Elecciones al supermercado del barrio
Si la democrática no es forma de elegir al gerente de un simple supermercado, mucho menos lo será para servicios como los gestionados por el Estado.
Si la democrática no es forma de elegir al gerente de un simple supermercado, mucho menos lo será para servicios como los gestionados por el Estado.
Dentro de pocos días España vivirá lo que los cursis del ámbito político y los medios de comunicación llaman “la gran fiesta de la democracia”. Dicho de otro modo, van a celebrarse elecciones (en este caso, municipales en todo el país y autonómicas en la mayor parte de las regiones). Y, una vez más, sufrimos serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa según se acerca “la cita con las urnas”.
Da igual que se elija a los miembros de las Cortes Generales, del Parlamento Europeo, de los legislativos autonómicos o de los innumerables ayuntamientos existentes en el país (o incluso de los cabildos insulares allá donde existen). Cada vez que se entra en campaña electoral, se restringe de forma muy seria la capacidad que tienen los medios de comunicación para elegir los contenidos que quieren ofrecer a su público. Todo ello gracias a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Como ya explicamos en este mismo espacio hace ahora poco más de tres años, desde 2011 la norma impone a televisiones públicas y privadas una supuesta “neutralidad” informativa en aras del “pluralismo político y social” (artículo 66). Con tan bonitas palabras se establecen cuotas de tiempo de información sobre la campaña de cada formación según los resultados obtenidos en los anteriores comicios de igual tipo. Es más, tiene que haber incluso una “proporcionalidad” en el tiempo dedicado a entrevistas de los candidatos de los partidos. En casos como los de Ciudadanos o Podemos, organizaciones a las que la Junta Electoral Central otorga “relevancia social”, se les concede también una cobertura obligatoria que no reciben otras candidaturas sin representación previa.
Todo lo anterior es un atentado contra el derecho de las televisiones a tener una línea editorial o elegir a quién se quiere entrevistar. Imaginemos que uno de los grandes partidos rechazara que sus candidatos fueran entrevistados por una de esas cadenas. En un cumplimiento estricto de la norma, esa emisora no podría entrevistar a ningún otro si no quiere violar la “neutralidad” que le impone la ley.
Por fortuna, la aplicación de la norma sólo se le está exigiendo (o al menos de forma explícita) a las televisiones públicas. Por el momento, las cadenas privadas parece que no están siendo restringidas con ese corsé legislativo. Aunque en principio esto último resulta positivo, no lo es tanto. Es una espada de Damocles que pende sobre los responsables de esos medios de comunicación. En cualquier momento, de forma arbitraria, un partido puede pedir acciones contra una de esas emisoras con la excusa de que no concede el tiempo adecuado a los Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Artur Mas, Rosa Díez, Albert Rivera o Pablo Iglesias de turno, o a cualquiera de sus subordinados.
Los políticos han decidido que las televisiones tienen que ver restringida su libertad en mayor medida que otros medios, como las radios o los periódicos. O, tal vez, creen que los ciudadanos son demasiado estúpidos para darse cuenta del partidismo de una cadena u otra. El intervencionista suele creerse siempre más inteligente que el resto de los mortales, aunque muchas veces sea bastante más torpe que sus compatriotas.
Hay otro punto donde se restringe la libertad de información en un grado extremo. El artículo 69 de la ya citada ley electoral regula hasta el más mínimo detalle la publicación de encuestas electorales durante los días de la campaña electoral. Muchas de las obligaciones que impone son de por sí una restricción a la libertad a la hora de informar, pero hay una disposición que supera en este aspecto a todas las demás. El punto 7 del citado artículo establece:
Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación.
Esta prohibición, que atenta de forma radical contra la libertad de información supuestamente defendida en el artículo 20 de la Constitución, demuestra el poco respeto de los políticos por los ciudadanos. La proscripción se basa en la idea de que la publicación de los sondeos durante los últimos días puede afectar a la decisión de a quién votar o incluso a la de si acudir a hacerlo o no. Desde el poder estatal se decide, por tanto, qué criterios son legítimos y cuáles no a la hora de que una persona tome su decisión.
De igual manera que los sondeos de última hora pueden afectar a la decisión sobre el voto, también puede hacerlo el aspecto físico de un candidato. Pero nadie prohibiría que se difundan las fotos o salgan por televisión quienes se presentan a los comicios. Mil cosas más pueden influir en una persona a la hora de decidir a quién apoyará en las urnas, pero el poder político ha decidido que es una cosa muy concreta la que se prohíbe.
Eso sí, mientras se recorta la libertad de los medios para informar y el derecho ciudadano a recibir información sobre encuestas, los partidos no se ven sometidos a similares restricciones. Las formaciones políticas sí pueden encargar sondeos que les son muy útiles a la hora de diseñar la estrategia de final de campaña (por ejemplo, centrando las críticas en un partido que se ve que le va a restar votantes). Por supuesto, esto juega a favor de las grandes organizaciones ya consolidadas, que son las que tienen dinero para encargar esos trabajos demoscópicos.
Como decíamos al principio de este texto, políticos y periodistas suelen caer en la cursilería de llamar a las elecciones “la gran fiesta de la democracia”. Sin embargo, cuando se acerca dicho momento uno de los pilares de cualquier sistema democrático, la libertad de expresión (en especial en lo referido a la libertad de información), se ve directamente atacado desde la legislación. Los grandes partidos han demostrado que no quieren cambiar la situación, y los denominados “emergentes” tampoco han dado muestras de querer cambiar las cosas.
La libertad sigue siendo molesta para quién tiene el poder. Y también para aquél que aspira a alcanzarlo y cree que tiene posibilidades de lograrlo.
En el mensaje del Papa Francisco I a la “VII Cumbre de las Américas” volvía a defender las ideas comunes del populismo.
El profesor Bastos en su la teoría del Estado examina la dinámica interna (state building) y externa (territorio) del Estado.
Los podemitas le cuentan a la gente que para contrarrestar el poder de ciertas élites (empresarios, clero, etc.) es necesario usar el “anillo de Sauron” sin ningún reparo para derrotar al mal.
“El error más elemental de la filosofía política es (…) que no puede existir ley y orden a menos que haya un Estado, una banda de ladrones y asesinos sin escrúpulos…” (R. Higgs, premio Juan de Mariana 2015).
“El modo en que las élites manipulan la ideología dominante puede determinar en gran parte el resultado del proceso político”, Robert Higgs.
¿Por qué lo llaman debate sobre el estado de la Nación cuando solo se habla del Estado? Lo ignoro, pero un año más la opinión publicada dedica ríos de tinta -o de bits, que ya estamos en el siglo XXI- en analizar la previa, retransmitir en directo -pobres redactores que tienen que escuchar a los políticos en vivo y picar sus citas en tiempo real- o escudriñar el resultado con todas sus claves, curiosidades y ganadores. Se vive estupendamente al calorcito de la declaración de político y dos días de monólogos en el Congreso de los diputados dan para llenar muchas tertulias. El trabajo del tertuliano es uno de los más duros que se conocen, por la mañana hay que ejercer de politólogo, por la tarde experto en moda que analiza las bufandas de Varoufakis y al siguiente de sismólogo. Y todos los días aderezarlo con comentarios sobre economía, aunque uno confunda deuda y déficit.
Pero dejemos a los periodistas y volvamos a los políticos. Para entender estos debates hay que tener en cuenta que todos los que se suben al púlpito sufragado con los impuestos de los contribuyentes quieren ser Mariano Rajoy. No asistimos a un debate sobre la Nación sino un escaparate más en el que el político se pavonea con la mirada puesta en las próximas elecciones para conseguir nuestro voto y así poder seguir exprimiendo al contribuyente, siempre por su bien. La mente del político es cortoplacista, infantil, su horizonte temporal es de cuatro años. Como mucho. Todo cuanto hacen y dicen tiene como objetivo conseguir, urnas mediante, el poder sobre nuestras vidas que otorga el BOE. Las ideologías, programas, medidas, subvenciones, imputados o pactos son lo de menos, lo importante es apuntalar ese estilo de vida parasitario a costa de los contribuyentes.
Habrán notado que este año el debate sobre el estado del politicastrerío ha subido de tono. No es para menos, el pastel no es más grande pero cada vez son más los aspirantes a quedarse con una tajada. Hemos visto a un Rajoy que, aupado sobre los hombros de un "ciclo expansivo", salió a por todas contra un PSOE que parece dar por amortizado. Tal vez, con la esperanza de que ese voto repartido entre UPyD, Ciudadanos y Podemos le permita -sistema electoral mediante- seguir disponiendo del BOE cuatro años más. Su base electoral parece más sólida y les ha robado el carrito de los helados asumiendo algunas de sus propuestas como la ley de segunda oportunidad. Desde luego, si yo fuera socialdemócrata -si creyera en la ficción estatal- votaría a Rajoy. Para repartir el botín del Estado primero hay que hacerlo viable. El PSOE ya lo ha arruinado en varias ocasiones, la experiencia de los asesores de Venezuela de Podemos no es halagüeña y los debutantes de colores -magenta y naranja- no tienen ninguna hoja de servicios que les avale (para lo bueno y para lo malo). La corrupción nunca es determinante en las elecciones, los votantes la entienden como un peaje merecido que se lleva el politicastrerío por redistribuir las rentas, ¡qué menos que un tres por ciento por semejante labor social!
Una vez que se cae en la trampa democrática, los votos se compran a través de beneficios otorgados por la política con el dinero de los contribuyentes y todos los políticos se disputan el puesto al mejor socialdemócrata, al mejor y más eficaz redistribuidor de rentas. Por eso, apenas hay diferencias entre los grandes partidos y por eso llegados al poder todos terminan haciendo, más o menos, la misma política. De espaldas al contribuyente y de cara al receptor de rentas, pagamos impuestos pensando que son otros los que nos financian con sus impuestos los servicios estatales que disfrutamos "gratuitamente". Gracias a esta ficción nos embobamos con el debate sobre el estado del politicastrerío. Solo prosperaremos cuando dejemos de prestarles atención y nos centremos en lo importante, en nuestras propias vidas sin preocuparnos por lo que hace el vecino en su jardín. ¿Acaso es otra cosa el liberalismo?
En disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, cuesta encontrar emprendedores. Las razones son variadas. Que no exista un público susceptible de demandar el producto final suena a excusa fácil. En otras ocasiones, porque el libro, cinta cinematográfica u obra teatral, puede resultar incómoda políticamente hablando, lo que limita significativamente su difusión.
Rechazando de forma deliberada las dos justificaciones anteriores, el periodista catalán Sergio Fidalgo se ha lanzado a publicar un libro con un título contundente: Me gusta Catalunya. Me gusta España. Además, lo ha hecho pagando la edición de su propio bolsillo. Loable iniciativa tanto por la brillantez del resultado como por el contenido de la obra, en la cual parte de una premisa innegociable: Cataluña y España son conceptos complementarios, nunca antagónicos o excluyentes.
Asimismo, los motivos por los que merece destacarse este trabajo tienen que ver con su desenvoltura. En efecto, Fidalgo es valiente y da voz, a través de la técnica de la entrevista, a personalidades importantes que no están por la secesión obligatoria. Al respecto, periodistas, académicos, políticos y profesionales liberales desfilan a lo largo de casi 400 páginas. Todo ellos apuestan por una España con Cataluña y desmontan las trampas con las que el nacionalismo catalán ha conquistado numerosos corazones.
Por este motivo, una buena labor de patriotismo sería fomentar la presentación de esta obra en aquellas comunidades autónomas para las que la unidad de España es un hecho incuestionable. En este sentido, uno de los puntos en que coinciden los entrevistados por Fidalgo radica en la necesidad de lograr apoyo moral del resto de españoles porque la acometida separatista supone el reto más importante en el corto plazo. Dicho con otras palabras: las intenciones nacionalistas se verán fortalecidas si el resto de la Nación opta por el hastío o el hartazgo.
Así, la Asamblea Nacional de Cataluña o el Omnuim Cultural parecen haber perdido el frente internacional. Aún con ello, su discurso no ha variado un ápice, si bien el principal aliento procede desde las filas de los equidistantes o de quienes por acomplejamiento han legitimado el victimismo del nacionalismo catalán.
Igualmente, mientras el proselitismo oficialista abanderado por CIU y ERC (propagado a través de entidades públicas y privadas que manejan ingentes cantidades dinero) apuesta por la división y la fractura, el proyecto de Fidalgo persigue sumar y respetar. Para ello, emplea el lenguaje como arma para facilitar la convivencia: ni lo adultera ni lo pervierte. De esta tesis es buen ejemplo el título, en el que aparece la palabra España, bien proscrita en Cataluña, bien suplida por vocablos abstractos ("Estado español"), bien empleada sólo como sujeto de la oración (mantra) "España nos roba".
Por tanto, pude afirmarse que el camino iniciado por Sociedad Civil Catalana tiene su continuación con este libro. Aquélla viene realizando una labor ímproba y en los próximos días será premiada por el Parlamento Europeo. Su eslogan "juntos y mejor" simboliza los anhelos de la Cataluña real. Se trata de una estrategia constante, sin bandazos y sin caer en el fácil recurso de sacar conejos de la chistera.
En esto último se ha convertido en un especialista Artur Mas; su penúltimo truco ha sido la convocatoria de elecciones para el 27 de septiembre, las terceras en cinco años, todo un récord en la España autonómica. La obligatoria pregunta es ¿qué sucederá si no logra una "mayoría excepcional" en dichos comicios? La dinámica de los últimos tiempos incita pensar que se producirá nueva llamada a las urnas. ¿Haría algo parecido si la respuesta fuese NO en un hipotético referendo independentista?
En definitiva, a través de la obra de Sergio Fidalgo hallamos una excelente radiografía de lo que ocurre en Cataluña. Asimismo, este trabajo ilustra a las claras que la valentía es el mejor instrumento para defender y garantizar la libertad. Tomemos nota.
El catedrático Carlos Rodríguez Braun ha comentado dos errores económicos que observa en una carta del Papa Francisco I al director general de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación), debido a que parece mostrar una incomprensión sobre el funcionamiento de los sistemas de producción y de consumo en las sociedades abiertas y sobre el mecanismo de formación de los precios en el orden de mercado, que son alterados por la intervención del orden político.
Existen estudios académicos, como el Doing Business y el Index of Economic Freedom que, anualmente, analizan y demuestran la relación directa entre el crecimiento sociocultural y económico que alcanzan los países y la evolución de su marco institucional hacia altos niveles de libertad empresarial, comercial y fiscal, la disminución del tamaño y las competencias del Estado, la calidad del dinero, la captación de inversiones y financiación, la flexibilización del mercado laboral, la protección de los derechos de propiedad y, también, los bajos niveles de corrupción política.
Por dicho motivo, sorprenden los discursos populistas del Papa Francisco I porque caen con excesiva reiteración en errores intelectuales al tratar los asuntos económicos y al intentar explicar el orden de mercado y el comercio internacional entre sociedades abiertas, que es el único instrumento terrenal que permite erradicar la pobreza.
Quizás el Papa Francisco I trata de denunciar el socialismo de mercado o el capitalismo de Estado que se distinguen por el intervencionismo político, que merma los procesos de creatividad y coordinación empresarial y, por tanto, impide un mayor crecimiento sociocultural y económico en los países, tal y como muestran los mapas de la libertad económica.
Por ello, sería muy recomendable que ajustase bien sus discursos y se dejase asesorar por intelectuales de la talla de Juan Velarde, Pedro Schwartz, Carlos Rodríguez Braun, Jesús Huerta de Soto… para intentar realizar una aproximación más académica a la eficiencia dinámica en economía; evitando manifestaciones públicas populistas, que sólo favorecen el apuntalamiento de los líderes políticos intervencionistas y el impulso de los movimientos revolucionarios en los países que afrontan crisis económicas y financieras.
Siempre es preferible que los líderes religiosos cristianos concentren sus esfuerzos en el fortalecimiento espiritual del cristianismo con la práctica de la eucaristía, la comunión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y los valores morales tradicionales, fijos y absolutos, que transcienden el hecho religioso porque constituyen las instituciones morales de la sociedad civilizada como el respeto por los derechos individuales a la vida, la familia, la libertad, la propiedad, la igualdad de trato ante la ley, la función empresarial, el dinero de calidad, el comercio internacional…
El premio Nobel de 1974, Friedrich A. Hayek, señalaba en su obra La fatal Arrogancia, Los errores del socialismo (2010) [1997] que el cristianismo era guardián de la tradición porque permitía que arraigasen instituciones morales o patrones de comportamiento adquirido que generaban (y eran generados) por la sociedad civilizada.
Su maestro, Ludwig von Mises, argumentaba en la obra Teoría e Historia: una interpretación de la evolución social y económica (2003) [1957] que:
Nada hay en ninguna doctrina moral ni en las enseñanzas de ninguno de los credos que se basan en los Diez mandamientos que pueda justificar la condena de un sistema económico que ha multiplicado la población y que proporciona a las masas de los países capitalistas el más alto nivel de vida jamás alcanzado en la historia. Desde el punto de vista religioso la disminución del índice de mortalidad infantil, la prolongación de la vida, el éxito en la lucha contra plagas y enfermedades, la desaparición del hambre, del analfabetismo y de la superstición hablan en favor del capitalismo. Está bien que las iglesias deploren la pobreza de las masas en los países atrasados. Pero están muy equivocadas cuando dan por sentado que cualquier sistema puede terminar con la pobreza de estas infortunadas gentes … muchos de ellos creen que la ignorancia de la economía no constituye obstáculo para ocuparse de cuestiones económicas. (Mises, 2003: p. 347).
Ambos economistas austriacos, tanto Ludwig von Mises [1] como Friedrich A. Hayek [2], señalaban que es importante cuidar el lenguaje y los mensajes implícitos en el uso del mismo por las consecuencias no queridas que tienen las ideas erróneas, cuando arraigan entre la población y las autoridades y, por tanto, cuando determinan el devenir político y económico de los países hacia el socialismo y el intervencionismo que generan la pobreza y el hambre y, en muchos casos, los encarcelamientos y las muertes de cientos de miles de ciudadanos.