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El diccionario de Bob Geldof

Para la mayoría de los treintañeros, el nombre de Bob Geldof estará siempre asociado a uno de los mayores éxitos del brit pop de los ochenta, el inolvidable tema Do they know it’s Christmas? lanzado para paliar el hambre que por aquellos tiempos diezmaba a la población de Etiopía. Que todas esas calamidades habían sido causadas por un régimen pro soviético, uno de esos que tanto parecen añorar los intelectuales españoles, es algo que algunos averiguamos más tarde. Ni Bob ni sus amigos se molestaron entonces en explicarnos que las penurias de los negritos se debían en gran parte a la mano del hombre. Ahora pasa lo contrario, cualquier racha de lluvia, temporal o verano caluroso es achacado a la economía de mercado, a las compañías petroleras y a los presidentes Bush y Aznar, convertidos en el dios Júpiter por la nueva checa del Círculo de Bellas Artes.

Sin embargo, para todo el que no se puede permitir una visita al quirófano o unos pinchazos de Botox, los años pasan, y Geldof, quien a juzgar por su aspecto debe de estar más retocado que el Alcázar de Toledo, también se ha puesto al día. Del silencio cómplice, la estrella ha pasado a la asesoría de David Cameron, líder del Partido Conservador británico, en asuntos de pobreza mundial. La mala noticia es que Cameron tiene de liberal lo que servidor de cura. La buena es que tras el ínclito Edward Heath y el incompetente Callaghan llegó Margaret Thatcher. A veces la historia se repite.

La última de este gran empresario político, activista incansable de la causa de su cuenta corriente –nada que objetar si no fuera por lo mucho que se esfuerza en ocultarlo con su look de filmotequero y sus continuas peticiones de dinero y de trabajo gratuito, tan habituales que me obligan a sugerir que la Academia Española acuñe la expresión "pedir más que Geldof"– es la creación del Diccionario del Hombre. El proyecto, recién presentado en Cannes con motivo de la celebración de la feria de televisión MIPTV y patrocinado por la empresa estatal BBC, consiste en crear un archivo de idiomas, músicas, filosofías e incluso bromas de todas las culturas antes de que desaparezcan. Nada se dijo del cómo o el porqué de esta nueva versión del pensamiento apocalíptico que nos invade, aunque por los comentarios de muchos de los asistentes al evento mi conclusión es que a buen entendedor progre pocas palabras bastan. Son el calentamiento global, las petroleras, Bush, Aznar y, si el espíritu de Lenin no lo remedia, también Sarkozy.

"Será como el álbum de fotos de familia del mundo", y entre otras cosas contará con 900 cortometrajes de media hora filmados especialmente para el proyecto. Me pregunto si la entrada "Vascos" incluirá, por eso de preservar las culturas antes de que desaparezcan, algún comunicado de ETA, si en "Palestinos" el internauta curioso se topará con imágenes de los niños aprendiendo a colocarse explosivos alrededor del cuerpo, o si en "Mujeres" figurará alguna ablación. Después de todo, ¿quién tiene autoridad para dictaminar qué es cultura y qué no?

El Diccionario del Hombre será puesto en marcha por la BBC, es decir, por los contribuyentes británicos, y por Ten Alps Digital, la empresa de Geldof, que ya se ha buscado un socio capitalista estatal en caso de que la cosa no funcione. A eso algunos le llaman privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Y cuidadito con quejarse, no vaya a ser que lo tachen de insolidario, fascista o cualquier otra lindeza salida del Gabinete de Estudios de La Moncloa o de la Fundación Alternativas.

Huelga decir que la página tendrá publicidad, y como los estatutos de la BBC le impiden cobrar, todos los ingresos irán a parar directamente al rostro de Geldof, que a este paso será el primer humano en alcanzar la eterna juventud. El Diccionario del Hombre permitirá a sus usuarios buscar, añadir y editar contenidos además de trazar su propio linaje. Vamos, que el señor Geldof pretende que la humanidad entera se convierta en empleada de su empresa sin pagar una sola nómina. O en sus propias palabras, "Ten Alps no invierte nada, nosotros sólo ponemos expertos administrativos", y añade "y si no ganamos diez céntimos, no me importa". Y los cerdos vuelan. Volviendo al párrafo anterior, si la BBC pone la pasta y encima puedes cobrar lo que quieras por la publicidad, hay que ser muy bruto para que el asunto no proporcione beneficios. Y si así fuera, siempre queda el recurso a una gira humanitaria por las principales capitales europeas para que las Leires Pajín te abran su corazón… y las carteras ajenas.

En fin, que tras la caída de la mal llamada utopía marxista, la reconstrucción arbitraria del pasado y el terror colectivo se han convertido en los nuevos opios del pueblo. En el mejor de los casos, la moda de la recuperación de la memoria está estimulando a un número nada desdeñable de historiadores, arqueólogos y artistas empeñados en investigar el pasado y de paso derribar algunos de los mitos que han intoxicado a docenas de generaciones. El escritor Charles C. Mann, autor del imprescindible 1491, y el cineasta Mel Gibson son dos ejemplos de esto. En la parte tenebrosa tenemos a todos esos cabecillas fascistoides que, envueltos en las banderas del progresismo y la justicia social, se dedican a embaucar al pueblo reemplazando la política por la estética. Y en medio, oportunistas como Bob Geldof, a los que les basta un líder político acomplejado y un par de empresarios del sector público –disculpen el oxímoron– para dar un pelotazo, hacerse una nueva cirugía estética y encima no pagar un duro de impuestos, ya que la empresa está registrada como "fundación de interés social" o su equivalente en la legislación británica. Como concluiría la poeta manchega, o sea.

El crecimiento del poder en la democracia

El Estado contemporáneo actual se encuentra caracterizado por un indudable crecimiento y ampliación del poder político, puesto que la esfera de intervención pública se ha expandido de forma exponencial a poco que lo comparemos con las funciones encomendadas al Estado liberal moderno (laissez-faire) e, incluso, en relación con los regímenes monárquicos absolutistas.

Bertrand de Jouvenel señaló ya hacia 1945 que la instauración de la democracia moderna incrementó de modo exponencial los dos recursos y símbolos centrales del poder en el Estado-nación, los recursos militares y los fiscales, debido a una particular relación causalmente asociada.

En democracia se produce paulatinamente la extensión del derecho de sufragio a toda la ciudadanía mientras entran en escena tanto los partidos de masas como diversos movimientos sociales tendentes a reclamar una mayor participación y mayores cuotas de igualdad material. Esto produce una expansión significativa del papel del Estado en la sociedad civil, con el objetivo de llevar a cabo su cumplimiento e implementación. Además, y a diferencia de la monarquía, en un Estado democrático el soberano ya no es el antiguo señorial de corte aristocrático y claramente diferenciado del resto, sino de carácter popular. Tal cambio, en cuanto al sujeto soberano, resulta trascendental, puesto que facilitó enormemente la disposición y aceptación general de políticas y decisiones que respondían a las nuevas necesidades estatales.

Sin embargo, el Estado no crece sólo como respuesta desinteresada a las demandas de la sociedad, sino también por la dinámica de unas burocracias dispuestas siempre a extender su particular ámbito de competencias. La administración, por el hecho de no estar sometida a la implacable vigilancia del mercado, se vuelve lenta, poco ágil, ineficiente y, por tanto, excesivamente costosa. Además, si se acepta el axioma apriorístico consistente en que el ser humano es egoísta por naturaleza, no habrá dificultad en reconocer entonces como un hecho autoevidente que los políticos utilizarán instintivamente el poder en beneficio propio.

A fin de constatar de modo fehaciente la hegemonía y preeminencia del poder político estatal, tan sólo se precisa centrar nuestra atención sobre el retroceso que el pleno ejercicio de los derechos individuales ha experimentado en el último siglo. El concepto mismo de libertad ha sido objeto de un evidente cambio interpretativo, pues frente a los derechos naturales de vida, libertad y propiedad, se contraponen ahora los recursos estatales referidos a la enorme capacidad de guerra, legislación y fiscalidad, cuyo desarrollo y preeminencia trae como consecuencia lógica la limitación y reducción de los primeros.

Finalmente, cabe señalar el particular fenómeno en torno a la crisis del Estado-nación como consecuencia de la progresiva cesión de competencias en favor de la conformación y configuración de superestructuras estatales. Tal proceso parece indicar que el único medio de asegurar la existencia humana sobre la base de la hegemonía estatal consiste en formar un Estado mundial. La creación de una superestructura de tal tamaño y entidad no puede hacer otra cosa que continuar el progresivo e imparable avance a favor de la concentración de poder, que tendría dos efectos: en primer lugar, una mayor autonomía, autoridad y potestad por parte de la elite política supraestatal gobernante (véase la UE); pero, por otro, y de modo paralelo, una tendencia contraria en el sentido de transferencia hacia abajo en la forma de un paulatino proceso de descentralización política y administrativa.

Es evidente que, en función de cuál sea el movimiento que salga victorioso de esta pugna política contrapuesta, ello acabará por determinar una nueva dinámica que transformará de modo sustancial las bases, prácticas y fundamentación del sistema político vigente a lo largo del siglo XXI.

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Wolfowitz, Conthe y la burocracia

Max Weber afirmaba en Sociología del poder: los tipos de dominación (1921) que la administración burocrática pura, la administración que se rige por el expediente escrito y con una dirección unipersonal, es formalmente la fórmula más racional de ejercer la dominación. Estabilidad, precisión, disciplina y seguridad serían sus rasgos esenciales. Según el sociólogo alemán la burocracia –germen del Estado occidental moderno– aplica mecanismos de calculabilidad de sus resultados entre los administrados, con independencia del sistema económico al que sirve, capitalista o socialista. De ahí su elevado grado de supervivencia histórica: el aparato burocrático seguirá funcionando para los revolucionarios que lleguen al poder o para una fuerza militar enemiga, del mismo modo que trabaja para el Gobierno legal de turno.

Para Weber el capitalismo necesita en su desarrollo de la burocracia, aunque el capitalismo y la burocracia surjan de raíces históricas diferentes. El capitalismo es la base económica más racional sobre la que cualquier burocracia también razonada pueda construirse, porque el capitalismo, desde un punto de vista fiscal, suministra los recursos dinerarios precisos.

Administración burocrática significa dominación por causa del conocimiento acumulado en expedientes y actividades del propio servicio. No obstante, Weber afirma que el empresario se mantiene libre de la supremacía administrativa: "Sólo el empresario capitalista, dentro de su esfera de intereses, es superior a la burocracia en el conocimiento especializado y en el conocimiento de los hechos. El empresario capitalista es la única instancia realmente inmune –al menos en términos relativos– frente al carácter inevitable de la dominación del conocimiento racional burocrático. Todas las otras grandes organizaciones han sucumbido inevitablemente a la dominación burocrática, de igual manera que han sucumbido bajo la dominación de las maquinas de precisión en la producción de bienes."

La dominación burocrática, desde un punto de vista social, se alcanza por medio de una base de reclutamiento entre personas altamente cualificadas que hayan dedicado largos años de su vida al aprendizaje profesional y que realicen su oficio sin odio ni pasión, bajo el concepto estricto del deber, dando un trato igualitario a cualquiera que se encuentre en una misma situación de hecho. Vistos los antecedentes, ¿qué opinaría Max Weber ante asuntos administrativos de máxima actualidad como son la denuncia de nepotismo en el Banco Mundial (BM) contra Paul Wolfowitz y la anunciada dimisión de Manuel Conthe con motivo de la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa?

Wolfowitz, tras su paso por el Pentágono, se incorporó a presidir una entidad –el Banco Mundial– al parecer incompatible con su trayectoria personal, pero aceptó y calló, siguió el juego de una burocracia muy denostada al menos públicamente por sus valedores, y acabó otorgando un favor que quizá le cueste el cargo: un suculento nuevo empleo, por motivo de incompatibilidades en el BM, para su amiga íntima. Los adversarios de Wolfowitz le harán pagar con creces sus antiguas críticas al multilateralismo que encarna la institución que preside. El máximo responsable del BM incumplió las reglas de Weber sobre los burócratas, es víctima propiciatoria de sus decisiones en campo hostil; es ya, probablemente, una figura amortizada.

Manuel Conthe, aún presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es posible que esté aplicando tácticas de represalia masiva –que conoce bien por ser estudioso de las paradojas sociales– en formato de rueda de prensa multitudinaria o similar, con el fin de negociar con el Gobierno español las condiciones de explicación de su dimisión ante el Congreso por el asunto Endesa. Conthe ahora mismo se ve impelido a justificarse por mor del Código de Buen Gobierno, que él mismo ayudó a crear, frente a los consejeros de la CNMV que le han dado la espalda. Dice Conthe en su libro El mundo al revés que "los dictados de la benevolencia a corto plazo están reñidos con la conveniencia a largo plazo: quien sepa que seremos racionales y benevolentes no creerá nuestras amenazas". Por eso el jefe de la CNMV tira por la borda la corrección política y exige luz y taquígrafos con resultado incierto.

Dos situaciones diferentes, dos personajes ideológicamente opuestos entre sí, pero unidos en el incumplimiento de las leyes weberianas de discreción administrativa. La dominación burocrática, incluso para los influyentes, es inexorable.

Un paternalismo perjudicial hacia el inquilino

Desde la dictadura de Primo de Rivera, la historia legislativa española del arriendo para vivienda ha sido un verdadero desastre interventor por tratar de manera paternalista al arrendatario en detrimento del propietario.

La mayor aberración intervencionista se produjo durante el franquismo: hubo fijación de rentas máximas e instauración de viviendas de renta reducida, establecimiento del derecho a la prórroga forzosa a favor sólo del arrendatario y verdaderas dificultades para resolver judicialmente el contrato por parte del propietario. La consecuencia fue que la institución del arriendo quedó definitivamente tocada y, hasta el día de hoy, todavía en España hay escasez severa en la oferta de alquileres para vivienda; se calcula por el Banco de España que en el año 2005 existían más de tres millones de viviendas vacías.

Nuestra actual legislación, pese a mejorar la situación, no protege como debiera al propietario. Tomemos como ejemplo el actual artículo 9 de la LAU que, pese a comenzar proclamando que existe libertad para pactar la duración del contrato, acaba estableciendo un plazo mínimo exigible por el arrendatario de cinco años, reforzado con la imposibilidad de modificarlo por inaplicación de la libertad de pactos en contrario que supone el artículo 6 de la LAU (es decir, libertad condicionada tan a gusto de los partidarios de terceras vías entre libertad e intromisión de los poderes públicos).

Sería deseable que no se fijara por ley una duración mínima del contrato de arrendamiento y se estableciera libertad soberana de lo que acuerden las partes (por meses, años, lustros, décadas…). Pero ya se sabe, el legislador duda de la responsabilidad de los individuos y les da “sabiamente” guías mínimas aplicables para todos los casos.

Asimismo el artículo 21 de la LAU obliga al propietario a conservar la vivienda y, por tanto, a realizar a su costa todas las reparaciones necesarias para su habitabilidad, adjudicándole una obligación que debiera haberse dejado a la libre contratación de dichos términos entre las partes, sin establecer pautas obligatorias.

Además está la crónica dificultad de la recuperación posesoria de la vivienda por parte del propietario cuando el inquilino incumple sus obligaciones contractuales, haciendo del arriendo en España una aventura.

Pese a la reforma de la LEC (Ley 1/2000) y las posteriores reformas en relación con los juicios de desahucio (1,2), sigue habiendo demoras por la carga de trabajo acumulada en los juzgados. Asimismo el propietario, en muchas ocasiones, ve cómo se concede el beneficio de justicia gratuita si es solicitado por el demandado (consiguiendo dilaciones en el procedimiento con claro perjuicio para el arrendador); y cómo el demandado puede echar mano, aunque sólo sea una sola vez, a la enervación del desahucio al permitirle, antes de la celebración de la vista, la terminación del proceso mediante la puesta al día en el pago de sus rentas (existencia de cierta inseguridad jurídica para el demandante) que implicaría, además, la imposición de costas al propietario en caso de llevarse a cabo justo antes de que se le notifique la demanda al inquilino moroso. La historia no acaba todavía si se celebra juicio y el demandado termina interponiendo un recursos de apelación, debiendo el propietario esperar a que se resuelva para recuperar la posesión de lo que es suyo.

El via crucis del arrendador no ha concluido aún: una legislación excesivamente garantista con el infractor de los derechos de la propiedad impide una protección adecuada del arrendador frente a su inquilino demandado cuando este último se entretiene, por ejemplo, destrozando la vivienda antes de que se proceda a su lanzamiento.

Todas estas intenciones proteccionistas del legislador por favorecer al inquilino acaban por perjudicarle. Por la sencilla razón de que el propietario que estuviera dudando entre alquilar o no su propiedad, lo normal es que acabe por no hacerlo o pida unos avales bancarios inaccesibles para muchos de los que tienen verdadera necesidad de arrendar una vivienda.

Es deseable que el derecho defienda decididamente la propiedad, el libre desarrollo de la libertad de pactos y la eficaz recuperación de la posesión por parte del propietario ante incumplimientos contractuales del arrendatario. Con un número mayor de ofertas de alquiler todos saldríamos ganando, tanto propietarios como inquilinos.

Por desgracia, frente a estas deficiencias, las iniciativas del actual legislador parece que van justo en el sentido opuesto a lo anteriormente planteado: mantener el espíritu de la LAU y la LEC, mayor control de los arriendos para gravarlos fiscalmente, creación de una sociedad pública de alquileres, aprobar iniciativas legislativas de expropiación temporal de viviendas vacías para ser alquiladas por la administración, considerar a los okupas como una suerte de cultura urbana…

Todos salimos perdiendo. Ante las interferencias legislativas y la falta de protección integral de la propiedad privada, la realidad nos hablará siempre de escasez de viviendas en alquiler mientras no exista un entorno jurídico favorable que incentive a los propietarios a desprenderse voluntariamente de su posesión.

Los errores del informe Stern

El informe Stern ha sido el primero de cierta importancia, digamos, institucional sobre el calentamiento global encargado a un economista. El Gobierno británico quería saber cuánto costaría el fenómeno y cuánto costaría evitarlo. Hasta entonces, los análisis venían a decir que no venía a cuenta estabilizar las emisiones de CO2, aún en el supuesto de que fuera posible, porque los costes eran superiores. Pero llegó Stern y, con él, un nuevo mantra convenientemente agitado por los ecologistas sandía: por un 1% del PIB mundial todos los años, nos ahorramos unos gastos del 20% del PIB mundial dentro de unas décadas. Lo asombroso no es ya que las conclusiones fueran contrarias a las de otros economistas, sino que lo fueran en un grado tan enorme. ¿Cómo se consiguió semejante milagro?

La respuesta es sencilla: exagerando los costes de no hacer nada y disminuyendo los de actuar hoy. La principal crítica que se le ha hecho es optar por una tasa de descuento irreal y extremadamente baja. El problema es que las personas normales y corrientes, cuando escuchamos esto, nos quedamos con cara de idiota. La tasa de descuento no es más que el tipo de interés cuando lo empleamos para calcular al revés. Es decir, si el interés está al 4% anual y se tienen 100 euros en el banco, el año que viene tendremos 104, es decir 100*(1+0,04). Pero si lo que queremos es tener 100 euros en el banco el año que viene, ¿cuánto debemos ingresar hoy? La respuesta es que ha de ser 100/(1+0,04), es decir, 96,15€. Bueno, pues cuando se usa el interés para hacer este tipo de cálculos, los economistas, supongo que por fastidiar a los legos, lo llaman tasa de descuento.

Stern considera que, moralmente, sería injusto para las generaciones venideras emplear una tasa de descuento alta, léase realista, porque colocaríamos nuestras necesidades por encima de las suyas. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo, pero más a lo bruto. Si damos exactamente la misma importancia a las generaciones futuras que a las actuales, un ahorro de 100 euros dentro de cien años merecería la pena aunque nos costara 99 hoy (de hecho, empleando el 0,1% de Stern eso es justo lo que nos daría). En los términos del informe, significa que los costes que tendrán las catástrofes predichas por los creyentes en el apocalipsis climático para dentro de varias décadas tienen el mismo valor que si sucedieran hoy mismo.

Tratar la tasa de descuento como un problema moral es un error; los seres humanos, los de hoy y los del futuro, preferimos tener algo ahora que tenerlo más tarde. Así ha sido desde que el mundo es mundo. Sólo ahorramos cuando se nos ofrece algo suculento a cambio. Por ejemplo, un interés del 4%, que es la media histórica y la que se utiliza habitualmente. Cuando se emplean cifras absurdamente alejadas se obtienen resultados absurdos. Pero aún si se tratara de un asunto moral, la cosa no es tan sencilla. En el futuro, la humanidad será más rica, y los costes brutales que esos desastres provocarían hoy serían para ellos algo mucho menos importante. El gasto que propone Stern es un impuesto que redistribuye de los relativamente pobres que somos nosotros ahora a los relativamente ricos que serán dentro de cien años. Y luego dicen que los liberales somos insensibles con los pobres.

Además del lioso asunto de la tasa de descuento, Stern hace otras cosas, que se resumen en que siempre escoge la peor opción. Demográficamente, elige un modelo del IPCC tremendamente irreal, con muy poco crecimiento per cápita pero mucho aumento de la población, especialmente en latitudes bajas donde sería más perjudicial el calentamiento global. No tiene en cuenta la capacidad de adaptación del hombre hasta unos extremos ridículos: no piensa en la posibilidad de que se construyan presas contras las inundaciones, o que los granjeros cambien los granos que siembran al no ser los actuales adecuados para el nuevo clima o que la gente no se morirá de calor porque se adaptará progresivamente a la temperatura; al fin y al cabo, los españoles estamos mejor adaptados que los suecos. El caso es que, con estos trucos y otros parecidos, amplía el coste del 3% para el 2100 calculado por Nordhaus, y que ya está entre las estimaciones más altas, hasta llegar a un 20%.

En fin, Stern fue uno de los economistas que en los 80 predijeron que sucederían grandes desastres si se adoptaba la política propuesta por Thatcher. Habría que hacerle ahora el mismo caso que se le hizo entonces.

Calentamiento cada mil quinientos años

Hace unos 20.000 años la Tierra padeció el pico del, hasta la fecha, Último Máximo Glacial o LGM (Last Glacial Maximum) en sus siglas inglesas.

El 40% de las tierras del hemisferio norte estaba cubierto por centenares de metros de hielo (hasta 2.000 metros de grosor al norte del Báltico) y por el permafrost; los glaciares no sólo dominaban el paisaje, también hundían con su peso vastas extensiones de tierra firme (por ejemplo en el norte de Escandinavia, en donde se situaba el centro del manto helado que cubría Europa, más de 200 metros). Tal acumulación de hielo, por otro lado, provocó que el nivel del mar descendiera centenares de metros en algunos lugares, configurándose extensas regiones terrestres que el posterior deshielo borraría del mapa de la prehistoria. La temperatura media en las tierras de nuestro hemisferio era entre 5,7ºC y 8,7ºC más baja que la actual (Uriarte).

Desde luego la Tierra en la que vivieron nuestros ancestros era un lugar difícilmente reconocible en ninguna estampa alpina con la que los ecologistas quieren convencernos de la excepcionalidad del calentamiento, levísimo, que se viene observando en el planeta en los últimos años.

La historia del clima de la Tierra está dominada por la astronomía, tanto por la variación de la forma de su orbita, la elipse más o menos excéntrica que dibuja nuestro planeta alrededor del Sol, como por los cambios significativos tanto de la orientación (precesión) como de la inclinación (nutación) del eje de rotación respecto de dicho plano. Estos cambios orbitales son cíclicos (100.000, 23.000 y 41.000 años respectivamente) y ocasionan importantes variaciones en la distribución de la radiación solar que recibe la Tierra. Tales variaciones son responsables de los glaciaciones (cada 90.000 años) y de los periodos interglaciares (como el holoceno en el que vivimos) que protagonizan la historia del clima terrestre.

Junto a estos factores orbitales está ganando fuerza, entre los científicos proscritos por El Consenso, uno más directamente relacionado con la variabilidad de la actividad solar. Durante los últimos 20 años se han reunido evidencias físicas que muestran cómo el clima de la Tierra atraviesa periodos alternativos de enfriamiento y calentamiento cada 1.500 años aproximadamente. Así pues a la precesión, la nutación y los cambios en la excentricidad de la órbita terrestre, habría que añadir la dinámica solar a la hora de elaborar modelos con los que obtener predicciones fiables sobre el clima.

El fundamento de esta afirmación se encuentra en el importante papel que juegan las nubes bajas que reflejan la radiación solar hacia el espacio exterior, lo que enfría la Tierra, y cómo se relaciona la aparición de estas nubes con la variabilidad de la intensidad del viento solar, la dinámica a la que antes me refería. El nexo lo proporcionan los rayos cósmicos que bombardean la atmósfera de nuestro planeta y que al hacerlo ionizan las moléculas de aire creando el núcleo sobre el que crecerán las nubes mencionadas. Cuanto más viento solar, mayor protección y por lo tanto menos nubes. Por el contrario menos viento solar significa menos protección y por consiguiente más nubes, esto es, mayor enfriamiento (Singer y Avery, p.9).

Precisamente para Avery (ver p.6) la escasa fiabilidad de los modelos en los que se basan las conclusiones de los informes del IPCC radica en que no valoran apropiadamente el impacto que tienen las nubes en la configuración del clima. En el sumario para políticos que ya hemos podido leer, sus redactores son bastante explícitos:

Los cambios debidos al vapor de agua representan la mayor realimentación que afecta a la sensibilidad del clima y son mejor entendidos ahora que en el TAR. La realimentación de las nubes sigue siendo la mayor fuente de incertidumbre.

Sin embargo que los científicos del IPCC admitan su incertidumbre no significa que no existan estudios que evidencien la importancia de las nubes en la autorregulación del clima. El más notable, que no divulgado, como reconocen amargamente Singer y Avery (p.42), es el realizado por el equipo del investigador del MIT Richard Lindzen en el Pacífico y que con el titulo ¿Tiene la Tierra un iris infrarrojo adaptativo? ya transmitía sucintamente sus conclusiones: el océano tiende a ventilar su calor extra hacia el espacio exterior de manera natural, protegiendo la biosfera.

Frente al pavor que nos quieren infundir los prudentes amigos de Kyoto y su embajador planetario, el Sr. Gore, optimismo; puestos a temblar que sea de frío, ya que el evento climático al que debiéramos temer es el próximo periodo glacial, que se aproxima inexorablemente, aunque no se le espera hasta dentro de muchos años.

Tal vez manteniendo el ritmo del progreso tecnológico que nos sacó hace 200 años de la trampa maltusiana en la que vivía la humanidad logremos que nuestros "tataranietos" tengan una oportunidad de sobrevivir.

Apuesto a que sí.

La importancia de la propiedad

El derecho de la propiedad es un fenómeno tan antiguo como la mismísima humanidad. La relación entre propietario y bien surgió de forma natural en los albores de la historia. Es tal la importancia que adquirió desde sus orígenes que aparece protegida en los primeros códigos legales de los que tenemos conocimiento.

Como afirmaba León XIII en la encíclica Rerum Novarum, “poseer bienes en privado, […] es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto”. La necesidad de este derecho es tal que sin éste, por ejemplo, no sería posible calcular ningún coste, ni la retribución que se le ha de pagar a una persona para desempeñar su trabajo. El desarrollo que ha experimentado el ser humano sería impensable si este derecho no existiese, y es que el ahorro es imposible sin propiedad.

No obstante, si existe un derecho que suele ser continuamente atacado y despreciado es éste. Los que más se oponen al mismo suelen basar su argumentación en que se trata del origen último de la miseria de muchas personas. Y en efecto es así, pero por razones totalmente opuestas a las que creen los que demonizan y tratan de minusvalorar el derecho de la propiedad.

Al comparar la situación económica entre los distintos países del mundo es casi inevitable preguntarse las razones por la que son tan dispares. Tradicionalmente se solía explicar esta diferencia por la distribución de las materias primas a nivel mundial. Sin embargo esta explicación dejó de tener sentido al comprobarse que países muy desarrollados podían existir en zonas de baja concentración de recursos. Posteriormente se acudió a la teoría de la explotación internacional entre los países. Según esta teoría los países pobres se encontraban en esta situación porque habían sido colonia de los países ricos. Una vez que obtuvieron su independencia partieron desde una situación de desventaja al haber quedado toda la industria en la antigua metrópoli. Esta teoría cayó por su propio peso cuando se comprobó que países en principio poco desarrollados económicamente experimentaban un desarrollo espectacular, mientras que otros que llevaban varias décadas más siendo independientes y que gozaban de una situación de partida más elevada, seguían al cabo de los años con una renta muy inferior al de las antiguas metrópolis.

Si tratamos de obtener características comunes en los países de menor riqueza económica, nos encontramos con una fundamental: la inseguridad jurídica de las propiedades de los ciudadanos más pobres. El proceso legal para adquirir y defender una propiedad frente a terceros es tan engorroso en dichos países que sólo los ciudadanos más pudientes, que pueden contratar los servicios de grandes asesores y que gozan de grandes contactos con sus respectivas administraciones públicas, pueden completarlo con ciertas garantías. Para el resto de los ciudadanos, la seguridad jurídica es nula. Así, tienen que adquirir sus viviendas, negocios, vehículos, etc., sin ninguna garantía de que el día de mañana sus derechos de propiedad puedan prevalecer frente a terceros. Los complejos procesos burocráticos son poco menos que de imposible acceso para la población en general.

Así, en estos países, la mayor parte de los ciudadanos compran y venden bienes cuya propiedad es, o bien desconocida o bien negada por sus administraciones públicas. En dicha situación el ahorro para los pequeños emprendedores se vuelve imposible. Poca gente se atreve a mejorar su negocio, cuando la propiedad de éste puede ser revocada por el Estado en cualquier momento. Además se encuentran con la dificultad añadida de que les resulta prácticamente imposible acudir a los mercados financieros, ya que no disponen de ninguna garantía que ofrecer al banco para obtener préstamos, al no ser reconocido oficialmente sus derechos de propiedad.

Es por ello que la debilidad de los derechos de propiedad se convierte en el principal obstáculo al que se enfrentan los ciudadanos pobres de los tradicionalmente denominados países subdesarrollados. El coste de este no reconocimiento de los derechos de propiedad ha sido tratado ampliamente por Hernando de Soto, que da ejemplos escalofriantes, como el hecho de que en Haití se necesiten cumplimentar 65 trámites legales, lo que suele abarcar un periodo de dos años, simplemente para obtener un permiso para arrendar un terreno público por un periodo de cinco años.

Por tanto el derecho a la propiedad no es la causa de la pobreza de muchos seres humanos. Es justo al revés: su negación es la que motiva que éstos no puedan beneficiarse del fruto de su trabajo. La propiedad es una herramienta esencial para que los ciudadanos puedan ver el resultado del trabajo que desempeñan y que éste se materialice en forma de inversión, plasmándose en diversas adquisiciones que queden, con seguridad, en las manos de estos pequeños emprendedores.

La protección del inversor

El caso Endesa y la reforma de la Ley del Mercado de Valores ha vuelto a colocar de actualidad la idea de que el Gobierno tiene la misión de proteger a los inversores en los procelosos mercados de capitales. Bajo esta perspectiva, los pequeños accionistas tienen una especial predisposición a ser engañados por grandes y poderosos grupos económicos que podrían llegar a dilapidar los ahorros de toda una vida.

La protección frente a las ofertas públicas de adquisiciones es amplia pero me gustaría comentar una imposición en concreto: la obligación de lanzar una OPA por la totalidad del capital cuando se adquiera un cierto porcentaje de acciones (en la nueva ley el 30%).

En principio, la finalidad de la norma es que la adquisición de las compañías tenga un carácter "público" de modo que todos los inversores tengan tiempo de estudiar las condiciones de la oferta y exigir una prima superior a la que podrían obtener si las adquisiciones fueran secretas, no anunciadas y mediante comisionistas. En realidad, la normativa es un completo despropósito que destruye todos los incentivos para el aprendizaje financiero por parte de los inversores y que dificulta la reasignación de recursos hacia los nuevos proyectos empresariales.

Recordemos que una acción es una parte del capital de una compañía que da derecho a esa parte del capital y a las rentas futuras (beneficios) que genere. Dado que los beneficios futuros todavía no se han realizado y son inciertos, los inversores no capitalizan completamente esas rentas futuras en el precio de las acciones sino que las descuentan según su lejanía temporal (preferencia temporal) y la incertidumbre que puedan percibir (aversión al riesgo).

Cada individuo, en función de sus expectativas sobre las rentas futuras, de su preferencia temporal y de su aversión al riesgo estará dispuesto a desprenderse de las acciones por un precio determinado. Precio que será superior al valor presente de esas rentas futuras y que, por tanto, será mutuamente satisfactorio. Por consiguiente, cuando un gran inversor o una gran empresa quiere adquirir a otra es porque a) prevé que la compañía opada logrará beneficios superiores a los que esperan sus actuales propietarios, b) está dispuesta a esperar más tiempo para conseguirlos, c) tiene más confianza en la empresa.

El punto a) puede alcanzarse bien porque la empresa adquiriente tiene mejor información que los propietarios actuales (por ejemplo, porque cree que la demanda de sus productos se incrementará sustancialmente) o, lo que es más común, porque se cree capaz de reorientarla y mejorar su gestión actual.

La imposición de que toda adquisición se efectúe mediante oferta pública pretende que los accionistas actuales tengan la ocasión de exigir un precio superior, bien porque sospechen que la empresa opante tiene información que ellos no, o porque quieran apropiarse de parte de los mayores beneficios futuros que engendrará el nuevo proyecto. Las adquisiciones secretas, en cambio, no modifican las expectativas de los propietarios por lo que pueden hacer que vendan las acciones sin ser conscientes del mayor precio que podrían obtener.

Pero, ¿por qué motivo un accionista ha de tener el derecho a quedarse con parte de los beneficios que todavía no se han realizado y que no ha sido capaz de anticipar o, lo que es peor, con los beneficios que generará el nuevo empresario? El derecho de propiedad sobre una acción da derecho a elegir si vender o no hacerlo, pero no a elegirlo con un determinado nivel de información. De hecho, los propietarios que se desprendan más rápidamente de sus acciones serán los que anticipen menores beneficios futuros, los que los juzguen más inseguros o los que sean más impacientes por realizarlos. ¿Por qué debe privilegiárseles frente a unos adquirientes que confían en el futuro y la solidez de la empresa?

Las condiciones de adquisición que impone la legislación elevan sistemáticamente los precios de compra y desincentivan el aprendizaje y la búsqueda de información por parte de los inversores, confiados en que llegado el momento el Estado les protegerá. Por ambos motivos, el capital se asigna más ineficientemente entre los proyectos empresariales y muchas operaciones que podrían ser rentables a precios más reducidos no llegan a efectuarse.

La concesión de privilegios a algunos inversores equivale a la atrofia de los mercados financieros y de la sociedad de propietarios. Los movimientos empresariales quedan controlados, supervisados y fiscalizados por el Estado, quien les marca el paso y restringe su creatividad, y los consumidores son peor servidos de cómo podrían serlo.

Si, como dijo Mises, una sociedad pasa a ser socialista cuando los mercados de capitales han sido nacionalizados, deberíamos empezar a preocuparnos.

De neocones y liberales

La palabra "neoconservador" o "neocón" está de moda. Muchos izquierdistas la utilizan en un sentido peyorativo para calificar más o menos a todo aquél que no comulga con sus postulados. En la derecha los más impulsivos asumen orgullosos el término pensando que si para la izquierda es un insulto, pues tendrá que ser un piropo. Al final del día, sin embargo, ni unos ni otros saben definir lo que es el neoconservadurismo o qué es lo que caracteriza a un neoconservador. No hace falta calentarse la cabeza, dirán algunos, se trata de un neologismo inventado con el solo propósito de atacar al contrario. Si es así, parece irrelevante hacerse llamar a sí mismo neocón, pues no tiene más repercusión que la que queramos darle.

Pero el que se utilice como arma arrojadiza y sin conocimiento de causa no implica que no tenga, en realidad, un significado muy concreto. Lo tiene y nos remite a una corriente de pensamiento que está en buena medida en las antípodas del liberalismo y cuyos adherentes con conocimiento de causa gozan de influencia en los medios, en el Partido Republicano y en la Administración Bush. En este contexto el hecho de que un liberal asuma el apelativo de neocón sí puede tener repercusiones, ideológicas y estratégicas.

En otra ocasión me referí al anti-izquierdismo instintivo de los liberales de ascendencia conservadora, que demasiado a menudo les lleva a posicionarse mecánicamente como reacción a la izquierda, interiorizando así sus errores y rechazando sus aciertos sin detenerse a reflexionar. Como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algunos liberales ven en el gobierno de Bush, en el ejército de los USA… y en los neoconservadores (tan vilipendiados todos ellos por la izquierda) un aliado. No obstante vale la pena plantearse que a lo mejor son enemigos de la izquierda por las razones equivocadas desde un punto de vista liberal, y que por tanto deberían ser criticados desde el liberalismo por las buenas razones. Si escogemos nuestros compañeros de trinchera en función de a quién ataque la izquierda, entonces es en última instancia la izquierda la que escoge nuestros compañeros de trinchera (solo tiene que seleccionar bien su próxima diana). El resultado puede ser una jaula de grillos más que un frente unido contra algo. Tiene tanto sentido como aliarse en su momento con fascistas y nacionalsocialistas solo porque los comunistas les consideraban sus más mortales enemigos (o viceversa).

En mi opinión ser neocón a fuer de liberal plantea serias incompatibilidades. ¿Qué es el neoconservadurismo? El neoconservadurismo nace de la mano de progresistas desencantados con la candidez del Partido Demócrata durante la Guerra Fría, y junto a su anticomunismo militante (que se traduce en la exigencia de un mayor gasto en defensa y una política exterior más agresiva) encontramos una notable complacencia con el Estado del Bienestar. Puestos en relación con los conservadores tradicionales, los neocones se caracterizan por defender una política exterior más ambiciosa e idealista (ataques preventivos, exportación de democracia a golpe de bayoneta y nation-building), unas políticas sociales menos tradicionalistas (aunque eso no les impide coaligarse con la derecha religiosa) y un Estado del Bienestar a lo sumo más eficiente, pero sin excesivos cambios. El propio Irving Kristol, uno de los padres del movimiento, señalaba en su libro Reflections of a Neoconservative que "un Estado del Bienestar, adecuadamente concebido, puede ser una parte integral de una sociedad conservadora". A los neoconservadores, dice Kristol, el crecimiento del Estado en el pasado siglo no les produce alarma ni ansiedad, es visto como algo natural e inevitable. "Los ideales decimonónicos tan nítidamente expresados por Herbert Spencer en su The Man Versus the State son una excentricidad histórica".

El "neo" aplicado a "conservador" da a entender que se trata de nuevos conservadores, pero con una facilidad similar podríamos añadir el "neo" a "progresista" para definirlos. Al fin y al cabo la política exterior idealista neocón tiene sus raíces en el progresismo de la era Wilson, cuando, en palabras del historiador William Leuchtenburg, "pocas personas veían un conflicto entre las reformas sociales y democráticas en casa y la nueva misión imperialista. (…) Los progresistas creían (…) en un gobierno nacional que dirigiera los destinos de la nación en casa y en el exterior." En cuanto a su conformismo con el Estado del Bienestar, es sintomático de sus orígenes.

Al final, en lo único que sustancialmente se distinguen de sus antiguos compañeros del Partido Demócrata es en su defensa de una política exterior más agresiva y utópica, pero eso precisamente no les acerca sino que les aleja del liberalismo. El Estado es ineficiente y actúa movido por grupos de presión, lo mismo en política interior que en política exterior. La guerra es el programa estatal de mayor magnitud y un liberal no puede sino mostrarse, como mínimo, escéptico y cauto ante las promesas de traer seguridad, paz y democracia al mundo manu militari.

Como apuntaba al principio, autodenominarse neoconservador a fuer de liberal tiene repercusiones ideológicas y estratégicas. Si se hace sin conocimiento de causa como simple pasatiempo provocador o como muestra de una actitud reactiva, los principios liberales que uno originariamente sostiene no tienen por qué verse alterados. Pero se corre el riesgo de incorporar elementos de los supuestos compañeros de viaje si uno acaba creyendo que realmente son compañeros de viaje.

Por otro lado, al asumir la etiqueta de neocón uno se expone a que los demás lo vinculen con el neoconservadurismo de carne y hueso, sus autores, los gobiernos y las políticas que se inspiran en esta corriente. Conforme uno se hace llamar neocón con conocimiento de causa, más real es esta asociación con el neoconservadurismo y sus promotores, más extensa y deliberada es la influencia que recibe de sus ideas, y más contradicciones aparecen entre la identidad liberal y la identidad neocón. Antes de abrazar alegremente este término porque la izquierda lo pone de moda, deberíamos preguntarnos por su verdadero significado y sus implicaciones. O estaremos haciéndole el juego a los progres y un flaco favor a la causa liberal.

El sueño americano sigue vivo

"… Que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice, nada menos, que estas verdades son evidentes. La sonoridad de la frase ha retumbado en las mentes y en los corazones de los estadounidenses durante generaciones, y han hecho suyas esas palabras. Pero como son un pueblo práctico, las han llevado a cabo con denuedo. Han buscado su propia felicidad, han labrado su prosperidad en una sociedad que, por libre, les ofrecía todas las oportunidades de conseguir lo que querían. Cualquier persona con la suficiente iniciativa y perspicacia, con trabajo duro y contención en el consumo, podía convertirse en una persona adinerada. Es el sueño americano.

Desde una perspectiva socialista, el sueño americano resulta una amenaza. Si, en principio, cualquier persona puede labrarse un buen futuro para sí y su familia sin más que someterse a las normas del sistema capitalista (perspicacia empresarial, trabajo, ahorro, cumplimiento de los contratos y de la palabra dada, etc.), ¿para qué queremos el socialismo? Si sólo tenemos que mirar a nuestro entorno para ver que ese sueño se cumple a diario, ¿por qué contentarnos con el socialismo, que al fin y al cabo es una eterna promesa de un esplendoroso futuro que nunca llega? Si todos podemos burlar a la diosa Fortuna y coger por nuestra mano, por nuestra voluntad y nuestro empeño, al menos retazos de nuestros sueños, ¿dónde está la injusticia de las sociedades libres?

El socialismo tiene la ventaja de que la realidad no le importa, porque quiere sustituirla por otra cosa, de modo que no ve ningún problema en negarla. Y se ha esforzado en negar que el sueño americano se cumple. Pero la realidad es tozuda, y quienes no tengan miedo de encontrarse con ella podrán ver que, aún hoy, el derecho de todo hombre de procurarse su felicidad tiene en los Estados Unidos un refrendo permanente.

¿Estamos atados a nuestra condición económica como los siervos de la gleba a la tierra que cultivan? ¿Los ricos son ricos porque una vez instalados en la abundancia no hay quien les mueva? Una encuesta elaborada por la consultora TNS Financial Services revela que el 80% de los millonarios estadounidenses (quienes tienen un patrimonio de un millón de dólares o más) han conseguido su fortuna en una sola generación. Es decir, que la han creado ellos mismos; no la ha heredado. Tampoco es un fenómeno nuevo. Los mayores expertos en Estados Unidos sobre los millonarios, Thomas Stanley y William Danko, se refieren a un estudio de 1892 que encuentra que el 84% de los millonarios de entonces han alcanzado su fortuna sin herencia previa.

Tampoco es necesario alcanzar una fortuna de un millón de dólares para ser feliz, ni cualquier progreso es vano si no se alcanzan tales cotas. Un estudio que abarcaba la evolución de las rentas en Estados Unidos tomando una muestra de 1975 a 1991 revelaba que si se dividía a la gente por grupos de niveles de renta, lo que se obtenía era aproximadamente la misma división por grupos de edad. Es decir, que las rentas más bajas corresponden a las edades más tempranas y las mayores a las más avanzadas. Y simplemente para evitar la pobreza (teniendo en cuenta que la pobreza de verdad apenas si existe en Estados Unidos) hay que seguir normas muy sencillas, como "terminar el instituto, no tener niños hasta haberse casado y esperar al menos hasta los 20 para casarse".

Sí, en Estados Unidos no sólo tienen el derecho de buscar su propia felicidad, sino que aún cuentan con una sociedad que lo permite.