Ir al contenido principal

Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

La mentalidad de la rapiña

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

"El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás".

Frédéric Bastiat.

Decía Thomas Hobbes, célebre paladín del Estado absolutista, que el estado natural del ser humano es el de una guerra interminable de todos contra todos. Para el filósofo inglés, el hombre es un lobo para el hombre, un ser infinitamente egoísta y desprovisto de sentimientos morales. En un hipotético estado natural nadie se esforzaría en producir nada de valor, sino que todos se centrarían en mejorar sus técnicas de rapiña y en apropiarse del escaso fruto del trabajo ajeno. El ser humano caería en un perpetuo y destructivo equilibrio en el que cada uno se dedicaría a depredar a todos los demás. ¿Cuál sería, según Hobbes, la única solución posible? Que todos los individuos, mediante un misterioso contrato social, entreguen sus derechos naturales a un soberano con poderes absolutos: el Leviatán, el Estado absolutista. Y todo arreglado.

En su monumental The Problem of Political Authority, el filósofo estadounidense Michael Huemer señala que la lógica de la depredación sería, en todo caso, justo la contraria. Hoy en día nadie duda de que un Estado como el absolutista o el totalitario es una monstruosa máquina de depredación. Pero es que incluso, como explica Huemer en detalle, el moderno Estado democrático tampoco es muy distinto. Todos los clásicos mecanismos de control del poder político, como las elecciones democráticas, la división de poderes o los límites constitucionales, permiten que funcione relativamente mejor, pero son mucho más débiles e ineficaces de lo que se suele pensar. No evitan que la maquinaria política saquee a los ciudadanos en beneficio tanto del político de turno como de los afines grupos de presión. Y es que si entregamos al Estado el poder para expoliar a los ciudadanos, ¿por qué iba a renunciar a utilizarlo en su propio interés?

No hace falta irse muy lejos para comprobar esta disfunción. En la actualidad España está sumida en la dinámica de la depredación, en una batalla de todos contra todos hecha posible por la intermediación de una gigantesca maquinaria estatal. No hay más que abrir el periódico por una página cualquiera, poner la tertulia televisiva que sea, para encontrarse con que destacan dos fenómenos de información política: casos de expolio pasados e ideas para expolios futuros. El primero a nadie escapa: el Gobierno de Rajoy, con Montoro a los mandos, saquea mediante impuestos a la ciudadanía con el propósito de alimentar la hipertrofiada estructura estatal y de sustentar a los lobbies que medran al calor del poder político. Lo mismo sucede, en mayor o menor medida, a todos los niveles del enorme aparato estatal. Y claro, cuanto mayor es dicho aparato estatal, cuanto mayor el poder discrecional en manos del político, mayores son las tentaciones y mayores las fugas del sistema, sean éstas a gastos inútiles, a actividades suntuarias o, directamente, a cuentas en Suiza.

Pero el segundo fenómeno antes mencionado es igualmente preocupante: en la sociedad ha calado una auténtica mentalidad de la rapiña. Las propuestas que una gran parte de la ciudadanía sugieren para salir del agujero en el que nuestras autoridades nos han metido pasan por aumentar la depredación, por recrudecer el expolio del dinero ajeno, por incrementar el tamaño del Estado y el poder del que gozan los políticos. El programa de Podemos, una enumeración de ideas que siguen la vieja fórmula de "quitar a Pedro para dar a Pablo", no es sino un reflejo extremo de esta dañina mentalidad social. Pero ésta ni se circunscribe al partido de Pablo Iglesias, ni a un estrato específico de la sociedad. Es algo transversal.

El español, saqueado y empobrecido, tiene todo el derecho del mundo a cabrearse con su cleptómana clase política. Pero eso no implica que cualquier alternativa que suene atractiva sea un avance en la buena dirección. ¿Es la solución a los problemas de España más Estado, más poder político, más discrecionalidad? Al contrario: la solución pasa por reducir el poder del que gozan los políticos. Hay que reducir el tamaño de la maquinaria estatal y devolver al ciudadano el poder de decisión sobre sus vidas. Nuestros esfuerzos no han de orientarse a vivir, por medio del Estado, a costa de los demás, sino en trabajar por ofrecer más y mejores bienes y servicios a la sociedad. Para ello no necesitamos ni el socialismo de Podemos ni el corporativismo del PP. Necesitamos, simplemente, que no nos saqueen.

Institucionalismo. Ciudadanos frente a las ideologías o religiones de lo político.

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

A lo largo del siglo XX y, también, a comienzos del siglo XXI, se ha podido comprobar cómo las utopías ignoran la importancia fundamental de las instituciones (morales, jurídicas y políticas) que son responsables de la acción humana en libertad y, por tanto, influyen de un modo determinante sobre los millones de interacciones y intercambios que se producen en el orden del mercado, espontáneo y abierto.

Las utopías conducen hacia la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo o en el intervencionismo, porque coaccionan la libertad de interactuar de los seres humanos en el orden de mercado y desvían el poder y el dinero hacia las oligarquías "extractivas" y "destructivas" que secuestran el orden político en favor de sus redes clientelares. 

1. Instituciones morales, jurídicas y políticas determinantes del orden de mercado

El orden de mercado emerge siempre con mayor intensidad allí donde existe mayor libertad de acción humana por medio de los derechos de propiedad y los acuerdos y contratos libremente consentidos. Éstas instituciones impulsan el ejercicio de la acción humana que, en el ámbito económico, es equivalente al ejercicio de la función empresarial con procesos permanentes de innovación y coordinación que generan (y, a su vez, son generados por) la eficiencia dinámica en Economía.

Sin embargo, el orden de mercado no se puede ejercer en el vacío institucional, dado que la acción de los seres humanos se ejerce buscando la eficiencia dinámica pero, siempre, se quiera o no, con la influencia de las ideas y de las relaciones humanas que se establecen en el seno de otros órdenes en los ámbitos religioso, moral, jurídico y político que son espontáneos pero, frecuentemente, menos abiertos que el orden económico o de mercado.

Es decir, el orden de mercado sólo puede impulsarse en un territorio cuando existen instituciones que conforman un marco institucional que proporciona la triple seguridad vital (exterior, interior y jurídica) a las personas que habitan un territorio y, por tanto, a las interacciones e intercambios que tienen lugar entre los seres humanos. El orden político o del «ejercicio del poder» sobre un territorio existe siempre y es eminentemente oligárquico, condicionando notablemente el ejercicio de la acción humana y, por tanto, de la función empresarial que caracteriza el orden de mercado.

La ley de hierro de la oligarquía es universal de forma que aplica siempre sobre cualquier época y lugar, por lo que históricamente puede observarse cómo el orden político es ejercido sobre un territorio con instituciones políticas más cerradas o más abiertas a la sociedad civil en función del arraigo entre las élites de la población de las instituciones morales y jurídicas que distinguen el marco institucional de cada país, de modo que podemos encontrarnos:

a) Proceso de Evolución Institucional. Cuando las instituciones políticas son liberadas y/o gestionadas por líderes "inclusivos" de todos los ciudadanos y "integradores" de todas las regiones, se produce un proceso de evolución institucional hacia una sociedad civilizada, abierta y libre. En estos casos, el orden de mercado actúa con niveles máximos de libertad. 

b) Proceso de Involución Institucional. Cuando las instituciones políticas quedan secuestradas por oligarquías "extractivas" de los recursos y "destructivas" del propio orden político en sus intentos por maximizar el dinero y el poder "guiando" un territorio, se produce un proceso de involución institucional hacia una sociedad tribal o colectivista, cerrada, coactiva y violenta. En estos casos, disminuye la libertad de las personas que interactúan en el orden de mercado, debido a la intervención política.

En los procesos de involución institucional, los ciudadanos quedan atrapados en lo que hemos denominado una jaula de hierro de la oligarquía, construida entorno al aumento constante del tamaño del Estado y la invasión por la política de todos los ámbitos de decisión del individuo. Se multiplican los casos de corrupción y, sistemáticamente, el orden de mercado es regulado e intervenido en favor de las redes clientelares de la casta política, actuando el aparato estatal en beneficio de las oligarquías que controlan las instituciones.

Como consecuencia de ello, liberarse de la jaula de hierro de la oligarquía es una cuestión clave para que los ciudadanos puedan actuar con libertad en el orden de mercado y mejoren su riqueza pero, más allá de los principios del crecimiento económico, para que los ciudadanos puedan vivir en una sociedad civilizada, abierta y libre.

2. Institucionalismo

Al igual que ocurrió en la Gran Depresión del 1929, debido a la profundidad de la crisis económica y financiera de la Gran Recesión del 2007, estamos en un momento pre-revolucionario donde se está produciendo un cambio "estético" en la percepción por los ciudadanos del orden político porque se está desvelando la naturaleza luciferina y la podredumbre moral de la casta política en el perverso juego con el que construyen sobre la población la mencionada jaula de hierro de la oligarquía. En su base, se trata de una crisis moral, jurídica y política que tiene repercusiones económicas y financieras y que permite observar los efectos perversos del socialismo o, de su versión posmoderna, el intervencionismo.

Por ello, quizás ha llegado pues el momento de superar las ideologías o religiones de la política que, desde la revolución francesa de 1789, sirven como dogma a las oligarquías, guían hacia el cientifismo constructivista, incrementan el tamaño del Estado y, sistemáticamente, intervienen sobre la libertad en la acción humana y, por tanto, conducen hacia la imposibilidad de cálculo económico a medio y largo plazo, buscando utopías alejadas de la realidad.

En el contexto del actual deterioro institucional, es especialmente importante promover el institucionalismo en el sentido de superar las ideologías que sirven a los intereses de los políticos "intervencionistas de todos los partidos" y fijarse en las instituciones (Why Nations Fail) para que los ciudadanos identifiquen y elijan democráticamente aquellos líderes que actúan con honestidad, honradez y decencia para conseguir, paso a paso, escalonadamente, la regeneración moral, jurídica, política y, por ende, económica de un país.

El institucionalismo se centra en el análisis económico del derecho, la elección pública, la acción humana y la función empresarial en el seno de un marco institucional para dotar a un país de instituciones democráticas sólidas y fuertes.

Entendiendo por instituciones democráticas sólidas y fuertes aquellas que dotan un Estado de Derecho, digno de tal nombre, en donde, entre otras instituciones jurídicas, existen el cumplimiento de la ley [1], la separación de poderes [2], la independencia judicial [3], la tutela judicial efectiva [4], las garantías procesales [5], el referéndum obligatorio [6] en las decisiones trascendentales para el futuro de un país, la elección libre y directa de representantes [7]… porque son instituciones fundamentales que permiten que los ciudadanos deshagan la jaula de hierro de la oligarquía mediante la limitación, la persecución y las sentencias ejemplarizantes sobre los delitos de las oligarquías "extractivas" y "destructivas".

Éstas instituciones democráticas sólidas y fuertes se basan en instituciones o valores morales, fijos e inmutables como, entre otros, el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la ley, que no pueden ser relativizados y coaccionados por los intervencionistas de todos los partidos: los tradicionales del "consenso social-demócrata" o los nuevos de la demagogia totalitaria (comunista, fascista, nacional-socialista, nacional-separatista…).

3. Evolución de las instituciones

El institucionalismo se basa en la teoría de la evolución institucional de los países que explica cómo los ciudadanos de bien deben aprender a identificar y elegir para los cargos públicos a los líderes inclusivos e integradores que se caracterizan por actuar con valores morales como la honradez, la honestidad y la decencia y por impulsar un proceso de triple regeneración institucional (o proceso «3R»):

1) Recuperación de los valores o, si se prefiere, de las instituciones morales entre una mayoría de ciudadanos de bien que constituyen la base del crecimiento económico pero que, también, son la base del arraigo de una sociedad civilizada, abierta y libre.

2) Regeneración de la democracia o, si se prefiere, de las instituciones jurídicas que permiten que arraigue un Estado de Derecho, digno de tal nombre, que garantiza la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) y permite que los ciudadanos con valores elijan en elecciones democráticas, libres y directas, a los lídereslíderes "inclusivos" de todos los ciudadanos e "integradores" de todas las regiones para:

a) Reformar el marco jurídico para luchar contra la corrupción de la casta política.

b) Profundizar en la democracia para poner límites a las oligarquías: organización territorial racional, separación de Poderes, Independencia Judicial, Elecciones por circunscripciones uninominales…

c) Maximizar la libertad en el país para que arraiguen los principios del crecimiento económico: protección de los derechos de propiedad y de la función empresarial, unicidad de mercado, desregulación de mercados intervenidos…

3) Reducción del tamaño del Estadoo, si se prefiere, reducción de las instituciones políticas para que arraiguen los principios de una sociedad civilizada, abierta y libre (vida, familia, libertad…) y, consecuentemente, también los principios del crecimiento económico (propiedad, unicidad de mercado, desregulación de mercados intervenidos, función empresarial…). Sin este último proceso, los políticos involucionan el marco institucional, coaccionando los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos. 

El institucionalismo debe ser entendido como un concepto "desideologizado" que no distingue entre posiciones de derechas o de izquierdas, pero que sí diferencia claramente entre las oligarquías "extractivas" y "destructivas" y los líderes "inclusivos" e "integradores" que se distinguen por promover el arraigo de un marco institucional que sea "inclusivo" de todos los ciudadanos e "integrador" de todas las regiones, que es lo que caracteriza el orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana que denominamos sociedad civilizada.

LEER MÁS

Milagros del sector privado y crímenes del sector público, de J. Tucker

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Prólogo a la edición española, por Albert Esplugas

Prólogo a la edición española de Milagros del sector privado y crímenes del sector público, de Jeffrey Tucker, publicada por Unión Editorial (disponible aquí).

Su inconfundible pajarita lo delata como rothbardiano. Jeffrey Tucker comparte con Mr. Libertarian su fascinación por los milagros del capitalismo y su aversión a los crímenes de lo público. Austríaco de filiación, periodista y editor de profesión, Tucker es un narrador de anécdotas convertidas en parábolas. Compara el presente y el pasado aludiendo a sus dibujos animados preferidos, los Supersónicos, infinitamente más evolucionados que los Picapiedra. Desarrolla el concepto de la escasez, y su paulatina remisión en el mundo, hablándonos de un amigo de la antigua URSS que coleccionaba tantos objetos como podía. Ilustra la futilidad de la autosuficiencia desgranando el complejísimo y descentralizado proceso de elaboración de un “helado casero”. Se deshace en elogios por el McCafé, ejemplo de universalización comercial de los referentes de las élites.

Tucker quiere llamar la atención sobre la abundancia que nos rodea y el orden social que la ha hecho posible. La damos por descontada, y no deberíamos, porque nuestros padres y abuelos no disfrutaron de ella. No es una mera cuestión de renta per cápita, la riqueza no se mide solo en términos monetarios. Hágase el lector la siguiente reflexión: repase su día a día y todo lo que le rodea, y pregúntese si viajaría atrás en el tiempo, aun a cambio de un salario más alto.

Innumerables medicamentos y tratamientos prolongan y mejoran hoy nuestra vida. La ortopedia y la robótica han ampliado la autonomía de discapacitados y abuelos. Encontramos a nuestro match en Meetic, tenemos hijos aunque seamos estériles, practicamos sexo seguro con anticonceptivos, y acudimos al sexshop para satisfacer fantasías. Hacemos máquinas y deportes de aventura. Seguimos la ruta que nos marca el GPS, enviamos un paquete urgente con FedEx, imprimimos documentos en casa, ponemos la calefacción o el aire acondicionado, pagamos el periódico con una tarjeta contactless y sacamos efectivo de un cajero en cualquier esquina del mundo. Volamos lowcost a otras capitales europeas, nos desplazamos con una bicicleta plegable y alquilamos coches con dirección asistida, airbags, cambio automático, bluetooth y encendido ecológico. Hacemos el pedido del supermercado con un click, compramos libros de segunda mano en Amazon, subastamos en eBay, escribimos blogs, descargamos series, chateamos por Whatsapp, hacemos videoconferencias intercontinentales por Skype, guardamos nuestro trabajo en la nube, le pedimos a Siri que nos despierte a las siete, leemos prensa internacional, planificamos viajes con Kayak y Tripadvisor, reservamos cenas con descuento en El Tenedor, regalamos Smartbox, buscamos en Google y aprendemos en Wikipedia. Accedemos a cientos de canales de televisión, nacionales y extranjeros, de deportes, entretenimiento, historia, naturaleza, cocina, viajes, arte, ciencia, de cine clásico y de cine de autor, con subtítulos o en otros idiomas. Escogemos entre alimentos orgánicos, sin grasas, sin gluten, con vitaminas añadidas, con envase reciclable, para vegetarianos, para diabéticos y para nuestra mascota. Preparamos comida en un minuto al microondas, cenamos en un restaurante de fusión en un piso 40, nos llevamos sushi take-away y nos traen pizzas a casa. Asistimos a una cata de vinos, a un curso de pastelería o a clases de salsa. Vamos a un concierto, a la discoteca, a la bolera, a un parque de atracciones o al IMAX. Formamos un club de fans o montamos una asociación de frikis. Nos titulamos por internet, nos anunciamos en InfoJobs o Linkedin, financiamos nuestra empresa con crowdfunding o business angels, invertimos en una ETF o en fondos value, y donamos dinero a las ONG más eficientes según GiveWell. La oferta de que disponemos para divertirnos, aprender, experimentar, ejercitar, relacionarnos, ayudar y crecer intelectualmente no tiene parangón en la historia. Si echásemos la vista atrás nos daríamos cuenta de que Luis XIV tenía menos lujos que el ciudadano medio en la sociedad contemporánea.

El presente volumen es una compilación de artículos sobre las bondades del mercado y los perjuicios del Estado partiendo de la base de que las primeras las damos por descontadas. No es solo que no apreciemos los frutos del capitalismo, es que a menudo ni siquiera los reconocemos como tales. “La mano” del mercado es, a la postre, invisible, y el peligro inherente a esa invisibilidad es que atribuyamos su éxito a otras causas y acabemos sacrificando a la gallina de los huevos de oro.

El proceso de mercado es invisible a nuestros ojos porque es un proceso de coordinación indirecta, que no está teledirigido desde arriba. Los individuos interactúan persiguiendo su propio interés, y al hacerlo generan una constelación de intercambios voluntarios que beneficia a todas las partes. Como señalaba Adam Smith al acuñar el concepto de “mano invisible”, no compramos al carnicero para hacerle un favor ni él nos vende su carne por caridad, y no obstante el resultado de este intercambio interesado es que ambos salimos beneficiados. Indirectamente, al perseguir nuestro interés, beneficiamos a los demás. Ésta es la gran enseñanza del liberalismo clásico y que Tucker traslada al ámbito moderno y hasta sus últimas consecuencias.

Pero mucha gente no juzga las acciones por sus resultados sino por sus intenciones. Y el ánimo de lucro, la intención de enriquecerse, acarrea un estigma social que condena al mercado antes de que el juez pueda oír sus argumentos. El Gobierno, en cambio, está cargado de buenas intenciones. Los políticos prometen, la constitución garantiza, y el Estado transmite la imagen de un proyecto épico colectivo con la misión expresa de hacer una sociedad mejor. Da igual que el resultado sea todo lo contrario.

El mercado no cuenta con ninguna misión expresa con la que impresionar a las masas. No es una organización jerárquica intencional que declare luchar por una sociedad próspera y armoniosa. Por mucho que algunos quieran dotarlo de personalidad propia, el mercado no es más que un nombre para designar a millones de personas y asociaciones voluntarias que cooperan entre sí para conseguir sus respectivos fines. Éste es el corolario del mercado que a Tucker no deja de maravillarle: que el progreso y la armonía social surjan de un proceso de interacción descentralizado que coordina a cientos de millones de personas sin que nadie desde arriba lo dirija ni nadie desde abajo actúe con el propósito de hacer una sociedad mejor.

Tucker no ve fallos de mercado, sino oportunidades de negocio. Es obvio que el mercado no es “perfecto” si por perfecto entendemos que se ajusta en todo momento y lugar a las expectativas de las personas. Vemos ineficiencias por doquier: aquí hay una necesidad desatendida, allí hay una empresa que sobrevive pese a ofrecer un penoso servicio. Pero cada “fallo de mercado” o ineficiencia desde una perspectiva estática es una oportunidad de negocio desde una perspectiva dinámica. En otras palabras, si algo no funciona hoy, alguien puede hacerse rico arreglándolo mañana. Cualquier demanda insatisfecha es una oportunidad de ganar dinero para quien encuentre la forma de satisfacerla, lo que sugiere que no va a permanecer desatendida mucho tiempo. El mercado, pues, no es nunca eficiente desde un punto de vista estático, solo lo es desde un punto de vista dinámico. Es decir, tiende a la eficiencia a medio y largo plazo, instituyendo incentivos económicos y el test de la rentabilidad para descubrir y corregir ineficiencias conforme transcurre el tiempo. El Estado, sin incentivos económicos ni test de la rentabilidad, ni tiende a la eficiencia ni se le espera. Así, el hecho de que haya una necesidad desatendida o una empresa que ofrezca un pésimo servicio no debería llevarnos a concluir que el Estado “tiene que hacer algo” de inmediato, como si además supiera cómo hacerlo. Más bien debería inspirarnos reflexiones como “un poco de paciencia, seguro que alguien encuentra una solución y se hace rico”, o “esta empresa durará poco, la competencia la barrerá”, o “si nadie está satisfaciendo esa demanda a lo mejor es que no es tan acuciante como parece y hacerlo implica despilfarrar recursos”.

Tucker no teme recurrir a la expresión “que se encargue el mercado”. Como afirma el economista Donald Boudreaux, es una regla sencilla para un mundo complejo. Al contrario que la expresión “ya se encargará el Estado”, no es una respuesta dogmática ni simplista. Es una regla que encapsula en pocas palabras un elaborado planteamiento teórico con una buena dosis de humildad intelectual. Cuando decimos “que se encargue el mercado” estamos reconociendo los límites de nuestro conocimiento y depositando nuestra confianza en la creatividad de millones de personas que arriesgan su fortuna y su reputación en un proceso descentralizado que premia a los que aportan soluciones y castiga a los que malgastan recursos. Estamos confiando en un proceso que se va autocorrigiendo con el paso del tiempo y que estimula el progreso: cada individuo puede contribuir con sus propias ideas, las ideas compiten entre sí, las mejores ideas son imitadas y triunfan, y las peores van quedando relegadas.

Cuando decimos “que se encargue el Estado”, por el contario, estamos depositando nuestra confianza en un grupo de políticos y funcionarios que actúa en un marco completamente distinto. Los burócratas responden ante los electores que votan cada cuatro años, no ante consumidores que votan cada día cuando compran o se abstienen de comprar. En el mercado podemos cambiar de proveedor de internet o de compañía de gas con una llamada. Si queremos cambiar de policía, tener una justicia más eficiente o pagar menos impuestos por los servicios públicos, tenemos que hacer las maletas y mudarnos a otro Estado (donde probablemente encontremos similares carencias). Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los de los contribuyentes, la irresponsabilidad y la ineficacia les sale gratis. Los burócratas no permiten la competencia de ideas, imponen su “solución” a todos uniformemente, y como actúan al margen del mercado no son premiados con beneficios cuando sus ideas sirven a la gente, ni castigados con pérdidas cuando despilfarran recursos. La expresión “que se encargue el Estado” no encierra ningún significado más profundo, se supone que el Estado dará con una solución simplemente porque dice tener la intención de encontrarla, aunque no tenga los incentivos ni pueda recurrir al test de la rentabilidad para hacerlo. Eso sí es un acto de fe.

Jeffrey Tucker invita al lector a valorar los milagros cotidianos del capitalismo y a desprenderse del Estado cuando haya alternativas de mercado. Es más sano preocuparse de las “trivialidades” de tu día a día que de la política nacional. Quizás así, por la vía de la indiferencia, el Estado sea cada vez más irrelevante.

Atar de manos a los políticos

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los males de nuestras democracias es el poder ilimitado que han alcanzado. La democracia, legitimada como voluntad popular, tiende a ser considerada un poder que no se puede limitar pues supondría limitar la soberanía del pueblo que vota. Esta visión simplista y demagógica de la democracia triunfa en las sociedades en las que la intromisión de la política se ha derramado sobre todos los aspectos de la vida identificando democracia como fin y no como medio. La visión de Rousseau se ha impuesto a través de sus nuevos intérpretes del republicanismo contemporáneo encabezado por Philip Pettit y asumido con entusiasmo por los políticos de todo tipo que debían justificar los votos que pedían en el fin de la historia, cuando las ideologías ya parecían amortizadas.

No se trata por tanto de conseguir una buena gestión ilimitada de lo público sino de protegernos de la intervención de los políticos en nuestras vidas. Nuestros derechos no quedan blindados al aparecer enumerados en un papel sino al establecer mecanismos que impidan a los burócratas decidir en esas áreas de nuestra intimidad sobre la que solo nosotros deberíamos poder decidir.

Una de las peores formas manipulación política es el control de la política fiscal y económica. El curso forzoso de la moneda y su emisión vinculada únicamente a objetivos políticos -legitimados como democráticos- ha puesto en manos de los políticos toda decisión sobre nuestras ganancias y ahorros. No se trata de algo nuevo, ya Juan de Mariana denunció la mutación monetaria, pero al eliminar el patrón oro el único control que mantenía el valor de la nuestras monedas saltó por los aires. ¿Acaso un mandato popular no puede incluso decidir qué debe valer el dinero? No satisfechos con este poder desmedido la nueva economía keynesiana les otorgó la justificación teórica para incurrir en déficit y financiar mediante deuda las políticas públicas de modo que los votantes ya no tenían que aprobar subidas de impuestos -o incluso nuevos impuestos- y ese trago amargo quedaba diluido en el largo plazo. El cortoplacismo del juego democrático unido a la intervención económica contribuyen a la irresponsabilidad fiscal que solo retrasa los problemas pasando de generación en generación esa bomba de deudas que en algún momento estallará como hemos podido comprobar en España y otros países.

De ahí que límites como el que impone el artículo 135 de la Constitución española sean tan importantes. Limitar el endeudamiento y el déficit es responsabilidad democrática para no hipotecar a las generaciones futuras. Atar de manos a los políticos para que nosotros podamos correr cargando menos fardos impuestos. Si quieren ampliar el gasto público que tengan que retratarse pidiendo votos para subir los impuestos sin enmascarar esos objetivos en una huída hacia adelante que al final tenemos que pagar todos.

Limitar constitucionalmente a un gobierno o parlamento no es limitar la democracia, es protegerla; es limitar a los políticos. Limitarles para que no puedan entrometerse en áreas que no deben ser de su competencia para proteger la libertad de los individuos. La democracia, el gobierno de la mayoría impuesto sobre la minoría, es solo un medio para formar gobiernos y tomar decisiones colectivas pero el fin debe ser proteger a la minoría y no debemos olvidar, citando a Ayn Rand, que "la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías".

La casta es el Estado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El conocido economista y político italiano Mario Monti publicó un artículo en el Financial Times, que en España reprodujo Expansión, que es una magnífica muestra de lo que cabe esperar de la burocracia europea. Como si fuera una cuestión puramente técnica y analíticamente obvia, propuso Monti cambiar "la normativa de las inversiones públicas en Europa".

Consciente del bochorno que suscita el hecho una y otra vez comprobado de que los Estados hacen con sus compromisos prácticamente lo que les da la gana, por ejemplo, pasarse el Pacto de Estabilidad por el arco de triunfo, dice Monti que, hablando de dicho arco, no pueden las autoridades francesas "anunciar que incumplirán los plazos y conseguir el respaldo de otros países como Italia, asegurando que la UE no debería considerar que su postura es una infracción".

La imaginativa solución de Monti es la misma que se aplicó cuando casi nadie cumplía la condición de Maastricht de que la deuda pública no podía superar el 60% del PIB. ¿Qué hicieron? Pues suprimieron ese requisito y Santas Pascuas.

Y ahora lo que toca, como diría el célebre Hereu, es cargarse el mencionado Pacto de Estabilidad, que, afirma Monti sin explicar por qué, resulta que es "simplista" y sólo "adecuado para la primera etapa del euro". Así que: Bye bye love…

Aclara Monti que el truco es no computar en el déficit las inversiones públicas. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? (La verdad es que sí se nos había ocurrido, y el astuto italiano recuerda que hace tiempo la propia Alemania "tenía por norma que el Estado sólo se endeudara para realizar inversiones públicas").

Sea como fuere, dice el senador vitalicio italiano que "la idea de un tratamiento más favorable para la inversión pública ha ido ganando terreno". Hablando de "favorable", está muy a favor de otro demagogo, Jean-Claude Juncker, y su mágico plan keynesiano de gastar 300.000 millones para impulsar el crecimiento (me ocupé de Juncker aquí hace poco). Monti añade: "La nueva Comisión debería ir más allá y anunciar la promoción de una disciplina fiscal a nivel nacional más favorable a la inversión". Vamos, que aquí no importa el déficit, con lo que retorcemos las normas y miel sobre hojuelas: "De esta forma se cumpliría el Pacto de Estabilidad permitiendo a la vez un tratamiento favorable a la inversión pública según los límites establecidos en 2013". Y encima se pone ético y tiene la osadía de escribir que esto propicia la disciplina fiscal que “protege a las futuras generaciones de los abusos de los actuales políticos”.

Como siempre, hay sólo un obstáculo, un país maldito, la Alemania de la bruja Merkel, que necesita infraestructuras, con un Gobierno que puede endeudarse a menos del 1% para invertir en obras públicas "con una tasa de rentabilidad muy superior en términos de crecimiento" (con qué alegría se dice todo ¿verdad?).

Si Alemania no lo hace, si tiene algún resquemor a la hora de seguir subiendo los impuestos, el gasto y la deuda, es decir, si igual abriga alguna duda de que esa disparatada receta no es la conveniente, Mario Monti amenaza: "Si ese país decide renunciar a ese tipo de inversión, ¿no está actuando contra los intereses de futuras generaciones?".

Cara dura no le falta al caballero de los trucos, desde luego.

Hong Kong frente a la democracia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El ruido de la calle se ha apagado, aunque no del todo. Pero el conflicto que subyace en Hong Kong sobre su sistema político sigue latente, y volverá a estallar, inevitablemente. La ex colonia británica fue entregada a la China continental, regentada por una dictadura comunista, en 1997. La cesión del control del territorio se efectuó bajo ciertas condiciones que permitían el reconocimiento y la defensa de ciertos derechos básicos de que disfrutaban los hongkoneses.

Desde que comenzaron a elaborarse los dos informes sobre libertad económica en el mundo, Hong Kong ha ocupado siempre el primer lugar. Incrustar una economía libre en un régimen comunista parece un imposible. Pero lo cierto es que China, partiendo de una experiencia particular, empezó un camino de reformas que han acercado al país a una economía de mercado. Tanto, que Albert Esplugas habla ya de una economía ex comunista. Llamémosle ex o post comunista, lo cierto es que es una sociedad complejísima, con una amalgama de planificación y mercado, represión y libertad, que ni siquiera guarda una coherencia en todo el territorio. Ese camino hacia la liberalización, que comenzó en 1978, es el que preparó al régimen para aceptar, doce años después, la Constitución de Hong Kong, que es la que rige en estos momentos. China estaba dispuesta a asumir el principio de “un país, dos sistemas”.

El capitalismo y la democracia han ido históricamente de la mano, en una relación fructífera, aunque no necesaria ni del todo simbiótica. La democracia, de hecho, ha parasitado al capitalismo. El proceso político consiste en la transferencia de renta y riqueza, desde el control del Estado, de unos grupos sociales a otros y a sí mismos. La democracia facilita esa transferencia, y la amplía, al revestir ese proceso de apropiación y reparto de una ideología que lo justifica, y que es aceptable para una gran mayoría de la población. La democracia ha permitido al Estado alimentarse de la riqueza que genera el capitalismo. Y ha entablado con él un juego en el que le aprieta para acrecentar su riqueza y su poder, pero no lo suficiente como para ahogarlo y sucumbir él mismo en una crisis que le ponga en riesgo. A medida que el capitalismo ha permitido mayores cotas de riqueza, el Estado ha podido capturar mayores proporciones de la misma, sin evitar por ello que la población deje de progresar, aunque lo haya hecho a ritmos menores de los posibles.

El régimen político de Hong Kong es relativamente liberal, pero no plenamente democrático. De hecho, Gran Bretaña ha gobernado esa colonia durante 170 años sin que jamás haya adoptado un régimen democrático. Hong Kong tiene un Parlamento con una legislatura de cuatro años, que está elegido por dos mitades. De los 70 legisladores, 35 son votados en un sufragio universal. Cinco proceden de una circunscripción funcional, orgánica. Y otros 30 son elegidos por unos 230.000 electores que proceden, en su mayoría, por sectores empresariales y profesionales. El gobierno se elije por una circunscripción aún más restringida, un Comité Electoral formado por unos 1.200 electores, que proceden de nuevo de los mismos sectores.

Eso no ha impedido que los ciudadanos de aquélla ciudad tengan un alto nivel de vida. La renta media per cápita, en paridad del poder de compra, según los datos recabados por The World Factbook elaborado por la CIA, era el año pasado de 52.700 dólares de 2013. Ocupa el puesto 15 de los más de dos centenares de países que hay en el mundo. Esto puede resultar chocante a quien identifique democracia y progreso, pero son los riesgos de la metonimia que se produce con las palabras democracia y libertad.

China ha interpretado, correctamente, a Honk Kong, como una amenaza, tal como dice Alberto Illán. Es un ejemplo de lo virtuosa que es una sociedad libre. Pero el caso de Hong Kong nos debe llevar a plantearnos, con honradez, otra cuestión. ¿Habría logrado el país tan altas cotas de libertad y prosperidad, madre e hija, con un sistema plenamente democrático? Viendo la relación parasitaria que mantiene con las sociedades libres, es muy posible que no hubiese sido así. Hablar de “la democracia” es un abuso, pues hay muchas, unas más y otras menos respetuosas de la libertad de las personas. Aún creo que la democracia puede aportar lo mucho que tiene de bueno a una sociedad libre. Pero no debemos dejar de verla como un medio, sin perder de vista que la libertad es el objetivo, pues es la tierra fértil de una sociedad buena.

Falsedades populares sobre la política

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Hay personas honradas, por lo tanto pueden existir los políticos honrados

No pueden existir políticos honrados, de la misma forma que no existen los ladrones honrados. Es un oxímoron. La confusión viene porque, a diferencia del término ladrón, que no deja lugar a dudas de su significado, existen muchas personas que creen que ejercer la política no conlleva realizar acciones éticamente incorrectas. Muchas de esas personas deciden dedicarse a la política y, hasta que consiguen una cuota de poder, se comportan de forma honrada. Pero claro, un político sin poder es como cualquier otra persona; se tiene que ganar la vida con labores ajenas al politiqueo y por tanto no se diferencia del resto de los mortales.

Siguiendo con el ejemplo; si yo decido dedicarme al robo pensando que es una forma de ayudar a los demás sin perjudicar a nadie, en cuanto me dé cuenta que para robar tengo que quitarle algo a una persona en contra de su voluntad, y sin tener ninguna justificación para ello, me tendré que enfrentar a una decisión: o perpetro el robo y me convierto en un ladrón, a sabiendas de lo que ello conlleva, o abandono la idea de convertirme en ladrón.

Del mismo modo para ser un político de verdad hay que tener poder y mantenerlo, y la única forma de conseguirlo es perjudicando a unos para beneficiar a otros de forma arbitraria. No hay otro camino. Todos los políticos se enfrentan a esa decisión el día que son conscientes de lo que implica dedicarse a la política (eso los que no lo sabían de antes, claro), por eso algunos abandonan asqueados, mientras otros asumen su destino de forma clara, o autojustificándose de la forma que imaginen.

Hay una forma justa de pagar impuestos

Los impuestos son la confiscación forzosa de la riqueza que ejerce el Estado para financiarse. No son justos por definición en cuanto a que no se basan en el acuerdo de ambas partes (contribuyente y Estado) sobre la razón de la confiscación. Por lo tanto su uso no se centra en la justicia social ni ninguna otra fórmula, sino simplemente en la capacidad del Estado, como agente, de confiscar los mismos. Dicho de otra forma, si el Estado puede recaudar 50€ a 100 contribuyentes del tipo A, a un coste de 1€ de gestión por cada uno, mientras que sólo puede recaudar 100€ a 5 contribuyentes del tipo B, a un coste de 40€ de gestión por cabeza, es obvio que decidirá centrar sus esfuerzos confiscatorios en el primer tipo de contribuyente. Si además los contribuyentes del tipo B tiene mayor facilidad de salir del país, y escapar así a la confiscación, enfocar la confiscación en ellos sería inviable a medio y largo plazo.

Por lo tanto lo que se vende como un sistema muy complejo que busca la paz social, no es más que un agente – el Estado – optimizando su capacidad de confiscar riqueza para mantenerse a sí mismo. De otro modo esa riqueza se evadiría del territorio que domina y su estructura se iría consumiendo hasta colapsar.

El Estado de derecho protege al más débil

En España impera en Estado de derecho desde 1978 y eso no ha evitado que varios gobiernos consecutivos hayan estado dispuestos a negociar con terroristas. Esto es muy sorprendente para cierta parte de la sociedad, que tienen esta falsedad muy arraigada en sus creencias, pero no es más que un rasgo más de la naturaleza del Estado.

El hecho de que las víctimas del terrorismo no se hayan defendido mayoritariamente con violencia de las agresiones que han sufrido es, desde el punto de vista del Estado, una muestra de debilidad y los invalida como estructura de poder a tener en cuenta en el conflicto.

Esto no quiere decir que el Estado favorezca la violencia ajena a su organización, al contrario, pero una vez que esta se desata, y si no la puede reprimir a corto plazo, la considera un competidor dentro del dominio de la fuerza en la sociedad, e intentará negociar con los agentes que la dirijan para integrarlos dentro de su estructura o apaciguarlos con cesiones de poder aceptables.

Por el contrario, el sujeto débil, especialmente el individuo sin intereses comunes con el Estado, es un agente sin ninguna capacidad de negociación con el mismo. Es un daño colateral entre en la lucha entre el Estado y el grupo violento, y por tanto, es considerado como tal en la negociación del alto el fuego y posterior paz, donde los agentes se reparten el poder.

El Estado de derecho no impide nada en toda esta lucha de poder y es anulado con las estructuras y subterfugios con los que el Estado lo ha dotado. Simplemente deja de aplicarse cuando se trata de los intereses generales, y lo débiles siguen siendo eso que siempre han sido: débiles.

La política sin romance de Buchanan

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En las obras completas de James Buchanan, disponibles gracias a la Online Library of Liberty del Liberty Fund, encontramos perlas como Politics without romance, ensayo en el que introduce las bases de la llamada Escuela de Public Choice o de la Elección Pública. En uno de sus apartados, Buchanan explica que, en comparación con el económico, el orden político es mucho más complejo, básicamente por dos razones. Por un lado, el orden legal debe preceder a la actividad económica. Es decir, el comercio ordenado de bienes y servicios privados solamente puede tener lugar en una estructura jurídica definida que establezca los derechos y deberes de unos y otros. A medida que el intercambio se ha sofisticado, así también lo han hecho las normas e instituciones que conforman dicha estructura legal. El estudio de estas cuestiones deriva en el análisis económico de las Constituciones.

Por otra parte, mientras que el intercambio de bienes y servicios se efectúa entre dos partes, que son las que han de ponerse de acuerdo, en la política se trata de todos los miembros de la comunidad quienes han de coincidir. El análisis de estos problemas deriva en la teoría de las instituciones políticas, ya que éstas deben desarrollarse en el seno de la estructura legal-constitucional. Los temas estudiados por Buchanan y sus seguidores en este ámbito son las reglas de votación, las teorías electorales y de la competencia de partidos y la teoría de la burocracia.

Este segundo punto subrayado por la Escuela de Public Choice cuestiona el famoso "contrato social" como la base de la legitimidad de los gobiernos. Declarándose Buchanan un anarquista filosófico, pero dejando a un lado el romanticismo de los ideales, reconoce que a día de hoy, lo único que podemos hacer es reconsiderar qué parte del PIB dejamos en manos de la gestión de los gobernantes, qué decisiones deben dejarse en sus manos y cuáles no. Porque no es verdad que la Constitución funciona como límite al ansia de poder de los gobernantes. Y eso es lo que creo que ha sido la tumba de la libertad de los españoles, y tal vez del ciudadano occidental en general.

Salimos de la dictadura y entramos en la transición pensando que lo que había que hacer era elaborar una Constitución, establecer un régimen democrático, votar entre monarquía o república y caminar. En el trayecto nos han convencido de que el gobierno estaba ahí para asegurar nuestra felicidad: eliminar la pobreza, la enfermedad, el paro, proporcionar una vivienda, y casi, casi, asegurar que va a llover café en el campo. Por desidia o por credulidad, los españoles entregamos las armas sin preguntarnos ¿hasta dónde voy a dejar que estos señores, que reaccionan a incentivos y expectativas como cualquier ser humano, manejen mi dinero para eliminarme de la toma de decisiones de mi propia vida? Y, como dice el dicho… ¡ancha es Castilla!

Ahora nos encontramos con escándalos de corrupción de todos los partidos debajo de la alfombra, un desgaste de la clase política abrumador, un enfado del tamaño de una catedral por parte de la gente y todo tipo de salvadores con y sin coleta que vienen a decirnos que ellos, ante los mismos incentivos, con las mismas expectativas de beneficio, no habrían sucumbido, porque son seres angelicales, íntegros y puros como nadie nunca fue. Y el mismo pueblo cabreado que entregó las armas, que esperó que lloviera café en el campo, que se dejó llevar por la borrachera de crédito fácil y pelotazo al alcance de todos… les cree.

Estoy esperando (sentada por si las moscas) a que alguien se dé cuenta de que el fallo garrafal de todo esto es, como nos enseña Buchanan, la quiebra de esa estructura legal sólida que debe preceder cualquier actividad económica y ser la base de toda sociedad progresista (en el buen sentido, me niego a que me roben las palabras). Es la prueba del algodón, lo que asegura la estabilidad, la seguridad y el buen funcionamiento de la vida en común, de las instituciones políticas y económicas y, probablemente, el futuro de la democracia occidental.

España sin élites

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Para algunos la democracia es la expresión auténtica de la voluntad general, para otros es el gobierno de la mayoría cuando respeta a la minoría…, mientras que hay quienes afirman que es un instrumento pacífico de selección de élites.

De entre estas tres concepciones, la última, la de los elitistas, nunca ha tenido demasiada buena prensa. Su propia denominación invita a pensar que es una aproximación sociológica que promueve la creación y mantenimiento de élites cuando su ambición es meramente descriptiva, intenta explicar cómo es la realidad política y no cómo debería ser. En realidad, su etimología tomada del francés (élite) proviene del latín eligere, que no es otra cosa que "elegir" o "seleccionar".

En cualquier caso, parece que la democracia de nuestros días no puede escapar de la Ley de hierro de la oligarquía enunciada por Robert Mitchels como la física terrestre no escapa a la Ley de la gravedad. Sean llamadas élites extractivas (en la terminología de Daron Acemoglu y James A. Robinson), casta (la última tendencia podemita) o burócratas (de toda la vida para los liberales), una minoría copa los resortes de poder de la democracia y gobierna a la mayoría a través de una organización oligárquica. Es un concepto que va más allá del político electo o designado, en el que se incluyen empresarios privilegiados por el capitalismo de Estado y funcionarios que viven de y para el Estado.

En España la sensación general es que estas élites extractivas han empobrecido el país en los últimos años, pero las élites inclusivas no pasaron a ser extractivas de la noche a la mañana o como resultado de un mero cambio de partido en el gobierno. La crisis económica que sacudió los cimientos del sistema que creíamos seguro desde 1978 tan sólo mostró las miserias que la bonanza de los últimos años había escondido gracias a la recaudación extraordinaria de impuestos que permitían regar con gasto público todos los estratos sociales. Durante años se compró con dinero de los contribuyentes la felicidad social, más tarde se intentó mantener con deuda y hoy vivimos el descontento de la frustración vivida durante más de una década.

El contexto político es desolador, la corrupción parece manchar a todos los partidos y sindicatos generando todavía más desconfianza social. Surgen nuevos rostros que quieren disputar el poder a los ya establecidos y las encuestas aventuran un mapa político fragmentando. Sustituir a una casta por otra no soluciona nada, si acaso durante un corto periodo de tiempo podría traer la ilusión de que ha habido una renovación que ha terminado con las élites pero el resultado tan solo se traducirá en una sustitución de élites por otras.

Si analizamos la cuestión de fondo sin que el árbol nos impida ver el bosque cabría preguntarnos qué ha pasado en España para que las élites -hasta ahora incontestadas- se vean agotadas y sin un buen banquillo de reserva preparado para tomar el relevo. La transición política del franquismo a la Constitución del 78 de "la ley a ley" fue un proceso inclusivo de élites en las que los franquistas permitieron el acceso al poder que hasta el momento habían mantenido en forma de monopolio a socialistas. El paso del socialismo franquista al socialismo democrático fue suave y casi natural. La creación de la facultad de Ciencias Políticas para formar la élite del régimen anterior ya estaba preparando a la siguiente generación socialista cuando Franco vivía y no es casualidad que entre sus pasillos y despachos se encuentre la fundación del partido de inspiración bolivariana Podemos.

Quebrado el Estado del Bienestar no parece haber alternativa, España se ha quedado sin élites y parte de una sociedad exhausta pone sus esperanzas en una nueva élite capaz de ofrecer una opción diferente a lo que existía hasta ahora. Lamentablemente las recetas que ofrecen son, en la mayoría de casos, aumentar la capacidad extractiva del Estado y, por tanto, no solo repetir sino que acrecentar los errores cometidos en el pasado. 

La penúltima astracanada liberticida

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Surrealismo es el vocablo más educado con el que uno puede definir el modus operandi de CIU-ERC-CUP. Transcurridos dos años desde las últimas elecciones autonómicas, la suerte de los catalanes no ha mejorado en lo relativo al empleo, sanidad, bienestar o educación. Esto no debería sorprender a nadie, puesto que su gobierno ha estado ocupado en buscar el enfrentamiento permanente con el gobierno de la Nación (es decir, con Madri-t).

Sin embargo, a pesar de no poder ejercer "el derecho a decidir", subterfugio léxico con el que se enmascara el derecho de autodeterminación, el nacionalismo catalán sí ha sacado rédito de sus acciones. En efecto, gracias al recurso al victimismo, es probable que en la próxima convocatoria electoral no sufra la debacle que su gestión gubernamental merecería.

La razón de ello es que a través de la subvención pública a los medios de comunicación, ha creado una sociedad acrítica, capaz sólo de percibir agravios y menosprecios, más ilusorios que reales. El resultado es que cualquier diario, radio o televisión que ilustre la menor muestra de disidencia para con el paradigma oficial queda excluida del "alpiste público" y cuando no, estigmatizada. La elaboración de listas de catalanes buenos y malos, desde luego, no es algo que pueda relacionarse con la libertad.

Aspectos graves sin duda, pero no únicos. Hay más. Uno de ellos es la capacidad que tiene el nacionalismo catalán en dotar de personalidad humana, cuasi-mística, a lo que simplemente es el terruño. De hecho, es frecuente escuchar expresiones del tipo "Cataluña ha sido humillada" o "Cataluña es expoliada". Nuevamente aparece la subordinación obligatoria del individuo a los designios de la construcción nacional.

Todos estos componentes se han ido gestando en las últimas décadas, si bien actualmente sobresalen con mayor crudeza. Aún con ello, el nacionalismo catalán ha tenido la virtud de presentarse ante el resto de España como una ideología "progresista" y ha conseguido que en distintas partes del Estado se empatice con sus mantras, en particular con el derecho a decidir. La anormalidad se convierte de este modo en lo cotidiano.

Desde el resto de España, y esto es lo grave, se ha aceptado que así sea, básicamente, por cobardía. Al respecto, cuando alguien osa desacreditar la armadura nacionalista, se le acusa de generar independentistas por doquier. Quizás, sólo quizás, las semillas de esos nuevos secesionistas que aparecen ahora como las setas, esté relacionada más bien con el sistema educativo (y de valores) que ha impulsado la Generalidad desde 1980.

Así las cosas, la show continúa. En efecto, nos hallamos en la fase de los acuerdos esperpénticos entre CIU y los anti-sistema de las CUP. Los dirigentes de esta última formación practican una demagogia sin complejos que acompañan de amenazas e insultos. El fenómeno de las CUP vendría a ser a nivel autonómico lo que PODEMOS implica a nivel nacional, aunque sin tanta fuerza mediática por parte de las huestes de David Fernández. No obstante, la peligrosidad para la democracia de uno y otro es idéntica.

El complejo de amplios sectores de la derecha para combatirlos y el buenismo de la izquierda a la hora de referirse a ellos, se convierten en sus mejores armas para medrar. Así es la izquierda española, siempre dispuesta a aceptar los liberticidios cuando proceden de partidos como los aludidos CUP o Podemos, sin darse cuenta de que en sus afanes totalitarios, no dudarán engullirla por las buenas o por las malas. En cuanto a la derecha, es probable que malgaste esfuerzos en hacerse perdonar, en vez de combatir argumentalmente las falacias vertidas sobre ella.