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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Terrorismo y cambio climático, según ZP

Incluso suponiendo que fuera cierto que la actividad humana es la principal responsable de un cambio climático que estuviese provocando muchas más muertes de las normales, la comparación es totalmente obscena. La reacción de un hombre decente debería de ser: "¿y qué?". Mientras que el supuesto incremento de las muertes por el cambio del clima no serían intencionales y se parecerían mucho a las que tienen lugar en los accidentes de carretera, el terrorista mata conscientemente a sus víctimas para conseguir algún tipo de fin político; en el caso de ETA la sangre derramada hasta ahora tiene el propósito de establecer un estado socialista en el País Vasco. Comparar lo uno con lo otro es fruto de una mente retorcida y perversa capaz de obviar la gigantesca diferencia que hay entre la decisión de asesinar y la ocurrencia de una accidente. Es precisamente lo que ha hecho el entorno de ETA durante años comparando el número de asesinatos con los muertos en accidentes de tráfico para concluir que tampoco es para tanto lo que hacen.

La comparación es todavía más detestable si tenemos en cuenta que los científicos todavía no tienen nada claro en qué medida la actividad del ser humano puede estar contribuyendo al cambio del clima, a través de las emisiones de CO2, en comparación con otros factores como el vapor de agua o la actividad solar. Lo que sí parece que reúne cierto consenso científico es el hecho de que, aunque congelásemos las emisiones de dióxido de carbono como pretende el Protocolo de Kyoto, el calentamiento apenas se reduciría en 0,07 grados centígrados.

Pero es que además, ¿cómo puede Rodríguez culpar al cambio del clima de la muerte de tanta gente si el clima siempre ha estado cambiando? Sospecho que el calentamiento que se produce desde la última era glaciar hasta la actualidad ha salvado millones de vidas. Si se refiere sólo al calentamiento que ha tenido lugar en los últimos cien años, en los que el planeta se ha calentado en torno a los 0,6 grados centígrados, éste puede haber sido malo para algunas personas pero, sin duda alguna, está siendo buenísimo para otras muchas. No olvidemos que, según los modelos usados por las Naciones Unidas, el calentamiento tiende a darse sobre todo en las regiones más frías del planeta. ¿Quién decide qué es más valioso? ¿El mal o el bien que causa el cambio actual del clima? ¿O es que vamos a renunciar a pensar que el calentamiento –tenga la causa que tenga– tiene efectos positivos sobre el ser humano? Detrás de las palabras de ZP también se esconde la peligrosa idea de un óptimo climático que deberíamos de estar persiguiendo continuamente.

Sin embargo, hay un aspecto del que no nos habla ZP en el que el cambio climático y el terrorismo se parecen extraordinariamente. Esa similitud no es otra que la reacción de los gobernantes ante dos fenómenos tan distintos. Y es que tanto el terrorismo como el continuo cambio del clima les sirven de coartada para concentrar más poder político en manos del Estado. Cada mensaje ecológico catastrofista y cada alarma por acciones terroristas están sirviendo a los gobiernos para reducir las libertades económicas y civiles de los individuos. Si no decimos "basta ya" a tiempo, un día nos encontraremos vagando por una sociedad donde un gran hermano vigila todos nuestros movimientos "con el fin de protegernos" mientras que un comité de planificación central ordena cómo producir y cómo resolver los problemas medioambientales con los que nos vayamos encontrando.

Una historia Gore

Desde que dijo que él se había inventado Internet, Al Gore le ha cogido gusto a decir la verdad al público. Su tema preferido es el del calentamiento global y a él le ha dedicado muchas horas de estudio. Ha recorrido el mundo en busca de los efectos de la subida del termómetro de la Tierra, recogiendo las opiniones de los científicos que cuadraran con su propia visión y perfeccionando su mensaje charla tras charla. La combinación de todo ello con el mejor hacer de Hollywood ha dado como resultado un documental extraordinario: Una verdad incómoda.

El relato es sencillo. Un gráfico que ordena 650.000 años, los últimos, con la evolución del CO2 y la temperatura de la Tierra. Parece la historia de dos amigos inseparables. Luego Gore abre la espita del CO2 en los últimos años, y termina con una vertical que rompe el gráfico. Si la temperatura le sigue en su trayecto, nos viene a decir, esto se va a convertir poco menos que en un nuevo Marte. No dice, claro, que en los períodos interglaciares la temperatura de la Tierra fue mayor a la actual, con menos CO2. Hace creer al espectador que el gas es la principal causa de variación de la temperatura, lo que sencillamente es falso. Es más, si la Tierra se está calentando o no, no es una cuestión cerrada, ya que la medición más precisa de la temperatura global, la recogida por los satélites en la atmósfera, no dice que sí. También somete al espectador al ejercicio de imaginarse cómo se fundirá el océano antártico y sus terroríficas consecuencias, sin mencionar que su temperatura es variable y que no hay que irse muy atrás en el tiempo, en los 1930’, para encontrar años menos fríos por esas latitudes que los actuales.

Pero más allá de las inexactitudes, de las sugerencias tramposas, de las ausencias resonantes en materia científica, llama la atención que mienta cuando dice que el consenso científico es total y que él viene a ser un torpe y humilde portavoz. No hay más que ver las declaraciones sucesivas hechas por Científicos Atmosféricos del Cambio Climático (CAECI) y las de Heidelberg, Leipzig y Oregón, en las que miles de científicos de primer orden reconocen que el consenso científico no existe y denuncian que hay un intento por manipular la ciencia con objetivos políticos.

Pero lo mejor es el final. Una vez metido el miedo en el cuerpo, Gore nos dice que todo se puede conseguir con voluntad política. Y pone un ejemplo muy aleccionador: si utilizáramos una serie de tecnologías más eficientes, reduciríamos nuestras emisiones de CO2 no ya por debajo de 1990, como pretende Kioto, sino de las de 1970. Muy bien, pero ¿quién desarrolla e implanta tecnologías más avanzadas? ¿Los políticos? ¿No serán más bien los empresarios en el mercado? Pues eso parece. Y no tenemos más que ir al ejemplo de… los Estados Unidos que, gracias a la viveza de su economía, pese al aumento de población y al crecimiento económico, de 1997 a 2003 aumentaron las emisiones de CO2 en un 0,007 por ciento. Nada. Vamos, que no necesitamos a los políticos. A usted tampoco, Mr. Gore.

Observando a los medios

El pasado 17 de octubre el Instituto Juan de Mariana presentó el primer estudio del Observatorio de Medios. Nuestra finalidad es que en un breve período de tiempo el Observatorio se convierta en un verdadero fiscal contra el sesgo antiliberal que impera en los medios de comunicación españoles y en la mayoría de los profesionales del periodismo. Pero el OM pretende ser mucho más que esto. La idea es que las palabras de nuestros venerados políticos no caigan en el saco del olvido; que una institución ajena a los medios de comunicación recopile todas las promesas en defensa de la libertad y las vuelva a sacar a la luz cuando sean incumplidas, así como recordar sus desvaríos y disparates liberticidas a los que tan acostumbrados nos tienen cuando sus consecuencias sean obvias para la población.

En el primer estudio del OM se ha realizado un seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente y las noticias medioambientales en los medios de comunicación. Las principales conclusiones son que la mayoría de las informaciones en este campo son creadas por las propias administraciones públicas (46,24%) seguidas por los grupos ecologistas (18,04%). En general las noticias están concebidas para ayudar a las primeras a poner en marcha medidas administrativas y organismos de difícil justificación sin la aparición de estas noticias y, presumiblemente, para justificar mayores niveles de gasto en las administraciones y mayor afluencia de fondos hacia las organizaciones ecologistas.

Además, el carácter de urgencia de la mayor parte de las noticias juega a favor del objetivo común a estos dos tipos de organizaciones: reducir el ámbito de las libertades individuales en este campo logrando poderes de gestión propios de una sociedad donde la idea de libertad ha sido devorada por la de democracia y el ejercicio de los derechos individuales queda circunscrito al movimiento de muñeca con el que participamos en la elección de nuestros amos y señores. Para conseguirlo se sirven del alarmismo más descarado y cuentan con la colaboración pasiva –y en ocasiones incluso activa– de la mayoría de los medios de comunicación, que raramente analizan de forma crítica la veracidad o el grado de soporte científico de estas informaciones.

De hecho, el momento del lanzamiento de este primer informe sobre medio ambiente no podía ser más oportuno. Pocos días después, WWF/Adena reavivó el catastrofismo más rancio de los años 70 y anunció en la presentación de su informe Living Planet 2006, como ocurriera en Los Límites del Crecimiento del Club de Roma, que en menos de 45 años habremos acabado con el planeta Tierra. El anuncio fue recogido por todos los medios de comunicación generalistas sin el más mínimo comentario crítico. La organización ecologista aprovechó para pedir un urgente cambio de estilo de vida y, cómo no, de modelo de sociedad. No hay duda de cuál es el patrón que todos deberíamos de seguir en opinión de estos enemigos acérrimos del capitalismo porque, según el propio informe, sólo hay un país en el mundo en el que se cumplen los criterios de desarrollo sostenible. Ese paraíso no es otro que Cuba, la isla cárcel de Fidel Castro en la que lo único sostenible es el régimen de terror.

Así mismo, dos semanas después de presentar nuestro informe, la ministra de Medio Ambiente propuso limitar el consumo de agua para uso doméstico bajo el pretexto de que se trata de un bien muy escaso de primera necesidad que se nos agota. Esta señora es una absoluta demagoga que oculta que el 80% del agua se emplea en un sistema agrícola de planificación central en el que el agua está subvencionada. Pero eso ya lo sabíamos. Quizá es más importante recordar que si contásemos con un mercado y un precio libre para el agua, no tendríamos los problemas de carestía que tenemos.

Sería interesante ver qué hubiese sido de ciudades como Phoenix (Arizona) si hubiesen tenido una Narbona a principios de siglo XX. Lo que es seguro es que hoy no habría pasado de ser un pequeño pueblo en medio del desierto. La libertad de mercado y el precio libre del agua es lo que permitieron que los empresarios llevaran el agua al desierto para crear una de las ciudades más prósperas de EE.UU. Narbona merece que alguien le recuerde esta propuesta el día que la prensa no se acuerde de sus estupideces. En sólo un año los medios olvidaron que prometió que el coste de Kyoto nunca superaría los 85 millones de euros anuales así que cabe esperar que su nueva criatura intelectual sea olvidada antes de la próxima Navidad. Trataremos de que el Observatorio de Medios esté aquí mucho más tiempo para recordarle a ella y a toda la clase política sus promesas y sus desvaríos.

Queda mucho trabajo por delante en esta y en otras áreas, pero el hecho de que un instituto independiente que defiende las libertades individuales haya emprendido una empresa como esta es en sí mismo un motivo para mirar el futuro con más optimismo.

Llega la narbomulta

Cada cual es muy dueño de establecer sus pautas higiénicas (diarias, semanales, mensuales, etc.); allá él (o ella) y los que les rodean, pero lo que no está bien es tratar de imponer a los demás esas costumbres, por otra parte más que dudosas, que no deberían sobrepasar la parcela más íntima del ser humano.

La ministra Narbona, que desde que llegó al cargo no para de darnos alegrías, amenaza ahora con castigar pecuniariamente a quienes gastemos más de sesenta litros de agua diarios. Para fijar el cupón de esta cartilla de racionamiento higiénico se ha hecho asesorar, según ella misma confesó, por la ONG Ecologistas en Acción. Hombre, hubiera sido mejor que tomara como modelo de consumo a cualquiera de sus colegas de gabinete, de los que tienen chalecito con césped, piscinita y jacuzzi, porque con esa media hubiéramos tenido un respiro los demás, que no tenemos más remedio que recurrir a la ducha hogareña para toda la familia, en muchos casos numerosa. Porque si se toma como referencia a unos señores acostumbrados a luchar por la salvación del planeta pegando barrigazos por los sembrados y haciendo gala de su compenetración telúrica con su aspecto y hábitos, al final acabamos todos fastidiados. Es como si me toman a mí, alopécico galopante (el exceso de testosterona, ya se sabe), como referencia para la producción nacional de peines; al final, los que lucen una envidiable cabellera acabarían todos multados.

Pero es que el caso del racionamiento del agua es todavía peor, porque, en esencia, no existe ningún motivo para que su uso deba ser restringido. En España, como es notorio, no hay escasez de agua. Hay tan sólo un desequilibrio entre las cuencas del tercio norte y las del tercio sur, para lo cual el ingenio humano inventó los trasvases, el último de los cuales fue suprimido precisamente por el partido de la ministra Narbona. Que sea ella precisamente la que venga a reñirnos (y multarnos) por lo que no es más que una consecuencia de su propia ineficacia y mala fe es algo que sólo puede admitir sin rebelarse una sociedad políticamente anestesiada como la española.

Por otra parte, este asunto del racionamiento del agua potable suscita múltiples interrogantes, a cual más ominoso: Si tengo un vecino ocupa, ¿puedo comprarle su abundante excedente hídrico mensual para evitar la narbomulta? ¿Servirá la gastroenteritis, debidamente justificada con un informe médico, como atenuante del exceso de agua consumido ese mes? ¿Las mascotas entran en el cupo de sesenta litros por persona o se les asignará una parte adicional en proporción a su peso y altura? ¿Volverá Raúl a la selección española? ¡Que llamen a Garzón!

El misterioso caso Kioto

Y esto, ¿por qué lo hacemos? Para reducir nuestra contribución al efecto invernadero. Pero lo que podamos aportar es realmente poco, ya que según las previsiones de Naciones Unidas, si Estados Unidos se subiera sumado al acuerdo y los firmantes cumplieran con el plan previsto de recorte de emisiones, lograríamos reducir el calentamiento en 0,07 grados centígrados. O retrasar en seis años el aumento de las temperaturas previsto para 2100. Todo un éxito.

Pero ¿a qué coste? Según un completo informe de PriceWaterhouseCoopers, no sería inferior a 20.000 millones de euros y dos puntos de inflación. El Consejo Internacional sobre Formación de Capital eleva el coste mínimo a 26.000 millones, más la pérdida de no menos de 600.000 empleos.

Y esos son sólo los costes directos. Hay otros inducidos, mucho más gravosos, como la pérdida de competitividad de nuestras empresas o el fomento de la relocalización a otros países. Y tendríamos que pagar todo ello por ajustar la economía española a un plan que no cumple sus objetivos, y que de haberlo logrado sería a costa de mayores sacrificios económicos; y todo para retrasar en seis años las previsiones de calentamiento. Esto es lo que se dice hacer las cosas bien.

En lo que sí hemos tenido éxito es en criminalizar a los Estados Unidos por tomar la decisión democrática de no sumarse. Mientras nosotros seguimos el racionamiento que impone Kioto, acaso como contribución a la memoria histórica del primer franquismo, EEUU apuesta por el desarrollo y el avance tecnológico, y entre 1997 y 2003 aumentaron sus emisiones en un 0,007 por ciento. Es decir, que hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué Kioto? Un misterio.

Otra vez el coche

Las razones que un político ofrece para justificar la subida o creación de un impuesto sobre el consumo (en realidad de cualquier impuesto) más allá del mero afán recaudatorio, esto es, confiscatorio, son, en el mejor de los casos, decorativas.

Al fin y al cabo la confiscación se consumará y parecerá que es cosa nuestra decidir la cuantía del robo, ya que seremos nosotros los que, al perseverar en nuestra libertad de consumir esto o aquello, habremos optado por el bien cuyo gravamen nos va a agujerear el bolsillo, aunque sea poquito, un poco más.

En agosto, en plena canícula veraniega y con los precios del petróleo dibujando negros nubarrones en el futuro de nuestra economía, el Sr. Solbes anunció una subida “moderada” de los impuestos sobre hidrocarburos a partir de 2007. El ministro ofreció entonces tres motivos: la caída de la recaudación; la práctica congelación del impuesto, cuya cuantía, fija por cada mil litros de combustible, no se ha renovado desde el año 2000; y la dichosa armonización fiscal con la UE.

Aun con todo, la confiscación en 2005 supuso 10.210 millones de euros para la caja del Estado, 289 millones de euros menos de los presupuestados. La desviación está ligada a la generalizada caída en el consumo tanto de gasolina sin plomo (-7,2%) como la del gasóleo (que en realidad modera su crecimiento). Una caída que encuentra sus causas en la conocida y padecida subida de los precios de todos los carburantes y, en el caso de la gasolina, en la dieselización que ahora quiere frenarse.

Desde luego se podrá estar en radical desacuerdo con los motivos aducidos, pero al menos no se adornan con la habitual demagogia ecologeta, una suerte de moralina impuesta a mano armada con la que es habitual hacernos comulgar, dos por uno, cuando los gestores de la cosa pública (ajena) nos meten la mano en la cartera. Ahí está el Ministerio de Medio Ambiente para darle colorido institucional a la cosa nostra con regulaciones pigovianas inspiradas, generalmente, en medidas importadas a la fuerza (directivas UE) o sin esfuerzo.

Pese a la tendencia a la baja señalada por el ministro-vicepresidente, no parece que por nuestras estatalizadas carreteras vayan a trasegar menos vehículos privados. Al menos la reducción no será significativa al nivel en que usted o yo podemos constatarla, es decir, sobre el asfalto. Con un incremento del precio+IVA y de los impuestos de tarifa plana se logrará recuperar, algo, la hucha del Estado (tampoco estaría de más que se ajustara mejor el presupuesto) pero no creo que el efecto, la coartada, sobre el medio ambiente (menos tráfico, reducción de las emisiones de CO2) sea significativa. Es notoria la poca elasticidad del consumo del combustible. Así las cosas, la señora Narbona vuelve a la carga con su otrora frustrado plan para “conceder prioridad a los vehículos que usan más eficazmente (sic) el espacio público y que disminuyan la contaminación atmosférica, lumínica y acústica“. Estos es: gravar el uso del vehículo privado en las ciudades mediante la aplicación de un peaje, medida que se complementaría con la construcción de aparcamientos periféricos y con el fomento del uso del transporte colectivo.

Posiblemente, en un primer momento y como ha sucedido en Londres o Estocolmo, esta medida puede suponer una reducción apreciable en el volumen de los atascos, siempre que las plazas de aparcamiento y la disponibilidad del transporte colectivo (privado-liberalizado, espero) lo permitan. Sin embargo no veo qué utilidad puede tener esta medida en una ciudad como Madrid, por poner un ejemplo cercano. Es decir, la mayoría de los atascos, al menos los más graves de los que nos informan los boletines de noticias y que padecemos algunos, se dan en las vías de circunvalación, es decir, lejos del centro urbano, en las proximidades de los grandes espacios comerciales y polígonos industriales. En estos casos el uso del coche no sólo es una decisión libre sino la única alternativa sensata.

La diferencia fundamental entre un buen gestor y uno malo es que el primero pone a prueba sus hipótesis, es más, genera hipótesis con el propósito de entender la realidad, mientras que el segundo mira a los ojos a una realidad impostada, sin molestos intermediarios, los hechos, que pudieran arruinar su objetivo que, en cualquiera de los casos, será de los de corto plazo.

Cierto que los atascos son consecuencia de la ley económica que establece que la demanda siempre se expandirá por encima del suministro de bienes “gratuitos” para crear “colas”, sin embargo, antes de generalizar las medidas coactivas que preconiza el Ministerio de la señora Narbona es preferible buscar soluciones más modestas, que no se pierdan en la espesura de la demagogia gubernamental.

300 millones

Este martes se producía uno de esos datos redondos que ofrece la estadística. Era el día en que la población de los Estados Unidos alcanzaba los 300 millones de almas. Por mandato constitucional, se realiza un censo cada 10 años, y el primero tuvo lugar en 1790. Poco después se realizó uno en Gran Bretaña, y la población temía que fuera un paso previo a una dictadura militar. La población de Estados Unidos creció a niveles sorprendentes en el cambio del XVIII al XIX, que despertaron los miedos y la imaginación de Malthus.

No es mala ocasión para hacer una breve reflexión sobre la población, especialmente cuando ciertos ecologistas se plantean (como expresión de su insaciable inquina por el género humano), qué bueno sería para la Tierra que la especie humana se extinguiera. Lo plantean como una extinción voluntaria, pero me temo que la desean como una eutanasia asistida. Hay ejemplos dramáticos de esa actitud antihumana.

La de Estados Unidos es una buena noticia. No es que estén creciendo a un ritmo alto, ya que, como el resto de países desarrollados, su población ha ido moderando su ritmo natural de crecimiento con el paso de las décadas. Pero el resultado es que seguramente nunca había vivido una población tan grande en un entorno de libertad tan amplio. Tenemos la suerte, además, de que los Estados Unidos importan a numerosos pobres (y no tan pobres), que acuden a esa sociedad en la que su trabajo es mucho más productivo. ¿Qué es lo que hace que una población amplia sea más una bendición que la causa de desastres sin fin?

Adam Smith vio en la división del trabajo la causa del desarrollo económico. Es cierto, como le reprochó Carl Menger, que hay otra pata del desarrollo, que es la acumulación de capital, que el primero no tuvo en cuenta. Pero entre sus mejores hallazgos se encuentra que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Si logramos engrandecer éste por el volumen de la población o por la ampliación de las comunicaciones entre los ciudadanos, estamos favoreciendo una de las causas del desarrollo económico. Con una mayor población, se pueden hacer colaboraciones mucho más productivas. Mises explicó en La Acción Humana que "el hecho social fundamental es la división del trabajo y su contrapartida, la cooperación humana", que se explica en dos hechos naturales: "Primero: la innata desigualdad de los hombres, por lo que se refiere a su capacidad de realizar distintos tipos de trabajo. Segundo: la desigual distribución de las oportunidades de producción ofrecidas por la naturaleza, no humanas, sobre la faz de la tierra."

Esa desigualdad interpersonal no se limita a las capacidades, sino también (como desarrolló Hayek) en el conocimiento. Y cuanto mayor es la población, más pronunciadas son las diferencias que explotar y más amplio es el conocimiento que se puede compartir y coordinar. Dice el austriaco en La Fatal Arrogancia: "Los hombres nos hemos vuelto poderosos porque hemos llegado a ser muy diferentes: nuevas posibilidades de especialización –que dependen no tanto de un incremento en la inteligencia humana como de una creciente diferenciación de los individuos– provee la base para un uso más exitoso de los recursos de la tierra."

Se puede pensar que, de todos modos, tenemos que crear riqueza con los medios materiales que tenemos, y éstos están dados. Pero es un error, porque el valor que sepamos crear de ellos depende del uso que le demos, y de la posición que le otorguemos en el proceso productivo. Y de cada recurso podremos ampliar su productividad, bien incardinándolo en una sociedad más amplia, con una división del trabajo más profunda, bien haciéndole partícipe de un proceso productivo más capitalista. Cada nueva persona no es sólo un nuevo devorador de bienes; es también un nuevo productor. Es más, dado que la producción no es una cuestión física (recordemos a Lavoisier y la ley de la conservación de la materia, luego materia-energía), sino de valor, que es un fenómeno de la mente. Y "las mentes importan económicamente tanto o más que las manos o la boca. Los seres humanos creamos más de lo que utilizamos, de media".

Pero una población abundante no asegura nada. Necesita poder cooperar en libertad, y no todos los entramados institucionales sirven a esa libertad de igual manera. Por eso la llegada del estadounidense 300 millones es una excelente noticia.

Las multinacionales del chantaje

El 24 de marzo de 1989 el petrolero Exxon Valdez se golpeó contra unos arrecifes frente a las costas de Alaska, una cantidad de petróleo equivalente al contenido en 1,48 millones de barriles se vertió en el agua y la superficie afectada cubrió unas 460 millas cuadradas a lo largo de 2.000 kilómetros de costa provocando una catástrofe medio ambiental cuyo coste de limpieza se elevó a 2,1 billones de dólares.

Dos circunstancias ayudaron a magnificar el incidente. Por una parte, Alaska fue presentada como un ecosistema virgen prácticamente ajeno a la acción humana, la Madre Tierra en toda su potencia. Aún hoy, la posibilidad de explotaciones petrolíferas dentro de este territorio genera polémica y rechazo. Por otra, los medios de comunicación desarrollaron un seguimiento detallado del incidente casi siempre desde la perspectiva ecologista. La televisión espectáculo tuvo otro gran desastre medioambiental, el cuarto del quinquenio. En el accidente de Bhopal en la India murieron miles de personas la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984 debido al escape de gases tóxicos. El 11 de julio de 1985 gobierno francés ordenó el hundimiento del barco ecologista de Greenpeace Rainbow Warrior en el puerto neozelandés de Auckland. Por último, la catástrofe de Chernobil, el 26 de abril de 1986, se produjo debido al desinterés del gobierno soviético en el mantenimiento de una central obsoleta incluso para su época. Todos ellos ayudaron a sembrar los medios de comunicación de imágenes "espantosas" que los televidentes y votantes no estaban dispuestos a consentir. Los políticos, asustados por el impacto de semejantes espectáculos, pusieron entre sus posibles aliados a tan molestas organizaciones.

El accidente del Exxon Valdez no ha sido ni el mayor ni el más importante de los que han afectado el mar pero se convirtió en un punto de inflexión en la actividad del movimiento ecologista y a Exxon en el arquetipo de capitalismo salvaje y en uno de los mayores enemigos de la Humanidad. Pero ante todo estamos ante un ejemplo práctico de cómo los grupos ecologistas ganan prestigio por la fuerza y con la connivencia de muchos.

Accidentes e incidentes como estos han jugado a favor de los grupos ecologistas a lo largo de estos últimos años creando una imagen donde la denuncia y la solidaridad, el buenismo en definitiva, sustituye a la realidad, una realidad que en manos de los ecologistas roza, cuando no invade, la ilegalidad y que en buena parte echa mano de la coacción e incluso de la violencia desatada. A diferencia de otras instituciones y organismos, los grupos ecologistas no son simples think tanks que ofrecen sus ideas o defienden ciertas posiciones políticas o sociales. Los grupos ecologistas son organizaciones en los que se mezclan la ideología, la política, el activismo social coactivo, el marketing de la marca y el chantaje a las empresas en forma de campañas de denuncia que orbitan desde las fuentes de energía a la química de sus productos. Nadie está fuera del punto de mira de estas multinacionales del chantaje.

Resulta complicado explicar las razones por las cuales unas organizaciones que persiguen, invaden propiedades y destruyen bienes tienen el beneplácito del público. Pensemos por un momento lo que se diría si unos agricultores especializados en cultivos transgénicos, hartos de esta actitud chulesca y violenta, entraran en la sede de Greenpeace se encadenaran y destrozaran todos los ordenadores y mobiliario como los ecologistas hacen con sus cosechas. Dos son los aliados naturales que juegan a su favor: los medios de comunicación que incorporan a sus líneas editoriales las ideas de las organizaciones ecologistas e incluso pueden contar entre sus redactores con activistas o miembros de algunas de estas organizaciones, y los partidos políticos y las instituciones estatales que favorecen sus políticas e incluso las incorporan en sus programas y labores de gobierno.

La primera de las alianzas conlleva dos ventajas claras. Por una parte les permite un canal adecuado no sólo para dar a conocer a sus ideas, sino también para adoctrinar a una parte de la sociedad que suele dar credibilidad a los artículos y los reportajes que en ellos se publican frente a otras fuentes de información más áridas y menos populares como son los propios organismos científicos. La segunda es precisamente ese barniz de credibilidad en el que se envuelven y que los medios de comunicación les conceden y que les permite ganar imagen incluso cuando sus actuaciones rozan lo ilegal o incluso cuando lo sobrepasan hasta el punto de que el agredido se convierte en el villano y el agresor en el héroe.

Este comportamiento no sería posible si no tuvieran a los organismos públicos de su parte. Las alianzas entre los partidos políticos y los grupos ecologistas se hace plena cuando estos entran en el espectro político de mano de los primeros. No son sólo las ecotasas o las políticas energéticas basadas en las energías renovables, que son comunes a partidos de derechas e izquierdas; de todos es conocida la alianza rojiverde que gobernó la Alemania de Schröeder o el acuerdo que alcanzaron Los Verdes con el PSOE para las elecciones generales de 2004. Esta posición ventajista tanto en la opinión pública como en los poderes estatales es la que les permite presionar a las empresas para que estas dediquen parte de sus recursos a satisfacer sus objetivos.

Así, buena parte de los recursos de las empresas se destinan, a través de la responsabilidad social corporativa, a financiar programas sociales de contenidos cercanos a las tesis ecologistas. La enseñanza pública y su alianza con la empresa se convierte en una herramienta importante de perpetuar esta tendencia. De la misma manera, empresas energéticas, alimentarias, químicas y cualquiera que sea potencialmente peligrosa para el medio ambiente, siempre desde una perspectiva ecologista, tienden a mantener buenas relaciones con los poderes públicos que favorecen este tipo de políticas. Cualquier esfuerzo es poco para evitar caer dentro de sus críticas y campañas pues los efectos pueden ser a la larga, contraproducentes. Gobiernos tan poderosos como el francés y el estadounidense terminan, cada uno a su manera, rindiéndose a sus peticiones aunque nada es suficiente para calmar sus ansias.

Katrina, un año después

Por otro lado, el variopinto movimiento contrario a la iniciativa privada continúa mareándonos con su mantra: fue la falta de Estado. Qué más da que el Estado fuese el propietario de los maltrechos diques que se resquebrajaron y de las bombas que dejaron de funcionar. Tampoco les importa un comino que el monopolio del sistema de protección de la ciudad fuese el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense ni que la desastrosa gestión de la ayuda estuviese a cargo de la nada privada Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.

Sin embargo, un año después podemos confirmar que la verdad se encuentra en las antípodas de estos posicionamientos. No sólo no es cierta la relación que los ecologistas tratan de establecer entre calentamiento global y frecuencia e intensidad de los huracanes, sino que los propios ecologistas han jugado un papel importante en la ocurrencia de la catástrofe. En los años setenta, el movimiento ecologista radical logró paralizar las obras del plan que pretendía blindar la ciudad contra huracanes de categoría 4 y 5 siguiendo el ejemplo holandés. Su argumento consistía en que el estudio de impacto ambiental no era suficientemente detallado. De nuevo, a finales de los noventa, cuando el cuerpo de ingenieros del ejército decidió proyectar unas obras para la elevación de los diques de Nueva Orleáns, varios grupos ecologistas se opusieron con desgraciado éxito.

Por otro lado, el omnipresente Estado no sólo gestionó de forma catastrófica la ayuda, secuestró a miles de habitantes y logró, como suele ser habitual en estas grandes organizaciones estatales, que la malversación de fondos obtuviera mayores titulares que las tareas de ayuda y reconstrucción. Además, se olvidan de que el Estado ayudó de manera decisiva a la catástrofe con su continuado intervencionismo en materia de seguros. Durante décadas, los esfuerzos de las aseguradoras privadas por exigir niveles de protección más elevados a los clientes que vivían en áreas con alto riesgo de huracanes chocaron frontalmente con los políticos de alta sensibilidad social. Los precios de las aseguradoras fueron regulados al tiempo que el estado concedía en cada nuevo huracán fondos públicos para las familias afectadas, reduciendo así el incentivo de los potenciales clientes para asegurarse frente al próximo huracán. Estas regulaciones fueron expulsando a las aseguradoras privadas, hecho que usó el Estado federal para crear seguros públicos como el Seguro Nacional contra las Inundaciones. Estos inventos propios de Estados del Malestar hicieron que los principios políticos sustituyeran a los actuariales extinguiéndose la relación contractual que ha probado ser la forma de prevención más eficaz contra los efectos en el ser humano de las catástrofes naturales y la manera más efectiva de restituir a los damnificados así como de restaurar las ciudades y su actividad.

Quienes vociferaban que el problema del desastre consistía en el reducido tamaño del aparato estatal norteamericano encontraron en medio del lodo que dejó el Katrina un gran altavoz personificado en el ministro Alonso. En efecto, apenas unos meses antes de que una pasajera tormenta tropical causara un prolongado caos en Canarias, Alonso nos obsequió con aquella afirmación antológica según la cual “España está mejor preparada que EE.UU. para hacer frente a una catástrofe como la del Katrina” porque tiene un poder público más desarrollado. Sin embargo, los datos no mienten. EEUU tenía presupuestada una cantidad per cápita 46 veces superior a la española para afrontar este tipo de desastres y contaba con muchas más instituciones públicas dedicadas a esta labor. El gran desarrollo del estado norteamericano ha sido el problema y no la solución.

Un año después de que el ser humano convirtiera el paso de un huracán en una de las mayores catástrofes sufridas por el país más rico del mundo, la lección está escrita en letras mayúsculas: por un lado tenemos que permitir el desarrollo de la libre empresa en el sector de la prevención, ayuda, reconstrucción y seguros contra todo tipo de desastres, y por el otro debemos apartarnos del radicalismo ecologista y proteger el medio ambiente a través de los inmejorables incentivos que ofrece el respeto por la propiedad privada. Si no estamos dispuestos a aprender de los errores que se cometieron en Luisiana estaremos contribuyendo a la ocurrencia de futuras calamidades.

Yo, El Consenso

Parece poco creíble que una venerable institución científica arremeta contra la posibilidad misma de que se anime el debate en torno a, digamos, la teoría de las supercuerdas. Aunque Brian Green y otros hayan intentado ponerla a pie de calle, sigue resultando un misterio del que se desvelan pocas aplicaciones mundanas. Así que, al margen de un presupuesto abultado para que siga su curso en la academia, poco más. Sospecho que tal teoría (fascinante, densa y, dicen algunos, poco científica) no tiene un interés inmediato para nuestros políticos, así, al menos de momento, no necesita de un comisario que separe el grano de la verdad de la paja del engaño, ni en lo que concierne a su repercusión mediática ni, fundamentalmente, para preparar la divulgación y el contraste de hipótesis, mecanismo que hasta la llegada de El Consenso parecía uno de los principios básicos en el funcionamiento de la ciencia, de cualquier ciencia.

Ante la inminente publicación del Cuarto Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas inglesas), que se publicará en febrero del año próximo, hay señales inquietantes de que El Consenso viene arramblando con los escépticos para así acaparar codiciosamente la atención de los medios mayoritariamente afines e insistir en el Mensaje, a saber, que el homo sapiens es el principal responsable del cambio climático por su irresponsable abuso de los gases satánicos. Puntos suspensivos.

Ya en abril de 2005, la venerabilísima The Royal Society, a través de su vicepresidente, envió cartas a periodistas británicos en las que solicitaba a los destinatarios que estuvieran “vigilantes frente a los intentos [por parte de los escépticos] de distorsionar la evidencia científica sobre el cambio climático y su efecto potencial sobre la gente y el medio ambiente en el mundo.”.

A principios de septiembre de este año la misma institución, por boca de un destacado miembro de su staff, ha conminado a Nick Thomas, director de Esso UK (ExxonMobil), para que la sucursal del gigante americano deje de financiar a aquellas organizaciones o individuos que a juicio de la Royal “han estando desinformando al público sobre la ciencia del cambio climático”. Bob Ward, que así se llama el miembro de la Royal, advierte a Mr. Thomas de que ha realizado una revisión “ad hoc” de las páginas web de aquellas organizaciones que figuran en el en el 2005 Worldwide Giving Report de la empresa energética, encontrando que 25 de ellas “ofrecen visiones que son consistentes con la literatura científica” y que, sin embargo, 39 presentan “información que desfigura la ciencia del cambio climático, bien por flagrante negación de la evidencia de que los gases de efecto invernadero están provocando el cambio climático, bien por sobreestimar la cantidad y el significado de la incertidumbre en el conocimiento […] del impacto potencial [del hombre en dicho cambio]”. Más aún, dado que el citado documento sólo figuran organizaciones estadounidenses Mr. Ward solicita la relación completa de los grupos a los que ExxonMobil ha estado dando soporte en Europa, para poder seguir repartiendo credenciales de honorabilidad, ahora en el anquilosado continente. Acabáramos.

Naturalmente en la carta de marras no hay ni una palabra de autocrítica ni una mención a las millonarias donaciones que reciben los grupos defensores de El Consenso, coartada científica indispensable para sacar adelante el protocolo de Kyoto. A decir verdad estos grupos reciben cantidades que convierten en calderilla los fondos que reciben las organizaciones señaladas por Mr. Ward.

Resulta descorazonador que la organización científica más antigua del mundo recomiende la censura para poner fin a un debate científico o que determine quienes puedes ser interlocutores en dicho debate. Hay que recordar que las polémicas suscitadas sobre los diversos aspectos que toca la ciencia del cambio climático (deshielo, huracanes, efectos sobre la biodiversidad, la acidificación de los océanos, etc) no se dan necesariamente sobre los datos aportados, hay vida más allá de la controvertida gráfica del “palo de hockey”. Es decir, el IPCC y los informes que le han seguido en estos cinco años, no sólo aportan datos sino también interpretaciones. Asumiendo la validez de los datos (véase el reciente ejemplo de la “convergencia” en la medida de las temperaturas de la superficie y las de la troposfera), son las interpretaciones de los mismos las que en no pocas ocasiones se ponen en evidencia. Porque, no hay que olvidar, pese a que Mr. Ward no lo menciona, que el IPCC también se compone de valoraciones cualitativas. El famoso “probable” que acompaña a no pocas conclusiones volcadas en los resúmenes ejecutivos de último informe del IPCC se traduce en que existe, por lo menos, un 33% de incertidumbre y por lo tanto de debate abierto a la interpretación cabal de los resultados.

En fin, la censura grosera que preconiza la Royal Society es lamentable, muy particularmente en un tema, el del alegado cambio climático, cuyas implicaciones económico-políticas podemos comenzar a pagar todos muy pronto.

Por terminar, y a modo de ejemplo “seminal”, recordemos el tristísimo caso de Bjon Lomborg, que al menos sirvió para que su libro, “El ecologista escéptico” recibiera la atención que merecía, polémica aparte.