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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Limitación del déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento

La elaboración de presupuestos públicos equilibrados (o con superávit) es una condición necesaria para remontar una crisis económica y lograr un crecimiento socioeconómico sano con poco lastre impositivo y financiero por parte de las administraciones públicas.

Para lograr reducir el enorme endeudamiento acumulado no basta con reales decretos de mero maquillaje, ya que se necesitan recortes presupuestarios y reformas estructurales de hondo calado político.

Un análisis del Informe Económico Financiero de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010 (PGE 2010) pone de manifiesto el desequilibrio presupuestario que padecemos en España. Durante el año 2010, los presupuestos generales del Estado de gastos consolidados ascienden a 386.400 millones de Euros, con un 85,5% dedicado a operaciones no financieras.

1. Déficit de la Administración Central:

Se ha realizado una previsión presupuestaria de pérdidas por operaciones corrientes en la Administración General del Estado de -38.235 millones de Euros que, se obtienen sustrayendo a sus ingresos corrientes de 157.448 los gastos corrientes de 199.213 millones de Euros. Seguramente, la previsión de los PGE 2010 será ampliamente rebasada por el crecimiento de las prestaciones de desempleo y por la disminución en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Añadiendo las perdidas de -21.850 millones de Euros en operaciones de formación de capital del Estado (enajenaciones, transferencias, inversiones reales) y los Gastos del Fondo de Contingencia de – 3.745 millones de Euros, podemos comprobar que estamos tirando la casa por la ventana con un déficit presupuestario de -63.830 millones de Euros para el año 2010.

Sin embargo, con diversos ajustes contables como el aplazamiento de las liquidaciones de comunidades autónomas y entidades locales a favor del Estado, los PGE 2010 muestran una necesidad de financiación de la Administración central de 57.376 millones de Euros.

2. Déficit del Estado autonómico:  

Se supone que con los impuestos y tasas transferidos a las comunidades autónomas junto con las transferencias corrientes y de capital del Estado a las Comunidades Autónomas por importe de 53.525 millones de euros (año 2010), deberían ser capaces de sostener presupuestos equilibrados, dejando el déficit sobre las espaldas del estado central.

Sin embargo, merece la pena analizar también el despilfarro del Leviatán autonómico ya que su déficit  presupuestario conjunto alcanza los -26.932 millones de Euros según la agencia de calificación Fitch, lo que pone de manifiesto las tensiones de financiación que supone la organización territorial autonómica.

Y no debe sorprender que las mayores contribuciones al déficit autonómico en relación con la cantidad de población provengan de las regiones gobernadas por la casta política que ejerce un mayor intervención nacionalista sobre la vida de los ciudadanos, ya que se deben alimentar los excesos del Estado autonómico: Cataluña (– 7.661 millones de Euros), Andalucía (– 4.389), Valencia (– 2.127), Vascongadas (– 1.914 y contando con ingresos extras por el cupo vasco de 1.026 millones de Euros) o Galicia (– 1.532).

3. Déficit de los Entes Locales:   

Por otro lado, las transferencias corrientes y de capital a las Entidades Locales ascienden a 17.872 millones de euros (año 2010) y, sin embargo, con el beneplácito de Gobierno también los ayuntamientos se están aplicando en el despilfarro generalizado con políticas presupuestarias claramente deficitarias, aunque haya indicios de que algunos municipios maquillan contablemente las deudas por medio de operaciones con empresas públicas y mecanismos similares de ocultamiento del déficit y endeudamiento públicos.

Afrontar los déficit presupuestarios y el endeudamiento que generan requiere coger la tijera y eliminar partidas presupuestarias ociosas como la inmensa mayoría de las subvenciones, las televisiones públicas, los Ministerios florero, los asesores políticos,… Supone someter a una permanente dieta de adelgazamiento tanto a la administración central como a las autonomías y entidades locales, en vez de subir impuestos y constreñir aún más la economía de las familias.

A ese respecto, es preciso señalar nuevamente la utilidad de establecer una Constitución Económica que, entre otros aspectos, permitiese la limitación del gasto público, de los impuestos y del endeudamiento, introduciendo el principio de consentimiento de los ciudadanos ante determinadas decisiones políticas transcendentales para su futuro.

4. Limitación de presupuestos deficitarios

Por ejemplo, podría ser oportuna una nueva redacción del artículo 134 CE en donde se dificultasen los presupuestos deficitarios con algún apartado que explicitase la potestad de refrendo obligatorio por los ciudadanos:

Art. 134 CE  (propuesta):

  1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
  2. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
  3. Siempre que exista déficit presupuestario, en un plazo de un mes desde su aprobación, los Presupuestos Generales del Estado deberán ser refrendados en un referéndum por una mayoría de dos tercios de los ciudadanos con derecho al voto. En caso contrario, serán prorrogados los Presupuestos Generales del Estado del año inmediatamente anterior, siempre que sean equilibrados (o con superávit) y hubiesen quedado debidamente refrendados.
  4. Análogamente, en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, cualquier presupuesto público deficitario deberá quedar refrendado por una mayoría de dos tercios de los ciudadanos con derecho a voto que vayan a ser afectados por el mismo. En caso contrario, se prorrogará el presupuesto público inmediato anterior, siempre que sea equilibrado (o con superávit) y hubiese quedado debidamente refrendado. 

5.Limitación de los tributos

Evidentemente, una limitación de presupuestos deficitarios debe venir acompañada de una legislación que evite las arbitrariedades tributarias que intentan cuadrar las cuentas públicas coaccionando aún más el bolsillo del sufrido contribuyente. Es decir, en ese caso, cabría una nueva redacción del artículo 133 CE: 

Art. 133 CE  (propuesta):

  1. La potestad originaria para aprobar los tributos corresponde exclusivamente a los ciudadanos con derecho al voto que residan en un territorio, mediante la aprobación en referéndum de una propuesta legislativa, por mayoría de dos tercios y conforme al artículo 92.
  2. El Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos en el territorio donde ejercen sus competencias, siempre y cuando cumplan el apartado anterior.
  3. Se establece un tipo único del 20%, tanto para el impuesto sobre la renta de las personas físicas como para el impuesto de sociedades. Se prohíbe la doble tributación. Cualquier subida de tributos deberá cumplir el apartado primero.

6.    Limitación del endeudamiento

Finalmente, el endeudamiento debería quedar también sujeto por medio de una modificación del artículo 135 CE, dado que los políticos intervencionistas emplean esta segunda vía para mantener presupuestos deficitarios y evitar el mayor desgaste electoral que suponen las subidas de impuestos:

Art. 135 CE  (propuesta):

  1. Para emitir Deuda Pública o contraer crédito durante un ejercicio presupuestario, sólo el Gobierno podrá ser autorizado por una ley aprobada en referéndum obligatorio, por mayoría de dos tercios de los ciudadanos con derecho al voto y conforme al artículo 92.
  2. En caso contrario, será prorrogada la ley de emisión de Deuda Pública o de crédito que hubiese quedado aprobada con anterioridad, según se indica en el apartado anterior.
  3. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de una ley de emisión aprobada según el apartado primero.

Sin duda, la creciente incertidumbre de los mercados financieros no es ajena al roto presupuestario en España, generado por erradas políticas keynesianas que intentan estimular la demanda con gasto público en vez de reduciendo el gasto superfluo de las administraciones públicas.

Por ello, es preciso reflexionar sobre la necesidad de que los ciudadanos puedan interponer barreras normativas frente a los desmanes de los políticos irresponsables, para evitar que destrocen las finanzas públicas y lleguen a hipotecar el futuro del país en su afán por contentar a los votantes.

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Dos éxitos de ZP

Una cifras de paro sobrecogedoras, un déficit público galopante, una política económica absurda. Una absoluta irrelevancia en el plano internacional, apoyando a tipos como Castro o Chávez. En nuestro país se negocia con ETA, se trata de revivir el enfrentamiento guerra-civilista con absurdas leyes sobre la Memoria Histórica y se abren las puertas a un Estatuto claramente inconstitucional…

Está claro que, después de llegar al poder gracias a un atentando con 200 muertos, ZP ha dado muestras tanto de su absoluta ignorancia, como de su sectarismo y de su condición de iluminado.

Pero, ¡basta ya! Esto no es suficiente para descalificar a la entera obra de gobierno de un político que, sin duda, como todos, tendrá luces y sombras, ying y yang. Nosotros, los liberales, también sabemos reconocer cuando un político ha acertado, y en estos momentos, en los cuales ZP se desploma en las encuestas y dentro de su propio partido ya empiezan a pensar en cómo deshacerse de un personaje que puede ser perjudicial de de cara a mantener los puestos y sinecuras de toda la organización, desde esta web quiero hacer un reconocimiento a los aspectos positivos de la gestión zapateril.

En el balance global de la etapa de ZP al frente de los destinos de nuestra nación hay dos hitos, dos auténticos logros, pertenecientes a campos muy dispares que, sin duda, hay que reconocerle y que revelan tanto su visión de futuro como su categoría de estadista. Estos campos son la promoción del pádel y la lucha contra el calentamiento global, sin duda, dos temas claves y de entidad similar.

Empecemos por el pádel. Aunque denostado como un deporte de pijos y en principio más cercano al PP, ZP ha mostrado su amplitud de miras y su decisión estratégica llevando dicho deporte a todos los rincones de la geografía “estatal” gracias a los sucesivos Planes E. Así, en miles de municipios, desde pequeños pueblos a ciudades, las pistas de pádel han florecido como setas. Gracias a dicha visión, ZP, por un lado, tendrá a miles de parados practicando un deporte fácilmente accesible y, por otro, muchos jóvenes podrán alcanzar un gran nivel en dicha disciplina.

Y aquí esta el quid de la cuestión. Al igual que toda una generación de jóvenes argentinos que tuvieron que salir de su país debido al desastre económico y la falta de oportunidades, y que gracias al pádel pudieron abrirse camino como monitores y jugadores, muchos jóvenes españolitos podrán hacer lo mismo en un futuro muy cercano. Esto, tanto su futura salida de España como su maestría con la pala, es algo que tendrán que habrá que agradecer a ZP.

Seguimos con el siguiente hito. La lucha contra el Calentamiento Global. Otro tema importante, sobre todo para el futuro del Planeta, y de la Raza Humana… tanto como el pádel. Aquí sí, ZP lo ha conseguido. A las pruebas me remito. Desde que el 14-M llegó al poder, dispuesto a luchar contra algo que “ha causado más muertos que el terrorismo” ZP dixit, el Calentamiento Global se ha parado, literalmente.

Desde entonces, la temperatura media global no solo no ha subido sino que ha bajado, la capa de hielo en el Ártico ha aumentado y en España hemos tenido los inviernos más fríos de las últimas décadas. Incluso, un problema como la “pertinaz sequía” que siempre ha castigado al agro andaluz ha dejado de ser historia y si no que se lo pregunten a los jerezanos.

¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo un simple mortal como ZP ha sido capaz de cambiar el clima, de dominar la lluvia y las tormentas? Una tarea que antes las sociedades humanas, en su desesperación, encomendaban a dioses como Thor, como Júpiter, ha sido resuelta por ZP.

Subvencionando  bombillas de bajo consumo, llenando las sierras de molinillos subvencionados, subvencionando los huertos solares (que en muchos casos funcionan gracias al gas-oil subvencionado), subvencionando todo tipo de alternativas energéticas deficitarias, carismas e insostenibles. De esta manera ZP ha doblegado al clima, se ha impuesto a los elementos y ha demostrado que aunque “la tierra solo pertenece al viento”, él sabe cómo manejarlo. En fin, que no todo es malo en la etapa ZP…

Habrá que ver si Rajoy es capaz de superarlo…, yo no lo tengo muy claro.

El PP adelanta por la izquierda al PSOE

…tras la aprobación del primer recorte de gasto público –apenas 15.000 millones de euros adicionales hasta 2011– del Gobierno de Zapatero.

Resulta inaudito que el principal partido de la oposición, el mismo que se vanagloria de ocupar un inexistente centro ideológico y que, por lo tanto, debería escorarse mínimamente a la derecha del PSOE, defienda a capa y espada el mismo discurso de los sindicatos y los grupos de extrema izquierda contra el decreto antidéficit. Los populares han optado por el populismo barato y fácil ante las expectativas de poder arrasar en unas hipotéticas, aunque poco probables, elecciones generales anticipadas.

Ahora bien, ¿se trata de una artimaña electoralista o hay algo más? Si dejamos de lado las engañosas siglas ideológicas, los hechos, es decir, las votaciones en el Congreso, demuestran que, hoy por hoy, los populares se sitúan a la izquierda de los socialistas en política económica. Por desgracia, el PP es más progre que el PSOE. De hecho, en la actualidad, representa a la auténtica izquierda de este país.

Pero vayamos a los datos. Si bien es cierto que desde el verano de 2008 los populares han lanzado duras críticas contra las medidas anticrisis de Zapatero, no es menos cierto que dichas arengas han quedado reducidas a meras soflamas políticas carentes de valor, tal y como han demostrado con sus votos: el PP no votó en contra del Fondo de Adquisición de Activos ni del Fondo de Rescate Bancario (FROB); el PP no votó en contra del Plan E; el PP no votó en contra del rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM); el PP no votó en contra del Plan 2000E para subvencionar la compra de vehículos; el PP no votó en contra del PER nacional; el PP no votó en contra del denominado Pacto de Zurbano…

En resumen, el PP ha apoyado con sus votos los planes estrella del PSOE para combatir la crisis económica con lo que, al menos en parte, también es culpable de la delicadísima situación que sufren las cuentas públicas españolas. Y lo peor de todo es que los populares han rechazado el primer recorte de gasto público que ha adoptado Zapatero desde 2004 –aunque en realidad venga impuesto por Bruselas.

¡Bravo! Valiente posición la de Rajoy, ya que si votan a favor del despilfarro y en contra del recorte, resulta evidente que las bases populares acaban de asistir al mayor giro izquierdista dado por un partido supuestamente conservador en la historia reciente de España.

Pero aún hay más. El PP, en un acto de coherencia plena con su actual diatriba progresista, avanza ya su posicionamiento de cara a la inminente reforma laboral que prepara el Gobierno. Atención a la palabras del vicepresidente de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons: "A este paso [Zapatero] va a ser el primer presidente de Gobierno de la historia que instaure el despido libre en España"; "El PP nunca votará a favor del despido libre"; "Lo que hay que hacer no es facilitar más el despido, sino facilitar más la contratación".

Es decir, a la vista de este tipo de declaraciones, el PP se opone al abaratamiento del despido, tal y como reclaman desde hace años los empresarios. La ignorancia de Pons en esta materia es, cuanto menos, alarmante. En primer lugar, el despido libre ya existe en España, al menos en el sector privado, ya que los funcionarios tienen el puesto garantizado de por vida; y en segundo lugar, el coste del despido es, junto a la elevada tributación laboral (cotizaciones a la Seguridad Social), el mayor obstáculo que sufren los empresarios para aumentar la contratación indefinida.

Y por si alguien aún tiene alguna duda sobre el izquierdismo popular, una última perla del camarada Pons fuera ya del ámbito estrictamente económico: "El cambio climático o es verdad o una gran idea"; debemos crear una "nueva cultura del consumo y del reparto de recursos"; "podemos ser la especie elegida o la mayor plaga que ha conocido la Tierra"… Sin comentarios.

Órdenes y prohibiciones sobre aspiraciones y bienestar

Los enemigos de la libertad, mal camuflados por múltiples capas de presunta bondad que no pueden ocultar su profunda estulticia, no se limitan a indicarnos qué debemos o no podemos legalmente hacer. Eso ya no les basta: ahora nos señalan qué debemos querer, qué puede y no puede hacernos felices.

Cristovam Buarque, ex ministro de Educación brasileño y actual senador, asegura que la solución para los problemas de la pobreza y las desigualdades, que según él crea la globalización, es “la educación. El pueblo no debe aspirar a tener todos el mismo coche, sino las mismas oportunidades”. No está claro si quiere decir que la educación consiste en manipular la voluntad de la gente para que quieran lo que dictaminen los gobernantes (él mismo y sus cofrades), o si simplemente está dando órdenes a sus súbditos sobre aquello a lo que deben aspirar, en este caso la igualdad de oportunidades mediante la educación. Pero seguro que todos haremos un esfuerzo para entender al mandamás, redirigir nuestras aspiraciones y así cumplir con nuestro deber como pueblo (en eso consiste ser ciudadano en un colectivo político, ya que ser consumidor en un mercado libre es muy malo, como vamos a ver a continuación).

El antropólogo estadounidense Erik Assadourian, presunto “estudioso de la sostenibilidad como modelo de futuro”, ha dirigido el informe anual del World-Watch Institute “La situación en el mundo 2010: Del consumismo a la sostenibilidad” (la misma basura intelectual reciclada de todos los años). Tras haber investigado la psicología del consumo (o eso cree él), afirma que “la felicidad o el bienestar no pueden depender del consumo; al revés, el consumismo mina el bienestar, porque te obliga a trabajar más para consumir más, en una carrera sin fin”.

Está claro que no todos los ascetas alcanzan la iluminación intelectual. Algunos necios no se conforman con llevar vidas sencillas y dejar vivir a los demás: tienen que decirle a todo el mundo qué puede y qué no puede hacerles felices. Porque según ellos quienes se esfuerzan en trabajar y producir riqueza, pobres tontos, en realidad actúan contra sus propios intereses, no consumen sabiamente sino que derrochan: son víctimas inermes de la publicidad, que les inocula el consumismo de forma agresiva, y encima al volcarse en él con frenesí condenan al mundo al colapso ecológico (y luego se quejan de que les llamen catastrofistas y apocalípticos).

Estos cobardes no suelen atreverse a señalar a una persona concreta y criticarle por su consumismo irresponsable. Tampoco mencionan ningún anuncio particular que nos anime simplemente a consumir sin más. Tal vez porque no existen, excepto quizás en las recomendaciones transformadas en intervenciones coactivas de esos que se creen economistas e insisten en animar a la gente a consumir más y más para así poder mantener la mítica demanda agregada.

Se trata de patéticos profetas que se limitan a condenar y criticar a bulto desde su autoadjudicada posición de superioridad moral. Así, Assadourian juzga a los países nórdicos, ejemplo para muchos de sociedades del bienestar: “Son los peores ejemplos posibles, ese bienestar tiene un altísimo coste ecológico”; y propone como modelo el reino de Bután, paraíso de la felicidad por decreto. Y es que les encanta poder decretar por ley cómo ser o no ser feliz: especialmente si es siendo pobre.

Su profundidad intelectual queda retratada al recomendar la película “Avatar” como “un mensaje que puede calar en los jóvenes, el del mundo en armonía, sostenible”: es lo que tiene no saber distinguir la realidad de la ficción (porque la ciencia de esa película es mala con ganas); no es extraño que intenten engañar a las mentes menos preparadas. También celebra la nueva televisión sin anuncios de RTVE, “un modelo a seguir”: es una lástima que no tenga que pagarla él solito.

Zetapé y los Estafoides

En los dos últimos años se ha escenificado en el gran teatro de la vanidad intelectual un gigantesco drama en dos actos en el que unos desalmados han resucitado al barón Keynes, tiempo ha un indocumentado aristócrata británico, lo han paseado como un zombi hasta que, muerto como está, se ha vuelto a la tumba por su propio pie. Pero el drama sigue en la mitad del segundo acto. Los desalmados perseveran en su empeño aplicando descargas eléctricas al cadáver descompuesto con la vana esperanza de que se levante de nuevo y, esta vez sí, haga lo que ellos creen que es capaz de hacer.

Hace sólo dos años, cuando la Bolsa se preparaba para el shock lehmaniano y era obvio que íbamos directos al precipicio, los pirracas de guardia desempolvaron apresuradamente su manualillo para situaciones de emergencia y, contra el sentido común más elemental, nos dijeron que la crisis se combate gastando más, imprimiendo dinero y enfocando el tema de un modo optimista porque el secreto de la economía reside en esos instintos animales que nos son innatos. Además, como han falseado la historia, se apuntan un éxito que no lo fue, el del New Deal rooseveltiano, un programa gubernamental que multiplicó por diez los efectos del crack del 29 transformando un ajuste de un año en una interminable y costosísima depresión.

En España, donde el traje de espada de Roma y martillo de herejes nos viene que ni al pelo, los que mandan coronaron a Frankenstein como rey de la economía, desenvainaron el cuchillo de trinchar pavos y aplicaron con denuedo las instrucciones del manual. Cuando todo el mundo ahorraba, ellos gastaban; cuando la banca restringió el crédito, ellos hicieron lo imposible por expandirlo; cuando el tejido productivo empezó a sanearse purgando sus células muertas, ellos lo infectaron con ruinosos proyectos de inversión en los que se dilapidó un capital precioso con el que ahora, por ejemplo, podrían atenderse ciertos y urgentísimos vencimientos de deuda.

Una inmensa y premeditada estafa realizada sobre la espalda del contribuyente, un innoble espectáculo, una movida contracultural en la que el solista principal, Zetapé, y su orquesta de acompañamiento, los Estafoides, nos han levantado la cartera y se disponen a limpiarnos la tarjeta en el primer cajero que se encuentren. Cuando lo consumen –el robo, quiero decir– harán lo que Ramoncín en sus lluviosos tiempos dorados y seguirán a lo suyo, aporreando la guitarra hasta que nos hagamos a una tonadilla que en Argentina llevan medio siglo tarareando.

El socialismo, es lo que tiene

…así que no resulta extraño que en todo este tiempo hayan depurado sus técnicas hasta alcanzar el grado sublime que tienen en la actualidad.

Esas abultadas dosis de propaganda, a base de frases sencillas y acusaciones metafísicas que influyen en el terreno emocional de la gente de a pie, es lo que permite a nuestros socialistas contemporáneos seguir blasonando de que su principal objetivo es defender el bienestar de los más desfavorecidos. El PSOE dice que va a castigar a los ricos y los pobres le creen, aunque los realmente adinerados, en este o cualquier otro país, disfruten de muchas más gabelas cuando manda la izquierda que cuando lo hace la derecha. La consecuencia es que, aunque los trabajadores pasen hambre como ya está ocurriendo en muchos casos, prefieren votar a un partido que les regala los oídos estimulando el sentimiento de la envidia, sin el cual el socialismo perdería gran parte de sus expectativas.

Cuando aparece algún socialistón que se ha enriquecido de forma asombrosa, las víctimas del telediario saldan el expediente acusándole de no ser realmente de izquierdas. Al contrario. Precisamente por ser socialista se ha enriquecido mientras la población normal se empobrece. Ese es el resultado inapelable de la aplicación de las ideas socialistas: una casta de ungidos encaramados al poder que se enriquece, unos grupos de presión que le hacen el trabajo sucio a cambio de que sus miembros vacíen el bolsillo ajeno y, en contraposición, una clase media destruida y millones de obreros viviendo del mísero subsidio estatal.

Lo dramático es que precisamente cuando la injusticia social es más notoria, es cuando los más perjudicados exigen una dosis mayor de socialismo; no de otra forma cabe entender que, a estas alturas, Zapatero siga generando un notorio apoyo popular que le puede llevar a revalidar su victoria electoral en 2012 si antes no revienta por completo nuestra economía.

El socialismo es el mayor agente destructor de riqueza y la garantía de que los pobres lo van a ser cada vez más, mientras un ejército de parásitos vive en la abundancia desvalijando a los que no tienen capacidad suficiente para defenderse de las coacciones del Gobierno. Eso es el socialismo y esos son los socialistas. En una pena que no sólo estén en el PSOE.

La catástrofe tiene nombre

Pero no convendría olvidar que sus mayúsculos errores se han debido a su excesivo optimismo, a haber mantenido unos ratings absurdamente elevados. ¿O acaso las agencias de calificación, fieles aliadas de los gobiernos, no están ahora tratando de retrasar al máximo la rebaja de los ratings soberanos? ¿O acaso S&P no se ha visto forzada a clarificar que el rating español "dista mucho" de la griega minutos después de que recortara nuestro rating?

En todo caso, pues, estarán falseando nuestra realidad al alza: quien quiera lavarle la cara al Gobierno, mejor haría en no agitar demasiado este argumento, ya que si S&P nos califica como AA, probablemente sea que estemos peor.

Tampoco es de descartar que esta catástrofe humana, social, política y económica que es la izquierda de nuestro país vuelva ahora a agitar el fantasma del enemigo exterior; ya saben, esos especuladores extranjeros que conspiran por hundir el Gobierno de progreso de Zapatero negándole el pan y la sal. Pero no, el problema de España no es que los inversores foráneos no se dejen estafar por las promesas de mal pagador, de trilero consumado, de nuestro Tesoro (In Spain we trust, ¿recuerdan?). El problema originario no es ni siquiera que nuestro paro haya alcanzado el 20%, que tengamos un déficit de más de 100.000 millones de euros o que nuestro sistema bancario se encuentre al borde de la bancarrota.

Tiempo habrá para analizar los efectos concretos de la rebaja del rating sobre nuestras enormes necesidades de financiación exterior; sobre unos bancos y cajas que, maltrechos por la burbuja inmobiliaria, llevan años comprando una deuda pública española cada vez de peor calidad y que amenaza con costarles un ojo de la cara en forma de fondos propios; sobre un déficit cuyos intereses cada vez nos resultarán más onerosos, hasta el punto de amenazar con merendarse el futurible crecimiento económico de nuestro país.

Todo esto es cierto, pero sería un error –en el que cae mucha izquierda autocomplaciente– pensar que el Gobierno socialista tiene que atajar de manera inminente todos estos problemas mediante una reforma laboral y una dura consolidación presupuestaria. No, este Gobierno sólo tiene que hacer una cosa: dimitir en pleno. Irse a su casa de una vez, dejar toda función ejecutiva y convocar elecciones. Ya lo dije hace justo un año y lo repito doce meses después: no queda otra salida que la dimisión de Zapatero. Porque podríamos lamentarnos si no supiéramos cuál es el camino a seguir o si no tuviéramos los medios para avanzar por ese camino.

Pero no es el caso; Zapatero sabe desde 2007 qué medidas hay que adoptar, pero se niega a hacerlo. Prefiere que España quiebre a rectificar, a reconocer que su nefasta ideología ha sido uno de los causantes y agravantes de esta crisis. Y con estos bueyes no se puede arar, de ninguna manera; podemos soportar a un inepto, pero no a un demente cuya única obsesión, cuya única preocupación es desviar la atención, mentir y confundir a los ciudadanos para no tomar ninguna de las medidas que nos son inaplazables.

Mas no hay tiempo para que se sigan riendo de nosotros. No hay tiempo para que Zapatero nos siga repitiendo que ya estamos saliendo de la crisis mientras continúa soterrado por los escombros económicos del país, para que De la Vega diga que están haciendo los deberes cuando han traspasado el muerto a unos sindicatos tan o más cerriles que ellos, para que Campa le reste importancia a la rebaja del rating aduciendo que los cálculos de crecimiento del Ejecutivo, esos mismos que han fallado siempre en esta crisis, son mejores que los de S&P. Basta de sainetes.

Esta gente está arruinando nuestras vidas, las de nuestros vecinos, amigos, parejas e hijos. No es aceptable que sigan arrastrándonos a todos al abismo de su incompetencia con esa insultante indiferencia que exhiben. Porque aun cuando nos suban los impuestos, lleven a miles de empresas a la quiebra, manden al paro a cinco millones de españoles, se fundan los ahorros de todos los ciudadanos salvo los de su círculo cercano, conduzcan a los bancos, a la Seguridad Social con su Fondo de Reserva y al Estado a suspender pagos y nos cierren por décadas la financiación exterior, pese a todo, ellos continuarán viviendo de las rentas amasadas durante estas dos legislaturas a costa de nuestros impuestos y de la jubilación dorada obtenida gracias a los fueros que ellos mismos han redactado y aprobado. ¿Qué poco les vamos a importar los simples y pobretones mortales?

Autoridad e influencia en la formación del Poder y el Derecho

El término “autoridad” se utiliza con distintas acepciones de las que su mayoría contribuyen a distorsionar el significado que con mayor rigurosidad presta un servicio fundamental a la indagación científica social. La autoridad es un hecho político y psicológico. No tiene porque encumbrarse en forma de institución magistral, dado que cualquier individuo puede llegar a manifestar autoridad al margen de los cauces formales en que ésta termine articulándose dentro de un orden social dado. Aun con todo, dicha clase de autoridad, espontánea y fuera de los cauces institucionales, tiende a ser reconocible y clasificable por el común de los individuos que participan en una comunidad.

En virtud de la intención de quien demuestra autoridad, podrá incluírsele en un tipo ideal u en otro. En este sentido, hablaremos de influencia cuando el hecho psicológico no llegue a dotar al individuo de la prestancia política o jurídica indispensable para alzarse como autoridad en una materia. Muchas veces se confunde a quien tiene mera influencia sobre algún ámbito cultural (entendiendo por cultura el común de las manifestaciones del ser humano) y gracias a cierto prestigio, sus opiniones y valores puedan llegar a acceder al reconocimiento general (o amplio) en clave jurídica, moral o política.

La autoridad institucionalizada distingue entre el factor personal y el elemento impersonal. La magistratura se concede o conserva para quien demuestra autoridad y reconocimiento. Articular mecanismos de acceso es consustancial al desarrollo de una estructura de potestades institucionalizadas. El acervo político de una comunidad posibilita la consolidación de magistraturas, como títulos que avalan una autoridad que se presume, y que siempre, y en todo caso, resulta exigible durante el tracto de su ejercicio. La potestad equivale a su limitación original, así como a la presunción de autoridad. El sometimiento a las decisiones de quien se halle en el ejercicio de dicha potestad o atribución magistral, depende de que sus opiniones y valores se incorporen o responda a los que soportan el orden social en cuestión.

El liderazgo, como hecho igualmente político y autoritario, rompe con el espíritu conservador de la autoridad, bajo la obsesión por la consecución de determinados fines generales de la comunidad política de que se trate. El liderazgo incorpora todos los atributos de la autoridad salvo el de la limitación y su naturaleza estática. Un magistrado que pretenda romper con ciertos precedentes instituidos en su actual ámbito de control, deberá no sólo hallar reconocimiento autoritario por parte de sus sometidos, sino que también deberá alzar su poder en la fuerza del liderazgo y la influencia, como manifestaciones complementarias. El elemento fundamental es la autoridad, los otros dos son factores que intervienen, para bien o para mal, como circunstancias constantes pero que no siempre logran introducirse en los estrechos resquicios de poder práctico.

La influencia, en sentido estricto, no llega a ejercer directamente el poder que aspira manejar. Su ámbito es el de la voluntariedad, la sugestión y la creación de estados de opinión que, finalmente, decantarán las decisiones o interpretaciones que cierto magistrado, cuando no la mayoría, terminaran acogiendo como propias. Es por ello que nunca asumirá el coste total de sus pretensiones, quien ejerza influencia y nada más que influencia. El liderazgo, en realidad, moviliza política y psicológicamente hasta el extremo de mover a suficientes individuos hacia un posicionamiento severo.

Cuando influencia y liderazgo confluyen en quien ostenta autoridad y, además, logra penetrar dentro del entramado institucional de magistraturas, su impronta resulta irrefrenable. En dicho momento, el mero potestatario logra para sí el máximo reconocimiento que una voluntad puede recibir de sus iguales. Dicha primacía convierte la magistratura que ostente en un motor de cambio. El poder impersonal se sirve de semejante consideración para romper sus cadenas conservadoras e introducir el dinamismo que toda sociedad necesita. El problema, como en todo, es que dicho poder no encuentre contrapeso en otros potestatarios instalados en la conservación del orden a su merced, manifestándose como un hecho absoluto y revolucionario con vocación constructivista.

El intervencionismo competitivo es clave en el desarrollo del segundo mundo de la conducta (el primero es el inconsciente o semiinconsciente mundo de las reglas de mera conducta, del automatismo moral y la intimidad del contenido normativo). Dicho ámbito es el de la articulación contingente y parcial de la parte más superficial de aquel conocimiento normativo que gobierna la conducta humana.

La gran sociedad

El de los laboristas es muy colorido y lleva por título “Un futuro equitativo para todos”, prometiendo más de lo mismo: paternalismo y gasto. El de los tories, “Gran Sociedad, no Gran Estado”, evoca la “Great Society” de Lyndon Johnson, pero propone algo distinto: un rol más amplio del sector voluntario y las comunidades locales.

El manifiesto laborista ilustra el conflicto de Gordon Brown: si se presenta como “renovador”, admite implícitamente el fracaso de 13 años de laborismo; si se presenta como “continuista”, alienará a los votantes que quieren un cambio. El resultado es un programa sin visión y económicamente deplorable.

En sus 76 páginas se incluyen una amalgama de medidas como la subida del salario mínimo, que sumada al aumento de las cotizaciones sociales incrementará los costes de las empresas y ralentizará la contratación. Pero no hay ningún plan que detalle cómo piensan reducir el déficit presupuestario de 170.000 millones de libras durante los próximos cuatro años. No se anuncian recortes de gasto público y se comprometen a no subir (¡otra vez!) el impuesto sobre la renta (el tramo más alto ya es del 50%).

El manifiesto conservador, de unas escuetas 16 páginas, pone énfasis en la sociedad civil y la toma de decisiones a nivel local. David Cameron ha dicho que quiere que las organizaciones caritativas, las asociaciones de ciudadanos y las comunidades de vecinos tomen las riendas de sus problemas, animados y respaldados por el Estado. El manifiesto habla de romper los tradicionales monopolios públicos permitiendo la entrada de organizaciones y empresas, y dando la posibilidad a los funcionarios de crear cooperativas propias. Los barrios podrán gestionar parques y bibliotecas, o comprar activos estatales o privados que estén a punto de cerrar, o crear nuevas escuelas, o tener una participación más activa en el diseño de la planificación urbanística o la seguridad del vecindario.

Este localismo tiene un eco transversal y, en balance, parece bien encaminado. Pero basar la recuperación económica en esta descentralización tampoco nos lleva muy lejos, y es motivo de recelo que un supuesto fomento de las iniciativas de “abajo a arriba” esté dirigido y parcialmente financiado por el Estado. La Gran Sociedad puede acabar siendo más pequeña de lo que pretenden.

Liberalismo caliente

Esta barbaridad, dice Ovejero, debería dirimirse en los tribunales, pues estamos acusando al Estado de cometer un delito tipificado en el código penal. ¡Cómo va el Estado a violar sus propias leyes!

A Ovejero, profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona, se le escapa la obviedad de que el Estado, precisamente porque hace sus propias leyes, puede autoexcluirse de su definición de "delito". Pero el código penal no es un diccionario, mejor consultemos la RAE. La primera acepción de "robo" es "quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno". En otras palabras, sustraer una propiedad sin el consentimiento del dueño.

Ovejero no tendría problemas en identificar extorsión o robo en estas situaciones: un mafioso de barrio nos amenaza con destrozar nuestro local si no le pagamos una parte de los ingresos; o un ladrón nos asalta y nos insta a punta de navaja a darle la cartera. Sin embargo, no advierte que el Estado actúa de forma análoga cuando amenaza con multarnos, embargarnos y meternos en la cárcel si no pagamos lo que nos pide (o abatirnos si, insensatamente, se nos ocurre resistirnos). Por algo se le llama "impuesto" y no "donación" o "precio por servicios".

Puede replicarse que los impuestos se utilizan para pagar servicios necesarios o para ayudar a los más desfavorecidos. Esto es muy discutible, pero es otro debate. La realidad sigue siendo que el Estado utiliza la coacción para financiar sus actividades. Ya lo dice un aforismo: si la gente se comportara como Estados, llamaríamos a la policía.

Ovejero caricaturiza el liberalismo hasta el punto de hacerlo irreconocible. Confunde la libertad (que acaba donde empieza la del otro) con el poder arbitrario (que no reconoce límites). Se refiere al Estado como "la garantía de la libertad", como si el zorro cuidara del gallinero. Acusa a los críticos del impuesto de sucesiones de "consagrar el linaje del tener", pero lo que defendemos es el derecho a legar a quien quieras el fruto acumulado de tu trabajo. Ovejero desestima las objeciones relacionadas con la eficiencia, ignorando que el impuesto de sucesiones no sólo desincentiva el trabajo, sino que incentiva el consumo del capital antes de la muerte (y de que se lo quede Hacienda).

Ovejero, por último, dice que en democracia todos contamos lo mismo (una persona, un voto), mientras que en el mercado unos tienen más voz que otros. Hay algo de cierto en esto: en democracia la voz de todos vale igual… de poco. En democracia se vota para ejercer poder sobre los demás, incluidos los que no votan o los que votan en contra. En el mercado cada uno negocia y paga por lo que quiere, sin interferir en lo que persiguen los demás, de modo que pueden armonizarse descentralizadamente los intereses más dispares y conflictivos. La distinción es importante, porque en el día a día no vivimos "democráticamente".

No pedimos permiso a "la mayoría" si queremos vestir como metaleros, seguir una dieta vegetariana o leer libros de historia. No preguntamos a la "mayoría" a la hora de escoger a nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestra casa o nuestra pareja. El mercado, además, es genuina "participación directa": si no nos gusta un servicio o un producto acudimos a la competencia al día siguiente, no tenemos que esperar cuatro años (para obtener lo mismo en otro envoltorio).

Ovejero nos invita a llamar a las cosas por su nombre. Debería empezar por juzgar el Estado con el mismo baremo que juzgamos a las empresas e individuos particulares. Quizás entonces no se echaría las manos a la cabeza cuando los liberales, calentados, llamáramos al robo, robo.