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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

¿Qué pasaría con los lobbies en un mercado libre?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los liberales nos oponemos radicalmente a los grupos de presión que tratan de cosechar privilegios mediante el uso de la coacción estatal. De hecho, siguiendo a la Escuela de la Elección Pública, consideramos que el Estado ha terminado convirtiéndose en un instrumento para redistribuir la riqueza desde los grupos sociales desorganizados (contribuyentes) a los grupos sociales organizados (lobbies): la creciente concentración de poder en manos del Estado hace que éste se convierta en un instrumento muy apetitoso que todos aquellos que logren manejarlo en su privativo beneficio.

Así las cosas, la receta que proponemos los liberales para terminar con los lobbies es bien sencilla: si los lobbies surgen porque el Estado copa demasiado poder, nada más sencillo que reducir el Estado a una mínima expresión; si le quitamos el BOE al Estado, los grupos de presión no podrán estampar su letra en el BOE ni, en consecuencia, lograr prebendas a nuestra costa.

El problema es que esta receta levanta rápidamente dudas y suspicacias entre la ciudadanía: ¿acaso si el Estado se redujera a una mínima expresión los lobbies no tendrían mucho más poder del que ahora tienen? ¿Acaso no necesitamos de un Estado fuerte que mantenga los grupos de presión a raya (a pesar de que los lobbies medran gracias a ese Estado fuerte)? ¿El debilitamiento del Estado no supondría la creación de una oligarquía lobística capaz de imponernos unilateralmente su voluntad? La respuesta a todas estas razonables preguntas es NO y el motivo está muy vinculado al concepto de autoridad política.

La autoridad política

Uno de los mejores libros que se han publicado en el último lustro es The Problem of Political Authority, del filósofo estadounidenseMichael Huemer (si me permiten un consejo: colóquenlo en su top de prioridad de lecturas). En él, Huemer se plantea una simple pregunta: ¿por qué la mayoría de la sociedad acepta y legitima que el Estado haga cosas que vería con horror que hicieran los agentes privados? Por ejemplo, la mayoría de la sociedad ve razonable que el Estado cobre impuestos para dar subvenciones a una ONG, pero en cambio consideraría aberrante que yo (o una turba mayoritaria de personas) entrara en casa de mi vecino, le quitara la cartera y le diera ese mismo dinero a una ONG. Otro caso sonado: todos rechazamos los trabajos forzosos y, sin embargo, en muchos países sigue vigente el servicio militar obligatorio. ¿Por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué le toleramos al Estado actividades que rechazamos frontalmente cuando las ejecutan individuos?

Según Huemer, porque el Estado posee autoridad política, esto es, la legitimidad política socialmente reconocida al Estado para imponer leyes y usar la coacción sobre una sociedad (sociedad que, a su vez, tiene la obligación política de obedecerlo). La autoridad política según Huemer se halla limitada territorialmente (un Estado sólo tiene autoridad política sobre su territorio), pero es general dentro de él (todos, o casi todos, los ciudadanos tienen la obligación de obedecer al Estado); sus mandatos pueden referirse a diversísimos asuntos y son cuasi-ilimitados en su contenido; y, por último, se trata un ejercicio de supremacía, en tanto en cuanto dentro del territorio nadie se halla jerárquicamente por encima del Estado.

La tesis de Huemer no es novedosa dentro de la filosofía política:Étienne de La Boétie ya aseveró que la servidumbre política era esencialmente voluntaria; dos siglos después, David Hume yasostuvo que “como la fuerza está siempre del lado de los gobernados, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por tanto, el único fundamento del Gobierno”; y más recientemente, el concepto de puntos focales del Nobel estadounidense Thomas Schelling nos permite caracterizar el Estado como un foco reforzado de expectativas convergentes que, gracias a ello, permite la coordinación social tácita en materia de orden público y de resolución de conflictos. Pero Huemer sí tiene el mérito de clarificar esta tesis y, sobre todo, de insertarla en una brillante y sistemática exposición sobre la (inexistente) legitimidad de esa autoridad política.

En este sentido, podemos definir al Estado como aquel ente al que la inmensa mayoría de ciudadanos le reconoce autoridad política (reconocimiento tácito y descentralizado mediante un proceso de expectativas emergentemente convergentes). El Estado, pues, puede hacer lo que hace porque el conjunto de la sociedad acepta concederle un poder discrecional vastísimo: poder discrecional vastísimo que en la actual sociedad sólo le reconoce al Estado.

Los políticos patrimonializan la autoridad política

En Occidente, los grupos de presión carecen de autoridad política. Si la tuvieran, podrían actuar al margen del Estado y no necesitarían, en consecuencia, ejercer costoso cabildeo alguno sobre el Estado. Si un grupo de presión con autoridad política quisiera cobrar una subvención, simplemente iría y se la arrebataría por sí mismo a los ciudadanos; si un grupo de presión con autoridad política deseara expropiar un terreno a un justiprecio ridículamente bajo, simplemente lo ocuparía sin necesidad de ejercer fuerza alguna; si un grupo de presión con autoridad política entrara en quiebra y ambicionara recapitalizarse a costa de los ciudadanos, tan sólo tomaría su patrimonio; si un grupo de presión con autoridad política aspirara a convertirse en el proveedor monopolístico de un determinado servicio, únicamente tendría erigirse normativamente como tal.

Es obvio, empero, que los lobbies carecen hoy de autoridad política para ejercer por sí solos todas estas tropelías. La sociedad no aceptaría que ninguna empresa o asociación de personas se arrogara semejantes poderes. Y, justamente porque carecen de autoridad política propia, los lobbies sólo encuentran una vía para ejercerla en su propio provecho: valerse de la autoridad política que sí posee el Estado.

A eso precisamente se dedican: a ejercer presión sobre los mandatarios a los que la ciudadanía sí les reconoce autoridad política. En otras palabras, los políticos subastan derechos de uso de su autoridad política en el mercado negro de los lobbies: aquel grupo de presión que más puje (no necesariamente en metálico) recibe el favor del político correspondiente. La estrategia de los políticos, pues, consiste en patrimonializar la autoridad política que se les ha concedido para capitalizarla alquilándosela al mejor postor. ¿La solución liberal? Limitar enormemente (o incluso eliminar) la autoridad política que socialmente le reconocemos al Estado.

¿Y si el Estado no tuviera (tanta) autoridad política?

A este respecto, existen dos tesis sobre cuál sería el resultado de una sociedad que privara al Estado de la totalidad o de la mayor parte de su autoridad política: la tesis no liberal es que, si se privara al Estado de autoridad política, otras organizaciones no estatales (oligarquías, mafias, etc.) terminarían siendo receptoras de esa autoridad política socialmente reconocida, por lo que los lobbies actuales podrían volverse incluso más poderosos; la tesis liberal es que una drástica reducción de la autoridad política del Estado no tiene por qué implicar su transferencia a otros agentes privados, sino que puede simplemente desaparecer.

Es verdad que en sociedades civiles desestructuradas, donde la mayor parte de la coordinación humana se ejerce a través de líderes fuertes o caudillos, la supresión de unas formas de autoridad política tiende a conllevar la emergencia de otras: por ejemplo, si históricamente ha sido el caudillo quien ha determinado en qué actividades trabajan todas las personas de una comunidad, es dudoso que de la noche a la mañana la supresión del caudillo permita la emergencia de un mercado laboral libre, por lo que los miembros de esa comunidad terminarán reconociéndole autoridad política a otro caudillo para que sigue asignando los puestos de trabajo (ésa es su única forma de coordinarse a corto plazo).

Sin embargo, en Occidente sí contamos con sociedades civiles estructuradas mediante instituciones espontáneas e impersonales: sociedades civiles, por consiguiente, para cuya coordinación amplia no se requiere de un caudillo que centralice coactivamente el poder de decisión. Por ejemplo, para coordinarnos socialmente y decidir si el ciudadano A debe transferirle parte de su renta a la empresa Z, no necesitamos de ningún caudillo que lo dictamine mediante una ley de subvenciones: basta con que apliquemos las reglas impersonales del derecho de propiedad y del cumplimiento de los contratos voluntariamente suscritos. A saber, si el ciudadano A pacta voluntariamente con la empresa Z una transferencia unilateral o bilateral de renta, ésta deberá producirse; en caso contrario, no. Lo mismo cabe decir con respecto a la determinación social del número de empresas que debe haber en un sector: ¿es necesario que alguien lo determine coactivamente o es algo que termina descubriéndose a través del ejercicio de la libre competencia? Más bien lo segundo.

Dicho de otra forma, si el Estado deja de dar subvenciones a los lobbies, éstos no adquirirán autoridad política para cobrárselas por su mano, pues la sociedad puede coordinarse perfectamente en ese punto sin que la “autoridad política para determinar la transferencia de renta a empresas privadas” se halle en manos de nadie. Y lo mismo cabe decir de todas las hiperregulaciones estatales que actualmente promueven los lobbies en beneficio propio.

En definitiva, minimizar el tamaño del Estado —dejar de reconocerle autoridad política para multitud de actividades que hoy viene ejerciendo– no implica maximizar el poder de los lobbies, sino minimizarlo por igual: los grupos de presión carecen de autoridad política para ejercer la coacción sobre la sociedad y, por ello, han de instrumentar al Estado (que de momento sí la tiene) en su favor. Menos Estado no es misma autoridad política repartida de otro modo, sino menos, ya que la sociedad libre puede coordinarse internamente a través de propiedades privadas individuales, copropiedades colectivas y contratos voluntarios: como mucho, se necesitará de una autoridad política ultralimitada que se encarga de velar por el respeto al contenido de esos derechos… pero nada más.  Ése es, pues, el camino para luchar contra la corrupción y los lobbies: reducir el tamaño del Estado al mínimo indispensable para permitir la pacífica, cooperativa y espontánea coordinación interna de una sociedad.

El Estado no liberal de Viktor Orban

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ofreció un discurso el pasado sábado, 29 de julio, ante los fieles de su partido, el Fidesz. En él, dijo: “No creo que nuestra pertenencia a la Unión Europea nos impida construir un nuevo Estado no liberal, basado en unos fundamentos nacionales”. A su juicio, “la crisis financiera global ha demostrado que los Estados de democracias liberales no pueden seguir siendo globalmente competitivos”. Así las cosas, “la era de las democracias liberales se ha terminado”.

La expresión que todos los medios traducen al inglés, al francés y al español como “iliberal” no es exactamente antiliberal en el sentido que entendemos en España. En el contexto en el que habla Orban, se refiere tanto a una democracia con frenos y contrapesos como al Estado de Bienestar, la integración económica internacional y la libre inmigración. La crisis económica ha sido un punto de inflexión “como el de 1945 o el de 1990”, pues ha demostrado que los Estados que siguen este modelo “liberal”, “se consumen en la deuda, y ya no son un modelo sostenible en occidente”.

Orban cree que Hungría necesita “encontrar un método de organizar la sociedad que difiera de las ideologías aceptadas en occidente”. La sociedad, dice, “no es una simple suma de individuos, sino una comunidad que necesita ser organizada, fortalecida, y desarrollada”. Y precisa: “En este sentido, quiere construir “un Estado iliberal, un Estado no liberal. No niega los valores fundacionales del liberalismo, como la libertad y otros. Pero no hace de esta ideología el elemento central de la organización del Estado”.

Estas ideas no deberían excluir su pertenencia a la UE, pues su propuesta no deja de ser democrática. Sólo que los valores que impondrá el Estado desde la democracia serán otros. Él lleva años construyendo su Estado no liberal. El diario The Wall Street Journal lo resume así: “Ha cambiado la composición de tribunales y otras instituciones independientes, nombrando fieles de su propio partido, Fidesz; ha politizado el Banco Central; ha nacionalizado las pensiones privadas; y ha cerrado medios de comunicación por hacer ‘una cobertura partidista de las noticias'”.

El sitio que han dejado de ocupar las democracias liberales como guía lo ocupan ahora otros modelos: “Singapur, China, India, Turquía, Rusia”. Pero su verdadero modelo, quizás porque es el que le queda más cerca, es Vladimir Putin. Ya sabemos, entonces, qué entiende Orban por un modelo no liberal.

No es que Viktor Orban sea un advenedizo ni haya pensado en su momento sobre las conveniencias de la libertad. Su mentor, Miklos Haraszi, escribió un interesante artículo sobre él en 2002, en Open Democracy. Recuerda los orígenes en la oposición democrática al comunismo, cuando “Viktor Orban era el más anarco-liberal” de todos ellos. Él fue su alumno más aventajado en el estilo que Haraszi había encontrado para ganar el debate público para la libertad, a partir de hacer provocaciones calculadas. Orban, sigue Harazi en su artículo, ha sido exitoso al reunir en una sola formación a todos los partidos de la derecha. “Y su talento”, añade, “consiste en su capacidad de cambiar de ideología y hacer de ídolo de los votantes que busca, cuando ello es necesario”. De hecho, “se ha llevado a sí mismo y a Fidesz de ser un partido del anti autoritarismo radical a un conservadurismo cristiano radical”.

El modelo expresamente anti liberal que propone Orban se explica, por tanto, por una combinación de elementos exteriores e internos. El Estado de Bienestar se ha ahogado en un tsunami de deuda, a las democracias occidentales se han adherido, como una lapa, unas ideologías sociales progresistas que una parte importante de la sociedad húngara rechaza, hay países que prosperan pese a no ser la Unión Europea, los Estados Unidos ni Japón, y la personalidad de Orban le lleva al oportunismo radical.

No es sorprendente que las actuales democracias occidentales no tengan el atractivo de otra época como ideal a seguir. Son poco democráticas, se identifican con valores en ocasiones muy anti liberales e incluso totalitarios, han creado un Estado providencia que es ineficaz. El sálvese quien pueda nacionalista que propone Viktor Orban es una respuesta en cierto sentido lógica a ese fracaso. Pero es peligrosa para la libertad. El hecho de que el conservadurismo autoritario haya ganado prestigio es una mala noticia.

Arquitectura y gobierno en el siglo XXI

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Una de las anécdotas más repetidas en las aulas de las universidades de todo el mundo en los cursos de Historia del Pensamiento Económico es la de Jeremy Bentham (1748-1832), el padre del utilitarismo. El autor inglés aún asiste a las reuniones del consejo académico del University College de Londres porque, por expreso deseo suyo, se conserva en una vitrina su esqueleto, perfectamente vestido, con una reproducción en cera de su cabeza (la original está momificada). Así que en cada ocasión que se reúne el consejo, trasladan la vitrina desde donde la mirada de cera de Bentham sigue vigilándonos a todos. Una tradición bien macabra.

Pero estudiando la biografía de Jeremy Bentham no resulta tan extraño ese tipo de excentricidades. Fue un niño prodigio consciente y ensalzado por ello. Sabedor de su inteligencia, la dedicó a salvar al mundo. Y ahí radica el problema de toda su filosofía. Porque, por más acertadas que fueran algunas de sus ideas, inoculó a la filosofía moral de la época y hasta nuestros días con el mal del utilitarismo (o consecuencialismo). Su cálculo felicífico es el summum de la planificación por el bien de todos. Pero… lo que más escalofríos produce es el Panóptico, la cárcel perfecta.

Este edificio estaba diseñado de manera que la vigilancia fuera perfecta y que los presos supieran que estaban siendo vistos en todo momento. No sería necesario el gasto en guardias porque, incluso si estos fueran negligentes, una sola persona podría vigilar a los convictos. Este modelo arquitectónico de vigilancia perfecta podría servir también para construir fábricas en las que los obreros no serían negligentes. La idea del autor es que sería suficiente una mirada que vigile, y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Terrorífico.

Es la misma sensación que siento cuando leo los "deberes" que se lleva de veraneo el ministro Luis de Guindos: la adecuación de la Ley de Auditoría y de la "arquitectura" del FROB a la normativa europea. Se trata de dos cuestiones diferentes que revelan los agujeros de la planificación central a que estamos sometidos.

Resulta que nos hemos dado cuenta de que las auditorías externas pueden ser fraudulentas. Y nos hemos caído del guindo (perdón por la asociación de palabras) justo con el escándalo de Gowex, descubierto, no por la autoridad vigilante, por las comisiones nacionales involucradas… no. El escándalo fue descubierto por una pequeña empresa de análisis. Y por eso el ministro De Guindos ha decidido que es el momento, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, de adecuar la Ley de Auditorías a la normativa europea. Seguramente era un proceso en marcha, pero nada como un escándalo para acelerar las cosas.

Por otro lado, y esto es lo que me ha recordado a Bentham, hay que reformar la "arquitectura" de la autoridad de resolución bancaria nacional, el FROB. Resulta que en enero entra en funcionamiento la versión europea del FROB y hay que ponerse al día. El problema que enfrenta al Banco de España y al Ministerio se resume en el famoso dicho andaluz "¿Y tú de quién eres?". Mientras que el ministerio considera que las dos funciones principales del FROB deben descansar en el propio ministerio, con el argumento de que al fin y al cabo son los ciudadanos con sus impuestos los que han rescatado a las entidades financieras, el Banco de España cree que una de ellas debe ser asumida por una institución independiente. Se trata de la gestión de participaciones empresariales de esos bancos intervenidos, que, según el Banco de España, deberían ser gestionadas igual que las participaciones empresariales que gestiona el SEPI.

Bentham debe de estar revolviéndose en su vitrina viendo la chapuza planificadora del gobierno español. Porque ni el Banco de España se ha mostrado capaz de vigilar a las instituciones que dependen de él, ni el ministerio ha sido capaz de hacer cumplir la ley y de proteger a los ciudadanos de los abusadores. Lo que sí consiguen ambos estamentos es que todos los demás ciudadanos, los que no delinquimos, los de a pie, que somos quienes pagamos impuestos y mantenemos esa estrafalaria e ineficiente "arquitectura" estatal, nos sentimos permanentemente vigilados, pero no encerrados en un Panóptico, sino a cielo abierto. Cantar en la calle, mirar al cielo, sonreír al vecino de asiento en el metro, dentro de poco, serán acciones susceptibles de control y, eventualmente, de ser gravadas con un impuesto o tasa, dependiendo del equilibrio político.

En lo único que han seguido fielmente a Bentham es en la máxima de que el vigilante no sea vigilado por nadie. Probablemente el autor londinense pensaba en una autoridad superdotada como él, pero no, no es el caso. Y ya no sé si es para bien o para mal.

La ley del consentimiento: el “free rider” de segunda generación

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana estuve en la edición 2014 de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Esta vez, muy poquitos días, pero los suficientes como para disfrutar de los asistentes, tanto profesores como alumnos, pero también de los organizadores, que se aseguraron de que todo fuera propicio y trabajaron para que los demás disfrutaran. Gracias por eso a Inés, Raquel, José Ignacio y Luigi.

Mi charla se centró en la figura del free-rider, sus incentivos, cómo evitarlo, etc. Cuando existe un bien del que no se puede excluir a nadie de su consumo, como sí podemos hacer con los bienes privados, y además, su consumo no implica que se agota, aparecen necesariamente aquellos que sin aportar nada, se benefician de ello. Se trata de los gorrones, los caraduras, los aprovechados, los tramposos. Pero, sin justificar a estos defectores, hay que tener muy claro, que van a existir siempre, porque está en la naturaleza humana. Por supuesto, depende del tamaño del grupo y de otras muchas circunstancias, como quién ofrece ese bien tan singular, que haya más o menos free-riders y que la solución elegida para su detección y eliminación sea una u otra.

Por ejemplo, si se trata de una pequeña comunidad, el ostracismo es una buena solución. La vida en comunidad es un beneficio para cada uno de los individuos. Nos ahorra energía, tiempo y recursos invertidos para la supervivencia y la reproducción. Ningunear al que se comporta egoístamente y hace trampas a los demás es una manera de elevar sus costes de supervivencia. Suele funcionar.

Pero ¿qué pasa en grupos grandes?, ¿cómo hacemos en sociedades tan sofisticadas como la nuestra? El castigo es otro: el juicio, la multa, la cárcel. Es decir, hemos creado instituciones a tal efecto. Entonces, el problema del free-rider se convierte en evitar que le pillen, porque en este tipo de sociedades modernas ese es el factor clave. En ese aspecto, España, patria de Lazarillos de Tormes y pilluelos, aparece como un paraíso de la hipocresía: tapamos la trampa que no nos atrevemos a hacer pero pedimos que cuelguen del palo mayor al que envidiamos porque tiene más que nosotros. Moralmente, ambos comportamientos son deplorables, pero si se trata de “uno de los nuestros” hacemos la vista gorda. En otros países, sin embargo, la detección del free-rider no requiere un entramado estatal muy desarrollado porque la ciudadanía denuncia al que no colabora.

Y aquí aparecen lo que he llamado free-riders de segunda generación. La detección y castigo de free-riders, dado que su proliferación arruinaría la vida en común, es también un bien público, es algo de lo que todos se beneficiarían sin poder imputar quién no ha de hacerlo, y además, mi beneficio por la eliminación de un tramposo no disminuye el tuyo. ¿Quién debe proveer a la comunidad de este bien público? ¿Debemos colaborar todos en su detección? ¿Debemos colaborar en su castigo? Y de esta manera nos encontramos con aquellos que colaboran en la oferta del bien público inicial (por ejemplo, ayudan a limpiar el río, pagan su billete de Metro…), pero no señalan y/o castigan a quien no ayudan debiendo hacerlo. Esos son los free-riders de segunda generación. En nuestra sociedad, para empezar, tenemos a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones medulares de justicia (como el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo), los órganos reguladores, las auditoras designadas por el poder político para auditar cajas y bancos intervenidos que no cumplen con su deber, que son verdaderos detectores de segunda generación, y cuyo comportamiento tiene más consecuencias de las que parecen evidentes. Y, por añadidura, la sociedad, cada uno que no denuncia a los free-riders de primera y de segunda generación, son cómplices de esas consecuencias.

Porque no se trata solamente, como solemos analizar los economistas, de los costes, de las pérdidas, en términos pecuniarios, es decir, de los recursos invertidos y desperdiciados en la detección y el castigo. Hay algo peor: los incentivos que se generan.

Porque todos los seres humanos, si vemos la posibilidad de beneficiarnos a costa del resto, excepto si entran en juego valores morales, que no todo el mundo tiene realmente arraigados, acaba por caer. Y ¿quiénes tienen más incentivos que los que manejan dinero ajeno? ¿o que pueden disfrutar de las prebendas que ofrece el poder con abuso? Cuando además tienes la posibilidad de bloquear la actuación de esas instituciones que actúan de “check and balance”, de contrapesos, tienes todo en tu mano. Y así nos va.

Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Nada. Pasa que nos quejamos, miramos, asentimos a aquellos que vienen con disfraces nuevos (sí, con coleta) a contarnos medias verdades y subir al escenario, para disfrutar de lo mismo que los demás. Y poco más.

La diversidad institucional permite que haya think tanks, agrupaciones, plataformas, que denuncien, que alcen la voz y que señalen con el dedo. Tiene un precio. El precio de decir que no solamente el emperador, sino que toda la corte va desnuda.

Primero vino la prosperidad, luego el Leviatán

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

El gran Estado benefactor sueco tiene una historia relativamente corta y reciente. Se instaura a partir de los años 60 y sufre su gran crisis a comienzos de los 90. Hasta la década de 1950 Suecia se caracterizaba tanto por la pequeñez comparativa de su Estado como por su bajo nivel tributario. El Estado sueco, medido por la proporción de empleados públicos en el empleo total, era todavía en 1960 menor que el británico o el estadounidense, y su carga tributaria era comparable con la de estos países y estaba por debajo de la de Francia o la de Alemania Federal. Esto es importante recalcarlo, ya que la evolución que llevaría a Suecia a alcanzar unos niveles récord de expansión estatal y tributaria representa una ruptura con una historia caracterizada por lo contrario.

Es interesante notar que, en términos de desarrollo económico comparativo, es justamente en el período anterior a 1960 cuando Suecia exhibe un desempeño extraordinario, mientras que el período que va de 1960 a 1990 –coincidente con la gran expansión estatal– es muy mediocre. Entre 1870 y 1960 Suecia es el país que más crece a escala mundial en términos de PIB per cápita, mientras que entre 1960 y 1990 se ve superado por todos los demás países desarrollados, con excepción de Gran Bretaña y Suiza.

Este desarrollo mediocre se va haciendo cada vez más pronunciado en la medida en que la expansión estatal alcanza sus niveles más extraordinarios. Así, entre 1975 y 1990, cuando el gasto público llega a superar el 60 por ciento del PIB, Suecia muestra el crecimiento económico más lento de todos los países desarrollados. El Leviatán sueco estaba, simplemente, ahogando a la sociedad que le había dado vida y preparando su desmoronamiento a comienzos de los años 90.

Si volvemos la mirada hacia los años del milagro sueco –entre 1870 y 1960– se observa que el notable desempeño de Suecia fue propulsado por un capitalismo pujante y abierto al mundo, es decir, por una economía de libre mercado e industrias de primera clase, basadas en el trabajo y la creatividad de sus obreros, ingenieros y emprendedores, que transformaron un insignificante país nórdico que a mediados del siglo XIX era una economía periférica que exportaba materias primas y alimentos en una verdadera potencia industrial.

El momento crucial de la asombrosa transformación de Suecia fue la liberalización y apertura revolucionaria de su economía a mediados del siglo XIX, conducida por Johan August Gripenstedt, ministro de Finanzas entre 1851 y 1866. Fue entonces cuando definitivamente se rompió con la economía de los privilegios estamentales, las regulaciones estatales abrumadoras, las aduanas internas, el proteccionismo, los impedimentos a la libertad de industria y de comercio así como a la libre circulación de las personas. Sí, la madre de la prosperidad sueca no fue otra que la libertad económica, que potenció el esfuerzo del pueblo y el ingenio y la capacidad emprendedora de sus elites. Ello preparó las condiciones para el espectacular salto industrial en las décadas finales del siglo XIX, cuando la tasa sueca de crecimiento –entre 1870 y 1913– fue la mayor de Europa y los obreros industriales vieron triplicarse su ingreso real. Así, gracias a la fuerza de su capitalismo, un pueblo que había experimentado la última de sus muchas hambrunas en 1868 pudo acceder a un nivel de bienestar nunca antes conocido.

Esto no quiere decir que el Estado no haya sido importante en todo este proceso, muy por el contrario. El Estado sueco desempeñó en verdad un rol decisivo, pero no fue el de engullirse una tajada creciente del ingreso nacional ni el dárselas de empresario ni el de crear un sistema de prebendas y privilegios. El Estado sueco hizo lo que todo Estado que ayuda a generar progreso debe hacer, es decir, crear instituciones que fomenten la libertad individual y protejan la propiedad privada, que exijan el cumplimiento de los contratos y mantengan el Estado de Derecho. También puso su mano allí donde las manos privadas no alcanzaban, como en la construcción de ferrocarriles o en la creación de las llamadas escuelas del pueblo, a partir de 1842, que a fines del siglo XIX daban escolaridad a prácticamente todos los niños del país. Esto fomentó la igualdad de oportunidades, lo que reforzó el impacto positivo de la distribución igualitaria de la tierra que caracterizaba ya de antes a la agricultura local. Fue un Estado subsidiario y solidario, creó instituciones sólidas, hizo aportes económicos estratégicos pero limitados y allanó el camino de la igualdad de oportunidades. Fue, en pocas palabras, un Estado ejemplar y, además, cada vez más democrático.

Esta fue la base económica que daría a la socialdemocracia los recursos necesarios para la realización de sus programas de reformas sociales. Es por ello que quienes predican la adopción del modelo sueco, es decir, la construcción de un gran Estado benefactor, en países sin un desarrollo comparable no hacen sino proponer una quimera.

Sin un capitalismo de primera línea no puede existir ni bienestar ni Estado del Bienestar, esta es la lección más fundamental del desarrollo moderno de Suecia. La otra lección de importancia es que si se quiere lograr y luego mantener ese desarrollo es mejor cuidarse del gran Estado. Lo ocurrido en Suecia a partir de 1960 es una clara advertencia acerca de los peligros de una expansión estatal que termina destruyendo las bases mismas del progreso.

Mauricio Rojas (Santiago de Chile, 1950), exmiembro del Parlamento sueco y profesor adjunto de Historia Económica de la Universidad de Lund (Suecia).

El miedo a la libertad (III)

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El proceso de evolución institucional en los países se desarrolla cuando prevalecen las ideas y las acciones de los líderes inclusivos e integradores que, apoyados por ciudadanos con valores y/o por líderes con similares inquietudes, impulsan las instituciones morales responsables del arraigo de una sociedad civilizada, abierta y libre; con respeto por los derechos individuales y por el orden de mercado, constituido por los miles de millones de interacciones e intercambios entre las personas que habitan una nación.

Por el contrario, de acuerdo con la nueva teoría de la evolución institucional, el proceso de involución institucional en los países se produce cuando se impone coactivamente una jaula de hierro, en donde prevalecen la propaganda y el mal uso de los recursos públicos, por parte de oligarquías extractivas y destructivas, que buscan sus propios intereses particulares de dinero y poder; atropellando los derechos civiles de los ciudadanos y, en consecuencia, el orden de mercado.

Sin embargo, las reflexiones anteriores deben ser completadas con el estudio de los factores psicológicos en el proceso de evolución (o involución) sociocultural, porque permiten entender cómo los hombres actúan y modifican su comportamiento en el uso de su libertad de elegir, cuando no existe una protección eficiente del Estado de Derecho frente a la coacción y/o la violencia, ideológica e institucional, de grupos organizados.

Miedo a la Libertad

Analizamos en Miedo a la Libertad I cómo se pueden observar tres mecanismos psicológicos de evasión de la responsabilidad individual que explican el apoyo de parte de la población a oligarquías extractivas y destructivas que, valiéndose de la democracia, atentan contra los derechos individuales y el ordenamiento constitucional del país:

1. Autoritarismo (o colectivismo).

2. Destructividad (o nihilismo).

3. Conformidad Automática (o conformismo).  

También comentamos en Miedo a la Libertad II el origen platónico y hegeliano de las ideologías colectivistas como, entre otras, el comunismo, el nacional-socialismo o el nacional-separatismo y el peligro que suponen para las democracias multipartidistas y para el arraigo de una verdadera sociedad abierta.

El idealismo platónico y la utopía hegeliana conducen hacia sociedades más estatistas y cerradas, tribales o colectivistas, en donde los derechos civiles son intervenidos por el poder político, el orden de mercado es «dirigido», constreñido o suprimido, por la casta política, y la libertad es «guiada» con mandatos coactivos y/o con violencia, hacia los intereses particulares de las oligarquías extractivas y destructivas que controlan un territorio. 

Los mecanismos psicológicos, arriba mencionados, explican las razones por las cuales las personas rehúyen su propia responsabilidad individual en situaciones de grave crisis económica y, sumergidos en entornos de coacción y/o violencia, se echan en brazos de la utopía que vende una casta política formada por oligarquías extractivas y destructivas, en lugar de escuchar a líderes inclusivos que marcan el camino hacia la sociedad civilizada, abierta y libre.

La sociedad se pone a prueba siempre que existe presión grupal, ideológica e institucional, desde grupos organizados que emplean la coacción y/o la violencia para imponer sus ideas sobre el resto de la población. Especialmente, la sociedad sufre en mayor medida el acoso de la coacción organizada, cuando el Estado deja de defender la Ley en algunos pueblos, ciudades y regiones. Sólo las personas con mayor entereza moral tienen valor para enfrentarse a un entorno hostil frente a la permanente coerción de los grupos organizados.

De hecho, una mayoría de personas sometidas a la coerción de un grupo numeroso, si pueden, optan por ponerse de perfil y callan para seguir con su vida habitual. Algunos pocos, aquellos con una moral relativista o, simplemente, sin moral, apoyan la "nueva" situación institucional para intentar medrar a rebufo de las oligarquías que ejercen el poder político sobre el territorio.

Eric Fromm en su obra Miedo a la Libertad, realizó un análisis de la psicología del nacional-socialismo y observó como la población de una democracia como la Alemania de los años 30 en el siglo XX apoyó y quedó supeditada a las tendencias psicológicas sadomasoquistas, de anhelo de poder de dominación y de sumisión a un poder exterior omnipotente como la "raza", el "pueblo", la "lengua", la "cultura" o la "nación", superiores a otras supuestamente más débiles:

Los que no llegaron a ser miembros de la organización partidaria nazi, obtuvieron los empleos quitados a los judíos y a los enemigos políticos; y en cuanto al resto, si bien no consiguió más «pan». Ciertamente logró más «circo». La satisfacción emocional derivada de estos espectáculos sádicos y de una ideología que le otorgaba un sentimiento de superioridad sobre todo el resto de la humanidad, era suficiente para compensar –durante un tiempo por lo menos – el hecho de que sus vidas hubiesen sido cultural y económicamente empobrecidas. (Fromm, E.: 2008 [1941], p. 214).

La "revolución" de Hitler, y a ese respecto también la de Mussolini, se llevaron a cabo bajo la protección de las autoridades existentes, y sus objetivos favoritos fueron los que no estaban en condiciones de defenderse. (Fromm, E.: 2008 [1941], p. 224).

Es importante rescatar el análisis de los mecanismos psicológicos individuales que promueven y desatan las ideologías colectivistas porque, hoy en día, no deja de sorprender cómo se siguen produciendo involuciones institucionales y cómo, ahora mismo, está ocurriendo un desafío institucional en la España de las autonomías, ante la inacción de las autoridades del Gobierno.

De hecho, existe similitud entre la psicología nacional-socialista y la ideología nacional-separatista en Cataluña, Galicia y el País Vasco, que emplean las oligarquías extractivas y destructivas para captar apoyos y perseguir sus propios intereses particulares de dinero y poder absolutos sobre un territorio.

Hay que recordar como, en su obra Camino de Servidumbre, Friedrich A. Hayek señalaba como también las personas más preparadas intelectualmente sucumben ante un aparato mediático omnipresente y ante el empleo del presupuesto público del Estado al servicio de las oligarquías extractivas y destructivas:

Ni las personas más inteligentes e independientes pueden escapar por entero a aquella influencia si quedan por mucho tiempo aisladas de todas las demás fuentes informativas… Todo el aparato [colectivista] para difundir conocimientos: las escuelas y la prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones.

Oligarquías secesionistas

En comentarios previos, hemos analizado como las oligarquías destructivas buscan movilizar los mecanismos psicológicos más primarios, latentes en las personas, para recabar apoyo social, conseguir el poder político y, desde allí, emplear los recursos públicos para intentar cambiar las instituciones por medio de la legislación positiva, los subsidios y ayudas públicas a las organizaciones afines (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones, fundaciones…), y la propaganda en los medios de comunicación (periódicos, radios, televisiones…) que promueven su ingeniería social.

Los dirigentes secesionistas son un caso concreto de oligarquías destructivas que pretenden romper el ordenamiento jurídico para crear un Estado "ex Novo" ([1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]), hecho a la medida de sus ambiciones personales, intentando maximizar sus intereses particulares de dinero y poder absolutos, y buscando obtener impunidad judicial para sus delitos.

Tan sólo hay que buscar las noticias relacionadas con la corrupción, para darse cuenta de que muchos dirigentes del movimiento secesionista tienen intereses particulares, que les llevan a intentar gestionar las decisiones judiciales en Cataluña ([11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]).

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Por qué no soy monárquico, tampoco demócrata y, menos aún, republicano

Escrito por Eladio García en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Por qué no soy monárquico, tampoco demócrata y, menos aún, republicano

Estos días anda la ciudadanía a vueltas con el asunto de la monarquía y la república. El rey de España ha abdicado, y sus detractores aprovechan para pedir la cabeza de su heredero. Yo no me postulo a favor de ninguno de esos dos sistemas. Algunos me han dicho que esto es una imposibilidad ontológica. Si no defiendes la república –me dicen- tienes que creer en la monarquía, no existen grises. Pues bien, como esto es falso, voy a intentar explicar en un pequeño artículo cuál es en realidad mi postura.

La razón de que no sea monárquico es bien sencilla. Es la misma que me lleva a renegar de la democracia. Y también es la que hace que me aparte del discurso alambicado que excretan los republicanos cada vez que hablan para una audiencia. Yo solo creo en una verdad absoluta: la libertad individual, el respeto a las decisiones del individuo. Esta égida formidable es incompatible con cualquier sistema de gobierno que asuma la necesidad de disponer de una mayoría del electorado para determinar la forma de la sociedad.

El conservadurismo y la monarquía alientan la idea de que las leyes son mejores en tanto en cuanto lleven más tiempo existiendo en el mundo, y se atengan a las tradiciones y las convenciones sociales. Pero esto no es un pensamiento racional digno de ser resaltado. Existen ideas buenas y malas, que han perdurado más o menos tiempo. En consecuencia, no tiene sentido alegar el tiempo para justificar las bondades de un gobierno monárquico, toda vez que la mayoría de las veces la putrefacción del gobierno solo es una cuestión de tiempo.

Sin embargo, muchos de los que rechazan la monarquía, también dan por hecho que la única vía de escape que nos alejaría de ese sistema arcaico es la república democrática. Pues bien, también aquí niego la mayor. Yo tampoco soy demócrata, ni republicano. Igual que no creo que las tradiciones deban gobernar nuestras vidas, tampoco creo que lo deba hacer la mayoría ciudadana. Insisto, yo defiendo la libertad individual, defiendo la capacidad individual del ser humano, defiendo la libertad con letras mayúsculas. Y una democracia corrompe completamente este marco de libertad. La esencia de la democracia, díganselo a Platón, es la tiranía de la mayoría, la disolución de las minorías en el ácido corrosivo del colectivo, y la merma absoluta de los valores que hacen al individuo tal y como es. Yo defiendo el derecho a que las minorías sean libres y no estén atadas y coaccionadas por las mayorías. Sobre todo defiendo a esa minoría que es la más esencial de todas: el individuo. Los demócratas, y sus hermanos mayores, los democraticistas modernos, solo conciben la vida si existe una cantidad dada de personas que continuamente está convocando referéndums y tomando decisiones en el lugar de otros. Esta obsesión por el referéndum es una enfermedad psicológica grave. En realidad es una nueva forma de colectivismo, que a su vez es la esencia del totalitarismo. 

La monarquía puede ser mala o buena. Si es buena, puede ser mejor que la democracia. Si la monarquía implica la defensa absoluta e intergeneracional (hereditaria) de unos derechos y unas leyes correctas, esta institución será superior a aquella que viene determinada por un régimen democrático cortoplacista, que se tambalea cada vez que cambia el gobierno, y que se mueve al ritmo de los pruritos del pueblo, de los votantes, o de los compromisarios del partido. En ese sentido, y solo en ese, se puede decir que la monarquía es un sistema más estable, capaz de representar una unidad y una lealtad a las ideas que tengan como referencia la libertad inquebrantable del individuo. Por supuesto, esta característica positiva está condicionada por el tipo de monarquía. La monarquía no es por definición algo bueno. Con eso y con todo, el sistema monárquico supone una ventaja con respecto a la democracia partidista. No es un sistema veleta, no depende de los aires que expulse el trasero obsceno de la mayoría, henchida de resentimiento y de ignorancias.

No soy monárquico. No creo en los privilegios de una familia. Yo no adoro a las personas. Adoro a las ideas. Ahora bien, dicho lo cual, he de aclarar que tampoco soy antimonárquico, en el sentido de que no defiendo la abolición de la monarquía porque quiera cortar la cabeza a los reyes y establecer una republica democrática. Es más, ante determinadas circunstancias podría llegar a defender la monarquía como mal menor, sobre todo teniendo en cuenta la catadura moral de todos los que se preparan para hacer de la capa del rey un sayo, los democraticistas republicanos, la mayoría de ellos socialistoides incurables y estatistas empedernidos. Repito: yo adoro las ideas, la razón que está detrás del concepto de libertad individual, el derecho a que ninguna masa enfebrecida quiera decirme lo que tengo que hacer, ya sea utilizando flechas y espadas, o por medio del voto electoral.

Lo repetiré por tercera vez: yo no soy monárquico. Ahora bien, esto no me impide ver que la democracia puede ser un sistema mucho peor. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué la democracia puede ser peor que la monarquía, o la monarquía peor que la democracia? Pues por la misma razón que vengo aduciendo todo el rato. La única verdad absoluta es aquella que defiende la libertad del individuo. Si no se defiende de manera absoluta esta libertad, se acaba cayendo en un relativismo ideológico que puede convertir la sociedad en un sistema mejor o peor, según lo quiera el monarca de turno o el populacho que represente la mayoría en ese momento.

El principal problema, y el drama que acucia el desmembramiento y el cainismo de las sociedades de todas las épocas, reside en el hecho de que la gente siempre ha creído de forma ferviente en el Estado y en el político, ya sea éste un representante del pueblo, o haya sido fruto de un golpe de mano dirigido militarmente. Da igual. Todos creen que es imprescindible que exista un gobierno consolidado y robusto, que dictamine las normas que deben seguir todos los ciudadanos de un país. Es por ello que, no bien depuesto un sistema, ya surgen voceros y personajes mesiánicos que arengan al pueblo para sustituir éste por otro equivalente, que ellos piensan que será mucho mejor. Pero, como quiera que no existe un gobierno mejor que otro, porque todos son igual de malos, al final el problema se repite y se agrava, y siempre vuelve a caer otro gobierno y a alzarse uno más. La historia está jalonada de este tipo de sustituciones. El motivo de ello está bastante claro. La gente piensa que el político desempeña un papel imprescindible, que la sociedad debe guiarse desde la democracia socialista, que hace falta intervenir constantemente la economía de los ciudadanos, que es preciso cambiar las cosas, combatir la injusticia. Esta excusa les sirve a los totalitarios para camuflarse y para pasar desapercibidos, para aparentar respeto, y para cubrirse con todo tipo de artificios y mascaras de attrezzo. Todos afirman que son demócratas, que son ellos los que dejan que la gente se exprese en las urnas, y que respetan las votaciones y la voluntad de los demás. Sin embargo, el verdadero respeto no reside en dejar que las personas elijan al próximo déspota y al siguiente gobierno, sino en dejar de decidir por ellos, en dejar de votar a políticos, en dejar de convocar referéndums, en dejar de votar, en dejar hacer. El verdadero voto, el más libre de todos, es el que echamos todos los días cada vez que actuamos y decidimos de manera particular, cada uno de nosotros. Ese voto no es preciso impugnarlo, ni hace falta estimularlo con panfletos y propaganda. Ocurre de forma natural, si no existiesen electores de otro tipo. En cambio, el voto de la mayoría solo busca imponer una determinada idea, que siempre será necesario consensuar en las urnas.

Los que antes se vestían de camaradas y elevaban la voz para gritar consignas nazis o leninistas, ahora salen a la calle para aclamar a la república y a la democracia. Una vez que el comunismo y el totalitarismo han terminado por matar a millones de personas, y se hace casi imposible su defensa, aquellos que en otra época sí los habrían defendido, ahora se visten de demócratas, porque eso les permite seguir apoyando el totalitarismo, a través de la coacción que ejerce la mayoría representativa sobre la minoría, en el parlamento y en las instituciones, sobre los mecanismos de producción. Ahora ya no se agrede sistemáticamente contra la vida, pero sí se utiliza una agresión sistemática e institucionalizada sobre la renta de todos los ciudadanos. Hoy en día el Estado nos roba en impuestos la mitad de lo que ganamos en un año de trabajo, y en cierto modo, también nos está robando la mitad de nuestra vida. Es preciso que detengamos esta sangría, de una vez por todas. Hay que encontrar al genocida. Ahora bien, en un régimen democrático el Estado es un mero reflejo de lo que quiere y vota la mayoría. Por tanto, el asesino no es un sujeto en particular. ¿Quién tiene entonces las manos manchadas de sangre? Existen muchos culpables, todos los que creen en estas socialdemocracias hiperinfladas, y reclaman cada vez más poder popular, más estado, más republica, y más sediciones. 

El Estado benefactor y la revolución que nos falta

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

La profunda crisis que España ha atravesado ha impuesto una serie de tareas urgentes para evitar el naufragio nacional. Se trata de un panorama lo suficientemente acuciante y convulso como para que ahí se agote el esfuerzo de reforma emprendido. Sin embargo, ello dejaría pendiente todo lo importante, es decir, los problemas de fondo que atentan contra el bienestar de los españoles.

Una de las reformas pendientes más decisivas es la del denominado Estado del Bienestar. Sus excesos fueron un elemento determinante de la crisis, pero lo que se debe cambiar es mucho más profundo que lo referente a cuánto se gasta. Se trata de sus formas de organización, que se han hecho cada vez más anacrónicas y lastrado nuestra capacidad de progresar.

El Estado del Bienestar español es una variante de aquel tipo de Estado que se impuso en prácticamente toda Europa Occidental y que llegó a ser considerado como un rasgo distintivo del modelo social europeo. Sus raíces son antiguas. Ya en el siglo XIX surgieron conceptos como el de Estado Social (Sozialstaat) en Alemania y Estado Providencia (État-Providence) en Francia. A mediados del siglo XX se acuñó en Gran Bretaña el concepto de Estado del Bienestar (Welfare State), pero sus formas más acabadas se alcanzaron en los países nórdicos, donde la presencia estatal llegó a niveles sin precedentes en sociedades democráticas. 

Lo característico de todas estas propuestas fue la centralidad del Estado como responsable y gestor del bienestar ciudadano. Para ello se crearon sistemas que fueron un fiel reflejo de las sociedades industriales en que estaban naciendo, con su centralización jerárquica, sus planificaciones tecnocráticas, sus cadenas de mando de arriba abajo, sus productos estandarizados y el papel pasivo del consumidor, que era el eslabón final de una larga cadena de decisiones. En política social, este arquetipo tuvo su réplica en las grandes organizaciones y programas estatales, con soluciones estandarizadas para ciudadanos cada vez más estandarizados. 

El ciudadano fue así convertido en un receptor de servicios modelados desde arriba por las élites políticas y tecnocráticas, sin mayor posibilidad de elegir alternativas a no ser que dispusiese de un poder adquisitivo relativamente fuerte. La libertad de elección y la diversidad fueron de esta manera transformándose en el privilegio de las clases más acomodadas de la sociedad.

Este modelo estatista, jerárquico y homogeneizador fue relativamente eficiente en su momento y alcanzó algunos logros importantes. Pero hoy ya no es así. Desde los años 70 del siglo pasado venimos experimentando una verdadera revolución de los modelos organizativos que asocia la eficiencia a la flexibilidad, la descentralización, la diversificación, las estructuras menos jerárquicas y, sobre todo, la capacidad de dar protagonismo al consumidor. La orientación hacia productos y soluciones estándar pertenece hoy al pasado, tal como lo hacen las grandes jerarquías piramidales y las planificaciones centralistas.

Esta revolución organizativa se impuso en el paisaje empresarial global por una simple razón: las firmas que no se renuevan pierden eficiencia y capacidad competitiva frente a aquellas reformadas o nacidas dentro del nuevo paradigma organizativo. En el sector público, sin embargo, las cosas han sido muy diferentes. Al tratarse de un sector no sometido a la presión de la competencia ni dependiente de la libre elección de sus usuarios, ha podido mantener modelos organizativos cada vez más anacrónicos. Mientras la regulación les asegure su posición monopólica respecto de sus consumidores cautivos, los entes públicos pueden continuar existiendo sin inquietarse por su eficiencia o la calidad de sus productos. El impacto negativo de sus ineficiencias puede por ello acumularse durante largo tiempo, hasta que, tal como en Suecia a comienzos de los años 90 o en España hoy, una profunda crisis obliga a repensarlo todo.

El anacronismo mencionado se hace especialmente crítico cuando afecta a sectores tan vitales para el conjunto del desarrollo social como el de la educación. El caso de las universidades españolas, enfermas de endogamia y amiguismo, es patente. Brillan por su ausencia entre las mejores del mundo y por el blindaje de su casta docente-funcionarial frente a toda competencia que amenace su buen pasar. También lo es el de la educación primaria y secundaria, con profesores que están entre los mejor pagados del mundo –y entre los que menos trabajan–, pero con resultados lamentables.

Hoy no es posible el progreso de organizaciones o sociedades que encapsulan a sus integrantes en un medioambiente protegido de la presión transformadora del desarrollo a escala global. Lamentablemente, el sector público español es sinónimo de ese encapsulamiento contraproducente, y su casta funcionarial parece estar dispuesta a defenderlo a muerte.

En suma, prescindiendo de los problemas relacionados con el tamaño, el gasto excesivo y las promesas ilusorias, el Estado del Bienestar, tal como lo hemos conocido en España, adolece de graves problemas de estructura que se van agudizando al progresar la globalización y la revolución organizacional propia de la era de la información.

Por ello urge su reforma, cambiar la relación entre el Estado y la sociedad civil en que se funda. El Estado-patrón, que desde arriba pretendía hacerse cargo del bienestar ciudadano, debe dejar paso a un Estado diferente, que apoye el libre accionar de los ciudadanos sin pretender imponerles preferencias o formas de vida que no han elegido. Para eso nos hacen falta la libertad de elección y empresa en los servicios públicos, y lo que nos sobran son los funcionarios y muchos políticos.

bibliotecademauriciorojas.wordpress.com

¿Son los peores los políticos que llegan arriba?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En su clásico Camino de Servidumbre, Hayek dedica un capítulo a explicar por qué son los peores los que llegan arriba en las organizaciones burocráticas o estatales. Para Hayek, la observación empírica del tipo de dictadores que han encontrado normalmente los regímenes totalitarios (¿por qué nunca sale un dictador bueno?), tiene una razón causal, que hace imposible que progresen hacia tan alto nivel individuos "buenos". Para Hayek lo que ocurre es que la persona afectada tiene que resolver un conflicto entre moralidad y éxito, por lo que solo alguien que esté dispuesto a sacrificar la primera puede conseguir el segundo.

Estamos en estos momentos viviendo las intrigas palaciegas para hacerse con la cúpula de uno de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios en nuestro país. Para comprender dicho proceso, es imprescindible, a mi entender, el magnífico artículo descriptivo que el periodista Jesús Cacho publicó hace unas semanas en VozPopuli.

Con independencia de los personajes involucrados y las técnicas utilizadas, lo que me interesa es la observación de las habilidades que ha de dominar un político para triunfar en España. Y, como se puede deducir de la narrativa del periodista, ninguna de ellas tiene absolutamente nada que ver con la satisfacción de las necesidades de esos individuos por los que teóricamente trabajan los políticos.

Así, observamos políticos que controlan perfectamente el funcionamiento del aparato; que saben posicionarse ante determinados temas de opinión pública para no quemarse; que dominan los tiempos; que manejan con enorme soltura los resultados de las encuestas internas; que saben buscar protector en el partido cuando les abandona el actual; que aplican los resortes adecuados para manipular las redes sociales…

Todas ellas, habilidades completamente inútiles para servir a los ciudadanos que les votan. Pero imprescindibles si han de llegar a algo dentro de su partido. ¿Por qué ocurre esto?

Es muy sencillo y muy general. Todos tratamos de prosperar y de mejorar nuestra situación. Eso lo hacemos mejorando el desempeño en nuestra actividad diaria, tratando de complacer mejor a nuestros jefes, que en el fondo son nuestros clientes. Innovamos, somos más eficientes, adquirimos experiencia… pensando en cómo hacer que nuestro jefe nos valore más. Incluso, si vemos que nuestro jefe, nuestro intermediario con el cliente, hace mal cosas que se podrían hacer mejor, puede que nos planteemos saltárnoslo y hacer las cosas a nuestra manera en nuestra propia empresa.

Esa es la esencia de la mejora en la sociedad humana regida por el libre mercado: el premio al que mejor sirve a los congéneres.

Los políticos no son una excepción a la norma. El tipo que se meta en política tratará de innovar, ser más eficiente, adquirir experiencia… en el tipo de actividades que haga que su jefe le valore más. Sin embargo, en los partidos políticos y en España, la cadena de satisfacciones no llega al cliente final, al ciudadano, por razones que no son objeto de este artículo.

Por tanto, si bien los políticos se esmeran tanto en sus quehaceres como pueda hacerlo cualquier individuo en su trabajo, lo cierto es que las habilidades cuyo desarrollo les parece requerido, no son ciertamente aquellas deseables para la sociedad, y posiblemente sean perniciosas para ella. El político eficiente no consigue su premio por servir mejor (directa o indirectamente) a sus congéneres.

Y aquí enlazamos con lo que decía Hayek sobre los "peores". No es que lleguen al poder por ser los peores: si fuera así, llegarían los peores al poder en todos los ámbitos de la vida, no solo en política. Es que el sistema (totalitario) hace que, si no eres el "peor" no puedas triunfar.

Lo mismo parece ocurrir con los partidos políticos en España. No es que los políticos sean personas negligentes, descuidadas o corruptas: es que, para triunfar, han de dominar habilidades que nada tienen que ver con lo que cabría esperar de un Gobierno decente. Básicamente, habilidades de imagen, de intriga, de posicionamiento interno y por el estilo.

Si el sistema democrático español exigiera de sus políticos otro tipo de habilidades, serían otros los políticos que ahora mismo están en el poder, o peleando por él. 

La conclusión es obvia: para solucionar los problemas políticos que aquejan a España, no basta con cambiar los políticos. Es necesario cambiar el sistema que premia a ese perfil de político.

Ciudadanos con Valores frente a la “Nuda Vida”

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En anteriores artículos, hemos analizado la ley de hierro de las oligarquías [1], la existencia de oligarquías "extractivas" [2] y "destructivas" [3], junto con una nueva teoría de la evolución institucional [4] que requiere de líderes "inclusivos" [5].

Observamos también la importancia de que se produzcan tres procesos institucionales imprescindibles para el avance y la conquista de una sociedad civilizada o abierta: la recuperación del ethos colectivo [6], la regeneración de la democracia [7] y, especialmente, la reducción del Estado-Administración [8], al haber involucionado hacia un Estado Minotauro [9].

Sin embargo, hoy veremos cómo los ciudadanos no pueden permanecer de brazos cruzados y deben ser proactivos para impulsar los cambios éticos, jurídicos y políticos que permiten evolucionar las instituciones. 

1. Instituciones morales frente a la oligarquía

Los ciudadanos deben interiorizar las instituciones morales que son responsables de la sociedad abierta o civilizada como, inter alia, el respeto por los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la Ley, o el respeto por la familia, el lenguaje, los contratos, el comercio, la empresa, el dinero, la banca… porque son las instituciones propias de la acción humana ejercida en libertad en el orden espontáneo, extenso, complejo y abierto que constituye el orden de mercado y que, por tanto, deben ejercerse libremente, con nula coacción por parte del orden político u oligárquico.

Se requieren ciudadanos con valores frente a la "nuda vida" de la sociedad oligarquizada entorno a un Estado Minotauro que, hipertrofiado, sirve para la apropiación violenta de los derechos individuales, la exacción de fruto del trabajo de la población y la re-distribución de la riqueza entre las oligarquías "extractivas" y "destructivas" y sus redes clientelares.

Resulta bastante obvio comprobar como las oligarquías prefieren ciudadanos sin valores y sin ideas propias, perdidos en una vida vacía espiritual y cognitivamente y, por tanto, manejables y dependientes de las consignas ideológicas, siguiendo el rumbo que marquen los políticos y los medios de comunicación que les sirven de altavoz.

El proceso de oligarquización de la sociedad se produce cuando la política invade todos los ámbitos y rincones de la vida (nacimiento, familia, educación, sanidad, vivienda, jubilación…) desde la cuna y hasta la tumba, vampirizando los derechos individuales mediante las diversas ideologías cientistas y las pseudo-ideologías que reeditan las fórmulas intervencionistas del pasado y que pueden identificarse siempre por tres instrumentos cientistas:

a) La destrucción de los valores "inclusivos" (fijos e individuales) como la vida, la libertad y las propiedades privadas de los ciudadanos, en favor de los valores "extractivos" (relativos y "sociales") que imponen las políticas de educación en ideología de género, eutanasia, eugenesia, ecologismo…

b) La imposición de la religión secular de culto al Estado como solución milagrosa que proporcionaría el paraíso en la Tierra y, por tanto, las imposturas de la ciencia y la técnica "oficiales" que sirven de soporte a las medidas políticas y jurídicas de intervención sobre los ciudadanos a los que se les considera sujetos de la ingeniería social de la clase dirigente.

c) El crecimiento constante del tamaño del Estado por medio de las soluciones estatistas que, como bálsamo de fierabrás, se aplican a todos los problemas de la sociedad.

El proceso de oligarquización impone diferentes fórmulas de religión secular, que sirven siempre a los intereses de las supuestas élites extractivas y destructivas y requieren ciudadanos-sin-valores para mantenerse en el poder, sujetos pasivos ante las políticas intervencionistas, personas maleables por los medios de comunicación, trabajadores orientados hacia el rendimiento y la productividad máxima pero, sin embargo, privados de derechos individuales y de capacidad de pensar críticamente al objeto de extraer (robar) el fruto de su trabajo, mediante impuestos y endeudamientos siempre crecientes.

El proceso de oligarquización trata de dirigir la sociedad civil como un laboratorio cientista legislando y experimentando las políticas de ingeniería social sobre el resto de la población; que se encuentra inmersa en la "carrera del hámster", dentro de una jaula de hierro estatista donde la vida está estabulada y el raciocinio es mínimo, y en movimiento en una rueda infinita donde el fruto del trabajo es captado por la casta política —impuestos, endeudamiento y dinero fiduciario— a cambio de un mínimo sustento y del subsidio del Estado-Administración.

De un modo más taimado, suave y sibilino, el consenso socialdemócrata es también empleado por las oligarquías "extractivas" y "destructivas" para seguir defendiendo (o accediendo a) los privilegios y los propios intereses bajo excusas como el "interés general" o el "bien común". Se pueden identificar porque se caracterizan por el aumento del intervencionismo, el crecimiento del tamaño del Estado, y el sometimiento de los ciudadanos al totalitarismo democrático en el que los hombres de "nuda vida", despojados de derechos individuales y de criterio propio, son explotados y dominados por el orden político y, sin embargo, creen ser libres, como señalaba Alexis de Tocqueville.

2. Valores morales frente a la religión secular

Sin embargo, merece la pena destacar el libro El Mito del Hombre Nuevo (2009) del catedrático Dalmacio Negro, puesto que explica los "cientismos" creados entorno al mito del hombre "nuevo" que, durante los siglos XIX y XX, han dado lugar a múltiples movimientos y religiones de la política. Finaliza con una gran reflexión sobre el resultado obtenido por los "cientismos": 

La Gran Revolución [francesa] confiaba en el hombre moralizado por el poder racional del Estado-Nación (…) Que se sepa, a pesar de los esfuerzos de los siglos XIX y XX por crear el hombre nuevo, en puridad, hasta ahora sólo se conocen —aparte del último hombre de Nietzsche—, el hombre masa de Ortega, el hombre elemental de Gómez Dávila, el hombre sin atributos de Musil, el hombre hueco de Eliot, el hombre sin contenido de Agamben, el hombre animalizado de Skinner, el hombre sin retorno de Sloterdijk, el hombre aborregado u hombre oveja de quienes describen el conformismo de las politizadas sociedades democráticas, o figuras parecidas. Formas de hombre sin otro horizonte que el fracaso de la individualidad personal.  

Atrapados en el Estado-Iglesia de la religión secular, viven vagabundos conscientes de la inutilidad de mirar al pasado, al futuro o al más allá, limitándose a beneficiarse del presente que se les da, puesto que no tienen otra posibilidad ni la esperan. Malraux hablaba de «la muerte del hombre» (…) El auge de la religión secular, consecuencia de la divinización del conocimiento, amenaza con dividir la cultura de las sociedades en dos partes incompatibles aunque estén mezcladas: aquella en la que siguen vigentes las pautas que se atienen a la religión tradicional, y la adepta a las de la religión del hombre nuevo.

(Negro, 2011), p. 418.

Como consecuencia de ello, la única esperanza de evitar nuevos experimentos cientistas radica en la férrea oposición de la mayoría de los ciudadanos y, si acaso existen, de los líderes inclusivos, promoviendo la libertad en el orden de mercado hacia una sociedad abierta o civilizada, y oponiéndose con contundencia a los procesos de involución institucional del orden político u oligárquico que "guían" hacia una sociedad cerrada, tribal o colectivista.

Los ciudadanos deben hacer frente a los intelectuales y dirigentes políticos intervencionistas, que viven obsesionados con la búsqueda del "paraíso en la tierra" por medio del "cientismo" o cientifismo constructivista, las utopías y los experimentos de ingeniería social, intentando imponer una nueva moral y"guiando" al resto de la población hacia: las ideologías colectivistas (fascismo, nacional-socialismo, comunismo, socialismo, socialdemocracia…), las bio-ideologías (eugenesia, eutanasia, ecologismo, feminismo del género, humanitarismo, animalismo…), o las pseudo-ideologías (laicismo radical, gnosis, New Age…).

Por ello, la única opción de regenerar la democracia pasa, primero de todo, por una evolución institucional previa de los ciudadanos hacia los patrones de comportamiento, valores o instituciones morales de una sociedad civilizada o abierta frente al relativismo moral, la corrección política, el consenso socialdemócrata y las utopías que intentan imponer las oligarquías extractivas y destructivas para seguir medrando del presupuesto público.

Los ciudadanos que promueven las instituciones morales fijas y absolutas frente a la «nuda vida» (sin derechos ni valores más allá del plano físico), son los únicos que pueden impulsar las reformas escalonadas o hayekianas que necesita la Constitución y las leyes para garantizar los derechos individuales (vida, propiedad y libertad), la separación de poderes, la independencia judicial, el cumplimiento de la Ley o una organización territorial racional en España.

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