Ir al contenido principal

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXXIX): los desafíos de Javier Milei

La victoria electoral de Javier Milei en la Argentina ha colocado al mundo libertario, y muy especialmente a los ancap, en una situación inédita. Van a comprobar si sus medidas pueden o no ser llevadas a cabo desde una posición de gobierno. Por supuesto, se han abierto muchos debates al respecto. Los más posibilistas ven con buenos ojos el desmantelamiento de buena parte del aparato estatal desde el interior. Los más ortodoxos ven tal misión no sólo como imposible sino incluso como contraproducente.

Esta última postura afirma que el previsible fracaso de muchas de las medidas adoptadas por el nuevo presidente argentino afectarán al movimiento. Se asociará con él los hipotéticos malos resultados. Ello reforzará la postura de los críticos que enfatizarán una vez más en el utopismo de nuestras medidas o en su inviabilidad. Todo ello sin contar con que el presidente se reclama públicamente como ancap. Y yo creo que él por lo menos sí tiene interiorizada esta postura. Pero muchas de las medidas que está adoptando claramente no lo son, ni siquiera minarquistas,  aunque si serían válidas para un liberal clásico convencional. 

El programa de Javier Milei no es el del anarcocapitalismo

Es necesario por lo tanto distinguir el programa de Milei de un programa anarcocapitalista. Ese programa no se puede dar por vías políticas, sino que requiere de mucha paciencia y tiempo. Y sobre todo de una población, o por lo menos una parte sustancial de la misma, formada en estos principios y con voluntad de construirlos desde abajo. De la misma forma en que los constructores de catedrales sabían que muy probablemente no las verían terminadas, el ancap actual debe saber que tampoco verá en vida una sociedad de este tipo. Este debería ser su mérito y su satisfacción sólo debe ser la de contribuir a construirla.  Pero para nada esto resta valor a la labor del presidente Milei.

Primero porque contribuye a difundir el ideario, por lo menos en su aspecto teórico. Nunca antes de ahora los viejos economistas austríacos como Mises o los austrolibertarios de la escuela rothbardiana habían sido tan conocidos y discutidos. De hecho, ya comienzan a aparecer libros y ensayos académicos críticos con estas ideas. Ello prueba de que ya se ha pasado a un estadio en el que es necesaria la refutación. Y eso es buena cosa, pues los críticos se ven obligados a estudiar seriamente nuestras ideas, más allá del cliché. A su vez, nosotros podemos aguzar nuestros argumentos atendiendo a sus críticas, o corregirlos si fuese pertinente.

Posibles lecciones del gobierno de Javier Milei

El primer paso para construir una futura sociedad sin estado es que exista un grupo consciente y bien formado en nuestras ideas. Así, podrá difundirlas y prever los problemas que puedan surgir. Este grupo de personas constituirán los cuadros necesarios para ensayar propuestas a pequeña escala y para defenderlas de sus críticos a nivel más amplio que el actual. También las hará pervivir en el tiempo. Las políticas de Milei pueden traer alguna confusión sobre el ideario. Pero un debido conocimiento puede ayudar a diferenciar lo que tiene de coyuntural y pragmática la acción de gobierno de los verdaderos principios rectores.

El gobierno de Javier Milei puede servir para otra cosa. Podemos observar en qué medida los medios políticos, esto es el juego electoral democrático, puede servir para implantar determinadas medidas. Y comprobar las posibles resistencias que estas pueden tener, tanto a nivel popular como sobre todo en el ámbito del propio estado. O  mucho me equivoco, o es muy improbable que los actores estatales accedan a reducir el alcance de su poder sin presentar resistencia. Es la excepción que lo que pierdan por un lado puedan ganarlo por otro.

La resistencia de los intereses creados

Ya comentamos en artículos anteriores que el estado no sólo está compuesto por los actores políticos, los que surgen del proceso democrático. Existen otros actores que forman su núcleo duro, desde los jueces a los actores económicos, que obtienen rentas asociándose a él. El gobierno de Milei es también una ocasión de oro para que estos sean visibles. Para que podamos comprender sus modos de operar y cuales son sus verdaderos recursos. Porque si una cosa está clara es que de una forma u otra pronto van a manifestar su presencia. De momento estamos viendo cómo los jueces de la corte laboral ya han paralizado su reforma en estos ámbitos. También estamos viendo cómo sectores económicos beneficiarios de regulaciones ya están haciendo ver. Tienen el apoyo de sectores políticos afines.

Sectores conservadores

En el ámbito de la política, el primer desafío va a ser el de luchar contra las propias fuerzas y las aliadas. Javier Milei para gobernar tuvo que pactar con miembros de la vieja política. Se trata del centro derecha de Macri y Bullrich y con sectores peronistas de “derecha”. Además claro está de conformar un partido propio, La Libertad Avanza, con elementos de la derecha argentina no necesariamente de raiz libertaria o siquiera liberal.

Todo parece apuntar a que Javier Milei para preservar el componente libertario de su programa económico tuvo que sacrificar elementos de esta corriente en otros aspectos de la vida política. Así ha sido en el caso del poder policial o militar o la lucha contra las drogas. Aquí, el pensamiento liberal argentino es bastante claro. Sólo hay que leer el libro de profesor Benegas Lynch, uno de sus mentores más respetados, La tragedia de la drogadicción. Ahí comprobamos cuál es la postura de los liberal-libertarios argentinos sobre este tema. No es la que parece defender el gobierno de Milei, quizás como concesión a sus socios más conservadores.

Abrir las puertas del infierno

Todo apunta a que el poder del estado, si bien se reducirá en el ámbito económico, pude verse reforzado en los ámbitos más duros. La tentación está ahí y la propuesta de que le parlamento le delegue poderes legislativos durante un tiempo es una señal de ello. Es cierto que el presidente argentino quiere hacer reformas liberalizadoras. Es muy probable que encuentre resistencias en otros ámbitos del estado. Pero también lo es que la idea de habilitación legislativa y del uso del decreto no es nueva en la Argentina. Ya Néstor Kichner hizo uso abundante de ella.

Pero este tipo de legislación tiene precedentes inmediatos en la Venezuela de Hugo Chavez. Sin pretender para nada equipararlos, también lo tiene en la legislación habilitante ideada por el jurista del Reich, Carl Schimtt. El abrir este tipo de puertas para el bien también implica que un ulterior gobernante podría usarla para otros fines. Lo que muy probablemente estamos viendo es que Milei a cambio de tolerancia en sus reformas económicas, que para él parecen prioritarias, está dispuesto a ceder poder a otras fuerzas operantes dentro del aparato estatal aliadas a sectores de su propio partido. No quiero con esto criticarlo, sólo apuntar a que conseguir reformas en un sector prioritario de la vida social bien puede implicar cesiones en otro. Son los riesgos de intentar hacer reformas mediante medios políticos.

El caso de la regulación de la pesca

Aparte de las dinámicas de poder dentro de su propio partido el presidente argentino tendrá que lidiar con fuerzas aliadas pero de otros partidos que, si bien no han ganado las elecciones, sí que cuentan con apoyos en el Congreso y el Senado. Tienen, así mismo, gobernadores y alcaldes con apoyos territoriales. Aquí las cesiones ya tendrán que ser de otra índole. Aunque contrarios al peronismo hasta ahora imperante, no están imbuidos de su visión libertaria de mercado. Son una versión menos radical y más sensata del modelo económicos peronista.

Un debate que surgió recientemente en Galicia acerca de las nuevas políticas pesqueras propuestas por el nuevo gobierno lo pueden ilustrar bien. Sintetizando, Javier Milei en su decreto omnibus propone subastar los derechos de pesca al mejor postor y abandonar la política de preferencia nacional en la pesca  hasta ahora imperante. Esta política consistía en deducciones fiscales en los impuestos a la exportación a las industrias que transformasen el producto de la pesca en el territorio argentino. También se basa en la prohibición de capturas a empresas que no estuviesen radicadas allí. Muchas multinacionales de la pesca, varias de ellas gallegas, aceptaron el marco regulatorio, constituyeron sociedades en Argentina y establecieron plantas de procesado en el litoral.

Los intereses filtrados en los partidos

El nuevo marco regulatorio y fiscal las afecta negativamente. Ven cómo sus inversiones en plantas de procesado pueden quedar sin valor. Al tiempo, los sindicatos de tripulantes argentinos ven cómo su preferencia nacional también se esfuma. Quedarán sometidos a la competencia con tripulaciones de otros países, muy probablmente asiáticas. Estos actores hicieron presión sobre los gobernadores de las provincias, varios de los cuales pertenecen al partido de Macri y Bullrich. Y éstos se negaron a apoyar el decreto de Javier Milei. Además, anunciaron acciones parlamentarias contra el mismo.

En el momento de escribir esto no se sabe aún como terminará el conflicto, pero sólo es un ejemplo de lo difícil que es desmantelar un marco de regulaciones  que tiene beneficiarios bien organizados  políticamente y concentrados territorialmente (lo que facilita su actuación concertada) y es prueba de lo que muchas veces hemos expuesto de anarquía dentro del propio gobierno y de la coalición dominante. Es muy probable que el conflicto de la pesca no sea el único y podría extenderse perfectamente a otros sectores regulados.

Por supuesto además de las disputas de poder internas a la coalición de gobierno habría que contar con los conflictos con los actores políticos de la oposición, principalmente el hoy desnortado peronismo, y sus organizaciones afines, sean sindicatos o organizaciones sociales, lo mismo que con los otros actores del aparato estatal. Pero esto lo dejaremos para un artículo futuro en el que ya podamos ir comprobando los efectos de las medidas del nuevo presidente, al que deseamos suerte y veremos si triunfa la ética de la convicción o la de la responsabilidad, por seguir la vieja distinción de Max Weber.

Ver también

Rodos moros o todos cristianos. (Cristóbal Matarán).

Javier Milei: la negociación y la persuasión median con el éxito. (George Youkhadar)

Los cien días de Milei (Cristóbal Matarán).

Las corridas de toros y el futuro de Argentina. (Santiago Dussan).

Las ideas importan, y mucho. (Mateo Rosales).

La hora de la verdad de Javier Milei. (Mateo Rosales).

Victoria de Milei: lo que puede aprender España. (Benjamín Santamaría).

Maradona, el asado y la libertad. (Alfredo Reguera).

Javier Milei, un libertario camino de ser presidente de Argentina. (Santiago Dussan).

Javier Milei y la bandera de libertad. (Mateo Rosales).

¿Es Milei el milagro económico que necesita Argentina? (Fernando Vicente).

Milei, la opción liberal. (Mateo Rosales).

Las trampas del Fisco

Los avances tecnológicos y el proceso de digitalización e interconexión en el que nos hallamos inmersos los seres humanos en estos prolegómenos del siglo XXI, presentan tantas oportunidades como amenazas para la libertad, dado que los mecanismos totalitarios de control estatal o supraestatal pueden reforzarse con las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

No está de más recordar que la vapuleada Constitución española de 1978, previó limitar por Ley del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos (Art. 18.4 CE).

A pesar de esa prevención constitucional, gobiernos de distinto signo se precipitaron por una pendiente de invasión de los derechos y libertades en sus políticas públicas, so capa de mejorar la gestión de los tributos y “la lucha contra el fraude fiscal” apelando a argumentos tramposos. El cinismo más descarnado alcanza sus cotas más altas con el ejecutivo actual, empero.

Observemos, por ejemplo, el caso de la imposición de la obligación general de presentación de las declaraciones anuales del IRPF exclusivamente por medios telemáticos, arteramente derivada del inicial reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas mediante esos medios.

Pedro Sánchez al rescate de la arbitrariedad

El pasado verano el Tribunal Supremo puso coto parcialmente a esta arbitrariedad[1]. Sin embargo, un gobierno celebérrimo por legislar de forma anticonstitucional mediante el recurso sistemático al Decreto Ley, se descolgó con la incrustación en el penúltimo del año pasado[2] de una reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que pretende reintroducir la obligación general de presentar las declaraciones anuales de ese impuesto por vía electrónica, “siempre que la Administración tributaria asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para el cumplimiento de la obligación“.

Esta coletilla final deja otra vez al albur de un desarrollo reglamentario el cumplimiento de lo que se enuncia como obligación general. La imposibilidad de asegurar los medios para ayudar a todos los contribuyentes a presentar sus declaraciones de IRPF durante la correspondiente campaña del impuesto, anticipa toda suerte de arbitrariedades en el ámbito de las infracciones que puedan cometerse. Obsérvese, por otro lado, cómo este enésimo ejemplo de legislación supersónica[3] desprecia ab initio la idea de elaborar normas generales y universales. Antes al contrario, supedita su aplicación a una imprevisible prestación de la Administración a cada uno de los contribuyentes.

 En cualquier caso, dos argumentos de inconstitucionalidad invalidan esta disposición, tal como se ha promovido por el gobierno. El primero es de fondo. Esa obligación general constituye una injerencia desaforada en la libertad de los ciudadanos (art. 17 CE) aunque se establezca mediante una ley que fije principios tributarios. En segundo lugar, regular por decreto ley una materia de esta naturaleza no está justificada en una extraordinaria y urgente necesidad ( Art. 86.1 CE ). Menos aun cuando el Tribunal Supremo ha subrayado la ilegalidad de derivar una obligación de lo que inicialmente se enuncia como derecho o una opción para el contribuyente.

Obligación de compartir al Fisco en tiempo real las facturas  

Ahora bien, nada de lo ensayado hasta ahora puede compararse con el sistema distópico de control fiscal en ciernes. Un sistema encubierto con un primer uso voluntario de “sistemas informáticos” compatibles con la remisión de facturas electrónicas al Fisco, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es cierto que, desde el año 2012 las empresas que facturen más de 6.010.121,04 de euros al año, las cuales deben, asimismo, presentar autoliquidaciones del IVA mensuales[4], están obligadas a incorporarse al Suministro de Información Inmediata (SII) para fiscalizar los libros de registro del IVA. Es decir, a un sistema de llevanza de libros de registro de facturación, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria que supone la comunicación en un tiempo casi real para las empresas escrutadas. Por debajo del nivel de facturación indicado, el resto de empresas quedan facultadas para recurrir a ese sistema para compartir sus facturas.

La novedad, pues, consiste en forzar a todas las personas que ejerzan una actividad económica a compartir en tiempo real sus facturas con el Fisco. La incorporación al primero excusa de la obligación al segundo, de manera que, si se cumplen los planes gubernamentales, ambos sistemas coexistirán.

Espacio virtual de delaciones

A partir de una previsión del art. 29.2 j) de la Ley General Tributaria, en los términos dados por la Ley 11/2021, de 9 de julio, y de la aprobación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre. Por esa vía se aprueba un Reglamento de requisitos técnicos de los sistemas y programas informáticos. Y, así, se está preparando ilegalmente el terreno para imponer una nueva obligación a todos los contribuyentes. Y no solo eso. También los cimientos de un espacio virtual de delaciones y discordias entre empresarios y consumidores donde el Fisco se ampliará de facto su competencia de inspección, a ser juez y beneficiario de las denuncias entrecruzadas[5].

Conviene recordar que la mencionada previsión legal se limita a prescribir que los productores, comercializadores y usuarios de los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.

Pese a esa desconexión con el precepto legal que invoca, los artículos 15, 16 y 17 del reglamento “técnico”, establecen la posibilidad (que se puede entender como derecho ) de remisión de los registros de facturación generados a la Administración tributaria, siempre que utilicen sistemas informáticos compatibles; su consideración como sistemas de emisión de facturas verificables y la posibilidad de proporcionar “determinada información” al Fisco por parte del receptor de la factura, bien sea empresario, o bien consumidor final.

Verifactu

No obstante esta falta de cobertura legal, el portal de la AEAT anuncia, para antes del 1 de julio de 2025, la obligación de adaptarse de todos los empresarios o profesionales para remitir electrónicamente los registros de facturación a la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el momento de su producción.

Si el paulatino despliegue del plan se lleva a cabo, los contribuyentes se verán obligados, además, a adquirir costosos sistemas y programas informáticos o electrónicos, aptos para interconectarse con los equivalentes de clientes y proveedores y las administraciones públicas. Y, en especial, a remitir a Hacienda facturas electrónicas creadas, como se ha indicado, para impedir su alteración, su trazabilidad y la interdicción del llamado software de supresión y manipulación de ventas. Verifactu en la lamentable terminología publicitaria del gobierno para expresar el concepto de factura verificable en la sede electrónica de la AEAT.

Intromisión del Fisco en la libertad de las personas

Ante tanta manipulación, concluyamos que una cosa es que la adopción del formato electrónico para las facturas sea una práctica recomendable en las relaciones mercantiles y comerciales actuales. Puede ser, incluso, conveniente, aunque no necesario, que los poderes públicos insten a los productores de los sistemas informáticos o electrónicos de contabilidad, facturación o gestión a garantizar su integridad. Y que exija determinadas precauciones para evitar la manipulación de su contenido. Asimismo, que una Administración al servicio de los ciudadanos facilite las comunicaciones y el envío de documentos electrónicos (entre otros de las facturas) a sus distintas instancias, incluido el Fisco.

Pero otra cosa muy distinta es la imposición de la obligación de enviar a la sede electrónica de la AEAT las facturas y registros contables por parte de todas las personas físicas y jurídicas que desempeñen actividades económicas. Se llame SII o Verifactu. Supone una intromisión intolerable en la libertad de las personas, sometidas a un régimen de sospecha y coacción permanente por parte de Hacienda.

Ahora bien, convertir la sede electrónica del Fisco (después de su ensayo, curiosamente, en las haciendas forales vascas) en un espacio virtual para que el Fisco señoree y aproveche el campo de Agramante de denuncias cruzadas entre emisores y receptores de facturas, bien sean empresarios o consumidores, significa imponer un régimen de terror fiscal propio de un estado totalitario.  


Notas

[1] Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2023, que, estimando el recurso de casación de la Asociación Española de Asesores Fiscales [“AEDAF”] contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional, anuló los artículos 9.1, 15.1 y 4, así como de la disposición final primera, apartado 1, de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, en cuanto que imponían la obligación de presentar la declaración anual del IRPF por medios electrónicos a todos los sujetos pasivos del impuesto.

Esto está en contra del principio general tributario fijado en el artículo 96.2 de la Ley General Tributaria. Éste reconoce el derecho de los ciudadanos, que no obligación, a utilizar los medios electrónicos. Y el deber de la Administración de promover su utilización. También reconoce la interpretación de las condiciones de la habilitación reglamentaria encomendada al Ministro de Hacienda por los arts. 98.4 LGT y 96.5 LIRPF, en relación al art. 14.3 Ley de Procedimiento Administrativo Común. Id Centro documentación judicial: 28079130022023100235.

[2] Concretamente la Disposición final 2ª del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. Por medio de ella se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. También se palían los efectos de la sequía. En esta degeneración absoluta del proceso legislativo que impulsa el gobierno actual para conducir a un régimen autoritario, nos encontramos con la corrupción máxima.

Durante cierto tiempo, a finales de año, otros gobiernos anteriores, que, inexplicablemente desde una perspectiva jurídica, no toparon con las declaraciones fulminantes de inconstitucionalidad del TC que habrían correspondido, proponían “leyes ómnibus” o “de acompañamiento de la ley de presupuestos” para retocar toda la legislación que les apetecía. Al menos los trámites legislativos ordinarios permitían una revisión parlamentaria por parte de ambas cámaras. El gobierno actual ha ascendido en la escala de iniquidad. Ha dado forma de decreto ley a todos sus caprichos legislativos, sin ningún tipo de extraordinaria y urgente necesidad que lo justifique. Las Cortes Generales se limitan a convalidar lo que cocinan fuera el gobierno y sus socios.

[3] Por la velocidad y los visos que va tomando ya es mucho más que motorizada. https://ijmpre2.katarsisdigital.com/ijm-actualidad/analisis-diario/el-positivismo-juridico-y-la-tirania-ii/

[4] Art. 62.6 y 71.3.5º del Reglamento del IVA.

[5] Creo también que los creadores de esta cámara virtual de los horrores saben perfectamente que implementar un sistema de este tipo requerirá multiplicar las plantillas de servidores públicos encargados de tramitar la previsible marabunta de expedientes tributarios motivados por las remisiones de facturas por parte  de los consumidores. El riesgo moral para éstos de obtener una ventaja en sus relaciones comerciales privadas  e, incluso, extorsionar a los empresarios parece evidente. 

El espectro del estancamiento brezhneviano

Leonid Brézhnev gobernó la Unión Soviética durante casi dos décadas, entre 1964 y 1982. Probablemente, fueron las dos mejores décadas de la Unión Soviética y del campo socialista en general. La paz interna, la prosperidad y la estabilidad caracterizaron este periodo. El elevado crecimiento económico y la abundancia, cada vez mayor, de productos de consumo permitieron, por fin, sentir también las ventajas del bienestar a los ciudadanos. Parecía que la Unión Soviética había enterrado con éxito los salvajes años estalinistas y las caóticas reformas de la era de Jruschov.

La estabilidad interna vino acompañada de éxitos en política exterior. Vietnam del Norte, apoyada por los soviéticos, resistió a la maquinaria bélica estadounidense y se anexionó también el sur. Aumentó la influencia soviética en África y las tropas cubanas ayudaron al régimen poscolonial de Angola. La izquierda se hizo cada vez más fuerte en América Latina y consiguió hacerse con el poder en varios países. La literatura académica y la maquinaria propagandística soviética anunciaban que la Unión Soviética había llegado a la etapa del “socialismo desarrollado”, una nueva cima de la fase de desarrollo: humanismo socialista, estabilidad y seguridad, y creciente bienestar.

“La era del estancamiento brezhneviano”

Sin embargo, en menos de dos décadas tras la muerte de Brézhnev, esta era fue acuñada por Gorbachov como la “era del estancamiento brezhneviano”. Lo que en apariencia había sido un éxito, se había convertido en poco tiempo en un fracaso que socavaba la viabilidad del modelo soviético. El factor clave del cambio de percepción de la era Brézhnev es la cuestión de las llamadas reformas del sistema soviético-socialista.

Para comprender este proceso, hay que volver la vista atrás. Lenin fue el heredero del punto de vista más radical de Marx. El Estado y la Revolución, escrito en 1917 muestra la materialización de los sueños utópicos radicales de Marx. Lenin pretendía establecer un sistema económico completamente centralizado y estatal. Tras el colapso del régimen zarista, logró dar un golpe de Estado y terminó con el gobierno socialdemócrata-liberal moderado. La dictadura leninista se embarcó inmediatamente en la creación del Estado comunista.

Lenin no sólo era un visionario, sino un astuto político real. Y, pronto, se dio cuenta de que era imposible instaurar el comunismo total. Inició modestas reformas orientadas al mercado para permitir el funcionamiento de los mercados en la agricultura y evitar al menos el hambre inmediata y la amenaza de revueltas en contra de la dictadura. Estas reformas fueron abolidas por Stalin en 1928. La campaña de colectivización de la agricultura fue el inicio de una era de terror cuyo objetivo era forzar la industrialización del país.

Jrushchov / Brézhnev

Tras la muerte de Stalin, la era de Jrushchov se caracterizó por introducir tímidas reformas que se acercaran a la economía de mercado con el fin de aliviar el nivel extremo de escasez y tener un nivel mínimo de mejores niveles de vida. Además, se esperaba que estas reformas crearan incentivos locales a nivel de empresa para producir de forma más eficiente y prestar más atención a las necesidades de los clientes.

Cuando Brézhnev llegó al poder, al principio permitió la continuación de las reformas en los estados satélites, sobre todo en Checoslovaquia y Hungría. Sin embargo, la Primavera de Praga de 1968 asustó al régimen. Se dieron cuenta de que incluso un mínimo de reformas creaba un espacio para el pensamiento y las aspiraciones alternativas. Brézhnev, tras aplastar la Primavera de Praga, detuvo todas las reformas y devolvió la planificación estatal bien controlada.

Cambios en China y Occidente

Al mismo tiempo, cuando Brézhnev congeló el sistema soviético, se produjeron dos cambios monumentales en el mundo exterior. Tras la muerte de Mao, China inició una reforma hacia la mercantilización. Las primeras reformas orientadas al mercado se aplicaron en la agricultura, siguiendo el modelo de la NEP de Lenin y las reformas húngaras de comunismo gulash. Pero pronto, la apertura se extendió a la industria y el comercio, y permitió la inversión extranjera directa. Gracias a estas reformas orientadas al mercado, comenzó el meteórico ascenso de China y el rápido aumento del nivel de vida del pueblo chino.

Por otra parte, en Occidente, bajo el liderazgo de Reagan y Thatcher, comenzó la era de las llamadas reformas “neoliberales“, orientadas a dinamizar las economías americanas y europeas aletargadas y en crisis. Las reformas neoliberales buscaban más competencia, posibilidades de renovación empresarial y menos intervencionismo y planificación estatal. Las reformas ayudaron a lanzar un nuevo periodo de crecimiento e iniciaron la transición a nuestro mundo moderno, dominado por los ordenadores, los teléfonos móviles e Internet.

Cuando Gorbachov llegó al poder, en 1985, la Unión Soviética era un monstruo anticuado, pobre y corroído, irremediablemente estancado bajo las garras de la oligarquía del partido y la burocracia estatal que se resistía a cualquier intento de reforma que amenazara su posición de élite. El resto es conocido. Gorbachov intentó copiar las reformas chinas orientadas al mercado, pero la oligarquía se opuso a cualquier reforma. Tratando de romper la posición de poder de los poderosos burócratas, Gorbachov destruyó el Estado soviético y aceleró el colapso del socialismo.

Vivimos un estancamiento brezhneviano

¿Por qué esta historia es importante para nosotros? Porque, a mi parecer, en la actualidad estamos viviendo un periodo parecido al estancamiento de Brezhnev. Me explico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa cambió su sistema económico. Abandonó el modelo del siglo XIX de capitalismo competitivo y el modelo de un pequeño Estado no intervencionista. Se embarcó en la creación de una economía mixta, en la que el Estado participa en la dirección de los procesos económicos y equilibra los mercados con un fuerte intervencionismo estatal y medidas del Estado del bienestar.

Este modelo entró en crisis a principios de los setenta. Los años de estanflación exigieron un nuevo enfoque. La reforma neoliberal pretendía dinamizar las economías excesivamente reguladas y dominadas por la intervención estatal que causaba un callejón sin salida con alto nivel del desempleo y inflación. Las reformas de mercado permitieron un nuevo periodo de crecimiento dinámico. Las reformas neoliberales tuvieron tanto éxito que el programa de reformas fue adoptado por los partidos de izquierda moderada y socialdemócratas. El programa de “tercera vía” fue adoptado por líderes históricos como Clinton, Blair, Schröder, Mitterand y Felipe González.

El ejemplo paradigmático de la nueva era fue Suecia en Europa. Suecia entró en una grave crisis a principios de los noventa como consecuencia de las políticas de los socialdemócratas que pretendían sobrepasar el capitalismo. Tras la crisis, surgió un nuevo modelo sueco que, por un lado, creó uno de los mercados más competitivos y, por otro, reformó el monolítico Estado del bienestar para convertirlo en una agencia competitiva que utilizaba métodos de mercado. La doble reforma no sólo permitió superar la crisis e iniciar un nuevo periodo de crecimiento, sino también mantener el Estado del bienestar.

El giro tras la crisis de 2008

Por desgracia, la crisis de 2008 causó un giro político equivocado. Se culpó a las reformas desenfrenadas y neoliberales de la crisis, mientras que la crisis hipotecaria de Estados Unidos, causa clave de la crisis, fue consecuencia de las políticas populistas en materia de vivienda iniciadas y aplicadas por la Administración Bush.

El giro político equivocado condujo al abandono gradual de las reformas orientadas al mercado, al retorno a una creciente regulación estatal y a una campaña de culpabilización contra los mercados. Por esta razón, existe una presión cada vez más fuerte para volver a los años dorados de la reconstrucción de posguerra, dominados y guiados por el Estado, a expensas de los mercados.

Estamos en una era de estancamiento conservador a lo Brézhnev. El nivel de vida es extremadamente alto, en comparación con el pasado o con el resto del mundo. Hay un Estado del bienestar general que se preocupa por nosotros. Gozamos de una estabilidad y seguridad sin parangón en la vida cotidiana, sobre todo, en comparación con épocas anteriores.  Sin embargo, el crecimiento económico se estanca y la falta de dinamismo y crecimiento se compensa con un endeudamiento creciente.  Hoy está todo bien. Mi temor es qué va en un futuro próximo. Especialmente, porque Europa se enfrenta a la competencia sin parangón de las nuevas superpotencias económicas, como China y los países del Este asiático.

Un declive lento y (casi) inevitable

Es prácticamente seguro que no vamos a asistir a un colapso al estilo soviético. La economía mixta europea, incluso en su forma actual, es mucho más competitiva y dinámica que la economía soviética, completamente estatal. Las burocracias estatales son poderosas, pero su poder es menor que en la Unión Soviética. Además, el sistema político democrático es legítimo y ofrece posibilidades de cambio. El verdadero peligro es el fantasma de Argentina. El continuo encubrimiento de la falta de una economía dinámica y competitiva causada por el endeudamiento desorbitado. El espectro es el declive lento y gradual a largo plazo.

Tenemos el modelo exitoso de los mercados competitivos y el poder para detener y cambiar la trayectoria actual. Necesitamos menos regulación y más mercado para facilitar una vida económica dinámica impulsada por la iniciativa empresarial y un nuevo periodo de crecimiento. Este es el camino para acabar con el estancamiento, el desempleo crónico y la pobreza.

Ver también

Socialismo: la economía del desabastecimiento. (Jon Aldekoa).

La trampa marxista: la imposibilidad del socialismo y la falacia histórica de la izquierda. (Andras Toth).

1917, la revolución económica. (José Carlos Rodríguez).

La deshumanización de las masas

En 1729, Jonathan Swift, el padrastro del viajero Gulliver de nuestra infancia, escribió un ensayo satírico en el que proponía, para resolver el problema social y económico de los campesinos irlandeses, que estos, incapaces de alimentar a sus hijos, los vendiesen a los terratenientes como parte de su dieta, solucionando, así, un problema social. Si bien muchos reprobaron el ensayo por su mal gusto, otros vieron en él una crítica, entre otras, a la deshumanización con que unas clases sociales trataban a otras. También a la forma en la que muchos elaboraban sus teorías a partir de desapasionados y fríos cálculos estadísticos. En ellos, los individuos, en este caso los pobres, se reducían a números.

Era una broma

No deja de llamar la atención la de hijos putativos que le están saliendo a Swift casi trescientos años después. Desde el “Eat Your Young” de Hozier, hasta el “The British Miracle Meat” presentado por Gregg Wallace, pasando por el “plato de embrión” de Aduriz, o la propuesta, para la noche de Reyes, de Maria Nicolao, “¿Por qué no nos comemos a los niños?”, en un artículo aparecido en El País el 5 de enero. El artículo se inspira, a lo que parece, en “¿Y si nos replanteamos el canibalismo?” de Pijuan, así como en un artículo de 2017 en el que se describe el valor calorífico de la carne humana del paleolítico (un artículo que puede verse en Nature y que es de libre acceso). Y dice: “La medida acabaría de raíz con la ingesta de azúcar”.

Lo llamativo no es ya sólo que, en una sociedad como la actual, en la que superabunda la información, la gente trate de utilizar imágenes cada vez más desconcertantes para captar la atención del público (eso ya, por desgracia, ni nos extraña). Lo llamativo es la nimiedad, la futilidad de los motivos que aparentemente justifican la utilización de reclamos tan llamativos, de tan mal gusto y que atentan directamente contra la propia dignidad del ser humano. Ante ellos, sin embargo, permanecemos, a lo que parece, insensibles. (“Comámonos a los niños para reducir la ingesta de azúcar en Navidad”).

Banalidades

En su libro Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt acuñó la frase “banalidad del mal” para referirse al mal producido por individuos que ni siquiera buscan ese mal, sino que se limitan a actuar dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin preocuparse realmente por las consecuencias de sus actos, limitándose, tan sólo, a cumplir las órdenes que reciben (si son legales, se pueden hacer sin mayor problema, sin plantearse nada más, que diría un positivista jurídico).

En esta sociedad postmoderna en la que vivimos, le estamos dando una vuelta de tuerca a ese tipo de “banalidad” a la que se refería Arendt. Ya no es que la existencia de una orden de la autoridad blanquee cualquier tipo de actuación. Es que el bombardeo constante de imágenes aberrantes (canciones, chistes, películas, noticias, videoclips) están insensibilizándonos. Hay una deshumanización a unos niveles realmente llamativos. No ya respecto de acciones contra los enemigos, sino contra cualquiera.

Swift utilizó la idea, de pésimo gusto, del infanticidio para denunciar un grave problema social de su tiempo. Trescientos años después utilizamos la misma idea para denunciar la gran cantidad de azúcar que ingerimos la noche de reyes. En la época de Swift muchos se manifestaron en contra del mal gusto del autor del panfleto mencionado, que apareció como anónimo (algunos, quizás, porque se sintieron atacados con la crítica), hoy parece que a nadie le ha llamado la atención un artículo como el de El País de la noche de reyes.

Libertad, pero responsabilidad

A partir de los planteamientos de Joseph Overton, hay autores, como Joshua Treviño, que postulan una serie de pasos para que una política pública alcance legitimidad (pasando de impensable, a radical, aceptable, sensata, popular y, finalmente, política). Me llamarán loco, pero vamos hacia donde vamos. Que seamos libres no significa que no seamos moralmente responsables al permitirnos a nosotros mismos ver, leer u oír lo que vemos, leemos u oímos… o al decir lo que sea que digamos, aunque sea legal.

Deshumanizarnos o deshumanizar a quienes nos rodean es un mal moral que nos aleja del ideal humano y nos acerca al bruto, esté o no recogido en el Código penal. Y por muy endiosados que nos sintamos, creer que la recepción machacona de todos esos planteamientos aberrantes no nos insensibiliza es ser no ya ingenuos, sino estúpidos.

Se me dirá que yo estoy contribuyendo a todo ello al recordarlo con este artículo. Puede ser. No crean que no me lo he planteado.

Ver también

El efecto humanizador de los mercados. (Santiago Calvo).

Los pobres y Loach. (Carlos Rodríguez Braun).

Hombre-masa y hemiplejia moral. (Álvaro Martín).

Por qué es importante defender el individualismo

La minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías.

Ayn Rand

Esta cita de la filósofa Ayn Rand define a la perfección la doctrina individualista y se convierte en toda una referencia a la sociedad actual en la que nos encontramos, donde parece que hemos sustituido la democracia liberal (obviando que los derechos actúan de forma particular) por una oclocracia (gobierno de la muchedumbre, tiranía de la mayoría).

El individualismo se basa en la autoridad sobre las propias acciones, asumiendo que sólo uno mismo debe hacerse responsable de sus actos. El individualismo considera a cada persona como una entidad independiente y soberana que posee un derecho inalienable a su propia vida, un derecho derivado de su naturaleza como ser racional. Sostiene que una sociedad civilizada, o cualquier otra forma de asociación, cooperación o coexistencia pacífica entre los individuos, solo puede lograrse sobre la base del reconocimiento de los derechos individuales, y que un grupo, como tal, no tiene ningún derecho, sino los derechos individuales de cada uno de sus miembros.

Colectivismo

Lo contrario a una mente individual es un cerebro colectivo. El colectivismo en sus diferentes formas abunda a lo largo y ancho del mundo, ya sea en forma de populismo, socialismo o nacionalismo, cualquier estatismo o combinaciones de ellas, el individualismo se ha visto relegado a un segundo plano.

El colectivismo domina y reduce a un grupo de personas (da igual si es a una raza, clase o Estado) sosteniendo que el hombre debe de estar encadenado a la acción grupal y al pensamiento único con la excusa de que existe un bien común para toda la sociedad. Como consecuencia, el colectivismo es una herramienta para eximir de responsabilidades. Es un mecanismo para externalizar la culpa y halagar al presunto oprimido. Lo libera de cualquier deber personal, de cualquier compromiso personal ajeno al colectivo: toda responsabilidad se reduce a ponerse a las órdenes de quien manda.

El colectivismo sostiene que, en los asuntos personales (la sociedad, la comunidad, la nación, el proletariado, la raza, etc.) es la unidad de realidad y el estándar de valor. Desde esta perspectiva, el individuo sólo forma parte del grupo, y tiene valor en la medida que le sirve al grupo. Sostiene, así mismo, que el individuo no tiene derechos, que su vida y su trabajo le pertenecen a la tribu y la tribu puede sacrificarlo a su antojo para sus propios intereses.

En la práctica

Las consecuencias del colectivismo han sido devastadoras, especialmente durante el siglo XX donde podemos encontrar sucesos desagradables como: genocidios, hambrunas, represiones y delitos de lesa humanidad. Fascismo, nazismo y comunismo, no fueron cosas opuestas. Fueron bandas rivales luchando por el mismo territorio. Dichas variantes colectivistas se basaban en el principio de que el hombre es un esclavo del Estado, sin derechos algunos. La filosofía de estas tres variantes dio una visión del hombre como un incompetente congénito, una criatura impotente, sin mente, sin motivaciones. Hombres que debían dejarse engañar y ser gobernados por una élite especial que alega algún tipo de sabiduría superior.

El colectivismo no predica el sacrificio como un medio temporal para alcanzar algún tipo de objetivo deseable. Es la independencia del hombre, el éxito, la prosperidad y la felicidad lo que los colectivistas quieren destruir. Los partidarios de esta doctrina están motivados, no por un deseo de felicidad para los hombres, sino por el odio contra el hombre, el odio contra lo bueno por ser bueno y el foco de ese odio, el blanco de su furia apasionada, es el hombre de habilidad.

La principal consecuencia del colectivismo es que quienes lo aceptan plena y consistentemente son incapaces de tener un yo. En la medida en que una persona abandona su mente a los demás, abandona sus medios de decidir qué valor y qué hacer. Por esto mismo, este ensayo es un alegato claro al individualismo, a los derechos individuales, al libre mercado y a la propiedad privada, es decir, una defensa a la libertad.

El trabajo de personas independientes

La libertad se basa en el hecho de que el hombre es un ser productivo. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Por ello, es un atributo del individuo que no puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. Otro hombre no puede arrebatársela.

El protagonista de la novela El manantial argumentó así ante el tribunal de defensa sus derechos inalienables:

Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre: lo individual contra lo colectivo.

En definitiva, el colectivismo es incompatible con una comunidad democrática. Nacemos libres e iguales, a pesar del empeño de sanguinarios y sibilinos, nuevos y viejos, por impedirlo. Es importante enseñar los valores occidentales de la Ilustración y el peligro de las políticas identitarias, para no caer en las trampas colectivistas, presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Hay que afirmar y pelear por la libertad: un liberalismo que ha de ser beligerante o no será.

Ver también

Individualismo, payeses y Josep Pla. (Antonio Nogueira).

Todos moros o todos cristianos

Tras su primer mes en el cargo, la presidencia de Javier Milei ha entrado en la batalla política por la consecución de las reformas que Argentina necesita como el comer, nunca mejor dicho. Superada la luna de miel, podría decirse, que supone la investidura y los primeros días en el cargo, el gobierno de coalición entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio ha tenido que remangarse y empezar, de verdad, a poner sobre la mesa el cambio en la estructura productiva que necesita el país. Para ello, el gobierno de Milei presentó el pasado 20 de diciembre un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual acometía la primera parte reformista, tienen que venir más, del Estado. Entre otras medidas, se contempla la privatización de empresas estatales, como YPF y Aerolíneas Argentinas, así como el cierre de organismos tales como el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y la eliminación de impuestos como el de Góndolas.

Echar sal en la herida de los intereses creados

Las reacciones no se hicieron esperar lo más mínimo. No había terminado Milei su discurso ante la nación anunciando las medidas cuando ya se convocaron manifestaciones por parte de la oposición y los sindicatos. De hecho, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha suspendido cautelarmente la aplicación del decreto al no apreciar las dos condiciones que la legislación nacional impone: necesidad y urgencia. Pues bien, mientras esta situación se resuelve, hemos sabido que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa han dejado el país con la nada desdeñable cifra de un 211,4% de inflación interanual, un 25,5% sólo en el mes de diciembre.

La justicia argentina, por tanto, no considera que la peor situación económica del país en un siglo sea suficiente motivo para emprender acciones legislativas directas. En su lugar, puede que Milei se vea abocado a un interminable trámite parlamentario, algo desesperante en un país como Argentina, lleno de gente a la que apenas le gusta enzarzarse en enfrentamientos dialécticos.

Revertir la situación y mover la ventana de Overton

Entre los liberales de este lado del Atlántico ha causado bastante debate sobre si es lícito que Milei emprenda una reforma legislativa de tanto calado por la puerta de atrás, sin llevar a cabo los trámites parlamentarios ordinariamente necesarios para ello. Pues bien, cabe recordar que esta misma herramienta fue impuesta por los gobiernos peronistas para, entre otras cosas, estatalizar YPF (luego le ha costado al Estado argentino una condena de 16.000 millones, cuando dijeron que iba a costar 5.000), imponer un arresto domiciliario (mientras CFK se iba de vacaciones en el avión oficial habiendo prohibido los viajes) o la creación de impuestos u organismos absolutamente inútiles.

Por tanto, a Milei no le debemos únicamente la cuestión de desregular la economía, sino la forma en la que lo está haciendo. Milei nos ha enseñado a equilibrar el tablero, a traer la ventana de Overton de nuevo a una posición más equitativa. Si los peronistas utilizaron el DNU para hacer crecer el Estado, es totalmente legítima, inclusive moralmente necesario, utilizar el mismo sistema para revertir la situación. No hay que tener miedo a jugar en el campo que ellos ensancharon.

Pedro Sánchez, campeón

En España, por nuestra parte, existe un mecanismo parecido: el real decreto ley. En casos de “extrema y urgente necesidad”, el ejecutivo puede tomar las funciones del legislativo y regular ciertas situaciones excepcionales. Ahora bien, el problema es que el Tribunal Constitucional, posiblemente el organismo más politizado ahora mismo de todo el Estado, ha ido permitiendo paulatinamente que por “extrema y urgente necesidad” se haya ido colando todo. La última ha sido un real decreto de medidas urgentes de 187 páginas y con algunas medias que no entran en vigor hasta centro de cinco meses.

El gobierno de Sánchez ostenta el récord absoluto: en su primera legislatura, de apenas unos meses, se fue a veinticinco. Pero eso no ha sido nada con la legislatura pasada que acabamos de superar: ciento veinticinco, récord absoluto. De esta forma, el ejecutivo usurpa las legítimas funciones del legislativo, manda a tomar viento fresco la separación de poderes y, lo que es peor, se convierte en una herramienta de chantaje político.

Por ello, si algo hay que pedirles a futuros gobiernos españoles es que no les tiemble la mano para utilizar la misma herramienta para devolver a la ciudadanía el poder que, a través de los reales decretos, se nos ha ido quitando. Ya lo dice el viejo proverbio castellano: todos moros o todos cristianos.

Ver también

Javier Milei: la persuasión y la negociación median con el éxito. (George Youkhadar).

Los cien días de Milei (Cristóbal Matarán).

Las corridas de toros y el futuro de Argentina. (Santiago Dussan).

Las ideas importan, y mucho. (Mateo Rosales).

La hora de la verdad de Javier Milei. (Mateo Rosales).

Victoria de Milei: lo que puede aprender España. (Benjamín Santamaría).

Maradona, el asado y la libertad. (Alfredo Reguera).

Javier Milei, un libertario camino de ser presidente de Argentina. (Santiago Dussan).

Javier Milei y la bandera de libertad. (Mateo Rosales).

¿Es Milei el milagro económico que necesita Argentina? (Fernando Vicente).

Milei, la opción liberal. (Mateo Rosales).

Las guerras no son religiosas

Las guerras religiosas en el fondo son políticas y la política en el fondo es religiosa.

El Estado a menudo se compara con una banda criminal tanto en su definición como en su conducta. Los grupos criminales establecen relaciones mutuas por conveniencia y en el caso de los Estados, la legitimidad es un factor crucial. Un Estado adquiere su estatus principalmente porque otros Estados lo reconocen y validan. Esta legitimidad internacional casi automáticamente se traduce en legitimidad ante la población que está bajo su control.

La clase gobernante es consciente de que su narrativa de legitimidad se sustenta en su red de colaboración entre Estados. Los gobernantes se ven a sí mismos como iguales y se temen mutuamente. Las verdaderas amenazas para un gobierno provienen de grupos armados bien organizados o de otros gobiernos, que en esencia son otros tipos de organizaciones armadas. Esto se refleja en el derecho internacional, que es único en su flexibilidad y disposición para la negociación. Mientras que ciertas acciones están prohibidas para los ciudadanos dentro de un territorio, si un gobierno las lleva a cabo en otro territorio, la aceptabilidad por parte de la comunidad internacional de esas acciones depende de su posición geopolítica.

Los Estados se atacan a los pies

A nivel internacional los políticos se apoyan mutuamente, es cierto que se espían, se critican, se traicionan, pero también se perdonan, se dan asilo, se venden armas (para la defensa interna y externa), se reconcilian y se reconocen mutuamente. Cuando las mafias se enfrentan y su objetivo no es acabar por completa la una con la otra, no suelen atacarse a la cabeza porque eso escalaría el conflicto muy rápidamente. Así como cuando las bandas criminales se enfrentan y dejan 100 muertos, entre los que no se ubica ningún cabecilla de la organización, así se enfrentan los Estados, matando civiles de lado y lado y evitando orientar sus recursos o estrategias a atacar a los líderes principales con drones u otro tipo de artefactos.

Es bien sabido que los sistemas centralizados no se dominan hasta que no se tenga dominio de su líder o su centro de comando, pero la gran mayoría de las guerras, los líderes, ni siquiera se intenta atacar directamente. La guerra suele ser un campo de negociación, no un duelo a muerte entre político. Solo en situaciones donde el objetivo es la conquista, y no la presión política, se ven ataques directos entre líderes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, incluso mientras sus tropas están en combate, los líderes de facciones enemigas suelen mantener relaciones diplomáticas y encuentros formales.

A nivel estatal los motivos no son religiosos

La clase política, si se enfrenta entre sí, por diversas razones tienen luchas de poder, pero no lo hacen por motivos religiosos. Esto lo creo por las siguientes razones:

  • Las victorias religiosas no son necesariamente victorias políticas, y viceversa. El político busca mantener su control y su poder, y aunque comete errores y puede poner en riesgo su poder por malas acciones, dudo mucho que tiendan a anteponer la religión por encima de sus intereses. Una buena estrategia puede ser compatibilizar sus intereses políticos con los intereses religiosos, ya sea para captar votos o justificar sus acciones, pero eso no quiere decir que sus motivos o justificación final sea religiosa.
  • Alianzas cambiantes: Los políticos buscan establecer lazos con Estados que les pueden beneficiar comercialmente o con quienes tienen una afinidad estratégico-política, de manera que, tiene mayor confianza relativa. Esto es, de hecho, una de las razones que hace que Israel sea el favorito entre los Estados, incluso algunos Estados musulmanes. El Estado de Israel es un agente más fiable y con el cual es más viable la cooperación que con Hamás en Gaza. Y esto se antepone a las presiones religiosas que reciben políticos.
  • Políticamente, las religiones más similares a la tuya pueden representar una amenaza mucho mayor que las religiones más diferentes. A nivel político la religión es una vía para generar un endogrupo. Es un instrumento identitario, un medio para establecer una categoría dentro de la población general o el electorado. Por lo tanto, las religiones más similares a la propia son más peligrosas identitariamente que las más diferentes. Esta situación se ve también con frecuencia en las ideologías políticas. Allí, el electorado de un partido de izquierda puede ser fácilmente captado por otro partido de izquierda muy similar.
  • Convivencia pacífica a lo largo de la historia: En muchas ocasiones las religiones han convivido pacíficamente, incluso dentro del mismo Estado. La multiculturalidad o multireligiosidad no es inherentemente conflictiva. Los juegos de suma cero como los que genera el Estado de Bienestar suelen hacer que los grupos entre en conflicto. Los grupos distintos que cohabitan un territorio y no compiten directamente tienden a desarrollar instituciones de cooperación, complementación y lazos identitarios.

La importancia de separar el motivo religioso

Al analizar conflictos bélicos, tanto nacionales como internacionales, atribuirles causas religiosas puede llevarnos a una comprensión limitada de su naturaleza. A pesar de esto, es común que muchas personas vean la religión como la causa principal de estos conflictos. Por ejemplo, algunos ateos argumentan que las guerras tienen motivos religiosos y eso evidencia que un mundo sin religión sería más pacífico. Por otro lado, hay creyentes que sostienen que el carácter religioso de las guerras demuestra la relevancia y permanencia de las religiones en el mundo contemporáneo.

Adicionalmente, puede resultar políticamente conveniente para los gobernantes que los ciudadanos perciban las guerras como conflictos religiosos. Esta percepción puede justificar la guerra a los ojos de la población, bajo la premisa de que la defensa de la religión es justa y noble. Ello gracias a que, si Dios existe, todo está permitido (aunque la afirmación contraria también puede considerarse verdadera). En este contexto, la guerra es vista como un conflicto inevitable, trascendental y de alta prioridad.

Conclusión

La religión y la guerra comparten el hecho de estar sometidas al interés político. La población civil suele entender las guerras como un conflicto religioso, étnicos o culturales, y a sus políticos como oportunistas de dichos conflictos.

Por ejemplo, varios colegas musulmanes me han expresado su descontento con algunos políticos. El motivo es que les ven como traidores por distanciarse del pueblo palestino y establecer relaciones con Israel. Sin embargo, sostengo que esta percepción de traición no es del todo certera. El conflicto en cuestión no se basa en diferencias religiosas, sino en fines políticos incompatibles.

Además, tengo la convicción de que un mundo más ateo o más creyente no determina necesariamente un mayor o menor grado de beligerancia. Tanto ateos como creyentes pueden ser profundamente leales a la religión del Estado, venerando a la nación a través de sus mapas, símbolos y representantes. Esta lealtad puede llevar a ver la defensa o la expansión de la nación. La secesión y la intervención extranjera se convierten en los mayores pecados o traiciones.

Ver también

Guerras y grupos. (Francisco Capella).

Petro y sus opositores: dos versiones de la misma hipocresía

¡Sí qué gasta la izquierda en Colombia! Es y seguirá siendo ésta una de las más mentadas críticas de la oposición -al menos de lo que por ello pasa- en ese país contra el gobierno de Gustavo Petro hasta que termine su mandato en el 2026.

El presupuesto de la izquierda

La crítica no está fuera de lugar. Con un gobierno abierta y francamente socialista, que viene cumpliendo la promesa de que el Estado colombiano se encargue de cada vez más cosas en la vida de los individuos, claramente esperamos que aumente su tamaño y, por ende, su gasto. Así, reflejando esa intención, y al contar con ingresos mayores, hechos posibles en gran medida por la última reforma tributaria, el presupuesto aprobado para el 2024 promete un Estado más grande y de un espectro de acción más amplio.

El presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, por un total de 502 billones de devaluadísimos pesos, unos ca. 127 millones de dólares, refleja las prioridades del gobierno nacional para el 2024. Se destaca un aumento general en todos los sectores, impulsado en parte por el gasto inflexible, como salarios de empleados públicos. La única reducción (-15,9%) se dio en la cartera de Inclusión Social y Reparación, siendo compensada por una adición de 10,8 billones de pesos para el nuevo sector de Igualdad Social, liderado por la vicepresidente. Agricultura y Minas y Energía experimentaron aumentos significativos, alineados con las reformas propuestas por el gobierno en la reforma rural y la transición energética.

Medidas “contra cíclicas”

Los sectores de salud y educación tienen los mayores presupuestos, pero la atención del gobierno para el 2024 se refleja mejor en el presupuesto de inversión en cada cartera. Obviamente, con una recesión que se anuncia desde hace varios meses, el gobierno de Petro recurrirá a medidas “contras cíclicas,” estimulando demanda agregada en un frenesí keynesiano exuberante. Lo que el gobierno llama inversión, es, en realidad, traslado del consumo de la mano de los individuos que han creado riqueza a las de los burócratas, para que el consumo, disparado, sirva como ilusión de prosperidad -a costa, clara está, de la creación de capital en el futuro.

El presupuesto de “inversión” del gobierno Petro muestra un aumento significativo del 32%. Este incremento es casi el doble de lo presupuestado por la administración anterior de Iván Duque, alfil de Álvaro Uribe, en 2023 (18,3%). La asignación de recursos en el presupuesto de inversión refleja las prioridades del gobierno para gastar adicionalmente en distintas áreas.

Los esfuerzos notables en el presupuesto se centran en la nueva cartera de Igualdad y Educación, que experimenta un aumento de dos billones de pesos, casi un 34%. Sin embargo, la cartera de salud experimenta una pequeña disminución de 200 mil millones de pesos. Se prevé una reducción a la mitad de los ingresos del Ministerio de Hacienda, asignando recursos directamente a las entidades. Se destaca el crecimiento de la inversión en las reformas sociales clave del gobierno, con un aumento del 21% en la inversión en trabajo y más de 2 billones de pesos (34%) en educación.

Un arriendo algo caro

El mayor incremento porcentual del presupuesto se observa en la cartera de agricultura, que casi triplica su presupuesto, pasando de 3,1 a 8,4 billones de pesos, en línea con la propuesta de compra de tierras de la reforma agraria. Además, las carteras de Vivienda (1,3 billones), Defensa (2 billones) y TIC (1,5 billones) también experimentan crecimientos por encima del promedio en comparación con el año pasado.

Las muestras de gasto excesivo no paran ahí, en aquellos gastos que se pueden esperar, no solo de cualquier gobierno, sino de un gobierno impunemente socialista. En el caso del mismo país, en Colombia ha habido gastos que se han considerado un tanto más “ofensivos” por decirlo de alguna manera. Es el caso de una casa que alquiló el Gobierno de Petro en Davos, en el marco del encuentro del Foro Económico Mundial.

Se trata de la Casa Colombia, un supuesto lugar de encuentro entre el país y diversos actores como inversionistas, empresarios y fondos privados. Su -supuesto- objetivo es informar sobre las oportunidades de inversión en áreas clave como turismo, transición energética y biodiversidad. Se busca posicionar a Colombia como “el país de la belleza” en el contexto de estas oportunidades económicas. Tales oportunidades económicas, ha dicho el gobierno, se espera que superen el costo del alquiler de la casa, que ronda el millón doscientos dólares.

La primera dama recomienda comer pastel…

Para aumentar incluso más el grado de escandaloso de los gastos del Estado colombiano bajo la presenta administración, no está demás mencionar que la esposa del presidente Petro ha sido sorprendida haciendo un uso particularmente alegre de la chequera estatal, estimulando la demanda de un agregado de maquilladores, fotógrafos y acompañantes de -bastantes- viajes internacionales en una intensidad de 250 mil dólares.

Los escándalos en gastos han sorprendidos a varios -incautos. La promesa con la que llegó al poder Petro implicaba, entre otras cosas, no gastar dinero del Estado sino en cosas “necesarias,” las cuales, según él y su séquito de considerable tamaño, serían cosas como erradicar la pobreza, aumentar la educación y demás, haciendo uso del Estado y los monopolios que vienen con él para ese fin.

Los gastos de los que gobernaron antes

Yo creo que las críticas de la oposición colombiana -sea lo que sea eso en el momento, que desafía en verdad cualquier identificación y definición- vienen a lugar. El gasto público, a pesar de esperar que aumentara significativamente con Petro, está disparado y nunca es mal momento para gritarlo desde cualquier terraza. Ello supone lógicamente más impuestos por parte el Estado en el futuro; mayor grado de distorsiones en el mercado, en la medida de que el grado de intervención estatal aumenta, gravitando la asignación de recursos hacia cursos de acción que no se habrían emprendido en libertad.

También contribuye a la dañina noción de que la pobreza se supera, no con la producción fundamentada en intercambios voluntarios entre agentes del mercado, sino reclamando violentamente, por medio del Estado, el privilegio de utilizar la riqueza por otros – por solo mencionar algunos efectos directos e indirectos sobre la utilidad que supone un Estado cada vez más grande. Ahora bien, si se trata acaso de denunciar a un gobierno por socialista, debido a los nefastos efectos que el socialismo genera en una -y cualquier- sociedad, por parte de quienes pretende hacer oposición en el momento, lo que sí hay que decir es que la hipocresía y confusión de la oposición no es menos que hilarante.

Aquellos que esperan contrastar el gasto excesivo del gobierno actual no pueden dejar de lado que el gasto del gobierno anterior de Iván Duque no es que fuera precisamente el equivalente a dos bolsas de cacahuates.

Los pecados del gobierno anterior

Durante el gobierno anterior, el gasto público se repartió en varias funciones arrebatadas al proceso del mercado, incluyendo seguridad, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios conexos, salud, actividades recreativas, cultura, deporte y otros servicios sociales, educación y protección social. Además, se tuvo una importante categoría adicional para el servicio de la deuda pública. En 2021, el gasto total del Gobierno General fue de $404.8 billones, unos ca. 100 millones de dólares, con un crecimiento del 10,3% respecto al 2020.

Además de esto, no se pueden dejar de mencionar de corrupción en los cuales el gasto público se fue a honrar contratos irregulares. Durante ese tiempo se identificaron 12,245 contratos irregulares durante la administración de Duque, sumando un total de 3.8 billones de pesos. Estas acciones habrían supuesto gasto estatal de unos 380 en corrupción, influencia impropia sobre agentes estatales.

Finalmente, y no muy lejos de los gustos de la esposa de Petro, en 2020 se utilizó uno de los dos -¡dos!- aviones de la presidencia de Colombia para llevar a niños con sus respectivas madres a una fiesta infantil de la hija de Iván Duque al otro lado de la cordillera central, en un parque llamado Panaca, diseñado para fantasear de manera segura con las durezas de la vida agropecuaria.

Socialistas de todos los partidos

Dos cosas se me vienen a la mente con todo esto. La primera sería, si para Iron Maiden es suficiente un solo avión, manejado por su vocalista, ¿cómo es que el presidente de una república bananera tiene no uno, sino dos, y el imberbe del presidente no es capaz de manejarlo?

Lo segundo que se me viene a la mente es: ¡socialistas de todos los partidos! Si la crítica al gobierno actual proviene de un grupo de personas, cuyo único argumento para oponerse es en realidad “ustedes no deberían gobernar viviendo de los demás y acabando con todo, sino nosotros,” ambos grupos, gobernantes y aquella fracción de gobernados, son dos versiones de la misma hipocresía.

El problema de fondo con esta discusión es que se quiere llegar a gobernar por medio de un Estado democrático. Dentro de este contexto, cualquier ciudadano gobernado puede llegar a gobernar. Cualquiera que lo quiera, logrará gobernar prometiendo, con el uso de la legislación, una mayor redistribución de riqueza, no solo que sus antecesores, sino también que sus competidores para gobernar. Mientras el que gobierna, como Petro, promete gastar no en B sino en A, la oposición, promete hacerlo en A -y en mayor cuantía de lo que lo habría hecho Petro en B.

La condición humana

Siendo la condición humana lo que todos sabemos que es, aumentando el gasto público, mayor el número de beneficiarios de transferencias gratuitas de riqueza y, por ende, mayor el número de personas que quieren participar de esa agencia de expolio sistemático y a gran escala que es el Estado colombiano. Por otro lado, aquel que está de cabeza de ese Estado, el presidente de la república, sabe muy bien que su tiempo al frente de tal agencia criminal es finito.

En el caso de Colombia, lo que no gaste el presidente Petro dentro de ese periodo, lo dejará para gastar al próximo presidente. Ello se traduce en que los beneficios de cualquiera medida de austeridad no se percibirán por el presidente actual sino por los que vienen. La propensión marginal de gasto público es altísima en un Estado democrático. Esa propensión no es otra cosa que el consumo en manos del estado, que ha sido arrebatado de las manos de los consumidores que son pagadores netos de impuestos. Ni la izquierda ni la derecha -como las conocemos hoy en día- tendrá incentivos suficientes para restringir el gasto público. No lo ha hecho en el pasado y no se puede esperar que el próximo gobierno colombiano, que muy seguramente será de otra variedad de socialismo -como el de derecha, sea menos alegre con el gasto público que el actual.

La revelación de los juegos que no fueron

De las muestras más patentes del acuerdo en lo fundamental que guardan tanto Petro con sus de que son, de nuevo, versiones diferentes de la misma hipocresía; de que tanto unos como los otros son, si bien en grados marginalmente distintos, tan solo amigos de la propiedad cuando de su socialización se trata, ha sido la controversia que se ha desatado por el hecho de que, al parecer por incompetencia del gobierno, no se financiarán los Juegos Panamericanos en el 2027.

Barranquilla no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Estos juegos tenían un costo estimado de 569 millones de dólares en 2023 y planteaban recibir a unos 9,000 atletas en sus dos modalidades, así como construir una Villa Panamericana y varios recintos, incluida una pista de ciclomontañismo.

Conocida la noticia, un importante sector de la que pasa por ser oposición ha sido ¡qué se perdió la oportunidad de hacer los juegos y, con ella, la de gastar ca. 500 millones de dólares! Lo que podría haber sido un alivio, pudiendo haber sido presentado por aquella oposición como la posibilidad de no tener que gastar tanto dinero el Estado colombiano. Y, por ende, de poder preservar algo de riqueza en manos de sus propietarios legítimos en el futuro.

Ello fue un grito herido que consistió en afirmar que, de haber estado ellos en el poder ¡sin duda y reparo alguno se habrían gasto ese dinero -y más aún! Así, conociendo sus descontentos actuales con el gobierno, se conoce que, de volver a gobernar ellos la diferencia sería, no menos, sino más Estado. Más expropiación, más intromisión del Estado en la vida de un número cada vez mayor de individuos, en un número cada vez mayor de asuntos que antes.

De no ser libertario, no hay futuro…

Me temo que, siendo realistas, Colombia permanece un país sin futuro, donde las creencias que se encuentran arraigadas solo apuntan hacia un escenario en el que nadie aspira envejecer. Nada diferente a una verdadera propuesta de estrategia libertaria, consistente en denunciar al Estado por lo que es, una casta de parásitos sin alma, y que proponga drásticamente disminuirlo, cercenando varias y muchas de sus agencias, podrá devolvernos la imagen positiva del futuro que tuvimos alguna vez.

Me temo que, si el futuro no es libertario, en Colombia no hay futuro.

Ver también

Revisionismo estratégico libertario. (Santiago Dussan).

Gustavo Petro busca el voto de los incautos atacando a Nicolás Maduro. (Antonio José Chinchetru).

Caos en Colombia. (Edgar Beltrán).

El agotamiento de la nueva ola populista. (Mateo Rosales).

Ponerse la soga al cuello. (Santos Mercado).

Argentina es un ejemplo de por qué el control de los alquileres es una mala idea

Por Ryan Bourne. Este artículo fue publicado originalmente en CapX.

En su ascenso a la presidencia de Argentina, Javier Milei se distinguió no sólo por su ideología libertaria, sino también por su enfoque pedagógico de la economía. En la campaña electoral, solía enunciar los principios básicos de la economía de mercado.

Ahora, en el Gobierno, la “terapia de choque” del ardiente libertario está convirtiendo esas lecciones en importantes estudios de casos. En el marco del Decreto 70/2023, “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, Milei utilizó su motosierra con el control de alquileres y otras normativas sobre arrendamientos. El resultado ha confirmado la teoría económica: la oferta de viviendas de alquiler está aumentando y los alquileres se han desplomado.

Control de alquileres

En 2020 se introdujo en Argentina una forma de control de los alquileres, y a muchos progresistas británicos y estadounidenses les gustaría hacer lo mismo. La duración mínima de los contratos de alquiler era de tres años y los aumentos anuales permitidos se limitaban a una media ponderada de la inflación y el crecimiento salarial. Ambas medidas pretendían proporcionar a los inquilinos una mayor “seguridad” económica. Los propietarios seguían teniendo libertad para ajustar las tarifas entre contratos, pero era básicamente imposible poner fin a los arrendamientos antes de tiempo. Las fianzas se limitaron y los alquileres se pagaron en pesos.

La teoría económica nos permite hacer predicciones sobre estas normativas. El control de los alquileres y la duración de los contratos aumentan el riesgo de que los propietarios obtengan alquileres inferiores a los del mercado y de que se queden atrapados durante tres años con inquilinos problemáticos. Al margen, esto hace que sea más lucrativo vender propiedades para que las ocupe el propietario, incluirlas en sitios web de alquiler a corto plazo excluidos, como AirBnB, o incluso simplemente dejarlas vacías. Al reducir la oferta de viviendas de alquiler tradicionales, aumenta el nivel medio de los alquileres, incluso si su crecimiento está limitado por contratos de arrendamiento de duración mínima.

El papel de la inflación

Un entorno de inflación elevada agrava estos riesgos para los propietarios. Con el aumento de los precios, tiene sentido cambiar los niveles de alquiler con más regularidad. Esto permite a inquilinos y propietarios encontrar disposiciones contractuales que garanticen que los alquileres reflejan tanto la realidad del mercado como la capacidad de pago de los inquilinos (ya que el crecimiento salarial suele ir por detrás de la inflación). Sin embargo, esta normativa sólo permitía ajustar los alquileres una vez al año (o dos a partir de octubre de 2023). Así pues, una inflación elevada y volátil interactúa con esta normativa para aumentar el riesgo de alquiler y el riesgo de desocupación (dados los bruscos saltos en los alquileres). Por ello, los propietarios podrían protegerse contra la inflación cobrando en otra moneda, como el dólar. Pero esto también estaba prohibido.

Los resultados de todo esto eran previsibles. En torno a la introducción de la política, se estima que el 45% de los propietarios dejaron de alquilar para vender sus propiedades, entre otras cosas porque la mayoría de las ventas de viviendas se hacían en dólares. Muchos propietarios también cambiaron a alquileres a corto plazo en AirBnB. En 2019, Buenos Aires tenía 10.000 propiedades listadas en AirBnB; ahora son más de 29.500. Por lo tanto, no han cesado las historias sobre una crisis de vivienda de alquiler, con inquilinos incapaces de encontrar alojamiento de alquiler, a pesar de que el Financial Times informara a finales del año pasado que el uso de energía implica que “uno de cada siete hogares” en Buenos Aires, la capital, estaba vacío.

Control, escasez, precio

Esta escasez de oferta provocó un aumento de los alquileres. Bloomberg informó que los alquileres subieron bruscamente después de que se anunciaran los controles de los alquileres de arrendamiento, ya que los propietarios optaron por salir del mercado o anticiparon los aumentos de los alquileres para protegerse contra la inflación. Después de haber estado cayendo en términos reales durante 2018 y 2019, y siguiendo la inflación durante la mayor parte de la década anterior, los alquileres en Buenos Aires crecieron a 1,7 veces el ritmo de la inflación en 2020. Siguieron ampliamente la inflación en 2021 y 2022, y luego se aceleraron mucho más rápido que la inflación de nuevo en 2023. La tasa a la que los alquileres podrían aumentar dentro de los contratos de arrendamiento se ajustó aún más al menor de los crecimientos salariales o la inflación.

Como resultado, el alquiler promedio de un departamento de dos dormitorios en Buenos Aires se ha disparado de 18.000 pesos por mes a fines de 2019 a 334.000 pesos en la actualidad, muy por encima de los 210.000 pesos si los precios simplemente hubieran seguido la inflación general, como ocurría anteriormente. Esta suba de precios relativos obviamente perjudica más a los pobres, porque no pueden pagar fácilmente depósitos para comprar viviendas, o alquileres más caros en dólares a corto plazo.

Situaciones contradictorias

Los controles sobre los alquileres dentro de los arrendamientos también agriaron las relaciones entre propietarios e inquilinos, incentivando a los propietarios a renunciar a un mantenimiento costoso (permitiendo así que el valor de la propiedad cayera hacia su precio regulado o animando a los inquilinos a marcharse). La mala distribución de las propiedades era moneda corriente. Los informes de Buenos Aires describían a amigos que tenían que compartir pisos más alejados del centro de la ciudad, lo que implicaba condiciones de hacinamiento y desplazamientos más largos.

Con estos controles, las personas que disfrutan de alquileres inferiores a los del mercado se ven incentivadas a permanecer en propiedades inadecuadas para ellas, mientras que otras deben abandonar prematuramente propiedades que pueden permitirse cuando los alquileres se ajustan bruscamente antes de que aumenten sus salarios.

Desregulación

Uno de los primeros actos de Milei en su decreto suprimió estas normas perjudiciales para todos los nuevos contratos. A partir de ahora, los alquileres se decidirán en la negociación libre del contrato, lo que significa que se acabaron los índices del banco central que limitan los aumentos de los alquileres. También ha eliminado la duración mínima de tres años de los contratos y ha legalizado el pago de los alquileres en divisas (es decir, dólares), lo que ofrece a los propietarios una protección contra la inflación.

La reducción de los riesgos para los arrendadores ya está provocando un repunte de la oferta de alquiler. La correduría Soledad Balayan ha registrado un aumento del 50% en los anuncios de alquileres tradicionales desde la entrada en vigor del decreto. Otras fuentes, como la Cámara Inmobiliaria Argentina, han confirmado grandes saltos en la oferta. Como era de esperar, los informes muestran una caída de los precios de los alquileres nuevos de entre el 20 y el 30% hasta la fecha.

Los economistas han advertido con frecuencia contra los controles de alquiler tradicionales que aplican topes a los alquileres dentro y entre arrendamientos. Pero en los últimos años ha surgido una nueva corriente que aboga por ofrecer más seguridad a los inquilinos, controlando los alquileres dentro de contratos más largos y seguros. La experiencia de Argentina es un ejemplo de cómo esta política puede resultar contraproducente, y una fuente más de información para Milei.

Ver también

La aberración del control de alquileres. (Ignacio Moncada).

Control de alquileres, una nefasta idea. (Ignacio Moncada).

Los perversos efectos del control de alquileres en San Francisco. (Juan Ramón Rallo).

Una declaración honesta sobre la diversidad

Por James Hankins. Este artículo fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Desde hace varios años, varias mujeres agradables y jóvenes (o personas que se identifican como mujeres, o con nombres que suenan a mujer) se han puesto en contacto conmigo desde la oficina de diversidad de la universidad, invitándome a asistir a sesiones para hablar de nuestras políticas de DEI. Harvard tiene que ser diferente, así que utilizamos el acrónimo EDIB, por Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging (Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia). Nuestra anterior presidenta, Drew Faust, como contribución a la sabiduría colectiva, añadió el “Belonging”.

Estas sesiones nunca se describen como obligatorias, pero las agradables jóvenes no aceptan un “no” por respuesta. En otros tiempos, podía evitar estas sesiones alegando que tenía un compromiso posterior. Durante la pandemia, sin embargo, no había escapatoria. No había forma obvia de eludir una sesión de “formación” de Zoom EDIB a la que uno podía asistir cuando quisiera. Así que tomé la “formación”. Temía que los vídeos interactivos exigieran que estuviera de acuerdo con las políticas, en cuyo caso no podría marcar las casillas correspondientes; no sabía qué tediosas consecuencias que consumirían mi tiempo podrían tener. Pero, afortunadamente, eso no ocurrió. Los profesores, pues, seguían estando exentos de prestar juramento de lealtad.

El activismo de los estudiantes

Recientemente, sin embargo, se ha desatado una actividad volcánica más abajo en el Olimpo, al parecer surgida de los estudiantes graduados, que quieren aumentar la presión sobre nosotros. Se preguntan por qué, si ellos tienen que redactar declaraciones de diversidad, nosotros, los profesores superiores, no deberíamos estar sujetos a los mismos requisitos. (¡Hagamos salir a esos supremacistas blancos!) En tiempos pasados habría confiado en que el Olimpo podría resistir fácilmente el ataque de todos y cada uno de los cultos inferiores. Ahora no estoy tan seguro. Pensé que tal vez debería preparar una declaración, por si acaso.

Consulté a la inteligencia artificial, pidiéndole que redactara una declaración de 500 palabras que, siguiendo el formato habitual, explicara “mi forma de pensar sobre la diversidad, la equidad y la inclusión; los esfuerzos que he realizado para promover estos valores; y los pasos que espero dar en el futuro para difundirlos”. En la primera rúbrica, AI ofreció lo siguiente:

En el panorama en constante evolución de la educación, creo firmemente que las piedras angulares de la excelencia son la diversidad, la equidad y la inclusión. Estos principios no son meros conceptos teóricos, sino ingredientes esenciales en la creación de un entorno de aprendizaje vibrante y eficaz. Como educador en [Su facultad], me comprometo a fomentar estos valores en mi docencia, investigación y servicio.

Bueno, eso fue fácil (tardé menos de 30 segundos en generar las 500 palabras requeridas), pero el lenguaje sugerido tenía algunos inconvenientes. Sería vergonzoso poner mi nombre a semejante tontería, pero lo más importante es que no me creía ni una palabra, al menos si se atribuían los significados habituales a los términos de culto “diversidad, equidad e inclusión”. Tendría que escribir mi propia declaración.

Así que aquí va.

Carta a los burócratas sin rostro de Harvard

Estimados miembros de la burocracia sin rostro de Harvard:

Me piden que explique mi forma de pensar sobre la DEI. El hecho es que no pienso en ello (¿o en ellos?) en absoluto si puedo evitarlo. Sherlock Holmes le dijo una vez a Watson que no se molestaba en conocer la teoría del heliocentrismo de Copérnico porque ocupaba un valioso espacio en su cerebro que necesitaba para su trabajo como detective. “¡Pero el Sistema Solar!” protesté. -“¿Y a mí qué me importa?”, interrumpió impaciente. “Dices que giramos alrededor del Sol. Si diéramos la vuelta a la Luna, no habría ninguna diferencia ni para mí ni para mi trabajo”. Soy un historiador en activo y no quiero malgastar el espacio de mi cerebro en cosas sin importancia.

Sin embargo, ya que me exigen, como condición para seguir trabajando, que declare mi actitud hacia estos “valores” que la universidad dice compartir (aunque no recuerdo que una votación de la facultad los haya respaldado), permítanme decir que, en general, la declaración de creencias de la EDIB que se ofrece en su sitio web es demasiado insípida como para ofrecer ninguna compra para un análisis ético serio.

La universidad, según usted, defiende un compromiso absoluto con un conjunto de palabras que parece generar sentimientos positivos en su oficina, y quizás entre los administradores en general. Pero no es mi práctica hacer juicios basados en sentimientos. De hecho, mi formación como historiador me lleva a desconfiar de tales sentimientos como obstáculo potencial para un pensamiento claro. No creo que sea útil describir los sentimientos que experimento cuando se invocan determinadas palabras y eslóganes y cómo afectan a mis motivaciones profesionales. Podría ser útil en el diván de un psicoanalista o en un culto religioso, pero no en una universidad.

La ignorancia diversidad es nuestra fuerza

Permítanme tomar como ejemplo el popular eslogan de la DEI “La diversidad es nuestra fuerza”. Esto afirma como verdad absoluta una creencia que, en el mejor de los casos, sólo puede ser condicional. Cuando George Washington decidió no exigir, como parte del juramento militar del Ejército Continental, la negación de la transubstanciación (como había sido práctica anterior), pudo reclutar soldados católicos de Maryland para luchar contra los británicos. La diversidad era nuestra fuerza. En cambio, cuando las fuerzas combinadas del Islam, bajo el mando de Maslama ibn Abd al-Malik, asediaron Constantinopla en 717, la diversidad no era su punto fuerte. En la crisis del asedio, los marineros cristianos que remaban en la armada musulmana se sublevaron y el asalto anfibio se vino abajo.

Dado que la mayoría de las sociedades han estado normalmente en guerra o bajo amenaza de guerra durante la mayor parte de la historia, el sentimiento público ha preferido ordinariamente la unidad a la diversidad. Los gobiernos prudentes y humanos han tolerado normalmente cierto grado de pluralismo para reducir la discordia social, pero el pluralismo como tal no se ha celebrado como una característica positiva de la sociedad hasta hace bien poco. De hecho, la diversidad es un bien de lujo que sólo puede disfrutarse en sociedades seguras y pacíficas. Incluso en tales sociedades, tiene que sopesarse con otros bienes (como la meritocracia) que tendrán que sacrificarse si se persigue como un bien absoluto. Un compromiso indiscriminado con la “diversidad”, desprovisto de cualquier lealtad a los principios unificadores, es la marca de una sociedad débil o en colapso.

Unidad y diversidad en la historia

No sólo los gobiernos y los ejércitos prefieren la unidad a la diversidad. La mayoría de las religiones del último milenio han hecho hincapié en preservar la visión original de sus fundadores. Han tenido que resistir las presiones para socavar (o diversificar) esa visión y ajustarse a los valores del mundo que las rodea. Han tenido que luchar contra empresarios espirituales, a los que desobligadamente etiquetan de herejes, que se han mostrado ansiosos por diversificar sus doctrinas. Para esas religiones, entre las que se incluyen el cristianismo ortodoxo, el islam y el budismo, la diversidad no sólo no ha sido una fortaleza, sino que ha sido peligrosa, incluso condenable. Cuando las religiones dejan de preocuparse por sus creencias unificadoras, dejan de existir.

Por otro lado, cuando uno de los generales de Alejandro Magno, el rey Ptolomeo I, se hizo con el control de Egipto en el siglo III a.C., decidió no repetir el error que habían cometido los persas al saquear los templos tradicionales egipcios, alienando a los lugareños. En su lugar, Ptolomeo promovió profusamente una nueva deidad sincrética, Serapis, que podía ser adorada tanto por la élite griega de la conquista como por sus súbditos egipcios. La diversidad era su punto fuerte.

Una nueva equidad

Todo esto debería ser cegadoramente obvio para cualquiera con un conocimiento superficial del pasado. Quizá sea menos obvio por qué la equidad no es un valor que todos puedan abrazar de buen grado. La palabra tiene un significado legítimo en el Derecho romano, referido a la necesidad de corregir la justicia estricta a la luz de un sentido más amplio de la equidad. Summum ius, summa iniuria. La ley no puede aplicarse estrictamente en los casos en que pueda resultar un perjuicio mayor.

Sin embargo, esta no es la forma en que a su oficina le gusta entender el término Equidad. En lenguaje EDIB, significa “igualdad de resultados”. Cualquier política que produzca resultados desiguales -por ejemplo, una política de admisiones que produzca un alumnado que no refleje las proporciones exactas de algunas (no todas) las minorías del país- carece de Equidad.

Veritas

En este sentido, un compromiso absoluto con la equidad no puede sino socavar el compromiso de la universidad con su objetivo primordial, que es la búsqueda de la verdad. En latín, eso es veritas, el lema del escudo de Harvard que adorna su pared. Estar a la altura de ese lema no es tarea fácil. No estamos hablando de decir la verdad o ser sincero. En una universidad de investigación, nos dedicamos a descubrir nuevas verdades. Eso puede ser cualquier cosa, desde descubrir nuevas galaxias hasta desenterrar los restos de civilizaciones hasta ahora desconocidas.

El número de personas en el mundo realmente capaces de ampliar el corpus de verdades conocidas es bastante reducido. He formado parte de muchos comités de búsqueda en Harvard en los últimos 38 años y puedo dar fe de lo reducido que es el número de candidatos verdaderamente excepcionales. Si una universidad de investigación realmente quiere lo mejor, si realmente quiere descubrir nuevas verdades, no puede permitir que administradores no expertos pasen por encima de los comités de búsqueda y descarten candidatos sólo porque no ayudan a la oficina EDIB a alcanzar sus objetivos de diversidad.

Inclusión y pertenencia

La inclusión y la pertenencia (no tengo clara la diferencia) son ideales que puedo apoyar siempre que se apliquen a todo el mundo, incluso a las personas con las que no estamos de acuerdo. Muchas personas que han venido a este país en los últimos cuatrocientos años lo hicieron precisamente porque en Estados Unidos podían escapar de los prejuicios racistas o de clase y ser tratados como iguales. Podría llevar un tiempo, pero ellos o sus hijos acabarían encajando. Mientras tanto, podían abrir un negocio, practicar su religión y educar a sus hijos sin que nadie les exigiera tener unas creencias políticas determinadas.

Creo que nuestra universidad debería imitar las mejores tradiciones de Estados Unidos en este sentido y hacer también que todo el mundo sea bienvenido. Pero fracasamos cuando imponemos a nuestros estudiantes pequeñas ortodoxias malolientes. Por ejemplo, con la forma de unas declaraciones sobre la diversidad que exigen un determinado tipo de respuesta.

Me doy cuenta de que no le estoy dando el tipo de declaración que deseaba obtener de mí. Y que ni siquiera he respondido a todas sus preguntas sobre cómo espero poner en práctica los valores de EDIB en mi futura docencia e investigación. Pero creo que me pueden leer entre líneas.

Ver también

La filosofía subyacente a la DEI. (Allen Porter).

Cómo las leyes DEI atentan contra la libertad académica. (Madeleine Armstrong).