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De impuestos y servicios

Uno de los errores más comunes del ciudadano medio es pensar que tiene derecho a tal o cual servicio público porque está al día en el pago de sus impuestos. Y es que los impuestos tienen como característica principal que no necesitan de una contrapartida del Estado para ser cobrados.

Dicho de forma más clara: los impuestos son aquello que el Estado nos puede quitar simplemente por el hecho de que tiene que pagar los gastos que provoca su existencia con el dinero ajeno.

Como los que defienden el Estado no son idiotas, hay toda una maraña de argumentos para intentar defender que gracias al sustento de ese mastodóntico Estado podemos llevar una vida digna sin morirnos de hambre, ser esclavizados o devorados por fieras salvajes.

El hecho es que si esto fuera así no sería necesario tener el sistema impositivo que tenemos. Bastaría con un sistema de tasas por las cuales pagáramos los servicios estatales que disfrutamos de forma transparente.

Por ejemplo, igual que la empresa pública de turno cobra el servicio que nos da al llevarnos agua potable a nuestro domicilio, se nos factura una tasa fija para poder disponer de él, más el consumo que realizamos del mismo, el resto de servicios se podrían cobrar exactamente igual. A saber, si la función de la policía es proteger la vida y propiedades de los ciudadanos, nada más fácil que cobrar una tasa fija por propiedad y persona a proteger, más el coste del servicio que puntualmente nos presten en un momento dado.

A la gente le puede parecer una barbaridad que la policía te cobre si les llamas, pero es lo que hacen los bomberos desde hace años y nadie ha muerto quemado por falta de fondos. Las compañías de seguros se pueden hacer cargo sin mucho problema de la mayoría de intervenciones policiales, y las más complejas siempre pueden ser absorbidas por la parte fija del servicio, liberando así del pago de investigaciones costosas de forma individual.

Y si esto se puede hacer con algo tan delicado como la policía, con más razón se puede aplicar al resto de los servicios públicos.

Una posible crítica es que al crear una tasa por cada servicio se complicaría el pago de impuestos. Cualquiera que haya hecho una declaración de la renta sabe que este argumento se cae por su propio peso, ya que el sistema actual es el más complicado de los posibles. En todo caso las tasas se pueden cobrar de forma conjunta por propiedad o persona sin mucha dificultad.

Por ejemplo, si existen tasas sobre personas físicas sobre seguridad, medioambiente, sanidad y justicia, siempre se pueden cobrar por la misma administración de forma conjunta y con la misma periodicidad. Es lo que hacen muchos ayuntamientos y no parece que a la gente se le complique mucho la vida por ello.

Así que una vez que hemos visto que no habría ningún problema en que el Estado financiara sus maravillosos servicios de forma que sus sufridos contribuyentes supieran qué están financiando y por cuánto le sale broma, habrá que empezar a pensar por qué prefiere un sistema impositivo opaco que separa totalmente los servicios de su financiación.

Y a poco que pensemos nos encontramos con la excusa de siempre: la dichosa justicia social, igualdad socialista o como la queramos llamar.

Volviendo al ejemplo anterior, si un sujeto A, con una renta de 20.000 euros paga 200 €, un 1% de su sueldo, por tener un servicio de policía, mientras que un sujeto B, con una renta de 200.000 € paga una tasa igual, que supone un 0,1% de todo lo que gana, la injusticia, se dice, es manifiesta.

Para desmontar esta creencia sólo hay que razonar un poco. Para empezar, el servicio de partida que da la policía a estos dos sujetos es el mismo, porque no hay ningún indicio que permita sostener que proteger la vida del sujeto A es menos costoso que proteger la del sujeto B. Por lo tanto tildar de injusto pagar la misma cantidad por un servicio igual, es bastante delirante. Y hay un pequeño detalle que se le olvida a los defensores de la justicia social, y es que una cosa son las tasas que se pagan individualmente, y si todos somos iguales no tiene sentido que estas sean distintas, y otras las que se pagan por propiedades. Y aquí es donde la desigualdad de las tasas se cae por su propio peso, ya que esos 200.000 euros de renta del sujeto B pueden ir destinados, bien a un depósito bancario, bien a una propiedad. Y, mira por dónde, tanto uno como otro sí que están bajo la tasa de propiedades. Y no hace falta decir que un banco pagaría bastante más de 200 € como tasa de seguridad, con lo que el sujeto B tendría que hacer frente a un coste mayor por garantizar la seguridad de sus propiedades, al ser éstas superiores a las del sujeto A.

Como última y desesperada crítica siempre se puede recurrir a las personas que no pueden afrontar el pago de ninguna tasa por carecer de medios para ello. Como argumento es bastante absurdo porque al ser servicios del Estado nada impide que éste libere de pagar, total o parcialmente, a las personas que cumplan ciertos criterios, repartiendo el coste de esta medida entre los que sí están en disposición de pagarla.

Por supuesto este razonamiento no le vale a ningún socialista, porque el fin de cobrar impuestos nunca ha sido el de prestar servicio público alguno, sino el de controlar toda la actividad de la población para poder sacar provecho de cada céntimo de riqueza que se genere, y así hacer crecer el Estado, no porque sea necesario, sino simplemente porque todavía queda riqueza que se puede rapiñar para alimentarlo.

El pueblo suizo no se deja desarmar

Y si a día (de hoy) son tan libres los suizos es porque ellos mismos están tan bien armados.

El príncipe (cap. XII), Nicolás Maquiavelo

Hace casi dos años que los suizos votaron en referéndum si se debía prohibir o no el guardar en casa los fusiles automáticos que el ejército les proporciona tanto a los que hacen el servicio militar obligatorio como a los que forman parte de la reserva.

La iniciativa de quienes llamaban a "deponer las armas" y a que fueran depositadas en arsenales públicos estaba apoyada por una nutrida coalición formada por el partido verde, los socialdemócratas, los ecologistas, organizaciones feministas, iglesias protestantes y católica, asociaciones de trabajadores sociales y un elenco de otras 70 ONG más. También se pretendía endurecer mucho más la posibilidad de obtener cualquier licencia de armas y abogaba por crear un registro centralizado de datos sobre la propiedad de armas a nivel federal, dado que sólo existían por cantones.

En la última década varios sucesos trágicos muy mediáticos parece que han influido en el cambio de opinión de los suizos al respecto. El más sonoro fue en 2001, cuando un ciudadano irrumpió armado en el Parlamento cantonal de Zug y acabó trágicamente con la vida de 14 personas antes de suicidarse.

En la campaña previa a la votación un anuncio en contra de la prohibición de las armas rezaba "¿Monopolio de las armas para los criminales? No." Los prohibicionistas, por el contrario, diseñaron un cartel en el que aparecía un oso de peluche abatido y sangrando con una bala clavada en el torso. Karin Jenni, portavoz de la Asociación para la Protección contra la Violencia de Armas, confesó que su victoria dependía en buena medida de si lograban movilizar el voto femenino y el de los jóvenes. Por su parte, Dora Andres, presidenta de la Asociación de tiro suiza, declaró que los clubs deportivos de tiro son uno de los pilares de encuentro y esparcimiento comunitario de muchas poblaciones del país, junto con las bandas de música, coros y clubs de gimnasio, y que prefería que sus vecinos siguieran relacionándose de esta forma y no a través de Facebook. Además, la competición anual de tiro al blanco, la famosa Feldschiessen, reúne cada año a más de cien mil personas en un solo fin de semana.

Joseph Lang, parlamentario del Partido Verde y uno de los activistas helvéticos más comprometidos contra las armas, declaró que era ridículo alegar que se guardasen las armas en los hogares por motivos de seguridad nacional ya que ¿quién iba a atacar a Suiza a estas alturas de la historia? En 2004 se redujo el tamaño del ejército suizo y, por tanto, tocaba ahora desarmar los hogares. En cambio, el informático e instructor de tiro Erich Sutter denunciaba que se pretendiera desarmar a ciudadanos entrenados para defender el país pero no a los criminales. Elsa Kurz, de la organización Stop Suicides radicada en Ginebra, aducía que si se hacía más difícil el acceso a las armas de fuego los suicidios disminuirían; para ella era una cuestión de salud pública. Estaban, pues, divididos.

El Consejo federal (el gobierno colegiado) suizo se posicionó en contra de la prohibición y declaró que no tenía miedo a que sus ciudadanos estuvieran armados. Los helvéticos llevaban siglos demostrando saber convivir pacíficamente con las armas y pedirles ahora que depositasen sus armas en arsenales representaría una falta total de confianza hacia sus conciudadanos. Como se ve, el país alpino es una isla con respecto a Europa en muchos sentidos.

La visión de los suizos -a diferencia de la de los estadounidenses- es que su libertad y responsabilidad de mantener armas en casa es más por motivos de defensa nacional que por razones de seguridad personal (que también, aunque en menor medida). No existe un registro de cuántas armas del ejército están involucradas en los asesinatos acaecidos cada año, pero la tasa de homicidios por armas de fuego es allí relativamente baja: en 2009 fue de 0,3 por cada 100.000 habitantes. La tasa de suicidios en Suiza, empero, es alta y sí se sabe que las armas del ejército tienen un papel relevante.

Con todo y con ello, el resultado del referéndum fue que un 56,3% de los votantes dijeron que no a tal prohibición. Asimismo, 20 de los 26 cantones que componen la Con(federación) se posicionaron claramente en contra. Los referendos constitucionales como éste requieren mayoría tanto de votantes como de cantones para llevarse a cabo.

El pueblo suizo quiso así preservar su larga tradición nacional de mantener armados los domicilios particulares. A esto se añade una extendida afición por la práctica del tiro deportivo muy arraigada allí, habiendo varios cientos de clubs de este tipo. Se calcula, pues no se sabe con exactitud, que pueden existir en los hogares de este país alpino de unos ocho millones de habitantes tal vez unos tres millones de armas (entre fusiles por servicio activo de la milicia, fusiles antiguos del ejército que representan casi la mitad del total, las de los cazadores, deportistas y coleccionistas con licencia; esto sin contar con las armas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del país). Como se ve, por tradición defensiva -que no agresiva- y por afición, Suiza es un país neutral armado hasta los dientes. Es el tercer país del mundo con mayor proporción de armas tras EEUU, Yemen y a la par con Finlandia. Son neutrales y pacíficos pero no pacifistas; la diferencia es importante.

Me parece una decisión valiente el que un pueblo haya votado que no a los deseos buenistas de imponer severas restricciones a la libertad de armas. No entro en razones utilitaristas (sirven de seguridad privada y disuasión a los malhechores) ni en motivos de defensa nacional (existe una atípica conscripción en dicho país). Lo que de verdad me maravilla es el nivel cívico alcanzado en aquella nación para que su gobierno confíe la custodia responsable de armas de asalto a aquellos que han pasado por una adecuada instrucción militar, para que no se considere a sus ciudadanos armados una amenaza para la sociedad y para que aquéllos, habiendo participado en acalorados debates en pro y en contra, se opongan mayoritariamente a la prohibición de mantener armas en sus domicilios privados.

El gobierno australiano confiscó las armas a sus ciudadanos en 1996, el partido laborista hizo lo propio con los británicos un año después. En octubre de 2005, por el contrario, los brasileños votaron en referéndum mayoritariamente en contra de los abolicionistas de la venta de armas, pues la gente honrada no deseaba verse inerme ante los criminales. En enero de 2006 el parlamento italiano aprobó una ley para el libre uso de las armas de fuego en defensa propia. El control de armas de propiedad civil en la mayoría de los países es muy restrictivo, aun así, el grado de violencia y muerte por armas de fuego persiste en todos ellos. Tiendo a pensar que las estadísticas de muertes por armas de fuego tienen más que ver con las condiciones culturales y los valores asumidos por la población de cada país que con la prohibición o severa restricción gubernamental hacia las armas.

El 8 de enero de 1959 Fidel Castro pronunció un encendido discurso en la base aérea militar de Columbia, hoy Ciudad Libertad (sic), al entrar triunfante en la Habana como líder de la revolución. Ese alegato ha pasado a la historia con el nombre "Armas, ¿para qué?" y fue el comienzo para, una vez logrado el poder de la isla mediante las armas, dejar al pueblo cubano totalmente desarmado por primera vez en su historia.

George Mason, muñidor de la Declaración de Derechos de Virginia, lo tuvo meridianamente claro cuando afirmaba que un hombre armado es un ciudadano, el desarmado es, en cambio, un súbdito. En esa misma línea, la asociación ProTell, versión helvética de la NRA, es apoyada de forma natural por la mayoría de los suizos que no acaba de entender el empeño de algunas personas por erosionar la legitimidad de los ciudadanos honrados para poseer armas.

La libertad de tener (y portar) armas de los civiles horroriza en general a nuestros coetáneos. De todas las libertades, tal vez sea la de las armas (convenientemente regulada, por descontado) una de las más incomprendidas debido al particular y predominante concepto de libertad sin responsabilidad que existe hoy, por desgracia, entre los miembros de las sociedades socialdemócratas.

A pesar de que Suiza es detestada por los progres, la democracia helvética nos da muchas lecciones, entre ellas, la que nos enseña que ya que el pueblo tiene el poder, debería también guardar las armas.

El denostado error empresarial también existe

Cada vez que se organizan jornadas de emprendimiento con la idea, real o ficticia, de fomentar el surgimiento de empresarios, estimular la iniciativa empresarial, etc., los organizadores suelen exhibir como en un mostrador un rosario de casos exitosos, e invitan a empresarios que sí lo supieron hacer, nos cuentan cómo desarrollar una idea, cómo emplear los recursos de la mejor manera posible, cómo acertar.

Verdaderamente, resultaría muy extraño organizar un seminario o un congreso en el que los empresarios nos contaran sus fracasos, en qué metieron la pata, las circunstancias que les llevaron a tomar decisiones equivocadas. Y, sin embargo, los errores tienen un valor enorme en la toma de decisiones, también en las empresariales.

Para una persona que se dedica a rastrear en las teorías, modelos e ideas económicas ortodoxas y heterodoxas, también las que no han servido, aparentemente, para nada, no tiene nada de particular. Por supuesto, cuando se trata de transmitir a los alumnos qué justifica la existencia de una asignatura como Historia del Pensamiento Económico es vital dejar claro que los intentos por explicar el comportamiento de los agentes económicos, de las relaciones entre las variables económicas, la metodología adecuada para la ciencia económica, son todos importantes, también los intentos fallidos. Y, precisamente, esos intentos son los que deben ser desmenuzados para evitar que se conviertan en mito, como sucede con la teoría keynesiana. De ahí la importancia de libros como Los errores de la vieja economía de Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana.

En una época como la que vivimos, en la que la desconfianza en el futuro y el desaliento se van instalando en nuestros hogares, en las empresas y en la vida cotidiana, hay que desmentir que el error y el fracaso son evitables. Al revés, se trata de integrar el error como parte de la teoría económica. Y eso es una de las diferencias de la Escuela Austriaca respecto a otras corrientes de pensamiento económico.

La lectura del artículo de Juan Carlos Cachanosky, "Las decisiones empresariales y las predicciones en economía", publicado en la revista LIBERTAS en el año 2000, deja las cosas bien claras. Efectivamente, la idea de partida es que la sociedad es un sistema hipercomplejo en el que las predicciones no tienen el mismo significado ni fiabilidad que las predicciones que se realizan en las ciencias naturales. Y la economía es una ciencia social que estudia la acción humana. No solamente es imposible predecir el comportamiento humano individual, cuando se trata de un grupo de personas, la cosa se complica, y si se trata de un mercado amplio y anónimo, aún más. El conocimiento es la clave. Como Hayek nos enseñó: el problema económico de la sociedad (…) es un problema de la utilización de un conocimiento que no le está dado a nadie en su totalidad.

Por ese motivo, para que las previsiones empresariales respecto del valor de la empresa y el coste medio del capital sean las más rigurosas y el decisor maneje los datos más adecuados, es necesario que no haya una mano arbitraria que manipule las variables. Lo que no sucede en las economías intervenidas, como la nuestra. Y, además, incluso si la decisión es la correcta, el resultado, como señala Cachanosky, puede no ser exitoso.

Hay que aprender a moverse en un entorno de incertidumbre en el que se pueda aprender de las lecciones positivas y negativas. Cuando las autoridades monetarias europeas hacen test de stress de los bancos, perfilan varios escenarios. Esta estrategia pone de manifiesto que por más datos y modelos econométricos que tengamos, no se pueden poner puertas al campo. Estas herramientas son útiles si nos atenemos estrictamente a qué nos indican y si tenemos siempre muy en cuenta el componente subjetivo que hay detrás.

Pero, desgraciadamente, en nuestra sociedad nos aferramos al dedo y no miramos la luna. Es decir, mitificamos el instrumento, lo hacemos bello, estético, sofisticado, y olvidamos qué hace ahí, para qué debería servirnos. Y, lo que es peor, lo manipulamos por intereses políticos nefandos, para que sustente una decisión tomada a priori. Así, nuestros gobiernos elegidos democráticamente estimulan determinadas actividades, determinados negocios, sectores, que supuestamente van a llevar a nuestro país a la cima de Europa, nos van a hacer competitivos y exitosos y nos lo demuestran con escenarios perfectamente diseñados, contra factuales, proyecciones a futuro, y nosotros les aplaudimos. Cuando lo cierto es que no hay conocimiento superior al del mercado libre. Se trata del famoso orden espontáneo del que tanto hablamos y que tanto miedo nos da. Si dejamos que sea el conocimiento que el propio sistema social hipercomplejo el que guíe cuáles son las inversiones rentables, los negocios en los que hay oportunidades de ganancias, entonces los empresarios podrán ejercer su función descubridora de esos mercados aún no desvelados.

Probablemente, al leer estas líneas, aparezca en la mente de todos la idea de la regulación, la protección frente al abuso, etc. Efectivamente, son necesarias leyes. Pero a lo que hemos llegado es a que nos dirija el miedo. Por miedo a no tener esa protección, hemos derivado en una esclerotización de lo que fue un mercado y hoy es un híbrido planificado. Y los abusos, no solamente no se evitan, sino que han aumentado y se han estatalizado.

Volvamos a leer a Hayek.

Mimemos el beneficio empresarial

Después de más de un mes, retomo mi actividad normal en este rincón de VozPópuli. Mi primera reflexión es que han pasado muchas cosas desde entonces y, sin embargo, no ha cambiado nada. La mentalidad es la misma, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los encargados del chiringuito. La situación, también. Eso sí. En medio de mi silencio han pasado las fiestas navideñas. El confeti del día siguiente es sórdido. Y las felicitaciones de año nuevo con sonrisa de “aquí no pasa nada” no es que se vayan a chocar con la realidad, es que ya chocan con ella desde hace tiempo. Aunque no lo notemos.

La ilusión de la calma

Porque uno de los fenómenos que se observa al alejarse del ruedo y prestar atención a lo que se dice en la calle es que, a pesar de las huelgas, los parados y las previsiones, la gente tiene la sensación de que tan mal, tan mal, no estamos y que tampoco vamos a estar mucho peor. Esta idea es alimentada por los responsables del gobierno quienes, una vez conseguido el objetivo de driblar el rescate, esperan seguir alargando lo que tenga que venir. Y “lo que tenga que venir” nadie sabe muy bien qué es.

La explicación es que no hay más datos negativos. No han aumentado las malas noticias y eso alimenta la esperanza de que, por lo menos, no seguimos a tumba abierta. Pero se nos olvida que esta aparente calma no indica que estemos bien. No se han solucionado los problemas que teníamos: seguimos teniendo una deuda inabordable, de la que apenas podemos pagar los intereses; seguimos siendo los campeones del paro; seguimos teniendo una actividad empresarial raquítica… Pero, como no vamos a peor, no vamos mal. Y esa es la falacia, no vamos peor aunque seguimos yendo mal.

Hay que mimar los beneficios empresariales

Uno de los puntos negros que señalan analistas como Daniel Lacalle es el deterioro de los beneficios empresariales. Y sé que suena fatal decirlo porque hay gente comiendo en centros asistenciales y familias al completo en el paro, pero los beneficios empresariales bajos nos perjudican a todos. El que la relación entre los beneficios empresariales y el coste de capital se deteriore choca con la visión generalizada transmitida a la gente de la calle por la evolución de la prima de riesgo y el índice bursátil. ¿No era que una prima de riesgo más relajada significaba que los mercados nos consideran más capaces de devolver las deudas? ¿No significa la trayectoria de la Bolsa que no estamos tan mal? ¿No están por los suelos los tipos de interés? ¿No debería verse estimulada la inversión?

Pues no. O no del todo. Resulta que lo que vemos es el resultado del más o menos hábil manejo de las autoridades de los tipos de interés y las políticas monetarias “escapistas” que consisten en monetizar la deuda, sea a las claras, o vía préstamos blandos del BCE. La intervención de los gobiernos en este sentido no hace desaparecer el riesgo crediticio como por arte de magia, los datos nos dicen que los préstamos morosos siguen subiendo, los beneficios están estancados o empeoran porque a pesar de los tejemanejes políticos la realidad se impone y la maquinaria no tira. Es decir, no se puede sacar de donde no hay. Y da lo mismo que le den una manita de pintura, que bajen tipos, que inyecten por donde sea… no da para más.

La mirada de la gente

Mientras todo esto sucede, en otro lugar de la galaxia, en la calle concretamente, se alimenta la ira contra todo lo que signifique beneficio, empresario, capital, sin saber que los iPads, las cenas de Navidad, los Roscones, los perfumes, las rebajas de Zara, las doce uvas sin pepitas, son fruto de eso… de empresarios que buscaban beneficios e invertían su capital para lograr su propio interés. Porque buscar el propio interés no implica desear o buscar el mal para los demás. Tener más no implica que los demás tengan menos. No hay una cantidad fija de bienes, de riqueza o de dinero. Así que desahogar la frustración del poder adquisitivo perdido es natural, sano y estaría muy bien si se enfocase correctamente hacia quienes tienen responsabilidad en ello.

Por ejemplo, esos gobernantes que manipulan los tipos de interés, las autoridades que aprovechan los créditos blandos del BCE para monetizar deuda, quienes siguen mareando la perdiz rescatando bancos que deberían haber cerrado hace tiempo. Lo cierto es que esos empresarios grandes o pequeños que siguen dando la batalla para mantener la empresa viva, son quienes van a generar puestos de trabajo para nuestros seis millones de parados. Y si no tienen el apoyo de todos, es decir, si no deja de ser una lacra decir “soy empresario” en este país, si no se siento uno impelido a disculparse porque su empresa va bien, o porque obtiene beneficios, o porque está invirtiendo, o porque su empresa se expande… no vamos a conseguir nada. Si cada vez que se nombra la palabra “beneficio empresarial” alguien grita “¡que pague más impuestos que para eso tiene más!”, no vamos a ninguna parte.

El Estado, como decía Juan Ramón Rallo, no son los Reyes Magos que traen a cada uno lo que sueña sin hacer nada. Tú pagas. Por eso, cuando el despilfarro es tan patético que aburre, hay que defender al que sí se gasta su dinero en desarrollar una idea, ponerla en práctica y sacar un beneficio.

La Escuela de Salamanca reloaded

Escribo este comentario con el año recién acabado, y me hace ilusión comenzar 2013 con una referencia a la Escuela de Salamanca (tomando prestado uno de los títulos de la serie Matrix). Ya tuve ocasión de explicarles que este mismo año hemos celebrado algunos centenarios: como el de Diego de Covarrubias, Fernando Vázquez de Menchaca o la publicación del Governador Christiano de Juan Márquez, circunstancias que me han permitido recordar el pensamiento de aquellos doctores contemporáneos al inspirador de nuestro Instituto Juan de Mariana.

Pues bien, añado como colofón lo siguiente: hace tres o cuatro semanas asistí a un interesante Seminario del Capítulo de Historia de AEDOS en torno a la Escuela de Salamanca, del que quería hablarles. Giraba en torno a tres Mesas Redondas para analizar la "actualidad de su pensamiento", como señalaban sus organizadores Fernando Fernández y José Andrés Gallego: "Durante muchos años, se valoró casi exclusivamente en función de sus aportaciones al futuro derecho internacional (hasta el siglo XIX, "derecho de gentes") y, en el último medio siglo, se ha llegado a concluir que, simplemente, no habían sido leídos de forma exhaustiva y se habían pasado por alto otros aspectos capitales: la recuperación de conceptos básicos de la metafísica tomista, el pensamiento económico y político, la aplicación de la antropología y de la filosofía del derecho al principio de ‘la responsabilidad de proteger’ como un aspecto de la razón natural compartida por todas las naciones…".

Así, una primera reflexión abordó el marco histórico y el ámbito conceptual: desde la clasificación de sus autores y descripción del pensamiento (Juan Belda) hasta una interesante referencia a la crisis económica actual (Francisco Gómez Camacho). Por medio, Idoya Zorroza explicó el desarrollo y objetivos del proyecto editorial sobre Pensamiento Clásico Español de la Universidad de Navarra, que incorpora bastantes obras de los maestros salmantinos.

La segunda Mesa Redonda trató de los desarrollos filosóficos, teológicos y jurídicos, a partir de una exposición sobre Antropología y Ley Natural (Francisco Carpintero). Se trataba de comparar el ideárium de Tomás de Aquino con el de la Segunda Escolástica, particularmente a partir de los jesuitas Gabriel Vázquez y Francisco Suárez. Del mismo modo se planteó una de las tensiones doctrinales en la Alta Edad Media (Mario Šilar), entre canonistas y teólogos: en ambos casos, se puede ver el conflicto como una manera de avanzar en la especulación racional.

El contrapunto a una perspectiva demasiado intelectual vino desde la experiencia americana de los dominicos (Miguel Ángel Medina): cómo las cartas llegadas del Nuevo Mundo pudieron ser el detonante de las Relecciones de Vitoria en torno al poder civil y al estatuto de los indios. También se destacaron las tempranas críticas a la esclavitud (José Carlos Martín de la Hoz). Lo que nos refirió al problema de la libertad religiosa (Gerardo del Pozo) que, siendo planteada por nuestros Doctores, debió esperar al concilio Vaticano II para su comprensión moderna.

Ya en horario vespertino se abordó una tercera cuestión: los desarrollos económicos y políticos. José Antonio García Durán abrió la jornada con una referencia a la banca medieval en Gonzalo de Berceo, explicando que la liberalidad y la magnanimidad permiten conformar el horizonte temporal a largo plazo. También la seguridad jurídica, la estabilidad de las leyes y el cumplimiento de los acuerdos (Victoriano Martín) facilitan el desarrollo económico: no es un disparate encontrar en Luis de Molina y otros escolásticos un antecedente de la Nueva Economía Institucional (defensora de un Estado moderado junto al respeto de los derechos de propiedad).

Este punto abrió un interesante debate en torno a los límites de la propiedad privada (qué sea la "extrema necesidad"), la obligación moral de la limosna y la definición del bien común. Francisco Carpintero precisaría al respecto los términos latinos de "propietas" (referida más bien a una cualidad) frente a "possessio" (el uso y el dominio efectivo de los bienes).

La sesión terminaba con una consideración (Francisco Baciero) sobre el paso de la filosofía política salmantina al pensamiento moderno: propone desmitificar los Tratados sobre el Gobierno Civil de Locke, argumentando un fundamento escolástico nunca reconocido por el escritor inglés. Pero hoy conocemos bien cómo John Locke manejó una edición inglesa del Tratado sobre la Ley de Francisco Suárez, seguramente en sus debates con Filmer. Asimismo, hay que tener en cuenta las citas de Suárez y Bellarmino en el Patriarca de Robert Filmer: curiosamente, criticando la postura antiabsolutista de los autores jesuitas.

En fin, además de un agradable encuentro de muchos académicos interesados en la segunda escolástica hispana, este Seminario de AEDOS nos sigue animando a profundizar en el pensamiento salmantino como una de las más consistentes raíces de la Modernidad.

2012, ¿el año de los recortes?

Dicen que el primer paso para superar un problema es reconocerlo. Aunque la afirmación puede parecer cargada de sentido común, realmente es muy difícil de asumir. En política, casi siempre, los problemas son los que crearon los demás, pero, por razones de lo más variado, cuando se accede al poder, los que eran evidentes en la oposición se asimilan o asumen. La llegada al poder de Mariano Rajoy, hace algo más de un año, llenaba de esperanza a millones de votantes y a algunos otros que, pese a no haberle votado, esperaban que, al menos en lo económico, lo hiciera mucho mejor que su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó una serie de decisiones económicas que transformaron el erial económico que había heredado de Felipe González en una economía más emprendedora y abierta, y lo hizo en relativamente poco tiempo. Al menos eso es lo que pensó mucha gente que le terminó concediendo una mayoría absoluta en la siguiente legislatura. Ese aparente acierto del pasado era posiblemente la base de la esperanza de los votantes de Rajoy: que el PP, y la derecha en general, sabe más de creación de riqueza que la izquierda, que siempre se ha centrado en el reparto de la existente. Un año después, una buena parte de esos votantes está arrepentida.

A Rajoy y a varios gobiernos regionales del PP se les acusa de recortar, de atacar el Estado de Bienestar, de atentar contra los derechos de los trabajadores públicos y de los beneficiarios de sus servicios. El término “derecho” ha surgido y surge con facilidad en las reivindicaciones de afectados, sindicatos y movimientos de la extrema izquierda que, bajo el paraguas de las revueltas y algaradas callejeras, se han hecho fuertes en las portadas de ciertos medios de comunicación y, con un impacto más limitado de lo esperado, en la calle.

Sin embargo, el año de Rajoy es posiblemente el que muchas fuerzas de la izquierda habrían firmado con los ojos cerrados si el que hubiera tomado las decisiones fuera un líder de su partido. Rajoy ha subido 27 impuestos durante el último año. Por poner tres ejemplos significativos, ha superado el límite máximo de IRPF que proponía la propia IU, ha incrementado el IVA y ha aumentado el de sociedades, impuesto muy relacionado con la maltratada actividad empresarial.

Su reforma del mal llamado mercado laboral no avanza apenas hacia una verdadera liberalización, dejando a trabajadores y empresarios atrapados en un maremágnum regulatorio que no favorece a ninguno.

La Administración sigue siendo la misma. Los tres niveles (central, autonómico y local) siguen contando con servicios duplicados, prosiguen los conflictos entre ellos, avivados por las luchas partidistas, ideológicas y, en los últimos años, con un nacionalismo desbocado, hambriento de recursos que no puede conseguir si no es a base de coacción y amenazas. El dinero que toman de los contribuyentes se gasta en asuntos que les son ajenos, despilfarrando, alimentando corruptelas que a nadie benefician, salvo a los propios corruptos. El gasto estatal se mantiene en niveles muy elevados y ni Rajoy ni las entidades locales o autonómicas parecen haber tomado medidas para que disminuya de manera significativa, ni que la deuda y el déficit retornen a cifras, al menos, asumibles por los sufridos contribuyentes. La burbuja estatal sigue existiendo y corre peligro de explotar, con efectos impredecibles.

Y mientras, el Estado clientelar, el que depende del presupuesto público, sigue incrementándose. Cada vez son más los que dependen de las administraciones estatales, no sólo los funcionarios o trabajadores públicos, incluyendo en este colectivo a los políticos electos que favorecen, en muchos casos, políticas irresponsables, sino también los que reciben (recibimos) los servicios públicos (sanidad, educación, transporte público, pensiones, prestaciones por desempleo, limpieza y mantenimiento viario, etc.) y los que perciben subvenciones o ayudas financieras de distinta naturaleza por las actividades económicas que realizan, pese a que, sin tales ayudas, sus actividades no fueran, en muchos casos, rentables: agricultores, productores de energías renovables, artistas, empresarios ligados a sectores como el inmobiliario o el desarrollo de infraestructuras urbanas, viarias o de transporte, entre otros.  

Y la situación es poco halagüeña si tenemos en cuenta que el propio Estado se ha encargado de acabar con su competencia, con las instituciones que la sociedad civil ha ido creando. Ahora que lo estatal no tiene recursos para tanto compromiso, no tenemos alternativas que nos ayuden, con el agravante de que, en el caso de España, el espíritu empresarial está muy mal considerado, a la vez que la propia naturaleza administrativa y regulatoria lo convierte en una actividad desagradable.

Cada vez son más los que pasan del colectivo netamente contribuyente al colectivo asistido, y a ello hay que añadir una pirámide demográfica cada vez más invertida, con un paro juvenil que supera el 50%. El Estado no cuenta con suficientes ingresos para mantener esta maquinaria ineficiente y cada vez más dañina, pues cada vez somos menos los que podemos aportar dinero a las arcas de Hacienda y cada vez son mayores sus necesidades.

Y habría que recordar a los que se benefician del sistema, a los que viven del presupuesto, que el coste de sus sueldos y gabelas, sus ayudas, servicios y derechos procede en su integridad de los impuestos que pagan ciudadanos y empresas y que, si éstas son cada vez menos y cada vez hay más personas a las que asistir, menos se podrá sostener tal gasto; que las corruptelas podrán ser significativas e importantes, pero que, en ningún caso, cubren el déficit y la deuda, una deuda que se come cada año parte de ese presupuesto.

Habría que recordar a huelguistas y manifestantes del “qué hay de lo mío”, que asolan la ciudad de Madrid con sus reivindicaciones que la situación es inviable y que, les guste o no, les parezca justo o injusto, la manera en que han vivido hasta la fecha resulta insostenible y que los recortes que se proponen no son, ni de lejos, los que deberían ser; que, pese a que nos han enseñado durante décadas lo contrario, el ciudadano debe buscar satisfacer sus necesidades con lo que ingresa y que, si con ello no es suficiente, debería dar prioridad a unos gastos frente a otros, o bien centrar sus esfuerzos en encontrar más fuentes de ingresos, en vez de esperar a que alguien le solucione la vida con el dinero de otros y que sus gritos acobarden o alimenten a algún político populista.

Por último, no puedo dejar de pensar que Rajoy ha querido llegar al poder para gestionar que todo siga como está, que nada cambie de manera profunda y que, cuando la economía mejore en el exterior, reavive a la española y, de esta manera, convertirse en el salvador del Estado de Bienestar. Rajoy no quiere ver los problemas del sistema y propone malas soluciones a corto plazo, soluciones que no pretenden hacer demasiado ruido. 2012 no ha sido el año de los recortes, ha sido el año de la subida de impuestos, ha sido el año en que todo ha seguido más o menos como lo dejó el PSOE, ha sido un año más con un gasto público disparatado, ha sido el año de los manifestantes que quieren que lo poco que se recorte no les afecte a ellos sino a otros, ha sido el año en que no se ha desregulado nada importante, sino que se ha añadido un millón de páginas de nuevas normativas.

Y pese a todo, el camino es claro y está ahí para quien lo quiera ver y se atreva a desmantelar esta ineficiencia, aunque le costara el poder. Se debe hacer exactamente lo contrario de lo que se ha hecho durante los últimos ocho años. Es cuestión de dar esos pasos y ver qué pasa. El futuro no está escrito.

Los miserables rurales (II)

La reforma agraria ha sido interpretada por políticos e historiadores como uno de los elementos indispensables para modernizar economías rurales, donde la propiedad de la tierra se distribuía entre pocas manos, y los campesinos apenas alcanzaban con su trabajo el nivel de subsistencia. Sucedió en España, Rusia, Japón, Sudamérica, Zimbabwe, y otros muchos países caracterizados todos por una desigual, tardía o insuficiente industrialización de su economía. Pero en vez de ver este último elemento como el factor fundamental, y a partir de él, hallar las barreras y fuentes de descoordinación social, el pensamiento dominante ha entendido que la causa, o al menos una de las causas principales, radicaba en la singular distribución de la tierra y la eficiencia productiva del campo. Latifundistas, iglesia, manos muertas o nobleza, como sinónimo de atraso y explotación de millones de individuos. El Estado dio con a quién expoliar, y en base a qué justificación o teoría hacerlo, siempre en beneficio de los más débiles y oprimidos, merced de amedrentar a los más poderosos… Esta idea, que como eslogan y propósito encontró adeptos y no pocos pensadores capaces de desarrollarla con rigor y sobrada argumentación, responde a una falsedad derivada de un análisis pobre e incompleto de cuáles son los fenómenos que impiden a las naciones desarrollarse.

Lo cierto es que la debilidad industrial de una nación, ligada a que su agro permanezca atrasado, no deriva exclusivamente de la distribución de la propiedad de la tierra. Son las ciudades y no el campo donde debemos poner nuestra atención.

Las monarquías se financiaban con cargo a la hacienda y derechos del Rey. Siendo insuficiente esta fuente de ingresos, se avanzó extendiendo las contribuciones procedentes de las ciudades. Iglesia y nobleza no tributaban, o no lo hacían de modo directo o significativo, razón que empujó al Estado moderno a poner su punto de mira en las ciudades, que acabaron siendo las únicas convocadas cuando se demandaban nuevos y mayores tributos. Al mismo tiempo, las ciudades, que empezaron a rivalizar con el campo como principal fuente de riqueza, y que eran ya centros de innovación y conocimiento, se convirtieron además en las grandes perjudicadas por las políticas de gasto desaforado emprendidas por sus reyes. Inflación y otros impuestos unidos a regulación, aranceles, barreras comerciales. En definitiva, una política mercantilista que asfixiaba, limitaba e incluso impedía crecer a las ciudades.

Para habitar un núcleo urbano de tamaño considerable, resulta condición indispensable tener oficio, y beneficio, distinto al estrictamente rural. Sin que estas ocupaciones demanden nuevos trabajadores, resulta obvio que el campo siga siendo el lugar donde más individuos habiten. Si las ciudades no atraen a los campesinos, difícilmente saldrán beneficiados aquellos que sí decidan permanecer en sus tradicionales ocupaciones agrarias. Los salarios del campo crecerán en la medida que la mano de obra se desplace a las ciudades, y quien emplee a su cargo jornaleros y campesinos no tenga más opción que subirles el salario para retenerlos a su lado. Eso, o invertir en bienes de capital que sustituyan a los antiguos labradores… A partir de aquí la tendencia es a que las ciudades crezcan, y con ellas la industria, incluida aquella dedicada a mejorar la producción agraria, la distribución de alimentos, su conservación y mejora de calidad. Tales inversiones no siempre resultan adecuadamente incorporadas, o quedan fuera del alcance de antiguos propietarios que se ven superados por los tiempos. Es ahí cuando comenzará una desamortización espontánea, con ventas, reagrupaciones o creación de organizaciones productivas mucho más eficientes. El resultado no ha de ser necesariamente la extensión del minifundio, sino en general, el desarrollo del medio rural en términos de eficiencia y mejora de las condiciones de vida de los que en él trabajen.

Todo ello nos lleva a la siguiente conclusión: la reforma no ha de estar orientada al campo (aunque existan situaciones que sí demanden cierto impulso), sino que debe centrarse en liberalizar el comercio urbano, bajar impuestos y no manipular instituciones como el dinero o el Derecho. De ese modo, no hará falta que se emprenda una revisión completa de la propiedad de la tierra, mediante desamortizaciones expropiatorias o la experimentación colectivista.

La experiencia nos demuestra que éste ha sido el discurrir en las naciones que más pronto han logrado alcanzar altas cotas de industrialización, prosperidad y complejidad social. De hecho, justamente en esas naciones, ha sido mucho más evidente la reacción de los antiguos privilegiados y terratenientes, enfrentados a los rigores de un mercado que les privaba de manera espontánea de esa mano de obra barata que antes prestaba sus servicios a cambio de salarios de miseria. Tuvieron que afrontar también ellos el empuje de la libertad. Trataron entonces de dramatizar la imagen del obrero, cuya vida se tachaba de miserable en comparación con el campesino feliz, de corte medieval, nutrido y con tiempo libre. Mentiras que demuestran que la mejor reforma agraria ha sido la que surge del empuje urbano y el capitalismo.

@JCHerran


Este comentario parte de varias reflexiones del autor sobre los miserables (ver I).

Extorsionadores extorsionados

Definamos extorsión… Según la RAE: "Usurpar, arrebatar algo a alguien utilizando la amenaza respaldada por la violencia". Más claro, agua. Una vez establecido, sin lugar a dudas, el significado de la palabreja, podemos ponerle un adjetivo que la suavice, que tranquilice nuestra conciencia. Podemos calificarla de democrática, social, solidaria… O, mejor aún, podemos quitar el término extorsión y hablar de política redistributiva, políticas sociales, justicia social, socialismo, Estado del Bienestar. Podemos adornarla, camuflarla u omitirla… Pero estamos hablando de simple y llanamente extorsión.

Una extorsión que la gran mayoría de la población acepta, valora e intenta practicar deliberadamente, votando a unos políticos que les prometen ser su "brazo extorsionador" a cambio de un salario público, coche oficial y otras prebendas… Porque lo que es indudable es que la extorsión tiene ventajas para quien la practica, pues gracias a ella se puede disponer de los bienes, del trabajo y del dinero de los demás para propios y personales fines.

Y si encima , en vez de tener que hacerlo personalmente, podemos recurrir a la mencionada extorsión delegada, pues mejor, mucho mejor…, tanto desde el punto de vista de la propia integridad física, pues no es lo mismo amenazar en plan Soprano al tendero de la esquina para que te entregue un sobre con parte de recaudación del mes a que lo haga por nosotros un inspector de hacienda, como desde el punto de vista moral, pues al apoyarnos en la política, tenemos la "justificación democrática", es decir, nos decimos a nosotros mismos que la extorsión del prójimo, cuando es ejercida en nombre de un 51% del censo electoral, se convierte en un derecho…

Y por supuesto, siempre nos queda la "justificación solidaria" que nos hace aceptar la extorsión, siempre que se ejerza sobre "los ricos" y sea para unos "buenos fines", que, curiosamente, suele coincidir al 100% con los intereses de quienes la defienden.

Así, la sociedad española se ha convertido en una sociedad "extorsionadora", una sociedad que no aspira a vivir de su trabajo y de la riqueza que este pueda crear, sino de la riqueza que nuestros políticos, cumpliendo sus promesas electorales, sean capaces de quitar al prójimo y gastársela en nuestras necesidades, deseos e ilusiones…

Por ello, quizá haya cierta ironía cósmica, "kármica", en la dramática situación actual… Una España que creyó ciegamente en la política y los políticos, en el Estado omnipotente y paternalista, en el atajo de las políticas" redistributivas", que nunca creyó en la libertad, la competencia y la responsabilidad individual, descubre, perpleja y desorientada, que está siendo extorsionada por aquellos en quienes, confiada y alegremente, delegó.

Es lo que pasa cuando se trata con profesionales del tema, ya saben…

Por un 2013 con más espacios para la libertad

Ciertamente, el año que hoy despedimos no ha sido el mejor para la libertad en España: tras 27 subidas de impuestos, varias decenas de miles de millones de euros dirigidos a "sanear" a la banca y la promesa de un rescate en ciernes por parte del BCE que permita a nuestros liberticidas mandatarios consolidar su torcido rumbo, a cualquiera se le atragantan las uvas pensando en lo que nos deparará 2013. Acaso por ello, sin embargo, sea éste un buen momento para reivindicar la labor de un cada vez más imprescindible sector privado. En medio de este ocaso de esos dioses que nunca pasaron de aprendices de brujo, de este creciente desengaño hacia la fatal arrogancia de pretender solventar los complejos problemas sociales con las torpes y coactivas herramientas del poder político y de este expansivo hartazgo por la cada vez más indisimulada voracidad de nuestras administraciones, familias, empresas y asociaciones varias deben no sólo de protegerse del pesado pie visible del Estado, sino también cobrar un mayor protagonismo en la articulación de nuestras sociedades.

Desde su creación hace más de siete años, el Instituto Juan de Mariana ha tenido una clara vocación de defensa y promoción de esos dos pilares de toda sociedad libre que nuestros gobernantes no cesan de querer socavar: la propiedad privada y los contratos voluntarios. Si hace siete años, cuando algunos todavía proclamaban ingenua y erróneamente que habíamos llegado al fin de la historia con el triunfo definitivo de la globalización capitalista, el Instituto resultaba enormemente necesario para impulsar una agenda realmente liberal, hoy, cuando lo que constatamos es que continuamos con la misma historia de siempre –la voraz fagocitación del mercado por un mórbido Leviatán desatado a cuenta de esa oportuna crisis gestada por la propia intervención estatal–, todavía lo es más.

Más de siete años, no obstante, dan para mucho, no ya en cuanto a actividades realizadas sino también en materia de organización interna. En este sentido, 2012 ha sido un ejercicio de cambios dentro del Instituto Juan de Mariana: su presidente y fundador, quien desde la constitución había llevado las riendas, Gabriel Calzada, se mudó a Guatemala para, durante este año que ahora entra, asumir el cargo de rector de ese faro de intelectualidad y libertad, no sólo para América Latina sino para todo Occidente, que es la Universidad Francisco Marroquín. Ha tocado, pues, reestructurar la dirección y el equipo del Instituto para tratar de mantener y, en la medida de lo posible ampliar, ese rol oxigenante que este think tank liberal juega dentro del viciado debate político español.

Por un lado, desde mediados de 2012 he tenido la satisfacción de incorporarme como director de este apasionante proyecto. Por otro, Raquel Merino, que ya ocupaba la vicepresidencia con Gabriel, continúa en su cargo, lo que nos permite seguir contando con su valiosa experiencia y profesionalidad, elementos esenciales para explicar el éxito del Instituto durante los últimos años. Y finalmente, la dirección se ha visto enormemente reforzada con la reciente entrada de dos personas que están desempeñando un extraordinario trabajo: en septiembre, se incorporó Luis Alberto Iglesias como director de Comunicación, y tan sólo un mes después lo hizo Inés Calzada como coordinadora de Proyectos. A los tres me gustaría felicitarles por el trabajo realizado y animarles a seguir por esta senda en 2013.

Al fin y al cabo, este año que está a punto de expirar no ha sido precisamente parco en actividades: Cena de la Libertad con entrega del premio a D. Mario Vargas Llosa; quinto Congreso de Economía Austriaca con unos niveles de asistencia especialmente elevados; séptima Universidad de Verano en Lanzarote con más de 60 alumnos; reanudación desde septiembre de nuestras conferencias semanales, con doce ponencias retransmitidas en su mayor parte vía streaming; centenares de artículos en prensa y de apariciones en medios de comunicación por parte de nuestros miembros; dos informes contra la asfixiante fiscalidad española; un manifiesto y una campaña (estoesunatraco.es) contra estas subidas impositivas y las mentiras con que fueron concebidas; el relanzamiento del Observatorio de Coyuntura Económica a manos de Ángel Martín Oro; una nueva edición de Liberacción, nuestra feria de libros liberales; la coorganización del I Congreso ‘Economía y libertad’ con la Universidad Católica de Ávila; o la coproducción, con Amagi Films, del afamado documental sobre la crisis ‘Fraude’. Pero habida cuenta de la delicada coyuntura por la que atraviesa la libertad en España, parece que en los próximos meses habrá que redoblar esfuerzos y hacer mucho más. A este respecto, permítanme sugerirles que estén atentos desde el primer día a las varias sorpresas que ya les tenemos preparadas.

Tal nivel de actividades, con todo, sería imposible sin la esencial contribución de nuestros miembros y benefactores, así como de nuestro equipo de colaboradores y voluntarios. A todos ellos me gustaría mostrarles el más sincero agradecimiento del Instituto Juan de Mariana por su imponderable contribución a la defensa de la libertad, así como aprovechar la ocasión para desearles un feliz y próspero 2013… a pesar del gobierno.

El descalce de plazos y riesgos (y 2)

El descalce de plazos y riesgos y la reserva fraccionaria de los bancos no son lo mismo, ni son equivalentes, ni un caso particular uno del otro, y es un grave error confundirlos. Es posible no tener ninguno de los dos, tener reserva fraccionaria sin descalce de plazos, tener descalce de plazos sin reserva fraccionaria, o tener ambos.

Los bancos no son almacenes de dinero. Las analogías con garajes (o silos, o depósitos) en los que los clientes “depositan” coches (u otras mercancías) para su guarda y custodia son profundamente erróneas: las promesas de entrega de coches (que además no son bienes fungibles) no circulan (no sirven como medio de transporte), mientras que las promesas fiables de entrega de dinero sí circulan (sirven como medio de pago, como sustitutos o complementos monetarios); los coches no aparecen en el balance de un garaje, igual que los objetos depositados en las cajas de seguridad de los clientes no aparecen en el balance del banco.

Un préstamo no tiene por qué tener un plazo o fecha de terminación cerrado y fijado de antemano. Un depósito bancario a la vista es un préstamo cuya terminación queda abierta y a discreción del depositante: es un préstamo vigente hasta que el depositante reclame su devolución; también podría entenderse como un préstamo a muy corto plazo (segundos, minutos) con renovación automática salvo que el prestamista exprese lo contrario. Los depósitos a la vista por lo general son sólo parcialmente a la vista: suelen incluir restricciones o límites sobre las cantidades que pueden retirarse inmediatamente; para retiradas de efectivo de cantidades grandes es necesario preavisar al banco con cierto tiempo.

La reserva fraccionaria (que no es ningún privilegio estatal, ni una estafa o engaño) no causa el ciclo económico de origen financiero; ni siquiera causa necesariamente inflación. El descalce de plazos y riesgos y el deterioro de la liquidez sí que originan las expansiones crediticias insostenibles.

La reserva fraccionaria sólo tiene sentido si existen depósitos a la vista y/o billetes en el pasivo de un banco, y consiste en no tener toda la cantidad de los depósitos y billetes respaldada al cien por cien por reservas monetarias (de dinero en efectivo) en el activo; en un banco prudente el respaldo consiste en activos líquidos, que pueden venderse sin pérdida rápidamente en cualquier momento.

Un banco puede tener una reserva cien por cien de sus depósitos a la vista y billetes, pero practicar el descalce de plazos con otros elementos de su pasivo (depósitos a plazo, letras, bonos) y activo (préstamos del banco, acciones). Algunas entidades financieras no tienen depósitos a la vista (banca en la sombra, banca de inversión), por lo cual el concepto de reserva fraccionaria no tiene sentido, pero pueden practicar el descalce de plazos y riesgos (pasivo de repos a muy corto plazo, y activos a más largo plazo y con mayor riesgo).

Un banco normal tiene reserva fraccionaria: los depósitos a la vista y los billetes están respaldados por activos líquidos (si el banco es prudente), pero no en su totalidad por dinero. El banco puede no tener descalce de plazos, si sus activos se corresponden en cantidades y plazos con sus pasivos: el pasivo a la vista está respaldado por activo a la vista (préstamos a la vista cuya devolución es exigible en cualquier momento). Un banco prudente puede tener un ligero descalce de plazos si respalda sus pasivos a la vista con activos muy seguros a muy corto plazo (como las letras comerciales a muy corto plazo, reales y autoliquidables, con diferentes vencimientos); además ese descalce podría compensarse con descalces inversos en otros elementos del balance.

El banco imprudente descalza plazos y riesgos de forma masiva, con o sin reserva fraccionaria. El descalce de plazos y riesgos no es algo que la banca haya hecho siempre, o no es algo que haya hecho siempre con la misma intensidad, imprudencia e irresponsabilidad: ser un banco no implica descalzar plazos y riesgos.

El descalce de plazos no significa que el dinero que recibo hoy al vender algo puedo usarlo en el futuro con el mismo poder adquisitivo para comprar algo: eso es la estabilidad del valor del dinero. Sólo tiene sentido hablar de descalce de plazos y riesgos si hay un desajuste temporal y de riesgos entre un pasivo y un activo: es algo que no es exclusivo de la banca, pero es especialmente importante en ella por su rol de intermediación financiera y su nivel de apalancamiento (financiación con recursos ajenos frente a fondos propios).

Dos deudas del mismo plazo pueden tener riesgos diferentes. Pero dado un préstamo, incrementar el plazo necesariamente incrementa el riesgo: el precio (valor presente) de la deuda a más largo plazo es más sensible a cambios en los tipos de interés, es más volátil (ver matemáticas financieras para las fórmulas que relacionan tipo de interés y precio de la deuda); el futuro más lejano es más incierto; y mayor plazo implica mayor probabilidad de quiebra en algún momento.

El descalce de plazos aplana la curva de tipos y distorsiona o elimina la valiosa información que esta proporciona sobre preferencias temporales a distintos plazos y percepción del riesgo en los mercados: baja los tipos de interés a largo plazo (facilita la inversión a largo plazo pero desincentiva el ahorro a largo plazo) y sube los tipos de interés a corto plazo.

El descalce de plazos y riesgos no es la única fuente posible de problemas financieros. El riesgo de crédito (que el préstamo no se devuelva en las cantidades de principal más interés y plazos pactados) existe siempre: el banco debe examinar la solvencia del prestatario y puede equivocarse; pero si no hay descalce de plazos y riesgos y burbuja crediticia, los riesgos están en principio descorrelacionados entre sí. El descalce generalizado de plazos y riesgos incrementa el riesgo de crédito y correlaciona todos los riesgos entre sí, porque todos son resultado, al menos en parte, de la misma burbuja crediticia.

El riesgo de tipo de interés es la posibilidad de que cambios en los tipos de interés causen problemas a una entidad financiera porque reciba menos por sus activos o pague más por sus pasivos. Para un banco que descalza plazos este riesgo se reduce si en su activo el préstamo a largo plazo no es a tipo de interés fijo sino variable (se ajusta automáticamente al tipo al que se renueva la deuda a corto plazo). Pero cuando los tipos de interés ajustables sean bajos probablemente habrá una expansión crediticia, y en la crisis, cuando el tipo de interés a corto plazo se incremente, muchos prestatarios no podrán asumir los mayores pagos; además el banco puede ofrecer unos tipos iniciales especialmente bajos para atraer clientes incautos que no evalúan bien su capacidad de pagar tipos mayores en el futuro. Comprometerse a ajustar el tipo de interés no asegura que este realmente se pague: se transforma el riesgo de tipo de interés en riesgo de crédito.

Los bancos parecen crear dinero de la nada: pero los bancos no crean dinero en sentido estricto, sino sus propias promesas de entrega de dinero que suelen aceptarse como medio de pago si el banco es solvente (o si la legislación así lo decreta de forma coactiva) y por lo tanto son sustitutos o complementos monetarios; y la generación por un banco de promesas de pago no se hace de la nada, sino respaldada por algún activo (la deuda del prestatario y sus garantías).

Un banco que descalza plazos puede (y suele) conceder un préstamo sin recibir ni dar dinero, simplemente mediante apuntes contables (al menos en principio): no hace falta recibir un depósito primero y después hacer un préstamo; el banco incrementa su balance al entregar una promesa de pago a la vista al prestatario (haber en la cuenta del prestatario, pasivo del banco), y a cambio recibe unas promesas de pago futuras (debe en la cuenta del prestatario, activo del banco). No es un proceso simétrico porque los plazos de las promesas de pago son muy diferentes. El crecimiento del balance no es gratuito, ya que el banco ha reducido su liquidez y solvencia (lo cual no puede hacer de forma indefinida). La capacidad de conceder préstamos de un banco está limitada por su liquidez (menor cuanto cuanto mayor sea su descalce de plazos y riesgos) y su capitalización (a mayor apalancamiento, menor capacidad de absorber pérdidas).

Como lo normal es que quien pide un préstamo lo utilice de inmediato, el prestamista utilizará su poder de compra y transferirá ese dinero recibido (en realidad promesas de entrega de dinero) a otro agente: este puede operar con el mismo banco (y entonces el banco sólo redistribuye su pasivo), con otro banco (y entonces el banco sufrirá pérdida de reservas en la cámara de compensación interbancaria a menos que haya otras operaciones de sentido contrario), o sacando el dinero base del sistema bancario (reduciendo sus reservas globales).

El descalce de plazos no es una práctica contable: es una práctica financiera que se refleja en la contabilidad. El análisis contable tiene un problema de indeterminación de ciertos valores: algunos pasivos están determinados, se sabe cuánto se debe (salvo que se aplique algún tipo de interés variable) y cuándo; respecto a los pasivos a la vista, o en general a la deuda con opción de reclamación en cualquier momento, se sabe cuánto se debe pero no cuándo; los activos están por lo general indeterminados, ya que no se sabe con certeza si realmente se va a cobrar en plazo (riesgo de crédito) o cuánto puede obtenerse por ellos si hay que venderlos en un momento dado para obtener liquidez (riesgo de mercado).

Los bancos gestionan su pasivo y su activo y pueden protegerse mediante distintos derivados, coberturas o titulizaciones (sacando activos de su balance, traspasándoselos a otros agentes). Un banco puede conceder hipotecas y luego vender cédulas hipotecarias que invierten (aunque posiblemente no es su totalidad) el descalce de plazos previo. Los riesgos de crédito pueden reducirse mediante cláusulas restrictivas que reduzcan la exposición a riesgos del prestatario, contratos de seguros de impago, o colateral dinámico (garantías adaptables a incrementos del riesgo). Las crisis bancarias demuestran que la gestión de riesgos de los bancos puede ser muy defectuosa.

Una presunta ventaja de la deuda a corto plazo es que los acreedores pueden controlar al deudor mediante la amenaza de la no renovación de la deuda: pero si se realmente se corta la financiación el sistema se derrumba. Un banco que descalza plazos depende de forma muy sensible de que sus depositantes le renueven sistemáticamente su financiación; esto es algo imposible de garantizar con certeza y los riesgos de retirada de depósitos no son fenómenos aleatorios descorrelacionados entre sí (la desconfianza suele ser generalizada y con bucles de realimentación positiva). El descalce de plazos puede “funcionar” de forma parasitaria si el Estado protege a la banca, si ante las crisis aplica represión financiera (corralitos, vacaciones bancarias, ahorro forzado, engaños de los fondos de garantía de depósitos) o la refinancia de forma sistemática a costa de los contribuyentes (impuestos) o de los tenedores de dinero (inflación).

Un sistema complejo adaptativo evoluciona y se hace sistemáticamente resistente y robusto mediante la eliminación de fracasos parciales (quiebras empresariales que permiten aprender de los errores cometidos) y la retención de las innovaciones exitosas. Los sistemas perfectos son imposibles: la ausencia total de fallos en un sistema durante un tiempo prolongado puede deberse a su ocultación o a su incubación progresiva. Lo que desata el estallido de una burbuja crediticia es una causa próxima, pero la causa última de los problemas es la fragilidad del sistema financiero, que se destruye de forma catastrófica y sorprendente por pequeñas perturbaciones en vez de adaptarse de forma gradual y continua.

El descalce de plazos y riesgos no es un engaño socialmente beneficioso, y la opacidad bancaria no es ninguna virtud. Los bancos no son sabios benevolentes que obligan o engañan a la gente para que asuma riesgos que, aunque no quieran, les convienen: esos riesgos excesivos ni los quieren ni les convienen. Para conseguir más inversores dispuestos a asumir más riesgos no hay más que incrementar la recompensa (el tipo de interés). Existe ahorro a largo plazo (como los planes de pensiones) para proyectos a largo plazo. Financiarse con deuda no es la única opción: también existen las acciones o fondos propios.

Una corrida bancaria no es un ejemplo de racionalidad individual pero irracionalidad colectiva (fallo de mercado): no es una reacción histérica de los depositantes contra la cual deben ser protegidos; es una respuesta racional a la merecida pérdida de confianza en la banca (lo irracional es prestar sistemáticamente a un insolvente).

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