Sin embargo, desde que Rajoy decidió echar desdeñosamente de su partido a los liberales, existen dudas más que razonables de que el PP quiera y pueda seguir representándonos mínimamente. De hecho, las dudas son de tal entidad que algunos liberales incluso han apostado en los próximos comicios por un partido afín a la izquierda como UPyD.
Es normal, por consiguiente, que muchos liberales no tengan muy claro qué votar el día 7. Mi propósito con este artículo no es más que analizar las propuestas de política económica contenidas en los programas electorales de PP y UPyD, para ver cuáles son más acertadas y respetuosas con la libertad de los europeos. Descarto a Izquierda Unida por motivos obvios y al PSOE, porque se ha embarcado en una batalla ideológica contra el libre mercado que muchas veces hace que sea igual de inútil y peligroso que los comunistas.
Dividiré mi análisis en los cuatro grandes campos que podríamos asociar con las políticas económicas de la UE: la política agraria, la política monetaria, la política energética y una miscelánea de regulaciones sociales varias.
Política agraria
Ninguno de estos dos partidos pretende introducir cambios verdaderamente profundos en la configuración de las políticas económicas europeas. En general, son defensores del statu quo o, en todo caso, unos reformadores timidísimos. La agricultura no es una excepción.
Ni el PP ni UPyD piden la eliminación de la PAC, ese costosísimo programa de protección de los agricultores y ganaderos europeos a costa de los consumidores y productores extranjeros. Por consiguiente, para decidir quién tiene una actitud más liberal en este campo habrá que fijarse en la intensidad y decisión con que defienden la PAC.
Pues bien, el PP es mucho más entusiasta que UPyD a la hora de mantener este engendro intervencionista, y apuesta sin dudarlo por conservar la PAC más allá de 2013, por no recortar en absoluto los multimillonarios fondos que se transfieren a los agricultores y ganadores, por poner en marcha "instrumentos de intervención" en el mercado y por primar la producción agrícola europea frente a la del Tercer Mundo mediante aranceles. En otras palabras, el PP se postula sin complejos como la punta de lanza de los intereses del lobby agrícola dentro de Europa. Nada que debiera sorprendernos, viendo dónde tiene sus graneros electorales.
Por su parte, UPyD, si bien pretende conservar la PAC, trata de orientarla hacia el lado más empresarial. Su objetivo es lograr la conservación del campo europeo no mediante la subvención, sino tratando de incrementar su competitividad. Desde luego, se trata de un objetivo condenado al fracaso, pero al menos denota una perspectiva más amistosa para con el mercado.
Pero lo más importante es que UPyD pide la eliminación de los aranceles para los productos agrícolas y ganaderos del Tercer Mundo. Es cierto que esta excelente idea la matiza exigiendo a estos países que sus condiciones laborales, medioambientales y sanitarias sean homologables a las europeas (esto es, propone establecer restricciones no arancelarias al comercio y arrebatar a aquéllos su ventaja competitiva frente a Occidente), pero al menos acierta cuando dice:
Parece poco coherente apostar por la ayuda a los [países del Tercer Mundo] mientras que al mismo tiempo se ponen trabas y gravámenes de todo tipo a los productos con que estos países tratan de entrar en nuestros mercados.
Dado que el PP también apoya las restricciones no arancelarias, con tanto o mayor ímpetu que UPyD, esta última formación tiene decididamente una postura más liberal que la primera en el ámbito agrario.
Política monetaria
Ni PP ni UPyD defienden (faltaría más) una política monetaria sensata, basada, por ejemplo, en la abolición de las leyes de curso forzoso y la libertad de emisión de moneda, o, en su defecto, en un retorno al patrón oro por parte del Banco Central Europeo. Tampoco nada sorprendente. Así las cosas, deberemos analizar sus propuestas de política monetaria en función de su semejanza con un régimen de libertad monetaria y por cómo afectarían al patrimonio de los europeos.
El PP propone que el BCE se limite a cumplir con su objetivo de dar estabilidad a los precios (en el rubro precios incorpora acertadamente los de los activos financieros e inmobiliarios, a diferencia de lo que sucede ahora). Asimismo, pretende limitar la capacidad de endeudamiento de los Estados bajo el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Las dos son propuestas bastante sensatas (evitar las expansiones crediticias y reforzar la calidad de la deuda pública), que limitarían la inflación y protegerían el patrimonio de los ciudadanos.
Sin embargo, este acierto se ve ensombrecido por algunas extrañas contradicciones (propone que el BCE baje los tipos de interés y expanda el crédito para que los Estados puedan endeudarse con menos cortapisas) y ataques frontales a la libertad como su propuesta de armonización tributaria europea y su respaldo a la persecución de los paraísos fiscales. Parece que el PP, lo que nos quiere ahorrar por el lado inflacionario no los quiere quitar por el impositivo.
UPyD también presenta en su programa la muy acertada idea de incorporar los activos inmobiliarios y financieros a los precios en que debe fijarse el BCE para establecer su política monetaria, pero, incomprensiblemente, pretende expandir los cometidos de dicha entidad a la promoción del empleo (esto es, expandir artificialmente el crédito para generar booms artificiales en la economía que aumenten de manera temporal el empleo), en lugar de limitarlos a que vele por la estabilidad de precios.
Además, UPyD no sólo no defiende la restricción del endeudamiento público que sí propone el PP mediante la reforma del PEC, sino que aboga por éste. Y, por si fuera poco, también defiende la armonización fiscal. En otras palabras, sienta las bases para una mayor expansión crediticia, una deuda pública de peor calidad y una subida de impuestos.
Aunque por poco, en este punto el PP presenta un programa más liberal.
Política energética
Ninguno de los dos propone levantar las restricciones al mercado eléctrico, esto es, a la regulación de tarifas y a la configuración de las fuentes energéticas a las que pueden acudir los distribuidores. Ambos, pues, aceptan el modelo de planificación cuasi soviético que nos han impuesto los burócratas europeos y nacionales.
Tanto PP como UPyD hablan de diversificar el mix energético con una apuesta por las renovables, obviando los enormes perjuicios que las ayudas públicas a este sector están provocando en la economía. Por otro lado, ambas formaciones se muestran, afortunadamente, partidarias de reabrir el debate nuclear.
Por consiguiente, en este punto ninguna de las dos tiene una posición más claramente liberal que la del otro.
Miscelánea social
En los dos programas se presentan de forma más o menos dispersa una serie de propuestas destinadas a modificar eso que se ha dado en llamar "la Europa social", modelo que ninguno se plantea reformar, facilitando la transición hacia, por ejemplo, una sociedad de propietarios.
En esa Europa social cabe de todo, pero, básicamente, PP y UPyD piden mejorar la calidad de la enseñanza para que pueda ser el principal activo de los ciudadanos. Craso error: la educación –especialmente tal y como está planteada ahora mismo– sólo es un activo complementario para el mercado laboral, pero no uno que permita al individuo alcanzar la autonomía financiera (en cambio, la autonomía financiera, en tanto exime de la necesidad de trabajar, sí permite mejorar el nivel educativo del individuo). Por consiguiente, en lugar de favorecer una sociedad de propietarios responsables de sus ahorros e inversiones y de presionar por reducir las cargas impositivas, se empecinan en apoyar un sistema que claramente tiende a consolidar la proletarización de la gente (una sociedad de trabajadores y autónomos en lugar de una de propietarios de activos financieros y reales).
En general, las propuestas de ambas formaciones en este epígrafe son negativas para la economía y la libertad. El PP pretende crear un IVA verde y UPyD, un impuesto sobre las emisiones de CO2; ambas se oponen a la posibilidad de que un empresario y un trabajador pacten una jornada laboral de 65 horas semanales (con lo que apuestan por forzar a los trabajadores que quieran seguir esta jornada a buscar dos empleos distintos, con lo que eso supone de merma de productividad y pérdida de tiempo); y ambos (especialmente el PP) abogan por una cierta discriminación positiva a favor de la mujer (por aquello de permitirle conciliar la vida laboral y familiar), que sólo tiende a dificultar dificultar la contratación de las mismas por parte de las empresas.
En este apartado sólo sería capaz de señalar una propuesta positiva en cada uno de los partidos. El PP parece mostrarse partidario de incrementar la información accesible a los pacientes, lo que podría significar un levantamiento de la prohibición de la publicidad a las farmacéuticas (que encarece la investigación y eleva el precio de los fármacos), y UPyD propone prohibir la posibilidad de adoptar moratorias sobre los derechos fundamentales como el que reconoce la libertad de circulación de los trabajadores (lo que enterraría la típica tentación intervencionista de restringir la inmigración con retórica xenófoba, tal y como sucedió con la campaña del fontanero polaco).
Aquí, al igual que en el epígrafe anterior, tampoco hay un partido claramente más liberal que el otro: casi todo son puntos negativos, y los positivos se compensarían.
Así pues, PP y UPyD quedarían más o menos empatados en liberalismo (o antiliberalismo, según se mire). Me inclino a pensar que, mirando el conjunto, UPyD tiene un programa económico ligeramente más liberal que el PP (sobre todo por la política agraria de este último), pero, lo dicho, la diferencia es escasa. Otra cosa sería hablar de libertades en general, más allá del ámbito económico.
En todo caso, si quiere saber el sentido de mi voto, le diré que me abstendré: la farsa bruselense me parece de tal calibre, y tan contraria a nuestras libertades, que frente a ella no parece haber otra opción razonable que hacerle el vacío en las urnas.
