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Dos lecciones a partir del Windows Vista

De la corta pero intensa vida de Windows Vista se pueden extraer al menos dos lecciones: una para Microsoft, que la ha aprendido a costa de su sangre y sudor, y otra para las autoridades de la competencia, las cuales jamás serán capaces de asimilarla.

La lección para Microsoft es simple: aquella empresa que se separa de los dictados de sus clientes termina arrepintiéndose. La principal novedad que incorporaba Windows Vista tenía relación con algo que no le había pedido a Microsoft ninguno de sus clientes. Me refiero a todos los mecanismos de gestión de derechos de autor (el DRM) y prevención en el uso de productos presuntamente pirateados.

Las soluciones incorporadas por Microsoft suponen una sobrecarga al ordenador y un funcionamiento en muchas ocasiones intolerable para el usuario. Con todo, el principal problema es que esto no era demandado por sus clientes, que no lo querían, sino por determinados grupos de presión que todos conocemos. De esta forma, Microsoft dio la espalda a la gente que le da la vida para tratar de satisfacer unas necesidades espurias de unos cuantos interesados ajenos a su negocio. El desastre era inevitable. Pero Microsoft aprendió la lección, le iba en ello el sueldo.

Y es que quizá Microsoft se creyó lo de su dominancia en el mercado de sistemas operativos, en que tanto le habían insistido las autoridades de competencia. Son estas las destinatarias de la segunda lección que nos da Windows Vista, muy relacionada con la primera.

Para la Comisión Europea, Microsoft era (y es) dominante en su mercado, porque puede actuar con independencia de sus clientes. Esto es siempre mentira, a menos que se haya concedido un privilegio por parte del Estado al empresario en cuestión, lo que sucede con Microsoft. ¿Acaso puede Microsoft obligar a alguien a comprar sus productos? ¿Lo pueden hacer Telefónica, o Intel, por citar otros de los encontrados como "dominantes" en sus mercados?

Quizá Microsoft se creyó estas monsergas, y pensó que podría imponer su Windows Vista a los usuarios. Pues ya ha visto que no, que si su producto no está a la altura de las circunstancias, su pretendida posición dominante se disuelve como un azucarillo en el café. Y no le queda más remedio que capitular hacia un producto acorde a las necesidades de esos usuarios de las que creía poder apartarse.

La realidad es que en el mercado libre no existen posiciones dominantes, pues nadie puede imponer la compra de su producto a un tercero. Pero esta es una lección que no aprenderán las autoridades de competencia, les va en ello el sueldo.

Ultraderechistas de izquierda

La clasificación sugiere que grupos como el Partido Nacional Briánico (BNP), el Partido para la Libertad de Geert Wilders (PVV), el Partido de la Libertad de Austria de Haider (FPÖ), el Frente Nacional de Le Pen (FN), o la Falange Española están "a la derecha" de los partidos liberales y conservadores, o lo que es lo mismo, son una versión radical de estos o llevan sus principios más lejos.

Esta clasificación sobre el eje izquierda-derecha es muy conveniente para los partidos de izquierda. A diferencia de la ultraizquierda, la ultraderecha está muy mal vista y los partidos izquierdistas pueden explotar la supuesta cercanía de la derecha con sus extremos para obtener votos centristas. Si te asocian tangencialmente con el franquismo o la xenofobia tu imagen y tu apoyo se resienten, pero que te asocien con los comunistas no parece importarle a nadie.

El problema con el eje izquierda-derecha es que no captura fielmente, ni siquiera esencialmente, las similitudes y las diferencias de los distintos partidos y corrientes del espectro político. El denominador común de todos los grupos considerados de "ultraderecha" es su hostilidad a la inmigración, en particular la musulmana, y su ferviente nacionalismo y tradicionalismo cultural. ¿Pero son el sentimiento anti-inmigración y el nacionalismo los atributos que definen a la derecha en oposición a la izquierda? La izquierda es más favorable al multiculturalismo y la inmigración, pero en rigor apenas hay diferencias entre las políticas migratorias del PP y el PSOE. En cuanto al nacionalismo, claramente no es exclusivo de la derecha (BNG, ERC…).

Si buscamos otros denominadores comunes con partidos que no son tildados de "ultraderechistas" encontramos otras similitudes. En el programa económico del racista BNP inglés puede leerse: "La globalización, con su exportación de empleos al Tercer Mundo, está trayendo la ruina y el paro a las industrias británicas y a la comunidades que dependen de ellas". Un aserto que podría incluirse en cualquier panfleto anti-globalización izquierdista. El BNP está en materia económica a la izquierda del laborismo: a favor de aumentar las pensiones públicas y el presupuesto de la sanidad, mejorar la protección de los trabajadores, nacionalizar industrias clave…

En el manifiesto de Falange Española hay puntos casi marxistas: "Creemos que es necesario sindicalizar la economía nacional", o "los trabajadores, a través de los Sindicatos unitarios y verticales deben ser los propietarios de los bienes de producción", o "la propiedad debe fundamentarse en la propia naturaleza de los bienes (los de uso y consumo, privados; las viviendas, pequeños negocios, etc., familiares; los de producción, sindicales o comunales y los de interés social o nacional, estatales)."

Por tanto, no está claro que la "derecha moderada", donde suele incluirse a conservadores y a liberales, tenga más rasgos en común con la ultraderecha que la izquierda o (especialmente) la ultraizquierda. En ocasiones sí, en muchas otras es más bien lo contrario. Un eje riguroso debería situar en extremos opuestos a los partidos o corrientes ideológicamente más distantes entre sí. Pero como hemos visto, no son tantas las diferencias entre algunos partidos de ultraderecha y los partidos izquierdistas, sobre todo en materia económica. Por el contrario, el liberalismo y las corrientes ultraderechistas o ultraizquierdistas no se parecen virtualmente en nada.

El liberalismo está en contra de las invasiones a la libertad en todos los ámbitos. El comunismo y el fascismo están a favor de una totalitaria intervención estatal y de la sistemática represión de conductas pacíficas, aunque a veces pongan el énfasis en temas distintos. El liberalismo y el comunismo/fascismo son las corrientes que deberían ocupar los extremos del eje, como ya identificó Friedrich Hayek en Camino de Servidumbre. Libertad, voluntariedad, cooperación en un lado; coacción y estatismo en el otro. Pese a las diferencias entre el comunismo y el fascismo, un comunista se encontraría más a gusto en una sociedad fascista que en un libre mercado irrestricto, y lo mismo cabe decir del fascista.

Los partidos deberían ordenarse en función de su apego por la libertad: la libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, la libertad de administrar nuestro dinero y nuestro negocio, la libertad de contratar e intercambiar, la libertad de expresarse y asociarse, la libertad de emigrar e inmigrar. En España, la Falange está en el extremo estatista del eje, en compañía de Izquierda Unida y demás grupúsculos comunistas. Los demás partidos del arco parlamentario se ubican también en el lado intervencionista, un poco más hacia el centro. Tanto ultraderechistas como ultraizquierdistas deberían regocijarse de que en el extremo opuesto, el de la libertad, no haya ningún partido.

Garzón y la prescripción

No es para menos. Debe recordarse que la inadmisión de la querella formulada por estos hechos, decidida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, fue acompañada, sin embargo, de una deducción de testimonio para que el CGPJ tramitara el correspondiente expediente disciplinario.

Los cinco magistrados, que suscribieron el auto de 2 de febrero pasado dentro de lo que se denomina el antejuicio, no apreciaron indicios de la comisión de los delitos de cohecho y prevaricación. No obstante, en su esfuerzo por deslindar la responsabilidad penal de la disciplinaria del querellado, aquilataron los presupuestos objetivos para que se le sancionara al menos por dos infracciones, calificadas como muy graves por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Concretamente, las tipificadas como faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas (Art. 417.11 LOPJ) e inobservancia del deber de abstención en una causa que instruía, a sabiendas de que concurrían alguna de las causas legalmente previstas (Art. 417.8 LOPJ).

Resulta aun más chocante esa noticia si se repara en que se produce tan solo dos días después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del mismo tribunal dictara una sentencia que ordenaba a la Comisión disciplinaria del CGPJ que, una vez practicadas las pruebas pertinentes, resolviera el fondo del mismo asunto.

Sin entrar a valorar en profundidad los propios hechos, sorprende que esta vez se justifique un nuevo archivo con el argumento de que las infracciones cometidas, en su caso, por Garzón habrían prescrito. La resolución que no admitió a trámite la querella dejó constancia de su presentación el 10 de junio de 2008. Por su parte, la sentencia ordenando la resolución del fondo del asunto al CGPJ, previa práctica de las pruebas pertinentes, consigna que la denuncia del abogado Panea dirigida al jefe de inspección se presentó el 22 de febrero de 2008 y, asimismo, alude a que la deducción de testimonio por la Sala penal del Tribunal Supremo equivale a una denuncia muy cualificada de los mismos hechos.

En consecuencia, los plazos de dos años de prescripción (Art. 416.2 LOPJ) de las posibles infracciones muy graves quedaron interrumpidos con esos actos y no se volvieron a reanudar hasta que la Sala de lo penal del Tribunal Supremo notificase el auto de inadmisión de la querella a los interesados.

Luego, si se toma, como hace el propio instructor, el 11de julio de 2006 –día en el que se tuvo por presentada la memoria y la solicitud de prórroga de Garzón al CGPJ– como la fecha a partir de la cual comenzarían a computarse los plazos de prescripción, los denunciantes evitaron que se produjera la extinción de la responsabilidad disciplinaria por ese motivo.

Las peculiares circunstancias del caso permiten llegar a la conclusión de que se está librando una lucha, cada vez menos soterrada, entre algunos jueces y un CGPJ que se muestra tan comprensivo con la conducta de un juez con buenas relaciones con el Gobierno.

Tener un videoblog… no tiene precio

Ahora es el heredero de la alcaldía de Barcelona quien se gasta 315.000 euros al año en mantener un videoblog. Del éxito de la iniciativa no cabe dudar: ni buscando con lupa se encuentra un solo comentario y su ránking en Alexa, con el que nos tendremos que conformar a falta de estadísticas más oficiales, lo sitúa en el puesto 1.403.790 de las páginas más vistas del mundo.

El precio que se paga por este videoblog, pese a las apariencias, parece menos exagerado que el de Maragall. Al fin y al cabo, hay que grabar a gente con cámara todos los días, montarlo, ajustar el sonido… vamos, que el vídeo profesional es caro. Sin embargo, dada la inexistente utilidad de este invento incluso como herramienta de propaganda para Hereu –que es en lo que parece consistir todo–, y por mucho que su coste pueda estar más ajustado que el del fabuloso blog de Maragall, parece claro que es un derroche aún mayor que el de aquél.

Este caso pone de relieve hasta qué punto resulta absurdo pretender salir de esta crisis a través de enormes programas de gasto público. Las sociedades prosperan según van cubriendo más necesidades y deseos de sus ciudadanos. En eso consiste la riqueza. Sin embargo, iniciativas como éstas no responden a los intereses de los ciudadanos, que las administraciones públicas siempre van a ser menos capaces de percibir y atender que las empresas que se juegan en ello su supervivencia todos los días. Son, en definitiva, un gasto de dinero que se traduce en una pérdida neta de riqueza: todos somos más pobres por culpa de ese blog, ya que los recursos que despilfarramos en él habrían sido de mayor provecho en otra parte de la economía.

Los políticos carecen de mecanismos precisos para establecer el valor de lo que ofrecen. No actúan en el mercado, carecen de competencia y sus "clientes" no pueden dejar de pagar por sus servicios, por lo que falta la necesaria retroalimentación que permita hacer una evaluación. El valor del videblog de Hereu es literalmente incalculable, aunque por la respuesta popular que ha tenido quepa deducir que es más bien bajito. Quitar recursos de la sociedad para financiar planes E, Avanza y demás faramalla nos hace a todos más pobres. Y eso que se supone que son los políticos los que nos van a sacar de esta crisis provocada por el "neoliberalismo", los "neocon" y demás neomalvados.

Políticos españoles del Tercer Mundo

Día sí y día también, asombra la ineptitud de nuestros gobernantes ante la crisis, sorprende la falta de ideas y la abundancia de complejos que reina en la oposición y escandaliza la corrupción generalizada que existe por doquier sin que ello provoque el más mínimo rubor entre esa casta parasitaria de privilegiados que se hacen llamar políticos.

Mientras la crisis empuja a millones de españoles hacia la marginación del paro y la impotencia de la miseria, el Gobierno central dilapida sin ton ni son la riqueza, ya no presente, sino futura de la ciudadanía a base de impuestos y una ingente deuda pública que será difícil de amortizar. Además, tanto Moncloa como los regímenes autonómicos que coexisten en España dictan a toda máquina nuevos decretos en los boletines oficiales para colocar a dedo a sus familiares, amigos y aliados en distintos cargos públicos. Los elegidos podrán así saborear los privilegios que ofrece el todopoderoso Leviatán, sin tan siquiera tener que esforzarse por aprobar una oposición.

El expolio sigue su curso: no ha hecho más que empezar. A la vista de tal despropósito y ante la dura tempestad de la crisis no es de extrañar que un número creciente de ciudadanos desee cruzar la frontera para cobijarse bajo Papá Estado. De hecho, en la actualidad, España cuenta casi con el mismo número de funcionarios que de emprendedores. Tonto el último es el lema que, a modo de epidemia mortal, se extiende por el país.

El nepotismo funcionarial y el favoritismo empresarial vía subvenciones, rescates y ayudas públicas de toda índole y condición campa a sus anchas y amenaza con convertir a este país en una sociedad parasitaria, en donde la casta de la función pública vive de explotar a un número de ciudadanos cada vez menor y menos libre.

Sufrimos una plaga propia del Tercer Mundo. España se latinoamericaniza a marchas forzadas. Al igual que aconteció en Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y tantas otras grandes dictaduras con forma de democracia al otro lado del charco, la sociedad española languidece y adopta una postura pusilánime e indiferente ante un robo institucional que, más que expolio, es ya tomadura de pelo.

¿Cómo es posible que la cúpula del PP siga ofreciendo todo su apoyo a su tesorero, encausado en una trama de corrupción que tiene visos de convertirse en un nuevo Filesa? ¿Y cómo se explica el silencio clamoroso de las bases del partido ante tal despropósito?

¿Cómo es posible que los andaluces no estén indignados con el descarado nepotismo de Chaves al frente de la Junta durante casi dos décadas? ¿Es que acaso no importa que dilapide el dinero de los contribuyentes y el futuro de la región a base de amiguismos y una política económica de teta pública

¿Cómo es posible…? Y, sin embargo, lo es. Una prestigiosa asesora de empresarios latinoamericanos me comentaba recientemente que el pasotismo de la población ante los desmanes de la clase política es el principio del fin de la democracia y de la libertad del individuo. La democracia española es joven e inmadura a diferencia de la anglosajona, en donde un desliz sexual o un gasto no justificado por parte de un cargo público sitúa al borde del precipicio toda una carrera política e, incluso, cuestiona la legitimidad del sistema.

España afronta su mayor reto desde la Guerra Civil. Si la crisis bancaria se transforma en lo que temo y la recesión se materializa en depresión, todo dependerá de cómo reaccionen los españoles. Un fracaso en esta materia amenaza con convertir a España en el México o la Argentina del sur de Europa. De producirse, la culpa no será ya entonces de los políticos sino de nosotros mismos. Súbditos sumisos y obedientes que no hicieron nada para evitarlo. Tendremos, pues, lo que nos merecemos.

Los pies de barro del crecimiento inflacionista

Me gustaría, sin embargo, llamar la atención sobre uno de ellos, por ser probablemente el de más actualidad y uno de los más importantes para comprender en toda su magnitud la crisis económica que padecemos: la brutal destrucción de capital que el dinero fiduciario ha provocado en los últimos años.

La diferencia económica esencial entre capitalismo y socialismo es el régimen de propiedad privada sobre los factores de producción. La propiedad privada no sólo es importante porque ofrece un marco descentralizado para la toma de decisiones –donde cada individuo o empresa puede probar, acertar y ganar dinero, o probar, equivocarse, perderlo… y rectificar–, sino sobre todo porque esa toma de decisiones no se produce en el vacío y de manera aleatoria, sino que tiene una herramienta básica para prosperar: el cálculo económico.

El cálculo económico no es más que la utilización de los precios de mercado (que surgen de las interacciones voluntarias entre los agentes y sus propiedades) para conocer la rentabilidad de las decisiones que se quieren tomar. Dado que casi todos los bienes de consumo y factores productivos tienen un precio en el mercado, puedo intentar anticipar si mis inversiones me permitirán ganar dinero o si, por el contrario, me arruinarán. Tan sólo tengo que comparar el dinero que necesito gastar en adquirir o contratar trabajadores, máquinas, materias primas, etcétera, con el dinero que espero obtener por las ventas de mi producción.

El resultado que arrojan estas operaciones queda reflejado en la contabilidad de partida doble, esto es, un balance empresarial donde toda modificación en el activo (el valor de todos los medios de que se dispone) tiene su reflejo automático en el pasivo (los derechos que existen sobre esos medios), y viceversa. Si mi activo se incrementa y mis obligaciones no, mis fondos propios aumentarán; si mi activo se reduce y mis obligaciones no, mis fondos propios se reducirán. El empresario, gracias a la contabilidad de partida doble, sabe en todo momento en qué posición se encuentra para poder completar de manera exitosa su proyecto: producir los bienes más valorados por los consumidores de la forma menos costosa.

Goethe calificó la contabilidad de partida doble como "el invento más refinado de la mente humana". El profesor Fekete, por su parte, lo comparó con la brújula de los marineros: hasta su invención, los barcos no podían alejarse mucho de la costa, o en todo caso tenían que orientarse por las estrellas… cuando el cielo fuera lo bastante clemente como para no ocultarlas. Si bien el socialismo equivaldría a tener el cielo siempre nublado, un libre mercado sin empresas que practicasen la contabilidad de partida doble sería el equivalente a unos marineros sin brújula: sus compañías apenas emprenderían proyectos de gran tamaño y arriesgados (no se alejarían de la costa), o se guiarían por señales simples y poco relevantes.

Sin embargo, el éxito de la contabilidad de partida doble y por tanto del capitalismo no depende sólo de que las empresas tengan sus libros actualizados, sino de que los precios y la estructura productiva no estén sometidos a inestabilidad y cambios bruscos. Estas condiciones sólo podrán satisfacerse en un régimen monetario sólido como el del patrón oro: cuando estaba vigente, las variaciones de precios eran menores y los tipos de interés eran muy estables.

Desde el abandono del patrón oro, el dinero fiduciario se ha apropiado de las finanzas mundiales, sometiéndolas a su intrínseca volatilidad. Ni los movimientos bruscos de precios desaparecen ni, sobre todo, se imposibilita que los bancos centrales, en cooperación con los privados, reduzcan de manera artificial los tipos.

El profesor Fekete sostiene que estas rebajas de tipos, como las promovidas por la Reserva Federal desde 2002, equivalen a una destrucción enmascarada del capital de las empresas. ¿La razón? Un entorno de tipos bajos provoca que el crédito crezca por encima del ahorro y que, tal y como demuestra la Escuela Austriaca, se generalicen las malas inversiones. A ningún lector le resultará extraña esa situación: el enorme crecimiento del crédito en España y en Estados Unidos –muy por encima del ahorro de estos países… y de los del resto del mundo– provocó una inversión masiva en vivienda que estaba lejos de satisfacer las necesidades de los consumidores.

Las empresas se adaptaron a un entorno de malas inversiones (por ejemplo, los viviendas necesitaban proveedores de todo tipo, y en torno a las nuevas urbanizaciones comenzaron a crearse negocios que tenían la expectativa de satisfacer esa futura demanda); en realidad, estaban dilapidando su capital. En su balance contable deberían haber registrado una pérdida futura (es decir, provisiones por insolvencia, obsolescencia de demanda, despidos e incremento del valor de liquidación de su deuda), pero lo que hicieron fue anotar pingües ganancias. ¿Resultado? Esas ganancias ficticias les sirvieron para repartir dividendos (phantom dividends) o aumentar gastos.

Imagine que sus ahorros consisten en 50.000 euros en acciones y otros 50.000 en su cuenta corriente, y que con estos últimos espera pagar una deuda de otros 50.000 que le vence en unos meses. En un momento dado, el precio de sus acciones se multiplica por 100, de modo que sus ahorros pasan a estar algo por encima de los cinco millones de euros. Emocionado por su súbito acceso a la condición de nuevo rico, decide darse una vuelta al mundo y gastar sin contemplaciones los 50.000 euros de su cuenta corriente. Total, ¿qué importancia pueden tener 50.000 euros en un patrimonio superior a los cinco millones? ¿Qué más dará la deuda que me vence en unos meses, si puedo saldarla vendiendo unas pocas acciones? Pero ahora imagine que antes de que venza su deuda sus acciones vuelven a caer al precio que las compró y vuelven a valer 50.000 euros. ¿Qué le ha sucedido? Pues que se ha arruinado: unas ganancias potenciales en bolsa le han animado a incurrir en gastos en los que nunca habría incurrido en circunstancias normales.

Lo mismo les sucedió a los bancos: cegados por unos beneficios ficticios que sólo procedían de una laxitud crediticia que tenía que revertirse, ampliaron negocio y repartieron dividendos entre sus accionistas. En lugar de incrementar sus provisiones de manera masiva durante 2004, 2005 y 2006, se dedicaron a darse unas vacaciones alrededor del mundo. Y ahora, cuando la situación se revierte, se dan cuenta de que están quebrados.

Nada de esto habría podido suceder con un patrón oro, o al menos no durante un período tan prolongado de tiempo. Los tipos de interés no pueden mantenerse por mucho tiempo artificialmente bajos, y el valor de los activos de las compañías no queda sesgado al alza.

En la última década de falso crecimiento, Estados Unidos, España y el resto del mundo han padecido un consumo masivo de capital que el sistema contable ha ocultado por la flexibilidad y elasticidad del dinero y del crédito fiduciario. Del mismo modo en que los grandes proyectos arquitectónicos serían inviables si cada día se redefiniera sin previo aviso el significado de la palabra metro, el capitalismo se tambalea cuando se juguetea con su unidad de cuenta, medida de valor de todos los proyectos empresariales. Los gobiernos lo saben, y en ello han estado… y siguen estando.

Los pajines de Feijóo

Servidor, que a mediados de aquella década era funcionario de carrera en una administración autonómica gobernada por el PSOE, tuvo como director general a un señor de diecinueve años (lo juro), cuyo principal mérito, aparte de ser "hijo de" y formar parte de la directiva de las juventudes socialistas, era su destreza en el juego del Tetris, a cuyo perfeccionamiento dedicaba duras sesiones de entrenamiento en un salón de juegos recreativos que había frente a las oficinas de la consejería. Trescientas mil pesetas de los años ochenta, era lo que los contribuyentes pagaban mensualmente a este joven de estado para que realizara muchas "políticas de juventud" y dinamizara los movimientos juveniles en los ratos que le permitía su principal ocupación: llegar al grado "Fuck Master" en el endiablado juego electrónico de encajar piececitas a toda velocidad.

No hemos avanzado nada. La juventud sigue siendo una "virtud" política en lugar de un grave defecto, y el hecho de haberse dedicado desde pequeñito a medrar en un partido un mérito curricular, en lugar de una perversión impropia de una edad en la que uno debería alejarse de la política todo lo posible para dedicarse a entender cómo funciona el mundo real, lo que en tiempos más civilizados se llamaba "hacerse un hombre de provecho".

Los pajines no sólo nos sacan la pasta sino que, además, nos quieren gobernar. Ignoro la valía de los consejos que este joven estudiante de derecho (¡anda, como Pepiño!) va a proporcionar al responsable gallego de Economía e Industria, pero a juzgar por los contenidos de su blog no parece que el rapaciño sea precisamente Manuel Pizarro. Mil eurazos mensuales, sin horario ni cometido concreto y pisando moqueta todo el día no es precisamente el puesto de trabajo que más se estila entre los jóvenes de veintiún años, pero es que no todos tienen una gran conciencia política desde la infancia, como le ocurre a los pajines de todos los partidos.

En todo caso, ante esta generación de políticos veinteañeros se abre un futuro lustroso, amarrados a la ubre presupuestaria hasta que a los cincuenta se encaminen hacia el cementerio de paquidermos del Parlamento Europeo para terminar de hacerse un capitalito. Si llegan a la treintena sin verse afectados por la corrupción no habrá más remedio que declararlos Padres de la Patria.

Cambiar para que todo siga igual

La columna es un perfecto ejemplo de cómo los erróneos diagnósticos sobre los orígenes de la crisis dan lugar a propuestas equivocadas acerca de cómo combatirlas y prevenirlas. De ahí que resulte tan importante identificar con corrección el problema para luego darle la adecuada respuesta.

Y es que Geithner y Summers adoptan desde el comienzo un falso punto de partida: la crisis se debió al exceso de ahorro asiático que fue canalizado a través de los nuevos instrumentos financieros y generó un exceso de expansión crediticia. En otras palabras, dado que chinos y japoneses fueron muy frugales y gracias a ello nos prestaron carretillas cargadas de dinero, la codicia cegó nuestros ojos y colapsó nuestras pobres mentes. No supimos qué hacer con tantos fondos y los colocamos en el primer sitio que se nos ocurrió: ora hipotecas subprime, ora financieras de automóviles, ora empresas aseguradoras.

La explicación es sencilla y parece verosímil pero se equivoca por entero y contiene el germen de la destrucción de la economía. Caracteriza al ahorro como algo nocivo y peligroso y aboga por que las decisiones humanas sean controladas y reguladas. Pero no, el ahorro es la base del capitalismo (capitalismo proviene de capital y sólo acumulamos capital ahorrando), gracias al cual hemos podido expandir nuestro actual nivel por encima del de los antiguos faraones y monarcas absolutos.

Y por consiguiente tampoco: ni el ahorro asiático causó la crisis ni la desregulación per se estuvo en el origen de nuestros problemas. Lo primero, porque por cada dólar que los chinos ahorraban, emitían un renminbi que se gastaban (curiosa multiplicación de los panes y los peces); lo segundo, porque un modelo de banca privilegiada y servil a los intereses financieros del Estado en muy poco grado puede calificarse de desregulada.

Frente a estos serios problemas, la Administración Obama parece decidida a dotar de una mayor solidez a la banca pero a costa de estrechar aún más los ya de por sí directísimos lazos que existen entre políticos y banqueros. Así, propone incrementar sus ratios de liquidez y solvencia (lo que en efecto habría paliado buena parte de la crisis actual) pero sin atacar su problema de fondo (los privilegios financieros, concursales y políticos de la banca) para así dotarse de la competencia de controlar la actividad e incluso la dirección de un banco con problemas.

Dicho de otra manera, Obama no pretende cambiar el modo destructivo de hacer banca, sino racionalizar esa destrucción, incorporarla como un área más del Gobierno y externalizar sus costes al conjunto de la población. Seguirá habiendo ciclos económicos, sólo que el Estado meterá más la mano en ellos.

Es como si un ayuntamiento subvenciona las partidas del casino a sus vecinos y cuando se da cuenta de que sus ciudadanos son cada vez más pobres (y el casino más rico) no piensa en abolir la subvención, sino en obligarles a apostar un poco menos e incluso en que el alcalde se arrogue el derecho de apostar en su lugar cuando ya se encuentren al borde de la bancarrota.

Creo que todos coincidiremos que la solución a la ludopatía subvencionada no pasa por pretender darle sentido a lo que no lo tiene, sino en eliminar ese subsidio municipal al juego. Entonces, ¿por qué Obama no se decide a eliminar los privilegios de la banca? Es decir, ¿por qué no regresa al patrón oro, impide que la Reserva Federal descuente casi cualquier clase de activo, fuerza la liquidación de los bancos insolventes y, en última instancia, impide exagerados descalces de plazos? Por una razón muy sencilla, que sí supone la causa última de esta crisis pero que casualmente los políticos se niegan a admitir: el primer y mayor beneficiario de las expansiones crediticias artificiales que llevan a cabo los bancos privados, y que suponen el germen de crisis económicas como la actual, es el propio Estado.

Sin el presente régimen de dinero fiduciario que, en determinadas condiciones, permite expandir a placer el crédito, los gobiernos que quisieran colocar sus emisiones de deuda pública, tendrían que pagar elevadísimos tipos de interés. Así, casi todo el gasto público debería financiarse con impuestos y no difiriendo su pago a las futuras generaciones. ¿Se imaginan que los políticos intentaran acometer hoy las brutales subidas fiscales necesarias para financiar sus desbocados presupuestos? No podrían porque simplemente la población se sublevaría. Por eso siguen tirando de los bancos y de la inflación y por eso no quieren cambiar el sistema financiero sino seguir arrimando el ascua a su sardina.

Las drogas han ganado

Más que eso, ocurre que la pretensión de ganar contra el consumo de drogas no tiene ningún sentido. Estas sustancias forman parte de la naturaleza, y el hombre ha recurrido a ellas desde siempre. Siempre habrá una parte de la población que recurrirá a ellas por varias razones. Si la demanda está ahí, la oferta le seguirá inexorablemente. Poner los recursos del Estado al servicio de la prohibición de su consumo, producción y distribución no acaba con la raíz del asunto, que es su demanda. Y no sólo no resuelve la cuestión, sino que añade otros problemas que son, al menos, tan graves.

El primero de ellos es que convierte un comportamiento legítimo, como es el consumo o la producción de drogas, en un crimen. Pero no puede haber un crimen sin víctima, y no hay víctima cuando las decisiones se toman sobre lo que a uno le pertenece, como es su propio cuerpo. Si el Estado criminaliza comportamientos legítimos y que, por tanto deberían ser libres, ya no hay límite a su intervención. En los crímenes de verdad, hay un hecho contingente que delimita la criminalidad, que es la acción sobre la víctima. Puesto que ahora lo único que le limita al Estado es su propia consideración de lo que debe ser o no un crimen, y ese criterio es arbitrario e interesado, ya no hay límite real.

Convertir la producción de drogas, que no desaparecerá jamás, en un crimen, supone ampliar el ámbito criminal por decreto. El hecho de estar fuera de la ley ampara y fomenta que se adopten otros comportamientos que sí son delictivos. Además, todos los recursos del Estado que se dedican a luchar contra el tráfico no se destinan a los verdaderos crímenes. Por si ello fuera poco, la propia actuación del Estado se parece más, efectivamente, a una guerra, en la que todo vale, que a la actuación de la policía sometida a la ley. Un informe de Naciones Unidas de 1988 reconocía que la lucha contra las drogas se está "alejando de los principios generales del Derecho". El propio Estado se convierte en un criminal en la lucha contra un crimen que no es tal. Esa es la guerra contra las drogas.

Piratas suecos en Estrasburgo

La llegada de este joven partido en aguas de Estrasburgo y Bruselas, siempre turbulentas para quienes quieren navegar libremente por internet, es un buen toque de atención a unos políticos que en demasiadas ocasiones viven de espaldas a la realidad y los intereses de los ciudadanos. Una situación que resulta especialmente evidente en toda la estructura de la Unión Europea.

Tiene en común con otras fuerzas minoritarias, o incluso con un jefe de Estado como el presidente checo, Václav Klaus, una profunda desconfianza hacia el poco democrático funcionamiento de la UE. Pero algo les distingue del resto. Los dos puntos fundamentales de su programa son un cambio radical en el modelo actual de propiedad intelectual y una firme denuncia de los atentados que cada día cometen los gobiernos y parlamentos contra la intimidad y la libertad de los internautas. Y gracias a estos tres ejes se han convertido en el tercer partido por número de afiliados en Suecia, 43.250 miembros sobre una población total de unos 9,2 millones de personas, y en la quinta fuerza con mayor apoyo del país: se lo ha dado un 7,1% de los electores (en España, la tercera lista más votada ha sido la concentración de nacionalistas ‘Coalición por Europa’, con un 5,1% de los votos).

El ex diputado sueco de origen chileno Mauricio Rojas explicaba hace unas semanas a los sorprendidos asistentes al Seminario Lucas Beltrán, dirigido por Pedro Schwartz, que en el país escandinavo no existe la figura del funcionario tan común en lugares como España y que, además, sus habitantes son herederos de una larga tradición de campesinos libres. Estas dos características suecas chocan, sin duda alguna, con una estructura profundamente burocratizada como la de la UE y con la creciente normativa europea de control de internet. Si bien esto puede haber influido en el buen resultado del Partido Pirata, hay una razón más fuerte que lo explica.

La normativa española sobre propiedad intelectual, imposición por ley del canon digital incluida, resulta indignante. Lo mismo ocurre con algunas actuaciones de ciertos jueces referidas a esta materia, en concreto a las páginas con enlaces a redes P2P. Sin embargo, todo ello resulta una broma si se lo compara con Suecia. La ley impone multas draconianas por el intercambio de archivos, hasta el punto de que alguien puede ser condenado a pagar la friolera de 2.124 euros por descargarse cuatro canciones (531 euros por tema). Y en cuanto a los tribunales, todavía peor. El hecho de que el juez que condenara a los responsables de The Pirate Bay sea miembro de entidades de gestión de derechos de autor indignó a muchos suecos. Una indignación que creció al saberse que la primera magistrada a la que se le encargó la repetición del proceso pertenece a las mismas organizaciones.

Este último escándalo judicial ha dado un fuerte impulso durante los últimos meses al Partido Pirata. Cuando se pone la maquinaria de todos los poderes del Estado al servicio de los intereses particulares de unos pocos –en este caso discográficas y similares– no resulta extraño que parte de la ciudadanía se rebele. Esperemos que el desembarco pirata en Estrasburgo sirva para que los políticos de toda Europa reflexionen y pongan fin a las demenciales legislaciones sobre propiedad intelectual.