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Feijóo el equidistante

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Que la izquierda haya aplaudido con las orejas no debería ser algo demasiado sorprendente, ya que al fin y al cabo equivale a una subida de impuestos; que algunos liberales, sin embargo, hayan visto en esta eliminación el punto final a una discriminación fiscal que distorsionaba nuestra estructura productiva (algunos ingenuos, de hecho, la consideraban responsable de la burbuja inmobiliaria) ya empieza a ser más preocupante.

Por supuesto, son tiempos propicios para considerar la inversión en ladrillo como el origen de todos nuestros males. Cualquier movimiento político que trate de agitar esa bandera contará con el aplauso de las masas: "Que esta calamidad no vuelva a suceder". Y si a esto le añadimos que algunos ven la supresión de la deducción como un mecanismo para proceder a una rápida liquidación de todo el stock de viviendas que acumula nuestro país, la ocurrencia zapateril (en realidad, sebastianil) se torna una ponderada y sensata medida de política económica.

Sin embargo, no deberíamos ir tan deprisa. Ni la inversión en vivienda es una locura de juventud a la que haya que poner coto, ni la deducción causó la burbuja inmobiliaria, ni su eliminación contribuirá a la superación de la crisis.

La vivienda como inversión

Si durante el boom casi todo el mundo consideraba que la vivienda era la única inversión segura y generadora de riqueza –la bolsa era marginada como una suerte de casino que parecía generar inversiones que mejoraran la calidad de vida del potencial inversor–, ahora casi todo el mundo se afana por despreciarla. ¿Para qué comprar una casa, si se puede alquilar? ¿Acaso creemos que un país como España puede salir adelante cuando su primera industria es el ladrillo?

En realidad, ni los excesos laudatorios de ayer ni los excesos denigratorios de hoy tienen demasiado sentido. Obviamente, la vivienda es una inversión: quien adquiere un inmueble está trasladando parte de su renta actual al futuro (está capitalizando su renta). Las letras de la hipoteca que pagamos hoy permanecen en la forma de un bien inmueble que nos proporciona servicios de habitación, que podemos alquilar a otras personas para obtener nuevas rentas, que podemos vender por un monto elevado o legar a nuestros hijos para que tomen cualquiera de esas decisiones.

Otra cosa es que la vivienda sea una buena inversión. Eso dependerá de su precio (actual y futuro). En España era una inversión razonablemente buena en 1997, se convirtió en una razonable en el año 2000… y a partir de ahí debería haber perdido todo su atractivo frente a otros activos, como las acciones. Hoy, las tornas están cambiando, y cada vez va siendo menos infrecuente encontrar pisos a precios interesantes y que constituyan posibles buenas inversiones.

¿Se enriquece un país cuyo parque de viviendas no deja de crecer? Por un lado, está claro que los individuos necesitan vivir en algún sitio, que aspiran a emanciparse de sus padres y formar una familia, que desean disponer de uno o varios sitios de recreo en los que refugiarse durante su tiempo libre (segundas y terceras viviendas). Por otro, los inmuebles también son la base de la producción de la industria turística (hoteles y apartamentos) y de buena parte de las demás (necesitan tener oficinas, almacenes, locales comerciales…). Por consiguiente, la vivienda es un bien de capital bastante polivalente y reconvertible, que presenta una amplia demanda por parte de los individuos (demanda que, además, resulta bastante improbable que se extinga en el futuro).

Resulta poco dudoso que más viviendas significan más riqueza y más bienestar para los individuos. El problema no es tanto que la burbuja haya arrojado un exceso de viviendas cuanto que ese exceso se ha generado a costa del defecto de otros bienes de capital e industrias, que en estos momentos supondrían aún más riqueza que las nuevas viviendas (es decir, las viviendas son útiles, pero había otras inversiones más útiles que fueron desatendidas).

La deducción por vivienda como causa de la burbuja

Diversos analistas han sugerido que uno de los motivos principales que engordaron la burbuja inmobiliaria en nuestro país fue la existencia de la deducción por compra de vivienda. Dado que esta deducción nos permitía ahorrarnos –como mucho– unos 1.400 anuales en el IRPF por la compra de la vivienda habitual, había incentivos muy poderosos para que todo el ahorro se canalizara hacia los inmuebles.

Es un error, sin embargo, suponer que la legislación tributaria pueda generar burbujas. Desde luego, las figuras fiscales afectan a la estructura productiva, pero difícilmente podrán tildarse estos efectos de burbuja. Toda inversión se adopta (o se debería adoptar) por su rentabilidad financiero-fiscal (por su rentabilidad después de impuestos); por tanto, una fiscalidad favorable a un tipo de inversiones, como la efectuada en vivienda, sólo hará que la rentabilidad antes de impuestos de la vivienda sea menor que la de otros activos. Pero esto nada tiene que ver con una burbuja, que alude a que el valor presente de un activo se incrementa mucho con respecto a las rentas futuras esperadas, y que se produce como consecuencia de unos tipos de interés artificialmente bajos. Quien causó la burbuja inmobiliaria en España fue el sistema bancario (el Banco Central Europeo, con sus tipos de interés al 2%, y los bancos privados, con su estrategia de endeudarse a corto e invertir a largo), no la deducción.

Pero es que, aparte, los supuestos privilegios fiscales de la vivienda en España resultan cuando menos discutibles. Recordemos que la compra de vivienda de obra nueva está sometido al IVA (7%), y la de segunda mano al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (cada autonomía tiene el suyo, pero se mueve en torno al 7%), entre otros tributos. Dicho de otra manera: según estos analistas, la vivienda está tan fiscalmente favorecida en España porque comprando un inmueble nos podemos ahorrar como mucho unos 1.400 euros anuales en el IRPF… a costa de pagar de golpe 14.000 euros (y eso para una vivienda de 200.000 euros; si fuera de 400.000, rozaría los 30.000).

La supresión de la deducción como incentivo a la recuperación

Con independencia de que me parezca absurdo que políticamente se prime la adquisición de vivienda frente a otras formas de inversión y con independencia de que el origen de esta deducción se encuentre en el deseo de corregir los nefastos efectos de otras intervenciones (en esencia, la progresiva merma en la inversión en vivienda y el deterioro del parque de inmuebles derivados de la desprotección jurídica de los arrendadores), la deducción es, al menos, un incentivo fiscal al ahorro. Y para superar la crisis necesitamos más ahorro con el que poder sufragar la reconversión del tejido productivo español. Por supuesto, como digo, lo más inteligente sería mejorar la fiscalidad para todos los instrumentos de ahorro, de modo que las decisiones de inversión se basaran en las necesidades de los consumidores y no de Hacienda. Pero como esto no parece estar en la agenda ni del PSOE ni del PP, al menos que conserven la deducción por compra de vivienda.

Su eliminación sólo retrasará el necesario ajuste de precios hasta 2011 (ya que los promotores adquieren hasta esa fecha un mayor poder de negociación para negarse a corregir la sobrevaloración de los inmuebles), y a partir de ese año agravará la deflación de precios de la vivienda: dado que se encarecerán los precios después de impuestos, los precios antes de impuestos percibidos por los promotores tendrán que reducirse aún más. Así pues, el Estado se lucrará a costa de unos promotores que para entonces estarán aún más asfixiados que ahora.

Si esperamos edificar nuestra recuperación primando el consumo sobre el ahorro, tratando de evitar que se produzca el necesario ajuste de precios y esquilmando fiscalmente a las partes más debilitadas de la economía, es que todavía no hemos aprendido por qué se produjo la crisis y cómo hay que salir de ella. Que los políticos tropiecen en estas dos piedras es comprensible; que los economistas se caigan de morros por apoyar una inalcanzable neutralidad fiscal no lo es en absoluto. Aunque, viendo el deplorable estado de nuestra ciencia, va siendo cada vez más habitual.

En defensa de la deducción a la vivienda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Por qué los gobiernos han mantenido históricamente una actitud hostil hacia el oro? ¿Cómo se fue produciendo, taimada y veladamente, la expropiación del oro de los particulares por parte de los Estados? ¿Cuál es el papel que juega hoy en día el metal amarillo? ¿Cómo, por qué y dónde invertir en oro?

Todas estas y muchas otras preguntas se plantearán y resolverán en el Gold and Silver Meeting que se celebrará en Madrid el próximo 18 de junio y donde tengo el honor de compartir cartel con figuras tan internacionalmente conocidas como el profesor Antal Fekete, el inversor James Turk y los empresarios Hugo Salinas Price y Vern Rampton.

Cada uno desde su ámbito, experiencia y conocimientos tratará de arrojar luz sobre las anteriores cuestiones que, en buena medida, definen la situación y el futuro de nuestro sistema monetario y financiero.

Puede que usted crea que el oro es cosa del pasado y que ha dejado de tener cualquier tipo de utilidad monetaria. En parte estará en lo cierto: los gobiernos de todo el mundo odian el oro y han intentado romper cualquier vinculación que su dinero de curso legal guardara con él.

No voy a intentar convencerle de lo contrario porque en ese caso se ahorraría venir al Gold and Silver Meeting, y lo cierto es que el resto de ponentes podrán exponer estos asuntos con mucha más maestría que yo.

Sólo déjeme plantearle alguna pregunta que quizá le lleve a cuestionarse esos dogmas tan establecidos sobre la inutilidad del oro y que tal vez le animen a pasarse por las conferencias.

  • Si buena parte de la demanda de oro se derivaba de que actuaba como respaldo del dólar, ¿por qué entonces el 60% de todo el oro que se ha producido en la historia de la humanidad se ha extraído a partir de 1971, cuando se rompió la vinculación con el dólar?
  • Si el dólar es dinero y el oro no lo es, ¿por qué cuando en 1971 Richard Nixon abandonó el sistema de Bretton Woods (que establecía la convertibilidad entre el billete verde y el metal amarillo) el precio del oro pasó del entorno de los 35 dólares por onza a 800 en unos años? Al fin y al cabo, si el dólar y sólo el dólar es dinero y buena parte de la demanda de oro se derivaba de actuar como respaldo al dólar, ¿por qué fue éste quien se depreció y no el oro?
  • Si el oro es una inversión como cualquier otra (o incluso mucho peor que las otras), ¿por qué ha sido el único activo junto con la deuda pública que no ha perdido valor, sino que lo ha ganado de manera considerable, durante esta crisis financiera?
  • Si el oro sólo tiene una función ornamental y actúa como un bien de lujo, ¿cómo es posible que se revalorice durante las crisis económicas? ¿No deberíamos todos en esos momentos vender el oro a cambio del dinero oficial que nos ofrece el Estado? ¿En las crisis nos refugiamos en los lujos?
  • Si el patrón oro se abandonó porque era un mal instrumento para evitar las quiebras bancarias y porque cada vez el metal amarillo resultaba más escaso, ¿por qué el sistema bancario mundial ha vuelto a quebrar durante la actual crisis y por qué en la actualidad hay más oro per cápita que en pleno s. XIX cuando estaba en su apogeo el patrón oro?
  • Si el oro es el mejor dinero posible, si los individuos, pese a los Estados, siguen acudiendo masivamente a él en tiempos de incertidumbre y los motivos que nos han vendido los políticos para abandonarlo son falsos, ¿por qué el mundo utiliza actualmente un dinero fiduciario de curso forzoso cuyo valor depende en última instancia de la voluntad del Estado?

Pues precisamente por esto último. En el Gold and Silver Meeting lo explicaremos con más tiempo y detalle.

Madrid, capital mundial del oro por un día

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Abogar por una política sensata, permitiendo que el libre mercado depure los excesos del pasado vía recesión y reajuste de precios relativos con el fin de liquidar las malas inversiones fomentadas por el crédito fácil, o bien abogar por una intervención masiva a base de rescates financieros y falsos estímulos económicos. El resultado de una u otra pintan un escenario muy distinto: una recesión en V o una japoneización en forma de L.

Hasta el momento, Obama se ha decantado por esta segunda opción. Y sus efectos comienzan a materializarse de modo dramático en las cuentas públicas de Estados Unidos. Tras revisar al alza sus previsiones iniciales, el Gobierno estima que el déficit fiscal rozará el 13% del PIB en el presente ejercicio. Un desequilibrio sustancial que será financiado a través de la emisión de más deuda pública.

El problema consiste en que los inversores comienzan a desconfiar de los bonos del Tesoro. En las últimas semanas, los acontecimientos se han precipitado. La agencia de calificación Moody´s estudia seriamente rebajar la calidad crediticia (rating) de la deuda pública estadounidense. China, y ahora también Japón, principales acreedores del Gobierno de Estados Unidos, ya han manifestado claramente que no están dispuestos a financiar tal despropósito de forma indefinida.

De hecho, el régimen de Beijing está reduciendo su compra de bonos nominados en dólares y advierte del riesgo de inflación, en una estrategia muy similar a la que en estos momentos está poniendo en práctica Rusia. El Banco Central de Moscú ha comenzado a diversificar sus reservas y ha reducido de forma sustancial su tenencia de dólares hasta el 41,5% frente al 49% de principios de 2007. ¿Casualidad? Ambas potencias dejaron bien claro a Washington que el actual sistema monetario debe ser reformado. El dólar ha de ser sustituido como divisa de referencia internacional

La emisión del billete verde carece de respaldo real desde que el ex presidente Richard Nixon eliminó el último atisbo del patrón oro en 1971. Desde entonces, gracias al monopolio monetario, la Administración de Estados Unidos ha podido embarcarse en una política de gasto público desenfrenado gracias a la capacidad de imprimir billetes y, con ello, generar inflación. 

Sin embargo, China y Rusia han puesto las cartas encima de la mesa y abogan ya sin miramientos por reformar el sistema monetario vigente. No obstante, los bancos centrales de medio mundo están acumulando reservas de oro ante la desconfianza que, hoy por hoy, genera el dólar. De hecho, el propio Obama reconoce que el déficit es "insostenible" a largo plazo y que Estados Unidos ya no puede depender del crédito chino para financiar su abultada deuda pública.

Y todo ello, en un momento clave de crisis financiera y económica. Si Obama continúa por esta senda suicida, lo que hoy son amenazas podrían llegar a convertirse en realidad. Al carecer de respaldo real, el valor del dólar depende en última instancia de la capacidad del Tesoro para colocar sus bonos y refinanciar su abultado endeudamiento. Sin embargo, los acreedores de Estados Unidos advierten seriamente de que podrían cortar el grifo del crédito que abastece a Washington. En tal caso, y siempre y cuando su economía no se recupere antes con intensidad y solidez, el colapso del dólar dejará de ser una utopía y pasará a convertirse en una auténtica pesadilla. Y es que el peor de los mundos no es la temida deflación, sino una recesión inflacionaria.   

Dicha posibilidad existe. Ya aconteció en el pasado, con la suspensión de pagos encubierta por Nixon bajo la derogación del patrón oro, y podría volver a suceder. Tanto Bernanke, presidente de la Reserva Federal, como el propio Gobierno estadounidense son conscientes de dicho riesgo. Lo triste es que, en lugar de recortar drásticamente el gasto público, han escogido la huida hacia delante animados por destacados economistas.

Buscan conscientemente devaluar la moneda vía inflación para deshacerse de la pesada carga de la deuda. Lo consigan o no, y más allá de que se trata de una salida inmoral e injusta –incumplir sus compromisos–, lo realmente grave es que una política inflacionaria e, incluso, hiperinflacionaria, se traduce en un drástico empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. El Gobierno impone la miseria a los ciudadanos responsables –ahorradores y precavidos– con el fin de salvar a los morosos: empresas en quiebra y la propia Administración. ¡Bravo!

Obama pasa de Sebastián

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ocurre que a veces, en ocasiones, esa realidad es mucho más poderosa que su buenismo paternalista y adanista. La legislatura del pleno empleo es la de los cuatro millones de parados, que pronto serán cinco. Pero hay más ejemplos, y uno de ellos es especialmente significativo.

Zapatero ha hecho suya la energía renovable, y nos está llevando por ese despeñadero a base de miles de millones de nuestro dinero, el de los impuestos, repartidos entre unas pocas grandes empresas, a las que se asegura 25 años de subvenciones. Sólo de ese modo resultan lo suficientemente rentables como para subsistir. 29.000 son los millones de euros necesarios para crear 50.000 empleos. Esos millones de euros, de haberse invertido en la economía general, habrían creado más de 100.000 puestos de trabajo, de modo que por cada nuevo empleo "verde" se han destruido dos en el resto de la economía.

Como esos trabajos se crean en la instalación y producción, no en la explotación ordinaria, para mantener o incrementar el número de empleos "verdes" hay que aumentar sin parar las nuevas instalaciones, y con ellas, los compromisos de subvenciones por un cuarto de siglo. Cada vez la pelota se hace más grande. Es un sistema piramidal que sólo se mantiene incrementando las ventas. Como nuestras arcas no dan más de sí, ZP ha mandado a Sebastián a venderle la moto a Obama, otro profeta del ecologismo basado en el bolsillo del contribuyente.

Aquí es donde entra el Instituto Juan de Mariana. Tres de sus miembros han elaborado un informe que demuestra que el empeño en las energías renovables destruye más empleo que el que crea. Lo recogieron The Economist, The Wall Street Journal y, a partir de ahí, gran parte de la prensa estadounidense. Han tenido que salir al paso desde el portavoz de la Casa Blanca a otros miembros del equipo de Obama. Lo último es que el negro presidente de los Estados Unidos, que ponía a España como ejemplo a seguir, se la envaina y no se atreverá a mencionar a nuestro país, dado el impacto del informe. Probablemente no ha habido ningún informe extranjero con tanta repercusión en aquel país.

El Gobierno español se ha mordido la lengua todo lo que ha podido, pero a preguntas de los periodistas estadounidenses, Miguel Sebastián recurrió a la descalificación, al pensamiento progresista, en definitiva, para atacar el informe. CCOO y la Fundación Ideas han seguido por la misma senda intelectual. Caldera dice del Juan de Mariana que es "poco conocido" y que está vinculado al PP. Piensa el recaudador de subvenciones que todos son de su condición, pero el Juan de Mariana no las acepta.

No pueden hacer nada contra las buenas ideas.

Malos tiempos.cu

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Y eso es algo que ha influido en el escaso acceso permitido a internet desde sus orígenes en la isla-cárcel. Pero todo es susceptible de ir a peor, especialmente si quien está en el poder es uno (o los dos, en realidad) de los hermanos Castro. Ante las muestras de acercamiento dadas por Obama, la respuesta del régimen de La Habana ha sido mayor censura y represión.

La misma lógica represiva que acaba de condenar a tres años de prisión al periodista independiente Santiago Du Bouchet –que se suma a las docenas de informadores y activistas pacíficos que penan en las cárceles cubanas– se aplica a internet. La red supone un doble peligro para el régimen. Por una parte, permite que bloggers no afines al castrismo y quienes practican el periodismo al margen de los medios oficiales hagan llegar al mundo lo que ocurre cada día en la mayor de las Antillas, o incluso que un cubano cualquiera cuente en un correo electrónico su vida cotidiana a un español, norteamericano, japonés u oriundo de cualquier otro país. Por otro, si el acceso fuera libre, los habitantes de la isla podrían saber cómo se vive en el resto del mundo, algo que no les está permitido.

Ante esta realidad, el régimen comunista está estrechando aún más el cerco que aplica a la red. Ahora que se permite que los cubanos entren a la mayor parte de los hoteles de la isla, se les ha comenzado a prohibir que se conecten a internet en los ordenadores disponibles en estos lugares. Y en los establecimientos en los que todavía no se aplica la prohibición, el precio por media hora es de algo más de la cuarta parte del salario medio mensual en el país.

Así, los únicos lugares que les quedan a los cubanos para conectarse son los cibercafés propiedad de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA –en la cual Telecom Italia actúa como cómplice del régimen con un 30% de las acciones– y los Jóvenes Clubs de Computación de la Unión de Jóvenes Comunistas (las juventudes castristas). Estos últimos reductos están controlados por el régimen, por lo que se puede negar su uso en cualquier momento a los periodistas y bloggers independientes. Además, desde ellos no se permite el envío de fotos o videos ni el uso de dispositivos de almacenamiento de datos externos al propio equipo desde el que uno se conecta.

Pero las represalias y cortapisas no se quedan en eso. El régimen llega incluso a privar de su correo electrónico a personas que no se comportan en internet como les gustaría a las autoridades comunistas. Es lo que le ha ocurrido al escritor Ángel Santiesteban, al que la burocracia "cultural" ha aplicado esta sanción por el mero hecho de tener una bitácora en el sitio web CubaEncuentro.

El afán represivo castrista no tiene límite, ni en lo referido a internet ni en cualquier otro aspecto. Demasiados políticos y periodistas de los países democráticos parecen no querer verlo. Sin embargo, otros no estamos dispuestos a callar ante la tiranía.

Esa cosa llamada responsabilidad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Me refiero naturalmente a Bibiana Aído, entre cuyos méritos para desempeñar cualquier cartera ministerial destaca por su importancia el hecho de ser ahijada de Manuel Chaves.

Dice la prohombra que cualquier niña de 16 años debe tener derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo sin autorización paterna, como ya lo tiene para someterse a cualquier intervención quirúrgica, sea del tipo que sea. El comparar una operación de apendicitis con un aborto se antoja algo excesivo, aunque sólo sea porque las causas que llevan a una y otra situación y las consecuencias posteriores son completamente distintas.

No obstante, el razonamiento de la miembra tiene una falla fundamental en la que no suele repararse, y es el concepto de responsabilidad. Toda decisión implica, en primer lugar una elección sobre varias opciones, y en segundo la obligación de asumir las consecuencias que de la misma se derivan. Pero en los mensajes que el Gobierno transmite con su legislación y los medios de comunicación de masas extienden de forma masiva, brilla por su ausencia la necesidad de que todos debemos ser responsables de nuestros actos, incluso aunque estos produzcan situaciones no deseadas.

El mantener relaciones sexuales sin tener una pareja estable conlleva el riesgo de que se produzca un embarazo no deseado, igual que conducir sin carné y drogado hasta las trancas puede desembocar en que el protagonista provoque un accidente. Es evidente que el "cani" que estrella el seat tuneado contra una parada de autobús llevándose a unos cuantos peatones por delante no deseaba ese final, pero eso no impide que sea responsable de todo lo ocurrido. Por eso sorprende que en el caso de las niñas preñadas, el Gobierno, con el aplauso de todos los progresistas, se haga cargo de las consecuencias con cargo a todos los contribuyentes.

En efecto, el nuevo proyecto de ley del aborto viene a decir que el Ejecutivo asume los "daños colaterales" de la decisión personal de una niña menor de edad, porque además el aborto se realizará con fondos públicos, y como la gente no es tonta y los adolescentes menos aún, el resultado será un incremento exponencial en la cifra de abortos entre las menores de edad, que es precisamente, pásmense, lo que Zapatero y su muchachada dicen querer evitar con esta modificación legal. Reparen un momento en la incoherencia zapateril: para evitar el alcoholismo entre los adolescentes se restringe sin cesar su acceso a las bebidas alcohólicas, en cambio, para evitar abortos, lo que hace el Gobierno es ampliar las posibilidades de que se practique, incluso sin permiso paterno. Hasta un lector del periódico de Roures sería capaz, a poco que se esforzara, de captar la contradicción.

La responsabilidad sobre las decisiones libremente adoptadas es el reflejo especular de la libertad individual. Eliminar la primera parte de la ecuación no va a hacer a los jóvenes más libres. Al contrario, los convertirá en individuos cada vez más irresponsables y dependientes del Estado y sus políticos, que es precisamente el objetivo primordial del socialismo desde que se inventó. Y como los socialistas no van a explicar esa verdad voluntariamente, es bueno que el partido de la oposición lo haga. No lo tenían previsto, ocupados como están en decidir si condenan al Papa por decir que la fidelidad conyugal es una buena herramienta en la lucha contra el SIDA. En mi opinión, ha sido la reacción espléndida de Rosa 9’5 y la proximidad de las elecciones europeas lo que les ha llevado a tomar una decisión clara al respecto, con recurso ante el Tribunal Constitucional incluido. No, si al final va a resultar que sí sirven de algo esas elecciones…

Socialistas contra el striptease

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Una muestra más de paternalismo por parte de un Estado que se arroga el derecho a educar a la sociedad en el "buen gusto" y cree que los ciudadanos no somos lo bastante maduros para decidir si pararnos delante del escaparate o boicotear la campaña comprando Coca-Cola.

El striptease en Preciados consiste en dos jóvenes quitándose prendas hasta quedarse en ropa interior. No es precisamente pornografía y no se hace en la calle, sino en propiedad privada. A quien no le guste no tiene más que mirar hacia otro lado, nadie le obliga a detenerse delante del escaparate para ver la función.

Puede argüirse que el striptease produce una externalidad negativa sobre los transeúntes que circulan por la calle pública y se sienten ofendidos o incomodados, porque corrompe los valores tradicionales o no es de su gusto. Pero si la mera molestia u ofensa moral fuera motivo suficiente para prohibir una acción, entonces todas las acciones sería susceptibles de ser prohibidas. A un nivel similar al del striptease en el escaparate estaría el top less o el bikini en la playa, una pareja besándose apasionadamente en el parque, las portadas de la revistas porno en el quiosco, la chica que se pasea en minifalda y transparencias, o la vecina que se desnuda en su habitación sin correr las cortinas. Pero sería arbitrario limitar las potenciales externalidades negativas a este puñado de ejemplos. El mero conocimiento de que una acción que desapruebas está teniendo lugar puede ser causa de malestar o disgusto, luego todo queda al alcance de los prohibicionistas.

Los que defendemos la libertad individual entendemos que la gente tiene derecho a hacer con su cuerpo y su propiedad lo que quiera mientras respete el mismo derecho en los demás. Da igual que nos disguste o no estemos de acuerdo con su curso de acción. Los colectivistas, por el contrario, sienten el impulso de imponer al resto su particular concepción de la vida buena.

Es cierto que hay externalidades negativas que pueden considerarse agresiones o interferencias sobre la propiedad ajena, como la polución o el ruido extremos. Los límites no siempre pueden establecerse de forma nítida a priori, pues estamos hablando de continuums (de la barbacoa del vecino a la chimenea industrial, o de los críos jugando en el jardín a la macrofiesta techno a las 3 de la mañana) y su componente práctico hace que sea inadecuado tratar esta cuestión en abstracto, desde la teoría.

Pero esas externalidades negativas son severas y claramente interfieren en el uso que la persona hace de su propiedad, como podría hacerlo cualquier otra agresión convencional en la que se utiliza la violencia de forma explícita. La interferencia en el uso de la propiedad es lo que justifica la prohibición en el marco del liberalismo, que prescribe normas para que la gente pueda perseguir sus fines sin obstruirse mutuamente.

En el caso del striptease, estamos hablando de una externalidad negativa visual, cuyo efecto es subjetivo y en todo caso leve y evitable. Quedarse en ropa interior en un escaparate no restringe la libertad de actuación de terceros, quienes pueden seguir persiguiendo sus fines usando los medios en su poder igual que antes.

Santín dice que el striptease es "vejatorio" y "denigrante", pero se trata de un intercambio voluntario por el que unos modelos atractivos se prestan a quedarse en ropa interior a cambio de una remuneración.Todas las partes salen beneficiadas, o no habría acuerdo. Además, a los modelos seguramente les gusta lucir su cuerpo y a los espectadores verlo. Quizás Santín se considera moralmente superior por no llevar poca ropa en el trabajo, pero su labor como portavoz en una concejalía que no debería existir está mucho más cerca de atentar contra la vulnerabilidad de las personas que un inofensivo striptease.

Luego está la objeción de los niños, un recurso que muchos prohibicionistas utilizan para privar de libertad a los adultos. ¿Acaso no perturba un striptease a los menores inocentes que pasean por Preciados? Pues lo dudo, y en todo caso menos que los videojuegos de guerra que tienen en casa, las películas violentas que ven por la tele o las webs de todo tipo que visitan en internet. Quien crea que esto es un reflejo de la degeneración social de Occidente y escapa al control de los padres siempre puede emigrar a Arabia Saudita, paradigma del progreso y la civilización, donde estas obscenidades no están toleradas.

En cualquier caso, es inevitable que haya desencuentros y controversias si en parte el objeto de la discusión es un espacio que es "propiedad de todos". Privaticemos la calle Preciados, repartiendo acciones entre los comerciantes y vecinos, y se acabó la polémica. Los nuevos propietarios pagarían por su mantenimiento y establecerían las normas de la calle de acuerdo con sus preferencias y las de los transeúntes, si lo que quieren es atraerlos a sus comercios en lugar de alienarlos. Santín ya no tendría ni voz ni voto.

Industria deja en evidencia a Sebastián

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre nuestras conclusiones destacan algunas como que las subvenciones verdes producen burbujas artificiales muy difíciles de desinflar y que en España estallaron a finales de 2008; que a medida que aumenta la potencia renovable instalada se incrementa el coste de la electricidad y pone en riesgo el sistema; que han hecho falta casi 29.000 millones de euros en subvenciones para que España se convirtiera en líder mundial en este sector; que a pesar de semejante despilfarro de recursos los empleos equivalentes apenas pasan de 50.000; que cada empleo ha requerido más de medio millón de euros en subvenciones; que esos recursos habrían producido más de 100.000 puestos de trabajo en el resto de la economía; que por lo tanto la subvenciones a las energías verdes hacen que se pierda empleo; que la energía solar es la más ineficiente en términos de creación neta de puestos de trabajo por MW instalado; y que muchas empresas intensivas en energía están abandonando España debido a nuestros elevados costes energéticos.

El exabrupto del ministro español de Industria se produjo la semana pasada durante su participación en WindPower, la mayor feria eólica de Estados Unidos. Sebastián se desplazó allí para contar que la experiencia española es un cuento de hadas y así animar a los políticos estadounidenses a que adopten políticas similares a la intervencionista y redistributiva regulación española. Vamos, que fue a vender la moto a los yanquis. Y no le faltan motivos. El Gobierno español se dio cuenta el año pasado de que no podía seguir incrementando de manera permanente las subvenciones a las renovables. Sin embargo, la escalada indefinida de estos subsidios es imprescindible para no perder la mayor parte de los empleos verdes, que son en instalación y producción, y no, como se suele pensar, en operación y mantenimiento. Así que si los americanos del norte no comienzan a regalar el dinero público a quien produzca energía renovable y servicios relacionados, las empresas españolas tienen un panorama no verde sino muy oscuro.

La feria no fue un paseo de rosas para quienes insisten en las bondades del dirigismo ecologista. En Estados Unidos el estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha tenido una enorme difusión tanto en los medios de comunicación (donde ha sido comentado por cadenas como CBS, CNBC, CSPAN, Fox News, CNN, Univisión o shows como el de Glenn Beck) como en la esfera política (donde tanto el portavoz de la Casa Blanca como el ministro de Energía estadounidense y otros representantes de la Administración Obama han sido insistentemente preguntados acerca de sus conclusiones). Cuando a Sebastián le inquirieron por el estudio, su respuesta consistió en afirmar que "tiene una calidad y un rigor muy bajos y que no tiene ninguna solidez técnica". Su opinión va en contra de la línea editorial de los mayores y más respetados diarios y semanarios de economía del mundo: The Wall Street Journal y The Economist. Pero a diferencia de la posición de los dos periódicos, el líder del mercantilismo español no ofreció argumentos y concedió otra guinda gratuita al asegurar que éste es "un debate ganado". Este argumento no sólo no le llena de razón sino que es el mismo que daba cuando Zapatero le presentó a la alcaldía de Madrid.

Sin embargo, dos días después de realizar estas declaraciones, su equipo va y nos da la razón. Y es que Industria alerta de que "la tendencia que están siguiendo estas tecnologías [las renovables], podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico". ¡Casi nada!

De esto a lo que decimos en el estudio sólo va una pizca de honestidad intelectual, un poco de amor por la realidad y una buena dosis de sencillos razonamientos económicos (que sólo una mente retorcida confundiría con mala calidad). Tres cualidades de las que siempre se han mostrado escasos los mercantilistas.

¿Y si estalla la deuda pública?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Al grito de ¡más madera!, Zapatero ha hecho oídos sordos a las recomendaciones que apremian la necesidad de abordar profundas reformas estructurales en el ámbito laboral, energético, comercial y administrativo para salir cuanto antes de la crisis. Lejos de apostar por la liberalización económica, las rebajas fiscales o la reducción del gasto público, el Gobierno tira de chequera con el ilusorio objetivo de que la administración relance a la economía. Y, efectivamente, tirará, pero hacia al barranco, al conjunto de los españoles.

Más allá de la necedad que supone tratar de cambiar todo un modelo productivo a golpe de decreto, en lo que constituye una imitación burda y torpe –gracias a Dios– de los planes quinquenales de Stalin, la clave de las medidas anunciadas por el presidente radica en el coste futuro que supondrá al bolsillo de los contribuyentes. En un alarde de chulería temeraria y prepotencia irracional, Zapatero apuesta firmemente por aumentar la deuda pública con el fin de salvar a sectores en quiebra e impulsar actividades improductivas, tales como las energías renovables o los servicios sociales. Es decir, un derroche de dinero a espuertas cuya factura, tarde o temprano, habrá que pagar.

Y ello, bajo el argumento falaz de que España aún tiene margen para permitirse un mayor endeudamiento público. El Gobierno olvida que ya ha despilfarrado más de 50.000 millones de euros bajo las siglas del Plan E sin obtener ningún resultado visible. Pese a ello, echará mano de más gasto público, cuyo efecto será igualmente nulo.

Sin embargo, lo dramático no son los resultados sino sus consecuencias. España es uno de los países más endeudados del mundo. En concreto, el auge inmobiliario de los últimos años, animado por tipos de interés artificialmente bajos, ha permitido que la deuda viva haya pasado de representar el 212% del PIB nacional en 2002 al 344% en 2007. Además, es deuda de muy baja calidad. La economía española sólo generaba 28 céntimos de PIB en 2007 por cada euro de deuda comprometido, debido a las malas inversiones financieras acometidas al calor de la burbuja crediticia.

Por si ello fuera poco, España es uno de los países más endeudados con el exterior. La falta de ahorro interior –anclada en torno al 20% del PIB– impedía que la banca nacional pudiera satisfacer la disparatada demanda de créditos, sobre todo hipotecarios. Los bancos tuvieron entonces que buscar fondos fuera del país. El endeudamiento nacional neto –lo que familias, empresas y Administraciones Públicas deben al exterior– pasó de 85.000 millones de euros en 1996 a cerca de 860.000 millones (el 80% del PIB) en el segundo trimestre de 2008.

La abultada deuda privada y el grave déficit exterior de la economía española sitúan al país en una situación especialmente delicada frente a la tormenta perfecta que, precisamente, ha generado el estallido de la crisis del crédito a nivel internacional. En la actualidad, el mercado está purgando los excesos pasados vía recesión, morosidad, deflación, quiebras, restricción del crédito y paro. Es decir, identificado las malas inversiones y reestructurando la actividad productiva. Sobre todo, en aquellos sectores que más se beneficiaron de la burbuja, como es el caso de la banca, el motor o la construcción.

En lugar de facilitar el ajuste mediante una mayor liberalización económica, Zapatero ha visto una oportunidad para tratar de imponer por ley su modelo ideal, una economía "verde y social", que tan sólo puede ser sostenida a base de subvenciones. Si su plan triunfa se disparará el déficit presupuestario, la deuda pública y la presión fiscal, al tiempo que se restringirá aún más el crédito al sector privado. Tan sólo con las medidas ya aprobadas, la deuda pública amenaza con alcanzar el 80% del PIB en 2010. Y ello, sin contar los más de 100.000 millones de euros que, como mínimo, precisará el Estado para salvar de la quiebra a numerosas cajas de ahorro.

Es decir, si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, lo que propone ahora el Gobierno es más deuda para apagar el incendio. La japoneización de la economía española está servida. Sólo que con un matiz. Los inversores confían en el ahorro y el superávit comercial de Japón para devolver los compromisos financieros adquiridos por su Gobierno, y que ascienden al 160% del PIB. La rigidez y la falta de competitividad propia de la economía española hará que la confianza en los bonos del Tesoro se evapore como un azucarillo en un vaso de leche caliente. De ahí, a una crisis como la vivida en algunos países latinoamericanos hay tan sólo un paso. Bienvenidos, pues, a la burbuja de la deuda pública.

Un nuevo impuesto a internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Con ellos se obliga a los ciudadanos a pagar por televisiones perfectamente serviles a los designios de los partidos en el poder. Cualquier excusa con respecto a su mantenimiento cae en el ridículo en un escenario en el que la TDT ya está llenando los números de nuestros mandos a distancia de decenas de canales que no nos cuestan un duro. Y en momentos de crisis, en los que es crucial que los gobiernos se aprieten el cinturón, resultan un gasto inadmisible.

Las televisiones públicas son contraproducentes en una democracia y resulta difícil creer en la seriedad de ningún político al explicarnos las medidas con las que pretende sacarnos de esta crisis si entre ellas no está la inmediata supresión de todas las televisiones públicas, sea vía privatización o directamente mediante el cierre. No sólo RTVE, sino también las autonómicas.

Y en este escenario el Gobierno anuncia un aumento de los gastos de la televisión pública que serán pagados, en parte, por los impuestos de todos y, sobre todo, por dos nuevas tasas que deberán sufragar las empresas de televisión privadas y las operadoras de telecomunicaciones.

Sobre ese primer impuesto no se ha escrito mucho, especialmente porque las principales cadenas están de acuerdo con el trato, pues estiman que ganarán más de lo que pierden. Sin embargo, se olvida que muchas otras empresas que están intentando hacerse un hueco como buenamente pueden van a ver muy mermadas sus posibilidades de romper con el oligopolio de las telecincos, antenatreses, cuatros y sextas, que en breve será aún más pequeño gracias a las fusiones. Libertad Digital TV, Veo o Intereconomía TV, entre otras, tendrán que pagar este diezmo sin que vayan a ver aumentados sus ingresos por la desaparición de TVE del mercado publicitario. Lo cual aumenta las barreras de entrada del sector, con lo que se aseguran de que no habrá alternativa informativa al progresismo que reina en el oligopolio.

Pero lo que ya resulta indignante en grado sumo es el impuesto a las operadoras de telecomunicaciones. Este fin de semana Zapatero aseguraba en Vistalegre que la economía española crecería de acuerdo a un nuevo modelo resumido en la frase "menos ladrillo y más ordenadores". Su modo de conseguirlo consiste en… subir el precio de las conexiones a internet y las comunicaciones móviles con un nuevo impuesto a las empresas del ramo. Un hacha, el tío. Así es como se pretende estimular un sector desde el poder, encareciendo sus costes y, en el caso de internet, reduciendo su clientela que optará, al menos en parte, por dejar de conectarse para ahorrar dinero en estos tiempos. De toda la vida se sabe que ésta es la mejor manera de impulsar las nuevas tecnologías, por supuesto.

No existe ninguna razón para hacer pagar a las operadoras, salvo que son un blanco fácil y que, como ya lo había hecho Francia, existen más posibilidades de que Europa dé el visto bueno. Las balbucientes excusas de De la Vega de que las operadoras "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos es ridícula. Las operadoras ya pagan un canon por el uso del espectro y el beneficio que les puede suponer que TVE ponga sus programas en internet es minúsculo, aparte de que se estaba llevando a cabo al margen del modelo de ingresos de la cadena. No hay más que ver las cifras que obtiene la web de RTVE en OJD; si eso justifica un impuesto del 0,9% exigimos otro del 0,5% para Libertad Digital, que más o menos es lo que nos correspondería por los "beneficios" que obtienen las operadoras de nuestra presencia en la red.

En definitiva, que el Gobierno ha encontrado otra vía para atracarnos, que es lo que suelen hacer los gobiernos. Otro motivo para manifestarse el día 24, en la Plaza del Rey de Madrid.