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La irrelevancia del crecimiento económico

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El crecimiento económico de un país se ha convertido en una especie de fetiche al que hay que rendir el máximo culto. El éxito de una sociedad y de un Gobierno se miden por los dígitos a los que crezca la economía. Incluso algunos liberales utilitaristas llegan al extremo de defender al Estado y alguna de sus intervenciones bajo el argumento de que "fomenta el crecimiento económico". ¿Realmente es tan importante? ¿Debemos prestarle alguna atención como economistas?

Lo primero que debemos de tener claro es la definición de crecimiento económico. Como tal se define a la tasa de variación de un índice de referencia (generalmente el PIB a un año) que en sus diversas formas trata de aproximar el incremento del valor de mercado de los bienes y servicios producidos por una serie de personas.

Esto se debe a que el crecimiento es un concepto importado de la biología; un organismo crece cuando aumenta de tamaño. En economía no queda claro cómo "se aumenta de tamaño", así que es necesario confeccionar índices que puedan aumentar o disminuir. Sin embargo, por un lado, en estos índices sólo podrá incluirse por definición aquello que resulte mensurable –y la utilidad no lo es– y, por otro, tratan de agregar la producción nacional como si beneficiara a todos los individuos por igual.

Por consiguiente, el crecimiento económico no trata de aproximar el bienestar de los individuos, sino su producción agregada: cuántos euros o dólares están dispuestos a pagar algunos individuos a cambio de una cantidad de bienes y servicios que todos han producido y están a la venta.

Pero el precio de mercado no es equivalente al valor medio o agregado que se confiere a un bien o servicio, sino sólo la máxima contrapartida monetaria que en un momento del pasado alguien, con unos gustos e información particulares y diferentes a los del resto, estuvo dispuesto a entregar.

Otro problema es que todos bienes o servicios producidos gratis, para uno mismo o no puestos a la venta, son excluidos de la medición. Es más, todo el descanso o las actividades de recreo adicionales tampoco entran en el cómputo del crecimiento. Una sociedad que lograra producir la misma cantidad de bienes y servicios que el año precedente pero disfrutando de mucho más tiempo de ocio, registraría un crecimiento económico 0 (siempre que los precios se mantuvieran constantes).

Además, desde una perspectiva científica de individualismo metodológico, no puede afirmarse que un individuo esté mejor por el hecho de que sus vecinos hayan producido más bienes. Si se alegra de la riqueza ajena, si lo estará, pero no necesariamente. Al aunar la producción y suponer que todos los individuos –con independencia de su contribución a lograrla– disfrutan del agregado, caemos en el igualitarismo socialista de desvincular producción y distribución. La producción adicional, en todo caso, sólo podrá incrementar el bienestar de quienes disfruten de ella.

Partiendo del individualismo metodológico, es cierto que todo individuo prefiere más a menos bienes económicos. La razón es que un bien es un medio disponible que sabemos puede satisfacer alguno de nuestros fines. A mayor número de bienes, mayor número de fines podemos alcanzar.

Ahora bien, la obtención o uso de todo bien económico requiere de una acción humana y toda acción humana implica un coste de oportunidad: mientras obtengo o utilizo ese bien económico debo renunciar a otras acciones. Si obligamos a un individuo a trabajar 24 horas al día, aun cuando le permitamos quedarse con su producción, es dudoso que estemos incrementando su bienestar. Mientras le obligamos a trabajar no podrá satisfacer otros fines que puede considerar más importante.

El incremento de la cantidad de nuestros medios, por tanto, sólo podrá ser positivo cuando sea el resultado de elecciones voluntarias; y si para ello los individuos deciden recurrir a la división del trabajo y al intercambio, ese incremento voluntario de los medios se traducirá en crecimiento económico.

Pero fijémonos que el crecimiento sólo es uno de los posibles subproductos que se dan cuando los individuos tratan de satisfacer sus fines, no el único. La afirmación de que más crecimiento es siempre mejor resulta falaz. A priori es imposible afirmar que el crecimiento sea bueno o malo; por ello aun cuando el Estado pudiera promover el crecimiento, dado que para ello utilizaría la coacción y nos desviaría de nuestros cursos prioritarios de acción, estaría disminuyendo nuestro bienestar.

De hecho, no conviene afirmar ni que el crecimiento, como resultado voluntario de las elecciones humanas, será necesariamente positivo, ni que el mercado proporciona el nivel óptimo de crecimiento.

La primera proposición es falsa porque no contempla la posibilidad del error. Podemos afirmar apodícticamente que toda acción es ex ante beneficiosa, pero no podemos hacer lo mismo con el crecimiento. La razón es que el crecimiento se mide y se registra siempre ex post, una vez la acción ya se ha traducido en la producción del bien o servicio que ex ante deseábamos. Pero ex post siempre podemos habernos equivocado en nuestro juicio o cambiar de preferencias, por lo que el bien adicional ya no nos compense el esfuerzo realizado.

Imaginemos una sociedad que experimenta una fiebre loca por la mantequilla y se pasa un año produciéndola al máximo rendimiento. Transcurrido ese año, los individuos habrán acumulado grandes stocks de mantequilla, pero si sus preferencias cambian y pasan a aborrecerla, lamentarán su elección. El PIB registrará un importante crecimiento, pero los individuos habrán fracasado en la satisfacción de sus fines.

La segunda proposición también es falsa por diversos motivos. Primero, porque el mercado no actúa, sino que lo hacen los consumidores, los empresarios, los trabajadores o los capitalistas. Segundo, porque ningún individuo tiene como fin incrementar ciegamente el número de bienes y servicios computables para un índice arbitrario. Y tercero, porque aunque algún individuo tuviera como fin vital aumentar ese fin, el incremento del PIB sólo indicaría una mejora del bienestar de ese individuo concreto y no del agregado de la sociedad como ya hemos visto.

Ahora bien, ¿significa ello que debemos ignorar las críticas de ecologistas, socialistas y comunistas que con frecuencia proponen paralizar o incluso revertir el crecimiento económico? No. En la medida en que el crecimiento puede ser el resultado de las acciones voluntarias de los individuos, limitarlo podría suponer la restricción de muchos cursos de acción deseados; el intervencionismo anti-crecimiento frecuentemente colisionará con proyectos legítimos de los individuos.

En definitiva, el término crecimiento es ajeno a la ciencia económica. Su uso responde a la necesidad de justificar ciertas intervenciones del Estado –como los incrementos del gasto público– que pueden cuantificarse en incrementos de un índice de referencia arbitrario. Lo verdaderamente importante para el individuo es poder lograr sus fines y ello sólo cabe dentro del respeto a su libertad y su propiedad para que pueda conciliar sus planes con los de otros individuos.

Resulta preferible hablar de progreso económico de un individuo, cuando logra en retrospectiva satisfacer sus fines, o de desarrollo progresivo de una institución, cuando evoluciona haciéndose más respetuosa con la propiedad, la libertad y demás preceptos éticos que de ahí se derivan.

La ciencia al servicio de la política

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

El extraño mecanismo que ha servido para producir titulares alarmistas durante la última semana es digno de ser estudiado con más atención. El informe sobre el futuro del clima presentado en París no es un estudio científico sino un "resumen para políticos" que, desgraciadamente, también han hecho políticos. En concreto, los delegados de 150 países, que son los que han decidido qué entra y qué no entra en el mismo. Pero, eso sí, no esperen que los titulares de prensa y las noticias de la tele nos adviertan de ese pequeño detalle.

La mejor demostración de que el IPCC no es tanto un esfuerzo científico como político es el hecho de que lo primero en ser publicado es el resumen de y para políticos, basado en el segundo borrador del informe científico. Y la versión final del informe científico, según las propias reglas del IPCC, podrá ser cambiado ¡para ser consistente con el resumen político! O lo que es lo mismo, no importa lo que hayan podido decir los científicos, que es lo que decidan los políticos lo que finalmente va a misa. Nada nuevo bajo el sol de la ONU; pero precisamente porque la organización mundial funciona así, sus dictámenes deberían haber sido acogidos con un poco más de prevención.

Y es que no es la primera vez. Los científicos decían en el borrador del informe del IPCC de 1995 que "toda afirmación sobre la posible detección de un cambio significativo del clima permanecerá siendo controvertida hasta que las incertidumbres en la total variabilidad natural del sistema climático se hayan reducido". Y que "ningún estudio a la fecha ha establecido positivamente y atribuido todo, o parte del cambio de clima observado, a causas antropogénicas". Pero  el informe final, tras pasar por las manos de los políticos, concluyó que "el balance de las evidencias sugiere una discernible influencia humana sobre el clima".

Para defender las tesis del IPCC y acallar a los "escépticos" (sí, así, entre comillas; ser un científico que mantiene una actitud escéptica ha pasado ahora a ser pecado), los defensores del protocolo de Kyoto aducen que los científicos que están en desacuerdo con una parte grande o pequeña del IPCC lo hacen porque "están pagados" por las multinacionales, más en concreto ExxonMobil, que parece ser el origen de todos los males del universo, y de algunos más. Así pueden tranquilizar su conciencia sin tener que rebatir ni una sola de las objeciones científicas que éstos hacen.

Sin embargo, ya puestos en esa tesitura, ¿se creen acaso que los científicos que apoyan la teoría "estándar" del calentamiento trabajan gratis? Como afirma el socialista y físico francés Claude Allègre, detrás de los argumentos del IPCC hay mucho, muchísimo dinero; mucho más del que las "multinacionales" pondrán nunca sobre la mesa. Durante estos años, el alarmismo sobre el calentamiento global (ahora llamado cambio climático para poder echar la culpa al hombre también del frío) ha provocado una lluvia de millones sobre los climatólogos que, consecuentemente, han incidido en el alarmismo. Exagerar da dividendos. A no ser que caigamos en el absurdo de pensar que el dinero que proviene de unos altera necesariamente las conclusiones y el que viene de otros es imposible e impensable que produzca el mismo efecto. La ley del embudo aplicada al clima.

En todo caso, esto tampoco tendría tanta importancia si la excusa del calentamiento no se estuviera utilizando para, en palabras de Chirac, poner una primera piedra en la construcción de un gobierno mundial que restrinja nuestras libertades y las ponga a merced de los políticos. Si realmente fuera importante la concentración de CO2 en la atmósfera, se podría combatir con tecnologías ya existentes, como la energía nuclear, o con tecnologías en desarrollo, como las que permitirán extraer el dióxido de la atmósfera. Racionar el crecimiento económico no es el camino. Que se lo digan, si no, a Al Gore, que aún no nos ha detallado cuánto CO2 emiten los aviones en los que viaja por todo el mundo para exponer su evangelio.

El Plan de Estabilización de 1959

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El Plan de Estabilización de 1959

Que el régimen de Franco era ideológicamente opuesto al liberalismo está claro. Por eso resulta llamativo que, limitadas, truncadas y escasas como fueron, se aviniera a introducir las medidas liberalizadoras contenidas en el Plan de Estabilización de 1959. Para hacernos una idea del pensamiento económico del régimen basta constatar la política de autarquía que siguió consistentemente desde la victoria del bando nacional, que se prolongó durante dos décadas, aunque se suavizara tímidamente en los 50. O leer los artículos, teñidos de una especie de keynesianismo ingenuo, desarrollista y con contenido social de Hispanicus, uno de los pseudónimos de Franco, publicados en Arriba entre 1947 y 1949.

Una nueva generación de economistas

Como ejemplo representativo del pensamiento económico del régimen, valgan estas palabras de un estudio del INI de 1975: “Superadas definitivamente las viejas tesis del liberalismo económico, los ideales del lucro personal, de dominio económico, del tecnicismo a ultranza, han sido sobrepasados por ideas más generosas.”

Pero los extraños avatares de la profesión de los economistas académicos en España iba a permitir en nuestro país la aparición de varios de ellos favorables al mercado. Zumalacárregui sería un fiel seguidor del marginalismo, y con él discípulos como Manuel de Torres o José Castañeda. Joan Sardá, que había militado en ERC, iría de la mano de Alberto Ullastres al Servicio de Estudios del Banco de España. Precisamente la llegada de Ullastres como ministro de Comercio, más la de Mariano Navarro Rubio en Hacienda, iba a sumar las ideas y la capacidad política para poner en marcha el Plan de Estabilización. Otras de las características de la política de entonces era el mantenimiento de tipos de cambio múltiples, con uno por cada tipo de bien. Y la importación se autorizaba con la concesión de licencias, lo que introducía ineficacia en el sistema y era un foco de corrupción.

La autarquía

La autarquía estrangulaba el desarrollo de la industria nacional, que necesitaba de bienes complementarios de fuera, cuya entrada era muy difícil y en ocasiones imposible. Esta política de “desarrollo interno”, como se llamaba a la limitación de la participación en la división del trabajo internacional, empobrecía a nuestro país, tan aislado económicamente como lo estaba políticamente.

Pero a finales de los 50 el agotamiento del modelo autárquico era evidente, y coincidía con una crisis de la balanza de pagos que estuvo a punto de llevar al país a la quiebra. La Banca prefería colocar los ahorros en deuda pública a prestar al sector privado, que se quedaba de este modo sin otra fuente importante de crecimiento. Con la deuda pública, pero también con préstamos del Banco de España, se financiaban grandes inversiones públicas, que no se limitaban al gran papel que ejercía el INI. La política de vivienda era también muy amplia.

Moralistas y teólogos del S XVI

Con las reservas en negativo, la industria ahogada y tensiones inflacionistas que comenzaban a mostrarse, el régimen comenzó a ver de cerca un posible desastre económico que le podría desestabilizar. Navarro se entrevistó con Hispanicus para explicarle la necesidad de aplicar un plan, que habían elaborado varios economistas españoles con la supervisión de una delegación de la OSCE que había venido a España, y Franco le espetó que “no debe fiarse de los extranjeros, Navarro. Siempre han estado contra España”. Al hábil ministro le bastó con decirle a Franco que el colapso de las exportaciones retraería el bienestar y podría obligarle a volver a la cartilla de racionamiento. De mala gana, dio el visto bueno.

Según Enrique Fuentes Quintana, que participó en el Plan, el objetivo del mismo fue “introducir la economía de mercado”, en línea con el pensamiento de sus impulsores, entre los que se encontraban varios de los más destacados de los que estaban en España. Como ejemplo de la filosofía que animaba la reforma, valgan dos citas del ministro de Comercio, Alberto Ullastres: “El lucro es no sólo perfectamente lícito sino que, como decían los teólogos y moralistas del siglo XVI, al provenir de una actividad socialmente útil y provechosa, hace al comerciante honra y prez de la República, de la cosa pública”. O “para mí, libertad económica significa en primer lugar libertad de precios, manos fuera de los precios, no interferirse con su mecanismo, dejar jugar la libre concurrencia y que los precios alcancen su nivel.”

Un shock tras el plan de estabilización

Las primeras medidas del Plan de Estabilización pasaron por un descenso en el gasto público y aumento de los impuestos, acompañados de una tímida reforma fiscal. Con ello se cortó el déficit. La mejora de la situación financiera del Estado le permitió cortar el grifo del Banco de España y con él una peligrosa fuente de inflación. El Gobierno bajó el tipo de cambio, que se mantenía alto por una cuestión de prestigio nacional, a otro más realista y se liberalizó el comercio y la inversión extranjera de un modo incompleto, pero suficiente.

El primer efecto fue una caída en el empleo y en la renta real, que se mantuvo durante un año, y una mejora espectacular de la balanza de pagos. Salvado el shock inicial, los españoles experimentaron una clara mejoría como consecuencia del Plan. La llegada de bienes extranjeros y de capital foráneo permitieron renovar los bienes de capital y multiplicar la productividad del trabajo. También forzó una mayor competencia de las empresas españolas con las extranjeras, aunque tímida. A un nuevo tipo de cambio y en una sociedad con salarios y precios bajos, España pasó a ser muy atractiva para el turismo, que se convirtió en un sector en gran desarrollo. Entre los fracasos del Plan de Estabilización están la declaración, que no fue mucho más allá de eso, de que los salarios debían fijarse a la productividad.

Asombro del mundo

En solo cinco años se recuperó la apertura económica de 1935, que desde ese año había caído por la crisis internacional de los 30, la Guerra Civil y la Mundial y la política autárquica. El desarrollo económico español asombró al mundo, y ni siquiera los famosos “planes de desarrollo” que quisieron echar atrás parte del legado del 59 lograron detenerlo. Los servicios y la industria absorbieron a grandes masas que apenas subsistían en el subempleo agrícola, permitiendo así una reforma agraria silenciosa sin necesidad de practicar las expropiaciones del primer franquismo, que continuó la política de la II República.

En definitiva, la liberalización económica del 59 fue posible, como muchas otras, porque se consideró una solución de última instancia a un problema económico que amenazaba la supervivencia del propio régimen. También lo fue por el papel de un grupo de economistas que confiaban en el mercado como institución básica para el buen funcionamiento de la economía. Finalmente, esta reforma salvó al régimen, pero permitió un desarrollo social que finalmente lo haría obsoleto e inviable a largo plazo.

Ver también

Victoria de Milei: lo que puede aprender de España. (Benjamín Santamaría).

El ecocomunismo llega a España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El ministro de Industria, Joan Clos, ya forma parte del selecto club social integrado por mandatarios de la talla de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Fidel Castro (Cuba) o Robert Mugabe (Zimbabwe), entre muchos otros. Únicamente existe un requisito para poder ingresar en este exquisito grupo de visionarios: abrazar con firmeza y convicción las exitosas políticas derivadas de la nacionalización de recursos.

Los grupos ecolojetas, entre los que ya se puede incluir sin reparos al Ministerio de Medio Ambiente, prosiguen su fervorosa e incansable misión de alertar acerca del Apocalipsis que se avecina en caso de que los ciudadanos mantengan su abusivo, irracional e, incluso, inmoral consumo de recursos naturales. Los mensajes alarmistas no tardan en surtir efecto en las privilegiadas mentes de nuestros políticos que, raudos y veloces, corren a poner en práctica las medidas necesarias que nos pondrán a salvo de la terrible venganza de la Madre Naturaleza por nuestros irresponsables actos.

Así, el Gobierno baraja, entre sus muchas opciones legislativas, dado el enorme margen de maniobra que ofrece a nuestra clase dirigente el marco estatal, prohibir que los vehículos particulares circulen por el centro de las ciudades; imponer tasas fiscales más elevadas para gravar específicamente la compra de vehículos todoterreno y de gran cilindrada; crear artificiales mercados para la compra y venta de CO2 (ese gas tan peligroso, causante del cambio climático que sufre el plantea y que, sin embargo, expiramos a cada instante tras cada bocanada de aire. ¿Podría vender yo el mío?); expropiar cientos de kilómetros de costa para evitar la terrible especulación urbanística que azota, sin distinción, a todos los municipios del país y que, durante los años 60 y 70, posibilitó el nacimiento y posterior auge del turismo de sol y playa. Un sector muy poco productivo y de escaso peso en el conjunto de la economía española, como bien saben nuestros bien informados políticos, y cuya etiqueta aún arrastramos con indignación por el mundo adelante.

Y qué decir de la protección de nuestras especies. Todo esfuerzo es poco para no perturbar el hábitat de algunos privilegiados peces o aves migratorias. El temible impacto ecológico se ha convertido en una herramienta eficaz a la hora de evaluar la validez y corrección de importantes inversiones en capital o tejido empresarial. Véase sino el último episodio acaecido en Galicia, en donde Pescanova (empresa gallega, por cierto) se disponía a invertir más de cien millones de euros para levantar una de las piscifactorías más importantes y punteras del mundo. ¡Ah, no! Cómo permitir tal osadía, y convertir la hermosa Costa da Morte en algo más que rocas y agua… ¡En todo un centro industrial, ni más ni menos! "Que se vayan a Portugal". Y se fueron.

El último episodio de esta delirante tragicomedia es protagonizada por otro recurso natural, en este caso, vital para la vida misma: el agua. España tiene sed. Según la ministra verde, Cristina Narbona, el país sufre, por tercer año consecutivo, "la sequía más grave" de su historia. La reserva hídrica nacional se sitúa en torno al 55% de su capacidad, pese a haber vivido el otoño más lluvioso de los últimos diez años. Hay, pues, que hacer algo. Las iniciativas son diversas: subir el precio de las tarifas (intervenidas y extremamente reguladas, por cierto); fomentar, o más bien imponer a través de cuotas y sanciones fiscales, un consumo "racional" de los recursos hídricos. Pero, ¿qué es racional?, se preguntan algunos ciudadanos ingenuos. Pues lo que dicte como tal el Gobierno, quién si no. También impulsará el reciclaje y la desalinización del agua marina…

Pero eso no es suficiente. El Estado es un ente hambriento difícil de satisfacer. El Ministerio de Industria ha sido contagiado ante el cúmulo de exitosas iniciativas puestas en marcha en el ámbito de la gestión de recursos naturales y, puesto que el agua es un derecho del hombre, según la propia ONU, es demasiado valiosa para quedar en manos de la terrible propiedad privada. "Nacionalicemos", pues. Y dicho y hecho, el anteproyecto que estudia el Gobierno prevé confiscar la explotación privada de los manantiales. El sector del agua mineral se ha convertido en la nueva víctima de este modo de concebir la política.

Pero, ¿por qué alarmarse? Sí, es cierto que, de llevarse a cabo, el precio del agua embotellada se encarecerá… a lo mejor se pierden algunos miles de empleos, se reduce la inversión o decrece la calidad del producto. Pero, ¿qué implican tales nimiedades frente a la garantía que nos ofrece el Estado, dado que el agua subterránea y mineral pasa a formar parte de la exitosa propiedad pública? "Es de todos", alegrémonos pues.

Y si no, pregunten ustedes lo contentos y felices que están los cubanos, venezolanos, bolivianos, y tantos millones de ciudadanos en el mundo que ya han probado en sus carnes el dulce sabor de la nacionalización de recursos… En Bolivia y Zimbabwe fueron las tierras, en Venezuela, primero el petróleo y las minas, aunque pronto será el resto de la industria, en Cuba… todo lo demás, excepto el alma quizás. En España, el agua mineral, puesto que las cuencas hidrográficas ya son de titularidad pública. Bienvenidos, pues, al club de los nacionalizadores y expropiadores forzosos. ¡Enhorabuena! A veces, me congratulo de vivir en este país. Gracias Joan.

La leche materna de los políticos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El dinero. Esa es, según Ken Connor, la leche materna de los políticos. Y es cierto. Para ello recurren a sacar fondos de todo lo que se menea, especialmente de los ciudadanos a quienes dicen representar. Dicen, como dicen tantas cosas que no son ciertas. Los socialistas madrileños cabreados por la alianza de su candidato con IU o el enfado de los peperos por las alianzas de sus líderes con los partidos bisagra de turno son un par de ejemplos de representación mentirosa. Nos gobiernan lobbies minoritarios: nacionalismos totalitarios, líderes del leninismo gay, verdes de despacho urbano… Y todos formamos parte, con nuestros impuestos, de la escenificación de la comedia electoral.

La financiación pública de los partidos es un robo a los muchos abstencionistas que decidimos no participar en los comicios electorales. Según los datos del Ministerio del Interior, la abstención en nuestro país fue de un 24’34% en el año 2004, casi los mismos ciudadanos que votaron al PP, principal partido de la oposición; 31’29% en el 2000, más de trescientos mil más que los votantes del PP, entonces partido "ganador"; 22’62% en 1996, 23’56% en 1993, es decir, tercera fuerza política en ambos casos; y 30’26% en 1989, casi ochocientos cincuenta mil ciudadanos más que los que apoyaron al PSOE, proclamado "ganador" en esa ocasión.

El que los partidos políticos se financien con dinero de los contribuyentes en lugar de hacerlo mediante cuotas de afiliados y donaciones de simpatizantes es una vergüenza. En el caso del partido actualmente en el poder, en el año 2005 y según sus propios datos, de los 36 millones setecientos mil euros de ingresos totales, las subvenciones ascendieron a casi 23 millones de euros, frente a los 3.100.000 euros correspondientes a las aportaciones de los afiliados. No es de extrañar esta diferencia, el número de afiliados del PSOE en el año 2004 era de 460.000 nada más. Curiosamente el número de votantes fue de poco más de 11 millones. Los afiliados en ese año al Partido Popular eran muchos más que los socialistas de carné, casi trescientos mil más. ¡Qué cosas tiene la política!

Ambos partidos, además de recibir las cuotas de sus afiliados, reciben la mía, quiera yo o no, vía financiación pública directa e indirecta. No es un mandato constitucional. Nuestra Constitución, redactada por políticos, no concreta el tema. El artículo 6 de la Constitución Española dice:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

O sea, nada. Es la ley del 87 la que regula las subvenciones a que tienen derecho los partidos políticos, bien para compensar los gastos generados por los procesos electorales, como aquellas no condicionadas destinadas a financiar su actividad regular y los gastos de seguridad, como las ayudas extraordinarias dispuestas para sufragar los gastos originados por la divulgación y explicación de la conveniencia de una Constitución Europea.

La propuesta de que las cuotas de los afiliados a partidos políticos desgrave en la declaración de la renta es una burla a muchos millones de personas que no quieren afiliarse pero trabajan como el que más para sacar a su familia adelante (que en definitiva es lo que está levantando este país) y van a transferir renta a otros ciudadanos simplemente por el hecho de pertenecer a un partido, sea del color político que sea. Llueve sobre mojado, como se ha denunciado desde el Instituto en otras ocasiones.

No se trata ya de limitar el poder que tienen los partidos políticos, no tanto como representantes de los ciudadanos, que hace tiempo que no lo son, sino como donantes de gracias y concesiones económicas, en dinero o en especie, de todo tipo (cargos con remuneración y poder jugosos, por ejemplo). No se trata tampoco de limitar la capacidad de las empresas para determinar las decisiones políticas de los partidos en el poder, tanto en el gobierno como en la oposición. Se trata de la financiación de un sistema político con dinero de gente que ha manifestado su voluntad de no participar en él. Se trata de no permitir que los políticos sigan nutriéndose de mi dinero, especialmente si no voto porque no me siento representada por ninguno de ellos.

Es un robo a mano armada. No se puede decir más claro.

Ten Easy Arguments against Government Intervention

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Below, I lay out ten easy libertarian arguments to use during debates around the coffee table. It is worth having a few arguments at the ready that, because of their simplicity, overwhelming logic and visual power, appeal directly to a person’s common sense and are able, at least, to plant a seed of doubt. The ten arguments listed are, of course, not the only or even the best ones. They are a small sample of what should be in our easy-access dialectic arsenal:

  1. In the words of Butler Shaffer, if drinking a liter of whisky a day causes cirrhosis, the solution isn’t changing the brand of whisky, but changing one’s habits. When the State, however, persists in failure (education, health care, the war on drugs) many people demand more public funding (more whisky) while expecting different results. It is as if a company repeatedly defrauded us, but instead of taking our business to the competition, we wrote it a bigger check.
  2. The expression “the market will take care of it” is not as dogmatic as “the State will take care of it.” With the market, you recognize the limits of your own knowledge and place your trust in the entrepreneurial creativity of millions of individuals risking their own resources and reputations within the framework of a competitive and decentralized system. With the state, you look to a few bureaucrats lacking the incentives (they answer to voters not consumers or shareholders, and they are not managing their own resources but those of taxpayers), the omniscience and the mechanism to discover and test solutions (the price system). The market, as Boudreaux explains, is a simple and reasonable rule for a complex world. The state is a simple act of faith.
  3. To justify public sector intervention from an economic perspective, it is not enough to demonstrate theoretically that the State can correct supposed market failures. It is necessary to also demonstrate the State, in the real world, will tend to act exactly as the theorists want it to act. Allowing, for argument’s sake, that the market has its shortcomings, the costs of unleashing the beast (granting power to the State) might outweigh any benefits, making it preferable to restrict the State’s activities as much as possible and learn to live with the market’s imperfections.
  4. Democratic paternalism is incongruent: if we are not sufficiently enlightened or responsible to decide what to do with our money, bodies and lives, how can we be sufficiently enlightened or responsible to vote for someone to decide for us?
  5. If protectionism (keeping foreign imports out) is beneficial, why do states at war impose protectionism against their enemies through blockades and trade embargos? And if it is good for the country, why not for a city or a town or a neighborhood…or in our own home?
  6. For businessmen, labor is a commodity and like all commodities it obeys the law of supply and demand. If the price of apples rises, consumers buy fewer apples. If the price of labor rises (because of minimum wage laws and workplace regulations) businessmen hire fewer workers and unemployment increases.
  7. A mugger attacks someone in the street, next to the Parliament building, and shouts: “give me all your money!” The victim responds: “do you know who I am? I am a member of Parliament.” The mugger answers: “Then give me all my money.”
  8. Wealth is not a pre-existing cake with a fixed size to be distributed among the world’s population in such a way that if a few people get a bigger serving others will have to survive with smaller servings. Wealth is a cake that we create and enlarge constantly thanks to the market process. What we must ask is how people increase their wealth: distributing equal portions of a static cake or allowing individuals through the market process to obtain unequal portions of an ever-expanding cake?
  9. If we tend to reject laws that discriminate according to race, religion or gender, why do some accept laws that discriminate according to wealth? As Robert Nozick pointed out, people are discriminated against based on their preferences: someone who wants to see a movie (and must work to buy a ticket) is forced to pay taxes to the State while someone who prefers to watch the sunset does not. Taxes do not penalize the act of watching a sunset, but they do penalize the act of serving others to earn extra money to buy a ticket thereby undermining the incentive to be productive.
  10. History and empirical data. People emigrate from Cuba to Miami, not the other way round. The beaches surrounded by fencing are in North not South Korea. On one side of the Berlin Wall they shot people who came too close it, on the other side people could paint graffiti. Dynamic Ireland has overtaken rigid Sweden and Finland. Government spending in the 10 fastest growing economies during the 1980s and ‘90s was around 25 percent of GDP (about half what European governments spend). Vietnam, China and India have prospered since opening up to the market. There is an unmistakable correlation between economic freedom and prosperity.

What other easy libertarian arguments do you suggest?

Liberalismo represor

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Entre muchos liberales hay la creencia que la regulación estatal ha de existir. Para ellos, la libertad total lleva al actor económico y social a un estado de irresponsabilidad que ha de ser atajado por una entidad superior, por ejemplo, el Estado. Esta concepción del liberalismo no deja de estar inspirada en una visión elitista, falsa y despótica. Todo lo contrario lo que implica la idea de liberal.

Los planificadores sociales liberales conciben el conjunto de la sociedad como si fuera una empresa. Creen que España es la empresa, y el Gobierno el gestor. Por alguna razón opinan que ciertos recursos y servicios son una propiedad natural del Estado que ha de ser dirigida por técnicos que tengan vía libre en interferir en la vida de las personas en defensa del conjunto. Un empresario hace algo similar, pero con una gran diferencia. El empresario detecta una carencia en el mercado que cubre mediante la producción del hasta ahora producto inexistente para recibir así el beneficio económico. Es una conjunción de intereses reales y medibles, la del planificador no. Éste sólo monopoliza o nacionaliza un sector de la producción mediante el uso de la fuerza, la ley, para gestionarlo como él mejor cree sin el infalible test del mercado, esto es, la complacencia activa del cliente y su interés hacia ese producto o servicio y no otros. Además, el planificador social tomando este recurso en exclusiva genera un efecto crowding out (efecto expulsión) dejando la competencia mermada y en desigualdad de oportunidades. A diferencia del empresario también, si el Estado falla en su oferta, no cierra, sino que la refuerza. Ejemplos como los de la educación, sanidad o justicia los vivimos diariamente, cuando más fallan, más dinero les destina el Estado. La única solución será entregarlos todos a la sociedad, al mercado.

También cree el planificador social que su teoría es ajena al mundo en el que vive. No contempla las diversas fuerzas contrarias de la sociedad a la que todo medio político sucumbe siempre, como los sindicatos, grupos de presión, grandes empresas o medios de comunicación. ¿Qué nos hace pensar que la brillante teoría del liberal planificador se aplique en la realidad? Nada, sólo es una ilusión de su mente.

Una de las herramientas de la gestión de la "empresa-país" es mediante el control de la información. La idea empieza a tomar fuerza a partir de William Stanley Jevons (1835-1882), que ya en su libro La Teoría De La Economía Política demanda que el estado empiece a recopilar datos para manejar la sociedad. Jevons también destaca por otras teorías brillantes, como la de intentar relacionar los ciclos lunares con los económicos. Jevons no entendió que la información es incomprensible e imposible de acaparar por el ser humano debido a la propia estructura multidimensional y volátil de la misma, los agregados sólo nos sirven para hacer balances de conjuntos para disminuir al máximo los costes, pero "vivir" en sociedad no es un coste ni una utilidad, no hay relación económica. En este sentido, no hay una correlación lógica entre el coste económico del empresario o empresa y el coste social, externalidades, del planificador.

Lo que hizo Jevons y otros, no es más que intentar buscar relaciones comunes de comportamientos contingentes para aplicarlos sobre la sociedad (por ejemplo, relacionar los ciclos lunares con los ciclos económicos), pero en el momento que una ley económica y social se basa en la contingencia se vuelve discrecional, subjetiva y, por tanto, inválida como respuesta a las necesidades reales del hombre libre.

También nos hemos de preguntar, por qué estos planificadores liberales quieren castigar lo que ellos creen que es un comportamiento "violento" de todas las personas, adoptando la idea de Thomas Hobbes, para mitigarla con el uso de más violencia, pero ésta, institucional. Si los hombres son violentos o malos, no tiene sentido alguno colocar a uno de ellos como gestor del resto, es un absurdo, y más aún sin haber pasado el test de afirmación voluntario del mercado. Tal concepción de hombre-de-estado-bueno se convierte en esclavitud. Cuando en esta dinámica entramos, la agresión no es un mal en sí, sino un mal menor que puede derivar fácilmente en el mayor de los males. El desprecio a la vida, propiedad y libertad del hombre libre no harán más que crecer. El S. XX ha sido una muestra.

Entre empresarios o burócratas hay una idea muy difundida: "mi plan es el mejor". Muchas empresas cierran por ese prejuicio no analizado correctamente, pero en el caso del empresario, la responsabilidad última siempre es suya, se crea en este sentido una autoresponsabilidad total. Arriesga su dinero, o el que otros le han prestado voluntariamente bajo su responsabilidad. En el caso del planificador social que pretende regular la educación, la justicia, la medicina, los seguros, la defensa… el proceso es el inverso: arriesga el dinero de otros que ha tomado por la fuerza, por el uso de la violencia y la extorsión; y cuando el plan no funciona, jamás lo paga el planificador, sino el hombre libre que ha sufrido el robo estatal. La responsabilidad desaparece en un entorno de control político.

Sólo la libertad individual es un fin en si mismo y no los desquicios mentales de algún técnico engreído con ansias de dominio social. En realidad, quien pretende controlar la sociedad como si de una empresa u organización de afiliación forzosa se tratara no deja de ser un tirano, y de eso no trata precisamente el liberalismo. Si tales planificadores tan convencidos están de sus planes, que lo testen de verdad creando empresas. Esta es la mejor forma de servir a la sociedad, y de forma voluntaria además, sin imposiciones, monopolios de ley ni castigos.

Le llamaban propiedad

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Por ella, maldita palabra, la gente no puede disponer de un piso. Por ella, las personas se ven compelidas a habitar aquellas viviendas vacías.

La sociedad contribuyó a su creación, sin la cual el individuo jamás podría haberla adquirido. De ahí que, no cabe imaginar que sólo una persona pueda disfrutar de ella, no si hay quien carece de recursos para proveérsela. ¿Acaso cuando uno es capaz de hacer algo por si mismo, no debe su capacidad a los profesores que le enseñaron, a los doctores que le curaron y a los policías que le protegieron de los malhechores?

Esa palabra maldita, es la causa de todos los males. Sin ella, las personas no matarían, no robarían. Cuando a los ricos les sobran bienes, es lógico que quienes no pueden disponer de ellos se tomen la justicia por su mano.

Decía Cervantes, a través de su famoso personaje, que el fin de la felicidad mundana llegó aquel día en que alguien dijo "esto es mío".

Por eso, es la hora de poner coto a semejante despropósito. Pero como el número de reaccionarios que se oponen a que se vulneren sus mal llamados "derechos" es aún demasiado alto, el primer paso hacia su abolición es gravarla con impuestos.

Cuando sobre la compra recaiga un tributo, sobre su tenencia otros dos, sobre todo lo necesario para conservarla algún otro y cuando además, a quien tenga más de una, se le castigue bien dejando que otros la ocupen, cuando no incentivando que así se haga o que directamente otro impuesto le haga imposible su tenencia, entonces, la propiedad, esa ignominiosa palabra será un término vacuo.

Lograrlo pasa por un esfuerzo común en el que el egoísmo ceda a la justicia social, la apropiación al reparto equitativo y la solidaridad, sea el principio rector de la sociedad.

Cuando escuchen en la prensa que todavía hay quien se opone al progreso social en nombre de la libertad, estará ante aquellos que quieren que existan diferencias y que la pobreza siga aumentando indefinidamente.

Los pisos vacíos, son el exponente más claro del egoísmo que nos aflige. Acaparar es explotar… a quien nada tiene y nada tendrá. Cualquier medida es escasa, insuficiente, si no alcanza la expropiación.

Los ejemplos vasco y catalán son medidas demasiado moderadas pero, por lo menos, se dirigen hacia un buen destino. Será cuestión de tiempo que la propiedad no sea más que una concesión que da la sociedad a sus miembros, una autorización temporal para que dispongan de lo que han generado gracias a la cooperación social.

La propiedad ha muerto. ¡Larga vida al socialismo!

El aire tiene un dueño

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

El aire que usted respira pertenece al Estado. El que atraviesan los aviones y los pájaros al volar también es del Estado. El que alimenta las turbinas de los aerogeneradores e hincha las velas de los barcos tiene el mismo dueño. El que atraviesan las señales de televisión, las ondas de radio y las que permiten que hablemos por el móvil no es menos, sobre él gobierna el mismo, o los mismos, porque el Estado nunca hemos sido todos sino unos cuantos que, por la fuerza, se han atribuido nuestra representación y viven de ello.

Argumentan que el aire es limitado y que, precisamente por eso, hay que regularlo, racionar su uso, y que tienen que ser ellos quiénes lo hagan. Por el "bien común", claro, por su bien común, obviamente. El trigo, la cebada o las naranjas también son limitados y no por ello estaríamos dispuestos a admitir que decidieran por nosotros cuántos pueden dedicarse a su cultivo y en qué condiciones.

Pero con el aire es diferente. Nos parece la mar de normal que, por ejemplo, en España sólo haya tres operadoras de telefonía móvil o un puñado limitado de televisiones analógicas y otro un poco más grande de emisoras digitales. Nos parece normal porque siempre ha sido así o peor. Hubo un tiempo en que sólo el Estado podía ocupar el aire con sus señales y la sola idea de que un agente privado lo hiciese era una extravagancia impropia de personas sensatas con sentido de estado. Sí, sentido de estado. Expansivo como es, los gerentes del chiringuito no sólo nos exigen lealtad a punta de impuestos, sino que nos piden que comulguemos espiritualmente con su propio negocio.

Así las cosas, en toda Europa si usted o yo pretende abrir una cadena de televisión o de radio precisa de una autorización gubernamental, una licencia que le permita iniciar las emisiones o, al menos, hacerlo legalmente. En sí esto es una aberración, porque si bien el espectro radioeléctrico, es decir, el aire, es limitado, también lo es que debería ser el mercado el que regulase esa escasez conforme a los parámetros de oferta, demanda y satisfacción del consumidor. Cualquier otra solución es una inaceptable imposición del Estado que, como no podía ser de otro modo, se transmuta en corrupción y nepotismo.

Ahí, sin embargo, no queda la cosa. El Estado, no contento con prescribir arbitrariamente quién puede y quién no puede emitir, se arroga el derecho de dictar los contenidos radiofónicos o televisivos de los concesionarios, el número de empleados, la cantidad de anuncios que éstos pueden ofrecer y, en ciertos casos, hasta el modelo de gestión. Es como si a un fabricante de pantalones le obligasen a sacar al mercado unos determinados modelos, de unos determinados colores y a un determinado precio.

A cambio, el Estado garantiza una competencia controlada en la que nadie se entromete, y si alguien osa hacerlo multa y a la cárcel. La docilidad se premia con generosas campañas institucionales de publicidad y cierta comprensión oficial si las cosas se ponen feas. Una merienda de negros en la que, de los tres que intervienen –el Estado, los operadores y el consumidor–, sólo gana el primero, el segundo sobrevive y, si sabe ser lo suficientemente servil, puede llegar a ganar mucho dinero. El tercero, el espectador, el oyente, cata el menú y calla. No puede hacer mucho más, es por su bien.

Voluntad, libertad, propiedad y contratos

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

De niño yo quería tener el poder del deseo, y estaba preparado para cuando apareciese el genio de la lámpara: le pediría que se cumpliera siempre todo lo que yo quisiera, con lo cual sobrarían los otros dos deseos (genios expertos en metalógica y los problemas de la auto-referencia aclararían que no pueden conceder ciertos metadeseos para no quedarse sin empleo). Es una lástima, pero no existe el genio de la lámpara (ni los Reyes Magos, ni Santa Claus, ni Papá Noel): todo el mundo se entera antes o después.

La voluntad aspira a realizarse, pero los deseos suelen estar muy lejos de la realidad; para evitar la frustración puede recurrirse a la superstición, y así los creyentes de las diversas religiones rezan a sus divinidades para pedirles todo tipo de cosas (si son buenos negociadores prometen algo a cambio y agradecen lo ya concedido). Yo quería ser una estrella del baloncesto, salir con la chica más bonita y ser admirado por todos (nada original). Es una lástima, pero no existen las entidades sobrenaturales: solamente algunas personas consiguen romper el hechizo y se dan cuenta de ello. Si quieres conseguir algo, haz algo al respecto; simplemente desear intensamente no sirve de nada si esa motivación no impulsa a la acción. Querer mucho y hacer poco es garantía de frustración e infelicidad.

La relación entre hijos y padres es fuertemente asimétrica: el niño pide, exige, llora, y el progenitor se esfuerza para poder dar y satisfacer su voluntad (desde las necesidades hasta los caprichos). Es una lástima, pero es biológicamente imposible ser eternamente niños todos a la vez, alguien tiene que producir (dar puede ser emocionalmente gratificante, pero el altruismo puro es evolutivamente imposible).

Por otro lado el niño necesita ser educado, aprender mediante transmisión cultural, adquirir hábitos adecuados: los padres guían este proceso mediante prohibiciones y obligaciones que van contra la a menudo poco razonable voluntad del niño. La persona adulta no necesita los mandatos de sus mayores y actúa según su propia voluntad. Los colectivistas tal vez asumen que lo que funciona con los niños debe ser adecuado para los adultos, de modo que pretenden organizar la sociedad a golpe de leyes intervencionistas que impongan su voluntad sobre la de los demás (o quizás quede en ellos un residuo de resentimiento que les lleva a vengarse de su represión infantil coaccionando al vecino). Algunos intentan vivir siempre como niños, o simplemente fracasan en el proceso de maduración, no asumen su autonomía y su responsabilidad y se transforman en pedigüeños profesionales, intentan dar lástima y vivir de la caridad ajena (hay vagos muy hábiles en la manipulación de los sentimientos que consiguen recibir algo sin dar nada a cambio).

La biología, la psicología evolucionista y la praxeología indican que la voluntad (las preferencias, los deseos) es impulsora y guía de la acción adecuada que permite la supervivencia. Una persona madura e inteligente tiene posibilidades de éxito porque actúa conforme a sus deseos, no se limita a recrearse en sus ensoñaciones, a rogar a la divinidad, a esperar que pase algo, a recibir un regalo milagroso o un golpe de suerte.

Como los seres humanos son hipersociales cada persona actúa persiguiendo sus preferencias en un entorno en el que están presentes otras personas con sus propias preferencias. En las sociedades no libres unos seres humanos imponen por la fuerza sus preferencias a otros. En una sociedad libre se reconocen derechos de propiedad universales y simétricos, ámbitos de control legítimo dentro de los cuales cada propietario es soberano, sus valoraciones son las únicas relevantes y así se evitan, minimizan o resuelven los conflictos.

Los liberales tenemos una concepción humilde y realista de la libertad como ausencia de coacción y respeto al derecho de propiedad. Muchos enemigos de la libertad distorsionan el concepto de diversas formas arbitrarias, absurdas o incoherentes, que distorsionan el papel de la voluntad. Para algunos libertad es poder y riqueza (realización de los proyectos vitales personales), aunque se obtengan coaccionando a los demás (de forma directa o indirecta), garantía de que se cumpla mi voluntad obviando la escasez y los límites de la capacidad de actuación humana; para otros libertad es ausencia de influencias o condicionantes externos o internos, que nada perturbe mi voluntad considerada como una entidad causante pero incausada, que influye pero no es influida (no tengo necesidades, solamente deseos autogenerados); y según otros sólo soy libre si escojo entre dos bienes y no entre el menor de dos males (por ejemplo en una situación angustiosa, desesperada), mi elección es libre solamente si no hay ningún aspecto en ella que sea valorado negativamente (sin costes).

Las relaciones en una sociedad libre son voluntarias por ambas partes. Algunas relaciones son tan importantes que se formalizan explícitamente mediante contratos. Los contratos no son simples transferencias absolutas y definitivas de derechos de propiedad (eso más bien sería un simple apunte en un registro de la propiedad). Los contratos son acuerdos más o menos complejos mediante los cuales las partes contratantes deciden voluntariamente en el presente aceptar restricciones sobre la legitimidad de su actuación según sus preferencias futuras. Igual que el derecho de propiedad impone límites a la voluntad (la propiedad ajena), los contratos implican compromisos limitadores de la libertad que son exigibles mediante el uso de la fuerza, porque los contratantes entienden claramente que en eso consiste un contrato, que si no se transformaría en una mera declaración de intenciones fácil de incumplir. Los contratos son herramientas éticas y jurídicas importantes que permiten a las personas planificar de forma conjunta y así no tener que actuar improvisando en cada instante sin poder prever el futuro con algo de certeza. Quien sacrifica parte de su libertad no es necesariamente un enfermo mental sin voluntad propia. Contratar implica obtener algo renunciando a algo a cambio, así que no es sorprendente que una parte de lo contratado (lo que se pierde, se entrega, o se obliga uno a hacer) sea lamentado por el individuo: conviene no olvidar que lo que consigue le compensa de la pérdida, al menos en el momento de la realización del pacto.

Algunos comentaristas poco consistentes pretenden que es evidente (axiomatizan sin dar argumentos ni explorar alternativas de forma exhaustiva) que todo contrato laboral debe poder rescindirse cuando el trabajador lo desee (el empleador aparentemente no debe disfrutar de los mismos derechos humanos, y no les suena el concepto de cláusula de rescisión), porque si no se violaría su libertad: absolutizan la voluntad presente (la libertad no es simplemente poder hacer lo que te dé la gana en todo momento, rompiendo cualquier compromiso previo) y destruyen la esencia de los contratos y su capacidad de organizar la acción humana de forma cooperativa. No saben definir coherentemente qué es la libertad y se hacen un buen lío al respecto.

Tal vez por falta de capacidad intelectual estos comentaristas no suelen realizar análisis teóricos rigurosos: mezclan de forma patosa la esclavitud involuntaria con los contratos voluntariamente aceptados de sumisión parcial o total, tema delicado pero intelectualmente explorable (sin que su estudio implique que al pensador le guste la posibilidad de la sumisión). En lo que sí se esfuerzan es en mostrar a los demás sus preferencias particulares: insisten en lo horribles, vomitivas, aberrantes y repulsivas que les parecen las teorías éticas liberales más consistentes y radicales (la pesadilla hecha realidad del anarcocapitalismo como liberalismo fundamentado en el derecho de propiedad y los contratos). Según ellos los anarcocapitalistas son fulanos impresentables, hijos de puta, sectarios, locos aprovechados de la coacción estatal, herederos con un ejército de siervos y esclavos, canallas inhumanos, hedonistas aspirantes a ser lo más guay entre lo radical que compiten por decir la mayor burrada, promotores de barbaridades, vergonzosos devoradores de niños, proxenetas y clientes de niñas prostitutas, prima donnas, fantasmas, fraudulentos, enemigos de la sociedad abierta (y en realidad no liberales), partidarios de un feudalismo ciertamente contrario a toda idea de libertad burguesa, defensores de una libertad consistente en la impunidad y que se cagan literalmente en la libertad política, malos compañeros de cruzada, indiferentes frente a hechos cuya relativización supone algo rayano en lo criminal.