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Evo Morales: una visita muy rentable… para Bolivia

Evo Morales obtuvo de Mariano Rajoy un compromiso: Bolivia seguirá siendo eje prioritario de la cooperación española. Ahí no le importa al aymara ser subsidiado. Sin embargo, las frecuentes “nacionalizaciones” de empresas españolas en el país andino no fueron objeto de discusión, aunque el boliviano habló de ellas con su peculiar vocabulario, próximo a la demagogia, con el que satisface a un público tan concreto como acrítico con sus comportamientos: respetamos a los socios extranjeros pero no queremos patronos“, espetó.

Al respecto, debemos puntualizar que muchas de las nacionalizaciones efectuadas durante su mandato han sido jaleadas desde España por la izquierda y la peculiar concepción que ésta tiene de la justicia (y de la historia). 

En el discurso de Morales se apreciaron claras contradicciones. La principal es que se ha enorgullecido de que la balanza fiscal boliviana dará superávit, pero ha pedido que la cooperación española se mantenga, lo cual es paradójico, sobre todo si tenemos en cuenta que añadió que en su país el paro es sólo del 4%. De seguridad jurídica, evidentemente, tampoco habló, tema que por el contrario no eluden otros países de su entorno regional como Chile, Colombia o Perú, cuyos dirigentes gozan de menos simpatías extra-continentales, pero que practican políticas realistas, alejadas de toda algarabía mediática. 

Mayor marketing tuvo la estancia de Morales en Barcelona. Es normal puesto que en la Ciudad Condal se ha creado en los últimos años un poderoso movimiento antisistema para el que el Estado de Derecho es papel mojado y que apuesta por un modus operandi basado en el ambiguo concepto de la “acción directa”, lo que generalmente se traduce en violencia pura y dura contra el mobiliario público o privado.

En este sentido, debemos recordar que en las recientes elecciones autonómicas catalanas, las CUP lograron representación en el Parlamento. Por cierto, curiosa contradicción la de las CUP: tanto aborrecer de la política y de los políticos… y se meten a parlamentarios. En el fondo, es un oficio como otro cualquiera, con su salario garantizado a fin de mes y el tiempo libre suficiente como para seguir jaleando conceptos vacuos como “autogestión”.

Entre el lenguaje de dicha formación política y el de Evo Morales, las diferencias, si las hay, son mínimas. Frases lapidarias que no van más allá del mero eslogan. En el fondo, para el político boliviano sus verdaderos interlocutores son estos movimientos sociales y no los gobiernos elegidos democráticamente en las urnas. De cara a agradar al grosso de la audiencia, no faltaron las referencias a la CIA y al FMI, para terminar afirmando que “ahora Bolivia es libre” (evidentemente, gracias a él, se sobreentiende).

Evo Morales forma parte de aquellos dirigentes que gozan de mayores adeptos fuera de su país que en el interior del mismo. Junto a Hugo Chávez y los hermanos Castro es uno de los iconos de la progresía europea, generalmente multimillonaria, y que ve en tales personajes los adalides de la “igualdad”. Para ello, no duda en justificar cuantos actos lleven a cabo, ya atenten contra las libertades más básicas, ya sean puras confiscaciones. No sólo en Europa gozan de predicamento este tipo de dirigentes mesiánicos. En Estados Unidos ocurre algo similar y son numerosos los actores y directores de cine que empatizan con el socialismo del siglo XXI.

Recientemente, Evo Morales nombró a Sean Penn “embajador de Bolivia de las causas nobles ante el mundo”. El ex marido de Madonna siempre ha estado muy pendiente de criticar a Estados Unidos y su sistema de libertades, contraponiéndolo con otras sociedades idílicas según su particular prisma, como la cubana o la venezolana, pero “casualmente” en las que no vive.

En este punto, la farándula norteamericana sí que es más valiente que la española, pues “los nuestros” no trascienden el dogma, son felices autoproclamándose mundo de la cultura y asomándose al balcón de algún teatro para arengar a las masas, mientras ellos sólo se arriesgan fotografiándose con la ceja levantada, paso previo para ir a recoger la subvención.

La desfachatez del estatismo

El relato oficial es un cúmulo de responsabilidades ocultas. Díaz Ferrán adeuda a Banesto, Novagalicia y otras entidades bancarias, especialmente cajas de ahorro, una cifra de euros cercana a los 419 millones. Los perjudicados son, directamente los accionistas de esas entidades y los impositores de las mismas. El ex presidente de la CEOE no puede responder ante los acreedores porque no quiere, simplemente, al haber establecido una trama de evasión de sus obligaciones contractuales ante los propietarios privados. Debe y no paga. La espectacularidad del caso viene exacerbada por la situación de crisis que levanta clamores justos que apelan a la conculcación de los derechos de propiedad. Pero especialmente se escucha otro tipo de apelaciones menos claras en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales y sí más claras en la condena al capitalismo que permite hechos similares. Nada más lejos de la realidad esta última interpretación, ya que es justamente el capitalismo el que asienta por delante de muchos otros derechos los de propiedad y su defensa jurídica y penal.

De esta manera, la condena del capitalismo y no la de un simple sospechoso de robo a propietarios particulares, como debería considerarse a Ferrán, es lo que prima, de forma que se oculta el hecho de que el supuesto ladrón solo pudo perpetrar su delito con la aquiescencia, precisamente, del sector no privado y no capitalista, es decir, del estado corporativista. Sin la manipulación política de bancos y, especialmente, de cajas de ahorro es muy posible que Ferrán no hubiera llegado a endeudarse hasta tales niveles. Es, justamente, por esa intromisión política que el crédito se ofreció muy por debajo de los límites que la prudencia y la tasa natural de interés presente en la economía aconsejaban. La expansión crediticia y los asientos políticos en los consejos de administración de las entidades financieras hicieron posible el “caso Ferrán” y Ferrán, simple y supuestamente, robó.

Pues bien, a pesar de el sustrato real del todo lo ocurrido con el propietario de Viajes Marsans, sucede que el relato vulgarizado y falso permite comparar a su lamentable protagonista con el suceso de las empresas transnacionales que planifican la evasión de sus impuestos. Starbucks, Apple, Amazon y otras están siendo acusadas e investigadas parlamentariamente en el Reino Unido, es decir, por los representantes de “lo público”, y con escenografía rayana en lo obsceno. Parece ser que estas firmas han planificado la reducción de sus costes tributarios de manera legal (por más que dichos costes sean esencialmente ilegítimos) y que eso, en momentos en los que la envidia social es demagógicamente excitada por políticos y movimientos de revival post-marxista, es considerado tan insolidario como lo supuestamente perpetrado por Ferrán.

De manera que el epílogo oficial de todo esto es que, cuando un desaprensivo roba, es decir, viola los derechos de propiedad que el capitalismo de libre empresa consagra, la culpa no es del sistema politizado que propicia esa transgresión ni simple y penalmente del ladrón, sino del capitalismo. Cuando ciertas empresas reducen costes evitando que el fisco conculque los derechos legítimos de propiedad por vía tributaria con el consiguiente beneficio para los consumidores que disfrutan de productos abaratados, eso se considera un delito de lesa solidaridad también. Lo que se exacerba aquí es la codicia de quienes se benefician del estado gigante, llamado del bienestar, que siguen queriendo parte de la tarta a costa de la competitividad de las empresas.

Lo que subyace a unos y a otros casos es que cuando un paradigma explicativo es el dominante en la sociedad, cualquier caso es referido a él, sea cual sea su etiología y sean cuales sea las consecuencias perversas de esa explicación.

Ideas sueltas sobre ‘la marea blanca’

La sanidad no se vende pero los servicios sanitarios sí; un médico, una enfermera, un auxiliar o un celador cobran dinero por sus servicios. Y no precisamente lo justo para vivir.

El hospital universitario La Princesa aparece estos días con docenas de sábanas, cuyo fin debería ser el uso por parte de los pacientes, colgadas de las puertas y ventanas con garabatos pintados sobre ellas. Es el mejor ejemplo del respeto de algunos empleados públicos por el uso del dinero que el Estado extrae de los bolsillos de sus conciudadanos.

Al parecer para algunos las subidas de impuestos son legítimas y se tienen que acatar, pero la decisión sobre el cambio de modelo de gestión de unos hospitales no, y por tanto se pueden contestar cortando calles, encerrándose en edificios públicos y molestando a los usuarios de una sanidad cuyo coste están obligados a sufragar. En otras palabras, una parte de la sociedad cree sinceramente que la otra parte está obligada a mantenerla digan lo que digan las urnas… y la realidad.

La única forma de hacer accesible la sanidad a todos los ciudadanos es abaratando su coste. Y la única forma de abaratar el coste de algo es dejar actuar libremente a las personas para que, de la competencia y la especialización, surjan nuevas técnicas que aumenten la productividad.

Los argumentos más utilizados por los defensores de la sanidad pública es que las enfermedades crónicas son muy difíciles o imposibles de costear por un ciudadano medio. O que las Urgencias sólo aceptarían a pacientes después de revisar su cuenta corriente. Dejando a un lado la validez de estos argumentos, la primera pregunta que habría que hacerles es por qué defienden la sanidad pública, cuando solo tienen argumentos para defender la gratuidad de urgencias y tratamientos a enfermos crónicos.

Ocho de cada diez funcionarios que pueden elegir entre Muface y la seguridad social, escogen a la mutualidad, que le permite contratar un seguro médico privado. Solo con este dato cualquier manifestación de funcionarios en defensa de la sanidad pública queda totalmente desacreditada.

Nadie en la extrema izquierda va a entender este tipo de argumentos. Para ellos utilizar la lógica del mundo real no tiene sentido, porque el mundo al que aspiran es ajeno a la realidad. La sanidad debe ser gratuita y todos los que trabajan en ella deben ser los mejor preparados. Que eso sea posible o no les da bastante igual. Por supuesto, hasta en los experimentos más cutres como el que tuvo lugar en Sol hace año y medio se pudo ver que su mundo paralelo implosiona en cuestión de días, por lo que no hay que preocuparse mucho por intentar convencerles de nada.

La gestión privada de hospitales es solo un parche de urgencia ante la escasez de dinero. Sería mucho más lógico implantar la desgravación del 100% del coste de un seguro privado para todos los ciudadanos. De este modo serían los propios ciudadanos los que premiarían la buena gestión de las aseguradoras, y los socialistas y aprovechados de las batas blancas tendría más difícil inventarse conspiraciones, al ser los propios ciudadanos los que les dieran la espalda.

Capindialismo (y III). Lacras presentes, futuro abierto

El saludable efecto detonador de las reformas de 1991 llevadas a cabo en la India parece estar llegando a su fin. Se ha alcanzado un punto de inflexión. Sin una tanda decidida de nuevas medidas liberalizadoras se corre el riesgo de que la economía india caiga en una nueva esclerosis.

Entiendo necesaria una nueva ronda de reformas que acabe con los excesivos y persistentes trámites burocráticos que sofocan el nacimiento de nuevos negocios (start ups), fomente el desarrollo rural mediante una eficiente reforma agraria con el fin de liberalizar los arriendos rurales y mejorar los imperfectos derechos de propiedad y su registro, elimine subsidios existentes, flexibilice el rígido y complejísimo mercado laboral indio, liberalice más el sector bancario y el de la energía (estatalizados en exceso), permita el libre acceso al mercado de nuevos agentes económicos en cada vez más sectores, invierta en sus atrasadas infraestructuras que suponen insufribles cuellos de botella, agilice la labor y la enorme pendencia de las cortes judiciales indias para reforzar la seguridad jurídica en aquel país, restaure el necesario equilibrio presupuestario e introduzca mayores dosis de transparencia en las licitaciones públicas y demás actuaciones de los poderes públicos.

Un país con un PIB que le coloca en la cuarta posición mundial, una población que supera ya los 1.200 millones de almas y una natalidad aproximada de quince millones de nuevas personas al año no puede permitirse el lujo de quedarse a medio camino. El desafío es de envergadura. Hoy, aparte de que el crecimiento de su PIB empiece a desacelerarse, hay dos señales aún más preocupantes: la merma del número de empresas que entran a competir cada año en el mercado local al persistir todavía grandes barreras de entrada y la endémica corrupción tanto de políticos como de empresarios oligarcas.

Rajiv Lall, ejecutivo financiero indio, comentó en cierta ocasión con amargura que en su país existían muchas leyes pero poco orden, a diferencia de lo que ocurría en China en la que había pocas leyes pero mucho orden. Esa es la razón por la que ha recibido la segunda mucha mayor cantidad de inversión extranjera directa que la primera. El milagro indio no es haber crecido a tasas impensables hace un par de décadas sino haber logrado triplicar su renta per cápita desde 1991 pese a sus insuficientes reformas liberalizadoras, pese a su casta política y a pesar de contar con un débil marco institucional aderezado con una agobiante inflación legislativa.

China comenzó trece años antes (1978) los procesos de reforma económica por lo que sus indicadores económicos son mejores que los de la India, pero impone aún severos controles y directrices a sus individuos y empresas. El capitalismo despótico y cuasi neocolonial chino cuenta con muchos admiradores debido a sus decisiones centralizadas y a sus grandes corporaciones patrocinadas por el Estado, pero carece prácticamente de sociedad civil. En la India todo se discute en el parlamento federal, en los estados, en sus agrupaciones locales y en los numerosos medios de comunicación. Sus profesionales de la política se mueven en el cortoplacismo, por clientelismos y lobbies diversos que tienden al proteccionismo. Es complicado tomar medidas efectivas como sucede en sociedades autoritarias por lo que sus cambios son lentos e incrementales. Pese a ello, tal vez a largo plazo el capindialismo se adapte mejor a un contexto de economías del conocimiento hacia el que tendemos.

En la India las instituciones democráticas surgieron antes de haber pasado por una revolución industrial; aquéllas crearon una intrincada maraña regulatoria antes de que la economía privada pudiera transformar una sociedad eminentemente rural en otra más desarrollada. Sin embargo, en su haber cuenta con logros indiscutibles como la libertad de expresión, pluralismo político, elecciones libres, acceso libre a Internet y a la opinión no censurada e irrestricta del exterior. Su economía ha quedado también parcialmente liberada desde mediados de 1991. Además, los numerosos medios de comunicación indios (hay más de 360 canales de televisión independientes y multitud de periódicos tanto en papel como online) garantizan la pluralidad de opiniones e ideologías. El gobierno indio puede tardar más en llevar a cabo acciones por su "estilo democrático" pero, al menos, sus errores no tendrán las consecuencias globales que puedan acarrear los cometidos por el único Partido comunista chino que actúa con notable opacidad y goza de escasa presión democrática desde abajo. Tampoco podemos olvidar que en China hay también su buena dosis de corrupción y se ejecuta a más gente en una sola semana que en toda la historia india desde su independencia.

La India tiene empero debilidades crónicas. A modo de ejemplo mencionemos que es complicado ser productivo en un país cuyas empresas rara vez tienen todos sus departamentos trabajando al unísono. Es habitual que cada uno de éstos contrate sólo a trabajadores de una misma religión para evitar enfrentamientos entre ellos. Debido al diverso panel de festividades religiosas con las que cuenta la India es normal que dejen de trabajar de forma intermitente departamentos enteros, atrasando y paralizando la coordinación dentro de las empresas.

Hay indicadores aún mucho más alarmantes. Casi un tercio de su población está alejada o al margen del mercado; vive, por tanto, en la extrema pobreza. Siguen existiendo elevadas tasas de desempleo y de analfabetismo. La pervivencia de la atosigante tradición de la dote hace, además, indeseables a las niñas por lo que son masivamente abortadas durante su gestación. El establishment político y sindical muestra indiferencia o, en el mejor de los casos, impotencia a la hora de mejorar la suerte de los más pobres de su país. Martin Wolf señaló con acierto que la India era una "superpotencia precoz" al combinar una economía inmensa con muy bajos estándares de vida.

Por otro lado, las finanzas del Estado indio empiezan a deslizarse de nuevo por terrenos delicados que pueden hacer descarrilar su economía: la deuda pública vuelve a rondar el 80% de su PIB; a esto se unen crecientes déficit fiscales y corrupción en todos los niveles de gobierno. En un mundo de inversiones globalizadas, la creencia de que la soberanía estatal puede acumular indefinidamente niveles de endeudamiento excesivos de manera impune ha demostrado ser falsa. Acechan, además, no pocos peligros tales como el fanatismo religioso, el ultra nacionalismo, el atávico sistema de castas sociales, los movimientos maoístas, la tentación militar frente a países vecinos con los que persisten aún conflictos territoriales y la sempiterna burocracia arrogante. Siguen siendo muchas las lacras.

Una de las principales tareas pendientes y no resuelta con las reformas liberalizadoras de 1991 es la facilitación efectiva de un entorno propicio a la empresarialidad con el fin de que emerjan allí nuevos y constantes negocios (nacionales o extranjeros). Hoy día esto sigue siendo difícil. El último reporte de Doing Business 2012 de la International Finance Corporation –miembro del grupo del Banco Mundial- sitúa a la India en el decepcionante puesto número 132 dentro del ranking de 183 países del mundo. Su vasto mercado interior está aún por conquistar. La India cuenta con un potencial tesoro consistente en un mercado cuatro veces la población estadounidense concentrada en una superficie apenas un tercio de la del país americano. Es un desafío tan prometedor como complejo.

Actualmente existen cerca de seiscientas zonas económicas especiales repartidas por la India. Cuando proliferan dichos enclaves en un país es porque dispone de una legislación general inadecuada para la iniciativa privada y los proyectos empresariales. Es un mal menor, una válvula de escape a modo de laboratorio económico acordado graciosamente por los gobernantes para paliar un problema de fondo que sigue sin resolverse. La India debiera convertirse toda ella en una zona económica especial y libre. Si se consiguiera esto habría beneficios y externalidades positivas inimaginables para todos.

Los indios de la diáspora han demostrado ser gente laboriosa y emprendedora en aquellos lugares donde existe una libre (y reglada) competencia y se dan las condiciones necesarias para desarrollar negocios con cierta seguridad y libertad. Nada indica que no sean capaces de hacerlo en su propio país. La prosperidad generalizada hará acto de presencia en la India si se dan esos incentivos adaptados a su entorno para que una economía de mercado dinámica arraigue realmente allí. Sus representantes estatales debieran permitir la libre entrada de la competencia dentro de sus fronteras y dejar manifestarse en toda su plenitud la iniciativa individual. Esa confianza en la acción creativa y emprendedora de sus ciudadanos traerá sin duda cuantiosos réditos.

En su reciente visita a España, el presidente del Consejo nacional de la innovación de la India, Sam Pitroda, a la pregunta de qué le diría a los recién licenciados europeos formulada por parte un periodista patrio del montón –es decir, de convicciones socialdemócratas- contestó que "un joven licenciado no debe buscar empleo, sino crearlo". Parece que en la India el paradigma está cambiando. Quedan por derribar, no obstante, no pocos obstáculos y llevar a cabo las reformas mencionadas.

Ojala que se vaya afincando cada vez más –y en la medida de lo posible- en el subcontinente indio ese mecanismo impersonal y éticamente neutral al que denominamos capitalismo que hace posible que personas desconocidas entre sí se apoyen en la satisfacción mutua de sus necesidades y propósitos. Sólo de esta forma terminará actuando no sólo a favor de millonarios sino al servicio de millones. Entonces sus habitantes podrán, al fin, disfrutar de mayor libertad para elegir y serán más autónomos. Esa independencia y esa soberanía es lo que realmente importa.


Este comentario es parte integrante de una serie publicada acerca de los daños y secuelas producidos en la India al abrazar el socialismo tras su independencia y la transformación que supuso la tardía introducción de un capitalismo sui generis en dicho país a partir de julio de 1991, pese a contar aún con numerosos lastres endémicos. Para una lectura completa de la serie, ver también I y II.

La Guerra de Secesión Americana (y IV)

La Guerra de Secesión americana invita a varias reflexiones: responder a por qué una guerra tan devastadora y destructora de riqueza y recursos pudo durar casi un lustro; cómo es posible que el Sur, tan limitado desde un principio por las circunstancias que no fueron analizadas correctamente por sus líderes, apoyara tan entusiásticamente su causa hasta el punto de hacerla personal. Cabe también preguntarse cómo una guerra entre ciudadanos que, hasta su inicio habían estado viviendo bajo una misma bandera, se convirtiera en uno de los conflictos más crueles de los que hasta ese momento se habían producido, donde los objetivos de los ejércitos ya no eran sólo los militares del enemigo, sino los civiles con sus ciudades y propiedades.

Por lo general, en el mundo liberal se asigna al Estado/Gobierno una capacidad casi mágica de engañar al ciudadano, de hacerle partícipe de sus objetivos, que son distintos de los suyos. Esto no es siempre así, yo diría que tampoco lo es a menudo y que, por lo general, las grandes políticas de Estado responden a intereses que, de alguna manera, puede compartir y comparte buena parte de la ciudadanía, sin necesidad de echar mano a la trampa. La causa independentista del Sur era real y fue asumida, bien de manera activa, bien de manera pasiva, por la gran mayoría de su población, de la misma manera que, para el Norte, la causa unionista y la legitimidad del Gobierno Federal era la correcta. Y por ellas debían luchar y lucharon unos y otros.

Debemos recordar que, en el momento del comienzo del conflicto, el ejército americano era uno de los más pequeños y menos formados del mundo. Apenas tenía experiencia, aunque había algún veterano superviviente de la guerra de 1812 y de la más reciente Guerra con México, donde sí habían luchado algunos de los principales oficiales que luego se enfrentarían entre sí en ambos bandos, como Grant y Lee.

A la llamada a filas acudieron miles de voluntarios los primeros meses de guerra, y lo hicieron gustosos y honrados de servir cada uno a su causa. Se calcula que, menos de un año después del inicio, el Norte tenía unos 700.000 hombres, entre voluntarios y milicianos, y el Sur, unos 400.000.

Es difícil sostener que fuera el engaño gubernamental el que había provocado estas movilizaciones masivas en ambos bandos, y tiene más lógica pensar que acudieron por una cuestión de honor, una cuestión de afinidad ideológica, una simple cuestión de patriotismo, entendido el mismo como afinidad por la sociedad a la que cada uno se sentía vinculado o, simplemente, porque percibieron que su estilo de vida estaba amenazado. De hecho, cuando las necesidades de hombres se hicieron mayores y se instauraron los servicios militares obligatorios, no hubo demasiados problemas de deserciones, aunque a ninguno de los dos bandos les gustara la medida. En el Sur, incluso se llegó a criticar la recluta obligatoria, pues devaluaba el esfuerzo y el compromiso de los voluntarios.

Pero eso no quiere decir que no hubiera movimientos antibelicistas en cada bando. Sin embargo, nunca llegaron a ser importantes y sólo resaltaban algo cuando el conflicto en sí se volvía en contra de cada uno de los bandos. Así, en el Norte cobraron importancia a finales de 1862, coincidiendo con una serie de derrotas que terminarían en Gettysburg, y en 1864, ya como consecuencia de la fatiga de la guerra. Sin embargo, el liderazgo de Lincoln, la normalidad administrativa y el apoyo popular nunca se vio socavado. Por su parte, el Sur sólo sufrió problemas en este sentido a finales de l864, cuando con un ejército en unas condiciones deplorables y, en muchos casos, cercanas a la inanición, los combatientes abandonaron las filas a una escala resaltable.

Los problemas de Davis venían principalmente de la tradición sureña de dar más peso a las necesidades de los Estados que a la del Gobierno central. Pese a que la lógica de un poder centralizado que dirigiera el esfuerzo de guerra era cada vez más evidente, los líderes estatales ponían muchos problemas al desplazamiento de sus tropas a Estados que no eran el suyo, provocando serios problemas estratégicos, operacionales y tácticos.

Cabe también preguntarse si el agotamiento financiero de un Gobierno es condición necesaria y suficiente para el fin de un conflicto. En el caso del Sur pronto se dieron las condiciones en las que, tanto financiera como militarmente, el resultado era la derrota. Pero el conjunto de la sociedad (políticos, militares y civiles) se las ingenió para conseguir recursos de todo tipo. Por ejemplo, el salitre necesario para hacer municiones se sacó de los excrementos animales que había en las granjas, incluso rascando las paredes de establos y otras infraestructuras. El mencionado reclutamiento obligatorio permitió mantener un número adecuado de militares y la actividad de la población civil suministró buena parte de las necesidades de sus ejércitos a costa de las suyas propias, y se hizo de una manera voluntaria. Por último, cuando el Norte terminó de tomar el Mississippi con la toma de Vicksburg y dividió el territorio sudista en dos zonas no conectadas entre sí, restando capacidad operacional y logística al Sur, las autoridades políticas y militares siguieron luchando aún unos años más. Incluso la marcha de Sherman por el territorio del Sur, perpetrando una serie de actos violentos sobre la población civil, no sólo no consiguió acabar con el apoyo de ésta a su Gobierno, sino que lo reafirmó.

Por último, volviendo al principio de este largo análisis de la Guerra de Secesión americana, cabe preguntarse cuál debería ser el papel de los políticos, pues la predicción del futuro no es precisamente lo suyo. Los terratenientes y los líderes del Sur consiguieron destruir en cinco años lo que sus predecesores tardaron en levantar varias décadas: la idea de un Sur más cercano a lo que ellos creían los ideales de los padres fundadores. Cabe pensar si una actitud menos violenta, una política menos agresiva, pero más segura de lo que se podía obtener por otros medios, habría conseguido que, hoy en día, existieran los Estados Confederados de América. Y es que si el cálculo económico es imposible, el cálculo político lo es aún más.


Este comentario es parte de una serie de artículos relativos a la imposibilidad del cálculo económico en la Guerra de Secesión Americana. Para una lectura completa de la serie, ver también III y III.


Bibliografía

Dilorenzo, Thomas J., El verdadero Lincoln. Unión Editorial.

Ferguson, Niall, El triunfo del dinero. Debate.

Keegan, John, Inteligencia militar. Conocer al enemigo, de Napoleón a Al Qaeda. Editorial Turner.

Keegan, John, Secesión. La Guerra Civil americana. Editorial Turner.

Varios, Great battles of the Civil War. Marshall Edition.

Los miserables (I)

Proletario es aquel que carece de otros medios para subsistir que no sea su trabajo, y que, por tanto, es sólo dueño de su prole. Se trata del trabajador extroversivo puro. Aquel cuya vida depende de prestar su trabajo a quienes sí poseen otros medios de producción. El proletario queda expuesto al infortunio, la enfermedad y la vejez. Condena a sus hijos a tener una existencia idéntica a la suya, lo que origina una clase social, distinta de la que forman los dueños del capital, o capitalistas, constituidos en una minoría de individuos que detenta la propiedad y la dirección de los medios de producción.

Sobre este esquema simple descansa el socialismo. La causa jurídica es la propiedad, y la económica, la apropiación de la plusvalía generada durante la producción por parte de quienes dominan los bienes de capital. La consecuencia política es un orden donde una minoría somete a la inmensa mayoría, que, pese a ser el instrumento fundamental para la producción, y con ella, la creación de riqueza, termina siendo desposeída de todos los frutos de su trabajo salvo aquellos que les resulten estrictamente necesarios para subsistir. Se infiere además que la principal consecuencia jurídico-económica es que la riqueza y, con ella, el control de los medios de producción tienden a concentrarse en un número cada vez menor de personas, que fuerzan a su vez la extensión de salarios de miseria entre los trabajadores.

Políticamente, estaríamos ante un régimen de opresores contra una mayoría social de oprimidos, que tendría en el Estado su instrumento fundamental. Frente a este orden violento, donde muchos son pobres para que muy pocos disfruten de las riquezas que aquellos generan, sólo es posible la subversión de las instituciones sociales que lo sostienen. El Estado debe convertirse, según esta visión, en un instrumento de cambio social, tomando el monopolio del uso de la violencia para imponer las reformas necesarias. Los bienes de capital no desaparecen, sino que se colectivizan. El proletario permanece en su posición, pero con la diferencia de que sus necesidades quedan cubiertas por la comunidad a través de mecanismos distributivos directos y originales.

El socialismo real se contrapone a una versión realista. La socialdemocracia comprende que el capitalismo (la descentralización en la toma de decisiones sobre la producción y la propiedad plural de los bienes de capital) no genera por sí mismo las terribles consecuencias que la visión económica socialista infiere en su pobre y defectuoso estudio del proceso social. El realismo opta por una versión que limita la intervención y garantiza islas de exigua libertad, buscando aprovechar la superior capacidad productiva del sistema capitalista, que generará una mayor riqueza a disposición del poder redistributivo del Estado. La teoría socialdemócrata cree que sólo así se logra que los salarios crezcan por encima del nivel de subsistencia. Al mismo tiempo, se entiende innecesario que los individuos ahorren, dado queel Estado confisca a quienes mejores resultados obtienen en el mercado toda la riqueza que haga falta para eliminar los otros males que se le presuponen al sistema capitalista: la desprotección frente al infortunio, la enfermedad o la vejez de los más débiles, socialmente excluidos o menos capacitados.

En definitiva, en cualquiera de las versiones adoptadas por el socialismo (real o realista), como consecuencia del gravísimo error teórico e intelectual del que parte, el Estado se convertirá en el instrumento principal de su esquema social.

Con la excusa de liberar a los míseros trabajadores de su condena, el socialismo crea un régimen en que la mayoría de los individuos nunca dejan de ser trabajadores extroversivos puros (proletarios funcionales). Sólo una minoría copará los puestos políticos y administrativos indispensables para que el engranaje del Estado funcione. En la cúpula de la jerarquía del Estado, surgirá una reducida minoría cuyos miembros tendrán a su disposición comodidades y ventajas que serán inaccesibles para el resto de la población.

Lo anterior sucede tanto en el socialismo real como en el realista. En este último se reproducen, curiosamente, las mismas causas que en su momento dieron lugar a uno de los más grandes errores teóricos cometidos por el socialismo: querer hacer ciencia económica estudiando la coyuntura política. El sistema capitalista no equivale necesariamente a un libre mercado. Es posible que los propietarios de los medios de producción lo sean gracias a una vía legítima, por ser acorde con el orden jurídico privado existente, pero puede suceder que su permanencia y ascenso en dicho estatus no dependa estrictamente de las reglas del mercado, sino del juego político de poder e influencia. La teoría económica socialista cree que la explotación es uno de los fundamentos del capitalismo, cuando lo único cierto es que, de existir, ésta sería un efecto más de un determinado orden político.

El segundo gran error es de tipo político, ya que el socialismo ha optado siempre por hacerse con el control del Estado. Poco importa que se trate de su forma real o realista, porque el socialismo será siempre un régimen de Estado, y nunca un régimen de libertad individual.

El tercer gran error es de tipo económico. El socialismo maneja una deficiente teoría económica, lo que le hace creer que la producción logra su máxima eficiencia y capacidad gracias a la centralización en la toma decisiones sobre bienes de capital colectivizados, o en su versión realista, regulados en virtud de su función social, que es la forma intervencionista de la socialdemocracia: mantiene la propiedad plural y cierta autonomía individual en la toma de decisiones, pero conduce la producción hacia el objetivo impuesto desde un órgano central de planificación.

El proletario no desaparece con el socialismo, sino que, convertido en la base del engranaje social diseñado, queda aparentemente dignificado mediante una asistencia que procede, exclusivamente, de su trabajo. El Estado se convierte en una terrible maquinaria de dominación, que forma una pequeña élite dirigente a la que sólo se accede mediante gravosos y generalmente violentos procesos de ascenso político dentro de la propia administración, o de la sección ideológica que gobierne el Estado. En términos económicos, los resultados no pueden ser más desalentadores. La producción cae y se simplifica. Hay racionamiento de bienes, incluso de primera necesidad. La novedad en el consumo prácticamente desaparece. La inmensa mayoría de los ciudadanos queda desprovista de las ventajas que sólo una élite gobernante acapara. Los miserables no sólo no dejan de serlo, sino que lo son con más intensidad y sin ninguna posibilidad de medrar que no pase por introducirse en el cauce político diseñado para tal efecto.

@JCHerran

Ávila y la crisis

Como saben, acaba de celebrarse en la Universidad Católica de Ávila, y con el apoyo del Instituto Juan de Mariana, el I Congreso Economía y Libertad: La gran recesión y sus salidas. Como acto final se leyó un Manifiesto ante la crisis con varias consideraciones del tenor siguiente: "Convenimos en que la crisis que padecemos está causada por las rigideces existentes en los diferentes mercados y por una organización territorial del Estado que implica en la práctica una ruptura de la unidad de mercado". Comprenderán que parece interesante dedicarle otro Comentario a este evento, a pesar del excelente resumen de Raquel Merino y de hacerlo de una forma casi telegráfica.

No pude asistir a la primera jornada, el jueves 22, con la inauguración por parte del catedrático Victoriano Martín y dos paneles en torno a los antecedentes de la crisis y su dimensión mundial. Me quedo con una frase del profesor Martín, que escuché después en varias ocasiones: ya no basta con los recortes, sino que es preciso afrontar reformas estructurales.

Aunque no sea literal, de alguna manera recoge el espíritu del Congreso. Se trataría de reflexionar sobre las salidas a la crisis, pero con un ambicioso horizonte de cambio del paradigma. Así, Juan Ramón Rallo describía tres dimensiones en este modelo: el teórico-académico, muy cerrado en torno a sus postulados neoclásicos; el político-institucional, también encasquillado en sus intereses cortoplacistas; y el económico-productivo, actualmente colapsado por la tentación del dinero barato que ha cercenado el crecimiento basado en el ahorro; pero que, a juicio del Dr. Rallo, es el único que podría impulsar un cambio en todos los demás.

El académico Dalmacio Negro y el profesor Vicente Enciso, organizador del Congreso (con el apoyo de David Sanz), añadieron otras consideraciones sobre esta crisis de paradigma. El primero, señalando cómo el Estado ha ido cercenando los espacios de libertad del individuo, hasta el punto de encontrarnos en la etapa final de una revolución legal. Enciso, por su parte, explicaba la evolución acontecida en Suecia desde un Estado del Bienestar hacia un Estado Beneficiador, en el que cabe la provisión pública de servicios y su producción privada. Esta experiencia podría indicarnos un camino más ambicioso, pero ya necesario: el paso hacia un Estado Subsidiario, en el que incluso la provisión de los servicios puede ser privada.

También se analizó la crisis de las políticas públicas a partir de una excelente descripción del catedrático Rubio de Urquía: el modelo neoclásico opera desde un desconocimiento fatal de la cuestión. Así nunca podrán encontrarse las soluciones. Por lo que estamos sometidos a los diferentes tsunamis que explicaba el profesor José Juan Franch: tres relacionados con el sector financiero (desde las trampas del sistema de reserva fraccionaria al desatino de la inyección arbitraria de moneda en los mercados), la crisis inmobiliaria, más la ruptura del equilibrio presupuestario, de la demografía y de la ética. Franch también habló de cómo cambiar las reglas, aportando algunas soluciones como las redes sociales.

Pero además de un análisis técnico de la crisis, hubo un Panel y varias comunicaciones en torno a los problemas éticos. Así, el economista y doctor ingeniero agrónomo Vicente Boceta destacó que "lo que suele entenderse por crisis ética es la ausencia de unos valores y la puesta en práctica de otros, egoísmo, avaricia, envidia… Pero estos ‘no valores’ poco éticos e inmorales han existido siempre, desde Caín y Abel". En este sentido, añadió que "decir que por esa falta de valores existe la crisis, entonces tendríamos que estar permanentemente en crisis y eso no es así. Mi tesis es que la crisis viene por unos comportamientos poco éticos del sector político apoyados en un modelo económico perverso keynesiano, y eso conduce a que haya crisis y ahí aflora esa falta de valores, esa falta de ética", explicaba. "Es consecuencia, no causa de la crisis".

Personalmente, tuve la oportunidad de intervenir en esta Mesa Redonda junto a la profesora de la Universidad Católica de Ávila María Jesús Carravilla y mi compañero de Comentarios Francisco Capella. No descubro nada nuevo a sus lectores asiduos recordando los tres ámbitos en los que Capella basa su reflexión sobre los conceptos de ética y valores: las preferencias y gustos; las normas (que deben ser universales, simétricas y funcionales); y los hábitos de comportamiento, planteando una recuperación de esa virtud aristotélica fundamental, la prudencia. Por mi parte, indicaba la conveniencia de trabajar por una revisión de la ética personal sobre la base de unas estructuras institucionales que permitan ese fair play que exige una economía verdaderamente liberal.

La doctora María Jesús Carravilla explicaba en este mismo Panel que "se ha dado una escisión entre la ética, la política y la economía y ésa es la base de los males que estamos sufriendo". Lo que me recuerda, finalmente, las reflexiones que proponía el profesor Mario Šilar en una interesante comunicación sobre la teoría de la acción como marco epistemológico para identificar las causas morales de la crisis económica. Hay que distinguir esos tres niveles de análisis científico (el político, el moral y el económico) para encontrar las soluciones adecuadas a la crisis que se viene analizando. Por ejemplo, mediante la correcta subordinación entre estas ciencias, ya sea por razón de fin o de sujeto. Algo que la filosofía escolástica ya supo descubrir, y que no nos vendría mal recordar en estos momentos.

El descalce de plazos y riesgos (1)

Los compradores quieren pagar lo menos posible y obtener la máxima cantidad y calidad, negocian tirando del precio hacia abajo. Los vendedores quieren cobrar lo máximo posible y entregar la mínima cantidad y calidad posible, negocian tirando del precio hacia arriba. Además entre ambos suele haber intermediarios, que compran a los productores (vendedores) y venden a los consumidores (compradores); puede haber varios niveles de intermediación en una estructura de producción y distribución compleja. El intermediario quiere comprar barato y vender caro con el máximo margen de beneficio posible.

Hay más intercambios (mayor actividad económica) si los intermediarios reducen su margen unitario y aceptan comprar más caro y vender más barato, pero esto desincentiva su labor (salvo que les compense una mayor rotación). Una posible solución es subvencionar a los intermediarios, pero el dinero tiene que salir de algún lado, probablemente de los bolsillos de los compradores y vendedores en su calidad de contribuyentes, o produciendo dinero (en realidad pseudodinero) a muy bajo coste (generando inflación que erosiona el poder de compra de los tenedores de dinero y activos a tipo de interés fijo).

Otra posibilidad es que los intermediarios realicen algún truco, manipulación o transformación, como un engaño sobre la calidad o seguridad de sus mercancías o servicios. El intermediario compra barato mercancía mala o insegura, y la vende cara como mercancía buena y segura. Todo el mundo parece feliz: vendedores, intermediarios, compradores, y la sociedad en su conjunto.

El problema es que el engaño no puede funcionar indefinidamente ya que eventualmente los bienes de mala calidad se muestran como lo que realmente son: se estropean, dejan de funcionar e incluso provocan accidentes y graves pérdidas. Los productores de bienes de mala calidad dejan de poder venderlos a los precios anteriores; quienes los compraron en el pasado descubren que no son tan ricos como creían; y todo el mundo odia y acusa de sus problemas a los intermediarios (estafadores, imprudentes e irresponsables).

Los bancos (y otros intermediarios financieros como la banca en la sombra) descalzan (transforman, desajustan) plazos y riesgos cuando por un lado (su pasivo) piden prestado a corto plazo y ofreciendo (presuntamente) completa seguridad a sus depositantes y demás prestamistas, y por el otro lado (su activo) prestan o invierten a más largo plazo y con más riesgo e incertidumbre.

Un prestamista (acreedor) quiere prestar con el mínimo riesgo, al mínimo plazo posible, y lo más caro posible (mayor tipo de interés); un prestatario (deudor) quiere recibir prestado pudiendo asumir riesgos, al máximo plazo posible, y lo más barato posible (menor tipo de interés). La transformación de plazos y riesgos parece contentar a todos: pero tiene un coste incomprendido por muchos, el de las crisis económicas recurrentes por descoordinación intertemporal y asunción excesiva de riesgos.

Los bancos son gestores de cobros y pagos e intermediarios financieros. Estas dos funciones son complementarias y permiten al banco aprovechar su conocimiento especializado: al tener relaciones comerciales duraderas y al conocer los ingresos y gastos y la posición financiera de un cliente, el banco puede evaluar más fácilmente su crédito y así concederle o no un préstamo. Pero estas dos funciones también pueden mezclarse de forma imprudente y destructiva, cuando el banco utiliza los saldos de tesorería de sus clientes, o su ahorro a muy corto plazo, para realizar préstamos más arriesgados y a más largo plazo.

Para realizar cobros y pagos los bancos ofrecen a sus clientes sus propios pasivos líquidos (seguros y a muy corto plazo): billetes (si pueden legalmente emitirlos y les interesa hacerlo), y depósitos en cuenta. Un banco prudente debería respaldar esos pasivos con activos de las mismas o muy semejantes características (reservas monetarias y deuda muy segura y a muy corto plazo que pueda liquidarse rápidamente en cualquier circunstancia sin pérdidas) para poder hacer frente a las eventuales retiradas de fondos de sus clientes y así ser solvente y no estar expuesto a la posibilidad de quebrar.

Como intermediarios financieros los bancos captan ahorros de muchos pequeños agentes económicos (agregación) y evalúan la solvencia de otros agentes a los cuales prestan esos mismos fondos. Prestamistas y prestatarios finales ocasionalmente podrían prescindir de intermediarios: empresas que venden sus bonos o acciones directamente a los mercados, ahorradores que los compran. Pero el banco, como cualquier intermediario, tiene conocimiento especializado que le permite por un lado asistir a los ahorradores sin esos conocimientos, y por otro internalizar los costes y beneficios de la evaluación de la solvencia de los potenciales deudores: un deudor que se evalúa a sí mismo no es fiable; un evaluador externo (agencia de calificación de riesgos) puede o no ser fiable (problemas de reputación, captura o corrupción), o proporciona un bien público por el cual le es difícil cobrar (asume el coste de investigar y pierde el control de esa información al ofrecérsela a otros).

Los bancos, como cualquier intermediario, ganan dinero porque compran barato y venden más caro: por el diferencial entre el tipo de interés que pagan a sus prestamistas y el que cobran a sus prestatarios (además de posibles comisiones). Para ser viables económicamente y dar beneficios a sus accionistas los bancos no necesitan descalzar plazos y riesgos.

Pero un banco puede caer en la tentación de intentar obtener mayores beneficios incrementando ese diferencial entre ingresos y gastos si descalza plazos y riesgos: pide prestado a corto plazo y poco riesgo (más barato) y presta a mayor plazo y con más riesgo (más caro).

Con el descalce de plazos y riesgos se expande el crédito y la economía aparenta prosperidad creciente: los bancos ganan más dinero y pueden ofrecer sus servicios a menor precio; los depositantes tienen derecho a recuperar su dinero cuando quieran con seguridad (o eso creen); los receptores de préstamos no están presionados por pagos a corto plazo y pueden embarcarse en proyectos empresariales más especulativos; la sociedad parece disponer de más ahorro e inversión sin necesidad de renunciar al consumo.

Pero el descalce de plazos y riesgos es insostenible y causa las crisis económicas. Muchos economistas (*) aseguran que la esencia de la banca es la transformación de plazos (si no lo hicieran no serían bancos sino otra cosa), que esa es su función social, la cual permite disponer de más ahorro e inversión productiva: es un error intelectual muy grave que les impide comprender los ciclos económicos de origen financiero, al no entender las componentes temporales y de riesgo del crédito (la calidad del mismo).

Como en todo timo o truco de magia, en la aparente y falaz bondad de la transformación de plazos (parece que se obtiene algo a cambio de nada) hay algo que muchos observadores no son capaces de percibir o cuya importancia ignoran: el incremento sistemático del riesgo y la descoordinación intertemporal. Todo el sistema bancario y los agentes a quienes este financia están asumiendo sistemáticamente más riesgos y extendiéndose más hacia el incierto futuro que lo que los ahorradores están dispuestos a soportar.

Mediante el descalce de plazos y riesgos los bancos no redistribuyen y gestionan los riesgos mediante leyes estadísticas de grandes números, sino que crean más riesgo, incertidumbre, fragilidad e inestabilidad, y además de forma opaca y compleja (balances incompletos o indescifrables, ingeniería financiera incomprensible). No se trata de riesgos exógenos accidentales, aislados y descorrelacionados, sino de riesgos endógenos, correlacionados (se realimentan mutuamente y tienden a manifestarse y producir efectos nocivos de forma simultánea), generados de forma sistemática, conjunta y masiva por las entidades financieras (con la inestimable ayuda del Estado).

La asunción excesiva de riesgos termina inevitablemente por pagarse en forma de crisis económicas que muestran los desajustes y descoordinaciones de la economía, tanto en el ámbito productivo real como en el ámbito monetario, crediticio y financiero. El sistema es tan frágil que termina colapsando de forma espontánea o no es capaz de resistir alguna perturbación externa.

Las crisis económicas no suceden inmediatamente, lo que las haría menos intensas: los desajustes son graduales (años), y las correcciones son bruscas (horas, días). La expansión crediticia se prolonga y tiende a ocultar los peligros y los desajustes que genera bajo una falsa apariencia de prosperidad: todos los negocios son rentables, sube la bolsa, los pisos se revalorizan, todo se vende, todo el mundo tiene trabajo. Los errores se acumulan y la burbuja se hincha gradualmente hasta que explota rápidamente y de forma catastrófica.

(*) No son solo economistas intervencionistas, como Paul Krugman (Don’t be narrow minded, If banks are outlawed only oulaws will have banks) o Bradford DeLong (The maturity transformation and liquidity transformation and safety transformation industry), quienes no entienden los problemas del descalce de plazos y riesgos. Algunos liberales (neoclásicos y austriacos) también caen en este fatal error.

Contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo

Hasta la fecha, el Gobierno ha evitado atacar de una manera audaz e inteligente el origen del problema del déficit público y en su lugar ha preferido parchear superficialmente la situación. Con esta premisa, es fácil entender medidas como las reiteradas y sucesivas subidas de casi todos los impuestos de nuestro sistema fiscal.

El Instituto Juan de Mariana ya alertó de las nefastas consecuencias de la subida del IRPF de diciembre de 2011, y de cómo esa medida nos colocaba entre los países con mayores tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta del mundo.

Hoy, el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto también analiza la última subida fiscal proyectada por el Gobierno –hasta la fecha– a través del informe "Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro: contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo". Esta medida elevará la tributación de las ganancias patrimoniales (o plusvalías) generadas en menos de un año, a las que se les aplicarán los tipos impositivos marginales de la base general.

Las razones aducidas por el Gobierno para llevar a cabo este incremento de impuestos han sido básicamente dos: la de acercarnos a los países europeos –especialmente Alemania– volviendo a la tributación en vigor hasta 2006; y la de tratar de combatir la especulación a corto plazo que, en opinión del Gobierno, distorsiona la inversión productiva generadora de riqueza en el largo plazo.

El Informe destaca en primer lugar que la subida fiscal a las plusvalías a corto plazo en nada nos asemejará al sistema aplicado en Alemania dado que éste grava con un tipo único del 25% (más algunos recargos cuando son aplicables) a la mayoría de plusvalías, independientemente del plazo de su generación.

Por otra parte, tampoco en Europa es habitual gravar las plusvalías a corto plazo con los tipos impositivos marginales aplicables a las rentas del trabajo. De hecho, analizando la fiscalidad comparada de este tipo de rentas en más de una veintena de países europeos llegamos a la conclusión de que la mayoría suele gravar las rentas del ahorro de manera diferente al resto de rentas, y con tipos impositivos más bajos. Dentro de este grupo de países con sistemas duales, gran parte de ellos no suele distinguir según el plazo de generación de las plusvalías, y en aquellos países en los que sí hacen tal distinción, lo es para mejorar la tributación de las plusvalías a largo plazo y no para penalizar las de a corto, como propone el Gobierno del Partido Popular.

Los pocos países que tienen sistemas únicos en los que aplican las misma fiscalidad para rentas del trabajo que del ahorro suelen tener tipos impositivos únicos muy bajos –flat tax– que giran en torno al 15%. Por tanto, tampoco es verdad que elevando la fiscalidad de las plusvalías a corto nos acerquemos a Europa, más bien todo lo contrario.

Para finalizar con los argumentos fiscales del Gobierno, el Informe concluye que tampoco puede afirmarse que la subida fiscal nos devuelva al sistema aplicado hasta 2006, puesto que tanto los tipos impositivos marginales de la base general –que gravarán las plusvalías a corto plazo– como los tipos impositivos de la base del ahorro, han sido fuertemente elevados y son muy superiores a los existentes en 2006.

El Gobierno también ha justificado que debía tomar la medida para atajar la especulación que, en su opinión, mina la inversión productiva. De ser cierto este argumento, lo que primero sorprende es que la penalización fiscal se aplique a las personas físicas, y no a las sociedades, que son las que mayores volúmenes de transacciones realizan en el sector financiero español.

No obstante, tampoco es cierto que la especulación perjudique la inversión productiva, y mucho menos que penalizarla fiscalmente ayude a canalizar el ahorro hacia la inversión a más largo plazo, sino todo lo contrario. A estas cuestiones se dedica la segunda parte del Informe.

Así, subir los impuestos a las plusvalías a corto plazo distorsiona los mercados de capitales tanto por el lado de la oferta (distorsionando la fijación dinámica de precios realistas para los activos) como por el de la demanda de capitales (restando negociabilidad a los mercados), trayendo como consecuencia una menor inversión y, por tanto, lastrando la recuperación económica.

¿Y si después de no equipararnos a la legislación alemana y europea en general, ni volver al sistema de 2006, ni favorecer la inversión a largo plazo, sirve de algo esta medida en términos recaudatorios? Tampoco. Los efectos recaudatorios estimados por el propio Ministerio de Hacienda ascenderán a 90 millones de euros, tan solo el 0,09% del déficit público de 2011.

Comprendiendo la Gran Recesión y sus salidas

La semana pasada, desde el jueves, 22, al sábado, 24, se celebraron en la Universidad Católica de Ávila las jornadas correspondientes al primer Congreso de Economía y Libertad: "La Gran Recesión y sus salidas", en cuya organización el Instituto Juan de Mariana tuvo el honor de participar.

Allí pudimos encontrarnos con muchos amigos del Instituto, que asistían como público o presentando trabajos de investigación en las distintas sesiones temáticas confeccionadas. Asimismo, pudimos vivir de primera mano el excelente trabajo realizado por los responsables de la Universidad que se encargaron de que las jornadas funcionaran como un reloj, entre quienes podemos destacar como cabezas más visibles (que no únicas en un congreso de esta dimensión) a Vicente Enciso y David Sanz.

Las impresiones que extraje de allí fueron muy positivas en lo que se refiere al diagnóstico generalizado del mal endémico que padece la economía española. Cuestión distinta es el tratamiento que se propone dar al paciente, que siempre suscita mayor polémica, probablemente porque se combina el "arte de lo posible" (la terrible Política) con un ramillete de teorías económicas no necesariamente compatibles entre sí y con un tsunami imposible de frenar en forma de Gran Recesión.

En cuanto a lo primero, economistas de la talla de Victoriano Martín, Francisco Cabrillo, José Raga o Fernando Méndez Ibisate, quienes no necesariamente beben de las teorías de la escuela austríaca, encontraron en los procesos de expansión crediticia y la explicación hayekiana los orígenes de la burbuja económica y posterior recesión.

Se dirimieron allí muchas más cuestiones, como si los rescates bancarios eran pertinentes y legítimos, a lo que, por ejemplo, Victoriano Martín respondió airadamente que no, argumentando que la doctrina del too big to fail no debía llevarse por delante al contribuyente para favorecer al depositante.

Este es un asunto que habitualmente genera ardientes discusiones por el efecto en cascada de las quiebras bancarias y porque toda economía moderna gira en torno al crédito y al sistema financiero. No se trata de dejar quebrar a una "punto com", cuya repercusión global es muy inferior. Afortunadamente, existirían caminos intermedios desde la iniciativa privada como el que explicó David Sanz en un panel que compartimos sobre Crisis española y mundial. Se trataría de un concurso de acreedores mediante el cual, como sucede con las empresas privadas que se enfrentan a este trágico panorama, se impulsa una recapitalización desde dentro, convirtiendo la deuda a largo en acciones, la deuda a medio plazo en deuda a largo y así sucesivamente. Es ésta una forma, sin duda, de que el banquero gane tiempo y se deshaga de lo malo. ¿A costa de los que le prestan a él? Seguramente, pero la alternativa es la liquidación de la entidad en el peor de los momentos posibles, en cuyo caso las pérdidas para los acreedores del banco serían, a priori, aún mayores. Este es el motivo por el que precisamente existen concursos de acreedores en las empresas. Para determinar cómo distribuyen las pérdidas e intentar hacer lo posible para que la empresa siga en funcionamiento tras redimensionarse (expulsar lo malo y mantener lo bueno): al final, para los acreedores, perder una parte es mejor que perderlo todo.

Surgió, a cuenta de esto mismo, la cuestión del riesgo moral (o moral hazard) que impregna todo el sistema financiero. Si bien el diseño institucional es nefasto, poco importa al banquero ponerse en situación de extrema iliquidez y proximidad a la insolvencia si existe un ente de última instancia –y no hablamos ahora del Banco Central (que también…)– que salvará al sector cuando corra serios peligros. Los incentivos generados son perversos.

Claro que de aquí se derivan fundamentalmente dos cuestiones: qué hacemos ahora cuando el mal está hecho y ya no nos enfrentamos a una bola de nieve sino a un auténtico alud, y, segundo, qué debemos plantearnos cambiar para que no se repita en el futuro. Cómo no, Basilea III tuvo su protagonismo llegados a este punto. Massimiliano Neri hizo una exposición en torno a si con esta nueva reforma serían capaces las entidades financieras de afrontar con éxito tensiones de iliquidez (pruebas de estrés) como las vividas en 2008/2009. Las primeras conclusiones de su investigación es que con la nueva legislación no se pondrá coto a las expansiones crediticias (dicho de otro modo, iliquidez bancaria) debido a que, de nuevo, ésta no hace sino templar gaitas con los gobiernos de la UE. Se fomenta la sobreponderación en la cartera de la deuda pública al definirse como activo líquido, aunque no goce de la calificación crediticia apropiada, la deuda de la propia nación en que resida el banco.

Hasta ahora hemos hablado de cómo el sistema financiero propicia las expansiones crediticias (y contracciones cuando llega la crisis). Su reflejo en el sector productivo debiera ser bastante evidente. Cuánto se repite en los telediarios que los bancos no están prestando a las pymes y familias… A qué tanta insistencia: a que si hubiera facilidades de crédito, los tipos bajos que tenemos harían rentables proyectos que marginalmente ahora no lo son. Ese es el principal argumento.

Pero, hoy día, inundan los mercados de liquidez y ni con ello consiguen que los préstamos fluyan. Las teorías económicas mecanicistas poco se detienen a analizar los procesos económicos que tienen su origen en las decisiones humanas. ¿Acaso creemos que los efectos que tenga en la economía "inyectar liquidez" en la actualidad no están íntimamente relacionados con la situación de partida de cada uno de los agentes implicados? Y de qué situación partimos: de iliquidez de todos los agentes económicos privados.

Pensemos, ya se trate de bancos, familias o empresas, en cómo estaba su situación en 2008: a) pasivos (deuda) infladísimos por una deuda privada que no cesaba de crecer; b) activos (patrimonio) crecientes como constatación del gran número de adquisiciones y de burbujas de precios en bienes como la vivienda, los valores de la bolsa…; c) ritmo de actividad económica envidiable, sin visos de desempleo futuro.

Pensemos ahora qué pasa si lo anterior se da la vuelta: el crédito no se puede estirar hasta el infinito y el fuerte endeudamiento pone las vergüenzas de los agentes económicos al descubierto. Los agentes estuvieron adquiriendo todo tipo de bienes y servicios a crédito, no lo olvidemos. Eso impulsó sectores, y estos sectores a otros, y así sucesivamente. Los niveles de empleo eran crecientes. Aquellos eran los años del boom.

Cuando ya no se puede comprar más a crédito, ese esquema piramidal que se puso en marcha con la burbuja inmobiliaria se viene abajo como un castillo de naipes. Los bancos se percatan de que su iliquidez e insolvencia son máximas al haber prestado para proyectos muy arriesgados al tiempo que tienen grandes compromisos con sus prestamistas –los depositantes–; las empresas colapsan al no recibir pedidos (a crédito), empieza a haber fuerte desempleo, las malas expectativas económicas arrecian, y los precios de esos activos adquiridos a precio de burbuja empiezan a caer.

¿Creemos que, visto este panorama, los bancos desean seguir prestando o, por el contrario, quieren recomponer la liquidez que se deterioró a marchas forzadas durante el boom? ¿Creemos que las familias quieren seguir endeudándose a 40 años para adquirir viviendas infladas de precio (ya menos)? ¿Creemos que las expectativas económicas son tales que una empresa querrá endeudarse para tantear si su propuesta de valor cala en el mercado en momentos tan inciertos, cuando ni siquiera tiene mercado para lo que vende hoy?

Llámenlo animal spirits o como gusten, pero aquí ni se presta ni se quiere pedir prestado. Al menos, de momento. Por cierto que me pregunto cómo es que los amigos del estímulo de la demanda agregada a costa de cualquier cosa no reparan en cómo andaban los spirits de espirituosos (borrachos del todo, vaya) durante el auge económico. Que cualquiera pidiera un préstamo a 40 años por un montante muy por encima de sus posibilidades y, peor aún, se le concediera con una sonrisa en la cara, no genera la menor atención de los economistas inflacionistas.

Y esto nos lleva a algo comentado con anterioridad ya. Más fácil es detectar los porqués del mal que dar con una solución. Porque cuando al mal no se le pone remedio a tiempo, el mal se hace grande y fuerte, y no hay manera de pararlo. ¿Y ahora, qué podemos hacer?

Ahí reside por qué muchos economistas, ya hablemos de este congreso u otros foros, no encuentran fácil dar con soluciones. Soluciones, por cierto, que no van a dejar contentos a todos. Perder, ya estamos perdiendo todos. Pero cuando se liquida una empresa o un país, estamos decidiendo cómo repartimos las pérdidas entre los distintos acreedores, como apuntó J.I. Castillo en un panel sobre Crisis Monetarias.

Las soluciones que planean sobre nuestras cabezas no pierden de vista que España es miembro de la Unión Monetaria. En aquel lugar se planteó la alternativa de la devaluación, como también, por ejemplo, el profesor Velarde destacó la necesidad de austeridad, de reformas (de verdad) y de apostar por el crecimiento. El debate, de nuevo, es amplio e intrincado.

La crisis de deuda privada salta al Estado español en 2008 y, sobre todo, 2009 a causa de la caída de actividad económica, el crecimiento del tamaño del estado en los años previos, las políticas de estímulo (Plan E), los rescates bancarios o el incremento de gasto por prestaciones por desempleo. De su mano, afloran las elevadas primas de riesgo, las calificaciones negativas de las agencias de rating y el toque de atención al gobierno de Rodríguez Zapatero por parte de Europa, EEUU o China.

Ante la tesitura de fuertes déficits públicos, emisiones de deuda y tipos crecientes, lo fácil es devaluar. Nos hacemos "competitivos" con el exterior e impulsamos la actividad interna, aun a costa de las subidas de precios de las importaciones, de cargarnos el comercio internacional, de provocar devaluaciones competitivas de nuestros vecinos o de favorecer a productores nacionales menos eficientes. Mas para el Estado supone un gran alivio. Primero, ya sólo con la devaluación devuelve a sus acreedores una moneda que, al cambio, tiene mucha menos capacidad de compra para el acreedor (a quien se le está estafando) que cuando nos prestó. Pero sobre todo se alivia de su carga de deuda porque la generación de inflación y de actividad económica impulsan que sus cuentas se saneen en el medio plazo. De esta manera, como nos contaba el profesor Cabrillo, se puede salir de la crisis deflacionaria (recesión) por medio del engaño. Está comprobado, como así nos hizo ver Keynes, que la paz social se consigue de mucha mejor forma a través del enredo y la manipulación. Todo ello aunque se obvien problemas a más largo plazo: al fin y al cabo, a largo plazo, todos muertos… O todos fuera del euro para poder devaluar…

Como bien recalcó Juan Ramón Rallo en el último panel que cerraba el Congreso, son varios los paradigmas que entraron en crisis en 2008: el teórico-académico, el político-institucional y el económico-productivo.

Algo habrá que hacer para que cambien las tornas. El Congreso de Economía y Libertad ha puesto su granito de arena para trabajar en esta línea. De hecho, de él, como colofón del acto, surgió un Manifiesto con propuestas de liberalización económica firmado por decenas de economistas y expertos en la materia. Deseamos, asimismo, que este tipo de encuentros contribuya a reunirnos con un número creciente de amigos del Instituto de distintos puntos de España y el mundo, así como a enriquecer el debate de asuntos de la máxima actualidad en marcos de defensa de la libertad.