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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Friedman

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

He preparado estas líneas unos días antes de la presencia de David Friedman en nuestro Instituto; que habrá tenido una convocatoria más general el viernes 25 en el Centro Riojano (sobre "Tecnología y libertad en un mundo imperfecto"). Previamente, el jueves 24 también hay organizado un acto en la Fundación Rafael del Pino: "La maquinaria de la libertad: guía para un capitalismo radical" (en esta ocasión, presentando la traducción al español de su libro de 1973 con ese mismo título). Seguro que habrán resultado de gran interés.

Pero me he arriesgado a dejar escritas estas líneas, aunque les repita ideas que ya habrán oído, después de haberme entretenido buscando información sobre el conferenciante y su obra. Ya saben que David es hijo de Milton y Rose Friedman, autores de Libertad de elegir (1980), un libro tardío de ese gran premio Nobel de 1976, que fallecería con 94 años en 2006; un año más que su colega James Buchanan, que nos dejaba este mes de enero y sobre el que pueden encontrar un excelente artículo de Juan R. Rallo. Apellidos importantes para la historia del pensamiento económico, que en el caso de los Friedman se mantiene en una segunda, y hasta tercera generación.

La wikipedia nos ofrece (en español) una semblanza de David Friedman, breve pero ilustrativa. Nació en 1945, estudió en Harvard y se doctoró en Física por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Santa Clara, California. De la wiki les copio este párrafo: "La versión de Friedman del anarquismo individualista no está basada en la asunción de derechos naturales inviolables, sino en el análisis costo-beneficio de Estado versus No-Estado. Esto contrasta con la aproximación iusnaturalista como es propuesta por los economistas de la Escuela Austríaca y el teórico libertario Murray Rothbard".

Podrán intuir que nos encontramos ante una de las diversas posturas dentro del (minoritario) pensamiento liberal; que me resultan difíciles de catalogar, la verdad. Personalmente no me gusta contraponer demasiado esos términos de austríacos, libertarios, anarcocapitalistas, etc. Entiendo que, sobre todo en el panorama anglosajón, es conveniente delimitar los perfiles… Pero prefiero la simplicidad de considerarlos a todos liberales, frente a esa multitud de "socialistas de todos los partidos" que nos rodea, y de la que se lamentaba Hayek.

Dicho lo cual, es cierto que Friedman presenta algunas (muy notables) particularidades en su defensa de una sociedad libre, criticando cualquier intervención del Estado: por supuesto que considera necesaria una gradual privatización de los servicios públicos; pero aquí llega incluso a incluir la Justicia (sustituyéndola por empresas de arbitraje) y la Seguridad Nacional. Es un anarquismo matizado (no comparte, obviamente, los procesos revolucionarios violentos), que se conoce como anarcocapitalismo.

Desde el punto de vista de la fundamentación, suele definirse con el término "consecuencialista", para distinguirse de ese "iusnaturalismo" rothbariano que acabamos de señalar. Las razones que mueven a las organizaciones humanas no descansan en un código legal, previamente pactado (con algunos derechos naturales inviolables); sino en un análisis utilitarista de costes y beneficios. Claro que esta postura debe ser matizada, ya que no estamos ante una simple filosofía moral de cálculo de resultados ("el fin justifica los medios"): supongo que si Uds. han tenido la oportunidad de escucharle estos días, habrán podido sacar sus propias consecuencias al respecto…

El libro que Friedman presenta en español, La maquinaria de la libertad, puede servirles también para conocer mejor su pensamiento. Ya hemos visto que se publicó hace cuarenta años (aunque hay una edición revisada de 1989). Volviendo a la Wikipedia, nos dice sobre esta obra que "Friedman rechaza el utilitarismo como patrón último para determinar lo que debe hacerse y lo que no, pero considera que los argumentos de esta clase son en general los más eficaces para defender la doctrina libertaria. La gente tiene ideas muy diversas acerca de lo que es justo, sin embargo la mayoría coincide en que la felicidad y la prosperidad son propósitos deseables". Me recuerda en cierta medida esa máxima de la Ilustración Escocesa: "la mayor felicidad para el mayor número".

La maquinaria de la libertad arranca con un prólogo de Albert Esplugas, quien ha escrito varios artículos interesantes sobre nuestro ilustre visitante, que también recomiendo su lectura. Como éste sobre un Seminario de la Libertarian Alliance de 2008 .

Quería terminar con unas palabras sobre los editores del libro: Innisfree (los cinéfilos ya habrán pensado en el pueblito irlandés donde se desarrolla The quiet man de John Ford). Curioseando en su página web, se presentan como "tres lectores del Manifiesto Neolibertario, de Samuel Edward Konkin III, que nos conocimos por facebook y a los que se nos ocurrió fundar una Editorial con un solo objetivo: publicar lo que ninguna otra editorial en español ha publicado jamás ni se atrevería a publicar". Yo diría que, desde luego, están consiguiendo su objetivo… Para mayor información les indico que el libro de Konkin lo editan Óliver Serrano Gil, Jesús Huerta de Soto e Ignacio P. Rico Guastavino: saquen de nuevo sus propias consecuencias.

Simbología del poder: del “We the People” al “Carmen, por favor”

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El domingo 20 de enero de 2013, Barack Obama juraba su segundo mandato como presidente de EEUU en el interior de la Casa Blanca ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La ceremonia se retransmitió por televisión en directo, a pesar de que los planes iniciales del equipo de Obama eran no permitir que periodista o cámara alguno (más allá de un fotógrafo de la Casa Blanca) pudiera estar presente en la ceremonia –tal vez por miedo a que volviera a equivocarse, como cuatro años antes, al recitar la fórmula oficial del juramento–. Con retransmisión televisiva o sin ella, el carácter “privado” del acto es una excepción en este tipo de ceremonias en Washington.

Constitucionalmente, el mandato presidencial arranca con una ceremonia pública ante el Capitolio que ha de tener lugar el primer 20 de enero después de las elecciones presidenciales. Pero, si dicha fecha cae en domingo, el juramento ante la sede del legislativo se traslada al lunes 21 de enero. De hecho, así ha ocurrido, y cerca de un millón de personas acudían a ver y oír en vivo cómo Obama volvía a jurar su cargo como máximo responsable del Gobierno de Estados Unidos. Cuatro años antes, fueron dos millones de ciudadanos los que estuvieron presentes en el juramento.

La carga simbólica de este tipo de ceremonia es evidente. El presidente asume un compromiso ante los ciudadanos, ante ese mismo “We the People of the United States…” –aunque la traducción más habitual es “Nosotros, el pueblo de EEUU”, también puede ser “Nosotros, las personas de EEUU” – con el que arranca la Constitución. Se trata de un reconocimiento de que el poder emana de los ciudadanos y que, al menos en teoría, quien lo ejerce ha de mostrarse de forma pública ante los gobernados. Cuestión diferente es, por supuesto, que en última instancia ocurra así.

Los actos de toma de posesión en EEUU, y su carga simbólica, contrastan profundamente con sus equivalentes en gran parte de Europa. En España, por ejemplo, el presidente del Gobierno arranca su mandato con una jura o promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del monarca. El jefe del Gobierno así hace público su compromiso también ante el sujeto que encabeza la Constitución del país. La Carta Magna de 1978 arranca con la siguiente frase: “Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren”.

La simbología de la jura o promesa del jefe de Gobierno español, y de otros muchos europeos, es también evidente. El compromiso se asume ante el Estado y su máxima autoridad, no ante los ciudadanos. Se marca así una distancia entre gobernantes y gobernados, presente de forma simbólica en muchas otras representaciones del poder. Hace ya tiempo reflexionamos sobre la ubicación de las sedes de los gobiernos, y contrastábamos, entre otros, la céntrica Casa Blanca con La Moncloa, fuera de la ciudad de Madrid.

Es evidente que la representación del poder no lo es todo en política. Resulta cierto que un gobernante puede ser autoritario, o incluso totalitario, teniendo su residencia en pleno centro de la capital de un país y asumiendo su cargo en un acto público. Una simbología que recuerde al político que ha de responder ante los ciudadanos y que no debe comportarse como un déspota ilustrado no garantiza que vaya a comportarse en consecuencia.

Sin embargo, lo que es evidente es que una representación del poder como la que hemos descrito en España (y que es equivalente a la que existe en gran parte del resto de Europa) tiende a hacer olvidar al gobernante que tiene que responder ante los ciudadanos de forma constante, y no sólo cuando hay elecciones. No ha de sorprender, por tanto, que haya jefes de Gobierno que no consideren su obligación responder a preguntas de periodistas o de cualquier ciudadano que pueda acercársele. Ejemplo de esto último es el famoso “Carmen, por favor” de un Rajoy que trataba de librarse de los micrófonos de la prensa.

Un chanchullo inmoral y, por supuesto, ilegal

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Tras conocerse las excelentes relaciones comerciales entre la Fundación Ideas para el Progreso (sic) y varias empresas de amigos y familiares de altos cargos del PSOE, la portavoz socialista en el Congreso ha confirmado públicamente su carácter legal y además "moral". La moralidad es un atributo particular que bajo el canon socialista adopta las dimensiones más extrañas. Ahora bien, que el reparto de dinero público entre familiares de los políticos es ilegal resulta incuestionable incluso en España, cuya Ley General de Subvenciones prohíbe expresamente el trinque de los allegados.

Esto de que los familiares y amigos del poderoso abreven en el presupuesto público es tradición inveterada en la partitocracia española, donde los enjuagues se producen a diario con total normalidad. De hecho, Soraya Rodríguez no sufrió las dificultades expresivas de otras veces para refutar en el acto las veladas acusaciones de los periodistas, tras conocerse el caso de la muy industriosa hermana de su colega Valenciano. Y es que, en realidad, lo que se hubiera considerado inmoral es que, habiendo trinque al alcance de familiares y amigachos, se hubiera dado entrada a otras empresas por una mera cuestión de eficiencia presupuestaria. Si el dinero público no es de nadie, ¿a qué tantos escrúpulos en su manejo?

Los chiringuitos de los partidos políticos invitan además al trinque desaforado como si no fuera a haber un mañana. En último término son instituciones privadas que, a pesar de financiarse casi en su totalidad con dinero del contribuyente, actúan con mucha mayor discrecionalidad que los propios partidos, que tampoco es que se distingan por sus miramientos a la hora de gestionar un presupuesto que en esencia no les pertenece.

Y si la reacción intuitiva de Soraya B ya revela una ética muy particular en el ámbito de lo público, más chocante resulta la justificación de la empresa de la hermana de la vicesecretaria general del PSOE, al afirmar que lo que recibe anualmente de la Fundación Ideas para el Progreso (sic) es apenas un pequeño porcentaje de su volumen total de negocio. Tratándose de las finanzas del PSOE, nos quedamos con la duda de si es una simple excusa o una reclamación formal para aumentar la facturación en años venideros. 

Rajoy vertebra España… o no

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Si hubiera que clasificar la línea política del residente de La Moncloa sobre la nación española habría que buscar entre las categorías más inquietantemente ambiguas: posibilismo, visión a corto plazo, supervivencia. Pero nada sería más certero que definirlo como alguien que sí, puede acabar manteniendo los vínculos comunes mínimos y formales entre españoles durante los próximos años, pero que deja semivacía a la resultante España futura y, sin duda, descoordinada y debilitada tanto hacia dentro como con vistas al exterior.

Hacia el envite nacionalista catalán todo es mano tendida, amago y retirada, tanto en materia lingüística como en lo referido a recursos transferidos. Cuanto más evidente es el beneficio inversor realizado en la otrora próspera Cataluña y su contraste con el de otras comunidades de similar cariz, más agresivos son los independentistas y menos educados y protocolarios sus dirigentes.

La actitud hacia "la nueva realidad vasca" no es muy diferente en las filas del partido popular, aunque para mantener las formas y acostumbrarnos a que el nacionalismo radical e institucional sea una realidad por muchos años, son alcaldes del PP y dirigentes de grado medio quienes se expresan conciliadoramente, seguidos de débiles desautorizaciones de Basagoiti. Por el otro frente, los gestos hacia Artur Mas se reparten entre la meliflua crítica de Sánchez Camacho y la oferta de diálogo de Rajoy.

Nada hay en la actitud del gobierno nacional, así como en la del Rey, que nos haga pensar que su estrategia, si es que lo que hacen y no hacen pueda llevar ese nombre, sea más que una resistencia blanda que incluya el envío de ríos de recursos a Cataluña y miradas a otro lado en una comunidad donde la sangre de las víctimas del terrorismo aún no se ha secado.

Tal y como podemos entender que es la esencia de la actitud del gobierno, se espera que el desafío catalán acabe paniaguado en 2014 y que el radicalismo en el País Vasco se enrede en la gestión diaria de las instituciones. Pero en el mejor escenario de ese planteamiento se les ha permitido a los nacionalistas de ambos lados penetrar a sus sociedades con mensajes de desafección y, a los españoles, aprender una actitud hacia su nación tan difusa, débil y falta de convicción como el propio gobierno de Rajoy está dando a entender.

 Y si no es de esta, lo intentarán con más descaro aún, si cabe, en la siguiente ocasión.

James Buchanan y los límites del poder político

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

 A los 93 años, nos ha dejado uno de los pensadores más originales, rigurosos y liberales del s. XX: el premio Nobel de Economía James Buchanan. Acaso la falta de perspectiva nos impida ponderar adecuadamente la pérdida, pero me atrevería a decir que hoy ha muerto un gigante intelectual que, en materia de teoría política, está a la altura, si no por encima, de Friedrich Hayek.

La principal contribución de Buchanan fue ofrecernos algo que los liberales, quizá por una mezcla de desinterés y repugnancia, no están muy habituados a hacer: un análisis económico (o mejor dicho, praxeológico) del origen, la naturaleza y el funcionamiento del Estado al objeto de, posteriormente, estudiar cuáles son los mecanismos más efectivos para limitar su poder.

El punto de partida de Buchanan, sobre el que desarrolla buena parte de sus ideas, es que la acción individual no es más eficiente en todos los campos del mercado. En ocasiones es menester actuar de manera colectiva y coordinada para minimizar los costes de la convivencia social (las externalidades que las acciones de unos acarrean sobre los demás) o para producir determinados bienes que nos benefician a todos y que son difícilmente divisibles (el alumbrado público, por ejemplo). En tales supuestos, una cierta acción colectiva se impone como necesaria, y en los avatares de esa acción colectiva es donde Buchanan coloca su justificación del Estado: habrá decisiones colectivas que los distintos individuos puedan alcanzar mediante acuerdos voluntarios (comunidades de vecinos, por ejemplo), pero habrá otras que, debido al enorme número de personas implicadas, habrá que tomar sin que todas ellas puedan estar de acuerdo, esto es, habrá que abandonar el principio de unanimidad que rige en un mercado libre y pasar al principio mayoritario.

Sin embargo, es aquí precisamente comienzan los problemas: "Por definición, la regla mayoritaria implica el gobierno de la mayoría, esto es, el gobierno sobre la minoría, la cual es coaccionada para aceptar decisiones que sus miembros no desean". Buchanan no idealiza al Estado como una suerte de acuerdo social voluntario y pacífico donde todos sus miembros alcanzan un idéntico nirvana de felicidad con la búsqueda de un abstracto bien común: al contrario, en su libro Los límites de la libertad describe perfectamente cómo los Estados surgen, en su etapa preconstitucional, de la depredación, la guerra, la dominación y la esclavización de los fuertes sobre los débiles, quienes terminan rindiéndose y cediendo parcelas de su propiedad y de sus libertades a un ente parasitario superior –el Estado– para que, en todo lo restante, les deje vivir:

El acuerdo que pone fin a las hostilidades puede ser similar a un contrato de esclavitud, donde el débil acepta producir bienes para el fuerte a cambio de que le permita retener algo por encima del nivel de subsistencia.

Siendo ése el origen del Estado, no es de extrañar que Buchanan muestre su preocupación acerca de cómo limitar el Estado para que éste no se convierta en un rodillo por el que las mayorías, organizadas consciente o inconscientemente en torno a coaliciones espontáneas, las burocracias asentadas y los grupos de presión, exploten a las minorías (el famoso rent seeking). La democracia no es el mecanismo por el que cada cual perseguirá un abstracto bien común –que debería quedar circunscrito a la mejor provisión de esos bienes que requieren de cierta acción colectiva–, sino donde cada individuo tratará de maximizar su bienestar personal a costa de los demás. A evitar este escenario hobbesiano dentro del Estado dedica, precisamente, la obra que le confirió una mayor fama: El cálculo del consentimiento, coescrita con Gordon Tullock. Pero tampoco aquí Buchanan se muestra ingenuamente optimista con la naturaleza del Estado:

Conviene enfatizar que ningún sistema de organización social en el que los hombres puedan actuar libremente puede impedir la explotación del hombre por el hombre o de un grupo por otro grupo.

A lo máximo a lo que aspira Buchanan es a estudiar qué diseño constitucional minimiza los costes de la convivencia social al tiempo que garantiza que la acción colectiva pueda desarrollarse eficientemente (especialmente, entendiendo el rule of law como un bien público que el Estado debe amparar y proveer). Y las conclusiones a las que él y Tullock llegan son las de un sistema parecido al que implantaron los Padres Fundadores en EEUU, pero con controles deliberadamente orientados a evitar el crecimiento del sector público: ámbitos de actuación constitucionalmente muy escasos y delimitados, descentralización administrativa, contrapesos de poderes, limitación normativa del déficit y de la acuñación de moneda o ampliación de los ámbitos de democracia directa en detrimento de la acción política.

No obstante, ni siquiera el propio Buchanan tenía plena confianza en que el Leviatán fuera a mantenerse dentro de sus fronteras sin una continuada revolución constitucional por parte de la ciudadanía para volver a meter en vereda a un Gobierno que por su perversa naturaleza tenderá a crecer. Una revolución constitucionalcontinua que él mismo calificaba de ingenua e improbable, pero no por ello menos necesaria para salvaguardar la libertad y el funcionamiento pacífico de la sociedad. Lo cierto, con todo, es que si esa revolución constitucional continua no puede darse, entonces el Estado se vuelve indeseable; pero, si puede darse, entonces probablemente se vuelva innecesario.

En el fondo, pues, la obra de Buchanan constituye una profunda crítica a la organización política realmente existente. Lejos de idealizar la noble y abnegada tarea del político, del burócrata o del votante, muestra por qué un Estado que no se halle enormemente constreñido degenerará, como decía Bastiat, en un monstruoso mecanismo por el que todo el mundo tratará de vivir a costa de los demás. Sí, los mercados fallan a veces, pero los Gobiernos fallan casi siempre y de formas mucho más devastadoras para la sociedad.

Por fortuna, esta semilla analítica sembrada por Buchanan no ha caído en saco roto: desde que en 1983 se convirtiera en la cabeza más visible de la George Mason University, un nutridísimo grupo de liberales , austriacos y no austriacos, está continuando el camino despejado por él, mejorando y llevando su análisis institucional hacia campos donde las formas de organización coactiva no es que sean pequeñas y limitadas, sino simplemente inexistentes.

Descanse en paz James Buchanan, por sus enormes contribuciones a la libertad en un mundo cada día más necesitado de ellas.

El voto a un partido libertario

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Tres millones de votos es lo que separa el apoyo popular a Barack Obama al que ha recabado Mitt Romney. Poco más de un millón de votos, apenas el uno por ciento del total, es lo que ha logrado reunir Gary Johnson. Puede parecer un magro resultado, y sin duda lo es. Pero es más del doble que lo que logró reunir Bob Barr hace cuatro años, son más votos que los que nunca haya recibido un candidato libertario, y el porcentaje de apoyo queda sólo por debajo de Ed Clark en 1980. Y sin embargo es difícil no considerarlo decepcionante.

Bien, nadie pensaba que Johnson fuera a disputarle la presidencia a Obama y Romney. Aunque eso no quiere decir que no pueda haber una parte de la sociedad importante, aunque no mayoritaria, que se sentiría cómoda votando libertario. Echando la vista hacia atrás, Ross Perot logró en 1996 más de 8 millones de votos, el 8,4 por ciento del voto. Y en 1992 obtuvo 19,7 millones de votos, que suponían poco menos del 19 por ciento del total. Perot no era un candidato libertario, claro está. Pero una parte de sus mensajes sí lo eran, y es fácil pensar que una proporción mayor que el millón podría haber ido al partido libertario con un mensaje o un candidato mejores. En 1984, Reagan concitó el apoyo de casi el 59 por ciento del voto, y de nuevo es difícil pensar que una parte de ese voto no mostraría sus simpatías por un candidato libertario.

Pero en todas esas elecciones había candidatos libertarios y no concitaron todo el apoyo potencial que podrían haber ganado. ¿Por qué? Porque parte de la relevancia del voto es su utilidad. Y un voto al partido libertario no iba a granjearle votos electorales (los que otorgan la presidencia) y, en cierto sentido, son votos perdidos. Hay un contraargumento a esta consideración. David Friedman lo expone así: Tiene sentido votar a un tercer partido en ciertos Estados, no a pesar de que no tenga posibilidades de cambiar el resultado, sino precisamente por eso. Y pone el ejemplo de California, donde la ventaja de los demócratas es abrumadora y votar al partido republicano no resulta tan útil. Lo mismo vale para aquellos Estados en los que haya una clara mayoría republicana y una parte del voto demócrata o independiente podría ver atractivo un candidato libertario. Y privado de la utilidad en la elección del presidente, el voto puede tener otra utilidad: la expresión de una posición contraria al estatismo y favorable a la libertad. La estrategia de Gary Johnson se basaba en el objetivo de lograr el 5 por ciento del voto nacional, lo que le conferiría al partido ventajas electorales posteriores y, cabe pensar, mayor presencia en los medios.

Pero hay otra estrategia opuesta, pero complementaria. Consiste en ir a la caza de lo pequeño, de algún que otro ayuntamiento en el que se puedan poner en marcha los programas libertarios, para mostrar sus efectos y ganar con ello un apoyo social más amplio. Es una estrategia razonable, aunque un poco ilusoria, porque el comportamiento electoral no es tan racional.

A veces, aunque queda fuera del planteamiento de este artículo, lo más efectivo es que triunfen las tesis libertarias en un partido mayoritario, lo que en este momento histórico sólo podría darse en el partido republicano.

¿Y en el caso de España? Contamos con una organización libertaria, el Partido de la Libertad Individual. Cualquiera de las dos estrategias válidas en el caso de los Estados Unidos no tiene mucho sentido en España. Aquí no se lo lleva todo el ganador, sino que las listas de los partidos se cortan en uno u otro punto en función de los restos, y un puñado de votos pueden decidir que uno de los diputados sea de un partido u otro. Y la capacidad de maniobra de un alcalde, con la maraña legislativa que condiciona su actuación, es más escasa en nuestro país. Por desgracia, con la posible excepción de la Comunidad de Madrid y con enormes reservas, no podemos confiar en que el gran partido de centro derecha, el Partido Popular, vaya a ser libertario, o acaso liberal, en algún sentido.

El soberanismo

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La noción clásica de soberanía la define como aquel poder absoluto, inapelable, exclusivo, supremo y no derivado que se ejerce sobre una sociedad política, diferenciada de otras, y que se asienta sobre un territorio definido (Bodino y Matteucci). Este término, además de totalmente desfasado en nuestros días, resulta engañoso cuando es utilizado en el discurso nacionalista. Poco importa que el nacionalismo provenga de la exaltación colectiva del genio nacional de un pueblo que sí dispone de Estado independiente, como que proceda de aquel movimiento particularista o independentista que aspire a tener un Estado propio.

Al hilo del concepto de soberanía nos topamos con el de independencia política. Son independientes, al menos en apariencia, aquellos pueblos que no se hallan sometidos al dominio de otros pueblos por disponer de una organización política capaz de frenar las intromisiones de otros gobiernos o Estados. El discurso nacionalista periférico (aquel que defiende la secesión de un cuerpo político más amplio) ignora la existencia de plena integración social y política del pueblo del que dice defender su derecho de autodeterminación, respecto del pueblo común al que se opone como si de dos cuerpos distintos se tratara. En este sentido, el nacionalismo concibe al pueblo como una realidad colectiva autodefinida, y no por el contraste con otros pueblos que resultan ciertamente extranjeros por falta de integración.

La autodeterminación, como reconocimiento político de la sociedad internacional a todo aquel pueblo que se halle sometido al dominio de otro pueblo sin que entre ambos exista plena integración política, es una facultad legítima que tiende a constituirse en movimiento reivindicativo. La autodeterminación, por tanto, sólo opera en situaciones de colonización o de auténtico sometimiento y segregación. En este caso, el pueblo sometido se define no tanto por la identidad cultural que le es propia como por el esfuerzo legislativo del Estado dominante por establecer límites y mecanismos de control sobre el mismo.

El ejemplo de los EEUU resulta muy ilustrativo. Se trata de una nación política moderna capaz de integrar varios pueblos, que muchas veces continúan definidos internamente, pero que sin embargo han tendido a unirse políticamente sin que el Estado haya necesitado utilizar importantes mecanismos de integración. Se trata, por otro lado, de pueblos que no serían capaces de definir un ámbito territorial propio dentro del territorio norteamericano, al menos no a un nivel lo suficientemente amplio como para siquiera aspirar a cierta autonomía política dentro de la nación común a la que pertenecen. La mera ciudadanía norteamericana, que iguala jurídicamente, y reconoce idénticas libertades públicas a todos los individuos, ha servido para que desaparezcan los elementos que en Europa sí han propiciado algunos nacionalismos legítimos.

Volviendo al concepto de soberanía, que es la aspiración fundamental de todo nacionalismo sin Estado o con un Estado relativamente sometido, no debe tomarse en su versión premoderna. La soberanía ha sufrido un proceso de despersonificación, abstracción y racionalización unida a la idea de poder. La teoría política, y su plasmación en los textos constitucionales, atribuye la soberanía a un concepto de nación política solo aplicable a sociedades integradas en términos no sólo culturales, sino políticos, económicos y morales. Las naciones modernas se desprendieron de sus rasgos meramente etnicistas para extenderse sobre órdenes sociales más amplios y complejos, de individualismo creciente, y en los que la acción y la participación políticas dejaban de pertenecer en exclusiva a una aristocracia poco numerosa dotada de privilegios ancestrales. La soberanía, abstracta y despersonificada, queda engarzada en las sociedades modernas como poder inapelable que ejerce el pueblo a través de un Estado.

La anterior definición, tan ingenua como imposible, choca con otra, no menos discutible, dada por Carl Schmitt, quien entiende que el soberano es siempre un individuo cuyas decisiones determinan el destino político de una comunidad al margen de que la fuente de su poder derive de un complejo proceso de reconocimiento social. Para Schmitt, soberano es quien decide en estado de excepción.

En los órdenes sociales complejos y plurales, que a su vez interaccionan o se integran a distintos niveles con otros órdenes similares, la soberanía es relativa y limitada, tanto interna como externamente. El nacionalismo periférico, identitario e independentista, sostiene todo su discurso sobre el mito de la soberanía como poder ilimitado, absoluto y despersonificado. La realidad es que tal cosa no existe, por no decir que no ha existido nunca en sociedades mínimamente avanzadas. Es un mito que se desvanece.

Lo cierto es que las naciones políticas propias de nuestra época, al menos en el mundo occidental, pueden ser tan amplias y plurales como quepa concebir. Lo realmente importante es el grado de correspondencia política e integración social que dé como resultado estructuras de poder compartido sistematizadas y distinguibles de otras equivalentes que ejerzan su potestad sobre pueblos y territorios distintos. No ha existido nación política moderna sin que un poder soberano, o un Estado, haya decidido previamente constituir una. Ha podido hacerlo ofreciendo ciudadanía y libertad, o bien a través de mecanismos coercitivos y de ingeniería social con mayor o menor éxito. Ha habido, igualmente, exitosos procesos federativos, propiciados por una identidad cultural anterior, pero que nunca habrían cuajado sin que existiera el interés político y económico de constituir uniones estatales suficientes. A partir de ahí, el proceso de homogeneización e integración en todos los órdenes ha resultado asimilable al de otros ejemplos de formación de grandes ámbitos de ejercicio de soberanía.

El discurso nacionalista maneja conceptos con la sola intención de manipular sentimientos y movilizar a las masas hacia una deriva desintegradora que rompa el statu quo sin que, previamente, se haya desligado el conjunto social afectado en el resto de sus órdenes. La ruptura política no puede plantearse como algo que no afecte a todo lo demás. El nacionalismo esboza un desafío claro al proceso natural de abertura y expansión del orden social (espontáneo), unido a formas federativas de poder (deliberadas). La tendencia ha de ser ascendente y compositiva, no descendente y deconstructiva. Carece de toda legitimidad y justificación aquel movimiento secesionista que no pretenda la independencia política de un pueblo que se halle efectivamente dominado por otro. El nacionalismo particularista, lejos de reivindicar la libertad para los ciudadanos, aspira exclusivamente a que se produzca un cambio de rostros, denominaciones y banderas en el ejercicio de la soberanía, la cual seguiría justificando una intromisión ilimitada en la vida de los individuos que pasaran a formar parte de ese nuevo ámbito de dominio político.

Sobre este mismo tema:

@JCHerran

Efectos económicos de la independencia de Cataluña

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Parece que en los últimos tiempos el separatismo propugnado por los políticos catalanes está acelerando su eclosión. Lógicamente, en torno al fenómeno proliferan los debates de todo tipo, desde administrativos y filosóficos, hasta deportivos (¿podría jugar el Barça la liga española?), y, por supuesto, económicos.

Como suele ser el caso, los análisis económicos se utilizan como arma arrojadiza de unos a otros. Unos dicen que será catastrófico para España y Cataluña (los patriotas españoles), y otros dicen que será maravilloso para Cataluña, y no les preocupa lo que pase a España (los patriotas catalanes). Y, sin embargo, la praxeología proporciona una herramienta potente y de resultados poco discutibles para tratar de anticipar los efectos económicos de dicho fenómeno, ceteris paribus, esto es, si nada más cambiara.

La deducción es bastante trivial, por cierto. Si no cambia nada más, la independencia del territorio catalán del estado español carece de efectos económicos significativos. Los individuos sitos en territorio catalán seguirían comerciando con los individuos de otras partes del territorio español prácticamente en idénticas condiciones a las actuales. Evidentemente, habría un fenómeno marginal ocasionado por patriotas españoles, que, ante la independencia, evitaran comprar productos de origen catalán. Pero, si estos productos son realmente mejores (y eso asumiendo que los individuos quieran dedicar tiempo a aislar el origen de los productos que compran, lo que tampoco sería trivial), en el medio plazo no se notaría mayor efecto, y más en un entorno de crisis donde la gente está para pocos caprichos.

Entonces, ¿de dónde salen las previsiones catastróficas que se suelen manejar tanto para Cataluña como para España de tal independencia? Evidentemente, de que tal independencia sí traería cambios, pero no cambios en las preferencias de los individuos, sino cambios en el comportamiento de los Estados involucrados.

Por ejemplo, se plantea implícitamente que el Estado español crearía fronteras en torno al estado catalán, castigando los productos de este origen, y dañando así la economía de los separatistas. Efectivamente, si tal se hiciera, se pondrían obstáculos al movimiento de recursos entre ambos territorios, lo que resultaría perjudicial y hasta catastrófico para españoles y catalanes. Pero ¿por qué habría de hacer el Estado español tal tontería? ¿Contaría con el apoyo mayoritario de los españoles?

Otra amenaza es que se fragmentara el mercado español por diferentes regulaciones en el territorio catalán y en el español. Pero, como muchos economistas ya han denunciado, tal ruptura de mercado existe ya en la actualidad. Es cierto que se podría agudizar, pero resulta difícil imaginar que ello nos pueda llevar a un nivel de catástrofe superior al que tenemos en la actualidad.

Más posible es que el nuevo estado catalán, viendo los precedentes históricos recientes y los intereses de la clase política catalana, opte por incrementar la presión fiscal de sus ciudadanos. Eso sí sería catastrófico para los catalanes, pero no se puede deducir de forma directa de la independencia.

Pudiere pasar justo lo contrario (obsérvese el uso del futuro de subjuntivo para transmitir la baja probabilidad a mi entender de tal evento), y que el nuevo estado catalán bajara los impuestos y liberalizara los mercados, entre ellos el laboral, cosas que se niega a hacer el Estado español hasta el momento. En ese caso, la independencia habría sido una bendición para el ciudadano catalán, y el aumento en la generación de riqueza de Cataluña posiblemente se trasladaría al ciudadano español, vía mejores precios y productos catalanes.

Es más, la pérdida de poder de cada uno de los nuevos estados respecto al actual (por disminuir su ámbito territorial) puede resultar positiva para la economía de ambas zonas. Una forma en que ello se podría producir sería, por ejemplo, mediante competencia fiscal, algo a lo que hasta ahora la Cataluña se ha negado con todas sus fuerzas, usando al estado central para forzar cierto tipo de colusión entre CCAA.

En resumen, los efectos teóricos sobre la economía de la mera independencia de Cataluña son neutros o incluso positivos, por la pérdida de poder de cada estado. Ahora bien, eso solo ocurriría si los Estados resultantes no hicieren el burro (y uso de nuevo el futuro de subjuntivo).

Así que mi recomendación es que se permita la independencia de Cataluña sin ningún tipo de medida disuasoria, que, ésta sí, podría dañar catastróficamente nuestra economía. Que no solo se permita la independencia de Cataluña, sino la de cualquier territorio, no importa su tamaño o configuración. Llevado al extremo, que se pueda independizar del Estado cualquier individuo que así lo desee.

Ojalá no quede el poder de independizarse, como tantos otros, solo en los políticos.

Ciudades al margen del Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Los medios españoles han recogido, como una curiosa anécdota, los planes de Ikea de crear dos nuevos barrios, uno en Londres y otro en Hamburgo. La compañía sueca ha pagado 25 millones de libras por una extensión, cercana a la ciudad olímpica, de unos 100.000 metros cuadrados. Soportan, en su mayoría, construcciones industriales que darían paso a 1.200 viviendas para el alquiler, oficinas, hoteles y una torre de 40 metros de altura. Para apreciar la arquitectura habrá que ir en bicicleta o andando, ya que los coches recorrerán Strand East en una cota más baja, moviéndose como en una madriguera. Está pensada para que la vivan la clase media. El proyecto para Hamburgo es menos ambicioso. Es interesante porque recuerda que el desarrollo urbanístico no tiene por qué estar en manos de los políticos. Pero hay proyectos más ambiciosos y más interesantes.

Es el caso de la provincia de Limón, en Costa Rica. Hay un proyecto, que tiene visos de quedarse en eso, de crear un ordenamiento jurídico propio para Limón, aunque seguiría formando parte del país. La elección de esa provincia está basada en que es una zona pobre y degradada del país, con una composición racial peculiar, fruto de pasadas oleadas inmigratorias, y la relación con el gobierno central es tensa. Una fruta madura, piensa Rigoberto Stewart, su principal impulsor, que puede caer en una verde pradera de derechos individuales, libre comercio y libre empresa. Sin comportamientos consensuados convertidos en crímenes. Sin impuestos. Sin moneda oficial. Con una justicia y una seguridad privada.

El proyecto comprende un área de algo más de 9.000 kilómetros cuadrados en la que viven 340.000 personas. Quizás demasiado ambicioso y que es difícil que cuente con el beneplácito de los limonenses, pese a ser muy atractivo. Hay otro proyecto, triple, menos ambicioso quizás, y acaso por ello más factible. Tanto, que se puede decir que está ya en marcha.

Se trata de tres ciudades que se erigirán en Honduras bajo el patrocinio de Coalianza, comisión para la promoción de alianzas público-privadas. No busca una secesión pacífica, surgida desde las exigencias del pueblo, como Limón. Coalianza es una institución pública que, bajo el amparo de una ley, promueve la licitación de proyectos de desarrollo por parte de empresas privadas de nuevas ciudades. Las empresas pueden tener derechos temporales “sobre bienes patrimoniales del Estado” y aportar “servicios que correspondan al Estado”. Se puede decir que el proyecto entronca con las ideas de Paul Romer.

Un grupo inversor bajo las siglas MGK ha llegado a un acuerdo con Coalianza para construir la primera ciudad modelo, así llamada, dentro de la RED (región especial de desarrollo) de Trujillo. Está en el Valle de Sula. MGK ha anunciado la inversión de los primeros 15 millones de dólares.

La urbanización se hará bajo una planificación privada, como los barrios promovidos por LandProp, la compañía de Ikea. Pero lo interesante no es eso, sino que las tres ciudades tendrán sus propias leyes, sus propios impuestos, su propia policía, en unas condiciones que forman parte de un memorando acordado con el Estado de Honduras, dentro de lo previsto por la ley. Es una concesión revisable. La seguridad jurídica no es completa, pues no es lo que pretende Rigoberto Stewart que sea Limón, una región completamente independiente. Pero cabe pensar que si las leyes de Valle de Sula, y las de las otras tres ciudades, son mejores que las del resto de Honduras, tendrán un éxito que podría asentar su futuro.

La degradación institucional y la crisis

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La sociedad es un sistema complejo. Es una institución espontánea generada porque somos seres sociales y nos sale más rentable como especie vivir en comunidad. La vida en sociedad durante tantos miles de años ha dado lugar al surgimiento espontáneo de instituciones humanas. Tanto Carl Menger como Hayek como muchos otros autores han estudiado este carácter espontáneo de las mismas. Otros autores se han dedicado a analizar las instituciones desde otros puntos de vista. Incluso, en el siglo XX, ha aparecido la llamada Escuela Institucionalista, la corriente neoinstitucionalista, y se ha reconocido su labor, de alguna manera, con la concesión del Nobel de Economía hace unos años a Williamson y Ostrom.

Precisamente, Elinor Ostrom, recientemente fallecida, estudió cómo los procesos biológicos tan complejos necesitan de un grado tan alto de diversidad en el manejo de los problemas que surgen como elevado sea el nivel de complejidad del sistema. Es lo que el biólogo W. Ross Ashby describió en Desing for a Brain: The Origin of Adaptative Behaviour (1960), en el que postulaba la "ley de la variedad requerida", que explica que cualquier sistema regulatorio requiere una variedad de acciones a realizar tan grande como variedad de acciones exista en el sistema a regular.

Si la sociedad es un sistema natural complejo, esa máxima también es aplicable, y se podría interpretar que la variedad en las soluciones posibles permite alcanzar el mejor resultado posible. Sin embargo, este es un tema complicado. La razón está en que, una vez que se establecen con firmeza las instituciones sociales, y una vez que son ocupadas por rent seekers, no hay nada que hacer. Se trata de buscadores de rentas que consiguen un puesto privilegiado desde el cual, independientemente de su desempeño en tanto que servidores públicos, conseguir rentas sea pecuniarias, sea como privilegios, favores, o puestos de trabajo para sus familiares y amigos. La "okupación" de las instituciones por este tipo de personajes trae consigo el enquistamiento y esclerotización de dichas instituciones. Así, es imposible que se dé la "ley de la variedad requerida" de Ashby, simplemente porque la evolución necesaria de estas instituciones, la necesaria variedad institucional que permitiría una resolución más eficiente de los problemas y crisis sociales se ve frenada por las acciones de estos buscadores de rentas.

Al statu quo no le conviene que las cosas cambien, incluso para bien.

En medio de la crisis que estamos padeciendo, vemos cómo el sistema de instituciones que constituyen las administraciones del Estado español, en concreto las comunidades autónomas, está hipertrofiado, genera mucho gasto, es ineficiente y nos cuesta mucho dinero a todos. Lo mismo sucede con las televisiones públicas, con las universidades, los aeropuertos…

Pero a pesar de lo evidente de esta sobredimensión, el gobierno recurre al despido, a pequeños recortes, a medidas taimadas e insuficientes.

¿Qué sería lo suyo? Cerrar las instituciones obsoletas y permitir la competencia institucional. Y si hay servicios que la población decide que deben ser de cobertura universal, el Estado se puede ocupar subsidiariamente de esa oferta de la que nadie se haga cargo… mientras nadie se haga cargo.

Es decir, si surgen oferentes de servicios privados dispuesto a proporcionar cobertura de servicios allá donde otros no llegan, el Estado no debería ser un obstáculo.

Todo esto suena muy bien en teoría. Pero requiere para que funcione de una regulación de la función pública y de las instituciones públicas de manera que no puedan ser "okupadas" para beneficio de esos buscadores de rentas de todos los partidos, que piden cada vez más, que no permiten alternativas institucionales porque no pasan el filtro de la comparación, y que son protegidos por el entramado político a costa del sufrido pagador de impuestos.

Como esa regulación (o revolución institucional) debería provenir de dentro del sistema, es poco lo que podemos esperar. Al menos, nos queda el consuelo de la consciencia, de saber que nos están defraudando y que hay más alternativas. Y votar en consecuencia. O no votar.