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El (mal) pasante Bolaños y los jueces huelguistas

Escrito por José Antonio Baonza Díaz en . Publicado en Análisis diario.

Dentro de la cohorte de edecanes del dictador Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sobresale un peón que emula los delirios de grandeza de su valedor, llamado Félix Bolaños García[1]. Nada más asaltar el poder su superior en junio de 2018, accedió al cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, con categoría de subsecretario, al mismo tiempo que su jefe inmediato, Iván Redondo Bacaicoa, un consultor político externo al PSOE maestro en convertir la inanidad en mantras propagandísticos, era nombrado director del gabinete, con categoría de secretario de estado.

Durante al menos un año y medio, el enrevesado organigrama burocrático diseñado para desplegar las malas artes del entonces incipiente caudillo[2], atribuyó al ínclito Félix Bolaños, entre otras, la competencia para “la asistencia a los distintos órganos de la Presidencia del Gobierno en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones”. Si bien el galimatías de competencias solapadas quedaba bajo la supervisión del director del Gabinete de la Presidencia, esta asignación de tareas, tendrá unas inesperadas implicaciones en relación con la contratación administrativa de Cristina Álvarez Rodríguez como ayudante para los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno.

Esta situación administrativa se mantuvo hasta la crisis de gobierno de julio de 2021, en la que fueron destituidos el ministro de transportes y secretario de organización del PSOE, José Luís Ábalos Meco y el director del gabinete Iván Redondo, así como la vicepresidenta primera Carmen Calvo Poyato. En la estela de esta última emergió Bolaños como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, después de haber dirigido en 2019 – sin bajas aparentes – las operaciones de exhumación, traslado y re inhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde al alimón con la inefable Dolores Delgado García.

En un claro gesto totalitario, como resultado de la última remodelación de gobierno en 2023, se desgajó de sus funciones la cantinela de “Memoria democrática” y se le añadió, nada menos, que el título de Justicia. Pedro Sánchez agrupaba así a los tres poderes clásicos del Estado de Derecho, con el afán de someterlos por delegación a sus órdenes, cual Calígula posmoderno.

Por otro lado, el ministro por triplicado compagina su puesto en el ejecutivo con su escaño en el Congreso de los diputados de esta décimo quinta legislatura.

Pues bien, acaso por su experiencia como pasante en el área de derecho laboral del reputado bufete de abogados Uría y Menéndez y posteriormente Letrado del Banco de España, Félix Bolaños García está orgulloso de dirigir las maniobras para asaltar el Poder Judicial y las iniciativas legislativas para instaurar un nuevo régimen político, donde el auto ungido “bloque progresista”, amalgamado por el PSOE con retales diversos de partidos secesionistas y neocomunistas, se postula para detentar el poder omnímodo y perpetuo en lo que ha venido en conocerse durante siglos como España. Tan  antidemocrático y totalitario proceder rechaza la posibilidad de la alternancia política en el gobierno, so capa de que la vuelta de un gobierno de  “ la derecha y la ultraderecha” supondría un retroceso en los “avances sociales” conseguidos.

El pseudoargumento repetido hasta la náusea por las terminales del gobierno asombrará a los estudiosos del futuro, pero no al reducto inasequible al desaliento que, dependiendo de la región española donde resida, se ha sometido a la disonancia cognitiva desplegada por la cofradía de pícaros que sustenta al gobierno. A pesar de su grosera falsedad, la parte de la sociedad que tradicionalmente se identificaba con “la izquierda” mantiene en jaque la propia continuidad de la comunidad política llamada España y desprecia las ideas de libertad, tolerancia y respeto del pluralismo ideológico en una sociedad democrática que parecieron inspirar al régimen político de la Constitución de 1978.

A los pasos ya dados ( asalto al Tribunal Constitucional para convalidar el proceso deconstituyente, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas etc) se transitan otros para controlar el Poder Judicial, amputando la relación entre jueces de instrucción y las unidades de policía asignada a las tareas de investigación criminal, cercenar el ejercicio de la acción popular en el proceso penal así como permitir el acceso a la judicatura a advenedizos sin una formación contrastada para colonizar y promocionar a los fieles del nuevo movimiento en la judicatura desde las primeras etapas.

En resumen, estas medidas legislativas pendientes se articulan mediante:

  1. La proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas (¡!). Crítica del ICAM.
  2. Proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y
  3. Anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Es por esto por lo que no puede sorprender la convocatoria conjunta de las principales asociaciones judiciales y fiscales a la realización de un paro el pasado 11 de junio, una concentración este sábado a las puertas del Tribunal Supremo e, incluso, justificado por estado de necesidad constitucional, una huelga en la Justicia para los próximos 1, 2 y 3 julio, para el caso de que estas reformas no se retiren.

Notas

[1] En uno más de los episodios bochornosos que riegan esta nueva década ominosa, y, al mismo tiempo, reveladores de la vanidad narcisista de sus actores, este individuo se felicitaba a las puertas del Congreso de los Diputados por el acuerdo al que había llegado – Santos Cerdán León, Carles Puigdemont Casamajó  y el “mediador” Francisco Galindo Vélez, mediante- para la aprobación de la Ley de (Auto) amnistía.

[2] El Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, estuvo vigente desde el 19 de junio de 2018 hasta el 29 de enero de 2020.

Impuestos, Argentina, y otro paso más en la dirección correcta

Escrito por Bruno J. Di Grigoli en . Publicado en Análisis diario.

“La tributación constituye la matriz común que une a las sociedades democráticas con los sistemas totalitarios” bien afirmaba Imre Kertész, sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de Literatura año 2002. El pasado mes de mayo, el Gobierno argentino de Javier Milei, ha dado otro paso más en la dirección correcta: adoptar medidas que sean acordes al modelo de la libertad y que respeten el carácter absoluto de la propiedad privada y privacidad de las personas.

Cuestión que debemos defender y que muchos autodenominados tributaristas (sobre todo aquellos que dependen del sector público) no logran, o quieren, comprender. Porque no logran entender la Ley Natural y sus consecuencias lógicas derivadas. (Llegando a decir así que la propiedad privada no es absoluta, sino relativa porque -justamente- los impuestos existen. Alterando la secuencia lógica causa-efecto e incurriendo así en una triste suerte de razonamiento circular del que no saben salir)

No existe el impuesto neutro, ni mucho menos el impuesto justo. Lo único justo sería la inexistencia del impuesto. Pero en las coordenadas de lugar y tiempo de la civilización humana actual aún debemos soportar las cargas tributarias como sedimento de nuestras épocas más oscuras de guerra y esclavitud.

Dicho esto, en el marco de las medidas gobierno nacional, la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), anunció una serie de modificaciones que tienen como objetivo proteger la privacidad de las personas, cuestión sumamente importante y que constituye una fuerte señal indicadora del brillante y nuevo camino político argentino.

Se derogan así varios regímenes de información y se amplía el umbral de otros con el fin de enfocar los recursos del estado en grandes contribuyentes y estructuras de evasión sofisticadas. Se espera que, a la brevedad, y cuando se tengan las mayorías parlamentarias correspondientes, la Argentina realice una reforma tributaria integral que sea más respetuosa con la propiedad privada de sus habitantes. Fomente el ahorro y constituya suelo fértil para el emprendimiento y las inversiones. Una reforma que le permita alejarse de ser el infierno tributario que ha sido, producto de gobiernos socialistas, (de buenos y malos modales) y acercarse a ser una jurisdicción de baja o mínima tributación. Cualquier persona en su sano juicio prefiere el paraíso al infierno.

Entre las medidas que se detallan más abajo, se encuentra también la simplificación del régimen de declaración del Impuesto a las Ganancias (renta), con la idea de reducir la presión fiscal indirecta. Es decir, el inestimable y valiosísimo tiempo que dedican las personas a cargar y rellenar un sinfín de formularios para determinar la materia tributaria. Esto incluye que se prescindirá de cargar información relativa sobre consumos y patrimonio de los ciudadanos, defendiendo así la privacidad de estos.

  • Compras con tarjeta y billeteras virtuales: ya no se informarán a ARCA, protegiendo la privacidad de los consumos personales.
  • CITI Escribanos: los escribanos ya no reportarán operaciones notariales de $10M o más a ARCA.
  • Compraventa de autos usados: los concesionarios ya no deben informar estas operaciones a ARCA.
  • Pago de expensas: las administradoras de consorcios dejan de reportar estos pagos a ARCA.
  • COTI (venta de inmuebles): los vendedores o agentes inmobiliarios ya no deberán reportar las propiedades a la venta a ARCA.
  • Consumos relevantes de servicios: las empresas de luz, agua, gas y telefonía ya no reportarán consumos a ARCA.
  • Además, se establece la prohibición a los bancos de solicitar DDJJ de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor

Como si estas medidas fueran poco, además, se han actualizado (y elevado sustancialmente) los umbrales de información para los regímenes que aún quedan en vigencia. Por citar dos ejemplos, de informar todos y cada uno de los montos de extracciones en efectivo a solo extracciones que superen los diez millones de pesos (8.333 dólares al tipo de cambio actual). Y para el caso de constitución de plazos fijos de 1 millón a 100 millones de pesos (833 dólares a 83.000 dólares en el caso de personas físicas).

A quienes desesperan, pero con especial dedicación a quienes, estando callados en gobiernos anteriores, vociferan ahora, solo cabe decir que no se puede arreglar el desastre generado por años del virus estatista de manera tan sencilla. Sobre todo, cuando aún existen adictos al Leviatán. Cada paso dado en la dirección correcta es motivo de celebración. No se pueden deshacer los desastres del socialismo en un día, de la misma manera que no se puede tener un físico atlético de la noche a la mañana. Es un camino que debe transitar, y si es en la dirección correcta, cada paso vale, y mucho.

Ver también

Abolir la banca: la disparatada propuesta de MAFO

Escrito por Ignacio Moncada en . Publicado en Análisis diario.

¡Acabemos con los bancos! Es lo que sugiere Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), exgobernador del Banco de España, en su libro Adiós a los bancos: Una visión distinta del dinero y la banca.

Para evitar las crisis bancarias, MAFO propone una revolución monetaria: sustituir los medios de pago creados por los bancos por un nuevo dinero digital, emitido de forma centralizada por un ente bajo control estatal. Este nuevo dinero digital sería similar a las actuales reservas emitidas por los bancos centrales, pero con una gran diferencia: no serían pasivos del ente emisor, sino activos reales, unidades virtuales en un registro centralizado que no serían pasivo de nadie ni estarían respaldadas por activo alguno.

En este sistema, cada ciudadano podría realizar sus cobros y pagos utilizando estas unidades virtuales, prescindiendo así de los bancos. Para MAFO, la banca desaparecería sin necesidad de prohibirla: considera (a mi juicio, erróneamente) que sería incapaz de competir contra su nuevo sistema digital centralizado.

Según Fernández Ordóñez, la gran ventaja sería contar con un dinero completamente “seguro”: al no ser promesas de pago, como los depósitos bancarios actuales, no tendrían riesgo de impago nominal. El nuevo sistema, por tanto, no podría colapsar como le pasa al sistema actual cuando estalla una crisis bancaria. Las crisis, según él, quedarían conjuradas para siempre.

El exgobernador acierta parcialmente en su diagnóstico. El sistema bancario actual disfruta de privilegios que, para maximizar sus beneficios, lo llevan a operar de forma ilíquida e inestable, como un castillo de naipes sostenido artificialmente por la refinanciación perpetua del banco central.

La solución propuesta por MAFO parece lógica y tentadora. Pero esconde una verdad incómoda: el exgobernador del Banco de España nunca entendió el papel esencial que cumple la banca en el sistema monetario. Su propuesta crearía un sistema monetario disfuncional y, de paso, arrasaría con nuestras libertades.

En un sistema monetario sano, los bancos cumplen un papel vital. La propiedad fundamental de un buen dinero es la estabilidad de su valor para realizar los pagos y cobros diarios, y para ello es importante que su oferta se ajuste constantemente a la demanda monetaria. Esta demanda nunca es constante, sino que fluctúa continuamente para liquidar los millones de pagos que se producen a diario. El sistema monetario “respira”, como dice Perry Mehrling, expandiendo y contrayendo los medios de pago a lo largo de cada día, absorbiendo estas oscilaciones de la demanda. Y no solo hay que absorber las fluctuaciones de demanda diarias, sino también las oscilaciones estacionales, y las imprevistas y abruptas variaciones causadas por cambios en la incertidumbre económica.

Para que el sistema monetario funcione correctamente, es imprescindible que la banca responda, de forma descentralizada, emitiendo o retirando sustitutos monetarios que absorban estas fluctuaciones de la demanda monetaria. Este es el papel primordial del sistema bancario.

Si la banca desapareciera, como propone MAFO, también desaparecería esta función clave. Ninguna autoridad central puede realizar esta tarea, por problemas de incentivos y de información. Su incentivo, al no emitir promesas de pago que tiene que honrar, es a expandir la oferta para financiar al Estado, generando un sistema crónicamente inflacionario. Pero incluso aunque no tuviera este problema de incentivos, tampoco podría disponer en tiempo real de la información dispersa necesaria para realizar esta función estabilizadora.

De hecho, el diseño propuesto por MAFO ni siquiera contaría con las herramientas para intentarlo. El nuevo ente emisor no tendría activos en su balance para defender el valor de este nuevo “dinero seguro”. Podría crear nuevas unidades monetarias y ponerlas en manos del Gobierno, pero no podría retirarlas del mercado ni defender su valor vendiendo activos financieros, divisas fuertes u oro, como hacen incluso los disfuncionales bancos centrales actuales.

En resumen, el sistema monetario que propone MAFO, sin banca y centralizado por una autoridad estatal sin balance, sería incapaz de realizar una de las funciones esenciales del sistema monetario: la de ajustar continuamente la oferta de medios de pago a su demanda real. El problema actual de la banca no es su existencia, sino operar bajo reglas distorsionadas por la intervención política.

El sistema actual es disfuncional, pero no porque los bancos expandan y contraigan el volumen de medios de pago, sino porque lo hacen adquiriendo de forma sistemática activos ilíquidos, como deudas a largo plazo o de alto riesgo. Esto hace que el sistema bancario actual sea frágil, incapaz de honrar sus promesas de pago ante una pérdida generalizada de confianza, de no ser por el rescate del banco central. Además, por su propio funcionamiento, el sistema actual provoca distorsiones acumulativas en la estructura productiva, causando los ciclos económicos.

La solución pasa por que los bancos se limiten a emitir medios de pago contra activos líquidos, seguros y a corto plazo, calzando sus activos con sus pasivos. Es lo que ocurre cuando los bancos tienen que competir entre sí sin privilegios, sin rescates ni la respiración asistida del banco central. Esta era la esencia de la doctrina de las letras reales, un mecanismo que permitía adaptar la oferta monetaria a las fluctuaciones de la demanda sin fragilidad ni distorsiones.

Además de este problema fundamental, a la propuesta de MAFO se le suman los peligros que comparte con las otras variantes de dinero fíat digital que pretenden implantar las autoridades monetarias. Centralizar el sistema de pagos en una entidad estatal otorgaría al Estado un poder descomunal: sabría cuánto gastamos, cuánto ahorramos y a quién pagamos; podría decidir qué pagos estarían permitidos y cuáles no; podría establecer fecha de caducidad para el dinero, confiscar nuestros fondos, aplicar multas automáticas, restringir el ahorro o imponer tipos de interés negativos. La propuesta de MAFO pondría en serio riesgo nuestras libertades más básicas, sacrificadas en el altar de una todopoderosa entidad monetaria estatal.

La solución, por tanto, no es abolir la banca, sino reformarla correctamente. El remedio contra los males del sistema monetario actual pasa por la banca libre, sin privilegios ni refinanciación estatal perpetua, y por un dinero sano y que no esté controlado por el poder político; un remedio que garantizaría el buen funcionamiento de la economía y sería respetuoso con nuestra libertad.

Un laberinto invisible: cómo la burocracia marginaliza

Escrito por Miguél Solís en . Publicado en Análisis diario.

Actualmente, en la mayoría de los países es fácil encontrar entornos burocráticos y fiscales tan complejos, opacos y ambiguos que resulta prácticamente imposible encontrar asesores expertos, internos o externos a la administración, que puedan orientarnos con certeza a surfear esos entornos.

Cualquiera que haya interactuado con la administración pública y con Hacienda sabe de primera mano que los propios funcionarios que atienden al ciudadano suelen tener un conocimiento limitado y generalista de los procedimientos. Los casos particulares casi nunca tienen respuestas claras ni inmediatas, por lo que debemos recurrir a asesores externos que deben estudiar a fondo cada caso solo para ofrecernos una orientación parcial, casi siempre vulnerable a ser contradicha por otra norma, por otro funcionario o por otro experto. La experiencia común de enfrentarse a la burocracia está marcada por la incertidumbre, la sensación de culpa o el temor constante a estar cometiendo —sin saberlo, ni quererlo— una ilegalidad.

El falso culpable

Parte de la crítica más habitual al mercado — la convicción de que genera o acentúa desigualdades — presupone que el sistema de precios margina a quienes menos tienen: pobres, discapacitados y diferentes. Como contraparte surge la idea de que las políticas de inclusión, el Estado del Bienestar y el socialismo son esfuerzos por darle un lugar a aquellos que no lo tienen en sociedades jerarquizadas y capitalistas.

La realidad, sin embargo, desmiente el relato estatista. En el mercado, quienes no consiguen generar valor pueden quedar temporalmente excluidos, pero emergen de forma espontánea mecanismos de asistencia privada, altruismo y apoyo mutuo. El Estado inclusivo, por su parte, no solo fracasa a menudo en rescatar de la marginalidad a los que realmente no pueden producir —por vejez o discapacidad—, sino que además margina a individuos plenamente capaces de crear valor: inmigrantes, pequeños empresarios, minorías étnicas o religiosas

El mercado, apoyado en la creatividad empresarial, genera vías para que quienes enfrentan barreras de idioma, diferencias culturales o baja productividad encuentren nichos donde intercambiar. En contraste, el Estado erige una maraña de normas diseñadas para un ciudadano “modelo” que bloquean la cooperación entre aquellos que se apartan del estándar. Así, un trabajador que no maneja el idioma local o con discapacidad, incapaz de competir en atención al cliente con la misma eficacia que un local cualificado, queda fuera del mercado formal porque el salario mínimo le impide pactar una remuneración acorde con su productividad. La inclusión administrativa se convierte, paradójicamente, en un mecanismo de exclusión.

El Castillo de Kafka

En su novela El castillo, Kafka cuenta la historia de un agrimensor que llega a un pueblo porque, supuestamente, ha sido solicitado desde el Castillo para realizar un trabajo profesional. El problema es que el protagonista nunca logra confirmar si efectivamente ha sido llamado, y queda atrapado en una burocracia restrictiva, opaca e interminable que no le da una negativa clara, pero tampoco una autorización. No se le prohíbe explícitamente trabajar, integrarse ni marcharse, pero tampoco se le permite hacerlo realmente. Ha gastado de su propio dinero para cumplir con el encargo que cree haber recibido, pero nunca es compensado, porque su caso no se resuelve. Kafka nos muestra cómo la burocracia puede convertir a un individuo en un simple expediente, robándole su libertad y dejándolo en una situación de espera eterna, duda, exclusión, impotencia y alienación.

¿Cómo se forma ese Castillo kafkiano?

La burocracia kafkiana es el resultado de una combinación perversa: por un lado, el racionalismo positivista que aspira a construir una sociedad ordenada, impersonal y abstracta, regida por normas que prometen control y eficiencia; por el otro, una práctica política marcada por la arrogancia de los planificadores, el deseo de autopreservación política a través del favorecimiento de los funcionarios públicos, las luchas de poder, la obsesión identitaria, el cortoplacismo electoral y la sobrelegislación.

La burocracia se presenta como la garantía de orden frente al caos, como el camino institucional que deben transitar todos para alcanzar la justicia y la igualdad. Pero en la práctica, las oficinas públicas son entornos desordenados, confusos e ineficientes. El ciudadano debe comportarse como si estuviera ante una maquinaria perfectamente calibrada: debe llegar puntual, con originales y copias, con el expediente completo y en el formato requerido. A cambio, recibe caos e irracionalidad: retrasos, información contradictoria y oculta.

Usted debe presentar una declaración fiscal, aunque nadie le pueda explicar exactamente cómo hacerla bien. Pero si la hace mal, será sancionado, porque el Estado sí sabrá cómo debió haberla hecho. Usted debe actualizar su expediente porque “no hay registro suyo”, aunque el mismo Estado sabrá inmediatamente si ha cambiado de domicilio o empleo. La administración exige comportarse como si fuera ciega, pero cuando quiere todo lo ve.

La burocracia como trampa

Es la burocracia, en todo sentido, paradójica: dice buscar agilidad, pero retrasa; promete orden, pero desordena; presume de racionalidad, pero opera con lógicas absurdas, laberintos y callejones sin salida.

Un ejemplo personal ocurrido esta misma semana en España: como parte de un visado, se me asigna un NIE (número de identificación de extranjero), que debo “activar” dentro del primer mes tras mi entrada al país a través de la toma de huellas en la Policía Nacional. Para hacer esa toma de huellas, debo conseguir una cita (que no se consigue fácilmente), que solo se puede obtener a través del sistema Cl@ve, una plataforma digital que permite identificarse ante la administración. Sin embargo, para registrarse en Cl@ve, es necesario tener un NIE válido, ¡el mismo que solo se valida tras la toma de huellas!… Y con mecanismos como este, la burocracia lleva a la ilegalidad a inmigrantes legales.

Y este tipo de bucles no es una excepción, es la norma. Lo primero que debe hacer un inmigrante en España es empadronarse. Pero para empadronarse debe demostrar que vive en una vivienda de larga estancia. No puede hacerlo desde un hotel, un alquiler temporal ni un Airbnb. Ahora bien: ¿quién en España le va a ofrecer un alquiler de larga estancia a un inmigrante recién llegado, sin cuenta bancaria, sin historial laboral ni registros administrativos?

Esto fuerza al inmigrante a engañar a la administración para poder sortear los trámites. Y lo más absurdo es que la administración lo sabe. Acepta únicamente a quienes la engañan “adecuadamente”. Incluso los propios funcionarios lo dejan entrever con frases como: “No hay citas, tiene que buscar un gestor”, o “No puede empadronarse en un alquiler temporal, tiene que encontrar otra alternativa, aunque esa sea su residencia real”.          

Así funciona el castillo kafkiano: no prohíbe abiertamente la inmigración legal, por ejemplo, pero hace inviable lograrla sin violar sus propias reglas.

La burocracia crece, se atornilla y marginaliza

Lo más duro de todo es que la burocracia no retrocede: solo crece, se enreda y se vuelve más opaca. Cada año, nuevos aspectos de la vida humana quedan sometidos a regulaciones, licencias, autorizaciones o trámites. Cada ministerio, cada municipio, cada departamento aprovecha su cuota de poder para justificar su existencia, crear nuevos cargos y expandir su control. Es la forma más directa y estable que tiene el Estado de mantenerse necesario y que tiene el gobierno de prolongar su vida política.

Cuando la burocracia ya es demasiado grande, se vuelve intocable: aplica la lógica del too big to fail. Cerrar oficinas, eliminar procedimientos o reducir personal implicaría una sacudida económica que ningún político está dispuesto a asumir. El costo electoral de cortar con décadas de mala administración es altísimo: implica pagar los errores acumulados de todos los que vinieron antes. Así que se patea la bola un poco más hacia adelante, siempre.

Finalmente, la burocracia marginaliza porque todos estos actores regulando a la vez solo pueden generar esquemas imposibles de satisfacer, son tantos los intereses y aspiraciones que busca satisfacer la burocracia que simplemente ´´se enreda sola´´ y no puede hacer otra cosa que homogenizar para intentar agilizar. Y en medio de esa maraña, el individuo queda reducido a un trámite, a un expediente que se pierde, se retrasa o se resuelve con suerte. Pero detrás de cada expediente hay un proyecto de vida, una familia, un emprendimiento o un simple deseo de trabajar y contribuir. Aspiraciones que son viables económica y socialmente, pero que son frustradas políticamente, filtradas por un sistema que ha hecho de la exclusión su norma silenciosa.

Un respeto por la teoría económica

Escrito por Fernando Herrera en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica es la ciencia que explica los fenómenos económicos. La física y la biología tratan de explicar fenómenos naturales. Tan ciencia es la primera como las otras, aunque lógicamente no se pueda usar la misma metodología para estudiar unos fenómenos y otros.

Una característica fundamental de las ciencias naturales es que permiten de alguna manera predecir el futuro. En los fenómenos naturales, estamos bastante seguros de que en las mismas condiciones las mismas causas provocarán los mismos efectos. Es esta característica la que nos permite desarrollar tecnologías para satisfacer mejor nuestras necesidades, a partir del conocimiento científico.

Dado que los económicos son fenómenos con causa en el ser humano, y que no se puede, por tanto, asumir la constancia en las relaciones causa-efecto, su aplicación a desarrollos tecnológicos está muy limitada, si es que es posible. Lo que no es óbice para que pueda ser de utilidad en muchos contextos. Por ejemplo, para determinar cuál es el funcionamiento del mercado que más conviene a la sociedad.

Este es precisamente el ámbito del derecho de competencia o, como le llaman los americanos, antitrust. El derecho de competencia asume que existe un funcionamiento óptimo para los mercados, y vigila que los agentes presentes en el mismo no hagan acciones que distorsionen tal operación. Por ejemplo, se encarga de vigilar las concentraciones entre empresas, pues en su paradigma de mercado ideal menos competidores es peor que más competidores.

No es el momento de discutir aquí qué paradigma de mercado ideal es el más adecuado para juzgar estas operaciones empresariales. Sobre eso hay mucho escrito, incluida alguna aportación de un servidor. Pero en lo que sí deberíamos estar de acuerdo es que es la teoría económica la que ha de informar dicha cuestión, y no una encuesta o un lanzamiento de dados.

Imaginen que queremos diseñar un avión. ¿A quién se le ocurriría hacerlo a votos? ¿Alguien se montaría en un avión que hubiera sido diseñado a base de preguntar a la población sobre los problemas técnicos confrontados?

Pues bien, esto mismo, no con un avión, sino con las operaciones de concentración, es lo que han hecho recientemente algunas autoridades administrativas. Me refiero, en primer lugar, a la encuesta que el gobierno de España hizo al respecto de la fusión BBVA – Banco de Sabadell. Como he tratado de explicar, si dicha operación será buena o no para la sociedad (en términos económicos, incrementará el bienestar social), es algo que solo se puede determinar desde la teoría económica, y no preguntando a los españoles qué opinan al respecto.

Aún así, no cabe esperar mucho más del gobierno social-comunista-nacionalista que tiene como rehén a los españoles. Es solo otra más en un cúmulo de decisiones políticas ideológicas, y al menos de esta no cabe esperar un apagón eléctrico.

Más preocupante resulta que la misma técnica de sondeo sea utilizada por la Dirección General de la Competencia (DGCOMP) de la Comisión Europea. Al fin y al cabo, estos funcionarios sí son supuestamente tecnócratas y no políticos. Y bien orgullosos que se muestran de su pureza científica a la hora de tomar decisiones de derecho de competencia, para ellos siempre sólidamente basadas en lo que ellos consideran ciencia.

Pues bien, estos señores, ante el clamor del sector empresarial europeo de que tienen que cambiar la forma de hacer las cosas, se han marcado una consulta pública sobre las directrices de fusiones horizontales (esto es, las que se producen entre dos empresas que compiten en el mismo sector, como es el ya citado caso de BBVA y Banco de Sabadell).

Se trata de un cuestionario extremadamente complejo, con muchos conceptos económicos que, sin embargo, se somete al común de los mortales como si fuéramos todos expertos en teoría económica. Además, la lectura del cuestionario revela que está preparado para sacar porcentajes de voto, resultados en que valdrá lo mismo la respuesta del premio Nobel Jean Tirole (si decide participar en la encuesta) que el mío (que no participaré), o que el de Cristiano Ronaldo (que supongo que tampoco).

Dejo aquí un par de preguntas de las decenas que componen la encuesta, para mostrar las inquietudes de la DGCOMP:

¿Cuáles deberían ser los indicadores estructurales y las características del mercado utilizados por la Comisión para evaluar la probabilidad de efectos contrarios a la competencia en fusiones horizontales? Explíquenos su opinión sobre el papel y nivel de la cuota de mercado y concentración, así como sobre otros indicadores estructurales o características del mercado que considere pertinentes.[1]

¿En qué circunstancias pueden las fusiones afectar negativamente a la capacidad e incentivos de la empresa fusionada para innovar (por ejemplo, fusión entre grandes innovadores, adquisición de un innovador, adquisición de un insumo crítico para que otras empresas innoven)?[2]

La lectura de ambas dos, de las más comprensibles que uno se topa en los documentos, revela con absoluta claridad que se han de responder científicamente desde la teoría económica, y no aleatoriamente a base de opiniones o feelings. Y, sin embargo, ahí quedan expuestas a las inclemencias de la opinión pública, sin ningún respeto por lo que tengan que decir los científicos que han dedicado carreras y vidas a conocer el tema.

Insisto: ¿alguien se montaría en un avión que hubiera sido diseñado por este método? Pues parece que nos van a obligar a todos a vivir en mercados optimizados con criterios que vengan de esta consulta.

Acabo de decir que estas consultas públicas o encuestas son una falta de respeto a la teoría económica. Pero no es verdad: en realidad, lo que revelan con absoluta claridad es el fondo que subyace en el derecho de competencia, una disciplina que se presume como técnica, sujeta a la teoría económica, pero que todos sabemos que es tan política como cualquier otra decisión gubernamental o administrativa.

En otras palabras, aunque las decisiones de antitrust se vendan como algo eminentemente técnico, en que teoría y evidencia empírica son las guías, realmente son decisiones políticas que se justifican con la pseudociencia económica que constituye el mainstream de la disciplina. Por ello, los supuestos “científicos” de la DGCOMP no tienen reparos en preguntar sobre el tema a la opinión pública.

El derecho de competencia solo pasará a ser técnico cuando se radique en una teoría económica sólida y válida, esto es, se libere de los paradigmas neoclásicos de competencia perfecta e ideas similares como el Structure-Conduct-Performance. Entretanto, a nadie extrañe que la DGCOMP pretenda analizar los fenómenos económicos a base de encuestas: ¿acaso no somos democracias? Pues que se decida todo a votos, pero también cómo diseñar aviones. Que seamos una democracia completa, no limitada por la ciencia.

Notas

[1] ” What should be the structural indicators / market features used by the Commission to assess the likelihood of anticompetitive effects in horizontal mergers? Please provide your view on the role and level of market share and concentration levels, as well as other structural indicators / market features you consider relevant.” Pregunta 3 del cuestionario B. Traducción propia

[2] “In what circumstances can mergers negatively impact the ability and incentives of the merged company to innovate (e.g. a merger between strong innovators, acquisition of an innovator, acquisition of an input critical for other companies to innovate)?” Pregunta 3 del cuestionario C. Traducción propia

La economía a través del tiempo (XXVIII): los griegos y la indignidad del holgazán

Escrito por Benjamín Santamaría en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La economía a través del tiempo (XXVIII): los griegos y la indignidad del holgazán

Famosa es la frase de San Pablo que reza “el que no trabaje, que no coma” (2 Tes 3,10), una cita que se ha empleado para rebatir a aquellos que trataban de relacionar el cristianismo primitivo con una especie de idea escatológica extrema con un apocalipsis inminente. En ese caso, el apóstol deja claro que no hay que sentarse a esperar el fin, como si todo hubiera perdido sentido en este mundo, sino que es necesario trabajar y esforzarse, aquí y ahora. Además, esto también desmonta las interpretaciones liberales y marxistas que han querido presentar a los primeros cristianos como una especie de abolicionistas del trabajo. Con todo, la idea es común a varios periodos de la Antigüedad. En el caso que atañe a este apartado, los griegos primitivos ya consideraban la holgazanería como algo indigno y el trabajo como algo dignificador. Esto es algo que se ve de forma muy clara en Hesíodo (2006).

Es más, el trabajo humano se percibía como un elemento colaborativo, algo que diferenciaba del resto de animales. La “ley” que los dioses habían impuesto “a los peces, fieras y aves voladoras” era “comerse los unos a los otros, ya que no existe justicia entre ellos; a los hombres, en cambio, les dio la justicia, que es mucho mejor (Hesíodo, 2006, 78)”.

Esa justicia, propia de los humanos y que les aleja de aprovecharse unos de otros, tiene su base en una virtud: “El sudor que pusieron delante los dioses inmortales (Hesíodo, 2006, 79)”. Así, los griegos se centran en un consejo para ser justos:

Tú recuerda siempre nuestro encargo y trabaja (…) para que te aborrezca el Hambre y te quiera (…) Deméter (…) y llene de alimento tu cabaña; pues el hambre siempre acompaña al holgazán. Los dioses y los hombres se indignan contra el que vive sin hacer nada, semejante en carácter a los zánganos sin aguijón, que consumen el esfuerzo de las abejas comiendo sin trabajar. Pero tú preocúpate por disponer las faenas a su tiempo para que se te llenen los graneros con el sazonado sustento (Hesíodo, 2006, 80-81).

Es decir, Hesíodo (2006) pone el foco de forma insistente en la necesidad de trabajar y en su virtuosismo, afirmando que “si trabajas, te apreciarán mucho más los inmortales, y los mortales; pues aborrecen en gran manera a los holgazanes (81)” o que “el trabajo no es ninguna deshonra; la inactividad es una deshonra” (81).

Toda esta apología del trabajo no se hace con el único objetivo de animar al receptor de la época a seguir dicha virtud con rectitud, sino que también tiene un componente de reprimenda hacia los envidiosos. Lo deja claro el autor en las siguientes líneas, cuando pone de manifiesto lo siguiente: “Si trabajas pronto te tendrá envidia el indolente al hacerte rico. La valía y la estimación van unidas al dinero (Hesíodo, 2006, 81)”.

Es decir, con un soslayado insulto, el griego deja plasmada una crítica contundente a los que suelen practicar la envidia, y deja claro que la concepción social del rico, influida por este contravalor, es inversamente proporcional a su éxito. Palabras que se adaptan a numerosos contextos y que pueden relacionarse con los modernos defensores de la meritocracia y del esfuerzo como bases de la economía.

Hesíodo recalca que el trabajo tiene su recompensa y que es el origen de la riqueza. Y sentencia: “Una vergüenza denigrante embarga al necesitado, una vergüenza que hunde completamente a los hombres o les sirve de gran provecho, una vergüenza que va ligada a la miseria igual que la arrogancia al bienestar (Hesíodo, 2006, 81)”. En definitiva, para el autor, el trabajo hace dignos a los hombres, porque produce riqueza y calma las necesidades. La holgazanería, por contra, es la que causa el malestar y la escasez.

Bibliografía

Hesíodo (2006). Teogonía. Biblioteca Gredos

Serie La economía a través del tiempo

Epístola de Pedro Sánchez a sus creyentes

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Epístola de Pedro Sánchez a sus creyentes

Pedro Sánchez retoma el género epistolar (aquí), pero ya no escribe enamorado a la ciudadanía sino que se dirige en exclusiva a los militantes y creyentes del PSOE, sus queridos compañeros y compañeras progresistas y feministas, que están decepcionados, dolidos, indignados, desconcertados, tristes. Pobres: ellos y ellas son gente buena a quienes les repugna la falta de ejemplaridad y el machismo; son víctimas dolientes en estos difíciles momentos y no son responsables de nada. “Contad conmigo. Yo cuento con vosotros.” Y les cuenta un cuento para que se duerman y sueñen tranquilos y felices.

Asegura que el PSOE es un partido decente, comprometido con el interés general y moralmente superior, porque no están a salvo de la infamia de la corrupción pero reaccionan contundentemente ante ella. O al menos reaccionan cuando la corrupción es pública e innegable, después de haberla negado consistentemente, después de haber puesto la mano en el fuego por los corruptos, después de haber denunciado que eran víctimas de campañas de acoso y linchamiento, después de haber insultado y despreciado a los periodistas que informaron sobre ella, la fábrica de bulos y fango de la fachosfera.

Insiste en que su gobierno es legítimo y critica a la oposición por intentar derribarlo al precio que sea, una derecha malvada que al parecer no tiene proyecto político de país y solo quiere destruir y no construir. Denuncia que se enfrentan a una operación de demolición moral, por procedimientos que conllevan más peligro para la democracia que aquello que pretenden combatir.

No menciona cómo compró votos para gobernar al precio que sea, a cambio de amnistías y pactos con independentistas y herederos de terroristas que antes aseguró que nunca haría. Él no miente, ni falta a su palabra, ni incumple compromisos, solo cambia de opinión.

Tras sus constantes ataques a los jueces y a la prensa tiene la desvergüenza, natural en él, de afirmar que con su gobierno las instituciones funcionan, el poder ejecutivo no interfiere en investigaciones que dependen del poder judicial, y la transparencia ha aumentado.

Alaba a los militantes del PSOE, quienes trabajan y colaboran día tras día para construir un país mejor y un mundo más justo, no como los militantes de otros partidos, que o no trabajan o lo hacen para conseguir un país peor y un mundo más injusto.

Dice que la ciudadanía del país es exigente, pero no les permite manifestar sus exigencias mediante la convocatoria de elecciones, no sea que se equivoquen y voten mal. Apela a la templanza y al debate sereno con quienes quieran sumarse a él para aportar y mejorar. Es tan razonable, tan sensato, tan abierto al diálogo y la reflexión: a todo, menos a permitir que los ciudadanos se expresen mediante el voto, que ahora no toca, las elecciones son cada cuatro años y nunca se adelantan.

Asegura que no hay un sistema podrido cuya reforma haya que abordar políticamente: o no hay podredumbre, o la que hay no es un asunto político aunque implique a ministros, secretarios de organización del PSOE y familiares del presidente del gobierno.

Defiende que la corrupción se combate con mejores medios y las herramientas adecuadas, mientras se niega a dar más medios a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil e insiste en el control político de una fiscalía a la que quiere dar más poder porque… ¿la fiscalía, de quién depende?

Recuerda que la oposición tiene a su disposición una herramienta prevista en nuestro ordenamiento, la moción de censura. Por algún motivo no menciona que él tiene otra, la moción de confianza, quizás adecuada para estos momentos de agitación e incertidumbre.

No deja pasar la ocasión de mencionar a la ultraderecha que presuntamente odia, legitima la violencia y es incompatible con los valores fundamentales de la democracia, el progreso, los derechos y las libertades. No tiene ningún problema con la ultraizquierda en su gobierno, aunque en el pasado asegurara que le quitarían el sueño si gobernaran, porque ellos son todo amor, paz, sabiduría, progreso, derechos y libertades.

Recuerda lo mucho que han conseguido y lo que queda por conseguir con trabajo y políticas públicas justas, modernas y eficaces, de las cuales al parecer solo ellos son capaces. Véase por ejemplo lo que han conseguido con la vivienda, y lo que les queda por conseguir. Tiene claro que merece la pena seguir luchando con la misma ilusión y ganas que el primer día: esta vez no necesita tomarse unos días de reflexión. Él no ha venido a ocupar un sillón, pero lo ocupa y se aferra a él para mejorar la vida de la gente, esa gente cuyo voto actual le conviene no conocer.

No perdamos la perspectiva: no prestemos tanta atención a la corrupción, distraigamos al público con otras cosas. Es momento de coherencia, de claridad y de orgullo. Y de ilusión, de mucha ilusión: del concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Pedro Sánchez es un maestro de la ilusión.

Pide perdón y no dimite, en contra del Pedro Sánchez de hace años cuando estaba en la oposición, esa persona diferente que aseguraba que en política no se pide perdón sino que se dimite.

León XIV y Rerum novarum: de la revolución industrial a la era digital (II)

Escrito por Jaime Juárez Rodríguez en . Publicado en Análisis diario.

En la anterior entrega estuvimos analizando algunas de las cuestiones fundamentales de las que se ocupaba la famosa encíclica del papa León XIII –Rerum Novarum– y ello por cuanto recientemente elegido papa, manifestó que una de las razones por las que eligió el de León, como nombre papal, fue precisamente por la forma en la que la citada encíclica “abordaba la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Así, en nuestro artículo comentábamos la visión de León XIII sobre cuestiones como el derecho de propiedad, su relación con la justicia y su necesidad social, y las razones por las que en criticaba el socialismo.

En la actual entrega vamos a rematar los comentarios de dicha encíclica hablando de lo que en la misma se expone sobre el Estado y su participación en la vida social para, en un último artículo hacer una referencia a otra de las encíclicas del citado papa, Libertas Praestantissimum, sobre la libertad y el liberalismo y tratar de analizar la aplicación de esos principios a la realidad actual, a fin de tratar de adivinar las líneas fuerza que en el orden político, social y económico, pueda tener el nuevo pontificado; un pontificado que, por la edad del elegido, se presume largo.

1.  El Estado y las autoridades políticas

A.   La necesidad de la autoridad política

A pesar de la crítica que hace el papa en Rerum Novarum al socialismo, y a la que ya nos referimos el mes pasado, en el pensamiento de León XIII está claro que no puede prescindirse del Estado y de las autoridades políticas, tal y como se deduce tanto de Rerum Novarum como de otros de sus escritos.

En efecto, en otra de sus encíclicas, Immortale Dei, de 1885, el papa León recuerda, en su punto 2, que “el hombre está ordenado por la Naturaleza a vivir en comunidad política”, dado que “no puede procurarse en la soledad todo aquello que la necesidad y la utilidad de la vida corporal exigen, como tampoco lo conducente a la perfección de su espíritu. Por esto la providencia de Dios ha dispuesto que el hombre nazca inclinado a la unión y asociación con sus semejantes, tanto doméstica como civil, la cual es la única que puede proporcionarle la perfecta suficiencia de vida”.  Eso sí, también señala que “ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común. Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija” y que “surge y deriva de la Naturaleza y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”, un poder que “debe ser justo, no despótico, sino paterno, porque el poder justísimo que Dios tiene sobre los hombres está unido a su bondad de Padre. Pero, además, el poder ha de ejercitarse en provecho de los ciudadanos, porque la única razón legitimadora del poder es precisamente asegurar el bienestar público”.

B.   La persona es anterior a la comunidad política

Debemos también recordar algunos de los principios que ya apuntábamos en el artículo anterior referido a este tema. Y es que, para analizar ese papel que León XIII reservaba al Estado en la vida social hay que empezar recordando que, en el punto 6 de Rerum Novarum, deja claro que el hombre es anterior a la “república”, y “consiguientemente debió tener por naturaleza, antes de que se constituyera comunidad política alguna, el derecho de velar por su vida y por su cuerpo”, una declaración de principios muy relevante con la que establece una clara escala para valorar y juzgar el papel del individuo frente a la organización política. Así, “el que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada”, como ya indicamos en la entrega anterior, habiendo dado Dios “la tierra en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisible para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos”. Así, en el punto 8, destaca, como ya indicamos en el artículo anterior, que, analizando la cuestión desde la naturaleza humana, uno se da cuenta de que “en la ley de la misma naturaleza [se encontró] el fundamento de la división de los bienes y consagró, en la práctica de los siglos, la propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia”, de forma que “las leyes civiles, que, cuando son justas, deducen su vigor de esa misma ley natural, confirma y amparan incluso con la fuerza este derecho de que hablamos. Y lo mismo sancionó la autoridad de las leyes divinas, que prohíben gravísimamente hasta el deseo de lo ajeno” al afirmar las Escrituras que “no desearás la mujer de tu prójimo; ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo”.

C.   La autoridad pública y la familia

Y no es sólo que la autoridad pública deba respetar el derecho de propiedad, sino que tampoco puede penetrar “a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares” (punto 10 de Rerum Novarum), siendo la familia o sociedad doméstica, una “verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil”, de forma que “es necesario que ese derecho de dominio atribuido por la naturaleza a cada persona (…) sea trasferido al hombre en cuanto cabeza de la familia; más aún, ese derecho es tanto más firme cuanto la persona abarca más en la sociedad doméstica” (punto 9).

A la vista de lo anterior, a nadie debe extrañar que, varios puntos más adelante, concretamente en el punto 26 de Rerum Novarum, León XIII advierta que, “no es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad para obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria para nadie”, razón por la que, en el punto 33 de la misma encíclica, también se señale que la propiedad privada no puede “ser absorbida por la dureza de los tributos e impuestos”, de forma que “el derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto, la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común”. Así, “procedería, por consiguiente, de una manera injusta e inhumana si exigiera de los bienes privados más de lo que es justo bajo razón de tributos”.

D.   Posibilidad de reacción frente a la autoridad pública

De hecho, en línea con todo lo anterior, en otra de sus encíclicas, Diuturnum Illud, de 1881, León XIII por un lado señala que “la necesidad obliga a que haya algunos que manden en toda reunión y comunidad de hombres, para que la sociedad, destituida de principio o cabeza rectora, no desparezca y se vea privada de alcanzar el fin para el que nació y fue constituida” (punto 3), para recordar también una causa que tiene el hombre para no obedecer (punto 8), “cuando se le exige algo que repugna al derecho natural o al derecho divino”, ya que si “los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia”, no “puede valer su autoridad, porque su autoridad, sin la justicia, es nula”.

En igual sentido, se manifiesta también en el punto 9 de Rerum Novarum al señalar que: “siendo la familia lógica y realmente anterior a la sociedad civil, se sigue que sus derechos y deberes son también anteriores y más naturales. Pues si los ciudadanos, si las familias, hechos partícipes de la convivencia y sociedad humanas, encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de ayuda, un cercenamiento de sus derechos más bien que una tutela de los mismos, la sociedad sería, más que deseable, digna de repulsa”.

2.  Intervención de la autoridad pública en la sociedad; el principio de subsidiariedad

Como se ha dicho más arriba, el papa León XIII, sí le reserva cierto papel en la sociedad a la potestad civil. Concretamente en el punto 10 de su Rerum Novarum establece el principio general de dicha intervención: “Si una familia se encuentra eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es parte de la sociedad”. De igual forma, “si dentro del hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno”, lo cual “no sería apropiarse de los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos con justa y debida tutela”.

Pero eso no significa, como pretenden algunos, tratar de igualar a todos los ciudadanos de una misma comunidad, ya que, como señala en el punto 13 de Rerum Novarum, “debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna”.

Es decir, la potestad civil -el Estado- no sólo debe actuar orientado al bien común, sino que sólo debe intervenir en la vida de los particulares o de las familias cuando estos, por la razón que sea, son incapaces de solventar problemas graves de supervivencia o de vulneración de derechos mutuos, que es lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, pieza clave en el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia.

Y es que en la propia Rerum Novarum se establece la posibilidad/necesidad de que los propios individuos establezcan estructuras, a partir de la unión y de la cooperación, para solucionar los problemas de convivencia que puedan surgir entre ellos. Así, en el punto 34 de la citada encíclica, León XIII destaca, en lenguaje decimonónico, que “los mismos patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión, esto es, con esas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los necesitados y acercar más una clase a otra”. Así, en virtud de la propensión natural que impele al hombre -a la vista de sus cortas fuerzas humanas- a buscarse el apoyo de los demás, “igual que es llevado a constituir la sociedad civil, busca la formación de otras sociedades entre ciudadanos, pequeñas e imperfectas, es verdad, pero de todos modos, sociales” (punto 35). Sociedades contra las que no podrá actuar el poder político salvo que dichas sociedades vayan contra los fundamentos de dicha sociedad, “por ejemplo, si se pretendiera como finalidad algo que esté en clara oposición con la honradez, con la justicia o abiertamente dañe a la salud pública”.

Es más, en el punto 22 de la encíclica se critica el intento, de los poderes públicos, de suplantar la beneficencia de otras organizaciones, como es la Iglesia, “en cuyo lugar se ha pretendido poner la beneficencia establecida por las leyes civiles. Pero no se encontrarán recursos humanos capaces de suplir la caridad cristiana, que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los demás”.

Aun así, el papa Leon XIII reconoce que pueden existir situaciones en las que los individuos, las familias, o las organizaciones civiles intermedias no lleguen para solucionar los problemas sociales serios apuntados más arriba, recogiendo, en Rerum Novarum, algunos aspectos en los que ese poder civil tiene que estar especialmente vigilante y que en parte derivan de su propia naturaleza y del papel que a la autoridad se le asigna, como “jefe supremo que mueva a todos y cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común”, como decíamos antes, y que son, entre otros:

  • En primer lugar, los que gobiernan “deben cooperar, primeramente y en términos generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que este es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes” (punto 23), pero destacando que “lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos industriales y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan, los cuales, cuanto con mayor afán sean impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos”.
  • En línea con lo anterior, y con lo que se decía más arriba, considera el papa en su encíclica que uno de los puntos de mayor importancia es la obligación del poder público de “asegurar las posesiones privadas con el imperio y fuerza de las leyes” (punto 28)
  • Debe velar por la situación y bienestar de los más necesitados, pero “en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya” (punto 23). Así, en el punto 27 establece también como obligación del poder político que “los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo y castigando las injurias. Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los más débiles y los pobres”, dado que “la gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública”.
  • Debe coadyuvar facilitando las estructuras para que “todos los ciudadanos”, sin excepción alguna, contribuyan “a la totalidad del bien común”, eso sí, reconociendo que “no todos, sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad” (punto 25).
  • Por otra parte, “interesa a la salud pública cuanto a la privada que las cosas estén en paz y en orden; e igualmente que la totalidad del orden doméstico se rija conforme a los mandatos de Dios y a los preceptos de la naturaleza; que se respete y practique la religión; que florezca la integridad de las costumbres privadas y públicas; que se mantenga inviolada la justicia y que no atente impunemente unos contra otros; que los ciudadanos crezcan robustos y aptos, si fuera preciso, para ayudar y defender a la patria” (punto 26).
  • En el punto 29, también hace referencia a la necesidad de que el poder político se anticipe “con la autoridad de las leyes”, para “impedir que pueda brotar el mal, removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habría de surgir el conflicto entre patronos y obreros”.

Este último punto, el de la relación entre patronos y obreros es especialmente importante en la visión del papa León XIII, y de toda la Doctrina Social de la Iglesia, dado la importancia relativa que le da al salario “libremente” acordado entre las partes, y los mecanismos que establece para su corrección cuando con él no se garantizan unos mínimos para el obrero. Ni que decir tiene que es una cuestión de importante debate para los liberales. Por eso la dejamos para la próxima entrega, en la que completaremos lo señalado en Rerum Novarum con la crítica que el papa León hace a la libertad y al liberalismo en su Libertas Praestantissimum, tal y como indicamos al principio.

Serie sobre León XIV y Rerum novarum

De nuevo, Mises no comprendió a Menger (VI): el valor de cambio

Escrito por Manuel Polavieja en . Publicado en Análisis diario.

En el artículo de hoy nos vamos a desviar de la temática central de esta serie que estaba destinada a analizar la cardinalidad de Menger vs. la ordinalidad de Mises, y vamos a hablar del diferente enfoque que realizan Menger y Mises sobre el valor de cambio.

De nuevo, quiero resaltar que para bien o para mal las diferencias son significativas.  Y aunque no lo pareciera en principio, hay que tener presente que siendo la teoría del valor la base de toda teoría económica, cualquier error o imprecisión por pequeña que sea se puede transmitir y magnificar a lo largo de la teoría y acabar teniendo graves repercusiones.

Ambos autores afirman que la distinción entre valor de uso y valor de cambio no es  esencial. Mises llega a afirmar que es una distinción ya innecesaria. Para Menger son dos manifestaciones del mismo fenómeno, pero sí considera pertinente mantener esta distinción para que su teoría pueda explicar mejor la realidad.

Para Menger el valor de cambio existe cuando el sujeto valora un bien para satisfacer una necesidad de manera indirecta. Lo intercambiará por otros bienes hasta llegar por fin al bien que satisfará una necesidad directa. Mientras que el valor de uso existe cuando el sujeto valora un bien para satisfacer una necesidad de manera directa: Para usarlo o consumirlo.

Aquí es importante distinguir entre utilidad y valor de uso porque los bienes que sólo tienen valor de cambio son útiles sin ninguna duda, pues satisfacen la necesidad de intercambiar, pero al tratarse el intercambio de una necesidad indirecta, no estaríamos hablando de valor de uso sino precisamente de valor de cambio. No porque algo sea útil podemos decir automáticamente que tiene valor de uso. De ser así nos cargaríamos la distinción entre valor de uso y valor de cambio, cosa que en ningún momento quiere hacer Menger.  

Este pasaje de Mises del capítulo VII de la Teoría de la Moneda y el Crédito ilustra la diferencia importante entre Mises y Menger (las citas son traducciones de la versión original en alemán, donde utiliza el término “Ware” que es mercancía, y no “artículo” o “bien” como hace la traducción española):

Por lo que se refiere al valor de uso de una mercancía, no importa si esta mercancía tiene también valor de cambio o no, pero para que el dinero tenga valor de uso es esencial que tenga valor de cambio. […] No hay razón para entrar a discutir este punto, especialmente desde que la distinción entre valor de uso y valor de cambio no tiene ya en la teoría del valor la importancia que solía tener.

Esta gran diferencia entre Menger y Mises sobre las mercancías ya la analizamos exhaustivamente en nuestra serie anterior. Aquí lo importante es que Menger zanja muy claramente este asunto sin ningún tipo de balbuceo, pues en su teoría ninguna mercancía tiene valor de uso, y el dinero es una mercancía más. Continuamos con Mises:

Lo que más nos interesa es demostrar que la función de la economía en lo que se refiere al valor del dinero es más importante que la que tiene en el tratamiento del valor de las demás mercancías. Cuando explica el valor de las mercancías, la teoría de la mercancía [WarenKunde] puede y debe limitarse a considerar como dado el valor de uso subjetivo, dejando la investigación de sus orígenes al psicólogo;
[…]
Al revés que las mercancías, el dinero nunca puede usarse a menos que posea un objetivo valor de cambio o poder de compra. El valor subjetivo del dinero depende siempre del valor subjetivo de los otros bienes económicos que pueden obtenerse a cambio de él. 

Mises, por el contrario, juega con la posibilidad del “valor de uso” del dinero para luego descartarlo, pero no parece caer en la cuenta de que, independientemente de que su valor sea de cambio, el dinero es útil y por tanto sí qué puede “usarse” aunque no tenga valor de uso, pues satisface la necesidad de intercambiar, de ahí precisamente el concepto de valor de cambio, porque satisface la necesidad de intercambio.

En el marco teórico de Menger la utilidad de las mercancías es la misma que la del dinero, el intercambio.  Por tanto, su teoría del dinero es una continuación de la teoría de la mercancía, mientras que en Mises habría una especie de bifurcación. 

Precisamente por tratar de manera distinta a Menger los conceptos de mercancía, valor de cambio, valor de uso y utilidad, Mises se mete innecesariamente en un problema circular al establecer que el valor del dinero es su poder adquisitivo, y por ello necesita recurrir a su teorema de regresión para deshacer esa circularidad.

Menger se quejaba amargamente de la manera confusa en que la ciencia económica empleaba los términos “utilidad” y “valor de uso”. No se le hizo mucho caso en su época, ni tampoco se lo hizo Mises ochenta años después cuando escribió La Acción Humana, donde podemos corroborar el distinto empleo que hace Mises de esta misma terminología:

Para la praxeología, el término utilidad equivale a la importancia atribuida a cierta cosa en razón a su supuesta capacidad para suprimir determinada incomodidad humana.

El concepto praxeológico de utilidad (valor de uso subjetivo, según la terminología de los primitivos economistas de la Escuela Austríaca) debe diferenciarse claramente del concepto técnico de utilidad (valor de uso objetivo, como decían los mismos economistas). El valor de uso en sentido objetivo es la relación existente entre una cosa y el efecto que la misma puede producir.

Resulta profundamente contradictorio, por cierto, que en la primera cita que hemos expuesto Mises afirme que es innecesario discutir la distinción entre valor de uso y valor de cambio del dinero —una distinción que, según él, habría quedado superada—, cuando en realidad dicha diferenciación es absolutamente esencial para la formulación misma de su teorema de regresión.  El teorema no sólo presupone esa distinción, sino que carecería por completo de sentido sin ella: no podría articularse ni tendría razón de ser alguna si no se diferenciara entre valor de uso y valor de cambio.

En Menger, el valor del dinero se explica como el de cualquier otro intermediario, y mirando al futuro. Por eso define al dinero como el “intermediario general de los intercambios”. El intercambio en sí mismo aporta valor, pues valoramos más lo que recibimos que lo que entregamos. Por tanto, el valor de un intermediario depende del valor que se estime que aportarán en el futuro los intercambios que el intermediario posibilitará o ayudará a facilitar. Y la capacidad de intermediar intercambios depende, a su vez, de las características intrínsecas de la cosa para facilitarlos, de su intercambiabilidad (divisible, portable, fungible, verificable, difícil de falsificar, etc).

Para Menger el poder adquisitivo es una consecuencia del valor de cambio, no su definición. Mises, por el contrario, explica el valor de cambio como el valor de uso subjetivo de los bienes que se pueden obtener a cambio.  Esto ya es una definición circular en sí misma, porque explica el valor de cambio por su consecuencia, no por su causa. Presupone el valor de cambio en lugar de explicarlo. Y es que el valor de cambio de una mercancía bien puede llegar a estar constituido únicamente por los servicios que dicha mercancía presta como intermediario del intercambio, como él mismo llega a reconocer para el caso del dinero que circula sin tener ya ningún valor de uso. Y son esos servicios los que llevan al mercado a valorar esa mercancía. Y una vez tiene valor por esos servicios o potenciales servicios, llega entonces la consecuencia de su capacidad de ser intercambiada por otros bienes.

Serie De nuevo, Mises no comprendió a Menger

(I) Ordinal vs. cardinal

(II) Tampoco Hayek

(III) Unidad de medida

(IV) La escala de Mohs

(V) La escasez

Serie Mises no comprendió a Menger

I, II, III, IV

La locura de la insostenible balanza fiscal norteamericana

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

En 2024 EEUU registró un déficit público del 6.4% del PIB, y las estimaciones para los ejercicios venideros de la Administración Trump no bajan del 7% del PIB de media anual. Estos escenarios, además, no contemplan la posibilidad de una nueva recesión a lo largo de los próximos años lo cual, como es de esperar, solo contribuiría a empeorar dichas estimaciones. Sin embargo, e incluso si ninguna nueva recesión se cruza en el camino de EEUU a lo largo de los próximos ejercicios, es difícil pensar como con tales niveles de déficit y una deuda pública que ya supera el 120% del PIB, el gigante norteamericano puede evitar tener algún serio problema presupuestario a lo largo de dicho periodo.

Aunque, si bien es cierto, es muy normal que los gobiernos eviten el impago de deuda a través de impagos parciales por la presión inflacionaria, una recesión severa con dichos niveles de deuda y déficit podrían convertir el impago de deuda pública en un escenario más que posible.

El nuevo One Big Beautiful Bill Act de la Administración de Trump no solo mantiene los recortes de impuestos de su primera legislatura – a la par que amplia muchos de ellos-, sino que además previene la disminución de gasto público relevante, contribuyendo a incrementar el ya mencionado déficit público. Si hay algo que la Administración Trump ha demostrado es que la Curva de Laffer no funciona para ellos, llevando a su política fiscal a ser una auténtica bomba de deuda pública. Muestra de ello es que la Congressional Budget Office (CBO) haya estimado un incremento de la deuda pública de $2.4 trillion a lo largo de los próximos 10 años.

Sin embargo, si hay algo realmente increíble con respecto a todo esto es el poco peso que tiene este tema en el discurso público y, sobre todo, la poca importancia que le dan los ciudadanos norteamericanos a la hora de votar. Desde la Administración Clinton, ningún presidente del gobierno de EEUU ha logrado equilibrar la balanza fiscal, y tanto Republicanos como Demócratas han confiado en la fortaleza de la economía americana y la posición del dólar como divisa de reserva global para disparar por las nubes los niveles de déficit y deuda públicos. Por lo tanto, ante cualquier recesión, la respuesta siempre ha sido una política fiscal contracíclica fuertemente expansiva, que luego nunca ha sido compensada fiscalmente en tiempos de bonanza. En un entorno de tipos cero a nadie le preocupaba el peso de la deuda sobre el PIB.

Si hay algo que ha cambiado desde entonces son los tipos de interés, es decir, el coste de la deuda, siendo los tipos de interés reales del bono a 10 años significativamente mayores a lo que han sido durante los últimos 15 años. La comparación es muy sencilla, ya que entre 2012 y 2021/22 el tipo del bono a 10 años en EEUU rondó cerca del 0%. Hoy, con unos tipos reales mucho más altos y un peso de la deuda de más del 120% del PIB, el coste de cumplir con esa deuda será mucho más doloroso que antes.

Las razones del incremento de los tipos reales -y la posibilidad de que sigan subiendo a futuro- son de sobra conocidas, entre ellas la creciente tensión geopolítica, el incremento del gasto militar a nivel global, una política económica cada vez más populista y la visión de los bancos centrales sobre las dinámicas económicas en el medio plazo. Además, dicho incremento de tipos puede verse exacerbado por la política comercial de Trump, conllevando además una posible pérdida de protagonismo del dólar a nivel mundial (relativa) en favor de China.

Si hay algo que no va a promover un entorno de tipos bajos son las múltiples políticas económicas de Trump (por mucho que a él le gustara poder controlarlos personalmente desde la Fed). La guerra arancelaria, las amenazas de mayores impuestos a la inversión extranjera y la progresiva destrucción del Estado de Derecho americano solo llevarán a una mayor inseguridad económica y unos mayores tipos reales, debido principalmente a una menor entrada de capital extranjero en el país. EEUU depende, por lo tanto, del crecimiento económico.

Mientras este exista podemos confiar en que se mantendrá la independencia de la Fed mientras que, en un escenario de elevada inflación y/o reducido crecimiento económico, podemos estar seguros de que la Administración Trump hará todo lo posible por influir en la política monetaria controlando la Fed por la puerta trasera. La continuidad de estos niveles de déficit y deuda explosivos solo garantizan una amplificación de la próxima crisis económica y un incremento de la tensión sociopolítica en EEUU, si es que cabe.