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Los enemigos de los trabajadores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La realidad es muy distinta. La finalidad de los sindicatos es matar la economía, esto es, la destrucción de la prosperidad que favorece el sistema de libre mercado y de división del trabajo. Y es que, como atinadamente resume el economista George Reisman, los sindicatos son "básicamente organizaciones parasitarias que medran únicamente saqueando y en última instancia destruyendo las empresas que controlan. Su objetivo básico es forzar que se paguen mayores salarios por trabajos cada vez más reducidos y menos productivos". La antieconomía: producir cada vez menos y consumir más. Extraña ecuación que sólo encaja porque la diferencia entre una producción menguante y un consumo creciente se salda socavando la riqueza acumulada en un país hasta que se agota; aquello de comerse incluso las patas de la gallina de los huevos de oro.

Así pues, la implantación de las prescripciones de los parasitarios sindicatos sólo terminan en un punto: con la muerte del huésped, esto es, con la descapitalización de la empresa que los sufría. Y sin empresa no hay trabajadores ni derechos del trabajador que valgan; que se lo digan a General Motors y a sus empleados.

Merece la pena tener esto presente cuando en días tan mediáticos como hoy se escuchan sus propuestas para salir de la crisis: huir del capitalismo, no abaratar el despido, aumentar los salarios, subir los impuestos, incrementar el gasto y la deuda pública y obligar a los bancos a que expandan el crédito. Recetario que nos arrojaría, más aún si cabe, al abismo. Algunos parecen entusiasmados con las proclamas ideológicas de Zapatero del estilo "la salida de la crisis será social o no será", trasunto de aquellos apolillados "comunismo o muerte" que siempre concluían con muerte; también ahora, porque "no será". Hágase injusticia aunque perezca el mundo.

Sería inútil explicarles a esto retrógrados que precisamente porque se está incrementando la deuda pública los bancos están dejando de prestar dinero a las empresas o que negarse a abaratar el despido y aumentar los salarios equivalen a condenar a determinados trabajadores al ostracismo laboral. Incluso economistas tan antiliberales como Paul Krugman saben que el tejido empresarial español no sobrevivirá sin reformas que abaraten sus costes.

Y sería inútil porque los sindicatos españoles ni viven de mejorar la vida de los españoles, ni de los trabajadores, ni siquiera de sus afiliados. Explotan algo tan capitalista como es una marca: la marca del sindicalismo, del miedo y la amenaza contra las compañías que se nieguen a plegarse a su chantaje. Hablan de "paz social" o de "diálogo social" sólo para advertir que ellos están legitimados para iniciar la "guerra social". Su influencia y sus subvenciones son un peaje que los políticos españoles les pagan puntualmente para garantizar su comportamiento cívico; es decir, para evitar que salgan a la calle a violar los derechos de los demás ciudadanos. Extraño Estado de derecho aquel en el que unos se arrogan el derecho a chupar del bote a cambio de respetar el Código Penal.

Puede que con Zapatero sea imposible la reforma laboral. Pero sin duda con la presencia institucional y los privilegios que ostentan los sindicados españoles, ningún político se atreverá más que a parchear uno de los mercados de trabajo más rígidos y anquilosados del mundo. Con semejantes moscardones ejerciendo de lobby para hundir la economía, complicado panorama tenemos por delante.

No estaría de más que antes de seguir escupiendo prejuicios los sindicatos recordaran cuál ha sido hasta la fecha el saldo para los obreros de las políticas que propugnan y que tan diligentemente ha aplicado el PSOE: cuatro millones de parados. Que luego se atrevan a repetir sin que les tiemble la cartera que son los defensores de los trabajadores.

El Estado al abordaje

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Recientemente la Armada de Estados Unidos liberó al capitán de un carguero secuestrado y militares franceses intervinieron para liberar a cinco tripulantes de un yate galo (uno de ellos murió durante el rescate). Los piratas aún mantienen en su poder 17 barcos y cerca de 300 tripulantes de diversos países, según organizaciones humanitarias.

Los Estados han aprovechado los incidentes para propagar la narrativa de unas fuerzas del orden luchando contra una banda de ladrones y asesinos, reforzando así la imagen heroica del Estado y la importancia de su misión protectora. Su mensaje anti-pirata no es reprochable, como tampoco lo son sus esfuerzos por rescatar a tripulantes inocentes capturados. Lo que sí es objetable es que el Estado se crea moralmente superior a los piratas, cuando es el mayor de ellos.

En La Ciudad de Dios San Agustín cuenta la historia de un pirata capturado por Alejandro Magno. El Emperador le pregunta furioso, "¿Cómo te atreves a hostigar los mares?" A lo que el pirata responde, "¿Cómo te atreves a hostigar el mundo entero? Porque yo lo hago con un pequeño bote, soy llamado pirada y ladrón. Tú, con una gran flota, hostigas el mundo y eres llamado emperador".

Los piratas son una suerte de recaudadores de impuestos que imponen un tributo a quienes cruzan su territorio para comerciar. El tributo asciende a 20-40 millones de dólares al año en forma de rescates, que es una modesta cantidad en relación con el volumen de comercio que transita por la zona. El impuesto pirata no es tan alto como para forzar a las compañías mercantes a buscar rutas alternativas y a la mayoría les sale más a cuenta ir desarmados y pagar los rescates que contratar un seguro para un barco armado. Además, el dinero es un lenguaje que los piratas entienden, y si se desata violencia podrían salir todos perdiendo.

El Estado también se arroga un derecho sobre los habitantes y los comerciantes en un determinado territorio y exige altos tributos que si no son satisfechos tienen fatales consecuencias para los evasores. Como los piratas, el Estado castiga y encarcela a quienes no pagan "el rescate".

Desde luego hay diferencias. Estoy tentado a decir que el Estado pretende ofrecernos algo a cambio de nuestros impuestos, aunque luego resulte ser un fraude, mientras que los piratas son honestos desde el principio y no tienen escrúpulos en mostrarse como lo que son: rapiñadores con ánimo de lucro. En rigor la diferencia es más sutil: el Estado es percibido como legítimo por parte de gobernantes y una mayoría de gobernados (lo que no quiere decir que sea genuinamente legítimo), mientras que los piratas son más conscientes de su condición de ladrones y no extraen su legitimidad de ninguna base de simpatizantes. Pero incluso esto último es matizable en la medida en que algunos se auto-proclaman Guardacostas Voluntarios de Somalia y quizás cuentan con apoyo popular, como reacción a la pesca descontrolada en aguas somalíes por parte de pesqueros extranjeros o al supuesto vertido de residuos nucleares. Por otro lado, es cierto que el Estado proporciona servicios, aunque lo haga de forma muy ineficiente, y suele ser más previsible en sus acciones que un grupo de piratas.

Charles Tilly en su ensayo War Making and State Making As Organized Crime (El desarrollo de la guerra y del Estado como crimen organizado) dijo que la delincuencia, la piratería, la rivalidad entre gángsters, la acción policial y la guerra pertenecen todos al mismo continuum. El Estado sólo ha perfeccionado los mecanismos de propaganda, cohesión y sumisión de la población. Pero el fundamento de su pretendido derecho a monopolizar la fuerza (y todo lo que está por debajo) en un territorio dado es el mismo que puede alegar un mafioso o los piratas somalíes. Existen porque tienen más fuerza y porque la gente bajo su dominio lo tolera (con más o menos simpatía).

Cuando cuestionamos la legitimidad del Estado sus valedores a menudo nos contestan que somos libres de marcharnos a otro país si queremos. Si nos quedamos significa que estamos aceptando su legitimidad, la de sus leyes y sus impuestos. Pero lo mismo podrían decir los piratas somalíes: si atravesáis nuestras aguas significa que aceptáis nuestros tributos, que podemos secuestraros y pediros un rescate, de lo contrario tomaríais otra ruta. El razonamiento, obviamente, no se sostiene, pues si tomamos esa ruta es porque el coste de la alternativa es aún mayor, no porque otorguemos un derecho a los piratas (o al Estado).

Para que nuestra mera permanencia en el territorio demuestre consentimiento hacia el Estado, éste debería tener un derecho previo sobre ese territorio. Sólo si te invito a mi casa y tú aceptas puedo decir que consientes mis normas. Si vengo yo a la tuya, te impongo mis reglas y te niegas a abandonar la casa, no puedo sostener que las aceptas por el hecho de permanecer donde estás, pues no tengo ningún derecho previo sobre tu casa.

El mafioso, los piratas o el Estado no tienen ningún derecho previo sobre el territorio que dominan. Ni el mafioso es propietario legítimo del barrio donde extorsiona a los comerciantes, ni los piratas son propietarios legítimos de las aguas donde secuestran los barcos mercantes, ni el Estado es propietario legítimo del territorio donde exige impuestos y regula casi todo lo que hacemos. Pero como en el caso de los piratas, preferimos pagar el rescate en vez de rebelarnos y acabar colgados del mástil.

Hipotecando su futuro y su presente

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El razonamiento, por extendido e intuitivo, no es del todo cierto. El gasto y los déficits públicos no son nefastos por sus consecuencias futuras (que también) sino especialmente por sus efectos sobre el presente.

Todos coincidiremos en que si algo se ha agotado en los últimos meses ha sido el crédito. Las empresas endeudadas buscan un aplazamiento de sus obligaciones, las familias intentan refinanciar sus hipotecas con mejores términos y los emprendedores tratan de lograr un crédito con el que poder montar un nuevo negocio. De hecho, aun en el caso de que no quiera pedir prestado dinero directamente, si pretende por ejemplo vender su casa, desde luego le interesará que el crédito hipotecario vuelva a fluir para que la demanda por su inmueble crezca y pueda obtener un precio más elevado.

El problema es que para que alguien pueda pedir prestado dinero, otro tiene que ahorrar ese dinero y hoy el ahorro, pese a sus recientes repuntes, sigue siendo bastante escaso. Sólo cuando crezca y comience a destinarse a la financiación de proyectos empresariales suficientemente seguros y solventes, la crisis comenzará a remitir.

Familias y empresas lo saben. En tiempos de crisis su tendencia natural es la de ahorrar o "apretarse el cinturón", esto es, recortar gastos superfluos y amortizar tanta deuda como les sea posible. La economía privada se mueve en la buena dirección, aun cuando lo haga a distintos ritmos: en ocasiones de manera acelerada (como en Estados Unidos) y en otras de forma mucho más pausada (como en España).

Pero hete aquí que los políticos occidentales –y con particular intensidad Zapatero y Obama– se han empeñado en volvernos a endeudar con sus programas de gasto público. Todo el ahorro que la economía privada está generando y que podría convertirse en crédito destinado a financiar la recuperación, lo están acaparando con sus emisiones de deuda pública para sufragar programas que no vienen a cuento. Dicho de otra manera, las familias y las empresas están sufriendo una asfixia crediticia en buena medida porque los políticos disfrutan de un océano de crédito barato.

¿Y para qué desean los políticos ese crédito barato? El objetivo último, claro, es el de sufragarse la campaña electoral; el mediato rescatar a las empresas quebradas, construir algún polideportivo, seguir pagando subsidios de desempleo por negarse a aprobar la imprescindible reforma laboral y hacer como que están incentivando el crédito para las empresas que ellos mismos les han arrebatado en primera instancia.

El resultado será un despropósito: una economía hundida en su crisis y en sus nuevas deudas. Al fin y al cabo, que España necesite una reconversión de su estructura productiva para encarar la crisis –que la necesita– no significa que cualquier reconversión sea válida. Es necesario podar lo que sobra y abonar lo que falta: es decir, deben ser los empresarios quienes examinando el mercado finiquiten sus proyectos fallidos (aquello que se produce caro y se vende barato) y descubran las nuevas oportunidades de negocio (aquello que se produce barato y se vende caro).

Los políticos gastan sin orden ni concierto y sin tener en cuenta nada de lo anterior; no realizan el más mínimo análisis de rentabilidad –esencialmente porque no pueden– y como consecuencia dilapidan el escaso ahorro de la economía. Nos ofrecen serruchos cuando en esta operación necesitamos bisturíes.

Por consiguiente, no es indiferente que el crédito lo obtenga el Estado y no las empresas; el primero lo dilapida en proyectos de dudosa necesidad mientras que las segundas habrían efectuado el ajuste preciso que necesitamos.

La deuda pública no sólo hipoteca nuestro futuro, también enturbia nuestro presente. No es pan para hoy y hambre para mañana, sino hambre para hoy y hambruna para mañana.

Chorradas y gordas

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Me ha pasado como a aquel catedrático que durante la II República aparecía a veces por la facultad de Filosofía anunciando que no podía dar clase ese día por encontrarse "transido de Kant". Yo, amigos, también estoy transido de Sinde, y perdonen el trabalenguas.

La clave del éxito de esta película es su ortodoxia respecto a los tres pilares básicos que explican el éxito rutilante de nuestro cine actual: Diálogos oligofrénicos, tetas en primer plano y drogas a mogollón. El argumento de Mentiras y gordas está a la altura de las grandes producciones cinematográficas que han hecho historia en el séptimo arte, con unos actores de personalidad arrebatadora y una trama magistral que te mantiene en vilo hasta que aparecen los títulos de crédito. Básicamente se trata de mostrarnos las apasionantes vivencias cotidianas de un puñado de fumetas analfabetos entre los que encontramos a un gay que quiere perforar a su mejor amigo, una lesbiana vergonzante intentando encontrar su identidad sexual, una gorda deprimida porque su novio quinqui la ha dejado y otras dos chicas que no hacen nada pero enseñan mucho las tetas. Para redondear el argumento, mientras la trama se va desarrollando en un intenso crescendo con giros magistrales y los espectadores se plantean incesantes preguntas cada vez más angustiosas (¿Se lo montarán estos dos en el retrete? ¿En qué serie de TV he visto yo este culo?), los protagonistas se ponen de pastillas y coca hasta las trancas.

Se ha dicho de este guión, obra de la flamante ministra de Kultur, que es el peor que jamás se ha escrito y se escribirá en la Historia del Cine. También hay quien dice que lo que pasa es que no hay guión, sino sólo un señor con una cámara filmando cretinos mientras fornican y consumen estupefacientes. No estoy de acuerdo. Aquí hay una historia muy bien trabajada y brillantemente resuelta, como lo demuestran algunos diálogos, a cuyo lado palidecen Casablanca y Blade Runner. Sólo un par de ejemplos:

– Yo no soy lesbiana.
– Yo tampoco. Yo amo a las personas. No creo en las etiquetas. Eso es producto de una educación lamentable.

¡Guau! Qué fuerte ¿no? Pero eso no es todo. Atención a la reflexión metafísica de un joven efebo respecto al papel del ser humano en la sociedad actual:

– Si no haces nada no cambiará nada.
– ¿Y tú qué haces para cambiar las cosas?
– Vivir, follar, usar condón, drogarme… Esa es mi forma de protestar.

Después de estos dos ejemplos que sobrecogen a los espíritus más cultivados ¿Seguirá algún indocumentado sosteniendo que Mentiras y gordas es la basura más fétida que jamás ha producido el ya de por sí mefítico cine español?

Por cierto, Ana Polvorosa es la única actriz que desentona en esta producción surgida del caletre de la ministra. Su dicción correcta, su rostro expresivo y su elegancia interpretativa deberían proscribirla para futuros papeles, porque si el ejemplo cunde nuestro cine puede acabar perdiendo sus señas de identidad. Afortunadamente tenemos a la coguionista de esta obra maestra como ministra de Kultur para llamar al orden a los rebeldes. Que se lo pregunten a las asociaciones de usuarios de internet.

Ni derechas ni izquierdas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los Estados de medio mundo están aprovechado la crisis económica como excusa perfecta para extender sus áreas de intervención e influencia sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. Lo políticos, ésos cuyos sueldos, prebendas y privilegios pagamos, se erigen ahora en salva patrias económicos y protectores sociales arguyendo que el mercado ha fracasado y que, por lo tanto, es el momento de establecer un "nuevo orden". El suyo.

Y mientras tanto, sus gobernados permanecen inertes, paralizados, esperando que la solución, una y otra vez prometida por los dirigentes políticos, caiga del cielo. Patético, a la vez que triste. Las economías crecen y los individuos prosperan a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Se trata de una máxima una y otra vez demostrada por la historia: a mayor poder estatal, menor libertad individual. Véase Cuba, Corea del Norte, Zimbabwe, o los fascismos y comunismos de antaño. Por el contrario, a mayor libertad económica, más riqueza y desarrollo. No hay excepción. Dicha máxima se cumple caso por caso.

Pero la demagogia política suele desviar con excesiva frecuencia la atención de las víctimas, los ciudadanos, sobre los auténticos culpables: el intervencionismo económico y monetario. Las sesiones parlamentarias son la escenificación semanal de un elaborado teatro en el que unos y otros se culpan de todos los males para tratar de demostrar que su familia –partido– es la mejor. Sin embargo, su único y verdadero fin es la conquista y el mantenimiento del poder.

Por desgracia, ha desaparecido del debate actual la pregunta clave que, históricamente, se ha formulado la filosofía política: ¿cómo se debe gobernar? Y ha sido sustituida por una cuestión inocua, vacía y errónea: ¿quién debe gobernar? No es cuestión de izquierdas y derechas. Ambas han muerto a la vista del progresivo acercamiento ideológico que promulgan las distintas formaciones.

La pugna política de hoy es mucho más profunda y sustancial. El antagonismo se dirime entre estatistas y liberales: Estado o mercado; público o privado; presupuestos o capital; intervención o desregulación; subvención o iniciativa; dirigismo o creatividad; sociedad o individuo; igualdad (en sentido material, no jurídico) o libertad.

En definitiva, la reivindicación de una serie de derechos y valores que son intrínsecos al ser humano. Si el Estado gana esta batalla ideológica y moral, el individuo acabará cediendo nuevas parcelas a la clase parasitaria. El Gobierno acaparará más control, promulgará normas más restrictivas, impondrá nuevos impuestos y tasas, aumentará la burocracia, gozará de mayor inmunidad judicial… Bertrand de Jouvenel explica a la perfección en sus obras cómo crece y se desarrolla el poder estatal en detrimento siempre del individuo.

No es algo extraño, ni siquiera lejano. Sucedió en Argentina hace décadas con Perón –el modelo sigue vigente con los Kirchner– y se extendió a numerosos países europeos tras el estallido de la Gran Depresión. En la actualidad, se ha impuesto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador e, incluso, amenaza ya a Sudáfrica. Las crisis económicas y sociales constituyen un caldo de cultivo ideal para este tipo de movimientos. La tentación de confiar en el estatismo resurge con fuerza. Si triunfa, las recetas que nos vende el Estado hoy serán, sin duda, los problemas del mañana.

Trabajar más y mejor

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese control se sustenta sobre la elección parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para calibrar en qué medida esa elección partidaria influye en el poder judicial, debe tenerse en cuenta que su órgano de gobierno tiene encomendadas funciones de selección, formación y promoción profesional de los jueces, así como el ejercicio de su régimen disciplinario por infracciones que no constituyan delito.

Se repara menos, empero, en otros factores que contribuyen a esa situación. Para empezar, tenemos una incoherente organización de los juzgados y tribunales. Vemos que, aunque la Constitución proclama que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley, así como que les corresponde en exclusiva la potestad jurisdiccional (Art. 117) se les priva de tener bajo un control directo a su personal de apoyo, sin interferencias administrativas. Esa jefatura inmediata además de configurar un baluarte para su independencia, haría más fácil determinar la responsabilidades de los funcionarios asignados a un tribunal concreto, incluidos los propios jueces.

Por el contrario, en un principio, los legisladores atribuyeron al Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia) tanto la iniciativa para la creación de nuevos juzgados, la provisión material de medios y una concurrente potestad disciplinaria sobre sus funcionarios. En un paso más estrafalario si cabe, se abrió la posibilidad de que las CCAA gestionaran las dos últimas competencias, excepto la potestad disciplinaria sobre los secretarios judiciales.

Una distribución de competencias más congruente con los fines propuestos al Poder Judicial exigiría que su órgano de gobierno asumiera la ejecución del presupuesto destinado a la administración de justicia, con los límites fijados por las Cortes, así como la inspección y el régimen disciplinario último sobre todo el personal de los juzgados.

Lo dicho hasta ahora tiene consecuencias directas para los ciudadanos que buscan justicia. Someter a la inspección de tres autoridades a los funcionarios provoca disfuncionalidades frecuentes, como se observó en la cadena de omisiones que permitieron que un condenado, cuya pena de prisión estaba pendiente de ejecutar, asesinara a la niña Mari Luz en Huelva. En la mayoría de los casos, no obstante, la responsabilidad por errores, omisiones o negligencias graves queda diluida entre todos los participantes.

En segundo lugar, suele decirse por parte los funcionarios que prestan sus servicios en la administración de justicia que el marasmo judicial se debe a la creciente carga de trabajo que soportan, la cual superaría con mucho los medios de que disponen.

Esta queja es parcialmente cierta, pero tiene más relación con la judicialización de demasiados conflictos que comporta la inflación de leyes sustantivas y procesales. Ambos tipos de normas sufren constantes cambios –a veces contradictorios, otras redundantes– lo cual complica la tramitación de los asuntos jurisdiccionales por parte de funcionarios falibles. Una poda urgente de todas las normas que conducen irremediablemente al incremento de la litigiosidad se hace necesaria.

Aun con todo, no es menos cierto que la planta judicial ha crecido notablemente durante estos años y que, al mismo tiempo, se ha reducido el tiempo previsto para la actividad judicial. Bajo la premisa de que las actuaciones judiciales sólo pueden realizarse en tiempo hábil, tradicionalmente se consideraban inhábiles los domingos y festivos, el mes de agosto y las horas nocturnas. A partir del año 2004, se añadieron los sábados, si bien esas limitaciones no rigen para la instrucción de las causas criminales y cabe la habilitación de días y horas para las actuaciones que se declaren urgentes por las leyes procesales o por el juez.

En la práctica, sin embargo, los horarios y la jornada laboral del personal de las oficinas judiciales se solapan absurdamente con el previsto para los juicios, en un horario que se prolonga desde las diez de la mañana a las dos de la tarde, en general. De esta manera, la atención al público queda limitada a un breve espacio de tiempo.

En consecuencia, si realmente se quiere acabar con la acumulación de asuntos en los juzgados, deberían habilitarse legalmente el mes de agosto y los sábados para las actuaciones judiciales y aumentar el horario de atención al público.

Windows 7 y XP, amigos para siempre

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Así que ha puesto la directa para lanzar este mismo año la nueva versión de su sistema operativo y conseguir que sea adoptado en los dos mercados que se han resistido al último Windows: los netbooks y las empresas.

Así, Microsoft ya ha prometido una versión específica para estos miniportátiles con poca potencia, que necesitan ante todo de un sistema operativo rápido y eficiente en el uso de los recursos. De rebote, esta mejora se traducirá en que también los usuarios de ordenadores más normales experimentarán una notable mejora en el rendimiento del sistema, lo cual es –creo– un hito en la historia de Windows, cuyas versiones siempre incrementaban los requisitos necesarios para hacerlo funcionar, en términos de microprocesador, memoria y disco duro. No obstante, la Starter Edition que se instalaría en los netbooks tiene una importante limitación que podría hacerla naufragar: sólo permite ejecutar tres aplicaciones a la vez, para que el rendimiento no decaiga.

Uno de los principales culpables de mejora en la eficiencia es el apartado gráfico, que ha sido optimizado sobre todo en lo que se refiere a las aplicaciones de escritorio más que en los videojuegos. Ahora se necesita mucha menos memoria principal, al mover todos los datos necesarios a la memoria de la tarjeta gráfica, lo que implica que puede funcionar de forma aceptable con 1 giga de RAM sin estar continuamente tirando de la memoria virtual del disco duro, que es lo que más ralentiza el funcionamiento de un ordenador.

Pero donde está poniendo toda la carne en el asador es en el apartado de las empresas. Microsoft se ha visto obligada a ir extendiendo el soporte técnico para Windows XP al negarse las compañías a actualizar sus sistemas informáticos a Vista, algo que ha sido visto por todo el mundo como un reconocimiento de su fracaso en el entorno empresarial. Dado que Windows 7 es, fundamentalmente, un Vista que funciona bien, Microsoft ha pensado que lo único que podría frenar su implantación en las empresas son los posibles problemas de compatibilidad con viejas aplicaciones pensadas para XP. Así que con las versiones para profesionales podremos instalarnos el "modo XP" que permite ejecutar esas aplicaciones sin problemas.

¿Cómo lo hace? Mediante una tecnología llamada virtualización, presente en casi todos los microprocesadores modernos, tanto de AMD como de Intel. Así, cuando queramos ejecutar una aplicación que no funcione en Windows 7 podremos arrancar una especie de mini-XP que permita hacerla funcionar sin problemas, al igual que hace en los ordenadores de Apple una aplicación llamada Parallels, que permite ejecutar programas de Windows desde un Mac. Es una vía que, de funcionar correctamente, permitiría que futuras versiones de Windows se crearan de cero, abandonando la necesidad de ser directamente compatibles con las anteriores.

Es posible que, pese a todo, algunas de las compañías más grandes sigan resistiéndose al cambio, porque un cambio de sistema operativo requiere un esfuerzo de adaptación notable, pero las mejoras del nuevo Windows –junto con, para qué engañarnos, el final del soporte para XP y de las licencias que permiten instalarlo aunque compremos Vista– seguramente lleven a la mayoría de pequeñas y medianas empresas hasta ahora reticentes a dar el salto. Y, con él, la recuperación aun en parte de los resultados de Microsoft. Un vistazo a las estadísticas muestra que sólo el 20% de los lectores de Libertad Digital emplean Vista, frente a un abrumador 75% que permanecen fieles a XP, pese a que hace ya más de dos años de su lanzamiento. Esperemos que Windows 7 mejore esos números, porque significará que es un sistema que se adapta mejor a las necesidades de los consumidores.

¡Comed Obama!

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En efecto, hay pocas cosas que angustien más a los cuatro millones y medio de parados (ni que decir tiene el millón de familias sin ingresos ni subsidios) que conocer de manera exacta cuál es la idea de Pajín sobre las diferencias políticas entre Obama y George W. Bush. Gracias a ese magnífico anuncio, podemos conocer de primera mano qué es lo que el socialismo español ofrece a los ciudadanos a cambio de su voto en las europeas: diálogo, mestizaje y leña al cambio climático.

En realidad resulta lógico, dentro de lo absurdo de su trayectoria, que un PSOE abrumado por los acontecimientos reconozca con este videoclip que no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo ni la forma de afrontar los retos que ya tenemos delante, con la recesión económica en primer lugar. El socialismo funciona de perlas cuando la caja está llena, pero cuando el dinero público se acaba es incapaz de crear ni una sola de las condiciones necesarias para permitir la prosperidad de los ciudadanos. Por eso no tiene más remedio que acudir al eslogan majadero y apelar a los sentimientos más primarios de sus votantes. Si la realidad les muestra que están provocando una catástrofe, los socialistas dejan de lado los hechos y desempolvan el breviario del buen progresista, una manera efectiva de mantener las simpatías y el voto de los que se horrorizan con la simple idea de que los demás les consideren unos retrógrados.

Un video obsequioso hasta el rubor hacia el presidente yanqui, realizado por los mismos que hasta ayer mismo encabezaban las falanges antinorteamericanas, y la acusación a Mayor Oreja de no haber hecho nada contra la ETA, son los principales argumentos con que el PSOE de Zapatero va a pedir el voto al progresismo español, esté en paro o todavía no. Y para defender ese argumentario en Europa, el hermano de Zorrocloco. Hasta el PP de Rajoy podría ganar unas elecciones absurdas como las próximas con un rival así.

El mal turco de Europa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese pedazo de tierra es una pequeña grieta por la que quiere colarse Turquía. Es la sublimación del continente, el argumento geográfico, tomando la parte por el todo. Y la renuncia del contenido, de los europeos con su historia y su cultura, secularmente enfrentada a Turquía. Si el argumento es la geografía, Turquía pertenece casi en su totalidad a Asia Menor.

¿Lo será la historia? ¿Puede un enfrentamiento secular ser argumento para una integración política? Uno de los hechos más desafortunados de la historia, acaso el que más, fue la caída de Constantinopla. ¿Qué habría sido de un Occidente con dos centros, con dos fuentes de cultura y poder, ambos con las mismas raíces?

¿La política, entonces? No será la internacional. La Unión Europea sobresale por esa combinación, casi imposible, entre la inacción y la doble moral, entre la presencia en todos los foros y la irrelevancia. Con Turquía, Europa haría frontera con Irán, Irak y Siria. Importaríamos de forma inmediata los problemas que causan esos Estados tan inestables.

Será, entonces, la política europea. Pero no hay más que imaginarse el efecto de la incorporación de esos 70 millones de turcos, con una población mayor que la de Alemania. Y no hay que dejar correr mucho la imaginación para hacerse a la idea de la reacción turca en cuanto comenzaran a imponerse directivas europeas impopulares, especialmente para los sectores más islamistas. ¿Necesita Europa más grupos terroristas?

La integración de Turquía no tiene ningún sentido. Si se quiere favorecer la democracia en aquel país, ábranse nuestras fronteras a sus productos y a sus gentes. Europa no la necesita. Si alguna vez se planteó el abrazo, fue porque a esta Europa le falta conciencia de sí misma, y sus políticos se avergüenzan de su historia y de su cultura.

ZP in love

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin duda algo de eso hay, pero la causa principal es otra. El presidente del Gobierno está deseando agradar a su admirado Obama. Y, como buen siervo ante el adorado señor, quiere mostrar avances cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegue a España.

Tanto criticar la relación de Aznar con George W. Bush y ahora resulta que Zapatero está dispuesto a cabrear a media España con tal de contentar al actual presidente de Estados Unidos. Curiosa plasmación de esa coletilla tan repetida la anterior legislatura de la "vuelta al corazón de Europa". Debe reconocerse que si lo que busca el inquilino de La Moncloa es agradar a Obama, ha elegido una manera inteligente de hacerlo. Aunque su calidad artística suela ser muy superior a la de sus equivalentes españoles; los cantantes, actores y directores de cine norteamericanos suelen estar muy situados a la izquierda (con casos extremos como el del baboso castrista Oliver Stone y notables excepciones como Clint Eastwood). Y claro, han sido un apoyo fundamental para Obama. Como en su día lo fueron para los fracasados Gore y Kerry.

Pero como los de aquí, también deben de cobrarse ese apoyo. Allí el precio no es aumentar todavía más la protección de esa mentira llamada propiedad intelectual. No es necesario, en Estados Unidos no existe ni tan siquiera la copia privada y numerosos ciudadanos han sufrido los efectos de una legislación que permite condenar a multas de miles de dólares por la descarga de archivos. El pago que se le exigen a Obama es, por lo que se ve, la presión sobre los gobiernos de los países que en opinión de la industria del cine y la música no combaten lo suficiente el intercambio de archivos.

Ante un ZP in love –aunque no crea en los derechos de autor, exigiré que me paguen si deciden hacer una película con ese título protagonizada por un Bardem, Penélope Cruz y Matt Damon– para Obama debe de ser muy fácil presionar con el fin de contentar al artisteo norteamericano. Cuando un actor estadounidense presente una película en España no le crea si dice que le encanta este país. En un futuro podrían dejarle sin conexión a internet para cumplir con sus deseos.