ni las dosis de dolorosa realidad nos ha desenganchado de esa adicción a las soluciones a corto plazo. Tras el descanso de las neuronas y la sensatez por las votaciones europeas, veremos hasta qué punto el empobrecimiento de la gente, ese 30% o más de pérdida de poder adquisitivo de la clase media, es suficiente terapia para desengancharnos.

La realidad política y la realidad ciudadana

Las elecciones europeas se acercan. Y, con ellas, las trampas socialmente aceptables de los políticos de todos los colores tratando de rescatar un voto perdido, un potencial elector sin domesticar. La escala de artimañas varía en función de si se trata de un partido de nuevo cuño, de uno mayoritario, si quieren desengancharse del binomio izquierda/derecha, si, por el contrario prefieren ser identificados como la derecha/izquierda de toda la vida, pero el mensaje es el mismo: usted es de los nuestros ¡vótenos!

Se espera una alta abstención, se espera un castigo leve a los políticos porque –se dice– no nos jugamos mucho si sale un candidato u otro. Se espera un estreno de los partidos recién nacidos o un pequeño afianzamiento de los junior. Se especula sin descanso acerca de las razones de los datos, los motivos de las declaraciones, las estrategias de uno y otro partido. Y, tertulia tras tertulia, una acaba acostumbrándose a ese lenguaje manido y eficaz que asocia a los candidatos y sus compañeros de partido intenciones y razonamientos particulares. Tan particulares que a la señora que va a mi lado en el Metro le quedan lejísimos. Ella está más en lo que cuesta llegar a fin de mes, en si finalmente la niña va a encontrar "algo" como cajera en el hipermercado, que ya con eso nos daríamos por satisfechos aunque dicen los políticos que es un contrato basura. Y tanto, pero es eso o la nada. Y ella también lo pasó fatal sirviendo en una casa cuando vino del pueblo. Sabe de lo que habla.

A la señora que va a mi lado en el metro se le iluminan los ojos, aunque solamente un instante, cuando ve las buenas cifras del paro y no entiende que le achaquen a los del gobierno que lo utilicen como arma electoral con lo que sufren los parados (¡que se lo digan a ella que tiene al marido en casa ya va para tres años!). Porque lo mismo han usado la defensa de la mujer para hacer campaña, con lo sufridas que somos, en especial –piensa mi vecina- cuando una no vive en un adosado con garaje y piscina, como la mayoría de las politicastras que salen en la tele usando la condición de la mujer en vano.

"¿Y a ti que te parece? ¿Estamos saliendo del hoyo?", le pregunta su compañera de trabajo sentada a su lado. "Pues qué quieres que te diga… que mi bolsillo sigue vacío, eso te digo. Igual la gente con estudios sabe más, pero que siguen los parados sin trabajo, y las empresas cerrando. ¡Y siguen los mandamases trincando!". Y ahí es donde me acuerdo de las discusiones en la tertulia de los viernes entre los cenizos y el resto. Porque claro –dice el resto- ese dato del paro es interpretado en función de la proximidad de las elecciones europeas, que son como un partido amistoso, y las municipales que ya cuentan de verdad, teniendo en cuenta el referéndum catalán y el papel que el líder de la oposición quiere desempeñar, con la tropa dividida y el armario sin arreglar, como lo tiene. Y por otro lado, es interpretado por el gobierno teniendo en cuenta que el presidente viaja a nosedonde, que la vicepresidenta se ha peleado con la del ministerio de nosecuantos, y luego, por supuesto, los partidos que tratan de llamar la atención juran transparencia, equilibrio presupuestario y lo que haga falta, con tal vehemencia que casi anticipan su mal resultado. Mientras tanto, los cenizos, con Juan Ramón Rallo a la cabeza y yo a las maracas, pedimos que se mire a medio plazo, que se considere la realidad del ciudadano para tomar medidas, para poner en marcha esas reformas que la señora al lado mío en el Metro merece, y que los políticos se curen de esa esquizofrenia que les hace contemplar su otra realidad, la política, de miras cortoplacistas y resultados escasos.

Porque justo después del cántico triunfal por los datos tan buenos, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han pedido al gobierno más ajustes y reformas (de las de verdad, no las de muestra) para acabar con ese paro que definen como "alarmante". Como si hubieran hablado con mi vecina del Metro.

El liberalismo y el problema del estado

Tres son, básicamente, las funciones que le competen al estado dentro de un ordenamiento liberal: 1) la defensa frente a un ataque externo; 2) la defensa de los derechos individuales frente a eventuales vulneraciones por parte de miembros de la propia comunidad; 3) el arbitraje en los casos de conflicto de derechos entre ciudadanos. (En rigor, hay una función adicional pero, por razones de espacio y complejidad conceptual, no es posible tratarla aquí).

El punto en debate es si el cumplimiento de esas tres funciones demanda la existencia del estado o, en su defecto, es posible dejarlas al arbitrio de la iniciativa privada. Del resultado de ese debate depende que consideremos posible, o no, la existencia de una sociedad sin estado, llamada, usualmente, anarcocapitalismo. Analicemos, entonces, caso por caso.

Si la defensa frente a un ataque externo no estuviera a cargo del estado, habilitado para coaccionar a los ciudadanos a participar del esfuerzo bélico, el resultado sería que la participación en esa tarea defensiva se tornaría optativa. Y la pregunta es si tal metodología sería eficiente.

La respuesta es negativa porque una acción militar constituye, esencialmente, una gestión con vistas a la consecución de un propósito colectivo, no a la realización de objetivos individuales. Si la participación en la defensa común fuera librada al albedrío de cada ciudadano, todos tendrían incentivos para dejar la tarea en manos de otros y, finalmente, no habría acción de defensa, esencialmente, porque la conveniencia individual de cada uno derivaría en que nadie contribuiría al esfuerzo común. Sería un caso de "tragedia de los comunes", aunque no aplicado a la explotación de un recurso (como en la versión ortodoxa de Hardin) sino a la prestación de colaboración con vistas a la consecución de un fin comunitario. Como el bien a defender es de propiedad común, todos procurarían mejorar su beneficio individual y eso llevaría a que toda la gestión fracase. Por lo tanto, el único modo posible de resolver el problema es que haya una autoridad que obligue a todos a participar del esfuerzo común. Esto, naturalmente, implica un cercenamiento de la libertad individual, pero las circunstancias no dejan margen de elección porque, ante un ataque externo, el principio de la libertad individual queda postergado frente a la necesidad colectiva de impedir el sometimiento al atacante.

Con respecto a la defensa de los derechos individuales frente a eventuales vulneraciones por parte de terceros, la opción es acción estatal o agencias de seguridad privadas. En rigor, la privatización del servicio de seguridad es perfectamente posible. Pero el problema que se plantea es el de la determinación de los alcances y los límites de las acciones que los agentes de seguridad pueden efectuar en el ejercicio de la defensa del orden público y/o privado. Por ejemplo, imaginemos que un supuesto ladrón es sorprendido in fraganti y se da a la fuga con el botín; ¿hasta dónde los agentes de la seguridad privada tienen derecho a atacarlo para sancionar su accionar, sin vulnerar los derechos del malviviente? Esto requiere algún tipo de reglamentación y la determinación de las facultades de las fuerzas de seguridad constituyen una decisión política, no empresarial, y, por lo tanto, es el estado quien debe adoptarla. El criterio que el estado aplique para reglamentar el ejercicio del derecho del acusado y de los derechos de defensa de los supuestos damnificados, constituye una decisión discrecional, adoptada conforme a criterios de aceptación social mayoritaria, cuyos contenidos pueden ir mejorándose gradualmente conforme la experiencia práctica vaya arrojando enseñanzas que permitan perfeccionarla. Pero en cada instancia particular tiene necesariamente que haber determinadas reglas que, para ese momento (y hasta tanto se corrijan eventuales insuficiencias) sean las que estén vigentes y, por lo tanto, en aplicación. No hay margen para dejar a la decisión individual de los actores de cada incidente en particular la legitimidad de los actos de represión del delito, ya que en tal caso nadie sabría exactamente a qué parámetros atenerse para regir su conducta. No queda más alternativa que fijar algún criterio e imponerlo coactivamente para evitar que las relaciones sociales devengan caóticas porque cada cual interpreta sus derechos como le plazca. Por eso es imposible resolver este tipo de problemas por fuera de una estructura de naturaleza estatal.

En relación al problema del arbitraje en caso de conflicto de derechos, típicamente se produce cuando alguna de las partes intervinientes en un contrato demanda a la otra por un supuesto incumplimiento. Puede ocurrir que la parte demandada rechace la acusación o justifique su accionar en algún otro posible incumplimiento previo del demandante. Entonces, se plantea el problema de determinar quién, y en qué medida, es el responsable del conflicto. En principio, esto se podría tratar por medio de jueces privados. Pero el problema es que la legitimidad de la decisión de un juez privado está condicionada por el grado de consenso que tenga su sentencia. Y es obvio que si una de las partes no está conforme, la impugnará, lo cual es legítimo porque podría suceder que el juez no haya fallado conforme a derecho. Esto obliga a establecer instancias de apelación, que también podrían ser privadas. Pero, en último término, tendrá que haber alguna instancia judicial que sea definitiva e inapelable. Quien no concuerde con ese fallo final, deberá someterse a él aunque no le satisfaga. Esa función de tribunal supremo (aun en el caso de que la tarea operativa esté delegada en una compañía privada) tiene necesariamente que contar con la legitimación estatal, para que su resolución sea inapelable y esté respaldada por la facultad de emplear la fuerza para obligar al cumplimiento de sus disposiciones.

Estos ejemplos explican por qué, aunque muy acotada, es necesaria una organización que cumpla funciones estatales para garantizar la libertad y evitar que las relaciones interpersonales deriven en un desorden cuyo efecto práctico sería, precisamente, la desaparición o el achicamiento de los márgenes de libertad individual. Si damos como aceptado que la libertad individual es el valor supremo del sistema social, debemos admitir que, a los efectos de garantizar la defensa, el orden público y el cumplimiento de los contratos, y evitar que se desencadene un caos, es necesaria, dentro de límites mínimos, la existencia de una organización que detente la facultad de ejercer la coacción para evitar los desbordes cuyo efecto sería la vulneración de los derechos de cuya vigencia la libertad depende. El tema suscita acaloradas polémicas en círculos liberales, donde algunos núcleos, partidarios de un orden social sin estado, omiten considerar seriamente cuáles serían las consecuencias reales de la puesta en aplicación del mecanismo que propugnan.

Mario Soares, o la conciencia de la izquierda

En una entrevista en El País, el veterano socialista portugués Mario Soares es definido como "conciencia de la izquierda", porque "aprovecha cualquier oportunidad para apalear a los mercados". Considerando que los mercados son el ámbito de las transacciones libres de los ciudadanos, como sabe cualquier que haya visitado desde El Corte Inglés hasta el mercadillo del pueblo, no se entiende bien por qué hay que saludar a quien está presto a moler a palos a la gente que pacíficamente compra y vende.

Para llegar a esa extraña conclusión uno tiene que inventarse unos mercados que no tienen nada que ver con lo que la gente conoce y frecuenta como tales. Es lo que hace Soares, que despotrica contra los mercados alegando que "son ellos los que cuentan, las personas no". Como si en los mercados hubiese cucarachas y no personas. O repite el tópico: "Los mercados tienen que estar al servicio de la gente, y no al revés". Que se dé un paseo por cualquier mercado y verá que, si no son intervenidos por el poder, sólo pueden estar al servicio de la gente: en otro caso, desaparecen.

Es tal la negación de la realidad, que don Mario afirma seriamente que el Estado "se ha echado a perder porque lo están vendiendo". Primero, si eso fuera así, habría desaparecido la coacción, y la gente no estaría obligada a pagarle al Estado, igual que no está obligada a pagar en una tienda, salvo que voluntariamente escoja comprar algo que allí se vende. Y segundo, ese proceso en ningún caso significa que nadie ni nada "se ha echado a perder". Al contrario, si esa compraventa voluntaria tiene lugar, todas las partes ganan. 

Al final, se ve lo que es la conciencia de la izquierda. Recomienda el prócer progresista no pagar la deuda: "Es lo que hizo Argentina y no le pasó nada". Lo que le pasó a la Argentina después de repudiar el pago de su deuda es que el PIB cayó más del 10% en el año 2002, posiblemente el mayor empobrecimiento de su historia. Y a eso llama Soares "no le pasó nada".

Con esa delirante visión de las cosas, se comprende que este modelo de la "conciencia de la izquierda" recomiende para Europa precisamente lo que han perpetrado los gobernantes argentinos durante décadas, hasta lograr arruinar un país que era muy rico: "Bastaría con darle a la manivela de fabricar euros".

Sor Lucía vs. Risto

Sor Lucía Caram, la religiosa argentina, nacida en Tucumán, que vive desde hace años en el monasterio de las monjas de clausura de Manresa, ha ganado fama en los medios, que buscan siempre subrayar sus declaraciones más antiliberales, como si esto fuera original en la Iglesia, o como si el papa Francisco fuera el primero en recelar de la economía de mercado.

Pero la Iglesia, sus representantes y su doctrina social albergan muchos más elementos que el antiliberalismo. De hecho, incluyen elementos liberales, y sobre todo hay algo que la progresía a menudo no entiende. Borja Montoro, el viñetista de Libertad Digital, lo captó maravillosamente hace un año cuando, a propósito de la llegada del nuevo Papa, y del entusiasmo que suscitó entre la corrección política, lo dibujó de espaldas saludando a la multitud y pensando:

Qué chasco se van a llevar muchos cuando se enteren de que soy católico.

Esto es lo que les suele pasar a los papas, las monjas y los curas: suelen ser católicos, y eso significa que pueden tener reacciones liberales ante el pensamiento convencional, como lo demostró la entrevista que a Sor Lucía le hizo el conocido creativo publicitario, escritor y colaborador de la televisión Risto Mejide.

De entrada, cuando le propusieron a Sor Lucía robar en los supermercados para cuidar a los pobres, estrategia que algunos izquierdistas practican y que muchos más disculpa o comprenden, ella se negó en redondo: de robar nada, dijo, robar es pecado, y lo que hicieron ella y sus compañeros fue, como hizo San Francisco, pedir, pedir "a todo Dios", pero no robar.

Preguntada por un culpable de los males, elude los clásicos chivos expiatorios y responde: "Todos somos culpables… todos tenemos que responsabilizarnos". Esta idea de la responsabilidad es profundamente liberal, como lo es también su recomendación de que la gente debería poder ganarse la vida, lo que se opone al dogma políticamente correcto de que el poder tiene que garantizárselo quitándole bienes a unos para dárselos a otros. A la hora de analizar la crisis, Sor Lucía condena a los políticos y banqueros hipócritas, es decir subraya el sector más intervenido por la política y más alejado del mercado libre.

Mejide intenta varias veces meterse con la Iglesia, pero Sor Lucía le pide a él que se comprometa y le habla de religión. Él le tiende trampas pero ella las sortea bien, y siempre asume responsabilidades: "hemos falseado el producto". Y vuelve a la carga: "¿En qué cree Risto Mejide?". En términos de creencias, el popular Mejide parece poco convincente, y abunda en tópicos, como cuando dice que con obras de arte del Vaticano se podría rescatar a un país africano, como si el problema de África y de todos los territorios donde abunda la pobreza fuera realmente obtener dinero del exterior, y no libertad, justicia y paz en el interior.

Recuperación del Ethos: individual e inclusivo

El libro Regenerar la Democracia, Reconstruir el Estado (2012), del catedrático de derecho administrativo D. Gaspar Ariño Ortiz, comienza con un primer capítulo dedicado a la crisis de principios, valores y creencias que desvertebran España: 

La democracia antes y más que un sistema de gobierno, es un sistema de valores, que demanda una educación político-moral… para que el sistema político o el sistema económico funcionen correctamente y den frutos de bienestar y prosperidad generales, es necesario que estén permeados, impregnados, por un sistema de valores, que inspire el comportamiento de las personas, especialmente de líderes, sociales, políticos y empresariales.  

Toda regeneración es exógena. Los políticos son juez y parte y el cambio les haría perder poder y dinero. Es necesario pues, crear un estado de opinión que presione a los políticos.

En el anterior artículo, vimos una nueva teoría de la evolución institucional hacia la sociedad civilizada o abierta que reclama la importancia de que actúen líderes inclusivos en tres ámbitos:

  1. La recuperación de los valores (instituciones morales).
  2. La regeneración de la democracia (instituciones jurídicas).
  3. La reducción del Estado (instituciones políticas).

Hoy comentaremos la importancia de recuperar los valores morales propios de una sociedad abierta frente al deterioro institucional que supone los valores tribales de las religiones arcaicas y de las ideologías colectivistas. 

1. Recuperación del Ethos individual e inclusivo.

El "ethos" es el conjunto de los patrones de comportamiento, las instituciones morales o, si se prefiere, las normas de conducta con las que actúa la mayoría de la población de un territorio.

El proceso de evolución sociocultural hacia una sociedad abierta requiere ciertos patrones de comportamiento abstractos y universales que, generación tras generación, arraigan por evolución sociocultural entre la mayoría de la población de un territorio de modo que hacen que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político.

Es decir, una sociedad civilizada se caracteriza por un "ethos" común individual e "inclusivo" formado por instituciones morales como, entre otras, el respeto por la vida, por la libertad individual, por la propiedad privada (plural), por el cumplimiento de los contratos, por los derechos subjetivos frente al Estado, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos, por el libre comercio, por la función empresarial…

El proceso de evolución sociocultural es muy lento porque las normas de conducta se adquieren por aprendizaje neurolingüístico situado a medio camino entre lo racional y lo irracional y, especialmente, porque también requieren que prevalezcan líderes inclusivos en el orden político.

Estos líderes inclusivos se identifican porque ejercen las potestades para las que les ha elegido el pueblo, con mínima coacción y mínimo intervencionismo, dotando de triple seguridad (interior, exterior y jurídica) al territorio y respetando el "ethos" individual e inclusivo con un Estado de Derecho, digno de tal nombre, es decir, que proporciona justicia independiente y ajustada al cumplimiento estricto de la Ley, facilitando el libre ejercicio de la función empresarial y no entorpeciendo el libre intercambio entre millones de ciudadanos.

2. Deterioro del Ethos: arcaico-colectivista, extractivo-destructivo.

También vimos que la nueva teoría de la evolución institucional permite observar el rápido proceso de involución sociocultural hacia una sociedad más cerrada, cuando en el orden político prevalece una oligarquía de líderes extractivos y destructivos que atacan el orden de mercado con virulencia para perseguir sus fines concretos y propios. 

Con el crecimiento del tamaño de las formas de lo "Político" (ciudad, diputaciones, autonomías, gobierno central) y, en particular, con el incremento exponencial del tamaño del Estado-Administración, aumentan el grado de oligarquización y la colectivización de la sociedad, lo que describimos como un proceso de involución institucional desde una sociedad abierta y civilizada hacia una sociedad más cerrada y colectivista.

El ethos arcaico y colectivista se amolda perfectamente al relativismo moral de una clase dirigente, por lo que también puede emplearse la denominación de ethos extractivo y destructivo que caracteriza el comportamiento de las autoridades que depredan los presupuestos públicos y que deterioran e incumplen la legislación para conseguir mayores cotas de poder político.

El ethos arcaico y colectivista caracteriza a las sociedades más cerradas como las tribus y los regímenes políticos colectivistas, en donde arraigan los valores relativistas que favorecen las políticas intervencionistas de la oligarquía.

Permite imponer los arbitrios políticos sobre el orden de mercado, los derechos civiles y las haciendas de la población por medio del derecho positivo, el estatismo y el cientifismo constructivista.

El ethos arcaico y colectivista atropella los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley, porque quedan sujetos al arbitrio del relativismo moral que dictan los intereses de la oligarquía de élites extractivas y destructivas. Se puede identificar tanto en la sociedad tribal como en la sociedad colectivista y se distingue por cuatro características:

2.1. Negación de la libertad individual

La negación de la individualidad del ser humano libre o, si se prefiere, la anulación de la libertad individual es el ethos común que sirve de nexo de unión entre las religiones arcaicas y las ideologías colectivistas.

2.2. Imposición de un mito cohesionador

El orden social se consigue mediante un mito cohesionador que proporciona la seguridad al colectivo de hombres-masa y que mantiene en el poder a los dirigentes.

Cuando no existen los valores morales tradicionales y la nación es un concepto "discutido y discutible", los líderes extractivos y destructivos imponen una nueva moral relativista y "guían" la sociedad mediante una agenda de principios colectivos: alianza de civilizaciones, negociación con terroristas, memoria histórica, ideología de género, redistribución de la riqueza, subvenciones "sociales", aumento del tamaño del Estado…

En las religiones paganas, el mito cohesionador son los sacrificios humanos rituales que permiten mantener el control del grupo mediante el culto al Sol o a los dioses paganos para que favorezcan al colectivo y que solo saben interpretar los líderes. 

En las ideologías comunista y socialista, los mitos cohesionadores que provocan los sacrificios de otros seres humanos y que sostienen a la oligarquía y "guían" a la sociedad cerrada son utopías más mecanicistas como, entre otros: el altruismo hacia un grupo social, la solidaridad hacia la clase proletaria, la propiedad comunal de los medios de producción, la redistribución de la riqueza, o la acción de lucha contra la burguesía, la pobreza, el cambio climático, las tradiciones, la religión, el enemigo interior o exterior…

En las ideologías nacional-socialista y nacional-separatista, los mitos cohesionadores se producen también con coacción, violencia y sacrificio en masa de seres humanos por arcadias más biologicistas como, entre otras: el "Lebensraum" (espacio vital), el "Zeitgeist" (espíritu del tiempo), el lenguaje exclusivo, la cultura más sofisticada, la etnia más inteligente o la raza supuestamente superior.

2.3. Coacción y violencia en contra de los derechos individuales

El ethos arcaico y colectivista somete un grupo o bien una sociedad a los designios de la casta dominante. Se subliman los mitos cohesionadores que sirven de escusa para justificar las acciones políticas y se relativizan los valores morales, para poder atropellar y aplastar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley del grupo que es dominado (guiado) por la oligarquía de élites extractivas y destructivas.

2.4. Culto a la tribu y al Estado-Administración

El ethos arcaico rinde culto a los caciques y hechiceros tribales en supuesto contacto con los dioses para proveer la felicidad en la Tierra con una colectivización total de los recursos de la tribu.

El ethos colectivista rinde culto a otra forma de lo político más sofisticada, técnica y artificial, que es el Estado-Administración, controlado por una oligarquía para proveer la felicidad de la población mediante la colectivización de los medios de producción y/o su distribución entre las diferentes clases y grupos sociales.

De hecho, en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el principal mito cohesionador es el culto al Estado Minotauro o Total con un tamaño cercano o superior al 50% del PIB, en la creencia mitológica de que puede proveerse una completa felicidad en la Tierra.

Se puede afirmar con rotundidad que la "auctoritas" de la Iglesia y el ethos católico de la "nación" perdieron su fuerza cohesionadora y fueron sustituidos en el siglo XX por la apokatástasis que, en palabras del catedrático Dalmacio Negro, significa que:

Al menos desde el punto de vista político, parece ser la herejía dominante hoy en día en Occidente, culturalmente cristiano, pero en el que, atendiendo a los hechos, lo sagrado habría abandonado la Iglesia según el teólogo Cavanaugh, para encarnarse en el Estado… Esta herejía sería la causa soterrada del socialismo y del estatismo, que prometen y ofrecen la salvación en este mundo.

El auge de la religión secular, consecuencia de la divinización del conocimiento (cientifismo) y el culto a su sumo sacerdote el Estado (estatismo), suponen la relativización del valor insustituible de la vida humana, de la libertad, de la propiedad privada y de las instituciones morales propias de la sociedad civilizada o abierta.

3. Recuperación del Ethos occidental de origen judeocristiano

En Occidente, las raíces del ethos común se encuentran en la religión judeocristiana, cuando ha sido y cuando es liderada por fieles, intelectuales y líderes "inclusivos" que creen en los valores, patrones de comportamiento, normas de conducta o instituciones morales del orden de mercado frente al orden político u oligárquico.

En el cristianismo se halla la base espiritual y religiosa del respeto por la vida de cada ser humano, por su libertad de decidir, por sus propiedades, por su familia, por el cuidado del "nasciturus", por la veneración a los ancianos, por el intercambio pacífico de bienes y servicios resultado de la función empresarial…

Esas mismas raíces, respetuosas con el ser humano libre, también pueden encontrarse en el pacifismo del ethos Oriental desarrollado en torno al budismo, al igual que en las manifestaciones del cristianismo moderno y pacífico y en la filosofía de la libertad del individuo que se basa en la no-coacción.

En todo caso, la recuperación del ethos común no está al alcance de cualquier religión o de cualquier filosofía, si promueven la violencia y la imposición de normas de conducta sobre su grupo o sobre el resto de la sociedad. Tampoco está al alcance de una religión o de una filosofía, cuando sirve de guía a los líderes extractivos y destructivos.

Las raíces del ethos individual e inclusivo se hallan en la religión y en la filosofía, cuando fieles, intelectuales y líderes actúan de forma inclusiva al arraigar los patrones de comportamiento que caracterizan a la sociedad civilizada o abierta, con respeto por los derechos individuales y confianza en la naturaleza libre del ser humano.  

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Deoleo y el falso interés nacional

Apela populistamente el Gobierno al "interés de España" para justificar la injustificable entrada de la SEPI en el capital de Deoleo. A la postre, se nos dice, estamos ante la principal comercializadora de aceite del mundo y el sector olivarero constituye uno de los puntales de la economía española. ¿Cómo oponerse, pues, a la adquisición estatal de un paquete accionarial en Deoleo so pretexto de mantener su "españolidad" y así defender nuestros intereses "nacionales" dentro de unos mercados cada vez más globalizados? Como suele suceder, semejante argumentario está plagado de trampas retóricas cuyo único propósito es manipular a la ciudadanía para que acepte anestesiada los tejemanejes intervencionistas del Estado.

Lo esencial es repetir una vez más lo que ya debería ser evidente para todos: los intereses del sector olivarero español no son los intereses de todos los españoles, simplemente son los intereses del sector olivarero español y, en todo caso, de aquellos que sientan algún tipo de vinculación económica o emocional con él. Podrán tratarse de intereses muy legítimos y respetables, pero no por ello se convierten en intereses del conjunto de ciudadanos. Muchos españoles no tienen por qué compartir interés alguno con Deoleo o con el sector olivarero patrio, al igual que no tienen por qué compartirlo con el ganadero, el financiero, el textil o el petrolero. En algunos casos, incluso, los intereses de algunos españoles pueden llegar a ser contrapuestos a los del sector olivarero (será el caso de, por ejemplo, los productores españoles de mantequilla o margarina, incluyendo el sector ganadero español).

Pero entonces, ¿por qué se nos insiste una y otra vez en que los intereses de la parte (el sector olivarero) coinciden con los intereses del conjunto (la totalidad de españoles)? Pues para que aceptemos sumisamente que el Gobierno nos meta la mano en el bolsillo a todos y transfiera nuestro dinero a aquellos a quienes califica de depositarios de los intereses del conjunto de los españoles: es decir, se trata de una simple treta propagandística concebida para extraer rentas del conjunto de la sociedad en beneficio privativo de una facción organizada. Y no, tampoco muerdan el anzuelo gubernamental de que el objetivo de esta operación es comenzar a articular una política agraria o industrial dirigida a potenciar el funcionamiento de nuestra economía; justamente, en Una revolución liberal para España explico que tanto la ciencia económica como la evidencia empírica apuntan a la misma dirección: la política industrial suele ser un ruinoso experimento político para transferir rentas desde grupos desorganizados a grupos organizados 

Al cabo, si algunos españoles (muchos o pocos) sienten algún tipo de vinculación (económica o emocional) con el sector olivarero y juzgan esencial que Deoleo siga siendo una compañía española, ¿qué les impedía a todos ellos efectuar una colecta de fondos para adquirir mancomunadamente una participación significativa en Deoleo? ¿Por qué debe ser la SEPI la que, arrebatando el dinero a todos los españoles –tanto a aquellos que sí desean costear la españolidad de Deoleo, por encuadrarla dentro de sus intereses, como a aquellos que no desean costearla, por serles irrelevante la nacionalidad del accionista de control—, proceda a entrar en el capital de esta empresa? ¿Por qué el Gobierno socializa entre todos los costes de una operación dirigida a beneficiar únicamente a una parte? No hay ninguna razón para ello salvo, como decimos, la imposición coactiva de los intereses particulares de unos ciudadanos sobre los igualmente legítimos intereses particulares del resto de ciudadanos.

Por desgracia, todo apunta a que el PP seguirá haciendo un uso sectario de este sentimiento grupal con tal de acaparar poder y recursos. Sin ir más lejos, el cartel electoral del PP, Miguel Arias Cañete –a la sazón, ariete ideológico de la operación Deoleo–, ya se está comenzado a vender como el mejor defensor de nuestros intereses colectivos: en pocas horas, ya se nos ha prometido desde diversos frentes que Cañete defenderá en Europa los intereses de los castellano-manchegosde los extremeñosde los cántabros y, por supuesto, de los españoles. Muchos y contrapuestos intereses me temo que deberá defender Cañete en Bruselas, cuando, como es sabido, se limitará a defender los suyos, los de su partido y los de los lobbies que los alimentan. Como con Deoleo, el PP recurre a la propaganda colectivista para comprar arteramente sumisión social. La alternativa es mucho más sencilla: permitir la libre y pacífica confluencia de los intereses personales y sociales sin que ningún grupo instrumente la coacción estatal para imponerse sobre el resto. Es decir, la alternativa liberal: ésa que tan denodadamente socava el PP.

La paradoja del intervencionismo

Posiblemente hayan oído hablar ustedes del gato de Schrödinger. Físico austriaco y premio nobel de 1933, Erwin Schrödinger contribuyó significativamente al estudio de la termodinámica y, sobre todo, de la mecánica cuántica. En 1935, para exponer una de las paradojas de la física cuántica, concibió su famoso experimento mental, consistente en encerrar un gato en una caja con un dispositivo radiactivo que tenía 50% de probabilidades de matar al gato en un tiempo dado. Según las leyes cuánticas, el felino está vivo y muerto a la vez, paradoja que sólo puede ser resuelta por un observador abriendo la caja y verificando la salud de la mascota de Schrödinger. Pues bien, similares contradicciones se dan con las teorías económicas y políticas que defienden el intervencionismo.

Y es que, el socialismo, o el intervencionismo si lo prefieren, entendido no como una opción electoral concreta, sino como una forma de entender al individuo, la sociedad y la economía que es común a todos los partidos con representación parlamentaria, adolece de serias e insolubles contradicciones.

Una de ellas es la que puso de manifiesto Ludwig von Mises en su teorema de la imposibilidad del socialismo al inicio de la década de 1920 del siglo pasado y que ha sido actualizada por Jesús Huerta de Soto hace unos pocos años. Esta crítica, demoledora por su lógica aplastante, se centra en la información que los agentes económicos utilizan para tomar sus decisiones –cálculo económico– y que, a su vez, generan como resultado de su propia actuación. Al optar por comprar o no comprar un bien y hacerlo a un determinado precio, estamos generando información que otros individuos utilizarán para decidir si producir más unidades de ese bien, modificar el precio, ajustar costes, dedicarse a otro negocio, comprar otro producto, etc.

Y es que, al intervenir el Estado en la actividad económica intentando planificarla u orientarla en un sentido determinado, lo único que consigue es cortocircuitar el mecanismo que genera la información que necesita para, precisamente, planificar la consecución de sus fines –que pueden ser todo lo bienintencionados que ustedes quieran–. De aquí se demuestra que no es posible intervenir en la economía y, a la vez, lograr el objetivo buscado. Los gobernantes carecen de la información requerida para ello porque han destruido la fuente de la misma, que es el libre ejercicio de la función empresarial. Esta es, de forma muy estilizada, la explicación de por qué el ideal intervencionista es teóricamente imposible.

En una sociedad tan compleja como la moderna, es impracticable que sea el pueblo el encargado de realizar los cálculos necesarios para intervenir en el sentido deseado, por tanto, dicha tarea ha de encomendarse a un reducido grupo de economistas, ingenieros y abogados que, con todas sus buenas intenciones, serán incapaces de recoger, procesar y aplicar toda la información requerida. El necesario fracaso en la consecución de los objetivos conducirá al público a pensar que se debe al insuficiente poder del Estado frente al continuo sabotaje de eso que llaman “los mercados”. De ahí que demanden más Estado, profundizándose en la espiral intervencionista.

De algún modo, este es el razonamiento que subyace en la tesis central de la obra de Friedrich HayekCamino de servidumbre, según la cual el intento de planificación económica, con independencia de que sea más intensa o más leve, conduce necesariamente hacia la pérdida de la libertad individual y, en última instancia, al totalitarismo.

Pero existe otra contradicción lógica en la justificación de la necesidad de intervención estatal en el ámbito tanto económico como político. Permítanme que les presente el razonamiento de forma ordenada:

(1) El intervencionista, sea de corte progresista o conservador, reclama que el Estado intervenga en la sociedad y en las decisiones que tomamos quienes formamos parte de ella porque considera demostrado que el humano es un ser egoísta y poco dado a mirar por el bien de los demás. Esto es, si le dejamos a su libre albedrío, tenderá a aprovecharse de sus congéneres, engañándoles siempre que pueda para sacar el máximo provecho económico y así medrar a costa del prójimo. Dar libertad sería como dejar que imperase la ley de la selva, el pez grande se come al pequeño, unos ganan lo que otros pierden, etc.

(2) Por ello, el defensor del intervencionismo piensa que el Estado ha de intervenir para corregir la maldad intrínseca del hombre. Sólo si desde los poderes públicos se controlan, regulan y se pone coto a los desmanes individualistas del ser humano cuando es libre, se podrá construir una sociedad que progrese igualitariamente. Es por eso que valoran tanto el papel del Robin Hood moderno, que, en lugar de hacer un uso virtuoso del arco y la flecha, se trastoca en el mismísimo sheriff de Sherwood para, a golpe de BOE, quitárselo a la clase media para favorecer a los ricos y poderosos mientras aparenta que da a los pobres.

(3) Aceptar los dos postulados anteriores implica asumir asimismo que el Estado no está formado por ángeles asexuados, de bondad infinita y sin un rastro de codicia en su ADN. Antes bien, lo componen políticos y burócratas que son personas de carne y hueso. Seres humanos que, en principio, están hechos del mismo material genético que los que les he descrito en (1). ¿Creen ustedes que deberían estar excluidos de dicha afirmación? ¿Acaso borra el acta de diputado el egoísmo en cuanto se recoge y se sienta uno en su escaño? ¿Creen que desaparece esa maldad intrínseca en el momento que se toma posesión de un cargo público?

(4) Ustedes podrían decirme que el proceso democrático garantiza que se escogen a los mejores. ¿Están seguros? Piensen en su político favorito antes de responder –a mí, por ejemplo, me gusta pensar en Cristóbal Taxman Montoro cuando tengo esa tentación–. O pregúntenles a los que en las últimas elecciones votaron al partido que hoy está en la oposición. No, no hay ningún motivo que nos permita pensar que el procedimiento del sufragio universal asegura la elección de los mejores candidatos, sino de los más hábiles para atraer votantes. En todo caso, aceptemos a efectos dialécticos que el sistema democrático es válido para filtrar y escoger a las personas más honradas, inteligentes, altruistas, generosas, trabajadoras y comprometidas con la sociedad.

(5) Adicionalmente, aceptar los postulados (1) y (2) implica admitir también que los votantes, como humanos libres, somos seres egoístas y codiciosos, criminales en potencia y faltos de sensibilidad ante el sufrimiento humano. Díganme, ¿por qué las personas que formamos el electorado, justo en el momento de ir a votar y sólo durante el instante que escogemos la papeleta y la depositamos en la urna, nos transformamos en seres seráficos y altruistas capaces de dejar a un lado nuestros intereses, nuestras filias y nuestras fobias, y votamos lo que pensamos que es mejor para la sociedad en su conjunto y no lo que es mejor para nosotros mismos? ¿Cómo es posible que seres egoístas y malvados sepan y quieran reconocer el altruismo y la bondad al votar?

En resumen, el argumento intervencionista aduce que, como el hombre es codicioso, hay que ponerle límites y regular su actividad. Pero los que crean las leyes y las hacen cumplir son personas, hechas del mismo material genético de aquellos quienes les eligen, sus mismos congéneres egoístas y desconsiderados. ¿Cómo se soluciona esta contradicción? ¿Puede estar el gato de Schrödinger vivo y muerto a la vez? Esta contradicción se resuelve con libertad.

(*) Ludwig von Mises, El socialismo. Análisis económico y sociológico, Unión Editorial

(**) Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión Editorial

(***) Friedrich A. Hayek, Camino de servidumbre, Alianza Editorial