Todo empezó en Cuba. Las bombillas incandescentes de toda la vida cayeron en desgracia desde que Fidel –faro de la ética izquierdista– las condenó al ostracismo. En la primavera de 2005 fueron tratados los bombillos (allí son denominados en masculino) como agentes enemigos y despilfarradores. Fue también el año en que Castro bendijo en público las ollas a presión. Los frecuentes apagones de tan sólo siete horas al día hicieron tomar al comandante una drástica decisión: se prohibiría su venta –tanto en moneda nacional como en divisa– y se proscribiría su importación. Serían sustituidos por bombillos ahorradores, esto es, por lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo (CFL, sus siglas en inglés).

Se decretó el año 2006 como el de la Revolución Energética en Cuba. "Pensábamos –dijo el conductor del circuito cubano– que la electricidad era asunto de ingenieros y es de políticos". Se iba a impartir por vez primera en la historia una implacable lección a todo el mundo al grito de "muerte al incandescente" (cansina manía la de los revolucionarios de querer matar siempre lo que no toleran). Así, miles de entusiastas estudiantes, trabajadores sociales y brigadas de defensa de la revolución fueron casa por casa, fábrica por fábrica cambiando masiva y gratuitamente los bombillos gastadores por los ahorradores. Todos aquellos que dudaban del cambio para evitar que la casa de uno pareciera una sala de hospital fueron considerados "disidentes lumínicos". No habría en el mundo país que ahorrase tanta energía eléctrica como Cuba. Sería, además, la campeona en crear una conciencia ciudadana de lucha contra el calentamiento global. Ella sola.

La Fundación Mundial de Vida Silvestre (WWF) quedó tan deslumbrada ante semejante gesta ambientalista que en su informe de 2006 declaró a Cuba como el único país del mundo con un modelo social y económico probadamente sostenible (con un par).

Como parte de la solidaridad y la cooperación que debe existir entre los pueblos adictos al Socialismo del siglo XXI, varios países pioneros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), a saber, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, se unieron a la rutilante fiesta de ahorro energético diseñada por Castro para aliviar a la Pachamama calenturienta.

Un caso destacado fue Venezuela. El adalid Chávez se aprestó a firmar un acuerdo marco con los de La Habana al pedir apoyo a decenas de orientadores cubanos con el fin de poner en marcha en diciembre de 2006 su plan de recambio en el que también participó una ingente muchachada de voluntarios patrios recorriendo cada hogar. Se hizo un pedido a Cuba de unos 52 millones de bombillas revolucionarias fabricadas todas ellas en China y en Vietnam. Nadie en Electricidad de Caracas supo dar detalles sobre el "apoyo económico" que el gobierno venezolano entregó a cambio a los austeros y sufridos mediadores cubanos.

La brillante idea acabó contagiando la lejana Oceanía. El primer ministro de Australia, John Howard, del partido conservador, anunció en febrero de 2007 que todas las bombillas incandescentes serían sustituidas en su país por las más ecológicas y eficientes antes de finalizar el 2010. Sabido es que a los partidos de derechas les gustan las iniciativas progre-ambientalistas más que a un niño un chupa-chups. Sobre todo si provienen de un país no firmante del protocolo de Kyoto, como era el caso de Australia. Devino, así, un ejemplo para el resto de países desarrollados en la lucha contra los gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, tuvo la imperdonable descortesía de no reconocer que la idea había sido parida por vez primera por el iluminado Castro.

Pocos meses después, la refulgente revolución sería ya imparable. El gobierno canadiense anunció a los cuatro vientos que eliminaría su venta antes de 2012 también en su territorio. El Congreso estadounidense tomó nota y aprobó, bajo la férula de Bush, una ley federal encaminada, entre muchas otras medidas, a eliminar para siempre las viejas incandescentes en 2014 como tope. Algunos Estados como Illinois o California –hoy quebrados, para más señas– iniciaron antes la senda de la prohibición absoluta en su respectivo territorio.

Poco más tarde, la canciller alemana y por entonces presidenta de turno de la Unión Europea, Angela Merkel, hizo un ejercicio de pedagogía ecológica al destacar la importancia del alumbrado eficiente para luchar contra el cambio climático. Declaró que su casa la tenía toda ya de bombillas de bajo consumo, si bien lamentó que no daban todavía suficiente luz y, a veces, cuando buscaba algo que había caído a la alfombra era un problema. Una forma políticamente correcta de decir que la luz que daban era una cutrez. Como en aquellos momentos los líderes políticos europeos estaban enfervorecidos por la visión del doloroso documental algoriano, acordaron raudos planificar la implantación de las bombillas CFL dentro de los planes generales de reducción de emisiones de GEI. Fruto de ello fue la normativa europea de 2008 para la prohibición de la comercialización y retirada progresiva de las bombillas tradicionales de las estanterías de todas las tiendas y almacenes de los estados miembro. Así, en septiembre de 2009 desaparecieron completamente las incandescentes de 100 W, en 2010 fueron las de 75 W, este sep. de 2011 les tocará el turno a las de 60 W para concluir el destierro de todas ellas en septiembre de 2012.

En España, dentro de esa ola neo-fluorescente, nuestro ministro de industria, además del gesto de quitarse la corbata durante los meses de calima en el trabajo, derrochó 137 millones de euros del contribuyente en enviar bombillas CFL a todos los hogares españoles para inculcarnos las bondades sobre el ahorro energético sin reparar que una población que disfruta de energía eléctrica artificialmente barata y subvencionada carece de incentivo serio para ahorrar. Claramente fue una estrategia con muy pocas luces. Eso sí, se cuidó muy mucho de señalar la inspiración castrista de su "sebastianada" por temor tal vez a ser comparado con el modelo de sustentabilidad y escasez óptimo que existe en aquella isla.

Hoy son ya más de 40 países los que han defenestrado deshonrosamente la bombilla de Thomas Edison después de que ésta haya rendido servicio a lo largo y ancho del mundo durante 130 años ininterrumpidamente (se dice pronto).

A pesar de los lobbies de compañías multinacionales y de los grupos ecologistas, no hay que pretender conseguir a toda costa lo que nos dicen los estudios por medio de intervenciones públicas porque quizá no sea bueno para la sociedad. La borrachera de los grandes y heroicos objetivos colectivos tiene su posterior resaca. Todos los políticos de postín eco-sustentable se quieren poner medallas luminosas, pero ninguno reconocerá abiertamente las sombras que la prohibición de las incandescentes y el cambio masivo de las CFL acarrea. Éstas contienen en su interior vapor de mercurio, altamente tóxico para el medio ambiente y el hogar, como informan ya algunas agencias gubernamentales (1,2). Esto no sería problema alguno si hubiese una adecuada y deseable infraestructura de recogida y reciclado de las mismas, cosa que no existe. Además, los mismos políticos y su legión de burócratas europeos que prohibieron en su día la exportación y la producción primaria de mercurio por su venenosidad no tienen luego reparos en fomentar que éste cuelgue encapsulado masivamente sobre las cabezas de sus ciudadanos en estado gaseoso.

La prohibición de las incandescentes reduce el bienestar de la sociedad porque se elimina completamente la libertad de elección de los diferentes tipos de bombillas (no todos los consumidores, ni todos sus usos son iguales) y desaparece el estímulo a innovar de los fabricantes de bombillas de bajo consumo, pues han sido agraciados por la elección de tecnología por parte de los gobiernos. Éstos suelen, por lo general, errar. Es muy posible que las lámparas de bajo consumo sean sólo una buena solución coyuntural de eficiencia en un proceso permanente de desarrollo por el que se alcanzarán soluciones futuras muy mejoradas (sin ir más lejos, las bombillas de diodos LED que logren ser más baratas y de luz más cálida que las actuales o cualquier otra oferta tecnológica hoy desconocida). Así, la uniformidad impuesta puede revelar –a la postre– una cortedad de miras de larga duración.