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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Estado omnipresente

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

Son muchos los muros mentales que los individuos derriban cuando cambian su concepción del mundo (cosmovisión). Algo parecido recuerdo que me sucedió a mí cuando allá por 1996, en un curso de verano de la entonces Cánovas del Castillo, apareció Jesús Huerta de Soto blandiendo loas al anarcocapitalismo. Aquello no me convirtió políticamente en nada, pero fue tal el shock que recibí que me hizo ver que el “sistema” en que vivimos es un marco político, o sea, humano, que normalmente asumimos por defecto, pero que, por el contrario, hay que poner en cuestión y observar con el máximo recelo. Ya llegaba con la idea de que el liberalismo era un buen camino, máxime para una persona solitaria, poco gregaria y nada “igualitarista” –en tanto observadora de la variedad de personalidades y fines en los seres humanos–, pero el problema, descubrí allí, es el Estado: el Estado omnipresente.

Ese Estado que recibimos por defecto penetra por todos los poros de nuestra piel y no somos conscientes de ello hasta que algún shock derriba nuestro muro mental. Por supuesto que sabemos que está ahí, pero lo creemos imprescindible y, sobre todo y peor aún, totalmente neutro. Lo asumimos, en suma, como una institución en el sentido de Menger. Como el lenguaje, las buenas (o malas) maneras, el Derecho, el folclore, el mercado, etcétera. Muchas discusiones hay, por cierto, respecto de si una institución que se deriva de hechos violentos se puede concebir como tal según la visión mengeriana. A mí se me antoja que separar lo “violento” de lo “no violento” en el origen de una institución cuya evolución está influida por interacciones de miles de personas a lo largo de mucho tiempo es más que difícil, pero los amigos del sólo vale lo “blanco” o lo “negro” seguramente lo tengan más claro. Tan sólo pensemos en los idiomas. Mucha tela que cortar…

Así que, como norma “particular”, reflexiono sobre esto como cuando los hijos, al alcanzar su pubertad, se rebelan contra los padres (o los mayores), a quienes precisamente increpan por educarles en el uso de unas instituciones que ellos no han creado. Este espíritu de derrumbar muros es ideal, en especial, si se trata de “instituciones” perversas que contribuyen a la desintegración de los lazos pacíficos que estrecharían los seres humanos caso de serles permitido. Hablamos de enfrentarse al poder: a aquellos que ejerzan coacción sistemática, institucional.

Los incentivos perversos que genera el Estado son innumerables a múltiples niveles. Que haya un 25% de desempleo en España no se debe sólo a la crisis. Italia acaba de alcanzar su cifra récord de casi el 11%. En Irlanda, se mueve en cerca de un 15%, y en Portugal es de un 15,4%. Así no hay manera de que el Estado español recaude ni de que se aligere de gastos sociales, como las prestaciones por desempleo. Recordemos que España está en el puesto 36 del Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), por detrás de Jordania, Botswana, Georgia o Emiratos Árabes Unidos. Creamos o no en estos índices, éste tiene la virtud de destacar elementos clave que apuntalan la libertad económica, como son el “rule of law” (derechos de propiedad y baja corrupción), gobierno limitado (gasto público y libertad fiscal), eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y monetaria) y apertura de mercados (libertad comercial, de capitales y financiera). No nos extraña, viendo estas categorías, estar donde estamos en España. Pensemos, por otro lado, que el sistema productivo en España –y en cualquier otro lugar– no crea sólo dos facciones enfrentadas: personas productivas y clase política. Podríamos identificar al menos hasta cinco: productivos, adormecidos, clase política, lobbies (incluyendo sindicatos, funcionarios, etc.), parásitos. Quiénes están soportando el peso de las reformas fiscales de “a una subida de impuestos por mes”, los dos primeros grupos. Los primeros lo harán… hasta que aguanten. Los capitales (no sólo de ellos, sino de políticos y lobbies) ya están huyendo. Y las personas acabarán yendo detrás de su dinero buscando mejores destinos para crear riqueza, encontrar oportunidades y no ser expoliados. Los adormecidos empiezan a espabilar porque la presión derivada de su endeudamiento, los despidos y la dictadura fiscal es ya insoportable. Sobre qué acaben haciendo, dependerá en buena medida de qué discurso abracen en su despertar. Y en ésas estamos.

Este es un país que nunca ha querido trabajar. Y en este país en plena liquidación, aún menos. Estamos ante un juego de suma negativa, porque la tarta mengua a marchas forzadas. Cada día es más pequeña. Cada día, la deuda se come más producción presente y futura. Y la producción presente y futura, a fecha de hoy, no deja de encogerse. Estamos ante un sálvese quien pueda, un esquilmar a propios y extraños (a los dos primeros grupos, principalmente) a sabiendas de que el pastel se está consumiendo. No es de extrañar. Quien nunca ha sabido ni querido producir, siempre ha buscado esto. Pero antaño la tarta aún parecía crecer. El statu quo estaba servido entre fuerza productiva, parásitos, lobbies y Estado, que tenía sus arcas a rebosar. Y ahora qué pasa, los que sólo consumen y nada producen siguen haciendo aquello en que se especializaron tiempo atrás, pero ahora los nervios, el ansia por trincar y las malas expectativas futuras les llevan a blandir derechos sociales y luchar entre ellos como fieras para repartirse lo que quede del pastel. Y los demás, a verlas venir. A buscar planes B, economías sumergidas o lo que sea.

El Estado, históricamente, se ha movido en varios niveles. Obviamente, no hemos llegado hasta aquí, hasta este colapso del Estado de Bienestar, de un día para otro. En su refundación, se trató de un estado gendarme (o “estado mínimo”), guardián del orden público. La Revolución Americana de finales del XVIII es un buen ejemplo de ello. Otra Revolución de la misma época, la Revolución Francesa, sentaría los posos del segundo estado, el estado democrático o social, que se desarrollaría enormemente ya en el XX.

En 1913, Leon Duguit, líder de la Escuela de Derecho Público de Burdeos, definió los servicios públicos como: “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”. Esta definición es pertinente en tanto da cabida a casi cualquier cosa, como ha acabado por suceder.

Se ha puesto en bandeja la legitimidad de la tiranía a que estamos sometidos. Mientras dé el presupuesto, mientras no se destruya absolutamente el tejido productivo y unos puedan seguir viviendo de los otros, los tentáculos del poder lo asumirán todo.

De esta forma, llegamos al último paso que el Estado acabó por dar impulsado por la anterior Gran Depresión: el “estado planificador o regulador”. Controlar la moneda, intensificar y optimizar (a ojos de la Hacienda Pública) el sistema fiscal y dirigir la economía eran el último reducto que les permitiría penetrar aún con más fuerza en el sistema productivo nacional y ganar tiempo para que unos sigan viviendo de los otros, con el soporte teórico y científico de aquello que en realidad sólo sale de las vísceras: institucionalizar la rapiña, el colectivismo y el resentimiento ante el éxito de nuestro vecino. De este tercer estado, surge el servicio público de carácter económico: eléctricas, transporte, telefonía, espacio radioeléctrico, etc. Servicios públicos, pues, son todos: sanidad, justicia, policía, educación, pero se sumaron a los anteriores los de carácter económico, principalmente, desde mediados del XIX, alternando desde entonces fases de privatización, pero por medio de sistemas concesionales, y nacionalizaciones.

A partir de aquí, el engaño, a saber, los muros que han esculpido en nuestro cerebro en piedra, ha sido apoteósico. Muchos se han llegado a creer que porque una empresa deje de ser de titularidad pública ya no es servicio público, o, como los llaman ahora para suavizar el impacto y confundir aún más, servicio de interés general. Incluso muchos piensan que siendo ciertos servicios de titularidad privada, pero no recibiendo transferencias públicas, entonces ya no se puede hablar propiamente de que son monopolio legal. La clave no es, aun siendo importante, sólo lo anterior: titularidad y transferencias públicas. La clave para determinar que un servicio de carácter económico está siendo ofrecido en régimen de monopolio estatal legal es el tercer factor: la regulación. No nos olvidemos de la tercera clase de estado: el “Estado planificador, regulador y redistribuidor”.

Esto es fundamental debido a que la propia legislación, que en muchos casos se enmascara como leyes de competencia, procura promover dos resultados: redistribución de la riqueza y de la propiedad. De nuevo, limitaciones a nuestras libertades como individuos productivos o consumidores. Piénsese en la regulación de horarios comerciales para favorecer a los pequeños comercios. Los hipermercados o los comercios son a priori privados (no titularidad pública); además, no se transfiere dinero público a los pequeños comerciantes para compensarles porque el “pez grande se come al chico”. Lo que se hace es regular en favor de los pequeños. Qué coste para el consumidor: mucho porque no puede probar alternativas que pudieran serle de mayor utilidad (y a menor coste). Pero qué coste para el contribuyente: aparentemente, ninguno. Cuál es el problema entonces. Riqueza y propiedad. Cómo se articula la distribución de la riqueza a gran escala: se encamina de hipermercados y consumidor al pequeño comercio. Cómo lo hace la distribución de la propiedad: los comercios –sea el que sea– no pueden explotar su equipo capital tanto como desearan. ¿A quién pertenece ese local en realidad?

Lo mismo si hablamos de urbanismo y los límites a las alturas de viviendas, por ejemplo, en Madrid. O la catalogación de suelo urbano frente a rústico. O la legislación laboral. O la prohibición de fumar en la hostelería… O tantas y tantas cosas. La arbitrariedad es brutal.

Y de esta arbitrariedad regulatoria que fagocita y anquilosa todo el sistema productivo (recuérdese el Índice de Libertad Económica) tampoco querrá la clase política desprenderse en estas épocas de vacas exiguas. Porque sólo devolviendo propiedad y dejando que la riqueza se encamine a sus legítimos dueños en tanto los consumidores rubrican con sus compras una propuesta de valor exitosa del productor, se podrá volver a la “senda del crecimiento” (según jerga política al uso). Crecimiento que ayudaría a recaudar más y gastar menos a la propia Administración, vaya por delante. Pero no, seguirá exprimiendo limones (agentes productivos y despistados) hasta que no haya una gota que extraer para mantener este cambalache de parásitos y jetas (hasta la próxima devaluación previa salida del euro). Estado omnipresente.

La crisis de la socialdemocracia

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Con el fin de la guerra fría concluyó en cierto modo el debate político sobre la alternativa socialista al "capitalismo". Si bien lo que provocó realmente la crisis en los Estados que practicaban el "socialismo real", o su evolución hacia nuevas formas de relación entre mercado y Estado, fue la constatación de la hegemonía socialdemócrata. Lo que muchos llamaron el éxito del neoliberalismo no debe entenderse como tal. Ante la perplejidad del pensamiento dominante, se optó por ocultar los cambios acaecidos en el seno de la socialdemocracia, tachándolos de asimilaciones de corte liberal, que resultaban perfectamente separables e incluso reversibles dentro del sistema socialdemócrata.
Esta asimilación aparente de principios liberales por parte de la socialdemocracia ha dado lugar a que existan pensadores, políticos y corrientes de opinión obsesionadas en separar, aislar y definir los elementos "ajenos" a la socialdemocracia cuando se la presenta como antagonista pura del liberalismo. Se habla de la "desregulación" del mercado frente al empequeñecimiento del Estado, sometido al avance de la economía financiera sin el control de los organismos públicos de supervisión… Patrañas que de nuevo han sido de utilidad a la socialdemocracia para, en su inconfesado esfuerzo catártico, eludir la responsabilidad sobre las causas y las consecuencias de la terrible crisis económica que padecemos. Otra vez se postula como alternativa a sí misma.

La socialdemocracia fue una alternativa durante el periodo en que el "socialismo real" le opuso resistencia, pero nunca lo fue a nivel interno, ni una vez caído el bloque soviético, dado que su dominio en el seno de las sociedades occidentales es y ha sido absoluto desde al menos el final de la segunda guerra mundial.

¿Qué papel político ha tenido el liberalismo durante este tiempo? Fundamentalmente, ninguno. No a nivel organizado, como fuerza política dominante que haya logrado reformas completas. Sí como influencia en el mundo de las ideas, centrada en la reforma de las instituciones socialdemócratas. El liberalismo ha contribuido a hacer a los pueblos más libres. Pero nunca ha gobernado. Ha transformado el Estado, haciéndolo compatible con la libertad individual en la medida que esta se antojaba como más eficiente en términos de coordinación, creación de riqueza y progreso humano. Ha sido, por lo tanto, una herramienta más al servicio de la socialdemocracia en su proceso de permanente asimilación ideas e instituciones que en principio podrían parecer contrarias a su fin teórico, pero que acaban por convertirse en instrumentos al servicio de su supervivencia como régimen total. La socialdemocracia nunca ha renunciado al imperio, al dominio social, a la doma del individuo, su conducta, sus valores. Si bien se diferencia del resto de totalitarismo por los medios que utiliza para lograr estos objetivos.
La cuestión es si esta crisis va o no a suponer un antes y un después en la breve historia de la socialdemocracia. Por fin nos encontramos en una situación en la que el Estado aparece noqueado e incapaz de enfrentarse a la vorágine que él mismo ha creado. La socialdemocracia ha dejado de proporcionar respuestas completas, no concede esperanza a un pueblo cada vez más pesimista y desencantado.
La crisis de la socialdemocracia deja paso a tres mundos posibles:

1.- Una socialdemocracia agónica que arrastre consigo a toda la civilización occidental hasta su ocaso definitivo.

2.- Una socialdemocracia reformista, que sorprenda como siempre lo hace haciendo propios instrumentos liberales que logren asegurarla durante, digamos, los próximos veinte años.

3.- Un horizonte de sensatez y auténtica indignación donde se vea en el liberalismo la única baza nunca utilizada, la alternativa real al sistema que tanto desagrado e indignación, por uno u otro motivo, nos provoca a todos.

 

Al decir esto, que el liberalismo es la única alternativa jamás aplicada en nuestra historia, algunos tendrán la tentación de sacar el siglo XIX a relucir, valiéndose de tópicos, historia y literatura ficción, propaganda marxista o reaccionaria. Cualquier tipo de argumento les permitirá autoconvencerse de que una "vuelta" a los valores del XIX, según ellos liberales, nos llevaría a un mundo de explotación y precariedad de la mayoría de la población.
Este pensamiento es la traducción de graves deficiencias teóricas e históricas en la formación intelectual de quien lo manifiesta. De igual modo, existen factores morales, religiosos y políticos que conducen a este error.

La socialdemocracia, aprovechando los instrumentos ensayados por el totalitarismo comunista y nacionalista, el estado de guerra, y otras cuestiones, se ampara en una suerte de religiosidad atea que justifica la imposición de una parroquia coactiva que es admitida en términos filosóficos y morales. Este fenómeno supone una auténtica novedad que protege al pensamiento socialdemócrata de muchos ataques. "Lo bueno" se enmaraña con "lo recto", y la caridad se colectiviza en forma de solidaridad forzada. Nace la parroquia por vía de apremio e inculcación moralizante intensiva a través de todos los medios imaginables.

 

Si nos atenemos estrictamente al orden de lo político, el siglo XIX no fue de ninguna manera un mundo donde la libertad dominase sobre la coacción. El siglo XIX es la centuria de los Estados. Estados que crecen y comienzan a planificar sus economías, privilegiando a industriales, reorganizando ciudades, regulando la expropiación, inflando su legislación…

El colonialismo y el imperialismo son consecuencias de ese avance de la coacción sobre la libertad en el seno de los Estados, que no tardarán en asimilar, o quizá dejarse dominar, por el pensamiento socialista. Dulcificado, y de esta simbiosis, surgirá un tipo de socialismo que poco a poco será conocido como socialdemócrata. El mal llamado Estado Liberal (solo el Gobierno limitado puede ser ciertamente "liberal" en oposición al Gobierno absoluto), se hace social a medida que avanza una ideología, un pensamiento, y un tipo de totalitarismo que se concibe, tanto desde el convencimiento como desde el pragmatismo conservador, como el paso fundamental en la evolución de la organización política de las sociedades occidentales. Esta circunstancia representa el germen de los otros totalitarismos, y a la vez, causa indiscutible del gran colapso o crisis que precipitó las dos guerras mundiales. El siglo XIX, por tanto, preparó y vio nacer el Estado mastodóntico, burocratizado, expansionista, social, intervencionista, etc. No parece entonces razonable que se le atribuya a la sociedad de aquel entonces siquiera un ramalazo estrictamente liberal, cuando su progresión estuvo claramente orientada hacia el dominio de la coacción frente a la libertad.

Muchos de los "liberales" de aquella época fueron en realidad socialistas con piel de cordero, al estilo de J.S. Mill. Es curioso que se denomine liberales a tanto constructivista, cuando la realidad es que los pocos que hubo quedaron muy pronto relegados al papel que seguirían cumpliendo sus sucesores: meros susurradores a los que recurrir en momentos puntuales de crisis. No obstante, y a pesar de lo negativo de mis palabras, debemos tener en cuenta que el Estado no lo era todo, como no lo es en la actualidad. Las ideas y valores defendidas por el liberalismo eran fuertes entonces como lo son hoy en día. Quizá estemos viviendo el principio del fin de la socialdemocracia. Hagámoslo una realidad.

@JCHerran

El progresismo de Woodrow Wilson

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Los presidentes de los Estados Unidos tienen la costumbre de fijarse como referente otros que ocuparon su mismo puesto. Barack Obama se ha fijado en las presidencias de Lincoln, Franklin D. Roosevelt y Ronald Reagan. Estos tres presidentes, dos republicanos y un demócrata, lograron producir cambios en los términos políticos que asentaron la primacía de sus propios partidos en las décadas siguientes. Pero ideológicamente su referencia es otra. Aunque Lincoln y FDR le sirvan de inspiración ideológica, Woodrow Wilson completa el monte Rushmore del presidente Obama. Wilson es el epítome del progresismo americano, tanto por la profundidad de su pensamiento como por haber tenido la ocasión de llevar sus ideas más lejos que cualquier otro, por la posición que ocupó en la Casa Blanca.

¿Qué ideas eran esas? Sus raíces son varias, pero emergen en un tronco muy reconocible. Steven H. Wayward, en su reciente libro The Political Incorrect Guide to The Presidents, considera que “frente a la tradición Americana de los fundadores, Wilson deseaba sustituirlas por las ideas de culto al Estado del filósofo alemán Georg Wilhelm Hegel, más las ideas evolutivas de Charles Darwin”.

El autor inglés le ofreció una explicación que consideraba suficiente, de carácter científico, para su racismo acendrado. Darwin también le hizo descartar la idea de que la naturaleza humana es fija. El hombre es perfectible. Puede mejorar bajo la guía del Estado. En 1913, año en que ocupó la presidencia, publicó un libro bajo el título The New Liberty en el que frente a la idea negativa de libertad, él defendía otra mucho más relevante: la libertad positiva, vista como la capacidad del hombre de conseguir cosas que desea. Y esa capacidad sólo se puede ampliar mediante la actuación del Estado.

Ambas ramas de su pensamiento, la de Hegel y la de Darwin, le llevaron a ver al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y la Constitución como un organismo que evoluciona con el tiempo. Por eso fue él quien primero utilizó la expresión “constitución viva”. El propio Wilson nos explica a qué se refiere en su libro Congressional Government: “A medida que la vida de la nación cambia, del mismo modo la interpretación del documento que la contiene cambia por un sutil ajuste. No por los propósitos originales de aquéllos que escribieron el documento, sino por las exigencias y los nuevos aspectos de la vida misma”. El encargado de hacer este “sutil ajuste” es la Corte Suprema, que “proveerá de la interpretación que servirá a las necesidades del momento”.

Pero ¿cómo podía tener la pretensión de conocer todo eso? Es difícil no ver en eso una visión gnóstica del líder como un profeta secularizado, que tiene un conocimiento único de cuál debe ser el sentido de la historia. El líder gnóstico promete liberar al pueblo de todas las ataduras del pasado, y conducirlo hacia un futuro, tan cercano que casi lo tocamos con las manos, de paz y justicia infinitas.

El presidente es “un hombre que entiende su propia época y conoce las necesidades de su país, y que tiene la personalidad y la iniciativa necesarias para imponer su visión sobre la gente y sobre el Congreso”. “Un presidente en el que confía el país no sólo puede liderarlo”, dice Wilson, “sino que puede ahormarlo a sus propias ideas”. Porque en esa distancia insalvable entre el líder y la masa, “los hombres son como barro en las manos de un líder consumado… Un (verdadero líder) utiliza las masas como (instrumentos). Debe inflamar las pasiones sin prestar demasiada atención a los hechos. Los hombres son como barro en las manos de un líder consumado”, repite, recreándose en su idea.

Ese mesianismo no está desligado de su propia actuación. Durante la campaña electoral de 1912, la que le llevó a la presidencia, Wilson dijo: “Creo que Dios ha otorgado las ideas de libertad (…), que hemos sido elegidos, elegidos de un modo señalado, para mostrar el camino a las naciones del mundo cómo han de recorrer los caminos de libertad”.

Su política exterior se entiende mejor desde estos presupuestos ideológicos. Wilson veía en los Estados Unidos un agente para el progreso de la humanidad, para “un nuevo orden y una nueva vida”, como dice en sus catorce puntos. La suya era una promesa de “una nueva Tierra que emergerá del horror, pero que se ennoblecerá por el sacrificio de millones de personas”. Intervino Méjico en 1914, Haití en 1915 y la República Dominicana en 1917. Quería “enseñar a las repúblicas de Sudamérica a elegir a los hombres buenos”.

Entró en la I Guerra Mundial para “hacer que el mundo sea seguro para la democracia”. Una democracia que estaba siendo amenazada por “la existencia de gobiernos autocráticos”, como el de Alemania. Dado que luchaba “contra una idea, no contra un pueblo”, y que esa idea se oponía al progreso tal como él lo conocía, Wilson no podía transigir. No lo hizo. Rechazó todos los intentos de mediación, como el de Benedicto XV. Y siguió con su proyecto hasta sus últimas consecuencias, que eran el desmembramiento del Imperio alemán y del Imperio austro-húngaro.

La lucha por la humanidad es mucho más importante que cada una de las personas que la conforman. La Constitución debe de estar lo suficientemente viva como para que quede en letra muerta. Y las leyes deben adaptarse a lo que indique un líder consumado. Por eso promovió la Ley de Espionaje del año 1917, en la que criminalizó “la transmisión de información que tuviese la intención de interferir con la operación o el éxito de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o promover el éxito de los enemigos”. Actos punibles con penas de hasta 30 años, o con la muerte. Nótese que decir la verdad entra dentro del ámbito punible.

Esta ley fue corregida por la Ley de Sedición de 1918, que prohibía cualquier forma de expresión que utilizase “un lenguaje desleal, profano, insidioso o abusivo sobre el gobierno de los Estados Unidos” o cualquiera de sus símbolos. Luego esta ley se taimó, pero con ella en la mano el fiscal general, Thomas Gregory, dijo: “Que Dios tenga merced con él, pues no ha de esperar nada por parte de un pueblo indignado y de un Gobierno vengativo”. Los juzgados ordinarios persiguieron a dos millares de ciudadanos por pronunciar discursos desleales, sediciosos o incendiarios. Sólo 10 de los detenidos estuvieron implicados en algún tipo de sabotaje.

La política exterior tradicional de los Estados Unidos consistía en ser una ciudad sobre una colina, a la que todos pudiesen observar para seguir su ejemplo de escrupuloso respeto por la libertad. Wilson la cambió radicalmente. El gobierno federal de los Estados Unidos ya no sería un ejemplo. Sería un agente transformador del mundo. Si lo iba a ser fuera, por descontado que lo iba a ser dentro de sus fronteras. Bajo su mandato se produjo lo que se ha llamado la “revolución de 1913”, por sus amplios efectos sobre el peso del Gobierno Federal: La decimosexta enmienda que aprueba la introducción de los impuestos directos, y la creación de la Reserva Federal, el tercero y parece que definitivo intento por crear un banco central en los Estados Unidos. Durante la guerra se hizo un ensayo de economía planificada.

Este es el modelo ideológico de Barack Obama. Un presidente mesiánico que tenía la pretensión de conducir la nación por una senda de progreso para la que el país no está preparado. Por suerte, Obama carece de la voluntad irrestricta de transformar el país frente a cualquier obstáculo, como por ejemplo los derechos humanos.
 

De escorpiones y políticos

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Una de mis fábulas favoritas es la del escorpión y la rana. Sobre todo por las veces en que veo la cara de sorpresa de la rana, al ser picada, en multitud de ciudadanos al observar atónitos cómo las cajas de ahorros quiebran, descubren al político de turno robando a espuertas o sus pensiones menguan año tras año.

Por desgracia, en la famosa fábula la pobre rana muere, privándonos así de poder observar cómo se queja de la mala suerte que ha tenido al aceptar llevar en su espalda a un escorpión que se comporta como un escorpión, y deseando que la próxima vez que tenga que cargar con otro, éste se comporte como es debido.

Seguramente el autor de la fábula quiso ser benévolo con el pobre animal y mató la estupidez de la rana junto a ella, pero el mundo real es bien distinto.

Es por ello por lo que, después de que varias cajas de ahorro hayan sido rescatadas por el contribuyente, la corrupción política sea noticia día sí y día también, y los servicios públicos se desmoronen mientras aumentan los impuestos, todavía hay que ver a miles de personas pidiendo a gritos banca pública, más poder para los políticos y nuevos servicios públicos.

Y aunque hay mucha rana interesada en ver cómo se cargan a su vecina para quedarse con su parte de la charca, lo cierto es que la mayoría termina siendo víctima de la picadura sin percatarse de cuál ha sido su error.

Y el error no es otro que el de no comprender el mensaje del escorpión cuando está a punto de hundirse junto a su víctima (que sería el mismo que diría cualquier político al provocar un desastre si su naturaleza le permitiera decir la verdad, aunque fuera por una vez en su vida): "no me culpéis a mí, soy un político y en mi naturaleza está hacer las cosas así".

El argumento que se esgrime en contra de esta disculpa es que somos seres humanos, y por tanto, racionales. Si obramos mal es porque queremos y no porque estemos obligados a ello por nuestra naturaleza.

Esto, que en cierta medida es cierto, no es aplicable al caso de los políticos. Y no lo es porque un político no es un ciudadano corriente, es una persona que para llegar a su cargo ha tenido que pasar por ciertos filtros que, por su naturaleza, van descartando a los individuos que son éticos. Y cuanto más alto llegue, más filtros ha tenido que superar.

Piense en ello: si usted se afilia a un partido político de una ciudad mediana. ¿Qué piensa que tiene que hacer para prosperar? Llevarse bien con la suficiente gente del partido como para ganar apoyos. ¿Cómo se consigue eso? Pues muy fácil: mintiendo.

Cualquier político que lea esto dirá que es una exageración propia de un cínico, pero lo cierto es que la única forma de ganarse el apoyo de una persona es que ésta crea que le vas a beneficiar. Y la única forma de aparentar que beneficias a la mayoría (formada por individuos con intereses contrapuestos) es mintiendo (decir a la gente lo que quiere oír).

Por supuesto hay excepciones. Pero no suelen superar los suficientes filtros como para llegar a ningún puesto relevante.

Hay personas de buena voluntad que creen que esto se puede cambiar. Piensan que si bastante gente decente se afilia a un partido político existente o crean uno nuevo el sistema cambiaría y los políticos volverían a ser gente honrada.

Eso es tan absurdo como pretender que las mafias que trafican con droga sean lideradas por gente civilizada, mientras su comercio sigue siendo ilegal. Igual que la ilegalidad de la droga es la que lleva a la cúspide de su distribución a los más violentos de la sociedad, es el exceso de poder político (la capacidad de beneficiar a unos a costa de otros) la que conduce al gobierno a lo más corrupto de la población.

Esta conclusión puede abrumar a mucha gente, ya que el poder político forma parte de la sociedad desde que ésta existe. La única recomendación que se me ocurre para estas personas es que se acuerden de nuevo de la fábula del escorpión y la rana: no tienen que acabar con los escorpiones, solo tienen que negarse a llevarlos a sus espaldas.

Indignarse de año en año

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Como si de una ceremonia laica se tratara, los indignados han vuelto a tomar las plazas para conmemorar su aniversario. El supuesto movimiento autodenominado apartidista, transversal y popular es, un año después, un acto casi folclórico que no consigue reunir a más gente de la que llena un domingo cualquiera un estadio de fútbol.

Sus ideas son poco novedosas y, más que revolucionarias, se antojan reaccionarias al rescatar del pasado propuestas que solo los partidos de la izquierda montaraz asumen en sus programas. De la renta básica pagada por los contribuyentes a la nacionalización de las cajas de ahorro que ya eran públicas pasando por la concepción totalitaria de la democracia asamblearia. Sus cánticos "contra los políticos" se han reinterpretado este año contra el partido de gobierno que ya no es de izquierdas. Muchos de los primeros indignados se encuentran desengañados y si todavía quedan gentes bientencionadas que les otorgan crédito solo puede atribuirse a una extrema candidez.

Ni los recortes superficiales en el árbol del bienestar han conseguido reforzar este movimiento y en las convocatorias que celebraban el aniversario del 15-M la asistencia se ha resentido. Salvo en Madrid y en Barcelona las acampadas en el resto de capitales de provincia apenas lograban reunir a 100 indignados dispuestos a dormir al raso. Una cifra insuficiente si se asume que es un movimiento popular de abajo-arriba que pretende, según ellos, refundar un sistema político deslegitimado que ya no representa a los 40 millones largos de españoles.

Descubierta la inmensa farsa de estos indignados que quieren apuntalar el Estado para que todo siga igual, solo queda la magnificación romántica de los medios de comunicación. Hace un año vivieron la revolución anticapitalista durmiendo en tiendas quechua instaladas en las plazas privatizando el espacio público y nada parece que vaya a despertarlos de su sueño.

Entre tanto, los políticos se frotan las manos y parchean el barco en el que vamos todos; se va hundiendo poco a poco pero ellos serán los últimos en ahogarse. Comparten con los indignados el sueño irreal de que el estado de bienestar es viable sin plantearse la alternativa de una sociedad de propietarios responsables. Difieren en su extremismo socialista; se parecen en que todos disparan con pólvora ajena, un dinero que se han ganado los contribuyentes con su trabajo y que el Estado les quita.

Muerte por socialdemocracia

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El Partido Popular ha mentido. Hizo campaña electoral asegurando que no iba a subir los impuestos y una de sus primeras medidas, una vez que Mariano Rajoy fue investido presidente y nombró Gobierno, fue precisamente hacerlo: subió el IRPF en todos sus tramos y el Impuesto de Bienes Inmuebles en un guiño a los ayuntamientos, por lo general, faltos de recursos.

La medida, que se anunció como temporal y que se justificó con los falsos datos de déficit que dejaron los socialistas, no parece haber contentado al gobierno popular, pues ha ido añadiendo otras, como la que ha afectado al Impuesto de Sociedades para las grandes empresas o el reciente anuncio de que incrementará el IVA y los impuestos especiales de la gasolina, el tabaco y el alcohol en 2013. Y como las desgracias nunca vienen solas, el resto de administraciones públicas se ha unido a esta bacanal alcista, elevando las tasas y los precios de los servicios públicos.

El PP tenía alternativa, pero era una alternativa demasiado incómoda para sus propios intereses y los del sistema: la reducción del gasto, del sector público, en definitiva, del Estado. España soporta uno de los más mastodónticos de la Europa occidental. Nuestro país tiene tres millones largos entre funcionarios y trabajadores públicos (para que nos hagamos una idea del tamaño, el sector industrial está en torno a los 2,3 millones), y, de ellos, medio millón de cargos políticos, el mayor número por habitante de toda Europa. Tenemos trescientos mil políticos más que Alemania, que nos dobla en población, y el doble que Italia y Francia, que tienen 15 millones más de habitantes. El gasto conjunto de las administraciones públicas está en torno al 50% del PIB. Y todo ello está soportado por el sector privado.

Las reducciones acometidas y puestas en marcha por el PP están a años luz de las que se debería haber realizado y han generado mucha polémica sobre las prioridades y, para los partidarios del Estado de Bienestar, sobre su conveniencia. El PP ha demostrado cobardía, pues no quiere enfrentarse a los grupos organizados que viven del erario público, entre los que él mismo se encuentra, y prefiere asaltar a los donantes universales, es decir, al ciudadano que consume o ahorra, a las pymes y autónomos, a las clases medias que pagan la gran mayoría impuestos, a los que ya pagan ciertos servicios públicos.

Es comprensible que el votante del PP pueda estar desencantado a los pocos meses de ganar las elecciones. Con ello y con la movilización callejera juega la oposición para socavar el apoyo que el electorado dio a los populares. Pero la izquierda política no es la más indicada para dar lecciones. De la situación actual, tanto económica como social, es culpable ella y sólo ella. Ella ha favorecido y alentado el gasto público, ella ha alentado las burbujas económicas que crecieron bajo su Gobierno, ella ha favorecido políticas que han terminado con cinco millones de parados. Rajoy no se merece de nuevo el voto, pero ¿se lo merece Rubalcaba? ¿Se merecen estos partidos y sindicatos el apoyo de la sociedad civil? ¿Existe realmente una sociedad civil o no deja de ser una serie de organismos que aspiran a recibir subvenciones o ayudas públicas?

Durante décadas, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, cada uno a su manera, han desarrollado un Estado social que se mete casi en cualquier aspecto de nuestras vidas. Las políticas sociales han matado la iniciativa privada, los jóvenes prefieren ser funcionarios antes que empresarios. Los movimientos de protesta abogan por un incremento aún mayor del peso de lo público y los grupos que conforman la sociedad civil buscan el apoyo de este ministerio, esa consejería o aquella concejalía.

Y mientras, el sistema se protege a sí mismo de los ciudadanos que lo sustentan. Los políticos caen en el populismo más trasnochado y no dejan de convertir servicios en derechos, dividiendo en tres a la sociedad: dependientes, aprovechados y esclavos. Se incrementa el déficit, cuya verdadera cuantía aún no sabemos a ciencia cierta, y se dispara el endeudamiento público, sin que a los políticos locales y nacionales se les sonroje el rostro. Y entretanto, la burocracia crece para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión.

El camino para salir de esta espiral es evidente, pero cuesta empezarlo. Si no se hace, la sociedad española morirá metafóricamente hablando, dando paso a otra cosa, y cuando alguien venga a diagnosticar la causa de tal deceso, encontrará que ha sido muerte por socialdemocracia, por intervencionismo y porque el finado, en vez de defenderse del cáncer, lo alentaba.

La verdadera reforma del Estado español

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Tal y como van las cosas en la economía española, las reformas del gobierno se revelan insuficientes y los recién presentados Presupuestos Generales resultan poco austeros para lo que hace falta. Obviamente, la sensación general es la contraria. Pero este espejismo se debe a la propaganda del Gobierno, a los ataques del tipo "disparen contra todo lo que se mueva" de la izquierda, y también a que los ciudadanos comparamos de alguna manera con lo que teníamos hasta ahora. Y, es verdad que, comparado con lo anterior, hay cierto cambio. Pero profundizando en las medidas tomadas, no se trata de un cambio tan drástico.

En cualquier caso, no se ha cogido el toro por los cuernos aún. A saber: si antes del año 1978 el peso del Estado en nuestra economía era menor al 25% del PIB y ahora está en tormo al 50% del PIB, hay algo que no marcha como debería. Los españoles soportamos en nuestras espaldas una carga doble, pero nuestra economía, nuestra espalda, no ha crecido el doble. No somos capaces de aguantar tan pesada carga más. Hay que reformar ese Estado.

En este sentido se presentan dos soluciones. Una es desmantelar el Estado de las autonomías y volver a centralizar servicios transferidos, cerrar instituciones duplicadas, despedir funcionarios autonómicos, etc. La segunda es dar paso a un verdadero Estado Federal, en el que cada palo aguantaría su vela, es decir, se transferiría también la capacidad recaudatoria, los ingresos y gastos se descentralizarían aún más, y el gasto del Estado Federal quedaría reducido a un "minimo minimorum". Y, por supuestos, nos olvidaríamos de la estupidez tan perniciosa de la "solidaridad autonómica". En Madrid, saldríamos ganando.

En ambos casos existe el peligro de volver a caer en corruptelas, enjuagues, cesiones políticas por motivos sospechosos, juegos de poder y todos esos vicios asociados a la planificación. Porque uno de los verdaderos y más dolorosos problemas de España es que no hay líderes políticos con arrojo suficiente, con imaginación, seriedad y honestidad a prueba de bomba que coordinen esa reforma. Sobre todo porque, para empezar, habría que plegarse a la realidad: se gobierna para unos ciudadanos (no a su costa), así que habría que plantear un referéndum y eso da pánico en este país. La razón principal es que, también por desgracia, no existe una verdadera ciudadanía capaz de decidir sin dejarse llevar por cantos de sirena. Por lo cual han florecido como champiñones en otoño todo tipo de cantamañanas, vendedores de crecepelo político, salvapatrias e iluminados tanto de derechas como de izquierdas en los medios de comunicación, que "tienen la solución". Nuestra ciudadanía debería estar dispuesta a dejarse de colores políticos y pensar hacia dónde hay que encaminarse, hacia una federación de Estados o hacia un Estado centralizado. Pero después de ver los resultados de las elecciones en Valencia y Andalucía, solamente por poner un ejemplo, uno se pregunta en qué estaría pensando esa gente cuando vota.

Probablemente pasen muchos años antes de que se llegue a plantear seriamente este tema. Sobre todo después de ver la "alergia" que produce entre muchos políticos la simple idea de retocar o cambiar la Constitución. Porque, desde luego, para que la reforma del Estado se diera, sería necesario sentarse y redactar una nueva Constitución, una en la que no hiciese falta tanta concesión a unos y a otros, una que no fuera de transición.

Plantear este cambio en medio de una crisis como la que tenemos encima puede parecer inoportuno, pero creo que, precisamente, es la ocasión perfecta. Porque el barco zozobra más de lo que nos podemos permitir, y el lastre estatal es insoportable para todos.

No tengo ninguna confianza en que esta reforma se pudiera dar en serio. Ni tampoco creo que, dado el carácter español que sigue tratando de sacar lo que pueda de cuanta ubre se le cruza, esa reforma significara una mayor libertad real, una reconquista de la responsabilidad individual en la medida de lo posible. Pero no es porque no sea factible, no porque sea una utopía, sino porque la mayoría de los españoles prefiere la jaula de oro a cambio de la ilusión de una falsa estabilidad.

Una jaula que hoy por hoy pesa demasiado y nos está llevando hacia un abismo.

De votos y corruptos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los pilares básicos del movimiento del 15M fue y sigue siendo la lucha contra la corrupción política. Los autollamados "indignados" se han manifestado y concentrado por toda España pidiendo, entre otras cosas, el fin de esta lacra. También han demandado una mayor transparencia de las administraciones públicas y una participación popular más destacada en las decisiones políticas, así como una fuerte defensa del sector público frente al privado, llegando en sus posiciones más radicales a pedir la nacionalización de algunos sectores económicos. Si bien muchas de sus reivindicaciones son más consecuencia de su ignorancia económica que de las acciones de los corruptos, no dejan de ser un reflejo de las reivindicaciones de una parte de la sociedad.

La corrupción y la política parecen quitar el sueño a los ciudadanos. Según los últimos barómetros del CIS, después del paro y los problemas económicos, las principales preocupaciones de los españoles eran la clase política, los partidos, la corrupción y el fraude. El porcentaje de preocupación por la corrupción y el fraude se había duplicado entre los encuestados del 6% en diciembre de 2011 al 12,3% en enero de 2012, pero había vuelto a caer al 8,6% en febrero de este año. En todo caso, seguía siendo la cuarta razón de preocupación. Durante los últimos años, los casos de corrupción se han multiplicado como las setas después de un chubasco. Y cuando las encuestas indican que algo se percibe como un problema, los políticos se ponen nerviosos y hacen cosas. Muchas veces, a tontas y a locas.

A los casos más mediáticos, como Gürtel, los ERE falsos de Andalucía, las sospechosas actividades de la familia del ex presidente andaluz y ex ministro Manuel Chaves, las oscuras actividades de José Bono o las no menos polémicas actividades del ex ministro José Blanco, así como las del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, hay que añadir otras con más tradición, como las falsas peonadas del PER, o más novedosas, como algunas primas que no debían ser cobradas en torno a las renovables o los típicos fraudes y corruptelas en torno a la construcción, las promociones inmobiliarias, las comisiones exageradas, los presupuestos que se disparan sobre las cifras iniciales, los aparentemente elevados sueldos de los políticos y sus privilegios, etc.

El Gobierno de Mariano Rajoy tenía en su programa la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares de acción y ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Transparencia que pretende atajar el desmadre que percibimos. La citada ley permitirá a los ciudadanos acceder mejor a la información pública (aunque no totalmente), reclamar ante el silencio administrativo, limitar los regalos que puedan recibir los altos cargos de la Administración en condiciones ventajosas o que superen la cortesía, o imponer castigos ante infracciones presupuestarias. Lo primero que viene a mi cabeza es qué tipo de moral retorcida tienen nuestros dirigentes para que estas cosas, que debían formar parte de su moral más básica, se tengan que poner en una ley porque son incapaces de interiorizarlo. Si los políticos y los altos cargos de la Administración son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿estamos ante una sociedad enferma?

Me surge una duda: ¿realmente están los ciudadanos tan en contra de la corrupción o de lo que están en contra es de que ésta beneficie a ciertos grupos que no son de su agrado? También es posible que cada persona tenga su propia percepción de la corrupción y, lo que para unos es un caso flagrante, para otros no lo es tanto o incluso no lo es para nada. Sólo de esta manera se podría entender cómo es posible que una Comunidad Autónoma como la andaluza, donde los casos de corrupción económica y política surgen día sí, día también, vote con tanto ánimo a un partido como el PSOE, que sigue en el poder desde que en Andalucía se vota. Ni los excesos del PER ni los ERE ilegales ni la corrupción de sus dirigentes han desviado el voto a otras opciones más moderadas de la izquierda, que las había, como UPyD. ¿Tenemos en España una percepción tribal de la política, de los míos frente a los tuyos?

Una última reflexión. Decía el clásico que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El Estado de Bienestar, que ahora gustan llamar "social", es un modelo político que, sistemáticamente, cede el poder que los ciudadanos tienen de afrontar y solucionar sus propios asuntos y problemas a los políticos, que dejan de ser meros gestores de asuntos públicos y se convierten en generadores de derechos positivos, pero sobre todo, en defensores de los privilegios de algunos grupos con poder o amparados por él. ¿No puede ser que el propio sistema, un acumulador de poder, favorezca la corrupción, la apropiación de bienes públicos o el uso indebido de los mismos? ¿No podría ser que el propio sistema sea el corrupto y los corruptos, una mera consecuencia lógica?

Constitución 1812. El bicentenario de una concepción liberal del Estado.

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Hace doscientos años que se promulgó la Constitución de 1812 (1)(2)(3) en un contexto histórico en el que la concepción de España, como un Estado democrático y de Derecho, estaba sitiada por los tropas napoleónicas, los intereses creados en torno al absolutismo y los felones afrancesados.

Hoy en día, los territorios que integran España siguen padeciendo los intentos de desvertebración de los dirigentes separatistas y la carencia de sentido de Estado de una mayoría de políticos, que piensan antes en el cálculo electoral y cortoplacista que en dotar las condiciones jurídicas de máxima protección de los derechos civiles de los españoles para que puedan interactuar en libertad.

Concepción liberal del Estado

Pero ¿qué significado tiene la concepción liberal del Estado español que estableció la Constitución de 1812? Atendiendo a lo expresado por la burguesía del siglo XIX, significa disfrutar de un régimen político en el cual los ciudadanos tengan derechos civiles por encima de cualquier casta dirigente y elijan democráticamente a sus representantes.

Sin embargo, también significa aplicar un Estado de Derecho que permita que esos ciudadanos sean iguales ante la ley, sin coacciones ni discriminaciones en función del territorio de residencia y, por tanto, sin barreras comerciales ni lingüísticas impuestas por políticos liberticidas. En definitiva, significa la protección de los derechos civiles, la interacción en un mercado libre y la defensa inteligente de los intereses de todos los españoles en el ámbito internacional.

Soberanía en la Constitución de 1812

Permítanme que en el bicentenario de La Pepa desgrane los artículos que considero esenciales para el arraigo de una concepción liberal del Estado. Aunque, en primer lugar, hay que precisar que la Constitución de 1812 no destaca precisamente por ser concisa, dado que cuenta con 384 artículos. Así, por ejemplo, el Título III abarca desde el artículo 27 al 167 para realizar una descripción pormenorizada del nombramiento de Diputados de Cortes mediante juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. Adicionalmente, el Título IV dedica desde el artículo 168 al 241 a la figura del Rey. Sin duda, con la intención de corregir el absolutismo del régimen político y con la situación de guerra, se forjó una redacción exhaustiva y más que discutible desde un punto de vista jurídico.

Sin embargo, se trata de una base jurídica revolucionaria e innovadora en muchos aspectos en el contexto de su época, porque se rompe con la concepción absolutista imperante en la Europa napoleónica y establece el origen de la soberanía en los ciudadanos de la península ibérica y de los territorios de ultramar:

Artículo 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Artículo 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Artículo 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales.

Propiedad privada y derechos civiles

Por su importancia para el arraigo de los principios del crecimiento económico, los avances legislativos más destacados de la Constitución de 1812 son el intento de limitar el poder omnímodo del Rey y los privilegios de nobleza y clero, junto con la protección expresa de la propiedad privada:

Artículo 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por las leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

Limitación del poder del Estado

 

Resulta interesante, aunque ingenuo, el intento de limitación del poder del Rey (o mutatis mutandis el Estado moderno) cuando se legisló el artículo 172 del siguiente modo:

Artículo 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera. No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores y serán perseguidos como tales.

…

Octava. No puede el Rey imponer por sí, directa o indirectamente, contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Cortes.

Novena. No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

Décima. No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella…

Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna…

Mercado único

Los liberales españoles del siglo XIX asumieron parcialmente la necesidad de abolir las barreras jurídicas y comerciales y, también, consideraban criterios de unicidad de mercado cuando legislaron:

Artículo 258. El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones por las particularidades circunstanciales podrán hacer las Cortes.

Artículo 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinaran.

División de poderes e independencia judicial

Sin embargo, fue una lástima que aquellos liberales españoles no redactasen el texto con base en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, todavía vigente hoy en día y que sigue destacando por su brevedad y abstracción, que es lo que hace aplicables sus preceptos en todo momento y todo lugar bajo su jurisdicción.

Y, en lo tocante a la separación de poderes y a la independencia judicial, nuevamente, la Constitución de 1812 es excesivamente prolija en el número de artículos, a pesar de lo cual no logra establecer un modelo liberal de dispersión pluralista del poder.

Fracaso constituyente

La ingenuidad y la confianza en la bonhomía del rey felón Fernando VII en la monarquía y en la intervención de la iglesia católica fueron el origen del fracaso de la Constitución. Un cambio de régimen político puede requerir nueva legislación que formalice una democracia liberal pero, especialmente, necesita que los nuevos dirigentes interioricen y hagan efectivos los preceptos instaurados por la base constituyente más allá de las declaraciones formales y bien intencionadas.

De ahí que la Constitución de 1812 estuviese vigente tan sólo desde el 19 de marzo de 1812 hasta el 4 de mayo de 1814 con el regreso a España de Fernando VII que, nuevamente, impuso el absolutismo. Posteriormente, estuvo vigente La Pepa durante el trienio liberal (1820-1822) después del levantamiento del teniente coronel Rafael de Riego y, también, lo estuvo la constitución gaditana después del pronunciamiento de los sargentos de la guardia real en La Granja de San Ildefonso durante el bienio constituyente (1836-1837) y hasta la Constitución de 1937, que instauró definitivamente un precario parlamentarismo de España.

La evolución socio cultural de un país es un proceso lento y no lineal, que avanza y retrocede en función del arraigo de la ideología y del sentido de Estado de los dirigentes en cada época. Por ello, es una desgracia que los líderes políticos en España sólo en escasas ocasiones logran mantener una visión liberal del Estado con apego "real" por los derechos individuales y el libre mercado y, por tanto, no suelen estar a la altura que requieren las circunstancias históricas.

Doscientos años después tenemos un democracia parlamentaria, formalmente instaurada por la Constitución Española de 1978, que nos permite ejercer un sufragio universal indirecto, e insuficiente, eligiendo listas cerradas cada cuatro años pero que, sin embargo, deja a los españoles en manos de la desidia de los partidos políticos; porque seguimos sin división "real" de poderes, sin independencia judicial, sin igualdad "efectiva" ante la ley de todos los españoles independientemente de donde vivan, sin unicidad de mercado y, lo peor, sin que esa concepción liberal de la sociedad haya arraigado en la casta dirigente.

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¿Votar a los 16?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Son varios los partidos políticos que prometen en sus propuestas electorales adelantar el derecho a voto de los 18 a los 16 años. Esta reivindicación de la izquierda propone igualar la edad en la que el Estado permite empezar a trabajar con la elección de sus representantes políticos.

La realidad es que en los últimos años ha aumentado el número de jóvenes españoles que prolongan sus estudios hasta la etapa universitaria. No solo en cuanto a grados sino también en postgrados. En lugar de contribuir con sus impuestos, son muchos los que continúan recibiendo una enseñanza subvencionada que sale muy cara a las arcas públicas. Tampoco es de extrañar en un sistema educativo cuya baja calidad ha equiparado el nivel de formación universitaria al antiguo bachillerato siendo necesario buscar en otro tipo de cursos complementarios la formación que el mercado demanda y la Universidad no ofrece en sus licenciaturas. Otro factor que explica el incremento de la población unviersitaria en los últimos años es que profundizar o reciclar estudios puede ser una opción atractiva cuando la tasa de paro juvenil ya supera el 40 por ciento.

En este contexto argumentar que si se puede trabajar se debe poder votar es algo falaz porque la posibilidad de trabajar no implica que se esté trabajando. De hecho en ningún caso plantean la posibilidad de volver a un sufragio restringido a propietarios o contribuyentes. Las razones que subyacen a estas propuestas son ideológicas y tienen que ver con la concepción del bien moral colectivista que establece que el hombre solo alcanza su plenitud en el marco de su participación política como buen ciudadano.

Se han dado pequeños pasos en esta dirección como es el caso de centros educativos de titularidad pública en los que los alumnos participan en su gestión. Se trata de la misma trampa democrática en los que el voto de los receptores netos de renta tiene el mismo valor de aquellos a los que saquen a impuestos para recibirlas. Un principio que se podría justificar bajo el lema “ningún impuesto sin representación” queda algo pervertido por la mentalidad buenista. No se pretende volver a un sistema en el que el derecho a voto se otorgue en base al pago de impuestos sino en un intento de aumentar la base electoral de una sociedad ya infantilizada por las subvenciones repartidas por el Estado. Mientras que en las Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a decidir el futuro de la empresa según su número de participaciones, en democracia el derecho a voto no se otorga en función a las contribuciones de los ciudadanos a la Hacienda Pública.

El factor que olvidan quienes hacen este tipo de proposiciones es el de la responsabilidad. El individuo diluido en el colectivo que depende de las ayudas estatales para vivir es irresponsable como un niño que depende de sus padres. Mientras que la infantilización de la sociedad aumenta se pretende que los más jóvenes actúen responsablemente. No se trata de un problema de madurez biológica -que a cada uno llega de forma individual independientemente de la edad- sino de la responsabilidad que conlleva que el voto de uno pueda condicionar la vida de los otros.