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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

La maquinaria de la libertad, de D. Friedman: prólogo a la edición española

Prólogo a la edición española de La maquinaria de la libertad, de David Friedman, publicada por Innisfree (disponible en papel y en Kindle), y vídeo de la presentación en Barcelona, junto a Guillem Laporta, organizada por el Instituto Von Mises. La charla es en castellano y catalán.


La familia Friedman se radicaliza un poco más con cada generación. Milton Friedman, el Nobel de economía, defendía un Estado mínimo; su hijo David, el autor del presente libro, apuesta por una sociedad sin Estado; y el joven Patri, ansioso por poner en práctica el anarquismo de su padre, dirige un instituto que promueve la colonización de alta mar. No está claro que la nueva hornada pueda continuar con la tradición familiar (¡ya han tocado techo!). Lo que sí está claro es que la estirpe Friedman tiene el gen liberal, y que cada uno ha defendido la máxima de la libertad (vive y deja vivir) a su manera, con remos distintos pero siempre navegando en la misma dirección.

La Maquinaria de la Libertad hace navegar esa máxima hasta sus últimas consecuencias, y lo hace de una forma heterodoxa, tal y como corresponde a un personaje heterodoxo. No en vano David Friedman es profesor de derecho, economista, físico, geek de la tecnología, amante de la ciencia ficción y escritor de novelas fantásticas, y este idiosincrásico perfil empapa su obra más popular y celebrada, ahora traducida al español.

Jefferson dijo que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Para Friedman, el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Todas las funciones del Estado se dividen, según nuestro autor, en dos categorías: aquellas que pueden suprimirse o privatizarse hoy, y aquellas que pueden suprimirse o privatizarse mañana. Y la mayoría pertenecen al primer grupo. Desde la sanidad a los tribunales pasando por la educación, la gestión de las calles o la policía, no hay servicio que el mercado, de forma descentralizada y competitiva, no pueda proveer mejor que el Estado. A esta corriente liberal anarquista, que no encomienda ninguna tarea al Estado, se la conoce con el nombre de anarcocapitalismo o anarquismo de mercado, y La Maquinaria de la Libertad es uno de sus libros de cabecera.

El anarcocapitalismo es una corriente fundamentalmente contemporánea, pese a sus precedentes. Nace en Estados Unidos a mediados del siglo XX y toma cuerpo en la década de los 70, cuando irrumpe la literatura de este nuevo movimiento. Entre las obras pioneras del género cabe destacar The Market for Liberty (1970), de Linda y Morris Tannehill; Power & Market (1970) y For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (1973), de Murray Rothbard; y por supuesto The Machinery of Freedom (1971), de David Friedman. De todas ellas la de Friedman es la más desenfadada e informal, aunque no por ello menos rigurosa y convincente. David Friedman hilvana sus razonamientos teóricos con ejemplos y analogías ilustrativas, ideas de negocio creativas, hipótesis futuristas y especulaciones, fuertes dosis de sentido del humor y sano escepticismo. Quizás por ello sea la obra anarcocapitalista que conecta mejor con el profano.

A pesar de las conclusiones radicales a las que llega Friedman, no se trata de una obra dogmática ni escrita desde el absolutismo moral. Antes al contrario, Friedman reconoce que hay problemas que, dependiendo del contexto, quizás no tengan una solución liberal, y argumenta siempre desde un punto de vista pragmático, haciendo hincapié en las consecuencias de las acciones más que en su moralidad intrínseca. El de Friedman es un radicalismo razonable. Es precisamente su escepticismo y su pragmatismo el que le llevan a defender un orden social sin Estado, un anarquismo de propiedad privada, por entender que los incentivos que éste instituye (competencia y soberanía del consumidor, experimentación descentralizada, dispersión del poder coactivo) son los que más favorecen la paz, la prosperidad y la felicidad. Friedman no busca el sistema perfecto, busca el mejor sistema. Así, no basta con encontrar defectos o debilidades al anarcocapitalismo. De eso ya se encarga el propio Friedman. De lo que se trata es de compararlos con los fallos del intervencionismo y comprobar si los estatistas no están intentando matar una mosca a cañonazos, con los consiguientes daños colaterales.

Murray Rothbard, el principal valedor del anarcocapitalismo moderno, acusaba a Friedman de no odiar al Estado, de analizar su existencia y su justificación desde una perspectiva meramente académica, como si el Estado fuera un error intelectual y no una banda mafiosa que pisotea sistemáticamente los derechos de los individuos y mereciera nuestra condena moral[1]. Friedman le daba la razón, sin arrepentirse[2]. Su enfoque tiene la ventaja de estar libre de servidumbres, pues no siente el impulso de hacer que sus argumentos lleven a una determinada conclusión coherente con unos principios éticos concretos. Por eso resulta especialmente convincente cuando de hecho llega a las mismas conclusiones anarquistas que Rothbard.

La defensa que hace Friedman del capitalismo es eminentemente utilitarista: la libertad es deseable no porque tengamos un derecho natural a ella sino por ser útil para conseguir los fines sociales que queremos (paz, prosperidad y felicidad para el mayor número). Pero Friedman no es un utilitarista al uso. Sus intuiciones éticas le llevan a rechazar el utilitarismo como criterio último (no está dispuesto a sacrificar la libertad de una persona para incrementar la felicidad de otras dos), lo cual queda patente en varios pasajes de su obra[3]. No obstante, Friedman considera que los argumentos utilitaristas son más persuasivos. Además, él es economista, la ética no es su especialidad. Por ejemplo, Friedman piensa que las drogas deberían poder consumirse y venderse legalmente como cualquier otro producto en el mercado. Opina que los individuos tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que les plazca, incluido ingerir sustancias adictivas y perjudiciales para su salud. Pero si alega esta razón probablemente solo convencerá a quienes compartan las mismas intuiciones éticas. Sin embargo, si explica que las leyes antidroga generan delincuencia debido al aumento de los precios y a las disputas en el mercado negro, y que la falta de transparencia permite una adulteración aún más perjudicial para los consumidores, entonces es posible que pueda convencer incluso a gente que no cree que los individuos tengan derecho a ingerir lo que les plazca.

En este sentido La Maquinaria de la Libertad no es una obra exclusiva o principalmente para liberales. Es una obra para todos los públicos, socialistas de izquierda y derecha. Friedman ataca la concepción marxista de la explotación y el interés, las licencias y regulaciones que en nombre de la competencia la constriñen a favor de determinados lobbies, la redistribución horizontal (el vecino de clase media subsidia tu sanidad mientras tú subsidias la suya), o el funcionamiento de la democracia vis a vis el del mercado en la provisión de servicios. Tomemos este último. Friedman compara el poder de influencia de un grupo de renta baja en democracia y en el mercado. En un caso se enfrenta a un lobby con más votos, en otro caso a un grupo con una renta más alta. Al pujar por servicios, la desigualdad en democracia tiene unos efectos desfavorables mucho mayores: votando el lobby con más votos siempre gana, pero comprando el grupo con más renta ve como ésta mengua cada vez que puja, así que solo podrá ganar la puja algunas veces. En democracia, además, se produce lo que la mayoría vota, pero en el mercado se produce todo aquello que cualquiera (ya sea mayoría o minoría) esté dispuesto a comprar. Por eso, afirma Friedman, los pobres en nuestra sociedad suelen estar peor atendidos cuando el servicio lo ofrece el Estado (educación, protección policial) que cuando lo ofrece el mercado (ropa, comida).

La Maquinaria de la Libertad también supone un desafío para los liberales clásicos, aquellos que creen que los servicios de gendarmería (ley, tribunales, policía y defensa nacional) solo pueden ser provistos en régimen de monopolio público y financiados con impuestos. Friedman propone un escenario en el que todos los servicios, incluidos los anteriores, son comprados y vendidos en el mercado. Si no tuviera que pagar impuestos, Pedro podría contratar los servicios legales y de protección de la agencia A, y su vecino Juan los servicios de la agencia B. Cada uno contrataría la protección que se adecuara más a sus preferencias y a su bolsillo, y las empresas competirían entre sí para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, tal y como hacen hoy Securitas, Prosegur, FBS o los tribunales de arbitraje, a años luz de la ineficiencia estatal. Las agencias ofertarían un determinado código legal (o se vincularían a tribunales con un determinado código legal), al cual se sometería a los que agredieran a sus clientes. Si el acusado perteneciera a otra agencia de protección, la disputa entre ambas se resolvería de la forma más económica, o sea, pacíficamente. Como es habitual en el mundo de la empresa, los litigios entre agencias de protección se llevarían a tribunales de arbitraje de reconocida solvencia y reputación estipulados de antemano. El resultado sería una variedad de agencias de protección en un mismo territorio, compitiendo en precio y calidad para atraer clientes y con acuerdos previos para llevar a los tribunales cualquier acusación o disputa que surja entre sus clientes.

Pero si cada agencia o tribunal puede ofertar leyes distintas, ¿no sería demasiado complejo, imprevisible y caótico el marco legal al que deben atenerse los ciudadanos? En primer lugar, no olvidemos que actualmente también estamos sujetos a distintos códigos dependiendo de con quién nos relacionamos: en la empresa, en el club deportivo, en la congregación religiosa, en la asociación del barrio, en nuestra comunidad de vecinos etc. En segundo lugar, la tendencia a la diversidad legal, propio de un sistema descentralizado que busca ajustarse a las preferencias dispares de los individuos, se vería compensada por la presión a la estandarización legal, que simplifica y agiliza las transacciones. Las compañías papeleras compiten entre ellas, ofrecen precios y tipos de papel de distinta calidad, pero todas venden DIN-A4 y otros formatos estándar para que sean compatibles con cualquier impresora. Miles de empresas e instituciones financieras también compiten entre sí, pero se acogen al estándar VISA de tarjetas de crédito para que sus clientes puedan comerciar con más facilidad. La sana competencia no está reñida con cierto grado de estandarización si eso beneficia a los clientes.

El anarquismo de Friedman, pues, es un anarquismo sin monopolio público de la fuerza, no un anarquismo sin ley y orden. Este matiz es fundamental, porque los críticos que solo ven hombres de paja acusan a los anarcocapitalistas de ingenuos por defender un sistema poblado por santos, donde todos cooperan y nadie utiliza la fuerza. Friedman no habla de abolir el uso de la fuerza para combatir el crimen, sino de privatizarlo y descentralizarlo. La naturaleza humana es la que es, y nadie (salvo los comunistas) pretende cambiarla. Pero la imperfecta naturaleza humana no exige que haya una sola “agencia de protección” con jurisdicción sobre un territorio (el Estado) en lugar de múltiples agencias compitiendo entre ellas en ese mismo territorio. Antes al contrario: el planteamiento anarcocapitalista es que, si tiene que haber coacción, es mejor dispersarla que concentrarla. Si está dispersa, tienes a dónde acudir en caso de que una de las facciones cometa abusos. Si está concentrada, el potentado tiene poder absoluto. Pensemos en términos de estados a escala internacional. Si un gobierno mundial se volviera totalitario, no habría a donde huir. Pero con 200 estados, pese a los costes de emigrar, tenemos la opción de exiliarnos si las cosas se tuercen en uno de ellos. El anarcocapitalismo lleva esta lógica de la descentralización y el voto con los pies hasta sus últimas consecuencias. Sería como derribar las barreras de entrada en el mercado de los estados (en lugar de 200 habría miles) y que no hiciera falta emigrar para elegir cuál contratamos.

Algunas críticas simplistas al anarcocapitalismo tienen poco recorrido. Ayn Rand, la célebre novelista y filósofa liberal, estaba obcecada en su defensa de un código legal objetivo y uniforme, obviando que la experimentación descentralizada, la diversidad y la competencia son tan necesarios en el ámbito de la ley y el orden como en el de cualquier otro servicio. Su argumento de que las agencias de protección batallarían entre ellas cada vez que sus respectivos clientes tuvieran una disputa tampoco se sostiene habida cuenta de lo costoso que resultaría ese estado de guerra permanente en contraste con solucionar los conflictos en un tribunal de arbitraje, como es común hoy en día. También en la actualidad surgen frecuentes disputas entre ciudadanos de distintos Estados que se resuelven pacíficamente en los tribunales sin que aquellos se declaren la guerra[4].

Otras objeciones, no obstante, tienen más enjundia. Tyler Cowen, por ejemplo, en su crítica a las tesis de Friedman sostenía que si las agencias de protección pueden cooperar entre sí para resolver sus conflictos y adherirse a determinados estándares legales también pueden cooperar entre sí para formar un cártel que acabe deviniendo en Estado[5]. La cooperación funciona en las dos direcciones. Si el conjunto de agencias puede reprimir a otra agencia que se comporta de forma agresiva (o se dedica a amparar a clientes criminales), el conjunto de agencias también puede cooperar para reprimir la entrada de nuevos competidores o empresas que no quieran adherirse al pacto colusorio general. Como se trata de una industria “network” (los servicios ofrecidos son más valiosos cuantos más usuarios están asociados al mismo), aquellas empresas que estén fuera del network (y no tengan acuerdos de resolución de conflictos con las demás agencias) serán menos atractivas para los consumidores y perderán su patrocinio.

Bryan Caplan y Edward Stringham recogen el testigo y responden a Cowen[6], argumentando que la cooperación en las industrias network se da a distintos niveles, no es un “todo o nada” (o se coopera en todo o no se coopera en absoluto). Hay industrias network, como la financiera, que cooperan en algunos ámbitos (tarjetas de crédito) pero compiten en los demás. Caplan y Stringham acusan a Cowen de confundir la estandarización con la colusión. En el caso de la estandarización, las empresas cooperan (estandarizan su producto) porque eso es lo que desean los consumidores. Si éstos quieren que sus DVD funcionen en cualquier reproductor, o que una tarjeta de crédito pueda utilizarse en cualquier cajero automático, sus productores tenderán a ofrecer un producto estandarizado. La empresa que quiera salirse del network verá caer su demanda, pues para la gente tendrá menos valor tener un DVD que no puede reproducirse en cualquier aparato o ser miembro de un banco que emite tarjetas que no funcionan en todos los cajeros. Pero una colusión en precios altos entre distintas empresas, por ejemplo, no es un estándar que los consumidores quieran. Así, cualquier empresa individual tendrá incentivos para salirse del cártel y ofrecer el producto un poco más barato (y acaparar así más mercado). Por eso un estándar que sirve a los consumidores es más estable que un cártel que abusa de ellos. Es cierto que en el caso específico de la industria de la seguridad y la defensa, puesto que su negocio es precisamente el uso de la fuerza, un cártel podría emplearla para suprimir disidentes o nuevos competidores. En este sentido el cártel podría ser estable una vez formado. La cuestión es si llegaría a formarse teniendo las empresas incentivos económicos para no hacerlo y acaparar más mercado.

Cowen tampoco contempla en su crítica que en una misma industria a menudo hay varios network compitiendo entre sí. En el ámbito de las tarjetas de crédito, miles de empresas cooperan bajo el network VISA, pero éste a su vez compite con el MasterCard o el American Express. Las deseconomías de escala compensan la presión hacia un único estándar.

Pero más allá de los incentivos estrictamente económicos Friedman destaca el papel relevante que pueden jugar los valores morales de las personas y su percepción de lo que es legítimo en un determinado contexto. En la actualidad la policía y el ejército también podrían sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen. Es razonable pensar que existen ciertas restricciones morales internas que se lo impiden y que podrían darse igualmente en una sociedad anarquista. Incluso a nivel internacional los Estados están lejos de entrar en colusión tanto como teóricamente podrían, o de neutralizar a la mayoría de los estados “disidentes”, ya se trate de paraísos fiscales, dictaduras opresoras, amenazas comerciales etc. El argumento de Cowen no explica por qué en lugar de surgir un cártel estatal mundial los estados respetan (relativamente) la soberanía de los demás estados y compiten entre sí en múltiples ámbitos.

Friedman, especialista en análisis económico del derecho, explica que en la actualidad los costes de la legislación se externalizan (todos pagan por lo que quieren algunos), lo que resulta en una sobreproducción de leyes y políticas ineficientes. En un escenario de ley privada cada uno paga lo que contrata, y esta internalización de costes presiona a favor de un marco legal más liberal. Por ejemplo, las leyes actualmente reprimen muchos “crímenes sin víctima” (aquellos en los que la supuesta víctima ha consentido, como el consumo y la compra-venta de drogas, la prostitución, el suicidio asistido, el juego, llevar el velo o no ponerse el cinturón de seguridad). Votar a favor de esta legislación es gratis, y los costes de investigar, perseguir, juzgar y encarcelar a los infractores se reparten entre todos los contribuyentes. No obstante, en un escenario de ley privada el coste de imponer tus valores personales, fuerza mediante, corre de tu propia cuenta. Si te molesta que el vecino consuma pornografía o fume un porro ya no puedes esperar que el Estado le reprima con el dinero de todos, tendrás que contratar los servicios adicionales de una agencia con un código penal más puritano. Y como la gente está dispuesta a pagar más para proteger su persona y su propiedad que para reprimir los vicios inofensivos de los demás, tenderían a producirse leyes liberales[7].

Friedman sugiere así un matiz importante que otros autores anarcocapitalistas pasan por alto: un escenario anarquista (sin monopolio público de la violencia) no tiene que ser necesariamente liberal. Es concebible que las agencias y tribunales que descentralizadamente producen leyes para sus clientes ofrezcan normas antiliberales (si es que hay demanda para ello), y los conflictos que surjan entre clientes de agencias con códigos ideológicamente dispares se resuelvan con trade-offs y compensaciones dependiendo de qué facción está dispuesta a pujar más.

La mayoría de autores anarcocapitalistas saltan del escenario estatista al escenario anarquista dando por supuesto que en este último habría una fuerte mayoría social que demanda leyes liberales. Dada la naturaleza de esa transición (parece lógico que la oposición al Estado implique una oposición generalizada a normas liberticidas) es probable que así sea, pero no es baladí considerar, como hace Friedman, qué sucedería si la sociedad anarquista no estuviera tan uniformemente comprometida con los valores de la libertad (o con el tiempo dejara de estarlo). Su análisis es igualmente útil para explorar las consecuencias de la diversidad de opiniones dentro del propio movimiento liberal en un escenario anarquista. Por ejemplo, si la opinión pública estuviera dividida (como lo está el liberalismo) entre partidarios del derecho al aborto y antiabortistas, o entre partidarios de la pena capital y detractores, ¿qué tipo de leyes se producirían? Pues, siguiendo a Friedman, cabe especular que agencias con distintas normas encontrarían el modo de coexistir pacíficamente, haciendo concesiones y compensaciones para evitar enfrentamientos violentos que dispararían sus costes.

La Maquinaria de la Libertad describe el mejor sistema al que se puede aspirar. La pregunta es cómo vamos de aquí hasta allí. Que el anarco-capitalismo sea naturalmente estable no resuelve la cuestión de cómo llegamos a él en primer lugar. Tampoco cabe sugerir una hipotética y expedita transición de un Estado mínimo a una sociedad sin Estado, dando por resuelta la cuestión de cómo llegamos al Estado mínimo partiendo del Leviatán actual. Sobre todo porque hay buenas razones para pensar que el Estado mínimo es un escenario inestable que tiende al Leviatán.

Imaginemos dos mesas en un restaurante, con 20 comensales en cada una. En la primera los costes se socializan, esto es, las facturas individuales se sumarán y se dividirán por 20. En la segunda mesa los costes se internalizan: cada persona paga por lo que consume. ¿Qué mesa habrá gastado más al final de la velada? En la primera cada comensal piensa: “si pido un plato más caro el precio se reparte entre los demás”. Y como todos piensan lo mismo, piden en promedio platos más caros, disparando la factura.

En el contexto estatal, argumenta Friedman, los individuos tienden a despreciar los costes de que otros reclamen prestaciones y regulaciones (pues se diluyen entre todos los contribuyentes) y al mismo tiempo tienden a codiciar las prebendas estatales (cuyos beneficios recoge en exclusividad el recipiente). El resultado no es otro que una demanda creciente de prestaciones y regulaciones por parte de la población. Así es como el Estado mínimo, legitimando los impuestos y la socialización de costes, no lo es por mucho tiempo. Los intentos de limitar esta tendencia a través de una constitución, separación de poderes y otros mecanismos internos resultan a la larga infructuosos. Como decía Anthony de Jasay, es como poner un cinturón de castidad a una doncella y dejar la llave al pie de la cama[8]. Si es el propio Estado el que se pone los límites (a través del parlamento, el tribunal constitucional, etc.) puede modificarlos o reinterpretarlos cuando se vea empujado a ello. La historia de los Estados Unidos ilustra que el propósito y el significado original de una constitución cuasi-minarquista no resiste la presión del Estado por crecer y rebasar los límites que ésta impone. Así pues, quizás la disyuntiva sea entre el Leviatán y la sociedad sin Estado, siendo cualquier propuesta intermedia inestable a largo plazo.

Pero, ¿por qué estamos encasillados en el primer equilibrio, que es el peor? Siendo estable, es lógico que ahora sea difícil salir de él. Pero al menos deberíamos poder explicar por qué la sociedad ha vivido bajo Estados la mayor parte de su historia moderna (con algunas excepciones relevantes, como la Islandia medieval[9], el “no tan salvaje” oeste[10] o los comerciantes sujetos al derecho mercantil[11]). Friedman afirma que detrás del marco institucional actual está la percepción popular de que el Estado es necesario. En este sentido, para superarlo basta con convencer a la gente de que no es así, con libros como La Maquinaria de la Libertad o ejemplos prácticos que ilustren las ventajas del mercado vis a vis el Estado: fondos de inversión que aporten pensiones más altas que la Seguridad Social, escuelas privadas que eduquen mejor que las públicas, empresas de seguridad que proporcionen mayor protección que la policía nacional o tribunales de arbitraje que solucionen disputas de una forma más eficiente que el sistema de justicia público.

Con todo, puede que haya razones más profundas, y menos racionales, que expliquen el arraigo del estatismo. Daniel Klein lo llama “el romance” de la gente con el Estado[12]. Klein arguye que las personas se sienten atraídas por la idea de un proyecto colectivo que trascienda sus humildes acciones y los coordine a todos en pos de un fin común. Los individuos, en relación con el Estado, experimentan un sentimiento de coordinación mutua, poseen una percepción común de la naturaleza, el funcionamiento y la finalidad del proyecto colectivo. En el mercado, este sentimiento de percepción compartida está ausente. La coordinación es indirecta, cada individuo persigue su propio interés, lo que resulta en intercambios que traen prosperidad y armonía social. Pero a primera vista el mercado son individuos corriendo en distintas direcciones, con intereses enfrentados, sin que sea su intención hacer una sociedad más justa y próspera. No en vano Adam Smith se refería a la mano invisible del mercado. La imagen que transmite el Estado, por el contrario, es la de un épico proyecto colectivo con la misión expresa de crear una sociedad mejor. Esta visión es más romántica. El Gobierno establece instituciones permanentes que nos aportan una experiencia compartida, y las dramáticas pugnas electorales refuerzan la percepción de que nos hallamos ante una empresa heroica.

Si la hipótesis de Klein es cierta, ¿qué futuro le espera al liberalismo? El liberalismo raramente puede apelar a los instintos románticos de la gente porque la libertad es una ética de mínimos (“haz lo que quieras siempre y cuando respetes la libertad de los demás”), no un proyecto positivo, de acción. Solo en circunstancias excepcionales, como en la revolución americana, el liberalismo ha sido una empresa genuinamente romántica. Por tanto, el estatismo juega con ventaja, parece conectar mejor con las aspiraciones románticas de la gente. Una opción es redefinir el conflicto ideológico de un modo tal que la defensa de la libertad sea percibida como una lucha épica contra un enemigo opresor y no como una mera disputa académica. Otra opción es recurrir a la crítica racional y a la persuasión, o refutar los prejuicios con ejemplos. Que la gente sea proclive al romanticismo político no quiere decir que no pueda superarlo si ve que implica un error intelectual.

Por otro lado, Klein sostiene que la prosperidad y los avances en la comunicación y el transporte que el mercado ha introducido están minando los cimientos del romance de la gente. Ya no estamos vinculados a un solo grupo, que monopoliza nuestro sentimiento de pertenencia. Nuestra experiencia común disminuye, tenemos varios puntos focales y experimentamos estructuras menos jerarquizadas y más espontáneas o en forma de red. Esta dislocación no ocurre solo con respecto a la experiencia, también ocurre con respecto a la interpretación de la realidad social. La cultura política oficial está perdiendo protagonismo. La gente recurre a internet, a programas de radio o a la televisión por cable para obtener la interpretación que quiere. El intento de hacer del Estado un proyecto colectivo romántico es recibido con creciente escepticismo, y eso también juega a favor de la causa liberal.

¿Pero qué acciones concretas debe desempeñar el movimiento liberal si quiere avanzar hacia una sociedad sin Estado? Friedman evita dar una respuesta específica y unívoca a esta pregunta, y traza una analogía sugerente: si el liberal rechaza los medios políticos (planificación central, jerarquía) para organizar la sociedad, quizás también debiera rechazar los medios políticos para intentar abolir la política. En este sentido, el movimiento liberal no debería estructurarse como las instituciones a las que intenta combatir, sino imitar las instituciones y empresas propias del mercado. Así, en esta división del trabajo en el seno del liberalismo, pueden convivir, cooperar e incluso competir entre sí distintas organizaciones y aproximaciones.

El Nóbel de economía James Buchanan, en su reseña de la obra de Friedman[13], anima al lector a plantearse alternativas radicales en una coyuntura en la que el Estado, pese a fallar persistentemente, no deja de crecer. Quizás el anarquismo de mercado merece ser tenido en cuenta después de todo. Buchanan, que de hecho se declara filosóficamente anarquista aunque crea que en la práctica no sería un sistema viable, hace un último paralelismo que podría contentar a anarquistas y a minarquistas por igual (¡o a ninguno de los dos!): si el Leviatán ha crecido a la sombra de la filosofía del Estado limitado, quizás solo en el contexto de una sociedad filosóficamente anarquista puede llegar a consumarse el Estado mínimo. La Maquinaria de la Libertad, en cualquier caso, nos muestra el horizonte de lo deseable y la dirección a seguir.



[1] “Do You Hate the State?”, Murray Rothbard, The Libertarian Forum, Vol. 10, No. 7, Julio 1977.

[2] “Murray Rothbard on Me and Vice Versa”, David Friedman, Ideas blog, 17/6/2011.

[3] Véase también su artículo “Comment on Brody: Redistribution Without Egalitarianism”, Social Philosophy and Policy Journal, 1983, una original defensa lockeana del derecho de propiedad.

[4] “The Nature of Government”, capítulo incluido en “The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism”, Ayn Rand, New American Library, 1964.

[5] “Rejoinder to David Friedman on the Economics of Anarchy”, Tyler Cowen.

[6] “Networks, Law, and the Paradox of Cooperation”, Bryan Caplan y Edward Stringham, The Review of Austrian Economics, 16:4, 309–326, 2003. Véase también la respuesta del propio Friedman, “Law as a Private Good: A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy”, Economics and Philosophy, 10: 319–327, 1994.

[7] Friedman ha escrito profusamente sobre economía y derecho en otras obras y artículos. Por ejemplo, véase “Law’s Order: An Economic Account”, Princeton University Press, Primavera 2000; y “Anarchy and Efficient Law”, en “For and Against the State: New Philosophical Readings”, editado por John T. Sanders y Jan Narveson, Rowman & Littlefield, 1996.

[8] “The State”, Anthony the Jasay, Liberty Fund, 1998.

[9] “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case,” David Friedman, Journal of Legal Studies, Vol. 8, Marzo 1979, p. 400.

[10] “An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West,” Terry L. Anderson y P. J. Hill, Journal of Libertarian Studies, Vol. 3, p. 9-29, 1979.

[11] “Justicia sin Estado”, Bruce Benson, Unión Editorial, 2000. Benson menciona varios ejemplos históricos más de ley privada.

[12] “The People’s Romance. Why People Love Government (as Much as They Do)”, Daniel B. Klein, The Independent Review, v. X, n. 1, verano 2005.

[13] “Review of The Machinery of Freedom”, James Buchanan, Journal of Economic Literature XII, 3 (septiembre 1974), p. 914-915.

La gestión pública no es más barata que la privada

Durante las últimas semanas hemos escuchado reiteradamente la cantinela de que el Tribunal de Cuentas ha constatado en su informe anual de 2011 que la gestión pública de ciertos servicios municipales resulta más barata que su concesión a una empresa privada. El argumento que suele aducirse es que con la gestión pública nos ahorramos el sobreprecio que hay que abonarle a la empresa privada para que amase beneficios: dado que en el sector público no hace falta obtener ganancias, el coste resulta mucho más asequible. Visto desde este ángulo, pues, el único motivo para externalizar la prestación de los servicios municipales sería el de engrosar las cuentas de resultados de ciertos lobbistas desalmados a costa de los contribuyentes: la conspiración neoliberal quedaría así descubierta. Bonita historia pero, como de costumbre, falsa.

¿Qué dice realmente el Tribunal de Cuentas?

Comencemos relatando fidedignamente los hechos. En efecto, si uno acude a las tablas del Informe de Fiscalización del sector público local, ejercicio 2011, comprobará que el coste por habitante en tres de los cinco servicios municipales analizados es sustancialmente superior en el caso de los ayuntamientos que los externalizan a una concesionaria que en aquellos otros que los gestionan directamente: 53,6 euros por habitante frente a 44,1 en el caso del abastecimiento de agua potable; 27,8 euros frente a 16,2 en el caso del servicio de limpieza, y 53,9 euros frente a 42,5 euros en la recogida de residuos sólidos urbanos. En cambio, la gestión privada fue más barata que la pública en el alumbrado público (24,6 euros por habitante frente a 33,6) y en el servicio de cementerio (4,59 euros por habitante frente a 4,66).

Aparentemente, por tanto, la gestión privada es inferior a la pública en tres de las cinco rúbricas tratadas. Mas esta conclusión resulta harto engañosa: el Tribunal de Cuentas reitera que, en los cinco servicios municipales estudiados, los ayuntamientos que gestionan por sí mismos esos servicios sólo le han proporcionado datos de sus costes directos (gastos de personal y corrientes), pero no de los indirectos o de la amortización, de ahí que la comparativa que efectúa sea sólo parcial, esto es, costes directos para la gestión pública frente a costes totales (directos, indirectos y amortización) para la gestión privada. Citemos a modo de ejemplo el párrafo referido a los servicios de limpieza:

Se ha obtenido información relativa a los costes de prestación del servicio de limpieza viaria en los ayuntamientos analizados. En los casos de gestión directa, en los que el ayuntamiento debía aportar información completa sobre los costes de personal, en bienes corrientes y servicios y costes financieros, así como de las amortizaciones y costes indirectos en caso de conocerse, se han obtenido datos del 83% de las entidades que eligieron esta forma de gestión, si bien sólo el 15% de ellas aportaron datos referidos a las amortizaciones y costes indirectos, por lo que los estudios se realizan sólo respecto a los costes directos aportados. Por su parte, el 73% de las entidades que eligieron cualquiera de las restantes formas posibles de gestión ha aportado datos respecto del coste que supuso para la entidad la prestación del servicio.

En suma, el Tribunal de Cuentas compara sólo una parte de los costes de la gestión pública con la totalidad de los costes de la gestión privada y los medios de comunicación rápidamente concluyen que la gestión pública es más barata que la privada. Disparatado, sobre todo porque, en dos de los cinco servicios municipales analizados, incluso con esa comparación parcial y sesgada, resultan más asequibles los privados.

El mal argumento de los beneficios

La explicación más extendida sobre por qué la gestión pública tiende a ser más asequible que la privada es que la empresa aspira a ganar dinero y, para ello, ha de incrementar los precios. En cambio, el sector público carece de ánimo de lucro, de modo que puede ofrecer tarifas más competitivas.

Desde luego, se trata de un argumento muy extendido entre políticos, periodistas y pensadores socialistas que, empero, debería horrorizar a aquellos que tengan alguna conexión ideológica con el marxismo. A la postre, Marx sostenía que la plusvalía (y, en última instancia, el beneficio capitalista) procedía de horas trabajadas por los obreros y no remuneradas por los capitalistas. De ahí que el obrero estuviera explotado: trabajaba un tiempo que no cobraba y parte de su subproducto le era arrebatado por el capitalista. Adaptando esta explicación a la gestión pública de los servicios municipales, sólo caben dos posibilidades: que los beneficios se los apropien enteramente los empleados públicos (en cuyo caso, el servicio público no sería más barato que el privado: únicamente los beneficios redundarían en los trabajadores en lugar de en el capitalista) o que, en efecto, esos beneficios no existan (en cuyo caso, los empleados públicos estarían siendo explotados por la Administración, ya que trabajarían un tiempo durante el que no serían remunerados, gracias a lo cual el servicio público resultaría más barato). ¿Hemos de concluir que la baratura del servicio público se debe a la explotación estatal de los empleados públicos?

Chascarrillo marxistoide al margen, ya hemos explicado en otras ocasiones que el beneficio es un fenómeno indisociable de los intercambios sociales y que tiene dos componentes. Uno, lo que podríamos llamar “beneficio extraordinario” que deriva de producir más barato o con mayor calidad que la competencia. Otro, que podríamos llamar “beneficio ordinario” que se explica porque toda inversión requiere un muy considerable adelanto de capital y la remuneración por tiempo y por riesgo de ese capital constituye el beneficio ordinario (o, dicho de otra forma, el tipo de interés). Que haya beneficios extraordinarios no es algo negativo: una empresa lo hace mejor que el resto y, por eso, transitoriamente obtiene más ganancias. Que haya beneficios ordinarios tampoco es negativo: alguien ha de soportar el coste de adelantar el capital necesario para invertir y ese coste de capital debe ser remunerado. Cuando el sector público provee un servicio, son los ciudadanos, a partir de sus impuestos, quienes adelantan todo el capital necesario para adquirir los bienes de capital fijos que usarán los empleados públicos (y cuyo importe queda reflejado en las partidas de costes indirectos y de amortización que el Tribunal de Cuentas ha obviado en sus cálculos); otra opción, claro, sería que las administraciones públicas le pidieran prestado a un tercero ese capital en lugar de arrebatárselo a los ciudadanos, pero en ese caso le pagarían intereses a su acreedor, y esos intereses jugarían exactamente el mismo papel que los beneficios de una empresa concesionaria.

Por tanto, la gestión pública sólo se ahorra el “coste” de los beneficios ordinarios en el sentido en que se los expropia al ciudadano (el ciudadano está forzado a adelantar todo el capital necesario para prestar esos servicios y, en cambio, no se le remunera el alquiler de ese capital). ¿Lo vuelve eso más barato que una concesionaria? Sólo en el mismo sentido en que podríamos decir que los servicios públicos desempeñados con trabajos forzosos y no remunerados son más baratos que los servicios por concesionaria: lo son porque el coste laboral no se remunera y no se explicita, aunque sí existe (lo internaliza por entero el trabajador). En el fondo, decir que la gestión directa sale más cara que la concesión por ahorrarnos los beneficios empresariales es como decir que el alquiler de un inmueble privado por parte de una Administración Pública sale más caro que su compra. Justamente, el alquiler es un pago que se efectúa para evitar comprarlo, es decir, para evitarnos realizar una fuerte inversión inicial quitándole un dinero a la gente que preferiría evitar en otras funciones.

Las concesiones no son libre mercado

Pese a este aparente alegato a favor de las concesiones de servicios municipales a empresas privadas, conviene remarcar que el modelo ideal del liberalismo frente a la gestión pública no es el de las concesiones, sino la libertad de mercado. Libertad de mercado no es que el político nos siga arrebatando nuestro dinero para entregárselo a una empresa privada en lugar de a una pública, sino que los ciudadanos decidan qué hacer y cómo gestonar sus vidas y sus propiedades… también en los servicios municipales.

Ciertamente, las concesiones competitivas tienen ventajas frente a la gestión pública directa: básicamente, el ayuntamiento dispone de múltiples ofertas (en términos de calidad y de precio) a la hora de prestar un servicio municipal. En la medida en que muchas opciones suele ser preferible a una sola opción, las concesiones parecen preferibles a la gestión directa. Ahora bien, las concesiones también son un terreno totalmente abonado a la corrupción estatal por parte de los grupos de presión. No es un problema exclusivo de las concesiones —los empleados públicos también son un lobby gigantesco que presiona a los políticos para obtener prebendas a costa de los contribuyentes—, pero acaso pueda en ocasiones verse magnificado por las características propias del proceso de concesión.

De ahí que la solución liberal no consista en combinar una oferta de servicios municipales liberalizada con un demanda administrada políticamente, sino en liberalizar oferta y demanda. Eso es justamente lo que propongo en mi libro Una revolución liberal para España: privatizar la provisión de servicios municipales devolviéndoles su gestión y administración no a los políticos, sino a los propietarios de los inmuebles que componen una ciudad y que deberían ser, a su vez, ser los copropietarios de sus espacios comunes.

Una revolución liberal para España

En Estados Unidos (…) el coste de la medicina preventiva se ha socializado a través de los seguros, de manera que su demanda (y su coste) se ha disparado. Para que nos hagamos una idea, en 2009 se realizaron 91 resonancias magnéticas por cada 1.000 estadounidenses y 228 tomografías computarizadas: un 50 % más que en Francia y más del doble que en España, Canadá o Reino Unido. Asimismo, se sometieron a un test de cáncer cervical y a una mamografía el 86 % y el 81 % de la población femenina de riesgo, dos de las tasas más elevadas del mundo (en España, por ejemplo, rondaron el 73 %).

En suma, la socialización de los costes sanitarios a través de los seguros públicos y privados ha cebado un tipo de demanda sanitaria especialmente cara: la demanda por servicios premium y preventivos. Una demanda que, para más inri, es bastante insensible a las alzas de precios: aunque los proveedores incrementen el precio demandado por sus servicios (con el propósito no sólo de aumentar sus beneficios, sino también de abonar salarios crecientes al personal sanitario y de adquirir las últimas tecnologías sanitarias a cualquier coste), la demanda no decae sustancialmente. Difícil en este contexto que la competencia opere: aunque el aumento de precios dé lugar a un incremento de la oferta de servicios sanitarios, la demanda de los mismos crece todavía más rápido con independencia de su precio.

De hecho, el estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre los sobrecostes de la sanidad estadounidense, a cargo de la consultora Mckinsey (…), concluye que la porción más significativa de esos sobrecostes se concentró en 2005 en los servicios ambulatorios. De no ser por esa porción de los sobrecostes, Estados Unidos habría gastado ese año en sanidad un porcentaje de su PIB (11,5 %) muy similar al de Suiza y Alemania (10,8 %). Pero ¿a qué se debe el sobrecoste ambulatorio? (…) La descentralización de parte de las funciones médicas a los ambulatorios debería contribuir a minorar significativamente el coste sanitario: los ambulatorios tienden a estandarizar el tratamiento, reducen la duración de las estancias y requieren de menor personal cualificado. El propio informe de Mckinsey reconoce que, efectivamente, el mero uso de los ambulatorios debería haber contribuido a una minoración de los costes totales del sistema de entre 100.000 y 120.000 millones de dólares, pero fueron otras prácticas perversas superpuestas al desarrollo del servicio ambulatorio las que realmente dispararon los costes en esta rúbrica por un monto de 436.000 millones: en concreto, el empleo abusivo de caros mecanismos de diagnóstico como consecuencia de una creciente demanda sanitaria absolutamente insensible a las alzas de los precios. Dado que los usuarios pueden demandar una gigantesca cantidad de servicios sanitarios sin soportar directamente su coste, éste tiende a dispararse sin que por ello contribuya a moderar la intensidad de la demanda.  


[…]

Aquellos entornos cuyo uso sea indivisible y genere numerosas externalidades sobre terceros serán difícilmente gobernables en régimen de propiedad privada individual: por ejemplo, un río es difícil que pueda trocearse en numerosas propiedades privadas individuales, por cuanto el uso que se efectúe en su curso alto afecta inevitablemente a los usuarios ubicados en los cursos medios y bajos. En general, los ecosistemas no pueden administrarse mediante la suma de propiedades privadas individuales: son sistemas tan complejos e interdependientes que las externalidades suelen ser de una complejidad mayor a la que puede acotarse y cuantificarse de un modo muy específico; o dicho de otro modo, las relaciones de causalidad lejos de ser inequívocas son bastante ambiguas (no queda claro quién es responsable de qué consecuencias negativas y, por tanto, es muy complicado establecer los términos de una negociación y de un reparto de costes).

En tales casos, la solución que históricamente se ha tendido a desarrollar ha sido la propiedad privada comunal sobre los ecosistemas (tierras de labranza, caladeros de pesca, acuíferos, bosques o cuencas hidrográficas). La propiedad privada comunal mantiene, por un lado, varias de las ventajas de la propiedad privada individual (la protección del medio ambiente coincide con el interés de los comuneros) y, por otro, evita algunos de sus defectos (la dificultad de internalizar las externalidades): y es que el poder de actuación de los comuneros dentro del ecosistema no es ilimitado, sino que queda sometido a las instituciones comunales, entendidas éstas como el conjunto de normas y de órganos gestores que se han desarrollado a través de la negociación entre los comuneros, de su conocimiento, de su experiencia y de su adaptación ante los cambios del entorno. El propósito de esas instituciones comunales es el de repartir los frutos del ecosistema entre los comuneros pero evitando degradar el ecosistema que proporciona tales frutos.

Ejemplos exitosos de propiedades privadas comunales los hay muy abundantes en todas las regiones del planeta: las tierras de labranza en el 80 % del territorio suizo, en tres millones de hectáreas japonesas y en muchos puntos del norte de España son propiedad comunal desde el siglo xvi; los sistemas de riego en Nepal, en Nuevo México (acequias), en el Valle de Aosta (consorzi), en Filipinas (zanjera), en Indonesia (subak), Tailandia (muang-fai) o en el levante valenciano (Tribunal de las Aguas de Valencia) y murciano administran eficientemente la escasa agua de estos territorios mediante regímenes de propiedad comunal; los bosques alrededor del río Chapere por parte de los yucararé en Bolivia o en Raniswara y Churiyamai, en Nepal, son otros ejemplos exitosos de conservación y reforestación por parte de comunidades privadas; y también los acuíferos en Finlandia, dos tercios de todas las carreteras suecas o los caladeros de pesca de Maine y Japón son bienes comunales. Llamativo es el caso de los elefantes en Botsuana, Malaui, Namibia o Zimbabue, los cuales son propiedad de las comunidades locales que, al encargarse de explotarlos comercialmente y protegerlos de los cazadores furtivos, han logrado en apenas un cuarto de siglo cuadruplicar su población mientras ésta seguía declinando en el resto de África (…).

[…]

Es un fenómeno tristemente habitual el pensar que, antes del advenimiento del Estado de Bienestar, la inmensa mayoría de la sociedad estaba del todo desamparada ante adversidades tan frecuentes como la enfermedad, los gastos funerarios, las enfermedades no aseguradas, la jubilación o la incapacidad. Y, ciertamente, la magnitud de la asistencia social hace 150 años era mucho menor que con los actuales Estados de Bienestar, pero no porque no hubiese instituciones sociales que permitieran contrarrestar las anteriores adversidades sino, simplemente, porque Occidente hace 150 años era mucho más pobre que ahora. O dicho de otro modo, aun cuando hace 150 años se hubiesen instalado Estados de Bienestar, éstos habrían proporcionado una asistencia social mucho más escasa que la actual. Ahora bien, con el nivel de riqueza disponible en la época, la extensión y variedad de la red de asistencia social voluntaria que emergió espontáneamente por todo Occidente resulta asombrosa y digna del mayor de los encomios.

La pata fundamental de ese sistema de asistencia social eran las sociedades de ayuda mutua. Su participación por parte de la población era muy amplia, especialmente para los estándares de riqueza de la época: a comienzos del s. XX, se estima que uno de cada tres hombres en EEUU pertenecían a una sociedad de ayuda mutua (…) y que tres cuartas partes de la población inglesa que en 1911 pasó a estar cubierta por la recién creada Seguridad Social ya lo estaban por las más de 9.000 friendly societies existentes en el país (…). El fenómeno no se restringía al mundo anglosajón, sino que en mayor o menor medida se extendía por todo el continente europeo (…).

Los servicios que ofrecían estas sociedades de ayuda mutua eran muy variados: la asistencia más común era la compensación por los sueldos perdidos en caso de enfermedad y el pago de los gastos por funeral, pero a lo largo del s. XIX fue haciéndose cada vez más frecuente que también cubrieran los desembolsos sanitarios, los seguros de vida, las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad o incluso los gastos de viaje por cambio de trabajo (…). Los medios con los que contaban para tales fines no eran simplemente testimoniales, pues fueron capaces de crear orfanatos (71 sólo en EEUU, por ejemplo), asilos u hospitales punteros para su época.

[…]

En conjunto, por consiguiente, el peso del Estado se reduce desde casi 480.000 millones (equivalente al 45% del PIB) hasta 50.000 millones (menos del 5% del PIB), permitiendo una análoga reducción de la carga tributaria que soportan unos fiscalmente esclavizados ciudadanos. De hecho, por los motivos ya expuestos, el Estado mínimo podría ser mucho menor: si la asistencia social estatal deviniera innecesaria y una mayor parte de los servicios de justicia y de seguridad fueran externalizados enteramente al sector privado, el peso final del Estado se acercaría al 1,5% del PIB.

Tal como hemos explicado, esta considerable limitación del tamaño y de la coacción del Estado no sólo no deterioraría la calidad y disponibilidad de los servicios que reciben los ciudadanos, sino que los mejoraría y abarataría para su inmensa mayoría. Tentativamente, podemos elaborar el presupuesto familiar de dos tipos de familias bastante extendidos.

El primero sería el de un soltero sin hijos que actualmente percibe el salario modal de España (15.500 euros) y que, en el modelo de Estado mínimo planteado, vería cómo sus impuestos abonados se reducirían en 8.300 euros. Con esta cantidad debería poder hacer frente a los servicios municipales y a las infraestructuras utilizadas (cuyo coste dependería de multitud de factores, como el número de veces que usa las carreteras interurbanas o los servicios contratados en la comunidad donde habita, pero que no tendría por qué superar como media los 1.000 euros anuales, en línea con los cálculos anteriores), a la sanidad (que ya hemos estimado antes en unos 1.500 euros anuales), a la contratación de seguros variados para hacer frente al riesgo de paro o a la discapacidad, y finalmente a su ahorro para las pensiones (le restarían unos 5.300 euros anuales que permitirían abonarle, tras 40 años de jubilación, una pensión un 50% superior a la actual, así como amasar un patrimonio de 760.000 euros).

El segundo modelo de familia sería el de dos padres con un hijo. En tal caso, los gastos serán muy similares a los anteriores, pero existirán ciertas economías de escala: por ejemplo, la cuota de comunidad en la urbanización no será mucho mayor en tanto se pagaría por propiedad y los gastos sanitarios del hijo serían algo menores a los de los adultos (…). A cambio, esta familia debería soportar los gastos educativos de su hijo, que asumiendo un coste medio de 3.500 euros anuales durante 17 años de educación obligatoria y superior llegaríamos a un coste medio prorrateado durante toda la vida laboral de 1.500 euros. En tal caso, esta familia podría ahorrar para su jubilación unos 8.600 euros anuales, lo que al cabo de toda una vida laboral arrojaría un patrimonio conjunto de más de 1,2 millones de euros y una pensión un 20% superior a la que tendría derecho con el sistema actual.

NOTA: Este texto está compuesto de varios pasajes de Una revolución liberal para España, el más reciente libro de Juan Ramón Rallo, publicado por Deusto y que se presentará este martes en Madrid, a las 19:00, en la Fundación del Pino.

El arribismo del Partido Popular

Resulta casi de Perogrullo señalar que el PP, como el resto de formaciones políticas, es una máquina de poder sin demasiados escrúpulos. Apenas atendiendo a sus decisiones y actuaciones políticas, uno puede constatar de inmediato su absoluta ausencia de cortapisas morales a la hora de mentir compulsivamente con el propósito de saquear al ciudadano y de acaparar todavía más poder para los suyos. No son pocos quienes creen que la política debería ser otra cosa, algo más noble y dignificante; pero si uno ha interiorizado las lecciones básicas de Buchanan y Tullock, ya debería ser consciente de que, en los Estados modernos, la política es lo que es y no lo que románticamente querríamos que fuese: a saber, el arte de parasitar al ciudadano en beneficio de los grupos de presión organizados, llámense partidos políticos, sindicatos, patronales o grandes empresas afines al poder.

Precisamente por ello, resulta tan crucial que los súbditos de ese mastodóntico poder político sean conscientes de la necesidad de limitarlo y de mantenerlo a raya: una vez se acepta que no es ético utilizar la violencia contra terceros en beneficio propio y que, a la larga, los recortes de las libertades ajenas terminan repercutiendo negativamente sobre uno mismo, el poder político deja de ser observado como un oscuro objeto de deseo y pasa a ser considerado un peligroso monstruo que debe ser reducido a su mínima expresión posible. Como decía acertadamente Washington, el Estado “es un sirviente peligroso y un amo temible”.

Por desgracia, en la actualidad muchos ciudadanos han terminado aceptando la legitimidad de la violencia siempre que sea refrendada por una amplia mayoría social o siempre que tenga propósitos aparentemente nobles. La imperiosa necesidad de limitar el poder político ha pasado a un segundo plano y ha sido reemplazada por la ambición oportunista de formar coaliciones electorales mayoritarias para instrumentar ese poder político en beneficio propio. La sociedad deja de ser un ámbito de relaciones humanas pacíficas, voluntarias y mutuamente beneficiosas para convertirse en un campo de batalla donde los distintos grupos organizados perpetran una guerra civil fría con tal de acaparar porciones del poder político.

Es aquí donde el mensaje regenerador del liberalismo resulta tan apremiante: es urgente dejar de endiosar la coacción estatal como el deus ex machina capaz de resolver todos los problemas sociales para volver a considerarla el origen de muchos de esos problemas; dicho de otra forma, es urgente retirarle el cheque en blanco que muchos ciudadanos le han otorgado al Estado y a los políticos para recuperar la sociedad civil en toda su esencia. Eso es justamente lo que defiendo y promuevo en mi nuevo libro, Una revolución liberal para España: el Estado no es en absoluto necesario para la inmensa mayoría de funciones que tendemos a atribuirle (servicios municipales, protección del medio ambiente, construcción de infraestructuras, monopolio de la moneda, apoyo a la I+D, provisión de la educación, la sanidad, las pensiones o la asistencia social…) y, por tanto, no deberíamos aceptar ser sus siervos.

Las “utopías liberales”

Los partidos políticos, evidentemente, sienten una profunda y arraigada alergia hacia todo mensaje liberal que le recuerde a la ciudadanía cuál es el sano y recto propósito de su implicación en la vida pública: no el sometimiento a las élites partidistas, sino la eterna vigilancia para garantizar en todo momento la máxima limitación posible del poder político. En ocasiones, algunos políticos —especialmente dentro del PP— han intentado asimilar el mensaje liberal, portando propagandísticamente su estandarte para así desactivar cualquier incipiente movilización liberal dentro de la sociedad civil. Por fortuna, esa impostura popular parece que se halla en irreversible retirada: su reciente comportamiento gubernamental ha sido lo suficientemente elocuente como para que nadie que no se halle cegado por el sectarismo ideológico les siga identificando con el liberalismo. Superada, pues, la fase de intento de asimilación, anulación y desactivación desde dentro, parece que desde el PP han pasado a un segundo nivel: aceptando su antiliberalismo rampante, proceden a cargar contra el liberalismo. Sólo hay un problema: su vaciedad ideológica es tal que las críticas que hasta ahora han alcanzado a articular sólo sirven para reforzar las tesis liberales.

Así, este pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cargó en el Círculo de Empresarios contra “las utopías liberales” porque, a su juicio, “no sirven para ganar elecciones”. Sintomático arribismo, el de Montoro, que sólo visualiza lo que muchos veníamos denunciando: el PP es un partido populista y sin convicciones, cuya finalidad no es la de defender las libertades de los ciudadanos, sino mantenerse en el poder a cualquier precio.

Cual maquiavélico príncipe del antiliberalismo, Montoro rechaza el liberalismo por utópico, azuzando además el miedo a que, si los ciudadanos no se contentan con una opción centrista y pragmática como la del PP, correrán el riesgo de caer en manos de otros partidos (supuestamente) más ultramontanos. Pero el liberalismo no tiene nada de utópico: como demuestro en Una revolución liberal para España, se trata de una alternativa absolutamente realista y pragmática en todos los ámbitos sociales. Lo que dificulta su despliegue no es su irrealidad, sino la mayoritaria mentalidad liberticida de unos ciudadanos capaces de encumbrar al poder a voraces arribistas como Montoro.

Por ello, cuando el ministro de Hacienda nos pide que nos olvidemos del liberalismo, lo que está haciendo es pidiéndonos que le consistamos seguir reprimiendo nuestras libertades. Lo que nos reclama es que aceptemos ser sus rehenes y que asumamos que él es nuestro mejor carcelero posible de entre las nefastas opciones existentes. Lo utópico, a su juicio, es salir de la jaula; lo distópico, a mi juicio, es quedarse en ella bajo la batuta de personas obsesionadas con conservar su poder y sus prebendas parasitando a los ciudadanos. A la postre, produce auténtico pavor pensar cómo deben ejercer tales políticos ese poder cuasi absoluto que hoy detentan cuando ya desde un comienzo reconocen, sin tabú moral alguno, que su mayor propósito es, simple y llanamente, llegar al poder. Poder por poder, en beneficio propio a costa de los demás.

Mensajes antiliberales como el de Montoro no deberían desalentar a los liberales. Al contrario, deben servir como estímulo y constatación de la importancia del liberalismo. Ser idealista no es malo, en tanto en cuanto el idealismo nos marca el horizonte último hacia el que debemos tratar de tender: un mundo sin crímenes es un objetivo idealista, pero no por ello debemos ser complacientes con el crimen y asumirlo como un pragmático e inexorable resultado. Asimismo, y aplicado al caso de Montoro, lo único verdaderamente distópico es creer que políticos amorales como él —y como todos los restantes que pueblan el arco parlamentario— son quienes mejor procurarán por nuestras libertades y por nuestro bienestar: no, justamente su existencia y su mensaje prueban que el liberalismo es más necesario que nunca para proteger nuestras libertades.

Teoría de la evolución institucional

El premio Nobel de Economía de 1974, Friedrich Hayek, en su obra La Fatal Arrogancia. Los errores del Socialismo, explicaba el lento proceso de evolución sociocultural desde una sociedad tribal o colectivista hacia un orden extenso y complejo de colaboración humana que es lo que se denomina sociedad abierta o civilizada. 

Por otro lado, el premio Nobel de Economía de 1993, Douglass North, en su obra Institutions, Institutional Change and Economic Performance, considera que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad y, más formalmente, son el legado de limitaciones que dan forma a la interacción humana. Por lo tanto, estructuran incentivos de intercambio, ya sea en la política, en lo social o en lo económico. 

1. Sociedad civilizada o abierta.

Teniendo en cuenta estos conceptos, el marco institucional está basado en un conjunto de instituciones morales, patrones de comportamiento adquiridos o normas de conducta, que han arraigado en un territorio por medio de la herencia sociocultural y que permiten distinguir entre la sociedad tribal y la sociedad civilizada.

La sociedad tribal, cerrada o colectivista está caracterizada por normas de conducta como, entre otras, el altruismo, la solidaridad, la redistribución de la riqueza, la gestión planificada de los recursos o el sometimiento a la moral de la tribu y a las decisiones del líder que, aunque no son exclusivas de grupos humanos pequeños, resultan positivas y adaptativas para el desarrollo de las relaciones personales y de los vínculos de confianza y colaboración en los entornos más cerrados y cercanos a cada persona como la familia, los amigos, la aldea o la tribu; e, incluso, pueden servir en las empresas y organizaciones sujetas a fines particulares y comunes. Sin embargo, los patrones de comportamiento de la sociedad tribal o colectivista son negativos y perjudiciales para el desarrollo de un orden extenso y complejo de colaboración humana caracterizado por fines abstractos y universales.

La sociedad abierta, civilizada o de mercado se caracteriza por una herencia cultural en donde prevalecen otras instituciones morales o, si se prefiere, otros patrones de comportamiento adquiridos u otras normas de conducta más abstractas y universales como, entre otros, el respeto por la vida, por la libertad del individuo, por la propiedad privada (plural), por el cumplimiento de los contratos, por los derechos subjetivos de los ciudadanos frente al poder político, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos o por el libre comercio; que se pueden considerar las instituciones morales que generan (y son generadas por) un orden "autogenerado" de colaboración humana que es extenso, complejo y abierto, y que denominamos con el nombre de la civilización.

2. Proceso de involución institucional hacia la sociedad colectivista o cerrada.

Robert Michels, en su obra Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia, identificó una ley universal que aplica siempre a la organización de las sociedades y que se denomina ley de hierro de las oligarquías.

Se puede intentar obviar la realidad como hacen algunos teóricos pero, sin embargo, lo cierto es que existe un orden político que se puede observar a lo largo de la toda historia de la humanidad desde la sociedad tribal hasta la sociedad civilizada.

Las formas de lo Político (o del poder) han evolucionado desde una unidad mínima entorno a la familia hacia la tribu, la aldea, la ciudad, el reino, el imperio o, desde el siglo XV, la forma política "artificial" del Estado-Administración que ha crecido desde el 5% PIB inicial hasta alcanzar el 15% PIB a comienzos del siglo XX y crecer exponencialmente hacia el Estado Total de la Alemania nacional-socialista o de la Rusia comunista (URSS) y, también, configurarse como un Estado Minotauro que rebasa el 50% PIB a comienzos del siglo XXI.

Lo cierto es que, en cualquier colectivo humano, siempre surge un grupo de personas que lidera la toma de decisiones, lo que es válido, en todo momento y lugar, tanto para un conjunto de amigos o una organización empresarial como, también, para una tribu en una isla de la Polinesia o una nación en Europa.

En un artículo anterior, ampliamos la clasificación de oligarquías que realizan Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nations Fail, identificando la existencia de élites inclusivas, extractivas y destructivas que, en función del grado de oligarquización y colectivización de la sociedad, permiten describir el proceso de involución institucional desde una sociedad abierta y civilizada hacia una sociedad más cerrada y colectivista, lo que se puede visualizar gráficamente del siguiente modo:

Evolución institucional

1) Consideramos que la fase 1 de una sociedad civilizada o abierta coexiste con una oligarquía de élites "inclusivas", que se caracteriza por el respeto de instituciones morales como, entre otras, el respeto por la vida, la propiedad, la familia, la libertad de pensamiento y culto, la libertad de empresa, el comercio libre, el dinero de calidad o el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las subidas de impuestos y el endeudamiento o ante los cambios institucionales.

Sin embargo, también, actúa una oligarquía de élites "extractivas" que no tiene valores fijos y absolutos (como el bien, el respeto, el honor, la decencia, el deber o el sentido de Estado), que actúa con relativismo moral y, por tanto, no respeta las instituciones morales y que dedica sus esfuerzos a depredar los recursos generados por el trabajo de los ciudadanos con diversas excusas como la "redistribución" de la riqueza, la búsqueda de la justicia "social", la "lucha" contra la pobreza…

2) La fase 2 de la involución institucional se caracteriza por prevalecer las élites "extractivas" que emergen con el crecimiento del tamaño y las competencias del Estado, con el deterioro de la legislación que afecta a ámbitos privados de la vida de los ciudadanos, con el aumento de los impuestos y el endeudamiento, con la alteración del valor de la moneda y, especialmente, con las ayudas y subvenciones que redistribuyen los recursos públicos hacia los grupos sociales, los sectores económicos y las redes clientelares (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones, fundaciones, ONG…) que medran del Estado-Administración.

Las élites "extractivas" amplían sus actuaciones de depredación de recursos públicos, obtenidos de los impuestos y del endeudamiento del resto de los ciudadanos, cuando se extienden la prescripción de delitos, la rebaja administrativa de condenas, la inacción fiscal ante los delincuentes, la ineficacia de la intervención de las cuentas públicas, el relajo en las auditorias sobre las cuentas privadas y, sobre todo, cuando se generaliza la impunidad ante el incumplimiento de la Ley.

Adicionalmente, en paralelo, actúa también una oligarquía de élites "destructivas" que intenta crear nuevas estructuras políticas para ampliar su grado de depredación de los recursos públicos y, adicionalmente, para lograr asegurar la inacción policial y judicial sobre sus delitos.

3) La fase 3 de la involución institucional se caracteriza por imponerse las élites "destructivas" que actúan más intensamente, cuando aumenta el deterioro normativo de las leyes como, por ejemplo, con la eliminación en el Código Penal español vigente hasta 1995 de los delitos de sedición, de traición o de rebelión o con la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña manifiestamente inconstitucional.

Aumentan su actividad de destrucción del orden político establecido, cuando un Gobierno consiente el incumplimiento de las sentencias y, por tanto, permite el incumplimiento de leyes y de la Constitución.

Finalmente, en la fase final, cuando la corrupción del régimen político y económico es generalizada, la regeneración de las instituciones sólo puede ser realizada por nuevos líderes "inclusivos" que defiendan las instituciones morales propias de la sociedad abierta.

Por ello, la regeneración, no pueden encontrase en los partidos que defienden un régimen político preexistente, altamente deteriorado por la corrupción, la prevaricación y la malversación de caudales públicos. Se necesitan que lleguen al poder nuevos líderes "inclusivos" que sólo pueden emerger en el seno de organizaciones que opten por la democracia interna y la financiación transparente y que no queden secuestradas por la acción grupos de líderes "extractivos" y/o "destructivos".

3. Proceso de evolución institucional hacia la sociedad civilizada o abierta.

Pues bien, el gráfico visualiza el proceso de involución institucional pero, también, resume esquemáticamente el proceso de evolución institucional, que requiere de tres fases de regeneración institucional:

A) Fase de recuperación del sistema de valores:

Sólo hay esperanza de que se inicie un proceso de evolución institucional hacia una sociedad abierta o civilizada, si arraigan entre la población y, especialmente, entre los dirigentes las instituciones morales propias de la sociedad abierta o civilizada como, entre otras, el respeto por la vida, la propiedad privada, la libertad, la igualdad de trato ante la Ley, el cumplimiento de los contratos, el comercio libre, el dinero de calidad, la libre empresa…

Para ello, es imprescindible ganar la batalla por las ideas hacia una recuperación del "ethos" colectivo con una defensa de los valores fijos y absolutos frente al relativismo moral de la izquierda y el consenso socialdemócrata de los antiguos partidos que sostienen un régimen de partitocracia.

B) Fase de regeneración de la democracia:

Solo se puede iniciar la evolución institucional, cuando antes han arraigado entre los ciudadanos y los líderes las instituciones morales propias de una sociedad abierta o civilizada. Es lo que permite que los ciudadanos se movilicen y voten para llevar al poder a los líderes "inclusivos",que así pueden iniciar un proceso de regeneración de la democracia, que mejore el sistema político y eche del poder a las oligarquías de élites destructivas y extractivas.

La regeneración de la democracia significa la mejora del las instituciones jurídicas, de las leyes y de la Constitución, mediante cambios normativos que logren que exista: dispersión pluralista del poder, separación de poderes, independencia de jueces y tribunales respecto del poder político, sistema electoral por elección directa, democracia interna y financiación privada de partidos, sindicatos y patronales o, entre otras medidas de regeneración, el referéndum obligatorio en las decisiones trascendentales para el futuro de los ciudadanos como, por ejemplo, para decidir subidas de impuestos o endeudamiento, o para cambios en el ordenamiento territorial del país.

C) Fase de reducción del Estado (central, regional, local):

Esta fase es esencial para que arraigue una sociedad abierta y consiste en la reducción del tamaño, competencias y actuaciones de las formas de lo "Político", ya sean una ciudad, un reino, un imperio o el moderno Estado-Administración; para que se expanda el orden de mercado, donde interactúan libremente los ciudadanos.

La limitación del tamaño del Estado es una tarea institucional imprescindible y, evidentemente, puede producirse en paralelo con las anteriores fases. Sin embargo, es la fase que permite que imperen los derechos individuales frente al derecho público. Es imprescindible para que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político u oligárquico.

Es la fase que hace que un país adquiera la fuerza para ser competitivo internacionalmente. El actual tamaño del Estado entorno al 50% del PIB en todas las democracias de la Unión Europea impide el futuro de los países que integran nuestro área económica. El declive económico es impulsado por el declive político, y "guía" Europa hacia la inestabilidad social y política.

Cuando prevalecen las élites "inclusivas", previamente han arraigado las instituciones morales propias de la sociedad civilizada, que es lo que permite que se regenere la democracia y evolucione el marco institucional dotándose de dispersión pluralista del poder, sin que quede secuestrado el sistema político por las élites extractivas y destructivas.

Sólo entonces puede prevalecer el orden de mercado sobre el orden político. Sólo entonces los miles de millones de decisiones individuales de una sociedad abierta permiten aumentar exponencialmente la riqueza del territorio, frente a la merma en el crecimiento por el intervencionismo político y/o frente a la pobreza que suponen los sistemas de planificación centralizada propios de una sociedad cerrada.

En cinco años, España podría reducir el tamaño de sus administraciones públicas hasta el 40% del PIB que había en el año 2001. Adicionalmente, con el impulso de medidas de liberalización económica, con la simplificación de la organización territorial, por medio del agrupamiento de ayuntamientos y la eliminación de las autonomías, y con la racionalización de una administración efectiva para la provisión de triple seguridad (jurídica, interior y exterior), España podría regresar al 25% del PIB que había en los primeros años de la democracia, lo que haría que la economía española pudiese crecer exponencialmente y competir al más alto nivel internacional.

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El mercado es miope, el Estado es ciego

Una de las críticas habituales contra el libre mercado es que es cortoplacista, que sufre de miopía. Se dice que los agentes en el mercado tienden a centrarse en obtener los máximos beneficios en el corto plazo sin preocuparse por las consecuencias a largo. Esto provocaría un déficit de inversión en sectores beneficiosos para la sociedad y una mala gestión sistemática de los riesgos y los recursos. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, argumenta en su libro Freefall que una de las causas de fondo de la crisis fue precisamente el cortoplacismo inherente del mercado libre. La solución para Stiglitz es obvia: este grave fallo del mercado debe ser solventado por Estado mediante más control sobre la economía. La miopía del desbocado mercado libre debe ser corregida por la más sensata "mano visible" del Estado. Dejaremos para siguientes artículos el análisis de otras críticas habituales contra el mercado. En éste vamos a centrarnos en si el Estado debería encargarse de corregir el supuesto cortoplacismo del mercado libre.

Todas las personas en cierto sentido somos cortoplacistas por naturaleza. Preferimos satisfacer nuestras necesidades y deseos lo antes posible. Si por ejemplo tenemos mucha sed, no nos da igual poder beber un vaso de agua ahora que dentro de un año. Ludwig von Mises escribió que, de hecho, no puede concebirse la propia acción humana sin la existencia de esta preferencia temporal. El simple hecho de realizar cualquier acción implica, obviamente, que preferimos realizarla ahora que realizarla en el futuro. Si no prefiriésemos alcanzar nuestros fines en el presente que en el futuro nunca haríamos nada, nos quedaríamos eternamente posponiendo nuestra acción. Un comportamiento, digámoslo así, poco práctico. Esto no significa que nunca estemos dispuestos a posponer la satisfacción de nuestros deseos. Lo que implica es que sólo lo haremos si ello nos permite alcanzar en el futuro fines que consideramos más valiosos que aquellos a los que renunciamos.

El mercado libre, caracterizado por intercambios voluntarios, simplemente tiende a responder a las preferencias temporales de consumidores y ahorradores. Los proyectos tenderán a emprenderse si se espera que la rentabilidad sea superior al coste del capital. Dicho de otro modo, siempre se busca que el valor actual de lo que se espera obtener en el futuro sea mayor que el valor de aquello a lo que se renuncia hoy. De no ser así se estaría dilapidando lo ahorrado para obtener bienes futuros cuyo valor no sería suficiente para compensar la espera ni la incertidumbre soportada. En este sentido, podríamos decir que el mercado se ajusta a la miopía natural de los individuos, que valoran las cosas relativamente menos cuanto más alejadas se encuentran en el tiempo. Pero como hemos visto, esto no es algo malo, sino que es imprescindible.

Lo que permite en el mercado la coordinación a largo plazo mediante el sistema de precios es la existencia de derechos de propiedad y seguridad jurídica. David Friedman planteaba el siguiente supuesto. Pongamos que la madera del nogal negro es muy valorada por los consumidores y que es una inversión rentable. El problema es que los nogales tardan, digamos, cuarenta años en crecer. ¿Por qué un inversor va a acometer esa inversión si puede que para entonces haya muerto? La respuesta es que pasados, por ejemplo, veinte años, podría revender el proyecto en el mercado secundario a otro inversor que esté dispuesto a seguir esperando. Pero sólo si tenemos seguridad en que en veinte años los nogales seguirán siendo nuestros y tendremos derecho a venderlos nos animaremos a invertir. Los mercados financieros, que para Stiglitz sufren del más acusado de los cortoplacismos, paradójicamente ayudan a corregir esa supuesta miopía del mercado.

Hay que decir que uno de los problemas de coordinación más importantes en el mercado, en el que se centran mucho los críticos como Stiglitz, es el problema principal-agente. Esto sucede cuando los propietarios designan a un tercero para que gestione su propiedad. El ejemplo más típico es la contratación de directivos por los accionistas de una empresa. Para que la propiedad esté bien gestionada, los accionistas tienen que ocuparse de fijar a sus directivos unos incentivos adecuados, procurando que estén alineados con los suyos. Los accionistas que no lo hagan y dejen a sus directivos aprovechar el poder de gestión en beneficio propio perderán su capital. Para ello disponen de diversos mecanismos de defensa como los contratos, la decisión sobre la retribución del directivo o la venta de la acción. Es cierto que la solución no siempre es fácil. Pero lo que es un disparate es decir que el problema de agencia lo debe resolver el Estado. No sólo porque no es lógico pensar que el político de turno sabe mejor que el propio accionista qué incentivos debe poner a sus directivos. Sino porque además, ¿cuál es el caso más grave de problema principal-agente, el que menos mecanismos de control permite e impide pedir responsabilidades? En efecto, el del Gobierno respecto a los ciudadanos. Proponer que el Estado se ocupe de resolver este problema es como pretender apagar el fuego con gasolina.

El caso no es si el mercado es perfecto o no, pues perfecto no hay nada en este mundo. Lo que queremos saber es si, como alega Stiglitz, el marco de incentivos de los políticos en el Estado es mejor que el de los individuos en el mercado, no sólo para intervenir en las decisiones empresariales privadas, sino para planificar a largo plazo. Un análisis rápido de los incentivos del Estado basta para dejarnos con la sensación de que quienes defienden esto ni siquiera se han planteado lo que proponen.

En primer lugar, el horizonte temporal del Gobierno termina en las siguientes elecciones. Esto sucede precisamente porque los políticos saben que en el largo plazo no seguirán controlando la propiedad que gestionan en el presente. Un político que realice sacrificios hoy esperando recoger los frutos en veinte o cuarenta años estará actuando contra sus propios intereses. Los incentivos le indican que haga lo contrario: buscar beneficios visibles antes de cuatro años y no preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Tenderán a prosperar en una democracia los políticos que actúen con la vista en las próximas elecciones; los que no lo hagan fracasarán. En segundo lugar, aun salvando este problema, el Estado no tiene forma de calcular si sus inversiones son adecuadas o no. Por un lado los recursos no los obtiene mediante ahorro voluntario sino por la fuerza, extrayendo rentas a los ciudadanos, por lo que no tiene información sobre el coste del capital; por otro, sus productos los impone o los raciona de acuerdo a criterios políticos, por lo que tampoco tiene información sobre cómo los consumidores valoran dichos productos. El Gobierno no tiene forma de calcular cuánto valor crean o destruyen sus inversiones.

Además, los políticos no son responsables de sus actos. No sólo porque no saben cuáles son los costes de sus decisiones. Es que aunque los supieran no los sufren ellos, sino que los repercuten sobre los ciudadanos. Si en el mercado alguien se equivoca y no satisface a los consumidores o despilfarra los recursos, tiende a sufrir pérdidas; el Estado se las impone a los demás. Por último, si aun así los políticos fueran contra cada uno de estos incentivos y acertaran en todo, los votantes no se enterarían. Como indica la teoría de la ignorancia racional, debido a la insignificante importancia de cada voto individual, el votante no tiene incentivos para estar informado. En conclusión, el Estado no es que sea miope, es que actúa completamente a ciegas.

En resumen, los seres humanos preferimos alcanzar nuestros fines cuanto antes, somos impacientes, imperfectos, nos equivocamos y tenemos sesgos. La cuestión es en qué marco estas mismas personas tienen incentivos para coordinarse y hacer un uso adecuado de los recursos escasos, y cuál genera mal uso de los recursos, descoordinación y pobreza. Como hemos visto, el mercado, la cooperación social mediante relaciones voluntarias, no es perfecto. Pero los problemas que se presentan en el mercado no son nada comparados con los que generan los incentivos perversos que tienen los políticos en el marco del Estado. Es como si los incentivos se hubieran puesto al revés. Confiar en que los políticos se comporten de manera contraria a como los incentivos les indican es un ejercicio de mero voluntarismo.

Venezuela y la sangrienta octava estrella

Lo que ocurre los últimos días en Venezuela tiene un sentido mucho más profundo que el de unas meras manifestaciones convocadas por la oposición frente a un Gobierno. Lo que estamos viendo es a miles de ciudadanos que salen a la calle en un intento de frenar el proceso de castro-cubanización absoluta de un país al que Hugo Chávez dotó de una ideología socialista de Estado al convertirlo en “República Bolivariana”.

El objetivo último de Chávez, y ahora de Maduro, es convertir a Venezuela en la nueva Cuba castrista. Puede resultar absurdo querer emular un modelo fracasado, pero en este caso tiene su lógica. Desde el punto de vista del socialismo del Siglo XXI, el comunismo cubano dista de ser un fracaso. Para los sistemas socialistas el éxito o el fracaso no se mide en términos de bienestar real de la población. Un sistema de este tipo no es más o menos exitoso en función de que los ciudadanos estén bien alimentados, dispongan de papel higiénico o puedan permitirse disfrutar de las vacaciones en un lugar agradable. Ni tan siquiera, propaganda a un lado, por la calidad de la sanidad y la educación. Si se tiene en cuenta todo eso, el régimen de Fidel y Raúl Castro es un absoluto desastre.

Un sistema socialista es exitoso cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene unas condiciones de vida similares, aunque estas sean míseras, y no pueden oír voces contrarias a quienes detentan el poder. Y, en todo eso, el castrismo ha sido un gran éxito. Casi toda la población cubana vive en una igualitaria pobreza extrema y, aunque hay decenas o cientos de valientes opositores, la actitud más frecuente en la isla es callar ante el Partido Comunista, sus fuerzas represivas y la ommipresente propaganda gubernamental. ¿Cuántos se creen esta última? Realmente es difícil de saber.

Décadas de aislamiento y ausencia de información y opinión libres pueden mantener engañados a miles o millones de personas, pero la hipocresía necesaria para poder sobrevivir en un régimen totalitario (decir lo que uno piensa de verdad puede llegar a costar la cárcel o algo peor) impide que se sepa el grado real de aceptación o rechazo del sistema socialista. En cualquier caso, el castrismo en este aspecto ha triunfado con creces. No puede decir lo mismo el chavismo.

En Venezuela quedan restos de periodismo no oficial, aunque se hayan cerrado bastantes medios de comunicación privados, se hayan sometido al poder político a otros, y unos cuantos más sean reprimidos con creciente dureza. Existe un internet todavía aceptablemente libre (aunque en esto también se está retrocediendo bajo el régimen chavista). Por estos y otros factores, quedan miles de venezolanos que todavía no han sucumbido a la sumisión por convicción o a la práctica del fingimiento al régimen socialista para sobrevivir. Son los que han salido a calle y están siendo reprimidos con dureza por las fuerzas de seguridad y los grupos armados castro-chavistas.

Lo que no se ha conseguido con la propaganda, el chavismo lo está intendo imponer con la fuerza bruta. Maduro ha advertido con dar un “carácter armado” –como si no lo hubiera tenido hasta ahora– a la “revolución” si hay un intento de golpe de Estado. Según demuestra la experiencia comunista, los regímenes socialistas consideran como golpe de Estado toda protesta de los ciudadanos contra ellos, con lo que es de esperar que la represión vaya a crecer.

En las calles de Venezuela se muestran estos días dos variantes de la bandera del país. Muchos opositores lucen la tradicional, con siete estrellas. El chavismo muestra la oficial, con una estrella más, añadida por Chávez en 1999.

Esa octava octava estrella es necesariamente sangrienta, pues sangriento es el socialismo. El chavismo ya ha segado la vida de personas que reclamaban libertad, y el riesgo de que la represión vaya a más es muy real. No parece que Maduro vaya a poner freno por voluntad propia ni por presiones internas. Por eso es tan importante que desde el resto del mundo los medios de comunicación informen de lo que ocurre, y que los ciudadanos estén atentos y denuncien en la medida de sus posibilidades por cualquier vía.

También resultaría muy valioso que los Gobiernos democráticos denunciaran la represión y amenazaran a Maduro y sus aliados con convertirles en apestados en la arena internacional. Pero, nos tememos, eso es mucho pedir. Al menos con Ejecutivos como el de Mariano Rajoy y otros gobernantes europeos.

Oligarquía de élites destructivas

Existe una ley universal que aplica a la organización de las sociedades humanas, que se denomina ley de hierro de las oligarquías. En cualquier colectivo humano, surge un grupo de personas que lidera la toma de decisiones, lo que se puede comprobar tanto al observar grupos de amigos, equipos deportivos, asociaciones o empresas como al estudiar antropológicamente aldeas, tribus, pueblos, ciudades, regiones o naciones históricas. 

1. Oligarquía de élites inclusivas

Una oligarquía de élites "inclusivas" se constituye cuando las autoridades dotan de triple seguridad (exterior, interior y jurídica) a un territorio y coexisten con un marco institucional que permite un Estado de Derecho, digno de tal nombre, porque protege los derechos individuales de los ciudadanos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley.

Obviamente, una oligarquía de élites "inclusivas" coexiste siempre con la dispersión pluralista del poder, que se puede alcanzar por medio de elecciones libres y directas, siempre que no sean meramente testimoniales y eternicen en los cargos a los mismo personajes, sino que renueven periódicamente las instituciones y, especialmente, los poderes ejecutivo [1], legislativo [2] y judicial [3][4], que es lo que ayuda a que la democracia (o poder del pueblo) no quede secuestrada por una oligarquía liberticida.

De hecho, sólo si arraigan la separación "real" de poderes y la independencia de jueces y tribunales, como características institucionales de una sociedad abierta,se puede realizar una defensa eficiente de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Una oligarquía de élites "inclusivas" se identifica fácilmente en un país, cuando el Estado es mínimo o limitado en su tamaño y sus actuaciones y, por tanto, cuando el ejercicio del Gobierno queda sujeto al control de la población e impera un Estado de Derecho. 

2. Oligarquía de élites extractivas

Cuando el tamaño del Estado aumenta, también crece el poder de las oligarquías y se incrementan las restricciones del orden político sobre el orden de mercado, por lo que se extiende la solución estatista hacia más parcelas privadas de la vida.

La oligarquía de élites "extractivas" emerge con el aumento del tamaño del Estado por medio de legislación liberticida, impuestos y endeudamientos crecientes, y alteración del valor del dinero, ampliando sus propios privilegios y prebendas.

La oligarquía de élites "extractivas" se constituye como una casta cerrada de grupos y círculos de poder, vedados al resto de la población, desde donde se legislan todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y se redistribuye la riqueza privada hacia grupos organizados de redes clientelares (partidos políticos, fundaciones, asociaciones, sindicatos, patronales y lobbies empresariales).

La oligarquía de élites "extractivas" expolia el presupuesto público con excusas ideológicas que permiten la depredación de los fondos públicos mediante eslóganes y consignas como el interés general, el bienestar común, la justicia social, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, el derecho a decidir, la lucha contra el enemigo interior o exterior…

Una oligarquía de élites "extractivas" queda plenamente identificada, cuando se observa un Estado Minotauro con untamaño de Estado cercano o superior al 50% del PIB y, también, cuando el ejercicio del Gobierno no queda sujeto al estricto cumplimiento de una Ley respetuosa con derechos civiles.

Entonces, el atropello de los derechos individuales, la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos y la corrupción se generalizan y quedan impunes los delitos políticos y económicos.

A los ciudadanos se les aplican las leyes y normas de manera implacable. Sin embargo, los gobernantes y los grupos de medradores cercanos al poder (partidos políticos, fundaciones, sindicatos, patronales y grandes empresas) evaden el cumplimiento de la Ley y la acción de la Justicia. Los delitos políticos no se investigan y se dejan prescribir. Las condenas se reducen e incluso se liberan asesinos y terroristas por supuestas "razones de Estado". 

3. Oligarquía de élites destructivas

Cuando se generalizan el incumplimiento de la Ley, el relativismo y la ausencia de moral, las oligarquías de élites extractivas se convierten también en destructoras del orden político vigente.

Entonces podemos hablar de oligarquías de élites "destructivas" que surgen con la transformación del Estado Minotauro en un Estado Hidra, formado por la acción de múltiples administraciones intervencionistas; actuando al servicio de diferentes clanes políticos que se enfrentan y acuerdan el reparto del poder político.

Por analogía con la mitología griega, el Estado Hidra es guardián del inframundo en donde no se respetan los derechos individuales de los ciudadanos. El Estado Hidra es un monstruo con un tamaño cercano o superior al 50% del PIB pero, a diferencia del Estado Minotauro, con un número variable de cabezas o Estados-Administración que van desde tres, cinco o nueve hasta cien.

Una oligarquía de élites "destructivas" queda identificada, cuando deja de cumplirse la Ley en las regiones dentro del territorio que abarca el Estado Hidra y, por ejemplo, se producen intentos de separación política por asunción de competencias sin límites en 17 mini-Estados (o Reinos de Taifa o Autonomías), como ocurre en España.

Las oligarquías de élites "destructivas" intentan fragmentar aún más el territorio para repartirse políticamente los recursos del Estado Hidra mediante la creación de una nueva patria, una nueva nación o, como preferían los nacionalsocialistas en la Alemania nazi, un nuevo "Lebensraum", donde seguir medrando económica y políticamente con mayor grado de impunidad, empleando el Estado-Administración como maquinaria legal y técnica para el ejercicio absoluto del poder.

La casta política extractiva utiliza los sentimientos colectivos para crear un tiempo nuevo, construir una nueva legalidad, donde prevalezca la inmoralidad del "Zeitgeist" (o espíritu del tiempo), anulando los derechos individuales de los ciudadanos y defendiendo tan sólo sus propios intereses y utopías como oligarquía.

La población civil queda indefensa ante la acción liberticida de los políticos, y sometida por una maquinaria burocrática y legislativa al servicio de la casta política que controla la administración local o regional del Estado Hidra, porque existe el miedo a la libertad [1] [2] ante la violencia ejercida por el poder político.

Sin embargo, una nación histórica no es una institución baladí, dado que es la esencia que permite la configuración de un orden político estable en un territorio entorno a las diferentes formas de configuración del poder político en las ciudades, los reinos, el imperio o el moderno Estado-nación.

Generación tras generación, se configura una nación histórica con un "ethos" colectivo formado por usos, costumbres y valores, con una forma de sentir la vida y de entender las relaciones sociales y con un carácter propio que se configura a lo largo de la historia. Su influencia es determinante tanto en el orden de mercado como en el orden político (u oligárquico) que gobierna un país.

Inicialmente, una nación histórica o patria está por encima de cualquier oligarquía de élites destructivas, porque aglutina el "ethos" colectivo en relación con: la forma de entender la vida, la familia, la libertad, la propiedad, el comercio, el dinero, la justicia…

Las oligarquías de élites "destructivas" intentan cambiar esas instituciones morales por medio de la legislación positiva, los subsidios y ayudas públicas, y los medios de comunicación que promueven su ingeniería social pero, sin embargo, desatan conflictos sociales a largo plazo que: o bien suponen su endiosamiento y la imposición de una sociedad más cerrada o bien su propio derrocamiento y el arraigo de una sociedad más abierta.

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Medidas pragmáticas que produzcan liberales

Siempre ha habido bastante debate sobre qué partido político se puede considerar liberal, qué medidas pueden ser apoyadas por los liberales y qué debería hacer un liberal ante unas elecciones a cualquier cargo público.

Hay opiniones para todos los gustos y yo mismo he sostenido y abandonado algunas de ellas según he ido meditando sobre el tema. Actualmente tengo una opinión bastante crítica con las posturas pragmáticas, que por norma suelen apoyar con mucho ahínco a cualquier político que se distinga por una postura menos intervencionista de lo normal, o medidas que limiten ligeramente el expolio fiscal al que estamos sometidos.

Pese a esto tampoco me siento cómodo aceptando solo medidas maximalistas que a día de hoy el 95% de la sociedad no aceptaría, o esperando el colapso del sistema para hundirme con él sabiendo que tenía razón…

En cambio pienso que lo más sensato dadas las circunstancias actuales es apoyar únicamente aquellas medidas cuya aplicación favorezcan el progreso de las ideas liberales entre la sociedad.

Por ejemplo, un tipo único para el IRPF no favorece en nada las ideas liberales, favorece que paguemos menos (o más) impuestos, favorece que se simplifique la burocracia del gobierno, y favorece que el Estado termine recaudando más dinero con la riqueza extra que se generaría al liberar esos recursos de sus garras. Todo ello podría estar muy bien a corto plazo y nos podría facilitar la vida, pero de liberal tiene poco y a la larga traería más Estado que encima sería relacionado por el ciudadano común al capitalismo/neoliberalismo más feroz.

En cambio algo tan simple como que la seguridad social sea pagada por el empleado en su totalidad, en vez de por el empleador, supondría a largo plazo la tumba del sistema de pensiones o, al menos, convencería a mucha gente que ahorrar de forma privada sería mejor opción que ver cómo desaparecen miles de euros de sus nóminas cada vez a cambio de la promesa de una pensión menguante a una edad avanzada e indeterminada.

Lo mismo ocurre con otras muchas medidas. Aunque, claro está, no todo es blanco o negro. También hay medidas que pueden estar a caballo entre propiciar el liberalismo y ser una amenaza al mismo. Una de ellas sería la desgravación en nuestros impuestos del seguro de sanidad privada. Por un lado fomenta que el ciudadano común conozca que existe una sanidad asequible a su bolsillo fuera del Estado, pero puede fomentar que corporaciones de seguros, junto al Estado, terminen manipulando el mercado con consecuencias negativas que harían que la visión del ciudadano común sobre la sanidad privada termine siendo mala.

Por ello siempre hay que tener claro que no hay que confundir los medios con los fines. Una medida, por buena que sea, no sustituye el fin que se persigue. Y si ese fin es la libertad, la amenaza de que cualquier medida para fomentarla termine siendo usada para cercenarla es aún mayor. Supongo que de ahí vendrá lo poco pragmático que somos los liberales, y lo mucho que molestamos a los amigos de frente común ante el mal mayor…, y de paso conseguir el poder.

Bote a los políticos

La crisis del sistema socialdemócrata parece estar afectando seriamente al casi perfecto bipartidismo que hemos sufrido desde que el tándem PSOE-PP se alterna en la poltrona presidencial. Según la última encuesta del CIS, los populares aventajarían a los socialistas en 5,5 puntos, pero mientras que los primeros siguen descendiendo y sólo obtendrían el 32,1% de los votos, los segundos han alcanzado su mínimo absoluto, el 26,6% de los votos, e incluso algunos análisis de los datos concluyen que para ambos la intención directa de voto ha marcado su mínimo histórico. Por supuesto, el PSOE, el gran perjudicado de la encuesta, ha acusado al CIS de manipulación. ¡Alfredo! La cocina es la cocina y algunas veces el cocinero hace comidas indigestas, pero después de cómo cocinaste las tuyas, qué menos que un poco de manga ancha con las ajenas.

Por otra parte, los comunistas de IU aparecen anclados en el 11,3%, quizá lo máximo que pueden rascar de los socialistas mientras sigan apoyando y optando por la violencia y la algarada que tanto gusta a la extrema izquierda, y UPyD, el partido que dirige y presenta Rosa Díez, que sube hasta el 9,2%, convirtiéndose en una seria competencia tanto para populares como para socialistas ya que, aunque debería tender a dañar a los últimos, socialdemócratas hay en los dos partidos mayoritarios, y para algunos esta Rosa parece ser más interesante que el capullo socialista o la gaviota pepera. Los nacionalistas de todas las naciones se mantienen en su línea, unos suben y otros bajan, y esperan con interés, bien la independencia, bien el trinque habitual en forma de cuotas de poder… De poder meterse en la cartera de los ciudadanos de todo rango y condición, me refiero.

En esta encuesta no se ha contabilizado el efecto que podrían tener tres nuevas formaciones; por una parte, una iniciativa de izquierdas que apadrina Pablo Iglesias, "Podemos" (vaya nombrecito), que podría tocar los mayores de Cayo Lara si es que no se alían al final. Por otra, Ciudadanos, que tendría un lugar similar al que ocupa UPyD y que mide sus fuerzas a nivel nacional por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo de este año. Y por último, Vox, que si hace algo es tocar al PP por la derecha más que por el centro gallardonil, pero que sobre todo va dirigido a los votantes/militantes cabreados con Rajoy y su política aparentemente antiterrorista, el aborto y algunos otros temas peliagudos.

Lejos y sin muchas posibilidades estaría el P-Lib. Queridos liberales-políticos, si queréis que se os vea deberíais buscaros un enemigo poderoso, tocadle donde más le duele, sí, ahí, donde todos hemos pensado, que os nombre un día sí y otro también, y no esperéis sacar muchos votos con el programa, por muy racional y coherente que sea, que en España se vota más contra alguien que a favor de, buscad esos votos y, ¡por Dios!, no hagáis vídeos defensivos diciendo quién es o no liberal, como si se os conociera en todo el suelo patrio. La indiferencia es lo contrario del amor/odio y sois indiferentes a ojos del poder y de casi todos los medios de comunicación mayoritarios y, por tanto, del votante.

Así que todo apunta a que, posiblemente, las próximas generales darán un Congreso y Senado de lo más atomizado. Dicho esto, surge la pregunta: ¿es todo esto bueno para la convivencia democrática y la viabilidad de la economía española y, en general, para los bolsillos de los ciudadanos? Pues no sé, pero se me antoja que poco, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Se pueden hacer coaliciones de todos los colores, incluso combinarlos en mezclas que harían las delicias de un pintor impresionista hasta arriba de LSD, pero desgraciadamente, ninguno de ellos está por reducir el tamaño del Estado, desregular la economía, no endeudarnos más, devolver poder a los ciudadanos, no inmiscuirse en la vida de éstos en forma de educación y cultura politizada, dejar de adoctrinar a los hijos ni pretender dejar de crear la moral de lo políticamente correcto, y algunos incluso se apuntan a una nueva subida fiscal y a la nacionalización de todo lo relevante.

Por el contrario, están más preocupados en dejar claro qué competencia tiene ésta o aquella administración, en peleas políticas que poco tienen que ver con el interés del ciudadano, en todo caso con su bolsillo, en mover todo para que todo se quede como está. Están muy preocupados por la corrupción de los demás y nada por la propia, si no es para decir que son inocentes, y en el fondo da lo mismo porque ésta se origina por la propia naturaleza del sistema y, lo que es más preocupante, por la moral subyacente en la sociedad española.

Los políticos no son una raza aparte, forman parte de la sociedad y tienden a comportarse como lo suele hacer la mayoría. Puede ser que el poder y el dinero muevan más canallas hacia ciertos círculos, eso ocurre en todos los países, pero el resto, los que no son canallas, suelen estar más vigilantes y no se les va la fuerza en algaradas, sino que actúan y denuncian, y las consecuencias de estos actos son muy duras. En España, desgraciadamente, las movilizaciones se suelen realizar para cambiar al ocupante de la poltrona, no la naturaleza del sistema y el poder judicial es un subproducto de la partitocracia. Los nuevos partidos no han dicho nada nuevo, nada "evolucionario", que no revolucionario, sólo se han quejado y tengo la sensación de que traerán más de lo mismo sin solucionar lo que ya hay. Aquí nadie parte la baraja, por el contrario, juegan y mucho, con dinero ajeno.

Algunos amigos me preguntan que por qué no voto, por qué incluso no voy al colegio electoral y voto en blanco si no me gusta ninguna de las opciones. Mi respuesta es para qué. Qué soluciono con introducir uno o dos papeles en una urna. Si me decido por algo fuera del sistema, no se presenta, si se presenta pero no obtiene representación, no sirve de nada, si obtiene representación, pero no es mayoritario, es una boca que alimentar a costa del dinero público que nada puede hacer contra los grandes partidos que terminan controlando casi cualquier coalición y si es uno de los grandes partidos, entonces no estaría escribiendo esto porque estaría a favor del sistema. No vote políticos, bote políticos, es más sano.