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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Podemos agravaría la corrupción

"El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente".

Lord Acton.

La clase política española destila una corrupción repulsiva e insoportable. En ocasiones no nos damos cuenta, por la costumbre, de la cantidad de tiempo que ocupan en los medios de comunicación los distintos casos de corrupción. Forman parte integral de nuestras conversaciones, de nuestra actividad en redes sociales y hasta de nuestro sentido del humor. La corrupción no tiene colores. Se da tanto en Madrid como en Andalucía, en Cataluña como en la Zarzuela. El reciente caso de las tarjetas ‘black’ de la antigua Caja Madrid, rescatada con cargo al contribuyente, es un buen ejemplo de que a la hora de pillar nadie se acuerda de su color político. Igual daba que fueran populares que socialistas, comunistas que sindicalistas. Si tenían poder, tenían su tarjeta ‘black’.

La gente, con toda la razón del mundo, se siente estafada. La corrupción no es cosa de hoy, viene de antiguo. Pero en los tiempos que corren, al español que lleva años sufriendo la dureza de la crisis, empobreciéndose y sin poder trabajar, la corrupción le duele todavía más. Que una cosa es que te saqueen y otra que se rían en tu cara. Es en este caldo de cultivo en el emerge Podemos, el movimiento político encabezado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. El clásico populismo revolucionario de corte latinoamericano, pero adaptado a la situación española. No en vano, sus principales dirigentes llevan muchos años curtiéndose en el populismo profesional como asesores del régimen venezolano de Chávez y Maduro. Uno de los puntos centrales de su programa y su discurso, que ha logrado esa magnética atracción de una buena parte del electorado, es precisamente la promesa de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cabe preguntarse si un gobierno de Podemos solucionaría el problema de corrupción del sistema político español o, por contra, terminaría agravándolo.

¿Por qué existe la corrupción? Es tentador pensar que la causa es que hemos tenido mala suerte y que da la casualidad de que los políticos que pueblan nuestros aparatos políticos son especialmente deshonestos. Bastaría con sustituir a los actuales dirigentes por otros nuevos. Ojalá. Pero lo cierto es que la corrupción no es un problema de nombres, sino de incentivos. La corrupción es la consecuencia natural del poder discrecional del que disfruta el político, de su capacidad intervencionista, no de su color político ni de sus promesas pasadas. Si un gobernante o burócrata puede tomar decisiones que suponen sustanciales pérdidas o ganancias a empresarios o grupos de interés, si pueden beneficiar o perjudicar al prójimo mediante decisiones discrecionales, los incentivos actuarán para que a la larga emerja la corrupción.

Un gobierno de Podemos agravaría el actual problema de corrupción. Lo que el partido de Pablo Iglesias propone es aumentar sin límite el poder discrecional de los políticos. Su programa incluye medidas como expropiaciones, planificación centralizada total de sectores como el de la energía, la alimentación, el transporte o el farmacéutico. Propone banca pública dirigida por cargos políticos, imposición estatal de salarios, contrataciones y despidos en empresas, o fijación de precios máximos y mínimos. Y todo ello pagado con cargo a emisiones de un banco central nacional y sin financiación externa por el anunciado impago de la deuda pública. La consecuente situación de miseria, inflación y caos que derivaría de este programa serían motivo, por supuesto, de crecientes aumentos de poder para el aparato político. No hace falta hacer uso de la imaginación para hacerse una idea del nivel de corrupción que esto provocaría. Actualmente España está en el puesto 40 en el ranking de corrupción que publica Transparency International. Venezuela, país considerado como modelo a seguir por Pablo Iglesias, está en el furgón de cola, en el puesto 160. Ahí acabaríamos de pretender copias sus políticas.

La única forma de reducir la corrupción es justo la contraria de la que propone Podemos. Hay que limitar el poder discrecional del que disfrutan políticos y burócratas, no aumentarlo. No podemos seguir pensando que la solución a la corrupción pasa por seguir deseando que los políticos no hagan uso de ese enorme poder discrecional que hemos puesto en sus manos. Y es absurdo, un error fatal, pensar que la solución pueda pasar por entregarles crecientes cantidades de poder. El poder absoluto que reclama Podemos, y que muchos parecen dispuestos a entregarle, no traerá otra cosa que una corrupción absoluta. La solución pasa por quitar de las manos de los políticos ese juguete del poder discrecional del que disfrutan, o seguirán riéndose en nuestras caras.

Pablo Iglesias y José Antonio

Podemos se ha convertido en un caso apasionante desde el punto de vista del análisis político, social e ideológico. Han obtenido un resultado relevante en las elecciones europeas, y las expectativas que han generado son enormes; de hecho, apenas tienen límites. Se cuenta con que formarán su propio grupo parlamentario, lo cual sería ya un éxito, e incluso se estima que podría convertirse en la primera fuerza dentro de la izquierda española. Si estará a la altura de esas expectativas es muy difícil de saber. Depende de su comportamiento, de la fortaleza del Partido Socialista y de la evolución del paro.

¿Cuál ha sido el análisis que se ha hecho este grupo de profesores de universidad que ha llevado a un partido de la izquierda más extrema a esta situación de preeminencia y expectativas? Se puede reconstruir a partir de diversos elementos que ha ido dejando grabados en youtube Pablo Iglesias, su líder inmarcesible, y el resto de colaboradores, además de la realidad política española. Pero él los ha engarzado todos en una charla de una hora, en Bolivia. En ella relata sus “intimidades políticas“, es decir, la realidad (o parte de ella) de su análisis, su estrategia, su discurso, sus resultados.

El objetivo que se plantea Podemos es el poder total. No debe extrañarnos, pero tampoco lo debemos olvidar, porque de otro modo no le entenderíamos. Otras formaciones, como UPyD o Izquerda Unida, no tienen ambiciones reales tan altas. Cuba, como ejemplo del camino hacia el poder, ha dejado de ser atractiva. No hay más remedio que aceptar la vía, “tan poco erótica, tan poco épica”, de la democracia “burguesa”.

Pero llevar a una victoria electoral un mensaje que no deja de ser revolucionario no es fácil. Es más, es implanteable cuando las cosas parecen ir bien. Pablo Iglesias le pide a la audiencia que se haga a la ida de “lo que representaba para nosotros en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ser ciudadanos de la Europa del Sur. Era algo tremendamente triste”. Ellos habían visto el triunfo de líderes socialistas en América Latina en situaciones de crisis, pero legó “la crisis de todas las crisis, esa crisis que empieza en 2007” y que “sirvió para crear en los países del sur de Europa situaciones de crisis de régimen, de crisis de la gobernanza europea, de crisis de la estabilidad. Abrió una suerte de estructuras oportunidad política para el cambio”.

Sí. Hay una desconfianza de un número creciente de ciudadanos en el sistema político. El juego político pasa por hacer promesas a los votantes con la renta y la riqueza ajenas, o que se asegura que es ajena. Cuando esta riqueza se destruye, las promesas se incumplen. Y como el incumplimiento es generalizado, cunde la desconfianza hacia la clase política. Como los sucesivos gobiernos han hecho lo necesario para evitar una crisis de deuda aún más grave, y esas medidas no son las que desean los votantes, se dice que el sistema no es plenamente democrático.

Esta sensación de fraude se produce de forma generalizada. Dice Iglesias: “Cuando se produce una crisis que provoca injusticias que son palpables por todo el mundo, son momentos en los que a la gente que procede de valores conservadores, la crisis también les duele y les afecta. A la gente de derechas tampoco le gusta que le roben. A la gente de derechas no les gusta que les tomen el pelo”. Llega el 15M, y se pregunta Iglesias: “¿Qué es lo que ocurre cuando gente que jamás se ha manifestado sale a la calle y dice son unos sinvergüenzas, me están robando? Surge una oportunidad histórica”.

Pero esa oportunidad hay que saber aprovecharla. Necesitan un discurso que capte ese descontento, y que sepa encaminarlo hacia una formación política, la suya. Y para eso necesitan un discurso. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y demás han sacrificado sin pena el marxismo más ortodoxo para adoptar, con pragmatismo, experiencias e ideas distintas. Las han bebido de América Latina. Pero no son ideas nuevas. Tampoco en España. Es aquí donde encaja el antecedente de José Antonio Primo de Rivera.

No es que lo cite Pablo Iglesias. Pero tampoco hace falta. Hace referencia a Marine Le Pen, cuya formación “amenaza con convertirse en mayoritaria en Francia”. ¿Por qué? Pues “cuando están convirtiendo tu país en una colonia, ¿qué mejor discurso que apelar a pueblo y al orgullo nacional? Fue una de las características fundamentales de nuestra campaña electoral, que la izquierda nos criticó. Nosotros dijimos: ‘somos patriotas. Y aquéllos que privatizan, aquéllos que entregan atribuciones soberanas a poderes exteriores, aquéllos que no pagan impuestos, esos son traidores a la patria’. La izquierda se echaba las manos a la cabeza. ‘¿Qué clase de discurso es este?’. Y apelamos a la Policía y a las Fuerzas Armadas”.

La izquierda española ha renunciado al discurso patriótico, y ha alimentado sistemáticamente la idea de que las apelaciones a la nación son sinónimo de un peligroso derechismo. A Iglesias, Monedro y demás les ha bastado incluir un discurso patriótico para amenazar al PSOE con relegarle a una posición subordinada dentro de la izquierda. Como dice Pablo Iglesias en la misma conferencia, “la clave para entender el éxito del fenómeno Podemos es que hicimos exactamente lo que la izquierda no se hubiera atrevido a hacer”. El lema de José Antonio Primo de Rivera era “patria, pan y justicia”, y apelaba especialmente a aquéllos que “por carecer de pan, no pueden apreciar a la patria”.

Aunque la referencia de los creadores de Podemos es el de los líderes populistas iberoamericanos que, como Hugo Chávez, se envuelven en la bandera nacional, las ideas de José Antonio se cuelan en este discurso con naturalidad. Los populistas americanos apelan a la nación frente al imperialismo. José Antonio, en su manifiesto ante las elecciones de febrero de 1936, publicado en Arriba, decía “queremos una política internacional para que sea neutral o beligerante por la libre conveniencia de España, no por la servidumbre a ninguna potencia exterior”. Y Podemos apela al patriotismo frente a las injerencias de Bruselas, que impone esos recortes que muchos rechazan.

Así, la patria enlaza también con una de las ideas fuerza de Podemos, la democracia, que ha fracasado porque no ha impedido que Bruselas imponga sus designios. Y esta idea enlaza con otra, que es clave en el discurso, y en el éxito, de Podemos: la casta. Iglesias lo expresa así: “Un viejo amigo comunista, que conoce América Latina muy bien, decía: la audacia comunista, el momento leninista, si queréis, supone identificar esos pequeñitos momentos excepcionales en los que la diferencia entre un dirigente audaz y un dirigente mediocre es la capacidad de señalar a los culpables, señalar a los enemigos, y decirles ‘¿veis? Estos son los enemigos del pueblo’. Es la diferencia entre la audacia y ser un conservador que sigue utilizando los mismos métodos”.

Pero esa audacia no es sólo comunista. Volvemos a José Antonio, que en el mismo discurso, titulado “Por España una, grande y libre, por la patria, el pan y la justicia”, dice: “Banqueros que se enriquecen prestando a interés caro el dinero de los demás; propietarios de grandes fincas que, sin amor ni esfuerzo, cobran rentas enormes por alquilarlas; consejeros de grandes compañías diez veces mejor retribuidos que quienes con su esfuerzo las sacan adelante; portadores de acciones liberadas a quienes las más de las veces se retribuye a perpetuidad por servicios de intriga; usureros, agioistas y correveidiles. Para que esa gruesa capa de ociosos se sostenga, sin añadir el más pequeño fruto al esfuerzo de los otros, empresarios, industriales, comerciantes, labradores, pescadores, intelectuales, artesanos y obreros, agotados en un trabajo sin ilusión, tienen que sustraer raspaduras a sus parvos medios de existencias”. No le cuelga el nombre “casta”, ni ninguno otro, pero hace referencia a la misma realidad.

No es que José Antonio, por otro lado, fuera completamente ajeno a las ideas de Marx, que había estudiado. En el discurso en el Cine Madrid, del 19 de mayo de 1935, dice: “Las previsiones de Marx se vienen cumpliendo más o menos de prisa, pero implacablemente. Se va a la concentración de capitales; se va a la proletarización de las masas, y se va, como final de todo, a la revolución social”.

No se trata de que los creadores de Podemos se hayan basado en José Antonio, algo que desconozco. Pero sí de hacer ver que su análisis les lleva a ver que la tesis internacionalista de Negri y Hart no funciona, y que “el Estado siempre vuelve”, pues “cuando se producen situaciones de crisis, la reivindicación del Estado y la soberanía” adquieren protagonismo como “instrumento de intervención política crucial”. Entonces es necesario llevar el análisis político socialista al ámbito del Estado. Y el antecedente de este intento de “nacionalizar” la izquierda en España es José Antonio.

¿Cómo afrontar un desafío nacional-separatista en Cataluña?

Hace un tiempo reflexioné en Libertad Digital sobre cómo vencer el desafío separatista en el País Vasco y, lamentablemente, dos años después, sigue siendo válido reflexionar sobre cuál debe ser la estrategia constitucionalista y cómo se puede vencer el desafío nacional-separatista en Cataluña.

El nacional-separatismo se trata de la excusa ideológica empleada por las oligarquías extractivas y destructivas en España para maximizar el poder y el dinero que consiguen exprimiendo los recursos de las personas físicas y jurídicas que residen en cada región. Está guiando políticamente los desafíos institucionales en las Comunidades Autónomas y el deterioro de la ley en España.

Ante los desafíos institucionales, se requieren cinco acciones desde el constitucionalismo para corregir la deriva nacional-separatista:

1) la firmeza en el cumplimiento de la ley, 2) la imputación mediante querellas criminales de las oligarquías autonómicas cuando cometan delitos, 3) la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, 4) el control de cualquier rebelión secesionista mediante la cohesión entre los constitucionalistas y la explicación pormenorizada del desafío institucional y sus consecuencias y, en su momento, 5) la limitación y fijación de las competencias de las comunidades autónomas y aquellas que hubiese que devolver al estado central [a][b][c][d], lo que requiere aplicar el Título X de la Constitución Española de 1978 y la aprobación en referéndum por todos los ciudadanos españoles, dado que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (Artículo 1 CE).

Como en su día, observamos la importancia de la limitación del Estado Autonómico [a][b][c][d] para reducir el tamaño del Estado, disminuir las barreras normativas, mejorar la organización territorial sin artificios cientistas y posibilitar el cálculo económico, permítanme que, ahora, analicemos las acciones previas que se requieren para defender el ordenamiento jurídico que instauró la vigente Constitución:

1) Firmeza en la exigencia de cumplimiento de la ley  

Arturo Mas, como «hereu» de Jordi Pujol y actual Presidente de la Generalidad de Cataluña, insiste reiteradamente en el incumplimiento de la ley y la vulneración del ordenamiento jurídico español. Ayer, 15 de octubre de 2014, ha concretado una versión final del desafío a las instituciones democráticas que consistirá en una charanga en forma de consulta participativa, en donde podrán votar los residentes en la región sobre la secesión de Cataluña desde el 9 de noviembre y durante los 15 días siguientes.

Nada más y nada menos que proponen 16 días para realizar una consulta tramposa que oculta un referéndum sobre la secesión de Cataluña. En este planteamiento burlesco, sólo falta que inviten a cervezas, actúen payasos, dancen bailarinas, regalen bolígrafos y firmen camisetas del FCB a quienes sigan el juego de la pantomima que escenifica Arturo Mas. Vale todo con tal de lograr adhesiones para la causa de la oligarquía catalana.

Sería para tomárselo a broma, si no fuese un desafío institucional en toda regla. Como la Generalidad de Cataluña no aplica un censo electoral jurídicamente válido, se dará un fraude electoral que, si se reeditase su obra Ubú President, el grupo teatral Els Joglars podría resumir satíricamente así: "¿Ha votado señor Mas? Sí, he votado cinco veces esta mañana y, después de comer, votaré tres o cinco veces más".  

Eso sí, ningún medio de comunicación de Cataluña se atreverá a informar sobre el gravísimo incumplimiento de la Constitución Española, porque la soberanía nacional reside en todo el pueblo español (artículo 1 CE), se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española (artículo 2 CE) y sólo puede ser convocado un referéndum por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (artículo 92 CE). 

Si todavía existe, la sociedad civil debe exigir al Gobierno de España, al Parlamento y a los Tribunales que se aplique la ley con todas sus consecuencias sobre Arturo Mas, sus consejeros y los funcionarios que participen de una consulta que quebrante la ley vigente.

La Constitución Española fue ratificada por una amplia mayoría de los ciudadanos españoles el 6 de diciembre de 1978. Y es un insulto a los españoles que políticos irresponsables puedan plantear impunemente un desafío institucional a la integridad territorial de España, incumpliendo gravemente el ordenamiento jurídico vigente.

Por ello, no se puede consentir que Arturo Mas y sus consejeros realicen a la población las mismas preguntas que intentaba hacer con la Ley de Consultas que el Tribunal Constitucional ha suspendido por inconstitucional. Por lo visto, Arturo Más no quiere firmar ningún decreto y optará por convocar la farsa a través de una rueda de prensa.

2) Querellas Criminales ante los delitos de sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia…

Debe saberse que, aunque no firme un acto administrativo, el acto de convocar una consulta en una rueda de prensa y las actuaciones para publicitar, promover y dotar los medios para que se efectúe (locales, urnas y papeletas) constituyen una desobediencia a los tribunales. En primer lugar, son un fraude de ley porque se amparan en una norma existente para conseguir por otro procedimiento un objetivo que es contrario a la ley. En segundo lugar, son un clarísimo intento de eludir la suspensión de la ley por un medio que le permita llevar a término el mismo fin que le ha prohibido el Tribunal Constitucional.

Arturo Más se jacta públicamente de que el Gobierno de España no puede recurrir la decisión, como si tuviese un pacto acordado al respecto con el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. De ser cierto, ése hecho sería lo realmente grave y lamentable, además de una traición a la Constitución que han prometido o jurado cumplir (y hacer cumplir), ambas autoridades, para poder ejercer sus cargos públicos. Si bien, en realidad, ha reconocido ante el Parlamento Autonómico de Cataluña que nada ha cambiado: "El 9-N habrá locales, urnas y papeletas. ¿Qué diferencia hay?".

Sus afirmaciones públicas y el análisis del fondo de los actos administrativos del mediocre Arturo Mas y sus secuaces podrían permitir mantener la inconstitucionalidad de una consulta soberanista, porque se trata de un referéndum en contra de la Constitución Española de 1978 (Artículos 1, 2, 8 y 92 CE).

Análogamente, los comentarios públicos de Artur Mas podrían dotar de validez a las querellas criminales presentadas por los partidos políticos VOX y UPyD por presunta comisión de los delitos de sedición (Art. 544 y ss.), rebelión (Art. 472 y ss.), desobediencia (Art. 556), prevaricación (Art. 404)… que permiten aplicar el vigente Código Penal a los promotores de la consulta participativa constitutiva de un referéndum orientado hacia la secesión de una región de España. 

3) Aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española

Dado que el Gobierno de España está contemporizando y no actúa con contundencia, tiene que ser la sociedad civil española la que presente las querellas criminales frente a la corrupción y los intentos secesionistas de la oligarquía nacional-separatista.

Sin embargo, llegado el caso, solo el Gobierno de España podría defender la Constitución Española ante una declaración unilateral de independencia lo que, por supuesto, requeriría la detención de las autoridades promotoras y la suspensión inmediata de la autonomía aplicando el artículo 155 CE:

1) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2) Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónoma.

4) Control del desafío institucional 

Finalmente, dado que tratamos de analizar en este comentario cuál debe ser la estrategia constitucionalista y cómo se puede vencer un desafío nacional-separatista en Cataluña, es importante analizar cómo se procedió con éxito hace 80 años para hacer frente a la declaración unilateral de independencia de Luis Companys en el año 1934, por si algún irresponsable político intenta romper el modelo de convivencia pacífica de España durante los próximos meses o años.  

4.1. ¿Cómo se sofocó la rebelión nacional-separatista en el año 1934? 

Así sucedieron los acontecimientos. A las 20:00 horas del 6 de octubre de 1934, Luis Companys (1882-1940), que ejercía como presidente del gobierno de la autonomía de Cataluña en aplicación de la Constitución Española de 1931, formalizó el incumplimiento de la ley que estaba vigente therule of law») y realizó una declaración unilateral de independencia desde el balcón del Palacio de la Generalidad:

La Cataluña liberal, democrática y republicana (…) llama a todos al cumplimiento del deber y de la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las Instituciones Falseadas (…) En esta hora solemne en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica.

El Alcalde de Barcelona convocó también una sesión extraordinaria en donde logró que 22 de los 30 concejales aprobasen una declaración donde expresaban: "su firme y decidida adhesión al Presidente y al Gobierno de Cataluña".  

La estrategia de la conspiración orquestada por las oligarquías extractivas y destructivas de la región de Cataluña contaba con la movilización en la calle de los militantes de partidos políticos nacional-separatistas y con la ayuda de los sindicatos socialistas, comunistas y anarquistas que transformaron las palabras en hechos consumados, cuando se echaron a las calles armados con pistolas y fusiles, y organizaron barricadas para hacer frente a las fuerzas policiales y militares que enviase el Estado central.

Luís Companys realizó una llamada al general de la IV División Orgánica en Cataluña, Domingo Batet Mestres (1872-1937), al cual le exhortó a someterse a sus órdenes políticas. Sin embargo, el general decidió cumplir con la legalidad vigente y, como no podía ser de otro modo si no quería enfrentarse a las graves consecuencias penales de la proclamación de una independencia, se puso en contacto con el Presidente de España, Alejandro Lerroux (1864-1949), que le ordenó telefónicamente que declarase el "estado de Guerra" en la región autónoma de Barcelona.

Cumpliendo con el deber que le exigía la Constitución Española de 1931, el Domingo Batet Mestres envió al comandante Fernández Unzúe para que sofocase la rebelión y detuviese a los delincuentes conspiradores. En la madrugada del 7 de octubre de 1934, sus tropas se abrieron paso por las calles y abrieron fuego contra los edificios de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona. En diez horas se consiguió dominar por completo la situación de insurrección, produciéndose tan sólo tres muertes de los insurrectos que disparaban contra las tropas de la 2ª República.

Luis Companys tardó 10 minutos en llamar al general Domingo Batet Mestres para indicarle su rendición. Companys y los consejeros de la Generalitat fueron detenidos por delitos graves en contra del ordenamiento constitucional.

Por orden del Presidente de la República, el general Domingo Batet Mestres asumió el mando hasta nueva orden y cesó a las autoridades civiles y militares que colaboraron con la sedición de Luis Companys.

4.2. ¿Cómo se reestableció el cumplimiento de la Ley en el año 1934?

Después de sofocar la rebelión secesionista, se sucedieron los actos administrativos que permitieron el regreso al orden constitucional de las instituciones regionales y locales de Cataluña:

  • En primer lugar, el Presidente del Gobierno de España dio las instrucciones precisas al general Domingo Batet Mestres para que sus tropas pudiesen actuar de modo rápido para sofocar la rebelión, causando el menor número de bajas y deteniendo a los delincuentes y sediciosos.
  • En segundo lugar, cuando ya estaba sofocada la rebelión, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto por el que el coronel Jiménez Arenas asumía provisionalmente la Presidencia de la Generalidad y de su Consejo Ejecutivo. Posteriormente, se nombraron el resto de autoridades que pasaban a asumir las competencias del gobierno autónomo.
  • En tercer lugar, el Presidente del Gobierno, D. Alejandro Lerroux, interpuso una querella criminal por los delitos de traición y sedición contra los consejeros del gobierno autónomo catalán.
  • En cuarto lugar, el Tribunal de Garantías Constitucionales emitió sentencia en la que se declaraba la inconstitucionalidad del artículo 22 del Estatuto de Cataluña que consideraba la inmunidad de los miembros de la asamblea catalana en contra del texto de la Constitución Española de 1931.
  • En quinto lugar, el Consejo de Ministros de 26 de noviembre de 1934 aprobó un Decreto por el que se restablecía la asunción por parte del Gobierno de la República de todas las funciones y competencias en materia de orden público que habían sido erróneamente traspasadas a la Generalidad el 15 de noviembre y 8 de diciembre de 1933 y 24 de enero de 1934.
  • En sexto lugar, el Parlamento de España aprobó la Ley de 2 de enero de 1935, de suspensión del Estatuto de Cataluña que señalaba el final de la administración de los órganos autónomos por la autoridad militar y que constaba sólo de tres artículos:

Artículo 1. Quedan en suspenso las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno y después de levantada la suspensión de garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico". 

Artículo 2. En el periodo transitorio de que se habla en el artículo anterior asumirá todas las funciones que correspondiesen al Presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo, un Gobernador General, que nombrará el Gobierno, con facultades de delegar en todo o en parte las funciones atribuidas a dicho Consejo".

Artículo 3. El Gobierno nombrará una Comisión que, en el plazo máximo de tres meses, estudie los servicios traspasados y valorados y proponga los que durante este régimen provisional deban subsistir, los que deban rectificarse y los que deban revertir al Estado, señalando en cada caso las normas a que deberá sujetarse la ejecución de los acuerdos adoptados. 

En todo caso, las normas referentes a los servicios de Orden público, Justicia y Enseñanza serán objeto de una Ley.

El Gobierno de la República asumió todas las competencias de orden público, justicia y enseñanza. Fue designado como Gobernador General de Cataluña, Manuel Portela Valladares (1867-1952) para que coordinase el traspaso y la reordenación de los servicios administrativos en la región de Cataluña. El Consejo de Ministros del 21 de febrero aprobó un Decreto que creaba una Comisión Revisadora de los Servicios Estatales Traspasados a la Generalidad de Cataluña.

Como consecuencia del desafío nacional-separatista, el gobierno autonómico quedó suspendido en Cataluña hasta febrero de 1936, cuando se aprobó el Decreto-Ley de 26 de febrero, por el que se autorizaba al Parlamento de Cataluña a reanudar su actividad y a designar un Gobierno para la Generalidad. El 2 de marzo de 1936, se reeligió a Luis Companys.

Sin embargo, la situación institucional siguió empeorando en Cataluña y en el resto de España con asesinatos de oponentes políticos de izquierdas y de derechas. Las religiones de lo Político (o, si se prefiere, del «ejercicio del poder») –socialistas, comunistas, nacional-socialistas y fascistas— movilizaron las voluntades y llevaron irresponsablemente el país hacia un punto de no-retorno institucional.

La guerra civil española comenzó formalmente el 18 de julio de 1936, como respuesta al deterioro sociocultural y político del país pero, previamente, por la intransigencia y el inmovilismo que fueron fraguándose impulsados por las ansias de dinero y poder absolutos de las oligarquías en el poder.

En resumen, esperemos que sirvan los más de treinta y cinco años de democracia para que el pueblo no se deje embaucar por demagogos, los políticos sepan controlar los desafíos institucionales y los jueces hagan cumplir la ley, sin que se repita una declaración unilateral de un Tirano Banderas que intente maximizar su poder en nombre de los països catalans, del nacional-socialismo, del fascismo, del comunismo o de cualquier otra utopía colectivista.

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Un país de unicornios

No seamos hipócritas. ¿Quién no desearía que pudiéramos multiplicar la riqueza como los panes y los peces de manera tan rápida como, digamos, aprobar una ley? ¿Que todos en este mundo pudiéramos tener de tal modo comida, techo, ropa, educación –o pongamos lo que queramos- todos los días? Es más, ¿quién no desearía que la riqueza lloviera del cielo en abundancia?

Igualmente, ¿a quién no le gustan los unicornios? Son bonitos, agradables, listos, huelen bien y sólo dan suerte y buena ventura. Los enemigos del Capitalismo y la libertad aman con la misma pasión los unicornios como lo inicialmente enumerado. Y ambas cosas tienen en común más de lo que pensaríamos. En efecto, ninguna de ambas existe en el mundo real.

El pensamiento unicornio es el que cree que el problema con la corrupción, el nepotismo… son los políticos que tenemos actualmente, cuando estas personas que creen que la solución es quitar a unos para poner a otros no tienen una actuación muy distinta cuando se les presentan los incentivos que per se genera el estatus de político o burócrata. Incluso, yendo más allá, ¡creen que la solución para aliviar los problemas que genera la propia política es agrandar aún más los poderes de ésta! Es como creer que un plato salado se arregla con más sal. Adam Smith expresó en La Riqueza de las Naciones esa idea de echar la culpa a las personas (políticos) de un sistema de principio mal hecho (un Gobierno grande):

Es el sistema del gobierno lo censurable, no el carácter de las personas que actuaron en él. Ellos actuaron tal como su situación naturalmente les condujo, y quienes con más fervor claman contra ellos probablemente no habrían actuado mejor.

Pero ¿por qué tanta gente cree en los unicornios, el Estado? El pensamiento mágico desiderativo que cree que existe o es verdad lo que le gustaría que existiera o fuera verdad es tan antiguo como la humanidad misma. El socialismo e intervencionismo en todas sus formas trasciende lo racional para ser, de hecho, una experiencia psicológica. Los supuestos libros de ‘economía’ de todos los profetas del Estado no son más que los libros sagrados de la religión más universal y peligrosa que existe: el estatismo o socialismo. Como los niños que ven unicornios, la secta del Estado ve en éste a su padre, su cuidador. Son místicos en el sentido más peyorativo que empleaba Ayn Rand. Es por lo que resulta tan vano una discusión con este tipo de personas. Hacer ateo a un creyente no es tarea fácil.

Por ello, cuesta aceptar el liberalismo. No te promete la vida eterna ni el paraíso, ni llueve maná del cielo. Es algo tan simple, aunque tan racional, como una teoría hecha para la realidad.

@AdolfoDLozano

 

El chavismo de Podemos

Corría el año 2000 y en un país caribeño, con el subsuelo rebosante de petróleo, sus habitantes repetían una y otra vez, ante las advertencias de los miles de exiliados políticos cubanos residentes en este, el hoy desgastado mantra: "Venezuela no es Cuba".

El chavismo acababa de hacerse un traje a medida con la Constitución y había que convocar nuevas elecciones presidenciales para cumplir con la cacareada renovación de los Poderes Públicos establecida en la nueva carta magna.

La oposición venezolana, todavía desorientada, errabunda, zigzagueante y desnortada debido a la apisonadora que acababa de pasarle por encima en forma de Asamblea Constituyente, ponía sus esperanzas electorales para la presidencia en manos de un personaje siniestro y camaleónico que lograría convertirse en candidato casi único de la oposición mostrándose como disidente y firme crítico del movimiento del cual provenía.

Francisco Arias Cárdenas, Teniente Coronel del ejército y compañero golpista de Chávez en 1992, apareció como la figura alrededor de la cual se aglutinaron los partidos opositores venezolanos. A pesar de haber conspirado durante años desde el ejército junto a Chávez y sus compañeros, súbitamente cambió de posición y se dedicó a descalificar a su antiguo movimiento faccioso, el golpista MBR-200 reconvertido en el partido político MVR-200, emitiendo durísimas críticas en su contra e incluso dirigiendo ataques personales contra el candidato presidencial "revolucionario".

Fue célebre el episodio ocurrido durante la campaña electoral del año 2000 donde Arias calificó como "gallina" a Chávez por negarse éste último a un debate televisado. El vídeo donde aparecía un atril ocupado por uno de estos animales circuló masivamente bajo el aplauso generalizado de los desafectos al oficialismo. La oposición venezolana se sentía rebosante de optimismo al ver a uno de los más connotados representantes del llamado Socialismo del S.XXI, convertido en frontal adversario de dicho movimiento.

Lo cierto es que con la inestimable ayuda y colaboración del supuestamente reconvertido Arias Cárdenas, quien desapareció de la escena política poco después de unas elecciones que significaron el primer fraude electoral cometido por el chavismo, este pudo consolidarse en el poder y contar con seis años de mandato presidencial certificado teóricamente por la vía democrática.

¿Qué fue de la vida del fingido converso Arias Cárdenas? Llegó el año 2005 y aquel insigne renegado, feroz crítico del chavismo, volvió públicamente al redil y fue nombrado embajador de Venezuela ante la ONU por el propio Chávez. En 2007 ayudó a crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue Viceministro de Exteriores y diputado nacional del PSUV y al día de hoy representa a la opción oficialista como gobernador del petrolero estado Zulia.

Y es que el chavismo, un sucedáneo del castrismo y por tanto con una inmensa capacidad de manipular y crear realidades paralelas, es campeón en eso de realizar maniobras y piruetas de todo tipo para desorientar al adversario. Los herederos de la URSS saben muy bien que pocas cosas encandilan más al oponente como el súbito rechazo público, la manifiesta y notoria repulsa de uno de sus militantes reconocidos, para lograr varios efectos beneficiosos para su causa: 1) Dar la impresión de que los "puristas" están abandonando el barco debido a supuestas desviaciones por parte de la dirigencia del plan ortodoxo original, generando prestigio para ese crítico, el cual será convenientemente usado en el momento oportuno por la organización. 2) Generar un falaz sentimiento de triunfo entre el adversario al ver que se producen supuestas deserciones. 3) Consolidar la imagen – para terminar de captarles – entre los potenciales seguidores de que no se es tan extremista (o tan moderado, depende) como los enemigos políticos pretenden transmitir. 4) Crear una "célula durmiente", un "topo", para que pueda moverse libremente y sin levantar sospecha en los espacios "enemigos" que puedan interesar a la organización.

Venezuela no es Cuba, decían. España no es Venezuela, dicen. A propósito de Willy Toledo y sus muestras de repudio hacia el chavismo español representado por PODEMOS.

¿Votar, para qué?

La democracia es el peor sistema político si exceptuamos todos los demás, dijo Churchill, pero a estas alturas cabría preguntarse a qué democracia se refería.

Cuando escuchamos la palabra "democracia", no todos entendemos lo mismo. Para unos, democracia es directa e ilimitada; para otros, indirecta y limitada. La hiperlegitimación de la democracia lleva a que cada vez más sea la primera acepción la que se identifique con "democracia".

Así, hoy en día, la solución para todos los problemas se resuelve con un "pues lo votamos y ya está". No importa si es una cuestión de derechos, fronteras estatales o el pago de la deuda. Todo se puede votar. Este pensamiento mágico se estampa con la realidad si tenemos en cuenta que las deudas contraídas son obligaciones del deudor; las fronteras que se votan por mayorías también unen o separan a quienes votan en contra; y los derechos que se conceden por votación son tan efímeros como cuando la siguiente votación los deniega.

Los límites de la democracia no son caprichosos, son el primer baluarte para su defensa y permanencia. La democracia ilimitada choca frontalmente con la doctrina del equilibrio de poderes de Montesquieu y todos los pesos y contrapesos que sostienen el edificio de la convivencia del gobierno de la mayoría que respeta a la minoría.

No se trata de deslegitimar la democracia, sino de preguntarse si votar es la solución a todos los problemas. Dictadores de todos los colores han enmascarado su voluntad en plebiscitos que concentraban la voluntad en la suya propia para amparar sus tropelías en la legitimidad democrática. Es una cuestión que no debemos olvidar cuando surgen iluminados que proclaman la reinvención de la democracia cuando solo plantean corromperla para llevarnos por el camino de la demagogia que ya advirtieron los antiguos griegos. 

La riqueza en manos de los demonios

La riqueza no cae del cielo. Ni siquiera el maná, preciado manjar que llovió de las alturas enviado por Yahvé para consumo del pueblo judío recién liberado, se puede considerar riqueza. Era sustento para que no murieran atravesando el desierto, no era exactamente lo que conocemos como riqueza. La riqueza o excedente, como lo llamaba Adam Smith, procede de la inversión: uno obtiene el fruto tras plantar la semilla y regarla. De igual forma, pero en un grado mucho más sofisticado, se crea la riqueza. Y sin embargo, quienes son partidarios de la intervención sobre su producción se empeñan en pervertir el circuito que parte del esfuerzo del ahorrador y resulta en el lucro (palabra maldita), en la obtención de beneficios. ¿Es lícito el lucro? ¿Es lícito que el gestor político determine qué hacer con él? Esa discusión no es de hoy, es antigua y bien complicada.

Los demonios del ahorro (y los del beneficio)

En 1867, el físico irlandés James Clerck Maxwell trataba de explicar la segunda Ley de la Termodinámica mediante una ficción, el conocido demonio de Maxwell. El científico explicaba que el calor podía no transmitirse de un cuerpo a otro siempre. Imaginaba dos gases de diferente temperatura en un recipiente con una separación en el medio. En esas circunstancias, suponía que un demonio travieso, con capacidad para diferenciar las moléculas de gas con diferentes temperaturas, situado en la división interna del recipiente, separaría las moléculas calientes de las frías y dejaría pasar al otro lado solamente a las calientes, por ejemplo, de manera que al cabo de un rato una parte del recipiente estaría fría y la otra caliente.

De la misma forma, nuestras autoridades se erigen en demonios al estilo de Maxwell y tratan de diferenciar qué ahorro es bueno, qué inversión merece la pena y, en consecuencia, qué negocios y sectores son los que deben salir adelante y cuáles no.

Se diría que tienen, como la ficción de Maxwell, omnisciencia financiera y empresarial. No vale ya la competencia, el instinto de oferentes y demandantes, como señal de cuáles son los negocios solventes. El argumento falaz es que los buscadores de beneficios, que tienen perversas intenciones, un alma oscura y una ambición del tamaño de una catedral, no van a pensar en el bien de todos. Como contrapartida creen que el demonio de Maxwell del gobierno, el gestor político, sabe qué negocios nos benefician a todos y merecen una subvención, un privilegio, etc. Todo el mundo se pregunta cuál es el modelo productivo español de mañana (o de dentro de un rato) y poca gente se niega al sesgo de la subvención del mismo.

La realidad económica y la ficción estatal

No es sorprendente que en nuestra sociedad se entienda que esta intervención es mala cuando se trata de rescatar empresas grandes o bancos. Al fin y al cabo, son buscadores de beneficio, adoradores del lucro y merecen sufrir. Lo entienden ahora, aunque no lo veían tan claro cuando muchos economistas opinábamos que era mejor dejar que quebraran los bancos y las cajas. Entonces dijeron que si quebraban los bancos ya no saldría más el sol.

Pero, a día de hoy, les parece mal que se salve un banco en decadencia a punto de quebrar pero salen a la calle para pedir una subvención para un sector quebrado hace años, como la minería o el cine. Y eso que, de la quiebra bancaria hay víctimas tan necesitadas como las víctimas de la crisis del cine, o los sufridos mineros, que merecen todo mi respeto, como todos quienes ven truncada su vida.

Lo que sí es sorprendente es que no se den cuenta de que los gestores políticos también son buscadores de lucro, de beneficio… pero a costa del contribuyente. Un beneficio que, en muchas ocasiones es monetario (legal o ilegal) y la mayoría de las veces el rédito es en especie: poder, escaños de diputados, puestos políticos. Los empresarios y banqueros con su búsqueda de beneficio crean puestos de trabajo, actividad económica, avivan el comercio. Los políticos electoralistas que miran a corto plazo, no. Porque esas subvenciones, que no siempre reciben los más necesitados, sino los buscadores de rentas más avispados, no generan riqueza.

Claro que sigo pensando que no hay que rescatar grandes empresas y grandes bancos, pero tampoco pequeñas. Lo que sí hay que hacer es facilitar que las mejores ideas encuentren su cauce, el suyo, no el que los demonios políticos al estilo de Maxwell decidan.

Creer que una autoridad político-económica sabe y puede discriminar entre negocios y sectores necesarios o sólidos es pensar que de verdad existe esa ficción utilizada por el científico irlandés. Una ficción votada por la mayoría de los españoles legislatura tras legislatura.

Cómo crear o conservar un Estado sin morir en el intento

Érase una nación, o parte de ella, en busca de un Estado. No sucedió. A veces no sucede. Escocia, como sabemos, se mantendrá dentro del Reino Unido. ¿Por cuánto tiempo? Ya eso no es tan claro. Los Estados, especialmente los plurinacionales, son construcciones artificiales flexibles. Mudan sus fronteras, aparecen y desaparecen, cobran importancia o se vuelven insignificantes.

Irlanda, que una vez formó parte del RU, poco a poco, tras ciertos episodios de extrema violencia, fue separándose del conjunto británico a lo largo del siglo XX, hasta que en 1949 constituyó una república totalmente independiente, a la que le ha ido, por cierto, muy bien. Hoy Irlanda, tras su profunda transformación liberalizadora, tiene un PIB per cápita de 41.300 dólares y el Reino Unido sólo llega a 37.300.

La lección fue contundente. El sangriento trauma de la independencia irlandesa sirvió para que Londres afrontara el riesgo escocés de secesión de una manera diferente, mucho más razonable. Las rupturas, ya se sabe, siempre son desagradables, pero pueden ser pacíficas y con arreglo a la ley. Afortunadamente, el país no se volvió a quebrar, acaso, precisamente, porque todos se acogieron a un modo legal de solucionar la disputa.

Tal vez por eso es muy importante que las Constituciones contengan cláusulas que establezcan y regulen la posible separación de las regiones. De la misma manera que existe la ley de divorcio para disolver el vínculo matrimonial cuando una persona desea extinguir sus relaciones conyugales, los Estados deberían contemplar esa amarga posibilidad en su legislación. Ahorraría mucho dolor e, irónicamente, en muchos casos prolongaría las uniones, en lugar de precipitar la ruptura.

¿Cómo deberían ser esas normas? Tal vez, las tres más urgentes serían éstas:

1) Tendrían derecho a solicitar la secesión las regiones con cierta entidad histórica, previamente señaladas en la Constitución, en las que sólo voten los mayores de edad radicados en ese territorio. La idea es cerrar el paso a los arrebatos separatistas, como cuando la ciudad o cantón de Cartagena, en Murcia, en el sur de España, se declaró independiente en 1873 y pidió la anexión a Estados Unidos.

2) No bastaría con una victoria. Serían necesarias dos consultas, acaso separadas por una década, para demostrar que el resultado de las urnas no es el producto de una coyuntura, sino de una tendencia social claramente arraigada y sostenida intergeneracionalmente.

3) Tampoco bastaría una mayoría simple. Sería necesaria una mayoría calificada de, por ejemplo, el 60% de los sufragios o del padrón electoral. La superstición aritmética de que el 50% más uno legitima cualquier decisión no siempre es acertada. Ese uno a las 24 horas puede cambiar de opinión. La democracia es un método para tomar decisiones colectivas que se sustenta en la regla de la mayoría, pero la definición legal de mayoría puede cambiar para que el método dé resultados y no resulte contraproducente. La existencia misma del concepto mayoría calificada demuestra que la democracia es un instrumento, no un fin en sí mismo.

Es urgente crear un marco legal que evite el surgimiento de la violencia. Algunos de los peores conflictos que ha conocido la especie humana se originan en la constitución y en la disolución de los Estados.

¿Cuánta sangre costó, recientemente, la desaparición de Yugoslavia y el surgimiento de media docena de naciones, entre las cuales, al menos una, Kosovo, todavía está en medio del parto? ¿Qué sucede en Ucrania? ¿Cómo será el difícil establecimiento del Estado kurdo, dado que la nación kurda –25 millones de habitantes remotamente originados en la cultura persa– vivaquea entre Turquía, Irak, Irán y Siria? ¿Cómo será ese terrible estallido en el mundo islámico? (Los kurdos, como buenos persas, suelen decir: "Una palma no es un vegetal, un camello no es un animal y un árabe no es un ser humano").

Como Estados Unidos contaba con un procedimiento (más o menos opaco) para formar parte de la Unión Americana –lo que le ha permitido llegar a los 50 Estados desde los 13 originales–, pero no un modo de salida, en el siglo XIX debieron sufrir una espantosa guerra, cuyo costo en vidas humanas norteamericanas ha sido mayor que el de cualquier guerra anterior o posterior en la que el país haya participado.

En suma, si sabemos que los Estados, como las personas, están sujetos a cambios y, al final, a la muerte inevitable, busquemos la manera de acomodar esos cambios y, en su momento, aprendamos a enterrarlos dignamente. RIP.

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Aumenta la radicalidad, desciende la libertad

 Este fin de semana hemos asistido a uno de los elementos que caracteriza al nacionalismo visceral catalán. Así, un grupo que se arrogaba la representación de Cataluña, simuló disparar a un edil del PPC. Nada nuevo. Se trata de un fenómeno habitual que puede remontarse a los años de liderazgo de Vidal Quadras y que se mantuvo durante la jefatura de Josep Piqué. Entonces (2003-2007), la excusa consistió en que los populares se oponían a la reforma del Estatuto de Autonomía (1979), argucia política con la que el PSC aspiraba a competir en nacionalismo con CIU o ERC.

En aquel entonces, cualquier discurso o intervención pública de quienes rechazaban la reforma, por ejemplo en las universidades, era boicoteada y los ponentes estigmatizados como "fascistas". En paralelo, la izquierda abertzale, la misma que no ha pedido perdón a las víctimas por los crímenes cometidos por ETA, campaba a sus anchas por los diferentes espacios públicos catalanes.

Es previsible que conforme nos acerquemos a la Diada (11 de septiembre) o a la fecha de la supuesta votación separatista (9 de noviembre), los ataques contra quienes no comulgan con los dogmas rupturistas se multipliquen. Igualmente, lo cual es más grave (o surrealista, o contradictorio) quienes los profieran es muy probable que se amparen en el victimismo, expresado en frases del tipo "España no nos comprende".

Si la solución a este embrollo generado por el nacionalismo catalán son pactos particulares (bilaterales) para satisfacer a una de las partes, en este caso a una comunidad autónoma, entonces sí que el error será mayúsculo ya que, por un lado, el nacionalismo es insaciable, y por otro, se agraviará de manera gratuita al resto de entidades territoriales. Este es el gran elemento del discurso nacionalista: conferir derechos a territorios, no a ciudadanos. Y, en íntima relación con esta tesis, delimitar categorías de ciudadanos, de tal manera que unos son de primera y otros de segunda.

La equidistancia de algunas formaciones políticas, en teoría de ámbito nacional, tampoco ayuda a resolver el problema. Precisamente el PSC, que ahora navega sin un rumbo claro, tuvo la posibilidad de alterar el curso de la historia entre 2003-2010. Sin embargo, no sólo no lo hizo, sino que optó por enfatizar su componente nacionalista, menospreciando de este modo a un amplio porcentaje de sus votantes.

Para encarar de manera exitosa la "cuestión catalana" hará falta mucha pedagogía y elaborar un proyecto a largo plazo ya que la herencia de casi cuatro décadas de nacionalismo identitario es difícil borrarlas de la mente de sus ciudadanos. Además, la condescendencia que se ha percibido en muchas ocasiones por parte de los poderes centrales hacia "el nacionalismo moderado" tampoco ayudará.

En este sentido, se han permitido vulneraciones sistemáticas de los derechos y libertades de los ciudadanos por ejemplo a través de la educación o por mejor decir, de la adulteración de la educación. Buen ejemplo de ello es la visión de 1714 que se enseña a los niños en las escuelas o la interpretación de la Guerra Civil española como un ataque de Franco a Cataluña. Se trata de mantras cuya falsedad ha sido puesta de manifiesto por historiadores, periodistas y juristas catalanes pero que, precisamente por ello, han caído en la categoría de traidores.

Finalmente es más que reprochable el escaso protagonismo que se está dando a aquellas organizaciones de la sociedad civil que desde antiguo vienen luchando contra el nacionalismo obligatorio. Si en el pasado fue el Foro de Babel el que recibió la combinación de insultos-ataques por parte del oficialismo, ahora le toca el turno a Sociedad Civil Catalana, entidad que, salvo en determinados medios y columnas, no ve reflejado su trabajo en defensa de la libertad. Por tanto, menos hablar de pactismo o de seny y más potenciar y publicitar a quienes se levantan contra las murallas que se quieren imponer.

En manos de quién estamos

“En manos de quién estamos…”. Eso se preguntaba el otro día en gran Peréz-Reverte en un artículo bastante divertido donde relata cómo la burocracia española le hizo pasar un calvario a un conocido suyo para regularizar un bote de cuatro remos.

Me gustó bastante el artículo, como me gustan la mayoría de las críticas sociales que hace. Sobre todo porque es de las pocas personas en España que escribe con sentido común en vez desde una posición ideológica fija.

Aunque el sentido del artículo es claro y queda claro, a mí el tema me parece lo bastante interesante como para ahondar un poco más en él. Porque leyendo a Don Arturo uno puede pensar, erróneamente, que el problema de la sobrerregulación viene porque el señor que regula es un idiota o un ignorante, cuando en realidad es un señor que está siguiendo sus incentivos de forma correcta.

Vamos a ponernos en el caso del redactor de la normativa; ¿para qué va a disminuir los requisitos en seguridad en un bote simplemente porque es pequeño? Podríamos pensar que lo haría para no quedar como un idiota delante de su jefe, que a diferencia que él sí usa el sentido común y le puede correr a gorrazos al leer su propuesta. Error, su jefe ha llegado a esa posición precisamente por haber demostrado claramente que no tiene el menor sentido común o, en el mejor de los casos, que no piensa hacer uso de él mientras realice sus funciones profesionales. Y una de las mejores formas de demostrarlo es dejando claro que la realidad no te va a impedir cubrir el culo de tus responsables políticos, que no tienen ni idea del tema que diriges, definiendo unas normas exageradas que les exonere de cualquier responsabilidad social en una noticia dramática. Y ya de paso si sirve para construir un enjambre burocrático que alimente a la administración con tasas y departamentos de inspección, seguramente te ganes el premio al burócrata del año.

Esto puede parecer una crítica al Estado y los malvados políticos, pero en realidad pasa lo mismo en cualquier organismo lo bastante grande como para que los directivos tengan que tomar decisiones de temas que desconocen por completo. La ventaja del sector privado está en que estos ámbitos suelen ser marginales en el negocio de la empresa, y que los parásitos que habitan en ellos suelen estar a raya vía presupuestos anuales. Las tasas que paga un departamento productivo a uno improductivo se ven muy claramente en los resultados y, por tanto, las normas pueden salir baratas, pero asegurar su cumplimiento no. Y, por tanto, solo se hace en el caso de que no te quede otra (cumplir regulaciones del Estado) o porque es un estándar tan aceptado en el negocio que te perjudicaría seriamente no cumplirlo.

Así que el problema con el Estado es el de siempre: le importa un pito que el número de pescadores baje porque sus normas son absurdas, ni que la riqueza invertida en producción de bienes y servicio útiles se esté derrochando en que la guardia civil se dedique a acosar a señores con botes de cuatro remos o en funcionarios que se aseguren que cada bote cumple con las normativas absurdas, obra de otro funcionario que sólo pensaba en seguir teniendo un trabajo tan bueno y tan importante.

Aunque la madre del cordero sigue estando en la cantidad de ciudadanos comprometidos que se llevarían las manos a la cabeza si tres personas se ahogan al naufragar un bote de este tipo. Y ya no digamos si hay niños entre las víctimas. Porque el Estado es igual de malo en España que en Perú, pero en Perú, gracias a que no tienen tanto tiempo libre para pensar en chorradas, a nadie le sorprende que una persona vaya en un bote pequeño sin el equipamiento de un transatlántico.

La gente normal asume riesgos y a veces, muy de vez en cuando, la cosa se tuerce mucho y muere. Luego están los idiotas a los que la regulación les importa un pito, y pese a que se les intenta proteger con intentos tan absurdos como avisarles de que los anuncios publicitarios son eso, anuncios, se terminan quemando con alcohol o saltando de un balcón o haciendo naufragar un crucero para impresionar a un ligue…

¿En manos de quiénes estamos? En las manos de un sistema que persigue acabar con el individuo, y una de sus principales herramientas para sobrevivir: el sentido común.