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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El problema del campo no es la regulación, es la política

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

En España aún quedan algunos empresarios dignos de ese nombre. Amancio Ortega y Juan Roig son los más conocidos por la opinión pública, pero a mí me gusta resaltar a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, por el sacrificio que asume cada vez que concede largas entrevistas donde baja al barro del debate social, cuando lo cómodo sería imitar al resto de sus homólogos del IBEX.

Entre toda la sabiduría que transmite Clemente, siempre me he quedado con su decisión de evitar el mercado de viviendas para alejarse del brazo demagogo del regulador. En oficinas, logística y centros comerciales hay que cumplir con muchas leyes y reglamentos, pero al menos sabes que no te van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, y que, si tu contraparte tiene un CIF, en vez de un DNI, el campo de juego está equilibrado.

Y es que en España cuando se habla de nuestro exceso de regulación no se consigue transmitir la verdadera entidad del problema. No es que haya muchas leyes, que las hay, es que en muchos ámbitos mutan a voluntad de la política. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor directamente la ley es la voluntad del político.

El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid

Seguramente la mejor forma de explicarlo es por medio de un ejemplo: hace pocos días el pleno del ayuntamiento de Madrid aprobó que, en un edificio privado, una parte del mismo cambiara su uso de terciario a residencial. La historia la explicó muy bien un concejal del PSOE en su cuenta de X. Para resumirlo, un edificio singular de la capital fue dotado, por esas ocurrencias de los arquitectos de prestigio, de un espacio comunal en la última planta. Como esas ideas nunca funcionan, el espacio fue aprovechado para montar un restaurante y, una vez que este dejó de ser viable, no ha tenido uso durante años.

Lo lógico en cualquier país donde los ciudadanos sean dueños de su propiedad, es que una vez constatado que los usos comercial y comunal no eran viables, se hubiera reconvertido esos metros cuadrados en viviendas. El edificio está en una buena zona y sus viviendas son muy cotizadas, así que no existe problema económico a la realización de esta idea. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?

Cambiar el uso de un inmueble es algo costoso a nivel regulatorio. Pese al problema de acceso a la vivienda que existe en las grandes ciudades, los ayuntamientos tienden a no facilitar la gestión, más bien a entorpecer. Pero es que en este caso cumplir con la regulación no era suficiente. Al ser un edificio singular, cualquier cambio tiene que pasar por un pleno del ayuntamiento que dé su visto bueno. O, dicho de otra forma, necesitan del visto bueno de la política, no de la ley.

Lobbies y regulación

Los propietarios han tenido suerte, o contactos, y el cambio ha salido adelante. Pero, como se constata por el hilo del concejal socialista, la cosa podría haber sido distinta. Con el cambio, la propiedad gana, la comunidad de vecinos gana y el ayuntamiento gana, pero para el PSOE tocar el patrimonio de todos no era aceptable ni reconociendo que el proyecto era bueno para todos. Admitiendo así que la política tiene sus propios intereses, que no son los de todos.

Y este es el problema que está sacudiendo al sector primario español. La regulación es un impedimento para todos los sectores productivos. Pero el primario tiene la desgracia de ser un foco de la política. Especialmente de aquella que más alejada está de incentivos sanos: la política que se cuece en Bruselas. Nuestro campo es como un edificio singular. Formalmente, es propiedad privada. Pero en realidad la política es la que decide sobre su explotación.

Juan Ramón Rallo hizo tres vídeos donde se analiza el problema de nuestro sector primario. En ellos se dan las claves de la situación que ha llevado a las movilizaciones del sector el pasado mes, pero muchas personas del sector no lo entendieron así. En mi opinión, el principal punto de fricción es entender que cuando Rallo habla de problemas de mercado o externalidades negativas, no se está trasmitiendo que no es algo que a 2024 esté tasado y los profesionales del sector puedan incorporar al cálculo económico de su actividad. Al contrario, va mutando según la voluntad política y la acción de lobbies en Bruselas.

El caso de Pencho

Vamos a verlo con otro ejemplo. En el mundo real, los cultivos sufren un problema de daños por la acción de la fauna silvestre. Los animales que no nos comemos compiten con nosotros por los recursos agrícolas. Para evitar estos daños, los agricultores pueden recurrir a empresas cinegéticas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la consejería de medio ambiente determine. Estas empresas colocan trampas y capturan a los animales, bien para su sacrificio o bien para su reubicación en zonas forestales que precisen de repoblación.

La manipulación de animales silvestres vivos y su traslado es algo que se ha regulado de forma muy severa en las últimas décadas. El trabajo del trampero, que siempre ha sido artesanal, ahora requiere de permisos, licencias, instalaciones y veterinarios. Muchas personas han hecho un esfuerzo bastante importante para adaptarse a esto. Una de estas personas es un youtuber murciano conocido como Pencho. En sus vídeos muestra su día a día poniendo jaulas para capturar conejos y jabalíes en el campo murciano.

El negocio de Pencho es simple, cobra a los agricultores por capturar la fauna que les produce daños, y revende a los animales a cotos de caza u otras parcelas interesadas en repoblar. Por lo que muestra, es un trabajo duro, y él lo encara con un ánimo digno de admiración.

Pero un día Pencho recibió una notificación de la consejería. A los jabalíes capturados ya no los iba a poder trasladar. Le ordenaban sacrificarlos en la misma jaula donde los capturará. ¿Explicación? Órdenes de Bruselas sobre la peste porcina.

Regulación de Bruselas

En España no se ha detectado ningún caso de peste porcina. Y, de hecho, la única forma de detectarlo en fauna silvestre sería analizar a tantos animales como fuera posible, tarea que estas empresas podrían realizar al estar obligadas a analizar a los animales capturados antes de reubicarlos. Por tanto, estamos ante una orden política sin más base que la comodidad de seguir los dictados de Bruselas o, lo que sería peor, un intento de la administración española por evitar que se detecte ningún caso de esta enfermedad en España.

Sea como fuere, el hecho es que un negocio viable recién regulado pasa a estar seriamente dañado por una orden política. Y eso es el pan de todos los días para el sector primario.

La demagogia como guía

A veces son órdenes locales y otras, como la semana pasada, legislaciones enormes como la ley de Restauración de la Naturaleza. Un nombre muy bonito que no sabemos muy bien qué va a suponer en realidad, pero que todo el sector primario asume que va a recaer en sus espaldas. Y ese es el problema. La regulación actual es mala. Pero el daño lo produce la certeza de que esa regulación se substituirá en poco tiempo por otra peor.

Al final, los incentivos para salir de un sector que está sometido a la demagogia política son enormes. Nadie quiere invertir tiempo y dinero en un negocio que mañana puede dejar de ser viable por una de los miles de razones que los políticos tienen para intervenir en el medio ambiente y la alimentación.

Como dice Clemente, lo racional es evitar los sectores donde se mueve la política. Las consecuencias de que los mejores empresarios no hayan querido invertir en viviendas desde 2010 las tenemos delante todos. Ahora toca descubrir qué va a pasar con un sector primario que se abandona en masa por aquellos que saben explotarlo.

Ver también

Agricultura y política. (Francisco Capella).

El drama de la agricultura española. (Domingo Soriano).

El trabajador medio ha perdido 615 euros de poder adquisitivo por la inflación

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Archivo de publicaciones, Notas de prensa.

El IJM publica un informe sobre el impacto de la subida generalizada de los precios, que acumulan un aumento del 17% bajo mandato de Pedro Sánchez.

La pérdida de poder adquisitivo derivada de la crisis de la inflación que viene sufriendo España desde 2021 ha hecho que el salario medio pierda 615 euros de poder de compra. Un hogar en el que dos personas perciben el salario medio habría visto reducidos sus ingresos reales en 1.230 euros.


Así se desprende de un estudio elaborado por el Instituto Juan de Mariana en el que se concluye que la subida anual del IPC ha sido casi tres veces más intensa bajo gobierno de Pedro Sánchez (2,8%) que en los años de mandato de Mariano Rajoy (1%). De igual modo, el IPC acumulado llega al 17,3% en el periodo de gestión del PSOE, frente al 7,2% de los años del PP.


El estudio del IJM encuentra que la caída de los salarios de los españoles ha sido dos veces más intensa en España (-3,6%) que en la OCDE (-1,9%). Esta circunstancia ha hecho que la brecha de renta que nos separa de Europa vaya a más, hasta el punto de que el diferencial observado al comparar el PIB per cápita de España con el de la UE-27 haya subido del 8,7% al 14,4% bajo mandato de Sánchez.


El español medio gastó 1.696 euros más en 2023 que en 2018 por la subida de los precios, pero los bienes y servicios que adquirió con dicho desembolso habrían tenido un coste 579 euros menor de haber sido comprados en 2018. Esto significa que, en la práctica, igualar el consumo de 2018 en 2023 requiere gastar 2.275 euros más.


En campos como la alimentación, el 93% del incremento de los dispendios familiares se explica por la subida de precios y no por la compra de más productos. De hecho, si en 2023 queremos comprar en el supermercado lo mismo que en 2018 nos suponía 100 euros de gasto, deberemos asumir un desembolso de 135 euros, a raíz de la inflación que afecta especialmente a este tipo de consumos.

El IJM advierte que, si nuestro país hubiese mantenido el ritmo de convergencia con Europa apreciado hasta 2018 y no hubiese sufrido el retroceso de los últimos años, la renta media sería hoy 3.441 euros mayor de lo que es ahora. He ahí el coste de oportunidad derivado del decepcionante rumbo que sigue la política económica de nuestro país.


Además del impacto directo sobre la renta de las familias, la inflación también erosiona la riqueza de los hogares españoles. El trabajo del IJM encuentra que el volumen de depósitos se ha reducido en 28.500 millones, en gran medida por la necesidad de echar mano a los ahorros para sufragar unos costes cada vez más altos. Además, el valor real del dinero que sigue acumulado en depósitos bancarios se ha erosionado por un monto equivalente a 32.000 millones.


Por otro lado, la decisión del gobierno de no deflactar los impuestos para descontar el efecto de la inflación está golpeando duramente a los contribuyentes, cuyo sobreesfuerzo fiscal en 2022 y 2023 ronda los 25.000 millones, es decir, 1.315 euros más por hogar.


La política fiscal y monetaria de los años de Sánchez ha sido opuesta a la del tiempo de Rajoy. Mientras que el gobierno del PP aprobó una Ley de Desindexación, desligó las pensiones del IPC y redujo el déficit y el gasto público, el PSOE ha vuelto a anclar los precios y las prestaciones de la Seguridad Social a la inflación, al tiempo que ha elevado el déficit y el gasto de las Administraciones. En cuanto al Banco Central Europeo, su estrategia ha sido más expansiva bajo mandato de Christine Lagarde que durante la gestión de Mario Draghi. La confluencia de estos diferenciales de política fiscal y monetaria tiene mucho que ver con el contraste tan acusado que arroja el desempeño del IPC bajo los últimos gobiernos de PP y PSOE.

Descargar el informe.

Entrevista a David D. Friedman

Escrito por Pablo A. Gianella en . Publicado en Análisis diario.

El presente de Europa y los Estados Unidos, el fenómeno Trump, el “wokismo”, el problema de China y los riesgos de las Inteligencias Artificiales (IAs)

Transcripción de la entrevista realizada a David D. Friedman, originalmente en inglés, por nuestro subdirector, Pablo Gianella, en Lisboa, el 23 de abril de 2023. 

PREGUNTA – Cada vez que vuelve a Europa, ¿qué siente por el continente? ¿percibe cambios a mejor o cierto declive?

RESPUESTA – No conozco lo suficiente el caso europeo para responder a esa pregunta. Usted vive aquí y está en mejores condiciones que yo para responder. He pasado aquí dos semanas recorriendo algunos lugares de Europa pero eso no me da una idea clara sobre si está mejorando o empeorando.

P.- En la misma línea ¿Qué me puede decir de los Estados Unidos, su país?

R:- Estados Unidos está mejorando y empeorando. Está empeorando en el hecho de que… bueno, en un par de sentidos; por un lado está empeorando en cuanto a que la gente está más claramente dividida en líneas ideológicas. Los dos lados del espectro político no confían el uno en el otro y no pueden llegar a grandes acuerdos.

David D. Friedman

P.- ¿Quizás a causa de la famosa “polarización” en el ámbito cultural?

R:- Ese es el verdadero problema. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos una nueva religión llamada “wokismo” o nuevo “progresismo”, algo por el estilo, a la que no le preocupan los hechos, sino los sentimientos. Además percibo el regreso de los reaccionarios religiosos… La gente cree en todo esto muy firmemente, pero con razones muy débiles. Cualquiera que niegue los dogmas de estas nuevas religiones es señalado como un hereje malvado y así sucesivamente. Es interesante para mí porque nunca viví en un país que tuviera una religión realmente ortodoxa en ese sentido, por lo que ahora puedo identificarme más claramente con los que me precedieron al enfrentar este problema, aunque no es una situación atractiva.

El Partido Libertario llevaba años tratando de suavizar todos aquellos puntos de vista que pudieran ofender al Centro y a la Izquierda. Pero ahora, ¡han pasado a suavizar los puntos de vista que puedan ofender a la gente de la Derecha! También es un error.

P.- Por otro lado, ¿cómo vive un libertario estadounidense en un contexto de auge de todo lo que representa la “nueva derecha” de Trump y compañía?

R:- Trump no es libertario.

P.- No lo es, en efecto, pero ha dividido a muchos libertarios.

R:- Lo que es relevante para el libertarismo en los EE.UU. es la gente que se hizo cargo del Partido Libertario, que son sin duda más simpatizantes de Trump que yo, sin que probablemente signifique que sean en su mayoría partidarios de Trump; y que, básicamente, identificaron, acertadamente, que el Partido Libertario llevaba años tratando de suavizar todos aquellos puntos de vista que pudieran ofender al Centro y a la Izquierda. Es un análisis correcto. Pero al tomar las riendas del PL, ¡han pasado a suavizar los puntos de vista que pudieran ofender a la gente de la Derecha! Creo que es lo que están haciendo en la actualidad y también es un error. He intentado discutir con algunas de esas personas y no sé hasta qué punto he tenido o tendré éxito.

P.- ¿Le asusta, hasta cierto punto, el auge del nacionalismo en Estados Unidos y en otros países? Por ejemplo: la Nueva Derecha en Estados Unidos, el America First, lo que sucede en Italia, Hungría y Polonia, el regreso del concepto “soberanía” como elemento clave en el análisis de la esfera pública y política, el retorno de la defensa de los estados-nación frente a las instituciones supranacionales, la crítica al globalismo, etc.?

R:- No conozco muy bien lo que sucede en otros países. Y tampoco estoy seguro de que los Estados Unidos se estén volviendo más nacionalistas de lo que eran en el pasado. Supongo que se ha convertido en una cuestión más política que en el pasado. Sobre lo que ocurre en esos otros países, de nuevo, no los conozco lo suficiente. Hay artículos que sugieren que Hungría se ha vuelto nacionalista y que es demasiado amiga de Putin.

P.- De hecho, al hacer la pregunta estaba pensando también en la Rusia de Vladimir Putin.

R:- Rusia ha sido nacionalista durante bastante tiempo y siempre ha tenido inclinaciones históricas a ello, por lo que no es nada nuevo en su caso. Puede que sí, puede que las cosas estén empeorando en ese sentido, pero no es un campo en el que tenga conocimientos que me permitan hacer afirmaciones precisas.

“El sistema menos atractivo es ese en el que dependes de que el dictador que tienes sea benevolente, y Xi parece no ser ese tipo de dictador”

P.- Pasemos a China, al “problema chino” ¿lo ve realmente como una amenaza o como una oportunidad?

R:- Ambas cosas. Por supuesto. Por un lado, que China abandonara la economía marxista es lo más significativo que le ha ocurrido al mundo en los últimos 50 años. El resultado es que una enorme cantidad de ciudadanos chinos están ahora mucho mejor de lo que estaban al principio del proceso. Al mismo tiempo, han mantenido un sistema no democrático que parece haber caído en un… no… bueno… bajo Mao, China era un sistema no democrático con un dictador. Después de Mao fue más bien un sistema no democrático con una élite dirigente con todas las intenciones benévolas para el país, algo así como tener partidos políticos dentro de la propia élite dirigente. Ahora parece que están volviendo al punto de partida. El sistema menos atractivo es ese en el que dependes de que el dictador que tienes sea benevolente, y Xi parece no ser ese tipo de dictador. Al mismo tiempo, el hecho de que la gente sea ahora más libre que bajo Mao parece una mejora.

P.- Es un análisis preciso en cuanto al bienestar de los ciudadanos chinos, aunque mi pregunta se centraba más en lo que significa el ascenso de esta nueva China para el resto del mundo. A veces oímos a Xi Jinping abogar por el libre comercio global, más capitalismo e innovación, etc… que son mensajes que los liberales clásicos y libertarios también compartimos. Pero todo esto sucedió a la vez que muchos libertarios se escandalizaron con los movimientos de Donald Trump en el ámbito del comercio internacional, regresando de alguna forma al proteccionismo.

R:- Pero es que, como dije, Trump no es un libertario, ¡ni siquiera es un conservador!

Trump es un político hábil. Un demagogo competente.

P.- ¿Qué es Trump entonces? Su respuesta empuja a hacer esta pregunta.

R:- Es un hombre inteligente que se dio cuenta de que una parte considerable de la población se sentía excluida del mundo político. El término que me parece más útil para describir a esta población es “Flyover country“. Se trata de un término para describir todo lo que hay entre Nueva York y San Francisco, desde el punto de vista de la gente que dice: “Las élites costeras piensan que somos ignorantes, idiotas y probablemente también racistas y no nos prestan atención”. Y tienen razón. Es una exageración de un patrón real y Trump, creo, reconoció ese patrón, vio que hay una gran cantidad de votos allí y que si usted logra antagonizar al The New York Times y similares, podría obtener una respuesta positiva de muchas de estas personas en forma de apoyo electoral.. Por lo tanto, lo definiría como un demagogo bastante hábil, por desgracia. No creo que tenga una política propia. A veces ha simpatizado con ideas demócratas, a veces con ideas republicanas… Básicamente lo que quiere es poder y atención. E hizo un trabajo bastante eficaz para conseguirlo.

P.- ¿Sugiere entonces que, de alguna manera, es un “attention seeker”? (risas por ambas partes).

R:- Sí, es un “attention seeker”, pero también es un político hábil. Un demagogo competente.

P.- Las dos últimas preguntas: Usted escribió un libro bastante exitoso sobre tecnología, llamado Future Imperfect. Con los últimos avances en la tecnología de la IA, ¿cree que ésta será positiva para la humanidad, trayendo más prosperidad o la ve como una amenaza? Los libertarios suelen ver con buenos ojos los avances tecnológicos, pero los últimos acontecimientos les han dividido en cuanto a las respuestas a los peligros de que una IA general tome el control, sea capaz de influir en la esfera de opinión de forma autónoma, o incluso la posibilidad de que sea una herramienta para los rogue states (estados canalla), delincuentes y terroristas. Qué opina de todo esto, ¿dónde se sitúa David Friedman?

David D. Friedman

R:- Sin duda, la IA producirá beneficios y podría producir graves costes. En particular, existe la posibilidad de desarrollar programas informáticos con IA a nivel humano. Si siguen haciéndose más inteligentes y nosotros no, al cabo de un tiempo serán IAs de nivel sobrehumano y más nos vale que les caigamos bien. Ese es uno de los posibles riesgos. Hablé de ello en mi libro, hace diez años.

P.- Pensemos en los motores de ajedrez. Hoy en día hay algunos que son mucho mejores que los humanos…

R:- No creo que sean mucho mejores. Creo que son un poco mejores.

P.- Bueno, incluso la versión simple que tengo en mi teléfono podría derrotar a Magnus Carlsen 99 de cada 100 veces. Lo que quiero decir es que, aunque estos motores han superado con creces a los humanos, estamos viendo cómo los jugadores profesionales también están mejorando, tras estudiar las jugadas de los motores que parecen no humanas, contraintuitivas, y a partir de ahí desarrollando nuevas ideas o conceptos para utilizarlos en sus partidas entre humanos.

R:- Pero aún así, no es una persona con sus propios propósitos. Una IA avanzada podría ser una persona con sus propios propósitos y éstos podrían no estar alineados con los nuestros.

El problema es que este tren no tiene frenos. Dado que el desarrollo tecnológico puede llevarse a cabo en cualquier país, por cualquier persona o por muchas personas diferentes, es muy difícil bloquearlo, por lo que creo que es poco probable que se logre regular globalmente

P.- Desde su punto de vista, ¿cree que habrá que establecer alguna regulación para evitar estas situaciones? Ya sabe que cuando un libertario oye la palabra “regulaciones” se activan todas sus alarmas.

R:- El comentario que hice sobre ese tema, en mi libro, es que un montón de tecnologías probablemente podrían desarrollarse, todas o la mayoría, de maneras que causen muy malos resultados. Leer sobre estos potenciales resultados podría hacernos querer parar el tren y bajarnos. El problema es que este tren no tiene frenos. Dado que el desarrollo tecnológico puede llevarse a cabo en cualquier país, por cualquier persona o por muchas personas diferentes, es muy difícil bloquearlo, por lo que creo que es poco probable que se logre regular globalmente.

P.- Entonces, mejor que nos preparemos para…

R:- ¡Mejor que os preparéis para el peor escenario posible! Lo que tal vez quieras hacer es desarrollar una IA a la que le gusten los humanos, y tal vez averigües cómo ajustar los propósitos de las otras IAs de forma que se alineen con los nuestros. Pero de todos modos, no sabemos lo que va a pasar. Ésta es sólo una de las posibilidades. La gente confía demasiado en saber lo que va a suceder en el futuro.

P.- Fascinante, de verdad. Terminaremos aquí con la última pregunta: ¿Qué le diría a cualquier liberal clásico o libertario, jóvenes, pero no sólo, que ha perdido la esperanza y está preocupado al no percibir mejoras evidentes en su entorno respecto a la victoria de las ideas de la libertad sobre los colectivismos, etc.?.

R:- Le contaría una historia: después de que los revolucionarios norteamericanos ganaran una batalla clave en la Guerra de la Revolución Americana, la noticia llegó a Escocia. Uno de los estudiantes de Adam Smith le dijo: ¡Sr. Smith, esto será la ruina de Inglaterra! A lo que Smith respondió: ¡Joven! ¡Hay mucha ruina en una nación! (se repiten las risas por los dos lados)

P.- Muchas gracias, señor, es un placer hablar con usted.

R:- El placer es mío

Private roads: Response to Zhang and Levinson

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Archivo de publicaciones.

“Paper” original escrito por: Walter Block.

Archivo pdf original aquí.

Abstract:

Zhang and Levinson (2009) have joined the ranks of those who seriously contemplate a private road and highway industry. But their support for privatization is a limited one. The present paper is an attempt to obviate their support for restricting the economic freedom of private street and road owners.
Purpose of this paper: to promote road privatization
Design/methodology/approach: criticize Zhang and Levinson
Findings: Zhang and Levinson are fair weather friends of privatized highways
What is original/value of paper: road privatization will save thousands of lives.

Key words:

Traffic fatalities; congested highways; privatization; deregulation

JEL category:

R00

Private roads: Response to Zhang and Levinson

I wish to welcome Zhang and Levinson (2009) to the ranks of scholars who at least seriously consider the case for free enterprise roads, highways, streets, etc.

Why is it so important that these ranks be swelled? There are two reasons, one crucially imperative, the other of no little importance. The first is the fact that some 40,000 people in the U.S. perish annually from highway fatalities, and this is the fault of public ownership. Privatization is the last best hope for radically reducing this horrid statistic. The second, a minor reason compared to that one, but very important in its own right, is traffic congestion. This costs the American economy millions of dollars per year, and even fits into the first consideration in a minor way: road rage is enhanced by traffic congestion, and this in and of itself leads to road deaths.

The usual explanation given for traffic fatalities is speed, driver inattention, drunkenness and drugged driving, bad weather conditions, etc. But this is totally fallacious. Rather, the massive killings are due to the failure of government road managers to deal with these challenges. If there were private profit and loss making entrepreneurs in charge, the death rate would be radically reduced due to competition. Similarly, under private enterprise it is more than likely that peak load pricing would be introduced, and traffic congestion would be a phenomenon of the past.

So I once again repeat my congratulations to Zhang and Levinson (2009) for joining the ranks of scholars who seriously contemplate, and often even advocate, privatization of this industry. Unfortunately, this welcome must come accompanied by an asterisk. For, instead of favoring a fully free enterprise private enterprise road industry, they invite in, only, one that is greatly constrained and hemmed in by a welter of restrictions and regulations.

What is their reasoning on this matter? What are their reservations about full laissez faire in this sector of the economy? They are not fully weaned away from road socialism on these; following grounds:

“… private roads possess spatial monopoly power and will likely charge higher-than-optimal tolls on their users, leading to welfare losses. In addition, market entry barriers due to high construction cost and demand uncertainty imply that the private road economy is not a perfect market.”

This is highly problematic. Every geographical business has “spatial monopoly power.” This applies not only to “long, thin things” such as pipelines, railroads, water and sewer lines, telephone lines, etc. It also pertains to each and every commercial enterprise that takes up space, which means each and every one of them without exception. For example, bakeries, shoe stores, groceries, pharmacies, hotels, etc. How can we prove any such claim? It is simple: two things cannot occupy the same relevant space at the same time. If the jewelry store occupies 123 Elm Street in Nowhere, USA, then the filling station cannot also have this as its address.

Then, consider the claim that private roads will “charge higher-than-optimal tolls.” There are difficulties here. For one thing, this is predicated upon an outdated, mischievous understanding of monopoly versus perfect competition. Among the other fallacies of this perspective are that it involves invalid interpersonal comparisons of utility. How does the state know what the optimal price for road usage would be? To think that it does is to ignore the contributions of many economists to the debate over socialist calculation. If we have learned anything from this debate, it is that central planners, in the absence of market prices, cannot rationally plan. Yet, it is the very market prices that would emanate under road privatization that Zhang and Levinson are advocating be undermined.

For another, this relies upon the institution, the government, which is responsible for the massive traffic deaths in the first place. These authors in effect are relying on one branch of the government, the anti-trust regulators, to overcome the flaws in the polices of another branch, those in charge of roads, streets and highways. Suppose one division of a supermarket created problems, let us suppose the meat and butcher section. Would we choose to ameliorate this another branch, for example that which deals with fruit and vegetables? They would hardly be our first choice, since we would look to the root of the initial difficulty and see that entire institution as problematical.

Zhang and Levinson continue their rejection of a fully free market for highways:

“Therefore, comparing a centralized public ownership with an unregulated private ownership is not fair because in theory, proper regulations on private roads can improve welfare…. Limited by the length of the paper, we will only consider the price ceiling regulation in which a global maximum toll level (e.g., $3 per km) is set for all private roads.”

Very much to the contrary, it is exceedingly fair to
compare a centralized public ownership with an unregulated private ownership. The present situation, it bears repeated, creates some 40,000 needless deaths per year. The best estimate for the number of needless fatalities in the latter case is around 10,000. Thus, 30,000 people could be saved on an annual basis. It is not only “fair” it is imperative to compare these two very different systems of road management. Many innocent lives are at stake.

If economics 101 teaches us anything, it is that a price ceiling at any level brings about a shortage. We all can picture the supply and demand drawing with an illustrated maximum price placed below equilibrium. What ensues? Well, demand exceeds supply and we have a shortage. Even on the basis of interventionist neo-classical economics, it simply makes no sense to impose a “$3 per km” on every roadway. Surely, the supply and demand conditions would not be homogeneous all throughout the entire country. And also if we want to have a full employment enactment for economists, we should spend vast amounts of treasure on us dismal scientists so that we can figure out which price ceilings should be placed upon which streets and avenues?

The next arrow in the quiver of is this:

“For any regulatory policy, there is also the issue of optimal regulation. In the case of price ceiling, the optimal ceiling price that maximizes social welfare needs to be determined so that the full potential of the regulation can be appreciated.”

Here, these authors are entirely correct. It is indeed important to determine “the optimal ceiling price.” But, from reading in between the lines, one gets the impression that in their view it would be impossible for the optimal ceiling price to be none at all. Rather, what they appear to have in mind is some price, perhaps not the exact same for all roads that lies below equilibrium. But why will the “full potential” be realized when shortages are created? Who benefits from when demand exceeds supply? It is difficult to see that anyone would, except for the bureaucrats charged with rationing a limited supply amongst numerous customers. However, we already have just that situation: traffic congestion. And, we already have a maximum price set below equilibrium, at present. It is a zero price.

Last but not least, Zhang and Levinson deviate from the free enterprise position as follows:

“When the ceiling price is too high, its influence on private roads’ pricing and investment decisions is marginal. When it is too low, private roads may not be willing to expand an under-built network to the optimal capacity level. We identify the optimal ceiling price by simulating a large number of alternative ceiling prices (i.e., from $0 to $10 per km in $0.1 increments) and evaluating the corresponding welfare measures. Although a global ceiling price for all links is assumed herein for simplicity, the optimal ceiling price in theory could vary on a link-by-link basis.”
Happily, our authors make the best of a bad business by allowing that regulated prices cannot be of a one size fits all variety. Their comment about high ceilings being marginal is also in the right direction. If they are high enough, they will have no effect whatsoever. For example, if the maximum price allowed is $1 million per inch travelled, it would not “bite” at all. But then comes the full employment for economists consideration: doing empirical research on this matter.

I, along with all other dismal scientists approve of this as a matter of instinct. But not when so many innocent lives are at stake. Let us have instead full free enterprise, unencumbered by price controls, and a radical reduction in traffic fatalities.

References:

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¿Es Kate Forbes víctima de un laicismo agresivo o simplemente una mala política?

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario, Uncategorized.

William Atkinson. Este artículo ha sido publicado originalmente por CapX.

Una semana en política no es nada de tiempo: la transformación de Kate Forbes de heredera aparente del SNP a aparente inútil ha sido lo suficientemente rápida como para dar un latigazo a una mosca. Desde que el lunes anunció su candidatura al liderazgo, la Secretaria de Finanzas ha visto cómo caía el apoyo de los diputados debido a su postura sin paliativos en una serie de cuestiones sociales. 

Forbes es uno de los cerca de 13.000 miembros de la Iglesia Libre de Escocia. Nunca ha ocultado su fe: en una ocasión declaró a la BBC que “cree en la persona de Jesucristo” con todo su “corazón, alma, mente y fuerza”. Lo que la ha metido en problemas no es que sea creyente, sino que su iglesia tiene puntos de vista sobre cuestiones como el matrimonio homosexual, el aborto y los hijos fuera del matrimonio que no encajan bien con el progresismo de un partido hoy en día tan interesado en posar con una bandera del Orgullo como con la Saltire.  

La sorpresa de que un cristiano declarado pueda tomarse la Biblia en serio recuerda la controversia causada por Jacob Rees-Mogg y Tim Farron en los últimos años cuando se les preguntó por su propia opinión sobre el pecado. Rees-Mogg disgustó a los presentadores de Good Morning Britain al revelar que, como católico, estaba de acuerdo con la doctrina papal sobre el aborto. Farron pasó las elecciones de 2017 acosado por sus opiniones sobre el sexo gay, a pesar de haber votado a favor del matrimonio homosexual. 

Todo esto plantea la pregunta: ¿puede un político cristiano sobrevivir en una era “agresivamente secular”? ¿Es Forbes víctima de la “intolerancia anticristiana”, como sugiere su Iglesia? No es la primera “wee Free” que aspira a liderar el SNP. Gordon Wilson dirigió el partido de 1979 a 1990 sin que su fe fuera un problema. Escocia no legalizó la homosexualidad hasta 1981, y el matrimonio gay hasta 2014. Decir que “no se pueden tener” los puntos de vista de Forbes y “liderar un partido moderno” -como hizo un periodista en Twitter- es algo muy nuevo. 

Sólo el 46% de los británicos se identificaron como cristianos en el último censo, frente al 72% de hace dos décadas. Sólo el 7% de los escoceses acude a la iglesia con regularidad. La mayoría de nosotros entiende cada vez menos de cristianismo. Para quienes toman sus opiniones políticas del último ataque de nervios al otro lado del Atlántico, es fácil caricaturizar a Forbes como Pat Buchanan con gaitas.  

Hay mucho en la tesis de Tom Holland de que el progresismo moderno es la corriente descendente de dos milenios de declarar que los últimos serán los primeros, y todo ese jazz. Aunque la mayoría de los de mi generación se declaran abiertamente laicos, son sinceramente tolerantes y se abstienen del sexo, las drogas y las borracheras por una piedad concienzuda que los cristianos conocen desde hace siglos. De ahí que los jóvenes católicos suelan organizar las mejores fiestas. 

Como ocurre con cualquier fe, hay quienes se toman sus credos más en serio que otros. Si la Iglesia Libre de Escocia se sitúa en un extremo del espectro, los entusiastas de la autoidentificación de género del SNP pueden considerarse en el otro. Pueden profesarse liberales, pero la tolerancia es un fenómeno reciente y poco frecuente. La mayoría de los credos a lo largo de la historia han buscado la victoria total sobre sus enemigos. Para los woke, Forbes debe ser condenado, y expulsado de la carrera por el liderazgo.

Sin duda leeremos versiones del argumento “Lector, es la izquierda woke la que es realmente intolerante” sobre Forbes. Aunque hay algo de cierto en ello -y no tengo nada que ver con los talibanes trans de tartán- no creo que explique del todo las dificultades de Forbes hasta ahora. Tiene algo de Rishi Sunak. No sólo porque nuestro Primer Ministro hindú es también profundamente religioso -tiene una estatua de Ganesh en su escritorio-, sino porque también es una ministra de Economía joven, con talento y que asciende rápidamente, con poca experiencia en la cima de la política. 

Cuando Sunak fue cuestionado el año pasado sobre las finanzas de su esposa, la pregunta obvia era por qué no se había dado cuenta de que su condición de no dominante podría ser un problema. Eso delataba una ingenuidad política fundamental. Del mismo modo, Forbes debe haberse dado cuenta de que su fe provocaría esta línea de preguntas de los periodistas, especialmente después de la reciente controversia de su partido sobre los límites del liberalismo social y la experiencia de Farron. 

Forbes podría haberlo manejado mejor. Eso no significa tener un Alastair Campbell que diga que ella “no hace a Dios”. Tampoco significa suprimir sus propias opiniones religiosas para seguir la línea del partido, como parece que hace su oponente Humza Yousaf, que es musulmán. No tiene que dar al SNP lo que es del SNP y a Dios lo que es de Dios. Pero debería haber tenido preparada una respuesta, y estar preparada para cambiar de tema lo antes posible. 

En defensa de Forbes, ha tenido poco tiempo para prepararse para esta contienda. La dimisión de Sturgeon fue totalmente inesperada, y Forbes ha estado de baja por maternidad durante meses. Y a pesar de los alocados vaivenes de las casas de apuestas, esta debacle no es necesariamente terminal para su candidatura. Según las encuestas, los miembros del SNP son los segundos más conservadores desde el punto de vista social de todos los principales partidos del Reino Unido. Puede que sus compañeros diputados se escandalicen, pero puede que los miembros del partido sean un poco más comprensivos. 

La única conclusión de esta debacle hasta ahora es que la vida es más fácil para un conservador social en un partido de derechas que en uno de izquierdas. Pero si algo positivo se puede sacar de todo este asunto, es que un poco más de cultura religiosa entre nuestra clase política no estaría nada mal. En lugar de imitar a la izquierda estadounidense, que trata cada caso de religión en política como una derivación del caso Roe contra Wade, deberían practicar un poco más la tolerancia que predican. 

Sería ridículo pensar que si un Farron, Rees-Mogg o Forbes llegaran al poder convertirían Gran Bretaña en una Arabia Saudí cristiana. Son los herederos de los paganos, y no van a producir un Juliano el Apóstata a corto plazo. Pero algunas voces religiosas más en la política no estarían mal, especialmente en un país que se precipita hacia los 300.000 abortos al año sin apenas discusión.

Sin duda leeremos versiones del argumento “Lector, es la izquierda woke la que es realmente intolerante” sobre Forbes.

Dejemos que mueran los zombies

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Artículo publicado originalmente por CapX.

Recarga de automóvil eléctrico en Londres

No llores por Britishvolt, porque ya está muerta. Aunque la start-up de baterías se ha asegurado un goteo de nueva financiación para las próximas cinco semanas de operaciones, no puede competir con las gigafábricas establecidas de rivales industriales muy adelantados en el desarrollo de esta industria global, sobre todo los rivales de China, que suministran baterías para la exportación de vehículos eléctricos (VE) más conocidos de Gran Bretaña, el Nissan Leaf japonés. La predicción de Boris Johnson este año de que Britishvolt estaría “a la cabeza de una revolución industrial verde mundial” no se cumplirá. Es el camino de los anteriores sueños de “crecimiento verde”, desde la energía solar hasta la captura y el almacenamiento de carbono, pasando por la energía mareomotriz y los biocombustibles.

El sector se quejará, como era de esperar, de que el Gobierno “no está haciendo lo suficiente” para asegurar su futuro, y se encontrarán con “soluciones” intervencionistas que implican la transferencia de grandes sumas de dinero de la economía real a estas fantasías zombis para que sigan dando tumbos antes de su previsible desaparición.

El problema no es la industria del automóvil. Los fabricantes británicos producen algo menos de 1 millón de los 60-70 millones de coches que se fabrican anualmente en todo el mundo, y 1,6 millones de motores convencionales, la mayoría de los cuales se exportan. Aportan unos 14.000 millones de libras de valor a la economía cada año, dan empleo a casi 180.000 personas y son responsables de alrededor del 10% de las exportaciones del Reino Unido. Cada año se invierten unos 3.000 millones de libras en I+D, y la transición de los combustibles fósiles a cadenas de suministro alternativas de menor impacto está muy avanzada.

El problema radica en los políticos, que creen que pueden ordenar a la industria que cambie más rápido, para alcanzar sus objetivos de un futuro Net Zero en la fecha arbitraria de 2050. Suponen que el éxito actual puede convertirse fácilmente en la industria del futuro. Para ello, la UE está multando a las empresas cuyas emisiones medias del parque automovilístico superan los 95 g de CO2/km. El Reino Unido prohíbe la venta de nuevos coches y furgonetas de gasolina y diésel a partir de 2030, y de híbridos a partir de 2035.

Estos “planes y prohibiciones” ceden poco ante la realidad del ritmo de los cambios tecnológicos o la demanda del mercado (aunque, con ecos del escándalo de las trampas de los diésel, la UE permite el doble cómputo de la contribución de los vehículos más eficientes de los fabricantes alemanes). Tampoco tienen en cuenta la complejidad de la adaptación de las cadenas de suministro ni los límites de capacidad de los componentes. Los precios del cobalto, por ejemplo, se han duplicado en la última década y son muy volátiles. El níquel y el litio se han triplicado con creces. La escasez mundial de semiconductores (componentes de los microchips) hizo que los precios de los coches de segunda mano se dispararan brevemente un 30%, dado que había pocos coches nuevos disponibles.

Por el lado de la demanda, el Reino Unido está desplazando las subvenciones de los propios vehículos eléctricos a la red de recarga, cuyo despliegue va por detrás de las ventas de nuevos vehículos. Esto no ayudará a la industria nacional, porque los vehículos importados se benefician igualmente. Sólo subvenciona a los primeros usuarios de vehículos eléctricos, generalmente más acomodados, a expensas de todos los demás. El hombre de la furgoneta blanca de gasóleo está pagando a la familia metropolitana de vehículos eléctricos por llevar su Tesla de vuelta al aeropuerto después de unas bonitas vacaciones de esquí. Dos veces, una a través del impuesto sobre el combustible, y otra a través del gasto de ese impuesto en cargadores más convenientes, en lugar de mejorar la red de carreteras.

La alternativa del libre mercado es dejar que la oferta se adapte a la demanda al ritmo imprevisible de la innovación, en lugar de intentar forzar la demanda y la invención dirigiendo la oferta. Hay que dejar que la red de cargadores surja, pagada por los primeros en adoptarla y por las empresas que deseen atraer a los clientes de vehículos eléctricos. Tal y como está planteada, la prohibición en el Reino Unido probablemente provocará una escasez de vehículos nuevos asequibles en la fecha prevista y un exceso de vehículos más antiguos y contaminantes en la carretera durante más tiempo. Sin la prohibición, el rendimiento medioambiental de las tecnologías heredadas seguirá mejorando, lo que significa una transición más suave y menos impactante.

El otro daño es lo que no se ve, el desvío de capital de inversión de las industrias seleccionadas a jurisdicciones más amigables. Esta es la “paradoja del crecimiento verde”. Las normas diseñadas para fomentar la obtención de resultados medioambientales no proporcionan un liderazgo mundial en las industrias de exportación medioambiental, sino que crean mercados para las importaciones. Contribuyen a un entorno operativo más caro a través de precios del carbono más altos, explícitos o implícitos, mientras que no cambian nada sobre las desventajas comparativas para la fabricación en el Reino Unido, es decir, nuestros impuestos más altos, la tierra, la energía y los costes laborales. Todos los aspectos que el nuevo Gobierno parece dispuesto a empeorar en la Declaración de Otoño de esta semana.

No hay más que ver los primeros subsidios británicos y de la UE a la energía solar, que han sido una bendición para la industria china, pero han hecho poco por los rivales nacionales que simplemente no pueden competir. El refuerzo de la Gigafactoría no es más que una repetición del mismo error. Si el Reino Unido tiene un futuro de exportación en estas tecnologías, es probable que sea la financiación y los servicios, o la fabricación de nichos de alto valor de componentes para aplicaciones especializadas. Los empresarios que buscan rentas se quejarán de que sus rivales se benefician de las ayudas estatales. Eso es duro, pero no es razón para hacer lo mismo. Si el gobierno chino desea subvencionar la transición de los vehículos eléctricos en Gran Bretaña, eso es una ventaja para nosotros y una desventaja para el desarrollo chino en general. Tales ventajas no pueden mantenerse, y la industria china ya se enfrenta a la competencia de otras partes de Asia y África.

En resumen, el Reino Unido debería dejar morir a los zombis, dejar de obsesionarse con “liderar el mundo” en industrias en las que no tiene ninguna esperanza de establecer una ventaja comparativa, y dejar que la industria se pruebe a sí misma. Deberíamos celebrar las pruebas genuinas del éxito de las exportaciones, como en el caso de nuestro pasado con el motor de combustión interna, en lugar de las fantasías futuras más arraigadas en la urgencia ideológica que en la realidad industrial.

Andy Mayer, @mayerandrew

No es solo Putin: las tres decisiones de Sánchez que han disparado el precio de la energía.

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Impagos al sector renovable, apuntalamiento de la moratoria nuclear, rechazo frontal al petróleo y al fracking…

El coste energético se ha disparado y se prevé un duro invierno en hogares y en el sector productivo.

Con los precios de la energía por las nubes, la estrategia del gobierno de España ha quedado en evidencia. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido centrarse en el efecto que está teniendo la invasión rusa de Ucrania. El problema es que, ligando todo el debate al conflicto desatado por Vladimir Putin, el debate público se empobrece notablemente y se ignoran los factores de fondo que explican lo que está pasando.

No en vano, por mucho que el “chantaje” energético de Putin esté haciendo mucho daño, es evidente que el encarecimiento de la energía no es cosa reciente, sino una tendencia que viene desarrollándose desde hace muchos años y que está golpeando de forma directa a la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias.

Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido al menos tres ‘pecados capitales’ en materia energética. Son los siguientes.

1. Incertidumbre regulatoria en las energías renovables

A priori, la única apuesta firme del gobierno de Pedro Sánchez en lo tocante a la energía es la referida a las energías renovables. Sin embargo, aunque PSOE y Podemos insisten en presentarse como defensores de una “agenda verde” que potencia estas formas de producción más sostenibles, lo cierto es que el clima regulatorio en el que opera este subsector está marcado por una incertidumbre muy preocupante.

De sobra es sabido que, antes de la Gran Recesión, el gobierno español ofreció un generoso sistema de incentivos a quienes invirtiesen en estas tecnologías. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, nuestro país retiró las primas de forma retroactiva, desatando una oleada de denuncias que han derivado en decenas de arbitrajes internacionales que se han resuelto a favor de los inversores denunciantes y en contra de los presupuestos que venía manteniendo el Ejecutivo.

Al conocerse estas sentencias, el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil y se ha negado a cumplir con los pagos que tiene pendientes. Esta incomprensible postura ha hecho que el crecimiento de las renovables en España se sitúe ahora cuatro veces por debajo del promedio mundial, con la inversión extranjera por los suelos.

De modo que, si el gobierno de España quiere expiar el primero de sus pecados, debe tomarse en serio su propio discurso en materia de energías renovables, cumplir los pagos que determinan los arbitrajes internacionales y garantizar un marco regulatorio que blinde y proteja la inversión en el sector.

2. Frenazo al desarrollo del sector nuclear

Que la tecnología nuclear es fundamental para el futuro es algo que ya no discute prácticamente nadie. La taxonomía elaborada por la Unión Europea va más allá y reconoce que esta tecnología de producción energética debe ser considerada como una fórmula “verde” totalmente compatible con los objetivos medioambientales que viene fijando Bruselas.

La nuclear ofrece un suministro estable a un precio competitivo, motivo por el cual son muchos los gobiernos de Europa y el resto del mundo que están avanzando en esta dirección, abriendo nuevas plantas e invirtiendo en nuevos reactores. Ahora mismo, hay 485 nuevas centrales proyectadas a lo largo y ancho del globo, de modo que la capacidad de producción nuclear se va a duplicar.

Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ficha y sigue instalado en su “no es no” a la nuclear. Incluso el partido ecologista que forma parte del gobierno alemán se ha abierto a la necesidad de extender este tipo de operaciones, en línea con lo que han hecho otros líderes de izquierdas como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Alberto Fernández, jefe de gobierno en Argentina.

Por tanto, parece lógico seguir la senda que están explorando la inmensa mayoría de países de nuestro entorno y plantear dos líneas de trabajo, que serían por un lado la prórroga de la operativa de las centrales que siguen operando y, por otro lado, la instalación de nuevas plantas de producción.

3. Veto al petróleo y al fracking

Por si no fuese suficiente, el Ejecutivo no ha querido saber nada de los yacimientos petroleros cercanos a Canarias. Como es sabido, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética, aprobada por el gobierno socialista del archipiélago, establece la prohibición de realizar prospecciones petrolíferas y obliga a cerrar las instalaciones del sector antes de 2042. Conviene recordar que las últimas exploraciones realizadas por Marruecos han encontrado yacimientos de crudo valorados en 110.000 millones de euros frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pero Pedro Sánchez no solo se cierra al petróleo: tampoco quiere saber nada de gas natural generado vía fracking. Con este planteamiento, el Ejecutivo sigue a renglón seguido el plan de Vladimir Putin, que se ha cuidado de financiar las campañas de oposición a este tipo de producción energética, puesto que su desarrollo reduciría enormemente la influencia rusa en Europa. El veto al fracking tiene un coste notable, puesto que los yacimientos existentes en nuestro país cubrirían 70 años de demanda, con los actuales niveles de consumo.

El desarrollo de la fracturación hidráulica en Estados Unidos fue especialmente intenso bajo la presidencia de Barack Obama y sigue desarrollándose con Joe Biden en la Casa Blanca. Lo mismo ha ocurrido en Canadá con Justin Trudeau al frente de su gobierno. De modo que, más allá de nuestras fronteras, los líderes de la izquierda política adoptan posturas pragmáticas en relación con esta técnica de extracción. En el caso de Estados Unidos, el crudo producido en Estados Unidos aumentó su cuota de mercado entre 2008 y 2013, pasando del 40% al 65%. En ese mismo periodo, las emisiones de CO2 per cápita revirtieron a niveles propios de los años 60. Por tanto, los objetivos climáticos que Sánchez esgrime como argumento para rechazar el fracking no solo no son incompatibles con dicha técnica, sino que pueden encajarse a la perfección.

El problema de la autoridad sanitaria

Escrito por Marcos Benjamín en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en El problema de la autoridad sanitaria

Año y medio después del inicio de la pandemia parece seguro decir que el resultado neto sobre las libertades civiles en Occidente ha sido negativo. Los gobiernos de gran parte de los países desarrollados han mostrado una deriva autoritaria que ha recibido, en algunos casos más que en otros, escasa contestación por parte de la sociedad civil, sobre todo durante los primeros meses de medidas extraordinarias. Tal pasividad es comprensible: el virus era un gran desconocido, la histeria campaba a sus anchas y los gobiernos contaban con el incuestionable Mandato de los Expertos. Tomar poderes de emergencia, obligar a cerrar negocios o confinar a la gente en sus casas; cualquier medida era aceptada siempre que estuviera avalada por una (en algunos casos supuesta) recomendación de los expertos. Por otro lado, los gobernantes podían pretender que sus decisiones de política sanitaria estaban libres de juicios de valor; a fin de cuentas, detrás de sus mandatos no se encontraban más que los fríos hechos proporcionados por los expertos en materia sanitaria y económica. Un año después, sin embargo, toca someter a revisión no sólo la actuación de los políticos, sino también las justificaciones de sus actos. ¿Hasta qué punto puede un gobernante justificar severas limitaciones a los derechos de los ciudadanos en base a la autoridad científica? ¿Están sus mandatos realmente libres de juicios de valor?

Empecemos explicando las dificultades de la toma de decisiones de política sanitaria. La labor del legislador a la hora de implementar una política es –o al menos debería ser–más complicada que simplemente escuchar a los expertos de una o dos disciplinas del saber. Él debe conocer los efectos de los mandatos que pretende imponer sobre los distintos aspectos de la vida individual y en sociedad. Por ejemplo, determinadas políticas como los confinamientos han tenido importantes efectos sobre la salud mental de la población (Fiorillo et al., 2020; Lu et al., 2020; Brooks et al., 2020; Killgore et al., 2020) así como biomédicos (Miles et al., 2020). Robinson (2021) detalla cómo estas consecuencias epidemiológicas, económicas y psicológicas no son independientes entre sí. El reto del aquél responsable de formular políticas sanitarias tan drásticas es, entonces, el de calibrar los efectos de dicha política desde el punto de vista de, al menos, aquellas disciplinas científicas más relevantes para el análisis. No obstante, desde el Congreso y las tertulias en medios de comunicación se ha presentado la cuestión de las estrategias de mitigación de los contagios desde el punto de vista estrictamente epidemiológico y económico: se han subestimado los costes y se han magnificado los objetivos de las mismas, presentando al público un mero trade-off entre dos variables sin mayor importancia.

Pero los inconvenientes no terminan aquí. Las políticas sanitarias no van a afectar de forma homogénea a la sociedad; a fin de cuentas, cualquier política siempre genera ganadores y perdedores. En primer lugar, el gobierno siempre saldrá (ex ante) ganando, pues de no ser así no se implementaría la política (Rothbard 1962). Aun ignorando este hecho, también encontramos ganadores y perdedores dentro de la sociedad civil: siguiendo con el ejemplo del confinamiento, aquellos que prefieran realizar actividades fuera de sus hogares saldrán perdiendo, pues son obligados a realizar acciones que de otra manera no realizarían de forma voluntaria (Rothbard, 1962 pp. 395-398): los que quieran salir a trabajar, los que quieran mantener su negocio abierto o los que quieran realizar actividades de ocio en compañía; todos ellos verán vetados sus cursos de acción preferidos. También aquellos que prefieran consumir los productos que ahora, durante el confinamiento, no tendrán disponibles se verán perjudicados. A todos los mencionados les es impuesto un coste. Lo que en Economía entendemos por «coste» puede entenderse, esencialmente, como un contrafactual. Por las limitaciones físicas del individuo y del entorno, este no puede realizar de forma simultánea todos sus fines: siempre que actúa escoge un curso de acción y rechaza otro. El valor del curso de acción más valorado que el individuo rechaza realizar es lo que denominamos como coste (Mises, 1949 p. 117).

¿Y quiénes podrían ser los ganadores? Podemos pensar en aquellos que prefieran mantener su negocio cerrado o no ir a trabajar para evitar contagiarse del virus. Ellos experimentarán pérdidas de ingresos, pero si ya valoraban más la seguridad que una pérdida (que probablemente esperen que sea momentánea) de ingresos, cuando se implemente el confinamiento no sufrirán costes adicionales a los que hubieran percibido de otra manera. Podemos pensar también en aquellos negocios que puedan seguir produciendo y que produzcan aquello que los consumidores demandan debido a que sus productos preferidos ya no están disponibles. Por ejemplo, si hay una masa de consumidores que prefiere ir al cine a ver la misma película en un servicio de streaming desde casa, el confinamiento les afectará negativamente (se les ha vetado su opción preferida), mientras que para las plataformas de streaming se verán beneficiadas, pues recibirán ingresos que no hubieran recibido de otra manera.

Entonces, el legislador no sólo debería ponderar los distintos efectos de la política sanitaria que pretende implementar, sino que también debería tener en cuenta aquellos grupos dentro de la sociedad que habrán de considerarse como «ganadores» y «perdedores». Implícitamente, esto conlleva comparar los distintos fines y preferencias, otorgando más importancia a unas que a otras. Ahora bien, ¿puede establecerse de forma objetiva que los efectos sobre la salud mental son más importantes que los efectos económicos o sobre la mitigación de contagios? ¿O que el resultado neto es positivo si, por ejemplo, las plataformas de streaming ganan más de lo que pierden las salas de cine? Hay quienes piensan que sí, pero nótese que estamos comparando fines, preferencias individuales o experiencias únicas. En otras palabras, se intenta argumentar que hay fines o procederes intrínsecamente superiores al resto, es decir, se entra en el dominio de la moral y la Ética. Concretamente, cuando entramos a valorar si el resultado neto de una política determinada es o no netamente positiva sobre la utilidad de la sociedad, entramos en un marco ético utilitarista.

Desde la Ciencia Económica y, en concreto, desde la Economía del Bienestar, se ha estado intentando dar cabida a la posibilidad de introducir el utilitarismo en la evaluación de políticas económicas buscando métodos de comparación de las pérdidas y ganancias de utilidad de los afectados por una determinada intervención. Lamentablemente para sus proponentes, desde Robbins (1932) tales intentos han caído en saco roto. Esto es así porque la utilidad –y el valor–hacen referencia a una experiencia única para un actor determinado en un momento determinado. Pese a que en los libros de texto la utilidad se presente de forma cardinal, en funciones de utilidad, en realidad no existe unidad de medida que permita comparar la utilidad que un individuo gana con un bien con respecto a la que ganaría otro. Tanto la utilidad como el valor, en un sentido económico, son de naturaleza ordinal, es decir, no puede mostrar más que una opción es preferida con respecto a otra. La importante implicación para la Economía del Bienestar es que se necesita una escala adicional que nos informe de que las preferencias de un individuo son, de alguna forma, superiores a las del otro, pero ni el utilitarismo ni la Ciencia Económica puede ofrecer solución a este problema. Entonces, es el evaluador de política económica o el legislador al implementarla el que introduce sus propios juicios de valor cuando desea hallar un «resultado neto» sobre la utilidad de la sociedad.

Lo mismo sucede con los costes. Desde la Economía Sanitaria, siguiendo los principales manuales de evaluación de política sanitaria (Salazar et al., 2007; Moreland et al., 2019), se han intentado establecer criterios de evaluación basados en la agregación de costes. En algunos se presenta un trade-off entre las pérdidas de ingresos en términos monetarios y los objetivos alcanzados por la política en cuestión (para nuestro caso, por ejemplo, contagios evitados o muertes evitadas), mientras que en otros se intenta medir la utilidad de los objetivos alcanzados mediante encuestas de valoración de los ciudadanos. Sin embargo, hemos visto que los costes son fenómenos estrictamente individuales, es el valor de sus mejores opciones rechazadas. Esto quiere decir que los costes son de naturaleza ordinal (puesto que son valor) y que no son comparables, es decir, no pueden agregarse (Rothbard, 1979). Evidentemente, pueden hacerse agregados sobre las pérdidas de ingresos monetarios así como también de las ganancias monetarias de otros, pero eso no nos da ninguna información sobre las preferencias de aquellos afectados por la política en cuestión. Ni aun las encuestas a los ciudadanos nos pueden dar información sobre sus preferencias, pues estas no muestran más que la preferencia declarada de los individuos. La preferencia declarada no nos da información económicamente relevante sobre las preferencias del actor, pues en Economía la preferencia se demuestra mediante la acción, donde el fin elegido es ex ante, más valorado que la alternativa rechazada: a no ser que el actor pueda realmente elegir una u otra, no podemos saber si realmente prefiere lo que dice preferir.

Pero aún podrían encontrarse dos proxies a las preferencias de los ciudadanos. Uno de ellos es el sistema de precios. Para este caso, los precios de los productos sanitarios (en los países en los que no estén estatalizados) podrían aproximarnos a conocer la voluntad para pagar (WTP) por mantener una buena salud. Empero, caben dos objeciones a este punto: (1) si bien el sistema de precios es el proxy por excelencia a la WTP de los individuos, estos nos ofrecen información histórica sobre eventos únicos. Los precios presentes (o del pasado más inmediato) sirven a los empresarios como puntos de apoyo para hacer predicciones sobre los precios futuros, pero nada de esto implica una cierta constancia en las valoraciones de los consumidores: es muy probable que los precios de ayer no se repitan mañana. (2) La WTP de los agentes podría ser modificada por los efectos de la propia política sanitaria. Tal y como Stringham (2001) explica:

Policies shape the world by determining who is in possession of resources, and since individuals differ, we would expect to see alternate demands depending on how property rights are assigned. If policy is altered, the willingness to pay for all goods is altered, so it would be a mistake to only look at the immediate effects of a policy.

El segundo proxy a las preferencias de los individuos podría ser la elección democrática. El gobierno elegido es el representante de la «voluntad general» de los ciudadanos y la papeleta con la que son elegidos es una forma de preferencia demostrada de las preocupaciones del votante. Volviendo a la cuestión multidisciplinar del análisis de políticas sanitarias, si los distintos partidos propusieran en sus programas electorales un orden de preferencias claro entre aquellas propiedades de la sociedad que priorizan preservar (economía, mitigación de contagios, salud mental, etc.), los votos de los ciudadanos podrían considerarse como un acuerdo explícito con las preferencias del gobierno elegido. Teniendo todo lo mencionado en consideración, esta solución tampoco está exenta de problemas. En primer lugar, no será aplicable en el contexto de la crisis del COVID para aquellos países cuyo gobierno haya sido elegido antes de que hubiera conocimiento público sobre la epidemia. ¿Por qué incluirían estos partidos formas de mitigación de contagios de un virus cuya existencia ni conocen? Sería del todo imposible para esos gobiernos actuar de acuerdo con la «voluntad general» de los ciudadanos si estos no han tenido forma de demostrar su preferencia mediante la votación.

Pero aún hay otros dos problemas más graves para la solución democrática. El primero es que parte del supuesto de que la sociedad es un agente dotado de autonomía, capaz de valorar, escoger y actuar. Pero esta no es sino una proposición metafísica indemostrable (Mises, 1949 pp. 176-184). Aun si ignoráramos este hecho e intentáramos agregar las preferencias de los ciudadanos mediante un sistema de votación (podríamos incluso pensar en una votación directa sobre si se prefiere que se dé más importancia a la economía, la salud mental o la mitigación de contagios), nos encontraríamos con el problema que Kenneth Arrow descubrió hace ya más de cinco décadas: no es posible que el sistema de elección mayoritaria cumpla simultáneamente los principios de óptimo de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes y no-dictadura. El lector puede acudir a Sen (2014) si está interesado en una explicación clara y concisa del problema. De todas formas, la conclusión del «Teorema de la Imposibilidad» de Arrow es que siempre existirá un grupo (¡o un individuo!) que en un sistema de votación mayoritaria ostente un poder de decisión que resulte determinante para el resultado de la votación. Este individuo es el «dictador», aquél que puede «imponer» sus preferencias al resto de la población.

¿Qué cabe decir, pues, de la actuación de nuestros gobiernos durante la pandemia? ¿Qué cabe decir de las limitaciones que han tenido nuestras libertades justificadas bajo las –en algunos casos supuestas–recomendaciones de expertos? Los políticos han impuesto sus propios juicios de valor de forma arbitraria sobre las preferencias de los ciudadanos. Se han erguido como estándares morales de la sociedad y se han arrogado la potestad de decidir qué fines son aquellos más importantes. Si están en lo cierto o no es una cuestión que entra en el dominio de la Ética, pero ninguna disciplina científica puede servir como justificación a los arbitrios del gobernante.

Referencias

Fiorillo, A., Sampogna, G., Giallonardo, V., Del Vecchio, V., Luciano, M., Albert, U., . . . Volpe, U. (2020). Effects of the lockdown on the mental health of the general population during the COVID-19 pandemic in Italy: Results from the COMET collaborative network. European Psychiatry, 63(1), e87.

Killgore, W., Cloonan, S., Taylor, E., Lucas, D., & Dailey, N. (2020). Letter to the Editor. Loneliness during the first half-year of COVID-19 Lockdowns. Psychiatry Research, 294.

Lu, P., Li, X., Lu, L., & Zhang, Y. (2020). The psychological states of people after Wuhan eased the lockdown. PLoS ONE, 15(11).

Miles, D. K., Stedman, M., & Heald, A. H. (2020). Stay at Home, Protect the National Health Service, Save Lives”: A cost benefit analysis of the lockdown in the United Kingdom. International Journal of Clinical Practice, e13674.

Mises, L. v. (1949). La Acción Humana: Tratado de Economía (12a ed.). Madrid: Unión Editorial.

Moreland, S., Foley, S., & Morris, L. (2019). A Guide to the Fundamentals of Economic Evaluation in Public Health. Chapel Hill: MEASURE Evaluation.

Robbins, L. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan & Co.

Robinson, O. (2021). COVID-19 Lockdown Policies: An Interdisciplinary Review. Disponible en SSRN. Obtenido de  https://ssrn.com/abstract=3782395 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3782395

Rothbard, M. N. (1962). El Hombre, la Economía y el Estado (Vol. II). Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. N. (1979). The Myth of Efficency. En M. Sennholz (Ed.), Economic Controversies (págs. 253-260). Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Salazar, L., Jackson, S., Shiell, A., & Rice, M. (2007). Guide to Economic Evaluation in Health Promotion. Washington D.C.: Pan American Health Organization.

Sen, A. (2014). Arrow and the Impossibility Theorem. En E. Maskin, & A. Sen, The Arrow Impossibility Theorem (págs. 29-42). New York: Columbia University Press.

Stringham, E. (2001). Kaldor-Hicks Efficiency and the Problem of Central Planning. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(2), 41-50.

Cómo nos manipulan los verificadores malditos y neutrales

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los métodos que emplean las agencias de verificación de noticias para funcionar como agentes de la izquierda es la selección de aquello que consideran digno de evaluar como cierto, falso o engañoso. Incluso un mero retraso a la hora de abordar un tema ya permite que una mentira dé la vuelta al mundo mientras la verdad aún no ha tenido tiempo de ponerse las botas. Esta indolencia contrasta en muchas ocasiones con la velocidad con la que se ponen en marcha cuando un político de derechas dice algo falso o que, sin serlo, se puede calificar de engañoso con cierta imaginación.

Esto no sólo sucede en España, claro. Fue en Estados Unidos donde surgió esta moda ante el bulo de que Donald Trump había ganado las elecciones gracias a las fake news. Mientras, los periodistas ganaban premios Pulitzer por propagar la mentira de que había ganado gracias a la colaboración con el régimen ruso de Putin, sin que los verificadores profesionales, untados con dinero de los gigantes de internet, les pusieran ni un pero. La verificación de noticias fue una tabla a la que la credibilidad de la prensa hubiera podido agarrarse, pero desde el minuto uno de partido pudimos ver lo contrario.

Por ejemplo, este lunes, con la concesión del Premio Nobel de Economía diversos popes de la izquierda, desde el todólogo Euprepio Padula hasta la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, pasando por el subvencionado Rubén Sánchez y el periolisto Javier Ruiz y medios como el panfleto de Escolar, el de Maraña o Zoom News, hicieron circular que uno de los galardonados, David Card, había demostrado que el salario mínimo no provoca paro. Así, empleaban al economista como reivindicación de la reciente subida del SMI en nuestro país, a los que Echenique por ejemplo aprovechó para insultar, que el Banco de España determinó que destruyó hasta 170.000 empleos utilizando la misma metodología por cuya invención David Card ha recibido el Nobel.

Y es que el premio se ha otorgado a los tres economistas por sus técnicas para analizar de forma empírica los resultados de diferentes políticas, estudiando cada caso por separado. Card, en concreto, inventó el método de la diferencia en diferencias, que es uno de los dos empleados por el Banco de España en su estudio. Y lo aplicó al caso concretísimo de cómo afectó una subida del salario mínimo en 1992 al sector de la comida rápida en Nueva Jersey mediante la comparación con la vecina Pensilvania, que no lo aumentó. Su método, que es por lo que ha recibido el premio, puede aplicarse a otros casos. Sus resultados, en cambio, no. De hecho, generalizar de un suceso tan concreto va en contra del espíritu de la concesión del Nobel, que se ha otorgado a quienes han avanzado en el estudio empírico de casos específicos.

¿Y qué han dicho de este mar de falsedades nuestros fact-checkers patrios? A estas horas, absolutamente nada. Maldita lleva en portada un reportaje en el que acusa al Zendal de no haber alcanzado su máxima ocupación posible mientras que Newtral tiene un largo listado de mentiras de políticos de derecha salpimentado aquí y allá con alguna de un político de izquierdas, tan escasas que parecen hechas para disimular. Quizá les entre la vergüenza torera y saquen algo a lo largo de la semana, cuando la mentira de la izquierda haya sido publicada y proclamada a los cuatro vientos y aceptada como real por ese público al que se supone que los verificadores están dedicados a proteger. Porque, al final, las agencias de verificación se han transformado en una herramienta más de descrédito de unos medios enfocados esencialmente a sostener el discurso hegemónico. Algo que, como demuestra el caso de Estados Unidos donde nacieron, fue siempre la intención.

Salario mínimo, pobreza máxima

Escrito por Alfredo Reguera en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Salario mínimo, pobreza máxima

El filósofo Frédéric Bastiat, en su obra Lo que se ve y lo que no se ve (1850), habla de que las políticas públicas buscan un objetivo. El establecimiento y continuo aumento, del conocido como salario mínimo, es la medida estrella de los autodenominados defensores de los indefensos, a la hora de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y por mucho que se haya mostrado y demostrado una y otra vez (véanse los distintos estudios del Banco de España), que esta medida no solo no consigue los objetivos buscados, sino más bien todo lo contrario. Seguimos empeñados en ello, ya que siempre acabamos poniendo el foco en el fin que busca una política, en vez de en lo que realmente ocurre cuando esta se lleva a cabo.

Y es que los salarios no los marca un gobierno a base de decretos, sino la oferta y la demanda del mercado de trabajo, así como el valor añadido que aporta el trabajo de cada trabajador. Es por esto último, por lo que la subida del salario mínimo siempre fracasa y acaba condenando a los más débiles. 

El salario mínimo no afecta a tu amiga la ingeniera o a tu primo el abogado, el valor añadido del trabajo de estos trabajadores cualificados, es mucho más alto que el salario mínimo, por eso cobran mucho más que este y ni se enteran a que nivel está. Es a los menos cualificados, el típico amigo que dejó los estudios porque en ese momento no tenía la cabeza para ellos o por algún problema personal o por lo que sea, cuyo valor añadido de su trabajo es bajo, a quien estas subidas continuas, expulsa del mercado de trabajo y deja sin futuro.

Ejemplifiquémoslo con números: Imaginemos ese amigo sin estudios, sin experiencia laboral, joven, que pretende encontrar trabajo. El valor añadido de su trabajo será bajo, pongamos 750€, eso es lo que aporta a la empresa que le contrate. Con un salario mínimo superior a esa cifra, ninguna empresa le contrataría jamás, puesto que ¿Qué empresa contrataría a perdidas? Se quedaría en su casa, fuera del mercado laboral y totalmente estancado. En cambio, permitiendo un salario inferior, acordándolo en libertad ambas partes, nuestro protagonista podría trabajar, aprender un oficio, haciendo que el valor añadido de su trabajo creciese gracias a esa experiencia. Y en un futuro no muy lejano, podría o bien pedir un aumento, o buscar trabajo en otra empresa, ya con otras condiciones salariales, ya que sus condiciones profesionales habrían mejorado sensiblemente.

Dejando a un lado las cifras, simplemente debemos reflexionar. Si todo lo anterior se diese, ¿qué legitimidad moral tiene un gobierno, para impedir que ambas partes lleguen a un acuerdo de trabajo que satisface a ambos? Ninguno. ¿Por qué hay que consentir que el gobierno impida acuerdos libremente establecidos por los individuos?

Algunos de los defensores de esta popular medida, el salario mínimo, argumentan que trabajar por menos de lo que ellos marcan es “indigno”, pero paradójicamente, también defienden subsidios como el de desempleo, menores a esa cantidad. ¿Por qué es digno vivir sin trabajar, de un subsidio de 700€, pero no lo es trabajar por esa misma cantidad? 

Además, ¿quién marca lo que es indigno? Cada persona debería elegir, a partir de que cifra considera que un trabajo es digno o indigno y rechazar todos los trabajos que quedasen por debajo se esta cifra. Con esto obtendríamos nuestro salario mínimo personal (SMP) muchísimo más justo y legítimo, que el actual salario mínimo interprofesional (SMI).

Otros defensores de estas posturas colectivistas trabajan los sentimientos. Con frases como “¿Qué familia vive con 700€ al mes?”, un argumento falaz, puesto que un salario por debajo del salario mínimo actual no tendría como objetivo que la gente viviese de él, algo prácticamente imposible, sino que muchas personas accediesen al mercado de trabajo, poniendo así la primera piedra, para sí poder conseguir un empleo con un salario que les permitiese vivir cómodamente.

A esto hay que añadir que, en muchas ocasiones, son estudiantes los que al mismo tiempo que van a clase, sacan algunas horas para realizar algún trabajo poco cualificado (en los que el SMI causa estragos) y cuyo objetivo no es vivir de ello, sino afrontar un poco más cómodamente su periodo estudiantil.

En definitiva, pese a que no pongamos en duda su buena intencionalidad, las continuas subidas del salario mínimo no tienen justificación alguna, ni moralmente, ni mucho menos por las consecuencias que acarrea, como hemos visto, desastrosas para los que en teoría pretende ayudar.

Referencias: