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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Hacer cine español

En lugar de amenazar a los banqueros con que su umbral de paciencia es sensiblemente inferior al de Solbes, debería haber realizado un estudio sobre los sectores productivos que no sólo no van a sufrir los efectos de la crisis, sino que van a atravesar este periodo de forma más que confortable. Si hubiera puesto siquiera a un par de becarios de su departamento a escudriñar la salud financiera de las PYMES por sector de actividad, sabría que hay un campo de nuestra economía que no sólo permanece inmune a la crisis, sino que continúa su expansión ajeno a los problemas generales que afectan al país.

Se trata, obviamente, del cine español, una industria como otra cualquiera, con la única salvedad de que las ayudas financieras que no llegan a otras empresas lo hacen con profusión a los bolsillos de los que han sabido ver la oportunidad de negocio de hacer cine bajo un Gobierno de progreso.

Mientras miles de autónomos y pequeños empresarios cierran sus establecimientos por falta de créditos que les permitan continuar su actividad, el cine español recibirá este año un auténtico riego de euros por aspersión. El Instituto de Crédito Oficial, que niega avales a todo tipo de empresas, pondrá este año a disposición de los cineastas 75 millones de euros, con la única condición de que acuerden con TVE la exhibición de sus películas. A esto hay que sumar el importe del fondo de protección a la cinematografía, que en 2009 repartirá 88 millones más, y el cinco por ciento de los ingresos anuales que cada cadena televisiva debe destinar a la compra de películas españolas para castigar con ellas a su audiencia.

En total hablamos de unos doscientos cincuenta millones de euros que se repartirán las distintas productoras de cine nacionales, sea cual sea la aceptación de sus productos por parte de los espectadores que como es sabido, cada vez es más escasa. En el listado de las 25 películas más vistas del 2008 sólo aparecen cuatro nacionales (a partir del décimo lugar), una de las cuales es una producción rodada en Inglaterra con un elenco de actores en el que el único representante español es Leonor Waitling, y otra la última película encargada previo pago de su importe a Woody Allen, conocido cineasta turolense.

Cada película que se rueda en España nos cuesta una media de casi un millón de euros a todos los españoles y ni siquiera así son capaces los cineastas de hacer un producto atractivo para que la gente acuda a los cines a verlo. Claro, no lo necesitan. El único requisito para que la maquinaria subvencionadora siga engrasada es levantar la ceja cuando lo ordena Pepiño. Así se entiende que en la gala de los premios Goya de este año no haya surgido ninguna voz para denunciar la catástrofe brutal que el paro está provocando en más de un millón de familias españolas, ni se haya rodado ninguna película de "denuncia social" sobre este grave asunto. Nuestros cineastas sólo hicieron algo parecido (la película Los lunes al sol) en 2002, cuando mandaba Aznar y estábamos en situación virtual de pleno empleo.

En esta tesitura, el mejor consejo que Miguel Sebastián puede dar a los pequeños y medianos empresarios es que creen una productora de cine. No tienen que preocuparse por la calidad de los guiones. Eso sí, las películas realizadas deberán "revisar" la Guerra Civil o constituir un ataque furibundo contra la Iglesia o la derecha social española. Puede que a algunos les repugne hacer algo así, pero tal y como está la cosa es una mera cuestión de supervivencia. Los sufridos contribuyentes sabremos disculparles.

Jordi Sevilla ni sabe ni aprende economía

Se suponía que Jordi Sevilla iba a enseñarle economía a ZP en un par de tardes, pero resulta difícil enseñar lo que no se sabe. El socialismo es un grave error intelectual, y a los socialistas se les nota su incompetencia intelectual, por mucho que pretendan ofrecer "lecciones marginales de esta crisis".

Sevilla ve al Gobierno como un fontanero que refuerza las mamparas que impiden que el barco de la economía termine de hundirse en la catástrofe de la crisis. Como él es parte del Gobierno, tal vez tiene un pequeño problema de falta de objetividad y le cuesta ver al Estado como lo que realmente es, el causante último de la crisis mediante su intervencionismo sobre la moneda y el crédito y su ineficacia e ineficiencia en las labores de regulación.

Asegura que "el Gobierno hace lo que debe, lo que puede, lo que están haciendo el resto de gobiernos". Todos los políticos demagogos sin escrúpulos aseguran desde su presunta superioridad moral estar cumpliendo con todas sus fuerzas con importantes deberes cuyos detalles no suelen explicar: quizás porque suelen incluir la coacción sistemática contra los ciudadanos, el expolio de sus riquezas y el ejercicio desnudo del poder disfrazado de servicio a la comunidad. Presumir además de hacer lo que hacen todos los demás no suele ser una muestra de perspicacia sino más bien de burricie imitativa incapaz de análisis crítico reflexivo.

No le gustan las propuestas de "austeridad en las cuentas y recorte del gasto público para compensar reducciones impositivas sin disparar la deuda": qué sorpresa, un político que no acepta reducir el gasto público ni la carga fiscal y a quien no preocupa la deuda nacional; es divertido gastarse el dinero de los demás (no sólo el de los contribuyentes de hoy, si es posible también el de los de mañana). Pretende justificarse intelectualmente asegurando que "es exactamente la política económica que fracasó a comienzos de la depresión de los años 30, quedando desplazada, afortunadamente, por las orientaciones contrarias encabezadas por Roosevelt y Keynes"; si como keynesiano no sabe gran cosa de teoría económica, tampoco puede esperarse que domine algo de historia económica. Al menos tampoco le gusta el "nacionalismo pseudoproteccionista", ese que propone su compañero socialista Miguel Sebastián.

Los errores de Sevilla no son simples detalles técnicos de la ciencia económica, sino que se refieren a los fundamentos de qué es la sociedad y qué es el Estado. Afirma que "el Estado ni es, ni se comporta, como una familia, ya que la acción colectiva, el todo, es siempre mucho más que la suma de sus partes, especialmente en situaciones de crisis. Y este reconocimiento es lo que pone fin a la ilusión neoliberal de un mercado perfecto que se equilibra sólo a base de sumar comportamientos individuales".

Efectivamente familia y Estado no son lo mismo ni de lejos, pero la diferencia va completamente en contra de sus tesis socialistas (y es que son tan torpes que usan argumentos que les destrozan intelectualmente, son como niños manejando explosivos). En la familia, que es una organización relativamente simple, los parientes se conocen bastante bien y se preocupan íntimamente unos por otros; en el Estado sus miembros apenas se conocen y no pueden pretender involucrarse emocionalmente todos con todos; los gobernantes no son como padres sabios y preocupados por sus hijos, sino más bien necios arrogantes incapaces de gestionar nada, y menos aún sistemas tan complejos como las sociedades extensas, y a quienes principalmente preocupa permanecer en el poder al coste que sea.

Respecto a la acción colectiva da vergüenza ajena ver a alguien tan poco competente intentar explicar de forma tan chapucera la no linealidad de los sistemas complejos, en los cuales las partes (y los efectos de sus conductas) no simplemente se suman, sino que interaccionan de formas múltiples y producen fenómenos difíciles de comprender, predecir y controlar. El todo no es la suma de las partes, pero eso no implica que tenga que ser más (o mejor): podría ser menos (o peor). Y lo que consigue sistemáticamente la intervención estatal coactiva es que el todo social sea mucho menos que lo que podría ser si pudiera evolucionar y adaptarse libremente.

Convendría que Sevilla ampliara sus lecturas e incluyera no sólo a algunos liberales que hablan de competencia perfecta y estados de equilibrio, sino también a escuelas económicas como la austriaca que tratan los mercados como procesos evolutivos limitados e imperfectos de descubrimiento y adaptación; si además conociera la escuela de la elección pública podría intentar comprender su propia incompetencia como gobernante.

Sevilla quiere que se plantee "un cambio en la actual regulación de la protección por desempleo para… ampliarla"; se cree tan ocurrente que piensa que sus puntos suspensivos pueden haber sorprendido a alguien. Con su paternalismo liberticida no cree que lo más relevante sea cuánto paro va a haber, sino que todos sean dependientes del asistencialismo estatal. Como la interacción entre derecho y economía no es su fuerte (si es que tiene alguno) asegura que "ni el paro ni el empleo se generan de manera endógena desde las reglas del mercado de trabajo", como si las leyes no influyeran sobre las acciones de empresarios y trabajadores a la hora de contratar o despedir.

Sevilla se plantea "hasta dónde tiene el Estado que ejercer una cierta tarea planificadora, junto al sector privado", y asegura que "lo público y lo privado se necesitan mutuamente" y que "deberíamos acordar que ni el Estado es el problema, siempre, ni lo privado es la solución, siempre. Que cada uno tiene una importante función que cumplir, que cada uno se necesita porque sus labores son complementarias". Quizás las funciones del Estado sean proporcionar la penosa legislación que debemos sufrir los ciudadanos y los lamentables servicios de justicia que resuelven tarde y mal. El sector privado no necesita al Estado; pero el Estado no puede sobrevivir sin el sector privado, igual que un parásito improductivo no puede prescindir de sus víctimas.

No ha entendido nada de esta crisis, que según él "ha sido, claramente, una crisis de la ideología de lo privado"; "si algo ha quedado claro en esta crisis es que ni el mercado ni las empresas parecen capaces de autorregularse y mantener el cumplimiento de normas y reglas que no sean impuestas, supervisadas y sancionadas desde fuera por los poderes públicos". Repetir topicazos no los hace ciertos: el sector financiero está hiperregulado (mal regulado y mal supervisado), y el dinero y el crédito dependen de bancos centrales, que son órganos estatales; y pretender que papá Estado lo está vigilando y garantizando todo (presume de lo que carece) contribuye a destruir los sistemas de mercado de vigilancia y garantías auténticamente funcionales.

Obama y el caos

Con el debido respeto, señor presidente, eso no es cierto.

A pesar de las noticias según las cuales todos los economistas somos keynesianos y apoyamos un gran aumento en el peso del Gobierno, los abajo firmantes no creemos que más gasto estatal sea una vía para mejorar la situación económica. El mayor gasto gubernamental de Hoover y Roosevelt no empujó a los Estados Unidos a salir de la Gran Depresión en la década de 1930. Un mayor gasto gubernamental no resolvió la "década perdida" de Japón de la década de 1990. Así, es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia creer que un mayor gasto gubernamental puede ayudar a los Estados Unidos hoy.

Para mejorar la economía, los economistas deberían centrarse en reformas que eliminen los impedimentos para trabajar, ahorrar, invertir y producir. Menores tasas impositivas y una reducción en el peso del Gobierno son las mejores formas de emplear la política fiscal para estimular el crecimiento.

Los abajo firmantes son doscientos economistas estadounidenses de todas las universidades. Obviamente no son todos liberales exagerados, radicales, heterodoxos, visionarios. Son doscientos economistas sensatos que se han puesto de acuerdo para denunciar una mentira en torno al CATO Institute. Seguro que hay muchos más que lo piensan pero no han tenido la oportunidad o la voluntad de proclamarlo públicamente.

Pero ¿cuál es exactamente la mentira de la que hablan?

"No hay desacuerdo en que necesitamos la acción de nuestro gobierno, un plan de recuperación que ayude a arrancar a la economía". Estas son las palabras que pronunció el presidente estadounidense Barak Hussein Obama el 9 de enero pasado en la Universidad George Mason de Virginia, donde expuso su plan económico de estímulo.

Analizar exhaustivamente el discurso de Obama, deshacer una a una las falacias económicas y denunciar la propaganda que emplea para endulzar sus errores daría para un libro que yo no voy a escribir. Pero sí se me ocurren varias reflexiones.

En primer lugar, los economistas liberales y libertarios españoles, que cabíamos en un autobús y ahora cabemos en una furgoneta, seguimos preguntándonos por qué no somos capaces de mandar un escrito así de sencillo, apolítico, directo y unánime a los medios, sino que seguimos mareando la perdiz y jugando a ser líderes de chicha y nabo, intelectuales incomprendidos, expertos en ciencias ocultas e inaccesibles, en vez de centrarnos en denunciar las barbaridades que se dicen en los medios y hacerlo claramente.

Pero además, observando a cierta distancia, me doy cuenta de que Obama encierra más peligros de los evidentes. No solamente es peligroso que su andadura izquierdosa imprima un sesgo de normalidad a cualquier medida socialista aunque solamente sea por la actitud rutinaria con la que anuncia medidas tan desafortunadas. No solamente está reincidiendo en planes de recuperación que a Roosevelt no le sirvieron, aunque a Hitler y Mussolini sí. Además hay un efecto espejo en el resto del mundo.

Otros presidentes del Gobierno, en especial, aquellos que no saben qué hacer, que no tienen más plan que "lo que digan todos", miran a Obama como un ejemplo a seguir. Los más torpes no disimulan y pocos días después de las palabras de Obama se apresuran a soltar la misma charla para rentabilizar el éxito ajeno, incluso si el aplauso se arranca por la ignorancia del auditorio y la propaganda en la que se ha envuelto el mensaje.

En el caso español, todos los políticos, no solamente el presidente, quieren ser Obama. Y nos encontramos con un panorama desolador. En España no sabemos ni copiar las recetas ajenas. Recuerdo el furor "rasta" cuando una participante de un concurso-reality de cantantes llevaba el pelo con rastas; las miles de chaquetas blancas que se vendieron en España después de que la princesa Letizia apareciera con una en televisión el día de su pedida de mano; hay muchos más ejemplos cotidianos y grotescos de la manera en que tratamos de incorporar, venga bien o no, lo ajeno a nuestra vida. Es puro complejo. Nuestros políticos intentan sin conseguirlo ser hiper-comunicadores imitando los hitos de políticos de otros sitios: el impacto en internet, los mensajes buenistas, las citas de conectados a redes sociales, el famoso "cambio", y en especial, la amnesia histórica… todo lo copiamos, y lo hacemos de la peor manera.

Tal vez es el momento para leer de nuevo las ideas de Hayek, y dárselas a leer tanto a quienes seguramente no las han leído como a aquellos que aseguran haberlo hecho. Sospecho que en su momento miraron por encima las palabras del maestro pero el mensaje no caló.

Hayek explicaba que la planificación no funciona y que lo bueno de la libertad es que ofrece muchas oportunidades para acciones muy diversas. También explicaba que el orden espontáneo no implica caos, no es "que cada cual meta el codo en el riñón que quiera", sino que hay unas normas aceptadas por todos, un recto comportamiento que se debe respetar y que ha aflorado por un proceso de evolución social.

La solución no va a venir de arriba, de un plan ideado por una meta-inteligencia, por una elite de funcionarios; la historia habla por sí sola. La solución solamente puede venir de la posibilidad de elegir entre diferentes actuaciones. Simplemente porque nadie la sabe y nadie la puede anticipar, lo mejor es permitir la diversidad para facilitar que se encuentre el mejor de los caminos para salir adelante… de abajo a arriba, y no al revés.

Justificación neoclásica de la intervención pública

La Economía es la ciencia que estudia los medios más eficientes de satisfacer unos fines humanos ilimitados empleando unos recursos escasos en relación con ellos. En consecuencia, no persigue juzgar la bondad de unos fines y medios adoptados por los individuos en virtud de sus preferencias personales, sólo indica si hay medios más eficientes de alcanzar tales fines empleando para ellos un conocimiento compuesto por axiomas autoevidentes, conocimientos individuales y experiencias históricas.

Cuando un individuo de profesión economista juzga deseable o indeseable algún tipo de medio o fin humano lo puede hacer empleando para ello bien sus propias ideas morales, que son sus ideas sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que es preferible para sí y para los demás; u observando de forma estricta las leyes de la Economía. Cuando dicha moral individual ignora las leyes económicas y se institucionaliza ya sea por imposición de un líder o por presión colectiva, antes o después se ocasiona gravísimos perjuicios a los seres humanos, con lo que dichas medidas bienintencionadas pasan a ser dañinas y, a la luz de sus frutos, objetivamente inmorales.

Dadas estas circunstancias y con el objeto de conciliar la moral individual con la Economía se pueden hacer dos cosas: o bien muta la moral individual o bien mutan las leyes económicas. Esta última opción es imposible, pero se puede aparentar que dichas leyes avalan dicha moral mediante el empleo de modelos de estudio académico cuyas premisas son falsas.

Así, la escuela neoclásica de economía establece que una intervención pública está justificada siempre que exista un fallo de mercado, entendiendo por tal una ineficiente asignación de determinados bienes y servicios. La eficiencia es entendida aquí no como el cociente (output/input) de bienes y servicios, sino como el cociente entre bienestar individual y gasto individual. Por lo tanto la ineficiencia puede venir dada ya por la insuficiente generación de bienestar individual de una compra respecto a un ideal preconcebido, ya por la incapacidad de realizar tal gasto.

Se considera que existen tres circunstancias que empeoran dicho cociente –perjudican la eficiencia– respecto a un mercado considerado más o menos estándar: insuficiente competencia (monopolísticos y oligopolísticos), externalidades negativas y asimetrías de información. El objeto de la intervención pública sería inducir al mercado libre a adquirir características consideradas deseables para incrementar dicho cociente:

1. Mercados de competencia imperfecta

En realidad un economista no puede juzgar si el nivel de competencia que existe en un mercado determinado es mejor o peor, todo lo que le enseña la Economía es que un mayor nivel de competencia a menudo se traduce en una mejor asignación de recursos, no que una mejor asignación de recursos pueda ser obtenida mediante un incremento de la competencia en un mercado. La extensión de esta idea errónea ha llevado a considerar mejores aquellos mercados con un elevado número de competidores y, en consecuencia, defectuosos aquellos mercados con un número reducido de participantes, si bien se considera beneficiosa la existencia de ciertos monopolios denominados naturales y tolerable la de aquellos otorgados por patentes.

Otro problema radical de esta perspectiva reside en la diferente amplitud con que se puede definir el bien o servicio de cuyo mercado estamos hablando, de modo que un mercado puede ser de competencia perfecta y a la vez ser considerado monopolio. Este hecho ha dado lugar a la elaboración de la contradictio in terminis que es el concepto de competencia monopolística.

2. Externalidades, información asimétrica y bienes públicos

Una externalidad es el efecto positivo o negativo de la acción de un agente sobre otro ya sea en su propia persona o en sus propiedades. Son relevantes en Economía por cuanto las negativas afectan a otros sin estar asociadas, a menudo, a una compensación a la parte perjudicada, reduciéndose así la eficiencia de la economía (no suelen despertar igual interés las positivas precisamente porque se supone que una compensación reduciría la eficiencia de la economía).

Sin embargo aunque toda externalidad negativa suponga un perjuicio mayor o menor, no todas constituyen una lesión al derecho a la vida, la libertad y propiedad de los individuos o, en Economía, de los agentes implicados en un intercambio y por tanto no se deduce que cuando se da una externalidad negativa el Estado deba intervenir en forma alguna.

Un caso particular es aquel en que la externalidad se realiza sobre activos sin propietario. Bajo tal circunstancia el fallo no es del mercado, puesto que aquí falta uno de los agentes que debiera estar implicado en el intercambio.

Por último, un bien público es definido en la escuela neoclásica como todo bien cuyo consumo es no excluyente y no presenta rivalidad, como presuntos ejemplos tenemos la luz de un faro, las calles o la música callejera; en resumen, fuentes de externalidades positivas que pueden beneficiar a muchos que no realizan un pago a cambio. Ahora bien, ni la música callejera ha sido declarada bien público ni los faros, considerados entre otros por Pigou, Arrow y Samuelson como un ejemplo paradigmático de bien público, tienen que ser necesariamente financiados por el Estado, y el ejemplo histórico lo tenemos tan cerca como en Gran Bretaña, habiendo sido analizado de forma muy crítica hacia esos economistas por Coase. Por otro lado ni los correos, ni las autopistas ni la producción eléctrica tienen características de bien público, y las calles tampoco son un bien público puesto que quien acondiciona su comercio puede muy bien acondicionar su calle, algo que a día de hoy sucede con frecuencia en ciertas áreas comerciales.

Justicia con MS-DOS, Hacienda a la última

Los famosos 20 millones parecen mucho dinero, pero si tenemos en cuenta que también se va a gastar 30 millones en propaganda el Plan E, pues no parece tanto. El dinero destinado a justicia siempre es insuficiente por la razón que gran parte del dinero estatal se va a otras partidas que siempre son más absurdas.

Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente se gasta más de 250 millones de euros en convenios. También ha destinado 115 millones de euros al medio natural de la propiedad privada. En la legislatura anterior, el gobierno de ZP condonó casi 2.000 millones de euros de deuda a países extranjeros (la de nuestras hipotecas, no). Este año regalará a Cuba 2 millones de euros. Se ha gastado casi 8 millones de euros en la cúpula de un edificio. En 2008, regaló 35 millones de euros a México para que arreglara la bahía de Acapulco. Se gastará 200 millones de euros al año durante cinco años, en total 1.000 millones de euros, en algo tan abstracto e inútil como la seguridad alimentaria. Los gobiernos llevan décadas tirando dinero en estos conceptos y jamás han servido de nada. Al final se lo acaban quedando los corruptos gobiernos del lugar. Occidente lava así su conciencia, regala el dinero del pagador de impuestos a dictadores.

El encargado de financiar el poder judicial es el Estado y representa tradicionalmente una de sus funciones básicas o mínimas del Estado. En economía, tenemos un importante concepto llamado coste de oportunidad. Es el auténtico coste. Se define como el gasto o inversión que se realiza en detrimento de otras inversiones o gastos alternativos que podemos realizar. Sólo tengo dinero para una hamburguesa o un helado y tengo hambre, ¿qué comeré? Lo que más me satisfaga. A esto le llamamos beneficio o utilidad.

Esta necesidad de elegir la aplican las personas, las empresas y, por supuesto, el Estado. Los políticos tienen una dotación de recursos, dinero que nos han sacado a nosotros. Como es lógico, siempre lo gastarán en aquello que les aporte más beneficio –dinerario o no– y utilidad. ¿Por qué el Gobierno gasta más dinero en publicidad, obras sociales, premios, sueldos a actores y demás, que en justicia o seguridad? Porque le aportan mayores beneficios, es decir, más votos. El Gobierno compra a los electores y lobbies para que le elijan o al menos no se quejen.

Todo el mundo sabe que la justicia en España es un desastre. Muchas denuncias no se ponen porque sabemos que tardarán años en solucionarse. Como la gente está acostumbrada a este pésimo funcionamiento, el Gobierno no destina dinero alguno. Para los políticos, invertir en justicia es tirar el dinero. Esta es la primera razón por la que el Gobierno jamás se interesará en la justicia. La gente da por hecho que no tiene solución.

La segunda es que, aunque lo haga, jamás conseguirá mejorarla por la propia dinámica política. Recordemos lo que ocurrió con la ley de mujeres maltratadas, aprobada tras una fuerte presión promovida por el propio Gobierno para paliar los maltratos en España. Cuando se empezó a aplicar, los jueces se quejaron alegando que acabaría por saturar del todo algunos juzgados. Pero el Gobierno, en lugar de hacer una buena reforma de la ley actual, incrustó este parche porque así ganaría votos instantáneamente. La justicia fue la más perjudicada.

Algo más grave ocurrió con la penalización de las infracciones de tráfico. En esos momentos algunos lobbies presionaron al Gobierno para que metiera en la cárcel a los que iban deprisa con sus coches. El Gobierno, para callarlos y quedar bien ante sus votantes, introdujo otro parche a la ley. Los jueces se quejaron mucho ya que afirmaron que esto paralizaría casos más importantes como las denuncias por robo, violación o agresión. No importaba eso; había que comprar votos.

La tercera y última razón por la que el Gobierno jamás arreglará la justicia, es la que en economía austriaca llamamos "teoría de la imposibilidad del cálculo económico socialista". Un órgano económico director, como el Estado, no tiene la suficiente información como igualar la oferta con la demanda por la sencilla razón que desconoce las inquietudes de la demanda. Al no existir competencia ni precios de mercado, no hay referencias ni luchas entre empresas en las que unas ofrezcan más servicios, agilidad o mejores precios que su competidor. El único oferente está económicamente ciego. De hecho, el oferente se rige por sus necesidades y no por las necesidades de la demanda. Simplemente ignora al cliente. Esa fue la razón por la que cayó la Unión Soviética. En la URSS el precio de las materias primas eran dictadas por un comité. Como no tenían ni idea de a qué precio ponerlas, por las mañanas el camarada de turno se leía el Wall Street Journal y asignaba un precio similar al hierro, níquel, acero, etc.

Con la justicia ocurre lo mismo. El Gobierno no tiene idea de cuántos juzgados ni jueces son necesarios, así que se limita a poner cuotas generales de tantos juzgados por mil habitantes, pero cada zona es diferente y los procesos son diferentes en cada lugar, así como los tipos de delitos. El Gobierno actúa a ciegas al no existir un proceso de mercado o competencia. Haga lo que haga, jamás podrá hacer una justicia eficiente. Por el contrario, la justicia de arbitraje privada da soluciones rápidas. Es lógico que cada vez más, los ciudadanos se apunten a esta alternativa que va creciendo año tras año. Según el INE, aumentó un 30% en el primer trimestre del 2008 sólo en temas mercantiles.

Con tantos problemas e incapacidad evidente de la política, es fácil entender por qué algunos juzgados funcionan con MS-DOS mientras en Hacienda usan complicados algoritmos basados en sistemas expertos e inteligencia artificial y tienen ordenadores capaces de procesar 12.000 declaraciones al día y Hacienda almacena 3.500 millones de datos en formato electrónico del sufrido pagador de impuestos. Algo que contrasta mucho con las cero denuncias que pueden procesar los ordenadores de justicia o el clásico soporte de carpeta de papel vieja, amarilla y llena de polvo que usa. La justicia no da votos, regalar decenas de millones de euros a algún dictador con la excusa humanitaria, sí.

La ingenuidad socialista

Se pavonean los socialistas de pro en sus respuestas airosas y réplicas jocosas frente a planteamientos esgrimidos humildemente por algún incauto liberal. Se mofan recurriendo a variopintas argucias acuñadas desde hace décadas (cuando no siglos) que tratan, en todo momento, de desprestigiar los "fantásticos" (por fantasiosos) argumentos del defensor de la libertad individual.

Ellos, los socialistas, se creen racionales; los auténticos científicos o al menos amparados por la Ciencia, con mayúscula. Tachan de ingenuos a los liberales por su dogmatismo recalcitrante en la defensa de ideas y principios a todas luces superados. Eso dicen los defensores de la intervención y el dirigismo, esa es su propaganda y su cornucopia de respuestas pretendidamente infranqueables.

La mano invisible de Smith: vaya bagatela. ¿Cómo puede creerse en semejante entelequia? De sinergia tachan el estudio de los órdenes espontáneos, se ríen hasta caerse de la silla de la teórica superioridad del mercado libre frente a la organización socialista. Ellos son los racionales. Los pobrecitos liberales, meros ilusos aferrados a ideas antiguas.

Cuando uno empieza y el resto le sigue, resulta harto complicado detener la risotada. En sus caras, henchidas mejillas, aire displicente, se percibe la arrogancia perfectamente retratada por F.A. Hayek. Los hechos poco les importan, ellos no miran al pasado, su confianza es total, por no decir ciega, en las posibilidades de la mente humana, esa Razón divinizada, en la ordenación deliberada de las piezas del puzle, proporcionando resultados que, apabullando con su retórica, afirman imposibles en ese ensueño que llamamos Mercado.

Defienden la existencia de un órgano todo poderoso, constituido con acierto, encargado hasta del último respiro. Estiman que los medios bastan, y si no, se inventan. Confían en que con lo que se sabe y, altas dosis de "ciencia", la planificación no es que sea posible, sino que resulta excelente.

Mercado, ese ser, ese espíritu del bosque al que rinden pleitesía los liberales. Vaya atajo de ingenuos. ¿Cómo podría algo que ni se ve ni se toca ajustar y coordinar la sociedad mejor que el gran hombre, el hombre sabio? Es aquí cuando advertimos la inversión de la idea. ¿Acaso no son ellos los ingenuos?

Claro, todo esto leído por un liberal, parece obvio. Se supone que para serlo debe entenderse eso de la función empresarial, el proceso social dinámico, que el conocimiento relevante es de tipo tácito, está disperso entre todos nosotros, no puede articularse sin perder gran parte de su contenido y se interpreta siempre de forma subjetiva. Estas verdades no son científicas, según los socialistas: son autos de fe o algo por el estilo. También saben los liberales de pro que el orden social es espontáneo, nada más alejado de la estructura organizacional; de tipo complejo, donde interactúan millones de agentes e intervienen infinidad de factores. Si juntamos lo uno con lo otro, ¿qué nos queda?

La respuesta es obvia, aunque por desgracia, no todo el mundo la acepta con naturalidad, o siquiera la entiende. El mercado no ajusta ni coordina; no tiene voluntad, no es un ente animado. El mercado es un proceso de interacción de individuos, seres humanos, que actúan, crean y descubren información, se dan cuenta de oportunidades de ganancia, de posibles ajustes. Proceden, y si aciertan, logran su pretensión inicial beneficiando a otros que no conocen ni conocerán; sin quererlo, por el simple hecho de participar en un proceso social dinámico.

Son ingenuos los socialistas, y no los liberales, creyendo que su venerado órgano de planificación, copado por mentes preclaras, muchas, pocas, da igual el tamaño del ejército de funcionarios y servidores públicos, será capaz de percatarse de los desajustes, todos ellos, interpretar las señales necesarias (previamente anuladas por la intervención) y lanzarse con acierto y, buena puntería, a tomar la decisión correcta, a todas luces oportuna.

Lo ingenuo es creer o soñar con algo que es imposible: la omnisciencia de la mente humana. Ellos sí se aferran a lo inverosímil, con la arrogancia del iluminado y la nimiedad del niño. Lo suyo sí es fe en lo que no pueden ver, en lo que, a pesar de la experiencia, se niegan a comprender. ¡Vaya con los socialistas!

Estado S. A.

La Constitución del país es el contrato que nos vincula al Estado y nos reconoce como titulares de la empresa. Todos tenemos derecho a elegir el Consejo de Administración y a su presidente mediante sufragio. Cualquier persona puede llegar a presidente si consigue el apoyo de una mayoría de accionistas. Si no nos gusta cómo los gobernantes conducen la empresa, podemos despedirlos y escoger a otros. En el mercado político los partidos compiten por nuestro favor e intentan satisfacer "la demanda" de los votantes. La naturaleza y los incentivos del Estado, en definitiva, son similares a los de una corporación. Si los liberales mostramos tanta simpatía por la empresa como organización, ¿por qué somos tan hostiles al Estado?

Porque el Estado y la empresa que opera en el mercado, una vez despojamos la analogía de sofismos, no se parecen en nada.

El Estado obtiene sus fondos por la fuerza a través de impuestos, la empresa se financia con aportaciones voluntarias de inversores y consumidores. Si no nos satisface el servicio que nos proporciona una empresa podemos dejar de comprarlo o irnos a la competencia. Si no nos gusta el servicio que nos ofrece el Estado tenemos que pagar igualmente (a menudo estamos incluso obligados a consumirlo), y no hay competencia a la que recurrir porque el Estado es un monopolio territorial. En el mercado podemos cambiar de proveedor de internet o de compañía de gas con una llamada. Si queremos cambiar de policía, tener una justicia más eficiente o pagar menos impuestos por estos servicios, tenemos que hacer las maletas y mudarnos a otro país. Como en el extranjero los Estados tampoco son empresas, emigrar raramente compensa.

El Estado responde ante electores que votan cada cuatro años, mientras que una empresa responde ante consumidores que votan cada día con su dinero. La democracia del mercado es bastante más directa. Si no nos gusta un producto, acudimos inmediatamente a la competencia, pero si no nos gusta un Gobierno tenemos que esperar a las próximas elecciones y con toda probabilidad lo reemplazará el mismo perro con distinto collar. Las empresas compiten por cuota de mercado, los partidos políticos compiten por cuota de poder. Las empresas pueden lucrarse atendiendo a las minorías y sólo sirven a los consumidores que reclaman sus servicios. Los partidos políticos apelan a las mayorías, al votante medio, y el vencedor ejerce su poder sobre todos los ciudadanos aunque no lo hayan pedido.

En el "contrato" con el Estado no figuran nombres ni firmas y no hay ninguna cláusula que especifique que por el hecho de votar "sí" en un referéndum estamos renunciando a nuestros derechos. Si la Constitución fuera un contrato serio tampoco vincularía a los que votaron en contra ni a las posteriores generaciones que nunca han votado. Una empresa que extendiera contratos de esta clase sería el hazmerreír de los tribunales. La empresa y sus estatutos son de libre adscripción, el Estado y su Constitución son de obediencia obligada.

Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los recursos que forzosamente extraen a los contribuyentes. Como la irresponsabilidad y la ineficacia les salen gratis, no tienen incentivos para ser responsables ni eficientes. Los empresarios en el mercado, en cambio, arriesgan sus propios recursos o los de otros inversores y su fortuna depende de lo bien o mal que ofrezcan el servicio. Los políticos pueden prometer lo imposible y engañar impunemente a los votantes. Cuanto más prometen, más entusiasmo generan. La empresa tiene una imagen y una reputación que cuidar, su marca no caduca a los cuatro años y un escándalo puede costarle muchos clientes y llevarle a la bancarrota.

La subsistencia del Estado no depende de las aportaciones voluntarias de nadie, luego no sabemos cuánto dinero está la gente dispuesta a pagar por lo que recibe. El hecho de que tengan que amenazarnos con embargos y cárcel para pagar impuestos, y que los que pueden volver a pagar contratan servicios privados, nos da una pista de la calidad de los servicios públicos y de cuánto nos desvivimos por ellos. Cuando un programa estatal fracasa, los burócratas siempre piden más dinero. Cuando una empresa dispensa un pésimo servicio, buscamos alternativas acudiendo a la competencia, obligándola a renovarse o a desaparecer del mercado.

Una empresa se guía por el test de la rentabilidad. Si es muy rentable significa que ofrece a los consumidores algo que éstos valoran mucho más de lo que cuesta producirlo. Si no es rentable significa que despilfarra recursos y acaba en bancarrota. El Estado no está sujeto a ningún test de rentabilidad, no es premiado con beneficios si sirve bien a la gente, ni castigado con pérdidas cuando despilfarran recursos. Teniendo en cuenta que el Estado carece de incentivos para economizar recursos y sus ingresos pueden ser tan altos como la tuerca de Hacienda lo permita, el despilfarro está asegurado.

Si de verdad soy un accionista del Estado, que me dejen vender la acción.

Lo que Krugman no entiende

Los clásicos tenían muy claro que antes de consumir había que producir; no se podía disponer de aquello que todavía no existía. Keynes, sin embargo, le dio la vuelta a la ecuación: si no consumimos lo suficiente, la sociedad dejará de producir, con lo que aun consumiremos menos en el futuro. Ambas fuerzas se realimentarían negativamente hasta provocar la quiebra de todo el sistema económico.

Para evitar semejante Apocalipsis, el economista británico propuso que fuera el Estado quien obligara a la sociedad a consumir. Si el consumo privado cae, el Estado sólo tiene que incrementar el gasto público para compensar el descenso. De esta manera, el nivel de empleo y las expectativas de futuro se estabilizarían y el sector privado volverá a invertir, a consumir y a contratar.

Los problemas de este argumento son múltiples y han sido suficientemente analizados por los economistas de la escuela austriaca. Básicamente, una caída del consumo no implica un descenso del gasto productivo en la economía, ya que menos consumo significa más ahorro y más ahorro permite una inversión más barata. Por tanto, el desempleo no tiene por qué incrementarse con los descensos del consumo; habrá menos trabajadores en las industrias que produzcan bienes de consumo pero más en las que fabriquen bienes de capital (como la maquinaria, la I+D o los pozos de petróleo).

¿Por qué hay crisis entonces? Las crisis son períodos en los que el crecimiento económico artificial de los años anteriores (auspiciado por la expansión crediticia de los bancos centrales) no puede proseguir. Determinados sectores, alimentados por el crédito barato, se han desarrollado en exceso frente a otros que apenas han crecido. Son períodos en los que hay que podar esos excesos y relanzar aquellos bienes de los que teníamos carencias. Por ejemplo, España ha producido durante años una cantidad absurdamente elevada de viviendas, mientras que desatendía su industria exportadora (de ahí que tengamos uno de los déficits exteriores más elevados del mundo). Nuestra recuperación necesariamente pasa por una reconversión industrial desde la construcción hacia la exportación.

Para financiar esa reconversión, sin embargo, necesitamos, primero, que el precio de las viviendas caiga –para que quiebren las empresas que hayan de quebrar y para que podamos reutilizar los inmuebles vacíos en los nuevos procesos productivos– y, segundo, inversión fresca, esto es, ahorro nuevo que nos permita financiar la reconversión. Pero este ahorro sólo puede proceder de una restricción de nuestro consumo interno; por eso es preferible que sea el Estado quien adelgace su tamaño, esto es, reduzca el gasto público y baje los impuestos.

La solución adoptada por los herederos intelectuales de Keynes, como Paul Krugman, discurre por la dirección contraria. En lugar de permitir que el ahorro aumente para financiar la reconversión, proponen que el Estado se endeude masivamente para rescatar a varios de los sectores que deberían quebrar (como la banca, los automóviles o las constructoras) y para crear empleos en cualesquiera otros sectores.

En su carta a Obama, Krugman propone estas dos políticas esquizofrénicas: por un lado, incrementar hasta límites insospechados el gasto y la deuda pública; por otro, rescatar y nacionalizar la banca para que vuelva a conceder préstamos al sector privado.Pero fijémonos en cuáles serían las disparatas consecuencias de este plan.

El incremento del gasto público captaría grandes sumas de ahorro privado que ya no estarían disponibles para la inversión. Es cierto que ahora mismo la incertidumbre lleva a muchos empresarios y capitalistas a paralizar sus inversiones; sin embargo, conforme sigan cayendo los precios de los bienes de capital (como la vivienda o las acciones) el riesgo de la inversión va reduciéndose. ¿Compraría un piso de 100 metros cuadrados en Madrid por 100.000 euros? Si el precio de los inmuebles cayera tanto, muy probablemente los inversores se lanzarían a adquirirlos, ya que su precio sería lo suficiente barato como para que no comportara grandes riesgos.

Ahora bien, si Obama despilfarra en proyectos públicos el ahorro que tienen atesorado los inversores, aun cuando el precio del piso se reduzca a 100.000 euros, nadie tendrá dinero con el que adquirirlo (pues lo estará empleando Obama), con lo que los precios caerán todavía más.

Y aquí entramos en contradicción con la segunda gran propuesta de Krugman: recapitalizar y nacionalizar la banca de Estados Unidos para que vuelvan a prestar. Hoy los bancos están restringiendo el crédito porque están quebrados y no tienen ni la liquidez ni la solvencia suficiente para concederlo. ¿Y por qué están quebrados? Por haberse endeudado para adquirir activos a precios inflados (por ejemplo, conceder hipotecas para comprar viviendas muy sobrevaloradas).

Si Obama se gasta los ahorros de los estadounidenses y del resto del mundo en obras públicas, provocará que los precios de los activos todavía caigan más (dependiendo de cómo gaste el dinero empezarán a caer desde el principio o, en cambio, más a largo plazo cuando corte la financiación al proyecto). Por tanto, los activos de los bancos seguirán sufriendo recortes de precios, agravando su situación de insolvencia. Por mucho que se los recapitalice con fondos públicos, si los activos que tienen en cartera siguen depreciándose, serán incapaces de volver a extender el crédito.

Caeríamos así en un círculo vicioso donde el Estado tendría que endeudarse cada vez más para compensar continuamente las pérdidas de los bancos que, en su mayor parte, les estaría ocasionando él mismo. Pero la capacidad de endeudamiento del Estado no es ilimitada y Estados Unidos podría dar el paso definitivo que lo llevara hacia el colapso: desde la deflación de activos a la hiperinflación de la moneda. Parece que las crisis abonan el terreno no sólo para el empobrecimiento económico sino también intelectual.

Barack H. Lincoln

Está estudiando, en concreto, su política económica como guía para la crisis que nos aflige. Que Dios nos asista. Pues, si bien George W. Bush ha sido un presidente muy malo para la economía, Obama puede llegar a serlo mucho peor.

Lincoln tenía una visión muy clara de lo que quería, y es lo que Henry Clay había llamado "sistema americano", basado en tres ejes: las inversiones públicas (el intervencionismo), el inflacionismo (que se manifestó en la creación de un sistema bancario nacional) y el proteccionismo a ultranza. Las condiciones de mediados del XIX y comienzos del XXI son muy distintas, pero lo que no tiene por qué cambiar es la ambición de la clase dirigente de acaparar un poder creciente y la inspiración de los intereses creados, de los grupos que ganan al amparo de ese poder. En Obama, ese deseo ilimitado de ganar poder se une al desprecio de la Constitución como límite del mismo y la concepción del poder como instrumento para el cambio social. Súmenle a ello ese especioso adanismo de pretender que no había nada anterior a él y la insistencia, tan propio de los totalitarios, en un futuro completamente nuevo y esplendoroso.

Bush ha destacado por ser un intervencionista y empeorar la ya de por sí compleja, pesada y costosísima regulación de aquel país. Barack Obama, si se inspira en Lincoln, será aún más intervencionista. Lincoln impuso la primera tarifa aduanera de larga duración con fines proteccionistas. Ir al proteccionismo en plena crisis nos llevaría exactamente a la política de otro de los ídolos de Obama: Franklin D. Roosevelt, que acentuó la crisis del 29 cercenando el comercio internacional. Y el inflacionismo, que es lo que nos ha llevado a esta crisis, será a su vez la política que adopte el nuevo presidente.

Con Lincoln tuvieron lugar por primera vez en aquel país dos instituciones que han mermado su libertad: el impuesto sobre la renta y el reclutamiento obligatorio (la conscripción). El hombre de confianza de Obama, Ralph Emmanuel, ha propuesto un reclutamiento obligatorio, pero no con fines militares, sino civiles. El ciudadano, visto como un peón para la política del Gobierno. Y, claro es, Lincoln es el presidente que más ha hecho por centralizar el poder en Washington y por minar los derechos de los estados, todo ello en nombre de la unidad. Esa unidad que es parte esencial del discurso de Obama.

Corren malos tiempos para la libertad en el país que hizo de ella su religión.

Excesos del sistema autonómico

El diseño constitucional del sistema autonómico de España es intrínsecamente perverso, por más que la mayoría de medios de comunicación que difunden la propaganda del régimen venden la falacia de que la descentralización es siempre beneficiosa porque acerca servicios públicos al ciudadano.

Otro mito, también falso, atribuye nuestro grado de desarrollo a una supuesta vertebración territorial lograda por el autonomismo cuando, en realidad, el crecimiento económico de España ha sido impulsado por el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, por la inversión en infraestructuras con los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea y, tal y como muestran las tablas estadísticas de Eurosat, por el libre comercio con otros países europeos.

1. Exceso de gasto público

La aprobación de la Constitución Española de 1978 inició un proceso radical de reforma del sector público que ha incrementado el tamaño del Estado en España. Anteriormente el gasto público estaba situado por debajo del 25% del PIB (año 1978), mientras que, como consecuencia de la multiplicidad de centros de poder, ahora el gasto público supera el 38,8% (año 2008), según fuentes de Eurosat, aunque otros datos permiten elevar el tamaño estatal por encima del 45%.

Efectivamente, el informe sobre política autonómica del MAP muestra como el presupuesto consolidado de gasto público alcanzó el 45% del PIB en el año 2006 (un total de 438.632,28 millones de euros) y, si no se adoptan urgentes políticas de recorte presupuestario, es previsible que las políticas keynesianas que erróneamente se están aplicando para intentar reactivar la economía disparen por encima del 50% del PIB el porcentaje de la economía gestionado directamente por el Estado.

De hecho, la expansión pública se ha producido por el lado de las autonomías ya que prácticamente han duplicado su tamaño en apenas dos décadas hasta alcanzar el 46,8 % del gasto presupuestario de las administraciones públicas (año 2006).

Hoy en día, las entidades locales (municipios, diputaciones, cabildos,…) alcanzan un 26,7% del tamaño del Estado y la desvertebración territorial ha sido tan radical que el gobierno central representa sólo un 26,5% (año 2006) de los gastos del sector público. Y entrando en detalles, después de contabilizar las transferencias de capital, la administración central sólo consumió el 30,8% del gasto de personal, el 15,6% de la provisión de bienes y el 29,2% de la inversión real.

2. Exceso de función pública

Durante la democracia se ha cuadriplicado el número de servidores públicos, pasando de cerca de 660.000 funcionarios en 1978 hasta más de 2,6 millones en el año 2008.

Según el boletín estadístico del MAP, quedan poco más de 550.000 funcionarios trabajando en el Estado central y, la mitad de ellos pertenecen a la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los 17 gobiernos regionales proporcionaban empleo fijo a 1.417.354 funcionarios en julio de 2008, lo que quizás constituya el mayor obstáculo para limitar las enormes arbitrariedades del estado autonómico.

3. Exceso de centros de decisión y de legislación positiva

La famosa frase del "café para todos" ha degenerado en 17 centros de decisión cerrados, endogámicos e incapaces de trabajar en equipo, que han aumentado de forma cancerosa el gasto, la burocracia y las normativas regionales.

Con exceso de derecho positivo, las autoridades autonómicas se inmiscuyen en todas las iniciativas privadas, mediante normativas, leyes y estatutos marcadamente inconstitucionales. La legislación autonómica se está llevando hasta sus últimos extremos, creando situaciones de coerción sobre la propiedad privada, de prohibición de la rotulación de negocios en castellano o, de imposición del uso y la educación en el idioma regional.

La inacción del gobierno central, la politización de la judicatura y el sospechoso silencio del Tribunal Constitucional durante dos años permiten que se legislen y financien políticas nacionalistas que pretenden guiar la voluntad de la población.

Desde hace años, se están rebasando las competencias, dando lugar a legislación sobre actividades tan pintorescas como el etiquetado de productos, el comportamiento durante las jornadas de pesca en ríos o, los dispendios en selecciones deportivas y en embajadas y consulados regionales.

4. Exceso de financiación

Como resultado de la ley electoral predemocrática que padecemos y, pagando sus facturas todos los contribuyentes españoles, no cesa el proceso de centrifugación de competencias y la dilapidación de los ingresos públicos en los nuevos reinos de taifas.

La nueva ley de financiación autonómica que, previsiblemente, se aprobará durante el año 2009 elevará la cuota de participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación tributaria, pasando a ingresar el 50% de IRPF (antes 33%), el 50% de IVA (antes 35%) y el 58% de los impuestos especiales (ahora un 40%).

Hayek demostró como los excesos de la sociedad planificada conducen a un régimen totalitario. Un mayor flujo de caja para financiar las políticas autonómicas significará un mayor impulso a las utopías colectivistas que buscan el desarrollo de nuevas mini-naciones.

Desgraciadamente, también configuran "dictaduras de proximidad" que atropellan los derechos de los ciudadanos no-nacionalistas con sus políticas secesionistas; empleando el idioma y la cultura para incrementar aún más el dinero y el poder gestionado por la casta política, ya que así logran perpetuar sus prebendas y cargos durante décadas.

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