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No olvides bilateralizarte

No. Lo suyo son las relaciones bilaterales entre los distintos gobiernos, enmarcadas en un sistema multilateral con ciertas dosis de asimetría para corregir desigualdades históricas. En otras palabras, su misión es seguir unciendo las finanzas nacionales al carro del tripartito catalán para que los amigos de Karma Chacón no dejen a Zapatero con el trasero al aire en el Congreso. Propósito loable donde los haya, claro, sobre todo cuando el responsable de la fechoría hace tantos esfuerzos por disfrazarla con un metalenguaje incomprensible basado en la oscura equivalencia entre los términos bilateral y multilateral.

En la rueda de prensa tras su reunión con Montillet, cada uno junto a la bandera de su país y en la que sólo faltó el servicio de traducción simultánea para que la escena resultara perfecta, fue muy descriptiva la gravedad con la que Chaves se refirió al hecho de que la financiación per cápita de los catalanes esté por debajo de la media española. Eso es algo intolerable, vino a decir el mayor destructor de empleo de la historia de España con permiso de Corbacho, que anda pisándole los talones.

Hombre, más que intolerable se trata de una consecuencia natural de las matemáticas, porque para que se pueda calcular la media de una serie es forzoso que existan elementos por encima de ella y otros por debajo; en otro caso el cálculo carece de sentido.

Así pues, todos debemos ayudar para que la financiación per cápita catalana supere la media nacional. Pero, ¿y el resto de ciudadanos españoles que viven en comunidades igualmente por debajo de la media estatal? Para estos también tiene Chaves una receta, según la cual se trata de una circunstancia que esas comunidades deberán reclamar en el futuro, para lo que el Gobierno de Zapatero está abierto al diálogo. Ah, y sobre lo de reclamar la deuda por los incrementos de población experimentados en las regiones más prósperas, casualmente gobernadas por el Partido Popular, nada de nada, que no estamos para dispendios. Diálogo el que quieran; euros ni uno, salvo para el compañero Montillet. O sea, bilateralidad multilateral.

Para empezar, que dimita Zapatero

Pese a lo absurdo que nos parezca en perspectiva ese cartel, apenas hace un año estaba colgado por todas las calles de España y sirvió al PSOE para ganar las elecciones. Quizá los españoles deberíamos plantearnos quién ha hecho más el ridículo aquí: si ellos por prometer el pleno empleo en la antesala de la mayor destrucción de puestos de trabajo de nuestra historia o nosotros por creerlos.

En todo caso, el mal ya está hecho y bien que lo están sufriendo cada día miles de españoles; en concreto, y con los deprimentes datos de la EPA en la mano, casi 9000 personas pierden diariamente su empleo. Ya hemos llegado a los cuatro millones de parados, esa cifra que hace escasos meses Corbacho y Solbes juraban que nunca alcanzaríamos; del mismo modo que, dicho sea de paso, Corbacho promete ahora no llegar a los cinco millones y que el sistema de pensiones no corre ningún peligro.

¿Existe algún Ejecutivo en toda Europa con más mentiras económicas en su haber? Esto no tiene nada que ver con errores de diagnóstico, sino con una deliberada voluntad por engañar día sí y día también a todo el mundo; como ya hicieron durante la campaña electoral –y como parecen estar haciendo en esta otra campaña electoral extendida en la que han convertido la IX legislatura– han negado la realidad cuando estaba justo delante de sus narices. ¿Y por qué? Simplemente para justificar su inacción reformista: Zapatero sabe que no sobrevivirá con un rechazo explícito de su electorado más radical y con una sublevación sindical. El presidente del Gobierno se ha convertido en preso de su propia ideología, no puede dar un paso atrás so pena de perder el poder. Así que prefiere arrastrarnos a todos con él e ir maquillando un poco la situación.

Sin embargo, por muchos polvos que le ponga, la situación resulta ya demasiado sangrante como para que este Ejecutivo siga enrocado en la típica costumbre política de aferrarse al sillón. En un año, el número de parados se ha duplicado de dos a cuatro millones y las recetas socialdemócratas que se consideraban efectivas entonces –no liberalizar el mercado de trabajo, no recortar las cotizaciones a la Seguridad Social e incrementar el subsidio de desempleo– se siguen juzgando pertinentes ahora, ¿acaso quieren que pasemos de cuatro a ocho millones en 2010?

No, es imprescindible un cambio de rumbo a menos que queramos que las tensiones económicas, políticas y sociales terminen descomponiendo –argentinizando o libanizando– el país. Obviamente España atraviesa una crisis económica de mucha gravedad y nadie debería esperar que la reestructuración fuese sencilla. Precisamente por eso, es el momento de olvidarse de la cantinela zapateril y de aplicar grandes reformas en todos los ámbitos: hemos vivido una década en una falsa prosperidad y ahora la cruda realidad llama a la puerta.

Tres son las recetas esenciales que hacen falta no sólo para solucionar la lacra del paro, sino para empezar a salir de la crisis. Primero, liberalización profunda de todos los mercados (laboral, energético, minorista y de transportes). Segundo, poner fin a todas las iniciativas de rescates de promotores y demás empresas en dificultades. Tercero, recorte muy drástico del gasto público para eliminar el déficit público y poder bajar impuestos.

Este Gobierno ni tiene voluntad ni está en absoluto legitimado para liderarlas, ya que lleva meses sosteniendo que tales medidas son justo las contrarias a las que hay que adoptar. Así les va y así nos va. Por tanto, parece que la primera decisión importante de política económica a aprobar debería ser el cese de Zapatero y la convocatoria de nuevas elecciones. Claro que esto no es más que política ficción: ni Zapatero va a disolver las Cortes en sus horas más bajas ni probablemente Rajoy tenga el valor necesario para sacar ese programa adelante.

Por eso, dentro de unos meses seguiremos lamentándonos de cuánto empleo se destruye en España y el Ejecutivo continuará prometiéndonos que dentro de un trimestre veremos la ansiada recuperación. Supongo que en algún momento acertarán si es que antes la sociedad no revienta.

Está bien, defendamos la tortura

En una operación política muy calculada, él, que no es un ápice mejor que George Bush, ha echado sobre su antecesor las toneladas de basura que, cierto es, ha generado el propio republicano. Pero luego dice que "mira hacia delante", escondiendo la mano tras haber lanzado el guijarro.

Ha habido reacciones para todos los disgustos. Una de ellas es la de Dennis Blair, nombre que no le dirá nada si no aclaro que es director de la CIA. Dice el jefe de esa banda que gracias a la tortura "se ha sacado información valiosa". Si los resultados son buenos, está moralmente legitimado, nos viene a decir el bueno de Blair. El fin lo justifica todo, si ese fin es bueno y lo que hacemos nos acerca a él. Consecuencialismo. Socialismo. Llámenlo como quieran.

Acepto el juego. No existe el mal si nos acercamos a lo bueno. Comencemos: ¿Qué objetivo político hay que sea más excelso que el que los políticos nos digan la verdad? Y todos sabemos que si para cualquier quisque la relación con la verdad es conflictiva, la de los políticos es como la de Glenn Ford con Rita Hayworth en Gilda. O, directamente, como la de los Rose. Si deciden parte de nuestra vida, si manejan parte de nuestra renta y de nuestra riqueza, si juegan con nuestros derechos como con los cromos para luego intercambiarlos con otros, ¿no tenemos, al menos, el derecho de que nos digan la verdad? Si no se conforman con que les votemos y quieren, además, que les amemos, que nos creamos lo que nos dicen, ¿no podremos hacer que, por una vez, nos digan la verdad; toda la verdad?

Hay técnicas muy buenas. Pregúntenle a Dennis Blair. Producir asfixia sin llegar a la muerte, impedir el sueño durante días, lanzar violentamente a un detenido contra un muro, falso, eso sí, para que tema por un instante por su integridad… Nada demasiado grave. Oh, lo que podrían hablar nuestros representantes. No todos, necesariamente. Sólo algunos. Aquellos que aprueban las torturas. Siempre, claro es, por nuestra propia seguridad. Bien, pues nuestra seguridad también está en ese milagro, en ese político que comienza a decir la verdad como jamás creía que fuera posible. Puestos a defender la tortura…

Pero es claro que la tortura jamás es defendible. Lo tenemos interiorizado gracias al pueblo judío, que se dijo a sí mismo aquello de que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, y gracias al cristianismo, que convirtió a toda persona en Su hijo. Desde entonces, las prácticas brutales contra nuestro cuerpo, que eran tan comunes como el comer en cualquier otra cultura, comenzaron a verse como lo que son: una práctica repugnante y condenable. También con los terroristas. También con los políticos.

¿Qué hace el Gobierno con nuestro dinero?

Sólo un 6% del gasto estatal (sin contar el de las comunidades autónomas) va dirigido a los llamados servicios básicos del Estado (justicia, seguridad ciudadana y seguridad nacional). ¿Qué hacen con el resto de nuestro dinero? Veamos unos ejemplos de los últimos días:

  • El Gobierno destinará 350 millones de euros a ONGs y proyectos de cooperación internacional, relacionados con el medio ambiente, con la inserción de gitanos, etc. Si quiere hacer el negocio de su vida, no monte una empresa, cree una organización sin ánimo de lucro y pida una ayuda. El Estado, en una brutal crisis, considera que nuestro dinero está mejor en organizaciones con grandes nombres humanitarios que en nuestro bolsillo para poder pagar la cuota de la hipoteca, por ejemplo. Después se extrañan de que algunas de estas organizaciones humanitarias sólo sean un fraude. Es el negocio de las ayudas.
  • El Ministerio de Industria ha comenzado en Aragón el programa de reparto gratuito en toda España de un total de casi 22 millones de bombillas de bajo consumo. ¿Gratuito? ¿Qué empresas se embolsarán tal "regalo"?
  • La Administración compra un cuadro por valor de 2,5 millones de euros. Algo así es fundamental para salir de la crisis.
  • El Prado gastará 192 millones de euros en los próximos cuatro años (48 millones de euros cada año). Miles de españoles habrían muerto de no hacerse algo así.
  • El Gobierno dilapida 50 millones de euros en más bombillas. Nos hemos preguntado quién se llevará todo ese dineral. Según El País, las grandes empresas, evidentemente. A propósito, hasta el 2011 el plan costará 245 millones de euros. Es la mejor opción en momentos de crisis y más sabiendo que el INEM sólo coloca al 2% de los desempleados. ¿Sabe priorizar este Gobierno?
  • Destinan 1.550 millones de euros para fortalecer la Ley de Dependencia. Hasta el defensor del pueblo ha denunciado los retrasos sistemáticos. A finales de 2007 el BBVA afirmaba en un informe que el 90% de los grandes dependientes no recibían tales ayudas. Dos años después, las quejas siguen. Otro desastre similar al de las pensiones. ¿Dónde está todo ese dinero que era nuestro?
  • El Congreso autoriza a gastarse 5,1 millones de euros mensuales en el envío de tropas a Somalia. Ya existen empresas privadas antipiratas españolas. ¿No sería mejor que los propios buques se costearan su seguridad en lugar de pasarles la factura a la familia media española? ¿No sería más barato? Si nosotros nos pagamos las alarmas y las puertas blindadas de nuestras casas, ¿por qué los barcos no pueden hacer lo propio?
  • El Ministerio de Industria se gasta cinco millones de euros en promocionar la TDT. ¿No tendrían que hacerlo las propias televisiones privadas con su dinero?
  • El Gobierno regala 75.000 euros para iluminar poblados indios. Si iluminaran algunas carreteras de aquí, tal vez habría menos accidentes.
  • El Ministerio de Medio Ambiente se gasta 1.240 millones de euros en derechos de emisión de CO2. No parece muy ecológico para un Gobierno que pretende proclamarse líder ecológico.
  • El Ministerio de Cultura destina 200.000 euros a restaurar la muralla de Zamora. Entre tanto, aumenta un 45% la demanda de alimentos en las entidades benéficas y Cáritas hace una llamada desesperada para reclutar más voluntarios.
  • El Ministerio de Medio Ambiente envía 7,29 millones de euros para el desarrollo rural de Asturias. No basta con el dinero del consumidor que voluntariamente lo deposita en estas empresas. Hay que sacárselo a otra persona de otra comunidad mediante la fuerza de los impuestos. Es la mejor forma de eliminar la libre competencia y que sólo quede en el mercado el mediocre en lugar del excelente.
  • El cine español gasta el triple de lo que ingresa. Las expensas las paga la familia media española aunque no vaya al cine.

Sólo son noticias recientes, de los últimos días. Si lee el BOE encontrará muchísimo más gasto inútil apoyado por sentimentalismos y presiones de los lobbies. Da que pensar que el Gobierno se gaste cientos de millones de euros en bombillas y sea incapaz de sufragar la munición a la Policía Nacional, o que pague varios millones de euros por un cuadro mientras la justicia es el mayor desastre de este país o mientras existen dudas más que fundadas de que no cobraremos las pensiones.

¿Y qué pasaría si redujeran el 90% de los impuestos dejando al Gobierno con sus servicios básicos? Que aumentaría la riqueza y la competencia, que tendríamos mayor poder adquisitivo, que los lobbies dejarían de vivir del cuento, etc. Pero, ¿y si el Gobierno también es tan inútil en la gestión de los llamados servicios básicos del Estado como en el resto de campos? Llegaríamos a la forzosa conclusión de que el Estado sólo es un mal innecesario.

¿TDT de pago o gratuita?

Ahora resulta claro por qué ni siquiera la sustitución de cinco ministros, con dos vicepresidentes incluidos, fue capaz de acallarla: los informadores son parte interesada.

En el fondo de la cuestión está, una vez más, el espectro radioeléctrico, el recurso escaso por definición. Como es escaso, entonces es necesario que una entidad de planificación central, el Estado, decida de qué forma se va a utilizar. Planificación y escasez siempre van de la mano y siempre se invierte la relación causal.

El espectro es un recurso valioso porque permite la prestación de determinados servicios por los que hay gente dispuesta a pagar. Utilizando espectro se pueden suministrar servicios de telefonía móvil, radio y televisión, por citar los más importantes.

Como todos los recursos, lo óptimo para la sociedad es que se utilicen para aquello que son más demandados. Y la única forma de averiguar esto es a través del precio que los ciudadanos están dispuestos a pagar por el servicio. Como las preferencias de aquéllos cambian, es lógico que los recursos puedan dedicarse a cosas distintas. Hasta hace poco, los campos de Castilla se dedicaban al cultivo de cereales; ahora, están plagados de placas solares.

Esta flexibilidad se dificulta enormemente cuando es el Gobierno el que tiene que andar decidiendo a qué se dedica cada recurso. Y eso es precisamente lo que pasa con el espectro: en un momento dado se decide qué porción se va a dedicar a radio, cuál a la telefonía móvil y cuál a la televisión digital gratuita. Además, esto limita de forma automática el número de agentes que podrán prestar cada servicio, pues se necesita un mínimo de espectro para cada uno.

En definitiva, si un agente del mercado es capaz de anticipar las necesidades de los usuarios y dedicar sus recursos a servirles mejor, su actuación debe ser bienvenida. Por ello, que La Sexta pretenda dedicar sus recursos de espectro a ofrecer TDT de pago en vez de gratuita, como venía haciendo, es algo positivo para el mercado. El Gobierno no debería poner ningún impedimento, sino todo lo contrario. Y que sea el consumidor soberano quien le muestre a La Sexta si acertó o no con su apuesta. No olvide la cadena de Mediapro que hace poco Sogecable hizo el movimiento inverso, al pasar su Canal+, la TV de pago que detentó en monopolio el grupo Prisa durante casi diez años, a la actual Cuatro.

Lo que pasa es que el Ejecutivo parece facilitar esta flexibilidad sólo a determinados agentes y no es capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias el enfoque anterior. La consistencia en este enfoque supondría, por supuesto, el fin de la planificación del espectro… y el fin de su escasez.

¿Quiere invertir en oro?

Como se sabe, la injusta imputación al patrón oro de haber sido una de las principales causas de la depresión económica de los años treinta del pasado siglo, allanó el camino hacia la total desligazón del dinero fiduciario del metal amarillo. La decisión del presidente americano Nixon en 1971 de suspender la convertibilidad del dólar, que había sido establecida en los acuerdos de Bretton-Woods para sustentar un mecanismo de tipos de cambio fijos, hizo saltar por los aires el engarce indirecto con el patrón oro del resto de divisas. Asimismo, abrió paso a la desbocada expansión crediticia fomentada por la FED y los principales bancos centrales del mundo, que no ha sido corregida por los recurrentes estallidos de las burbujas surgidas en distintos sectores de la estructura productiva y las subsiguientes recesiones.

Dado el grave cariz que está adquiriendo la recesión actual, las crecientes dudas sobre el porvenir del dinero fiduciario emitido por los bancos centrales monopolísticos han alimentado, asimismo, el interés por invertir en oro entre particulares que buscan un depósito de valor seguro. Recordemos, por otro lado, que según acordaron los gobiernos del G-20 reunidos en la Cumbre de Londres, uno de los medios para "financiar a los países pobres" será la venta de una cantidad imprecisa de las reservas de oro del FMI, ya acordada en su seno. Que traten, además, de devaluar este mercado, queda como cuestión abierta, aunque hasta ahora el Fondo haya sostenido que sigue un criterio de prudencia que le permite mantener una cantidad "relativamente elevada" de oro entre sus activos y evitar graves perturbaciones en ese mercado. En todo caso, parece indudable que esa medida aumentará la oferta.

De cualquier modo, las inversiones están tan condicionadas por el tratamiento fiscal que reciba la transmisión o tenencia de su objeto, que un conocimiento de esa regulación, siquiera sea somero, ayuda a tomar una decisión al respecto. En este sentido, cabe destacar el cambio favorable que introdujo en la Unión Europea, la Directiva 1998/80/CE del Consejo, relativa al régimen especial aplicable al oro, cuyo contenido ha pasado sin apenas modificaciones a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de refundición de textos sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Por lo que respecta a España, la primera directiva no se traspuso al derecho interno hasta que las Cortes, agotando el plazo conferido a los Estados miembros para hacerlo, aprobaron la Ley 55/1999, de acompañamiento de los presupuestos del año 2000. La nueva regulación reformó la Ley del IVA en esta materia.

Para evitar sorpresas, todo inversor que no sea sujeto pasivo del impuesto (es decir, que no ejerza una actividad empresarial o profesional relacionada) debe tener presente que esta legislación restringe el concepto de oro para poder considerar exenta su entrega, adquisición intracomunitaria o importación. Así, los lingotes o láminas de oro de ley deben tener una pureza igual o superior a 995 milésimas y su peso debe ajustarse a alguno de los aceptados por los mercados. El apartado noveno del anexo de la Ley ofrece la lista completa de pesos.

En cuanto a las monedas de oro, se establece un criterio doble para considerarlas de inversión. Por una parte, se define como tales a las que reúnan los requisitos de contar con una pureza igual o superior a 900 milésimas de ley; haber sido acuñadas con posterioridad al año 1800; ser o haber sido moneda de curso legal en su país de origen y ser comercializadas habitualmente por un precio que no supere en un 80% el valor de mercado del oro contenido en ellas. No obstante, con independencia de lo anterior, se publica en el diario oficial de la Unión Europea una lista con vigencia anual de monedas de oro de ley que se benefician del mismo tratamiento fiscal, resultado de la información que proporcionan los Estados miembros. Como puede verse, la seguridad jurídica no casa con la Unión Europea.

Por último, no es necesario que el comprador o importador reciba el oro materialmente para que la exención surta efecto. A estos efectos impositivos, se equiparan a la entrega, los préstamos y las operaciones de permuta financiera, así como las operaciones derivadas de contratos de futuro o a plazo, siempre que tengan por objeto, en todos los casos, oro de inversión y siempre que impliquen la transmisión del poder de disposición sobre dicho oro.

Tómbolas monetarias

Para evitarlo proponía implantar la libremoneda, esto es, un billete que tuviera que sellarse semanalmente en la Administración, momento en el que perdería una milésima parte de su valor. Dicho de otra manera, Gesell abogaba por un dinero que se depreciara un 5,2% al año: "Debemos, pues, empeorar al dinero como mercancía, si hemos de mejorarlo como medio de cambio, y ya que los poseedores de mercancías tienen siempre apuro en el cambio, justo es que también los poseedores del medio de cambio sientan el mismo apremio". Pese a que Gesell consideraba natural su orden económico, su propuesta trastocaba las relaciones económicas más básicas y naturales, a saber, la tendencia al atesoramiento ante la incertidumbre y el sometimiento de la producción al consumo.

Treinta años después de la aparición del libro de Gesell, un economista inglés, William Hutt, sostuvo que es el consumidor quien, en un mercado libre, orienta las decisiones últimas de los capitalistas, y llamó a esta circunstancia "soberanía del consumidor". Sin embargo, el consumidor sólo es soberano en tanto su dinero no pierda valor con el paso del tiempo y, por tanto, pueda rechazar indefinidamente las mercancías que le ofrecen los empresarios: si la moneda se deprecia, tal y como proponía Gesell, tendrá que darle algún tipo de salida aun cuando sea lo último que desee hacer.

El mismo año que Hutt acuñaba el término soberanía del consumidor, el que muchos, erróneamente, consideran el mejor economista del s. XX (¡incluso de la historia!), John Maynard Keynes, publicó su obra magna, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. ¿De qué lado creen que se puso este genial economista? ¿Defendió que los productores adaptaran sus ofertas a las necesidades de los consumidores, o, por el contrario, que éstos cayeran rendidos y desarmados ante unas mercancías sin sustancia porque el dinero les quemaba en las manos?

Como no podía ser de otro modo, Keynes se sumó de manera entusiasta al bando de Gesell, a quien consideraba un "profeta indebidamente olvidado" que había desarrollado una doctrina "sólida" del dinero. Por cierto, al respaldar las teorías inflacionistas de Gesell, Keynes lanzó una advertencia que parece estar cumpliéndose ahora: "En el futuro aprenderemos más de Gesell que de Marx".

Si piensa que todas estas divagaciones sobre un dinero que tiene que sellarse cada semana en la Administración y perder forzosamente una milésima parte de su valor son cosa de una ciencia económica primitiva y poco desarrollada que carece de encaje en la refinada, formalizada y matematizada teoría económica moderna, se equivoca. Dos de los economistas más destacados de la actualidad –uno de ellos es el autor de la mayoría de los libros de texto de Introducción a la Economía de las facultades españolas y el otro recibió el Nobel en 2008– han resucitado esta semana las ideas de Gesell.

En un artículo en el New York Times, Greg Mankiw, presidente del consejo de asesores económicos de Bush entre 2003 y 2005 (casualmente, los años en que se gestó la crisis actual), ha relatado la brillante idea que tuvo uno de sus alumnos para salir de la recesión: en el plazo de un año, la Reserva Federal escogería al azar un número del cero al nueve y todos los billetes cuyo número de serie terminara en dicha cifra dejarían de ser dinero. ¿Qué lograríamos con esto? Pues exactamente lo mismo que pretendía Gesell, a quien Mankiw se encarga de rendir homenaje en su artículo: "Las ideas de Gesell se han vuelto de repente muy modernas".

Dado que con este esquema el 10% de los billetes en circulación se desmonetizarían, y que no sabríamos con antelación cuáles correrían tal suerte, durante el año previo al sorteo la gente y los bancos, en lugar de conservar su dinero, intentarían desprenderse de él a como diera lugar: consumiendo mucho más, por ejemplo; incluso prestándolo a unos tipos de interés negativos (así las cosas, el deudor, en lugar de pagar intereses, los cobraría).

Pero no crean que Mankiw es un loco solitario en la profesión. Pocas horas después de publicado su artículo, el Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman, daba su bendición al fondo de la propuesta; pero consideraba que no iba a funcionar porque algunos banqueros centrales son demasiado "ortodoxos" e intentan alcanzar "sólo" una inflación anual del 2%.

Después de decir tamañas barbaridades, aún pretenden que se les tome en serio. Esto no es ciencia económica, sino más bien nigromancia. Tiramos unos daditos y a quien le toque, que lo pierde todo, con independencia de su condición, mérito y perspicacia empresarial. La ruleta rusa coactiva y nacional.

Al margen de los flagrantes problemas de implantación del disparate de Mankiw, y del ataque frontal a la soberanía de los consumidores que supone, lo cierto es que tanto él como Krugman demuestran desconocer las causas y remedios de la crisis actual. Básicamente, ésta se debe al pinchazo de una burbuja crediticia alentada por un sistema bancario privilegiado, en cuya cúspide se encuentran los bancos centrales. Esa expansión artificial del crédito permitió incrementar sustancialmente la demanda de numerosos bienes de consumo duradero o de inversión, como las viviendas y los automóviles. Con semejante incremento de la demanda, los productores de esos bienes comenzaron a incrementar su capacidad productiva (contrataron más trabajadores, adquirieron más maquinaria, construyeron naves más grandes…) para adaptarla a un crédito que parecía en permanente expansión. Pero una vez se detuvo esa expansión, por no estar basada en el ahorro real, todas las empresas ampliadas dejaron de ser rentables; por eso deben reestructurarse.

La idea de Krugman y Mankiw es que la economía no necesita ajustarse, sino sólo un empujón para que la gente vuelva a gastar y a endeudarse tanto como antes y así los stocks acumulados tengan salida. Y para incentivar el gasto y el endeudamiento creen que es necesario que salgamos de la deflación (donde el dinero va ganando valor) y entremos en inflación.

Pero tal propuesta es absurda. En plena burbuja, España, con una dependencia energética exterior brutal, producía 800.000 viviendas anuales. Teníamos muchas casas, pero no podíamos ni pagar el petróleo que consumíamos. Parece claro que la economía española necesita que su sector de la construcción se reduzca y, en cambio, se incremente la inversión en métodos para producir, ahorrar o comprar energía (por ejemplo, exportando más que ahora).

El plan de Krugman y Mankiw no pasa por sacar a la economía de la crisis, sino por perpetuar ésta evitando cualquier reestructuración de aquélla. Por eso quieren cargarse la soberanía del consumidor y obligarnos a dilapidar nuestro dinero: para que todos los empresarios que han malinvertido durante estos años puedan seguir vendiendo su mercancía averiada. No son los promotores inmobiliarios los que han de abandonar el sector y vendernos sus stocks de viviendas a precios de saldo: somos nosotros, los consumidores y los ahorradores, los que hemos de comprar sus productos so pena de vernos arruinados por un sorteo estatal.

En una cosa, sin embargo, sí tienen razón Krugman y Mankiw, aunque no por las razones que tienen en mente. Ambos sostienen que, para volver a crecer, hemos de pasar de la deflación a la inflación. Desde luego, cuando volvamos a crecer pasaremos de la deflación a la inflación, pero esto sólo será un efecto derivado de nuestro perverso sistema financiero (basado en la acumulación de deuda), y no la causa de la recuperación.

Recuperación con inflación y deuda, es decir, vuelta a empezar con el carrusel de auges artificiales y crisis, y mientras tanto, tómbolas monetarias. ¡A qué grado de ridiculez, degradación intelectual y superchería ha llegado la mayoría de los economistas!

La hiprocresía progre de la SGAE

Para entendernos: predicar contra la prostitución e ir un día a un club de alterne no es hipocresía; es simplemente debilidad, seguramente pasajera, aquello de "la carne es débil". Hipocresía es clamar contra la profesión más antigua del mundo y requerir de sus servicios semanalmente. Hipocresía es demostrar con tus actos que no crees en tus palabras.

Y en esta labor, los de la ceja son –ahí sí– unos verdaderos artistas. Siempre claman que lo del canon y los espionajes en las bodas es necesario para salvar la cultura, que los artistas necesitan de esos ingresos para poder ganarse la vida con su trabajo creativo. Pero llega el momento del reparto de ese dinero y resulta que casi todo se lo quedan los de casi siempre. El 75% de los ingresos de la SGAE, 223 millones de euros, se han repartido entre 600 autores, el 1,73% del total. Y las cifras de las demás entidades de gestión son muy similares.

Sin entrar en la letra pequeña, pues no tengo los datos necesarios para ello, este sistema de reparto me parece perfecto. Es dinero recaudado de licencias y de compensación por copia privada, y parece claro que aquellos que más venden también son quienes más escuchan su música en las televisiones y ven copiadas sus canciones en los iPod. Del mismo modo que, dicho sea de paso, quienes se descargan música vía P2P también son quienes más música compran, como indica un nuevo estudio. Así, es justo que los autores de mayor éxito sean quienes más dinero reciben, al igual que lo es que los mejores trabajadores en cualquier sector ganen más que los demás. Al fin y al cabo, justicia es dar a cada uno lo suyo.

Lo que pasa es que no es eso lo que predica la burocracia de los derechos de autor. Para defenderse de quienes les critican por sacar dinero a un bar cuyo dueño trabaja para sacarlo adelante catorce horas al día, siete días a la semana, por el solo hecho de tener un televisor donde poner el fútbol el fin de semana, los artistas aducen que a la "cultura" le resultaría difícil sobrevivir sin ese dinero, que los creadores que no están en el "candelabro" necesitan ese extra que suponen los derechos de autor para llegar a fin de mes.

Si la SGAE y demás compañeros mártires reconocieran que sí, que el dinero que nos quitan a todos nosotros va a parar a Amaral, Alejandro Sánz, La Quinta Estación y otros artistas de éxito y que es un derecho que tienen, y que el dueño del bar tiene obligación de pagar por ello igual que paga por la cerveza que sirve, seguiríamos protestando igual ante la imposición del canon, pero al menos no tendríamos que aguantar ese aire santurrón que se gastan. Pero claro, entonces tendrían que renunciar a su imagen de izquierda solidaria que les es tan preciada. Y ya se sabe que para un progre lo principal y casi lo único es sentirse satisfecho consigo mismo.

El Estado también quiebra

De hecho, incluso Estados Unidos se ha metido de lleno en el peligroso juego del rescate público. El estallido de la crisis está siendo aprovechada por los políticos de toda índole y condición para extender sus garras bajo el argumento hipócrita y falaz de que el mercado es el culpable y de que, por lo tanto, es el momento de que los poderes públicos tomen las riendas y pongan orden a tanto despropósito.

Mentiras, mentiras y más mentiras. Y mientras los gobiernos ocultan la realidad a la ciudadanía, los rescates financieros, empresariales y económicos que hoy presenciamos allanan el camino a las miserias del mañana. Deuda pública, déficit fiscal, subida de impuestos, inflación y quiebras de países amenazan con sustituir las alertas que hoy copan los medios de comunicación. España no es ajena al creciente intervencionismo público. La implantación de un PER a nivel nacional es el siguiente objetivo que se ha marcado el Gobierno con el fin de comprar votos, tal y como adelantamos en estas páginas.

Hace años, pocos fueron los que alertaron del riesgo de la burbuja inmobiliaria en España. En la actualidad, las luces rojas se dirigen hacia la inviabilidad del sistema público de pensiones y la inexistencia de margen fiscal para proceder a la aprobación de nuevos planes de estímulo económico (entiéndase gasto público) que en nada servirán para sacarnos del hoyo. Una vez más, el Gobierno hace oídos sordos. Al fin y al cabo, la clase política constituye una élite parasitaria que es incapaz de ver más allá de sus narices. El cortoplacismo partidista baila al ritmo que marcan las urnas.

Sin embargo, toda esta montaña de basura demagógica y políticamente correcta no se sostiene en pie a poco que el ciudadano se interese por raspar la superficie que encubre toda esta falsedad que llena telediarios. Señores, el Estado también quiebra. Si el Ejecutivo se empeña en gobernar a golpe de emisiones de deuda del Tesoro, la propia Administración pública sucumbirá. No es algo nuevo. Apenas basta con echar un vistazo a la historia para percatarse de los riesgos a los que nos enfrentamos.

Un reciente estudio del National Bureau of Economic Research, elaborado por Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, muestra que las crisis financieras más importantes de los últimos ocho siglos se han llevado por delante a países enteros. Es decir, las quiebras bancarias suelen derivar en suspensión de pagos por parte de Estados y elevada inflación. Un porcentaje muy elevado de países –entre el 30% y el 50% de los 66 casos examinados– no pudieron afrontar el pago de sus deudas (default) durante cinco períodos marcados por grandes crisis económicas: la guerra emprendida por Napoleón; el período que abarca desde 1820 a 1840 –aquí quebraron todos los países latinoamericanos incluidos en el estudio–; desde 1870 a 1890; la Gran Depresión (1930-1950); y la crisis de las economías emergentes de los años 80 y 90.

En la actualidad, ya ha colapsado un país de la talla de Islandia, que hasta hace apenas tres años encabezaba los índices de desarrollo de la ONU. Los países de Europa del Este se encuentran al borde de la bancarrota y algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ya ha prestado ayuda a un creciente número de países, tanto en Asia, como en Europa y América Latina.

España no es ajena a estos riesgos, al igual que Irlanda o Gran Bretaña. De hecho, España guarda ciertos paralelismos con el caso islandés, debido a su elevado endeudamiento bancario y exterior. ¿Que el Estado no puede quebrar y lo puede todo? Tan sólo un dato para aquellos que quieran ojear el trabajo de Rogoff. España ostenta el récord absoluto de suspensiones de pago de la historia. El Estado ibérico ha quebrado en 13 ocasiones. Siete durante el siglo XIX y otras seis durante los tres siglos precedentes. ¿Habrá un nuevo default en el siglo XXI? De seguir así, todo dependerá de la benevolencia de franceses y, sobre todo, alemanes. Nuestros principales acreedores. Mejor será no tentar a la suerte.

Ni saben lo que dicen ni les interesa

Por eso se ha refugiado en la vieja guardia, como Manuel Chaves, que ya son ganas. Chaves será el encargado de engañarlos a todos para dar con una solución al sudoku autonómico, otro juego imposible, porque sólo se podría resolver si el total fuese un 150 por ciento, y no sólo el cien de rigor. La suma de expectativas de las partes multiplica el dinero por repartir, y no puede haber solución sin decepciones, también multiplicadas.

A la vista de todos está de forma descarnada, en este enjuague, la verdad de en qué consiste la política. La política no es el espacio en que los probos representantes del pueblo luchan por recoger los anhelos del pueblo para hacerlos realidad según su particular parecer, sino un proceso por el que los grupos organizados consiguen dinero a costa de los grupos no organizados (el ciudadano de a pie), y en que los políticos aparecen como jueces… y parte.

Resuélvase este reparto como fuere. Lo cierto es que España necesita dar una solución a la financiación de las autonomías, y que el descrédito de la actual es generalizado. Estamos a medio camino entre un sistema centralizado, ya que gran parte de la caja pertenece al Estado, y un sistema descentralizado. La combinación sólo coge los vicios de los dos casos. Favorece la reivindicación de lo propio frente al Estado, que encarna la unidad nacional. Favorece, pues, los nacionalismos y la insolidaridad.

Sería mucho mejor que cada autonomía viviese sólo de los impuestos que puede recaudar de sus ciudadanos, y punto. De este modo, cada camarilla política regional no podría excusarse en que no les quieren desde "Madrid", ni pueden venderle a sus ciudadanos que están explotados por los demás. Y se verían ante la necesidad de responder sola y exclusivamente ante sus propios electores, a los que tienen que convencer de su gestión, ya que es a ellos a quienes les van a sacar la pasta. Ya no vale el discurso victimista frente al Estado, que hoy han hecho suyo, excepción hecha de Madrid, especialmente las comunidades más ricas, como Cataluña y País Vasco.

Además, un sistema fiscal completamente descentralizado, un federalismo fiscal, favorecería la competencia entre las comunidades, algo que sólo puede beneficiar a los sufridos contribuyentes. Muchos echarán en falta la solidaridad, pero esta sólo tiene valor moral si es voluntaria, y de hecho sólo resulta efectiva cuando es privada. Y en esa competencia fiscal, son las comunidades más pobres las que más pueden salir ganando.

Sería tan sencillo como que el Estado fije un tramo común del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades y, con ciertas normas comunes, cada autonomía sumase a éstos sus impuestos. Pero ¿ven a algún partido político proponiéndolo? Será que no les interesa.