Problema de fondo
Nos encontramos en medio de una revolución tecnológica que va a cambiar muchas cosas en el medio y largo plazo.
Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas
Salario mínimo y España vaciada
¿Dónde es más posible que un empresario esté dispuesto a hacer una gran inversión, en una ciudad grande o en una ciudad pequeña?
Orden en el caos, pero orden espontáneo (parte II)
Debemos ser conscientes de que la resiliencia ante la pandemia pasa por ponderar conductas cívicas maduras de mayor asunción de responsabilidades individuales.
Hasta un 30% de ERTE se convertirán en parados
“No romance without finance”. Gwen Guthrie.
El Gobierno que demoniza constantemente la reforma laboral de 2012 se quiere apuntar los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) como un éxito de Sánchez. El presidente no se sonroja cuando dice que en la anterior crisis -en la que gobernaba su partido, por cierto- se “recurrió al despido masivo” y ahora dice que ellos han hecho “la gran reforma estructural” de los ERTE.
Los ERTE ya existían en la anterior crisis, señor presidente, desde 1995 (artículo 47). En la crisis de 2008 a 2011, con su partido en el Gobierno, se destruyeron casi tres millones de empleos.
La verdadera “reforma estructural”, la flexibilización del procedimiento de ERTE que intenta Sánchez apropiarse se hizo en la reforma laboral. Es en la reforma laboral de 2012 (título VI) donde se establece el cambio de regulación que agiliza y establece el procedimiento de ERTE que hoy conocemos.
Antes de la reforma laboral, un ERTE era un procedimiento lento, burocrático e ineficiente donde se requería la autorización administrativa de la autoridad laboral. Eso se suprimió en el título VI de la Reforma de 2012. Para que se hagan una idea, si en esta crisis se hubiera mantenido el procedimiento como existía antes de la reforma laboral de 2012, la mayoría de los expedientes estarían desde marzo en procedimientos eternos, lentos y asfixiantes.
En las principales economías europeas hay unos 40 millones de trabajadores en esquemas de paro similares. Y se presenta un invierno complicado.
Según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Social, a 10 de agosto, y tras casi tres meses de apertura de la economía, todavía quedan 959.000 personas en ERTE. A este ritmo, terminaremos septiembre con 900.000 personas todavía en este esquema de desempleo temporal, que probablemente se volverá a extender.
Poco que celebrar
Se han reducido las personas en ERTE en 2.226.800 desde el máximo. Esto ha permitido que las cifras de paro oficial aparecieran como inferiores a lo que podría haber sido, y a pesar de ello España cierra julio con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, 15,6%, por encima de Grecia. El paro femenino alcanza el 17,1% y el de menores de 25 años un 40,8%, también las mayores tasas de la Unión Europea.
¿Y ahora, qué?
Los ERTE siempre han sido una condición necesaria pero no suficiente. Al rechazar tomar medidas serias de exoneración de impuestos y líneas de liquidez sin recurso para pequeñas empresas sin acceso a crédito, el Gobierno ha llevado a España a la mayor destrucción del parque de empresas de la Unión Europea.
Se han perdido más de 130.000 empresas entre junio de 2019 y junio de 2020, y España continúa destruyendo grandes empresas (79 menos desde el cierre forzoso). España tiene hoy 125.000 empresas menos que en 2009. Eso significa menor potencial de empleo, menor riqueza e inversión.
Incluso considerando el rebote por efecto base, el índice de cifra de negocios de la industria muestra una caída anual del 16,5%, según el INE. En un país donde casi la mitad de las empresas estaban en pérdidas en 2018, según la AEAT, vamos a sufrir un desplome de beneficios y un tsunami de pérdidas sin precedentes.
Eso hace que hasta grandes empresas con capacidad de aguantar la crisis estén forzadas a reducir plantilla. El último índice compuesto publicado por Markit alertaba de que la industria continuaba reduciendo plantilla en julio a pesar del rebote expansivo.
¿Qué nos puede esperar en octubre?
Se juntan tres grandes problemas para el Gobierno a la hora de continuar disfrazando las cifras de paro. El primero es el despido por cierre empresarial.
Si cerramos la temporada de agosto con 900.000 personas en ERTE y un paro del 15% oficial, el riesgo es que la inevitable caída de muchas empresas, que hoy tiene en riesgo a casi 84.000 negocios por el desastre de cifras de ventas tras la reapertura, va a disparar las cifras de paro oficial hasta al menos un 20,5% según estimaciones, incluso si se mantienen los ERTE hasta diciembre.
Desde las asociaciones de empresarios y pymes llegan cifras simplemente terribles de pérdidas, con negocios que están funcionando tras meses de apertura con un 40% de actividad con respecto al año pasado.
El segundo es que el disfraz del crédito se seca. Muchas empresas han podido sobrevivir gracias a fuertes aumentos de crédito, endeudándose para poder sacar adelante su negocio. Muchos de esos préstamos-puente vencen entre septiembre y octubre con la cifra de negocios de esas empresas a niveles de derribo y su situación de solvencia empeorando.
Si en países dinámicos y abiertos ya se está notando esa caída de acceso a crédito, imaginen en un país donde la medida estrella del Gobierno ha sido conceder a los creadores de empleos la magnánima generosidad de endeudarse para pagar impuestos tres meses después.
El tercer problema es que el Gobierno parece creer que el empleo cae del cielo. La mayoría de la creación de nuevos puestos de trabajo viene de empresas de nueva creación y pequeñas empresas, dos segmentos que han sido completamente olvidados en esta crisis.
Las empresas que no tienen activos mobiliarios ni acceso a crédito para pedir avales, las que acaban de empezar, esa son las que están siendo cercenadas. Las sociedades mercantiles creadas (anual acumulado) registran una caída del 30% en junio, según el INE.
A todo ello hay que añadir una muy pobre gestión de los rebrotes que amenaza a la economía si se vuelven a implementar los ineficaces, devastadores e incompetentes cierres forzosos.
Mientras el mundo aprende que los países que no han llevado a cabo cierre forzoso y que han gestionado de manera eficiente la pandemia con protocolos serios también caen menos y con menos paro, España puede empeorar de manera muy peligrosa si volvemos a los confinamientos, algo que la economía -ya maltrecha- no se puede permitir.
Muchas estimaciones ya asumen que hasta un 30% de los ERTE pueden convertirse en paro y las más pesimistas muestran que esos 900.000 trabajadores que siguen en ERTE no se puedan recuperar.
El desastre va a ser muy grande si el Gobierno no implementa urgentes medidas como las que hemos pedido en varias ocasiones en esta columna (exoneración de cargas, facilidades administrativas, políticas serias de atracción de capital y empleo, lean este link).
Se presenta un otoño muy difícil en el que los parches de crédito y ERTE no van a poder disfrazar el gravísimo problema al que se enfrenta nuestra economía.
¿Tanto miedo nos da la covid?
Han de cesar las continuas amenazas de cierre de comarcas o pueblos y de prohibiciones de determinadas actividades.
Sin Estado, ¿quién construiría los Cercanías?
Los políticos se gastan el dinero en megaproyectos de transporte y abandonan aquellos que sí podrían ser necesarios, pero son menos vistosos.
Señales de una recuperación pobre
“It’s getting better all the time (can´t get much worse)”. Paul McCartney.
La euforia con la que la propaganda gubernamental recibió los datos de paro de julio contrasta con la realidad de una recuperación lenta, endeudada y frágil. España cierra julio con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, mayor incluso que en Grecia. El paro bajaba en julio en 89.849 personas, tras subir 5.107 personas en junio, 26.573 personas en mayo, 282.891 en abril y 302.265 parados en marzo.
La “histórica” cifra (“el mejor julio desde 1997”, según el gobierno) es en realidad muy similar a la de julio de 2016, cuando el paro cayó en 83.993 personas en un entorno de creación de empleo continuada. En julio de 2016, además, el número total de desempleados inscritos en las listas del Servicio Público de Empleo era el número más bajo desde agosto de 2009.
Curiosamente, la izquierda atacaba esas cifras en 2016 como terribles y ahora se lanza a la euforia con 3.773.034 desempleados (excluyendo ERTE). Tras dos meses completos de reapertura, en España aún hay 298.396 empresas y 1,35 millones de trabajadores en un ERTE y 1,5 millones de autónomos continúan percibiendo algún tipo de prestación por cese de actividad.
Un desastre de empleo sin precedentes que se enfrenta a un otoño muy difícil. Entre septiembre y octubre va a ser difícil que se sigan maquillando las cifras de desempleo si se acaban los ERTE y se convierten en desempleo oficial y a ello se une el cierre empresarial de tantos negocios que están sufriendo en la peor temporada turística en mucho tiempo y los que no pueden sobrevivir ante el aumento de costes y acumulación de impuestos en un entorno de ventas simplemente ruinoso.
Es aterrador que no se preste atención a la pérdida de empresas. En España, en junio de 2020, tenemos 131.399 empresas menos que en junio de 2019. La destrucción de empresas significa menos empleo, menos crecimiento, menos inversión y menos capacidad de recuperación. Se han destruido 85 grandes empresas desde junio de 2019. Un gobierno que se pasa el día atacando a las “grandes corporaciones” y las “grandes empresas” solo por serlo, debería estar avergonzado de usar ese subterfugio populista en un país que solo tiene 2.282 empresas de más de 500 trabajadores.
Los populistas que repiten constantemente la mentira de que España es un paraíso fiscal para las grandes empresas deberían responder a las siguientes preguntas: Si España es un paraíso fiscal para las grandes empresas, ¿por qué tenemos tan pocas, cada vez menos y además son más pequeñas que las de otros países de nuestro entorno?
Vivimos una crisis que es mucho más que una mala temporada turística. Vivimos una crisis de pérdida de confianza en la seguridad jurídica de nuestro país y está afectando a la inmensa mayoría de sectores incluso en la reapertura. Otros países con una alta exposición al turismo caen menos en el segundo trimestre, incluso en el semestre, y con menos paro.
A principios de verano, la previsión era que España recibiría 50 millones de turistas menos que en 2019. La inexistente gestión diplomática y gubernamental ante los rebrotes y los anuncios de cuarentena de diversos países empeoran ya las cifras en otros 4 millones menos.
La demonización del sector turístico, que es el mejor embajador de España, generador de riqueza, de valor añadido y tarjeta de presentación de nuestro país ante el mundo ha llevado al gobierno a abandonar un pilar clave de nuestra recuperación desoyendo las llamadas del sector ante lo que era una debacle sin precedentes. Pero el gobierno prefirió continuar dando mensajes contradictorios.
En el mismo día en el que la ministra de Exteriores intentaba negociar con Reino Unido la cuarentena anunciada, Fernando Simón se convertía en tendencia nacional diciendo en público: “Que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva el que venga gente de Reino Unido”.
La compraventa de viviendas retrocedió un 34,3% el pasado mes de junio con relación al mismo mes de 2019. Cuatro meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de haber caído en marzo un 18,6%, en abril un 39,2% y en mayo un 53,7%.
No solo es el turismo o el sector inmobiliario. El automóvil, el sector exportador, la industria manufacturera y el sector servicios sitúan la recuperación de España, según los indicadores adelantados del Ministerio de Economía y los datos de alta frecuencia recopilados por Bloomberg como “la recuperación más lenta de la eurozona”.
El gran problema es que caigamos en la autocomplacencia ante datos que, como el del paro de julio, solo muestran un rebote técnico, el efecto base. El índice manufacturero (PMI de la consultora Markit) mostraba expansión en la última medición para el mes de julio porque, como el resto de Europa, refleja el cambio de un mes a otro. No implica volver a los niveles de febrero ni mucho menos.
Pero lo que más preocupa de ese índice es que, ya con casi tres meses de apertura, una nota clave “fue la nueva destrucción de empleo (en julio) ya que las empresas continúan operando muy por debajo de sus capacidades” y “la confianza con respecto del futuro también se mantuvo moderada”.
El gobierno se ha dado cuenta del efecto devastador para la recuperación que tendría la subida de impuestos con la que llevan amenazando desde hace meses. Sin embargo, en vez de reconocer su error y la realidad de que el efecto en recaudación, empleo y crecimiento sería negativo, solo se les ocurre reiterar que llevarán a cabo la enorme subida de impuestos, en 2023.
Imaginen cualquier inversor que esté pensando en invertir a largo plazo en España. No solo confirma el gobierno que la recuperación del PIB oficial estimado no se dará al menos hasta 2023, sino que hunde el apetito inversor diciendo que el hachazo fiscal llegará cuando nos recuperemos.
Necesitamos urgentemente medidas de oferta serias, un plan nacional de atracción de inversión y empleo que no considere a los creadores de empleo como cajeros automáticos. Todos los datos que hemos mostrado se pueden mejorar, y España puede ser un ejemplo de salida de la crisis. Esa salida de este desastre se dará si no se fortalece urgentemente la seguridad inversora y jurídica.
La mirada parcial de María Jesús Montero
“Lo peor de la situación económica ha pasado, después de la pandemia hemos tenido un terremoto económico, que ha sido durante los meses de abril mayo, y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido, ahora estamos trabajando en recuperar todos los sectores”. Ésta es la transcripción de las declaraciones de María Jesús Montero, ministra de hacienda y portavoz del Gobierno de España.
Estas declaraciones asumen que “lo peor” de la situación económica es la inactividad empresarial, la paralización absoluta de la economía que hemos sufrido de marzo a junio. En ese sentido, las afirmaciones de la ministra son ciertas. Pero no es realista. Porque Montero supone que las empresas han parado y sus cuentas se han mantenido indemnes. Y no ha sido así: durante el parón ha habido pérdidas y destrucción empresarial, y los ERTE solamente han enmascarado un desempleo catastrófico. No ha pasado lo peor. Ha pasado la inactividad.
¿Cuál es el error de base? Mirar solamente a un lado, y de refilón. En este caso, al lado de la oferta. Efectivamente, la industria manufacturera va a mejor en julio, y la subida del PMI (Índice de Precios de Manufacturas) ha sido muy intensa. Pero no ha recuperado la caída sufrida desde marzo. Podemos anunciar este hecho de muchas maneras. Podemos señalar que no hemos vuelto al punto en el que estábamos o, por el contrario, comparar el crecimiento de julio con el pasado y descubrir que el dato es el más elevado desde la crisis del 2008. En ninguno de los dos casos nuestro análisis es completo.
En primer lugar, el PMI mide las condiciones relativas al mes anterior, y no la magnitud del cambio. Al igual que sucede con las tasas de crecimiento mensuales y trimestrales, cuando la actividad cae tan bruscamente, como lo ha hecho, la etapa inicial de recuperación siempre se verá muy drástica cuando se mida en tasas de crecimiento. Y de ahí, el aumento a 53,3 desde el 30,8 que llegó a alcanzar, en los PMI de hoy, en toda Europa.
En segundo lugar, hay que mirar otros indicadores: la confianza del consumidor, el cierre empresarial y el desempleo no son buenos. Nos dice mucho de la sobrecapacidad y de lo que nos viene: más paro. Y aquí es muy relevante tener en cuenta la sangría del sector turístico que estamos padeciendo, precisamente, en el mes estrella del sector. Veintiocho millones de turistas menos que el año pasado hasta junio, y una caída enorme en el gasto por turista.
Cada vez más voces apuntan a cambiar el modelo productivo. Sustituir el turismo por la investigación y la industria. Como quien cambia de zapatos. Y no es tan sencillo. La estructura económica de un país es el resultado de muchos años de maduración y su cambio implica capacidad innovadora, flexibilidad en el mercado laboral, una demanda (nacional o internacional) robusta y, sobre todo, voluntad política. La estructura empresarial no puede evolucionar si no hay incentivos al ahorro y la inversión. Y ahí se acaba todo: estamos en un país donde el gobierno remunera el gasto y penaliza el ahorro.
Por eso, abandonar el sector turístico de repente, o proclamar lo terrible que es vivir de un sector dependiente es muy negativo. Por supuesto que lo mejor sería dedicarnos a exportar petróleo, pero no puede ser. Tampoco las políticas del gobierno favorecen el desarrollo de nuestras industrias, que las hay. Ni crea un clima adecuado para la creación de empresas sólidas que crezcan y se consoliden. Mientras eso sea así, seguiremos atados al turismo.
Por otro lado, hay que mirar el lado de la demanda. Hace unos días, el economista Manuel Hidalgo era censurado en Twitter por explicar el ciclo renta-gasto, que se explica en primero de licenciatura en Economía y en Empresariales, y que es una herramienta que ayuda a explicar algunas cosas. Para calmar a quienes le llamaron keynesiano, debo apuntar que fueron los fisiócratas los primeros que esbozaron el análisis renta gasto, a mediados del siglo XVIII. Que el instrumento se utilice de mejor manera o de peor manera depende de la persona que lo use.
Manuel Hidalgo explicaba, de manera muy general, que la renta de la economía se distribuye en rentas del trabajo, excedente bruto de explotación, impuestos y rentas a factores extranjeros. Él estaba mostrando que el PIB se genera a partir de una estructura productiva. En sus propias palabras, es “la expresión de nuestra capacidad de producir, de generar rentas en un momento dado”. Y que, por tanto, la caída del 18% de nuestro PIB se refiere a la capacidad de producir hoy, no a la capacidad de producir en términos absolutos.
Por supuesto, no es que no haya habido destrucción empresarial, sino que no toda la caída del PIB implica destrucción económica. En qué porcentaje la caída responde a una cosa o a la otra, es una cuestión que aún no podemos analizar.
Sin embargo, del análisis de Hidalgo queda muy claro qué sucede cuando cae la capacidad productiva y suben los impuestos. Las demás partidas se van a ver perjudicadas, también las rentas del trabajo. Vamos a vivir peor todos. Un panorama nada esperanzador.
En estas circunstancias, la mirada parcial de María Jesús Montero escuece a quienes nos dedicamos a mirar la realidad económica sin intereses políticos. Y debe doler mucho a los empresarios que han echado el cierre, a los trabajadores despedidos, a quienes están en un ERTE y saben que vana engrosar las cifras del paro, a quienes, desde este verano tórrido, contemplan el otoño sin esperanza.
No, ministra, lo peor no ha pasado.
Las cláusulas que Sánchez no cumplirá pese al pacto europeo: la movilidad laboral y el caos normativo
La Comisión Europea exige a España emprender reformas estructurales para acceder a los 140.000 millones de euros del fondo Covid creado por la Unión Europea para relanzar la economía. Sin embargo, no todas las medidas que desde hace tiempo recomiendan desde Bruselas para facilitar la movilidad laboral entre Comunidades Autónomas se podrán llevar a cabo sin complicar la legislatura y los apoyos del bloque que facilitó la investidura.
Las fuentes consultadas aseguran que Sánchez cumplirá con las reformas más perentorias que ayuden a flexibilizar el mercado laboral, pero parece poco probable que cumpla otras cláusulas de las recomendaciones específicas de Bruselas para España. Por ejemplo, la unificación de las normativas regionales o que se ponga fin a la limitada capacidad de transferir prestaciones sociales entre regiones que representan un escollo para la movilidad laboral de empresas y trabajadores.
En todos sus informes sobre España, la Comisión Europea pide que se mejore la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y en frecuentes ocasiones la Comisión se refirió a la Ley de Unidad de Mercado -aprobada con el Gobierno de Rajoy- “como un importante instrumento que podría utilizarse para reducir la fragmentación normativa”, explica un portavoz de la sede de la Comisión en Madrid a
En los considerandos de las Recomendaciones específicas 2020 para nuestro país se menciona que “la fragmentación normativa y las barreras en España impiden que las empresas se benefician de economías de escala y afectan negativamente a la productividad”. “La Ley de Unidad de Mercado, que ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de la competencia, debería utilizarse más activamente para promover una mejor regulación y competencia”, detalla el informe.
Las razones que da la Comisión para explicar el bajo grado de movilidad laboral son “la elevada propiedad de la vivienda, la segmentación del mercado laboral, la limitada eficacia de las políticas activas del mercado laboral y la limitada transferibilidad de las prestaciones sociales regionales”.
El Ejecutivo comunitario no ha hecho referencia a los requisitos lingüísticos para acceder a un puesto público como uno de los factores que también contribuyen a la baja movilidad laboral, pero también es una de las peculiaridades nacionales. En autonomías como el País Vasco, Cataluña o las Islas Baleares el conocimiento de la lengua autóctona es imprescindible para poder trabajar en la administración pública.
Las fuentes consultadas tampoco ven posible que Sánchez acabe con este tipo de discriminación lingüística, ya que sería abrir un conflicto con algunos de sus principales socios, como el PNV, EH-Bildu o ERC que han aplicado estas políticas en sus regiones.
Impuestos
La Comisión también aboga por “impuestos que sean menos perjudiciales para el crecimiento”. España tiene regiones, como Cataluña o Asturias, donde se aplica una alta presión fiscal mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, son más atractivas, porque tienen una bonificación del 99% en impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.
El fiscalista Esaú Alarcón explica a este periódico que el sistema de fiscalidad que tenemos, donde las Comunidades Autónomas “tienen ciertas competencias en materia normativa”, hace que haya “grandes diferencias de trato entre unas comunidades y otras”. “Una armonización fiscal lo que haría es acotar la capacidad normativa de las Comunidades, pero la más perjudicada podría ser Madrid”, apostilla.
De hecho, uno de los principales objetivos del Gobierno de coalición antes de la eclosión del virus era lograr una “armonización” de los impuestos en las autonomías de régimen común que, en la práctica, iba a afectar a la capital por su elevada competitividad fiscal.
Duplicidades
El analista económico Santiago Calvo destaca que entre autonomías “se producen duplicidades que generan costes innecesarios”. “La producción normativa es muy elevada, según datos de la CEOE, el número de páginas publicadas en boletines oficiales autonómicos y el estatal supera el millón, es decir, más de 2.700 páginas por día”, explica.
El también investigador del Instituto Juan de Mariana también cree que la Ley de Unidad de Mercado es una buena opción para “reducir parte del coste de la fragmentación”. “Simplificar legislación, coordinar políticas entre autonomías, reducir ciertas normas proteccionistas que ponen en ventaja a agentes locales sobre el resto de agentes del territorio nacional y se permite que, con una única licencia, operar en todo el territorio nacional, probablemente se logrará reducir”.
‘No va a funcionar porque no es obligatorio’
Portugal es un ejemplo de cómo una sociedad puede adoptar de forma generalizada un comportamiento adecuado.
