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Federalismo para España

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La Comunidad de Madrid ocupa la octava posición entre las regiones de España con menor tasa de paro; es decir, aún hay nueve comunidades peor posicionadas que ella. Su tasa de desempleo es del 10,15% y la de la región con menos paro, Navarra, es del 8,12%. Apenas dos puntos porcentuales separan a Madrid de ser la comunidad con menos paro de España; ¿saben cuántos puntos separan a Extremadura? Nueve. ¿Y a Canarias? Trece. ¿Y a Andalucía? Trece y medio. Pero no, Madrid sí merece una manifestación, al contrario que el Ejecutivo socialista que ha posicionado al presidente de la comunidad autónoma con más desempleo de España en la vicepresidencia del Gobierno.

Teniendo en cuenta que la tasa de paro general de España es del 13,91%, no parece que una del 10,15% implique que se está sufriendo más la crisis que en el resto del país.

Pero, ¿qué más da? Los sindicatos de todo el orbe, incluyendo los españoles, nunca han defendido a los trabajadores, sino a sus afiliados y a sus cuadros directivos. No buscan mejorar el bienestar de todos los individuos, sino alcanzar ciertas metas políticas como convertirse en parte de un Estado cuyo tamaño no pare de acrecentarse.

La economía se la trae completamente al pairo. Sólo así puede entenderse que en medio de la crisis económica más severa que haya sufrido España en décadas, al secretario general de la UGT se le ocurra proponer la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales. O sólo así se comprende que repitan y prometan que el fraudulento sistema de pensiones español no está en peligro.

La realidad no les interesa en absoluto. El mundo sólo es y puede ser como ellos creen que debería ser: un mundo donde el Estado omnipotente puede solucionar todos los problemas sociales mediante un decreto redactado por los propios sindicatos.

Pero las cosas no funcionan así. Ni la Comunidad de Madrid es la más castigada por la crisis, ni las soluciones a la misma pasan por seguir sus disparatas propuestas, a saber, incrementar la rigidez del mercado laboral español y conservar una Seguridad Social quebrada y que perjudica especialmente a los trabajadores.

Y es que a ellos poco les importa la realidad. Para algo llevan años encaramados en una burocrática asociación que medra gracias a la preponderancia artificial y a las transferencias coactivas de renta que les concede el Estado. Son simples lobbys que sobreviven haciendo ruido y maltratando a todos los españoles, incluyendo a los trabajadores y excluyendo a los liberados sindicales.

Ése es todo el misterio de tamaño sectarismo e ignorancia. Anthony Downs, aplicándola a otro contexto, la denominó hace 50 años "ignorancia racional". Y lucrativa, cabría añadir.

¿Y por qué no cerrarlas todas?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Ser tan progre tiene una ventaja: se puede defender la censura por motivos morales sin ser tachado de carca o inquisidor.

Una cosa curiosa de los progres es que en pocos años han cambiado de forma radical su discurso sobre la moral. Han pasado de defender la quema de sujetadores y la chica de los limones salvajes del Caribe como ejemplos de la liberación de las mujeres a condenar la muestra de carne femenina por machista y reaccionaria. Si para la izquierda antes era una cosa perversa que existieran clasificaciones por edad para todo tipo de contenidos, ahora lo realmente moderno es impedir que los niños puedan ver imágenes violentas o con carga sexual. Y claro, como buenos intervencionistas de izquierdas, los señores de Confapa defienden que el Estado se encargue de eso cuando atañe a internet.

La "progresista" organización gallega de Asociaciones de Padres de Alumnos pretende que el Estado controle y restrinja el acceso de los menores de edad a determinados contenidos de internet, entre ellos a YouTube. Cómo hacer eso sin violentar los más elementales derechos, como a la libertad de expresión o la intimidad, es algo que no han explicado. Y no lo han hecho por el simple motivo de que es imposible. Lo que pretenden es que la red esté sometida en España a un régimen en el que se pueda saber no sólo desde que ordenador se visita ciertas páginas, sino también qué persona está ante la pantalla. Sólo conociendo de quién se trata puede a su vez conocerse la edad. El único modo de controlar eso sería estableciendo un sistema obligatorio de identificación personal para conectarse a la red, con los peligros que eso conlleva: bienvenidos a 1984.

El control de los contenidos a los que acceden los menores y la valoración de si son adecuados o no, debe corresponder tan sólo a los padres. Son los progenitores los que deciden si sus hijos pueden ver un programa televisivo o si un libro es adecuado para su edad. Con la red no debe ser diferente. De hecho existen programas de filtrado que los adultos pueden instalar en sus ordenadores para que se encarguen de ello sin tener que estar todo el día pegados a sus vástagos para saber qué webs visitan.

Como buenos progresistas, los señores de la Confapa pretenden que sea el Estado el que haga de padre en su lugar y, de paso, del resto de los españoles con hijos. Y, como perfectos puritanos, no les importa si para eso se violan principios como la libertad de expresión, la intimidad o el derecho a educar a los hijos según sus propios criterios. Unos párrafos más arriba decía que este tipo de propuestas las pueden hacer los progres sin riesgo de ser tachados de carcas o inquisidores. No siempre están a salvo. Desde aquí acusamos a la Confapa precisamente de eso.

Puritanismo censor progresista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Siempre se reconoció que los Estados, que formaron un acuerdo de unión, se podían desasir con la misma libertad con que se entrelazaron. El Norte, especialmente, apeló a aquél derecho en 1803, en 1809, en 1812, en 1848… El sur tomó el testigo de los movimientos secesionistas a medida que iba perdiendo peso en el conjunto del país. La Guerra entre los Estados, librada por Lincoln, acabó con todo ello.

Pero como la historia es tozuda y los hombres más, las razones que llevaron a Massachussets, Carolina del Sur o Texas, entre otros, a proclamar su secesión reaparecen de cuando en cuando. Estos días conviven las palabras “tea party” y “secesión” en un giro de los acontecimientos ciertamente interesante. En todo el país se han celebrado “tea parties” para exigirle a los políticos que se arreglen sus componendas con menos impuestos. En Texas, esas exigencias las ha hecho el propio gobernador, Rick Perry, quien ante los periodistas recordó lo siguiente:

Texas es un sitio único. Cuando pasamos a formar parte de la unión en 1845, una de las condiciones fue que tendríamos el derecho de abandonar si decidíamos hacerlo. Mi esperanza es que America y Washington en particular, presten atención. Tenemos una gran unión. No hay absolutamente ninguna razón para disolverla. Pero si Washington continúa metiendo sus narices en (la vida de) los americanos, quién sabe qué resultado podría tener ello”.

Perry se refirió a la décima enmienda, interpretada en el sentido de que cualquiera de los Estados tiene la capacidad de rechazar la legislación federal que considere que no está acorde con los derechos de sus ciudadanos. Una mención que recuerda la teoría de la “anulación” que alegó Carolina del Sur para desasirse de la Unión.

La separación de poderes, que ha sido más efectiva en Estados Unidos que en ningún otro país, muere año a año para dar lugar a una pastosa concentración de poderes en manos del Ejecutivo, de modo que no resulta efectiva para frenar el poder. Sólo la verdadera amenaza de la secesión por parte de los Estados podría contribuir a frenar la tendencia secular a que el Gobierno Federal se convierta en todopoderoso.

Lo más probable es que todo se quede en un gesto retórico. Pero las fuerzas sociales que hay detrás de esas palabras son poderosas. Y pueden cambiar la historia de aquél país.

¡Secesión!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No hay ninguna razón ni filosófica ni práctica que justifique la existencia de veinte televisiones propiedad de las comunidades autónomas, además de las dos cadenas estatales analógicas y sus derivados digitales. Cuando un servicio es prestado a los ciudadanos por la iniciativa privada, la existencia de competidores que se financian con fondos públicos es un absurdo y un agravio comparativo que sólo tiene razón de ser en el deseo de los políticos por controlar los medios de comunicación.

Nada habría que objetar si el PP y el PSOE crearan cada uno su cadena de televisión con dinero de sus afiliados, pero hacerlo a costa del bolsillo de todos los ciudadanos que ya reciben un servicio mejor y más barato por parte de operadores privados es un lujo inadmisible, sobre todo en medio de una catástrofe económica como la actual.

Las televisiones autonómicas son tan innecesarias como TVE y, en conjunto, mucho más gravosas, por sorprendente que pueda parecer conociendo las pérdidas astronómicas de la televisión estatal. En la mayoría de los casos son un cementerio de elefantes para los políticos desahuciados y un vehículo excepcional para regalar dinero a los amigos a costa del contribuyente, con la única condición de que los gobernantes de turno aparezcan diariamente no menos de cinco veces, aunque sea inaugurando los mingitorios de un centro de la tercera edad.

Habría que cerrarlas todas previa subasta o, mejor aún, regalárselas directamente al grupo PRISA. Con la sagacidad empresarial propia de la casa, en un par de años no quedaría ni una. Eso que saldríamos todos ganando.

Un sector en ebullición

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero decidía nombrar como ministra de cultura a Ángeles González-Sinde, la ya ex-presidenta de la Academia del Cine (la Academia de la Ceja, ya saben). Como correctamente señaló la Asociación de Internautas, este nombramiento es una provocación a todo el mundo de internet de nuestro país. Si ya soportábamos una política nefasta desde el Ministerio de Cultura, sólo nos faltaba que uno de los mayores beneficiados por el Gobierno, el sector del "cine", colocara a su máxima representante como ministra. Una gran mayoría pedimos su recusación inmediata, y no sólo por frases tan brillantes como "¿Para qué necesitamos ADSL a no sé cuántos gigas?", sino porque el conflicto de intereses es manifiesto.

Por otra parte, además de padecer una ministra dispuesta a cercenar nuestras libertades en internet, los medios de comunicación viven en permanente tensión y los de internet, si cabe, un poco más. Si este miércoles nos levantábamos con muy buenos datos para los medios digitales, la alegría se ha cortado rápidamente, ya que Vocento ha decidido retirar a todos los suyos de la medición de OJD, sumándose al diario El País, que ya acordó su salida hace tiempo. Juan Varela se pregunta acertadamente si es viable un sistema de recuento sin El País y sin Vocento: probablemente no. Como ya comenté en un artículo anterior, en España estas mediciones son un verdadero caos y las asociaciones encargadas de realizarlas, que tanto presumen de haber trabajando en ellas desde hace años, deberían revisar qué han hecho mal para que esto ocurra.

Pero no todo han sido malas noticias para el sector. Una semana antes del nombramiento de la ministra SINDEscargas, en Madrid se celebró la quinta edición de la feria y congreso de marketing digital más importante de España, OME, de la que soy director de Contenidos y Operaciones. Es una alegría haber comprobado como OME se ha consolidado como el principal evento de marketing online de nuestro país. Pudimos contar con los máximos responsables de empresas como Google, Spotify, Nielsen, Comscore o Danoo para contarnos las principales novedades del sector digital. El área del marketing digital ha elegido su punto de reunión anual y eso refuerza la madurez del mismo en este año tan vital.

PD: No quiero dejar pasar la oportunidad para dar mi apoyo a Federico Jiménez Losantos que en estas últimas semanas ha vuelto a comprobar en carne propia lo difícil que es defender las libertades en nuestro país. Todo mi apoyo para él.

¿Éstas son las recetas del PP contra la crisis?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Que los políticos se tienen un amor propio desmedido y que ansían más que nada acceder al poder para arreglarnos la vida, es algo que ya sabíamos. Lo que desconocíamos hasta la fecha eran las propuestas con las que los populares pretenden arreglarnos la vida. Pero no se preocupen, mientras algunos dirigentes socialistas aprovechaban la Semana Santa para tomar el Sol, el denodado equipo económico de Rajoy se quedó sin vacaciones para parir el programa económico que nos sacaría de inmediato de la crisis. 

¿Y cuáles son esas reformas tan útiles para España? Primero, un libertario compromiso de no incrementar el gasto público más de un 2% al año… pero sólo mientras dure la crisis, no vayamos a pasarnos. Sin duda, se trata de lo que España necesita: más gasto público en un contexto de caída de ingresos fiscales, es decir, más déficit público. Un tanto a favor de la austeridad de las Administración Públicas.

Segundo, incrementar la deducción fiscal por vivienda del 15% al 25% (buena manera de financiar el incremento del 2% en el gasto público), a ver si de este modo logramos reinflar la burbuja inmobiliaria y volver a empezar.

Tercero, mejorar la fiscalidad para los autónomos y pymes. Nunca para las grandes empresas, que son los instrumentos con los que los capitalistas explotan a los pobres trabajadores. Bueno, corrijo. Las grandes empresas automovilísticas sí recibirán ayudas fiscales que, por lo visto, son un lobby más eficiente.

Cuarto, una reforma del mercado laboral perfilada a través del diálogo social. Los malos tiempos del decretazo ya pasaron para el PP. Hay que exhibir buen talante, aun cuando ello implique seguir mandando a miles de personas al paro. Por cierto, si en el tema del paro el PP propone exactamente lo mismo que el PSOE, ¿debo pensar que los parados españoles no tienen que esperar nada nuevo del PP y que éste es tan culpable como el PSOE de su situación actual?

Quinto, incrementar el gasto público en infraestructuras. Les falta añadir una felicitación a Blanco por proponer lo mismo.

Y sexto, consolidar el Estado de bienestar. Algo que no tiene demasiado que ver con la salida de la crisis (salvo si fuera para adelgazarlo y bajar impuestos) pero que siempre queda bien en un documento económico y permite despejar dudas –si es que quedaba alguna después de leer todo lo anterior– de que el PP no es un partido ultraliberal comeniños. No hace falta que lo juren, siguen en la inopia.

Pero claro, debemos tener presente que este tipo de programas suelen representar los máximos de la acción política. Una cosa es prometer desde la oposición y otra, muy distinta, ejecutar desde las instituciones. Por eso, no está de más fijarse en las políticas populares realmente existentes allí donde gobiernan. Por ejemplo en Galicia.

Feijóo se presentó como un revulsivo frente a la crisis y ¡vaya si lo va a ser! Los promotores inmobiliarios ya deben estar frotándose las manos con el plan de rescate que este austero político les ha prometido (qué buenas son y cuánto empleo crean las grandes empresas en quiebra como las automovilísticas y las promotoras).

Sin embargo, tal vez los gallegos y el resto de españoles –a quienes se les quiere bajar los impuestos al tiempo que obligar a sufragar todos estos dispendios– deberían preocuparse un poquito más por este tipo de medidas contraproducentes y demagógicas.

Lo esencial: España ha sufrido una de las burbujas inmobiliarias más grandes del mundo y tiene que corregirse, lo que significa liquidación a muy bajos precios de todos los excedentes de pisos y quiebra de todas las promotoras que no puedan resistir esa liquidación de stocks. Si en 2006 España producía 800.000 viviendas anuales, es evidente que algunos promotores tienen que empezar a buscarse otra ocupación (a menos, claro, que la propuesta de Rajoy pase por edificar toda la península ibérica).

Si Feijóo compra a los promotores sus stocks de viviendas a los artificiales precios de la burbuja, no sólo les está regalando el dinero por haberse equivocado en el pasado, sino que está impidiendo que esas viviendas se vendan a precios suficientemente bajos como para que empresarios e inversores las destinen a proyectos que generen riqueza y encarrilen la recuperación.

Si en Estados Unidos algunos comienzan a hablar de un amago de mejora es porque allí del sector inmobiliario –donde comenzaron todos los problemas– ya ha terminado de ajustarse pese a los esfuerzos de Bernanke por volver a crear otra burbuja. En España ese ajuste ni está ni se le espera, básicamente porque todos los que han malinvertido en vivienda –promotores y bancos– saben que podrán chupar del bote del erario público gracias a la magnífica predisposición de todos nuestros políticos. ¿Para qué van a vender al sector privado los inmuebles a precios de ganga si saben que pueden colocárselos a los políticos a los infladísimos precios de la burbuja?

La típica picaresca española no cambia. La tradicional animadversión del PP a un mercado libre que no pueda dirigir y aprovechar para beneficio propio, tampoco.

Liberando a Cuba desde fuera

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Todas las limitaciones a la frecuencia y duración de las visitas de cubano-americanos a sus familiares en Cuba serán suspendidas, y se aumentarán los límites de gasto y de equipaje. Todas las restricciones a las remesas de dinero (que antes tenían topes de cantidad, de frecuencia de envío, etc.) serán eliminadas, manteniéndose la prohibición de subsidiar a miembros del Gobierno o del Partido Comunista. A partir de ahora un cubano-americano podrá visitar a sus padres o abuelos cuando quiera y enviarles tanto dinero como estime oportuno sin interferencia del Gobierno federal.

La iniciativa también autoriza el establecimiento de servicios de telecomunicaciones que creen vínculos entre cubanos de fuera y dentro de la isla. Se otorgarán licencias a operadores que quieran conectar el continente con la isla mediante satélite o fibra óptica, o que deseen ofertar servicios de radio, televisión o telefonía a usuarios cubanos. Así mismo se permitirá la exportación o re-exportación a Cuba de aparatos electrónicos como móviles, antenas, computadoras o software. Las regulaciones limitando el envío de regalos y donaciones también serán revisadas y relajadas.

La Fundación Nacional Cubano-Americana en Miami ha aplaudido esta medida, y el editorial del Miami Herald también la ve con buenos ojos, aunque hace un llamamiento a exigir reprocidad por parte del Gobierno cubano. La reacción de los exiliados cubanos es mixta: la vieja guardia es crítica con el cambio argumentando que la entrada de remesas y visitantes beneficiará al régimen castrista, pero muchos otros ya están planeando su viaje a la isla para visitar a la familia.

El cambio de rumbo de Obama es un paso en la buena dirección, independientemente de lo que decida hacer el régimen cubano. Es discutible que estas restricciones presionaran al Gobierno castrista en el sentido de aplicar reformas, lo que es indiscutible es que para hacerlo vulneraban el derecho de los cubano-americanos a visitar a sus seres queridos y a ayudarles con su propio dinero. El siguiente paso sería empezar a desmantelar el embargo comercial vigente desde la Revolución comunista y que prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con cubanos o viajar a la isla por turismo. La lógica de un embargo comercial es la siguiente: las restricciones provocan carestía añadida de bienes y servicios, la sociedad sufre esa carestía y advierte que el Gobierno podría aliviarla si accede a las reformas, la sociedad presiona al Gobierno para que implemente reformas y el Gobierno acaba cediendo. Un claro ejemplo de la infame máxima de que el fin justifica los medios, pues el embargo solo ejerce presión si la población sufre.

Cuando el Gobierno gestiona más del 70% de la economía y emplea a tres cuartas partes de la masa laboral, la presión también proviene del lado de los ingresos: el Gobierno recauda menos fondos y cuenta con un presupuesto menor que limita su capacidad de maniobra. Pero es la población, casi toda funcionaria por necesidad u obligación, la que padece en sus carnes la escasez, y al Gobierno le basta la superioridad militar y propagandística para imponerse.

En coherencia, los proponentes del embargo cubano deberían apoyar un bloqueo internacional de duración indefinida. En rigor deberían incluso oponerse a las excepciones que autorizan la exportación a la isla de comida y medicamentos, pues alivian la carestía de la población y la presión ejercida sobre el Gobierno. Cabe preguntarse qué opinarían los cubanos de un embargo internacional que iba a sumirles aún más en la pobreza, y si sus valedores lo impondrían en contra de su voluntad "por su propio bien". Si uno está en contra de estas medidas tan drásticas debería oponerse también al embargo y a las demás restricciones, que son de la misma naturaleza pero a una escala menor.

El embargo sirve en realidad de chivo expiatorio del fracaso comunista. Su supresión no es la panacea, pero puede contribuir a la erosión del régimen. En primer lugar, porque la promoción del comercio, la inversión y el libre movimiento de personas reportaría más bienestar e ideas nuevas a la sociedad cubana. Habría más interacción entre estadounidenses y cubanos, y el adoctrinamiento y la propaganda hacen menos mella cuando la gente está expuesta a versiones alternativas de "la verdad". El bienestar también suele generar una demanda de libertad política. En segundo lugar, el embargo y las restricciones son utilizadas por el Gobierno para desviar las miradas y las críticas hacia los "enemigos externos". En ausencia de embargo, el régimen se queda sin excusas, su fracaso es menos maquillable y es más probable que la ciudadanía exija responsabilidades a su Gobierno.

El embargo comercial es juzgado, como la mayoría de políticas públicas, más por sus intenciones que por sus resultados, que en este caso han sido nulos durante cinco décadas. El embargo satisface el reclamo moral de "hacer algo" contra la injusticia, pues la inacción estatal suele interpretarse como un acto de pasotismo que a nada conduce. Pero después de demostrarse infructuosa por tanto tiempo esta vía de acción, vale la pena darle una oportunidad a un nuevo enfoque.

Eso es tener vista

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero no crean que se trata de una afección padecida sólo por la cúpula del gran partido de la derecha española. Ojalá fuera así, pero lo cierto es que el Partido Popular actúa en todos los sitios exactamente igual, sobre todo en aquellos que gobierna.

Lo ocurrido estos días con el comunicador de referencia de los votantes del PP pasa continuamente en otros muchos lugares. Actualmente no hay televisión regional en feudo pepero, tal vez con la excepción de Telemadrid, que no tenga proscrita en su nómina de colaboradores a los columnistas, periodistas e intelectuales que defienden las ideas liberales en los medios de comunicación. Créanme, lo digo por larga y muy divertida experiencia.

Los dirigentes del PP te llenan de babas en privado, pero a la hora de la verdad, con ellos sólo trincan los defensores del socialismo de todo pelaje y condición, cuanto más extremo mejor. Joder con los progres, gane quien gane ellos triunfan siempre. Pero no seré yo quien los critique. Si les llenan de dinero y gabelas por insultar diariamente a sus jefes, felices de dar esa imagen de "pluralismo", hacen muy bien de explotar el chollo mientras les dure.

En todo caso, el PP debería cuidar un poquito más a quienes defienden el ideario de sus votantes (los dirigentes, a fecha de hoy, no sabemos qué piensan), no ya por una cuestión elemental de lealtad sino por inteligencia política. La gente normal, la que madruga por las mañanas y saca adelante el país, tiene ciertos principios y no encaja bien verlos pisoteados por aquellos a quienes votan. Lo digo porque todavía esperamos a que un dirigente de la calle Génova se pronuncie sobre el cese del principal comunicador de la derecha española. Las únicas voces de ese entorno manifiestan su absoluta satisfacción con la decisión de los heresiarcas episcopales, como un pintoresco representante del aznarato, cuya empresa ha participado en sonados pelotazos urbanísticos al socaire del poder (por ejemplo en Murcia), y estos días acusa a la víctima de Bertone y Rajoy de ¡beneficiarse privadamente de su relación con la COPE!

¿Usted se imagina a Pepiño Blanco querellándose contra Gabilondo o a Zapatero exigiendo la marcha de Wyoming de La Secta? Yo tampoco, por grande que fuera la supuesta ofensa padecida por los primeros. La izquierda no tiene moral, pero sabe cómo ganar las elecciones. Con la derecha española ocurre lo contrario en ambos casos y no le importa dejar tras de sí un reguero de víctimas cada vez más nutrido. Aquí, o nos hacemos todos progres o habrá que ir pensando en pasar a la clandestinidad. La diferencia con la situación que vivimos ya no puede ser tan grande.

¡Homófobo!

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Tertulianos profesionales del estilo de María Antonia Iglesias conocen el truco y lo usan con maestría para triunfar sin tener razón, y además sabiendo que no la tienen.

Eso no significa que se deba crear un índice de palabras prohibidas, o que no deban emplearse cuando se debe. Resulta ridículo, por ejemplo, el empeño de la BBC en no llamar "terroristas" a los terroristas. No obstante, son palabras que deberían ser usadas con cuidado, pues el abuso puede llevar a que pierdan para la mayoría su significado original y, con él, su fuerza. Llamar "holocausto" a una operación militar podrá resultar efectivo en términos inmediatos, pero letal a largo plazo, pues banaliza tanto la palabra como aquello que define, el asesinato de seis millones de judíos por el hecho de serlo. Claro que seguramente sea eso lo que quieren quienes así la emplean. "Fascismo" o "facha" ya han hecho ese recorrido por completo, y su significado ha pasado a ser "yo soy de izquierdas y tú de derechas", aunque en plan insultante y tinelliano.

Otra palabra que va camino de perder completamente su fuerza y significado original es "homófobo". Su definición es clara: se trata de una persona con una fobia, es decir, un odio irracional, hacia los homosexuales. Su abuso la está transformando poco a poco en "persona que no está de acuerdo con el lobby gay en tal o cual tema".

El último en ser acusado de ese pecado ha sido Amazon. Durante este fin de semana, fiesta en Estados Unidos como en tantos otros lugares, 57.310 libros han desaparecido de sus ránking. ¿Qué significa eso dentro de la tienda virtual? Pues que no aparecen en listados de éxitos ni en el sistema de recomendaciones ni en la búsqueda de productos. Es decir, que las ventas pueden bajar en picado. Dado que los libros eran en su mayoría, aunque no exclusivamente, de temática homosexual, el escándalo se propagó como un incendio por todo internet. La explicación: que por homofobia Amazon había decidido ganar menos dinero con las ventas de esos libros a cambio de no promocionarlos.

La explicación es tan absurda que no resiste ni el más mínimo análisis. Amazon es el mejor, sí, pero en un mercado altamente competitivo, en el que cualquier tropezón puede provocar una rápida huida de clientes. Los homosexuales, se los quiera discriminar o no, son parte de ese mercado, y una parte que evidentemente empezaría a comprar en Barnes & Noble y otras librerías virtuales. Además, mucha gente que no es homosexual encontraría ofensiva esa exclusión y harían algo parecido. En definitiva, Amazon no tenía ninguna posibilidad de perjudicar a los gays como colectivo (que digo yo que sería el objetivo de un homófobo) y todas las de dispararse en el pie.

En cualquier caso, como empresa privada, Amazon tiene todo el derecho del mundo a perjudicarse a sí misma y los demás a criticarla por ello. Pero no deja de ser contraproducente que cualquier cosa que afecte a los homosexuales sea tachado inmediatamente de "homófobo" y se busquen peregrinas explicaciones para justificar esa acusación. En este caso, suena mucho más razonable, sea cierta o no, la del abuso del sistema de Amazon para denunciar material "para adultos". Un blogger incluso se ha adjudicado la paternidad del ataque, ofreciendo explicaciones técnicas convincentes; es decir, que si bien puede no ser el culpable, se podría haber hecho tal y como lo cuenta, aunque su móvil para actuar suena bastante ridículo. Amazon, por su parte, ha entonado el mea culpa, atribuyendo a su propia torpeza el problema y anunciando que tomará medidas, y un antiguo trabajador de la empresa que dice contar con fuentes internas atribuye el problema a un técnico en Francia.

Cualquiera de las dos explicaciones tiene mucha más lógica que la de la homofobia. Pero parece que la gente está encantada de ejercer de nueva inquisición. No entienden que, así, van haciendo perder poco a poco el estatus que actualmente disfruta la acusación.

El PP sigue en la inopia

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Es decir, aprobar ingentes inyecciones de gasto público, ya sea impulsando la obra pública o ampliando la cobertura por desempleo. Ni rastro de reforma laboral. De hecho, la nueva ministra de Economía, Elena Salgado, tiende su mano a los sindicatos en aras de mantener la tan ansiada pax social.

Nada nuevo bajo el sol. Lo más preocupante, sin embargo, es que el plan de reformas que acaba de proponer el PP denota que el principal partido de la oposición sigue en la inopia. La clase política española parece no percatarse de que España, al igual que está sucediendo en Europa del Este, se hunde. Si hace dos años lo que se negaba era la crisis, hoy PSOE y PP no se enteran del riesgo real de depresión económica a la que se enfrenta este país. Rajoy sigue sin respuestas.

El presente año arroja un panorama muy preocupante, con un paro que rondará el 20% a finales de 2009, un déficit público superior al 8% del PIB y una contracción de la economía nacional de entre el 5% y el 8%. Pero en 2010, el escenario será desolador. De no apostar por las reformas necesarias, la tasa de paro podría alcanzar el 30%. La rigidez laboral, la falta de competitividad exterior, la creciente insolvencia bancaria y la escasa productividad son materias de emergencia nacional.

Y puesto que el PSOE ya ha marcado su nueva estrategia –comprar votos vía subvención, hasta que sea posible–, ¿qué hoja de ruta propone el PP? Limitar el gasto público en los Presupuestos Generales del Estado en los años venideros al 2% como máximo y consensuar –algo imposible– un techo de gasto en las comunidades autónomas y las corporaciones locales de las grandes ciudades.

En materia fiscal se limita a incrementar el tipo de deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda hasta el 25% (desde el 15% actual); sustituir en 2009 la deducción de 400 euros anuales en la cuota del IRPF por una reducción equivalente de la parte correspondiente al trabajador de las cotizaciones sociales; aprobar una nueva deducción en el IRPF del 10% de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo; mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones (que no concreta); y reducir el Impuesto sobre Sociedades al 20% para las pymes.

Error. El Estado y el conjunto de las Administraciones Públicas deben recortar drásticamente el gasto público e, incluso, eliminar por completo no sólo ministerios y organismos oficiales, sino partidas presupuestarias completas, desde subvenciones hasta programas de inversión pública. De mantener el nivel de gasto de años pasados, y dado el desplome que sufre y sufrirá la recaudación fiscal, el déficit presupuestario se traducirá en un disparatado aumento de la deuda pública hasta niveles superiores al 80% ó 90% del PIB nacional en los próximos años. Con todo lo que ello conlleva: drástico aumento de impuestos (véase Irlanda), nueva degradación de los bonos del Tesoro español (coste de la financiación pública insostenible) y la reacción por parte de la UE (sanciones, ¿expulsión del euro?).

Además, sin recorte del gasto público, la tímida rebaja de impuestos que propone el PP será inocua y del todo insuficiente para incentivar el ahorro y aumentar la liquidez de empresas y familias. De hecho, España debería apostar por una recorte sin precedentes de la presión fiscal. Por otra parte, todo lo anterior tampoco servirá de mucho si no se afronta de una vez por todas una valiente reforma laboral.

El PP resume su propuesta en esta materia en cuatro líneas: "promoción con los agentes sociales de un Gran Acuerdo Parlamentario por el Empleo y la Competitividad que facilite la empleabilidad, busque la seguridad de los trabajadores, fomente la contratación, especialmente la indefinida, a través de una bajada selectiva de las cotizaciones sociales, y mejore los mecanismos de cobertura por desempleo". Que es como decir absolutamente nada.

En el plano administrativo, el PP apuesta por la unidad de mercado y reducir trámites burocráticos para crear empresas. Esta última iniciativa se plantea año tras año con resultados nefastos, ya que nunca llega a implementarse. Es como el mito de la justicia rápida y barata. Ya va siendo hora de que alguien abogue de una vez por la implantación del silencio administrativo positivo. Esto es, cree su empresa en 24 horas y un solo trámite, eliminando intermediarios y simplificando al máximo la normativa, para que luego la Administración, si es necesario, aplique un control a posteriori.

Por último, los populares reconocen que la viabilidad del Estado de Bienestar corre peligro debido a la crisis. ¿Solución? Abrazar la Ley de Dependencia; reformar el sistema de pensiones con el fin de rebajar la cuantía a percibir por los futuros jubilados (sin mencionar la posibilidad de elegir entre un plan público o privado); y un Pacto Nacional sobre la siempre deficitaria Sanidad Pública.

Vaya plan anticrisis. Las reformas que se envuelven en discursos políticamente correctos, bañadas en "pactos sociales", "solidaridad" y "Estado de bienestar", no solventarán la graves carencias estructurales de la economía española. ¿Mejor que el PSOE? Puede, pero a la hora de la verdad la futura miseria de los españoles seguirá siendo, en gran medida, responsabilidad de ambos partidos.