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Sana desconfianza

Ya nadie parece creer en la cantinela según la cual en unos meses la situación empezará a mejorar visiblemente. De hecho, un 90% piensan que a mediados de año la situación será igual o peor.

Parece que el grueso de la ciudadanía española ha roto el idilio que mantenía con Zapatero y ha pasado a desconfiar de lo que este señor hace con el poder político que detenta. Es una pena que haya hecho falta una crisis de esta magnitud para que se adopte una sana postura tan sana como la desconfianza ante la acción de los políticos, sean estos del partido que sean.

Si lo pensamos, es increíble que el desengaño no haya llegado hasta ahora. Hablamos, recuerden, de un presidente que hace apenas un año aseguraba que España no entraría en crisis, que estábamos equipados de la mejor nave posible para conducirnos por la marejada de las finanzas internacionales y que no había nadie como nuestro ministro de Economía para capitanear el barco.

La crisis, por supuesto, nos tocó de lleno y el propio Gobierno se ha encargado de desdecirse. Nuestro barco no parece ser el Nautilus y, de existir, se parecería más bien a un antiguo galeón que zozobra nada más se le sobrecarga un poco. Sin embargo, la idea misma de que la economía es algo así como un barco es un enorme equívoco. Los navíos se caracterizan porque precisan de un capitán que lleve el timón y por que todos los que vamos dentro tenemos que trabajar para un mismo fin. La sociedad puede necesitar gestores de asuntos públicos pero nunca un capitán que dirija nuestras vidas y los puertos a los que arribar. Pero más falaz aún es la idea de que el mercado es una única nave social porque ni nos dirigimos todos al mismo puerto ni usamos el mismo barco.

Así que ya era hora de que la desconfianza se impusiera sobre la exaltación del ejercicio de Gobierno. Para mediados de año la encuesta probablemente sumará nuevas dosis de escepticismo. Y no es para menos. Desde que se llevó a cabo el sondeo al que se refiere ABC, Zapatero ha hecho saltar por la borda a quien nos vendía como el capitán mejor preparado. Ahora que los tiburones dan buena cuenta de Solbes, Zapatero le ha sustituido por un grumete dispuesto a incrementar la velocidad del la flota española haciendo agujeros en los cascos del los barcos (eso sí, con cargo a nuestras carteras).

Quizá la lección nos sirva para recordar que los gobiernos difícilmente pueden traer el bienestar a la población y mucho menos conducirnos a islas paradisiacas. Como mucho los gobernantes podrán quitar trabas establecidas por otros políticos para que los individuos nos podamos ocupar de nuestro propio bienestar y busquemos puertos más soleados.

Un golpe bajo para la abogacía libre

Para entendernos, se trata de promover unos pactos entre acusaciones –especialmente la ejercitada por los fiscales– y defensas mediante los cuales los acusados obtienen una petición de condena benigna a cambio de allanarse a los cargos que sustentan esa pretensión. Y, a la inversa. Podemos intuir, asimismo, que quienes ejercen la acusación se aseguran una sentencia condenatoria de los acusados, la cual se apoyará sobre una narración y una calificación jurídica negociadas, sin necesidad de probar su culpabilidad en un juicio público, a cambio de dulcificar sus pretensiones punitivas y, eventualmente, indemnizatorias.

Esta potencial autocomposición, que adopta distintas modalidades en la ley de enjuiciamiento criminal, precisa para ser efectiva que el juez o tribunal competente para juzgar definitivamente –o incluso el juez instructor en el procedimiento abreviado– dicte sentencia de condena de acuerdo a lo pactado, siempre que concurra el doble consentimiento del interesado y su abogado defensor y se respete la legalidad. Ahora bien, aun con todas las críticas que merece el "plea bargaining", traducido por "chalaneo" por los opositores más mordaces, desde la perspectiva subjetiva de las partes en el procedimiento penal, se trata de una opción entre otras posibles; dependiendo del caso, tanto la posición acusadora como la defensora pueden estar más interesadas en que la sentencia sea el fruto de la valoración pública de las pruebas presentadas en juicio, cualquiera que sea su sentido.

Sea como fuere, por lo que ha trascendido de su contenido, los firmantes de este protocolo pretenden no sólo "actualizar los medios de solución consensuada del proceso penal" y "aumentar la rapidez y simplificar los trámites precisos para alcanzar una sentencia", sino también que el ámbito de aplicación del protocolo abarque los procedimientos penales que tramitan todos los juzgados y tribunales, menos el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, con excepciones puntuales. Todo ello, se dice, en aras de la descongestión de los juzgados…

Sin embargo, a la espera de la publicación de sus detalles, cabe oponer a este extraño acuerdo varias objeciones.

El fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno, puede impartir órdenes e instrucciones a sus subordinados, ya que actúa, según el artículo 124 de la Constitución, bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Por el contrario, los abogados no están sometidos a las instrucciones, de carácter general o particular, de sus órganos rectores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. Lógicamente, tampoco deben asumir la interferencia o el condicionamiento de su labor profesional por parte de sus órganos de gobierno. La Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 542) y el Estatuto de la abogacía –pese a la colegiación obligatoria– garantizan la independencia de los abogados y su libertad de criterio en la defensa de los intereses que le son confiados, sin otros límites que los derivados de la ley, las "normas de la moral" y su propia deontología.

Otras dudas de legalidad suscita que el fiscal general del Estado y el presidente del órgano rector de los abogados concierten una suerte de desarrollo reglamentario de la Ley de enjuiciamiento criminal, o una interpretación material de la misma con pretensiones de eficacia para todos sus destinatarios. En cualquiera de ambos casos se contravendría el principio de legalidad penal recogido en los artículos 25 y 117.3 de la Constitución. Unánimemente la doctrina procesalista considera que esos preceptos impiden el desarrollo reglamentario de las normas procesales, salvo aspectos secundarios que competen al Consejo General del Poder Judicial. Antes al contrario, la regulación del proceso penal exige una norma con rango de ley formal aprobada por las Cortes. Quedan excluidos, en consecuencia el reglamento, la costumbre o los usos jurídicos como fuentes del derecho procesal penal.

Lo mas curioso es que un precedente anterior de este estilo, articulado en un Protocolo de actuación para juicios rápidos y juicios de conformidad, suscrito en ese caso por el Juzgado decano de Madrid, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid*.

El "protocolo" que se comenta plantea la inquietante cuestión de que el Consejo de la Abogacía se pliegue a los designios de la Fiscalía y, por lo tanto, del Gobierno. Pero, por lo pronto, quede constancia de que constituye un ataque en toda regla, de más que dudosa legalidad formal, contra la idea de una abogacía libre e independiente del poder político.

La historia es esquiva

Ahora, como entonces, los bancos centrales actúan de forma coordinada para crear inflación. Ahora, también como en aquellos años, no se han visto los efectos inflacionarios por la coincidencia con una gran explosión de productividad; hoy por la incorporación al capitalismo de Asia, entonces por el nacimiento de nuevos sectores muy importantes. Finalmente, hogaño como antaño, los políticos cometen el error de permitir que una crisis se convierta en una depresión de dimensiones desconocidas por emponzoñar la recuperación, impuesta por el mercado, con sus intervenciones.

Ese sumidero económico fue el resultado de otro sumidero, éste ideológico, por el que se hundió el liberalismo hasta prácticamente desaparecer. Así pudo convivir la Gran Depresión con otros grandes triunfos de las ideologías antiliberales: el comunismo, el nacionalsocialismo, la democracia totalitaria, irrestricta ante las ansias de las masas… Las medidas de "rescate" de las empresas fallidas, la inflación desbocada, la llamada de los políticos a cavar la poca tierra firme que nos queda para anegarla en deuda, todo ello es síntoma de desconfianza hacia la sociedad libre.

Esa falta de fe en la libertad podría arrastrarnos a otro ismos, acaso no tan brutales como el de la Alemania de los 30, pero igualmente destructivos. El ecologismo, revestido de amor a la naturaleza y ciencia, es la manifestación de una atávica llamada contra la sociedad y sus conquistas. El milenarismo climático es el eco de otros, que llenaron de espanto a muchos crédulos. La atracción de la izquierda por lo peor medievo, encarnado en el Islam, tiene aún mucho camino por recorrer, aunque sea amojonado con brutales atentados terroristas. El propio comunismo, bajo nuevas formas, podría revivir en la Rusia ex ex soviética, con aliados viejos y nuevos.

Pero el mundo de hoy no es el de entreguerras. Es más amplio y comprende a una Asia desconocida para la historia. Es un mundo más diverso y con mayores hogares potenciales para la libertad, con una competencia institucional mucho más viva que la del arranque del XX. La historia nos da lecciones, pero no nos las impone.

Sátrapa ZP y la Agencia Tributaria Cultureta

Otros, como los proveedores de internet, mantienen una postura discreta. Pero no es aventurado suponer que la decisión de ZP tampoco ha hecho mucha gracia en ese sector. Sin embargo, en contra de lo que pareciera a primera vista," SINDEscargas" no va a ser la ministra de la SGAE. No cabe duda de que esta entidad se va a ver beneficiada por ella, pero no tanto como le gustaría a "Teddy" Bautista y compañía.

Poco antes de que Zapatero cambiara a parte de sus ministros, se hacía público un informe de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) en el que se proponía que las entidades de gestión dejaran de recaudar el canon, creándose un organismo que se encargara de esa función y que después repartiera el dinero así obtenido. Teniendo en cuenta que esta propuesta sale de un organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas y que en ese momento dicha cartera estaba en manos de la recién nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, es probable que la idea salga adelante. Y dadas las funciones de esta "Agencia Tributaria Cultureta", probablemente dependería de González-Sinde.

Zapatero se ha portado con sus amigos "de la ceja" cual sátrapa oriental que deja que sus seguidores compitan en mostrarle la máxima fidelidad para ver quién le es más útil. Y cual sultán en su palacio, ha otorgado privilegios y poder en función de los beneficios que le han reportado las distintas personas o clanes. Miguel Ríos y otros cantantes le han sido de utilidad, pero más aún el mundo del cine. Como grupo es quien más y mejor le ha servido, y eso ha sido recompensado con el nombramiento de González-Sinde. La nueva ministra favorecerá los intereses de todo ese sector autodenominado "de la cultura", pero se cuidará mucho de mimar especialmente a los suyos.

Y esto se notará en el reparto del canon que haga la Agencia Tributaria Cultureta en el caso de que al final se ponga en marcha. Se da la circunstancia de que la nueva ministra ha sido, además de presidenta de la Academia del Cine, miembro de la junta directiva de DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, la entidad de los directores y guionistas). No resulta creíble pretender que no trate de beneficiar a esta organización incluso más que a la SGAE –a la que aún así cuidará– y otras. También es posible que beneficie con especial generosidad a AISGE, la de actores presidida por una Pilar Bardem que ocupó un lugar destacado en su toma de posesión y con la que se abrazó efusivamente.

Los internautas tienen razones para estar preocupados. A los "culturetas" de todas las ramas les sobran para estar felices, pero sobre todo a los del cine. Cantantes, guionistas, directores, compositores y demás seguirán quedándose con nuestro dinero a través del canon. Pero los de la gran pantalla tendrán un trozo más grande del pastel.

La cumbre de los fascistas

Siendo [el fascismo] antindividualista, el proyecto fascista se expresa a través del Estado; y se articula a través del individuo en cuanto éste coincide con el Estado… Está en contra del liberalismo clásico. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo; el fascismo lo reafirma.

La doctrina del fascismo, 1932
Mussolini, Benito

Uno de los pilares de cualquier totalitarismo es que "el total es más que la suma de sus partes". Anula el individualismo y por tanto la libertad de decidir, escoger, emprender, innovar y actuar. El representante del conjunto –de la sociedad o del bien común– es quien decide, escoge, emprende e impone las innovaciones, delegándolas a sus grupos de confianza, y obliga al ciudadano a actuar en esa línea. Si estas agencias que ejecutan el gran plan (ya quiera llamarse Quinquenal, New Deal, Refundación del Capitalismo…) pertenecen a un partido político que prohíbe la propiedad privada, tal sistema económico se denomina comunismo. Si lo delega parcialmente a grupos políticos y empresas privadas, se le llama fascismo.

La última cumbre del G-20 ha sido la muestra del ascendente fascismo económico o capitalismo de Estado. La gran consigna ha sido: más poder y dinero para los lobbies pro-gubernamentales –como el FMI que ha recibido un billón de dólares– y para los políticos. Además, apoyo incondicional y mayor regulación para las empresas del sector financiero y una incrementada presión sobre los paraísos fiscales.

Que se pida más dinero para bancos y aseguradoras y a la vez mayor regulación sobre ellos no equivale a dar una de cal y otra de arena, sino que se traduce en fortalecer al sector con el fin de apuntalar este tipo de monopolio. ¿Por qué cree que Francisco González, presidente del BBVA, pidió más regulación sobre los bancos? ¿Por qué piensa también que lo ha pedido toda la banca en bloque? ¿Por qué cree que la bolsa se disparó ante las conclusiones del G-20?

Timothy Geithner, secretario del Tesoro americano, ha basado su famoso plan (Public-Private Investment Program) en una especie de joint venture entre Estado y las empresas privadas. Obama va a poner en funcionamiento un gran proyecto para alimentar a las compañías ecológicas, pese a lo deficitarias que serían en una situación de libre mercado. Medio mundo le va seguir. El proyecto belicista de Obama para consolidar la ocupación de Afganistán no es humanitaria ni tiene nada que ver con la seguridad nacional, sólo responde a los intereses de los grupos de presión.

La unión entre empresas y Estado siempre se le ha justificado al ciudadano apelando a un valor fuera del mercado, esto es, a razones morales y a un supuesto bienestar de la comunidad que sólo el líder es capaz de ver y orquestar. Se ha de drenar dinero del pagador de impuestos para reflotar los monopolios financieros. ¿Es que no quiere salir de la crisis? Si está en contra de tal proyecto está en contra de la humanidad. ¿Es que no quiere salvar el planeta? Si considera un robo que empresas ecológicas vivan de sus impuestos en lugar de su libre decisión de comprar sus productos o invertir en ellas, es que es un inconsciente. Los lavados de cerebro gubernamentales, también conocidos como "campañas de concienciación", le harán ver lo necesarios que son, aunque ello signifique deteriorar la economía real.

El Estado del Bienestar es una oligarquía donde el individuo, el hombre libre –usted– es sólo un engranaje más en las decisiones de unos burócratas para alimentar y enriquecer a una élite de políticos y empresas. La razón por la que no se puede negar a ello es, por una parte, que le venden el mejor producto de todos: su bienestar absoluto. Es el Paraíso Terrenal que, no obstante, nunca llega y cada vez se aleja más de nuestras vidas. El segundo argumento, más contundente, es que si se desvía del gran proyecto de la oligarquía política omitiendo sus mandatos, sus prohibiciones económicas o sociales, se convertirá automáticamente en un enemigo público y será perseguido por el bien común que representa el Estado. La cumbre del G-20 ha demostrado que el individuo es un instrumento del Estado y no al revés. Nos han convertido en sus esclavos por nuestro propio bien.

El reto de Feijóo

A partir de ahora el destino político de los gallegos está en manos de Alberto Núñez Feijóo. Un político que, a diferencia de otros –véase Zapatero–, destaca por su perfil de gestor y tecnócrata. Cualidades a tener en cuenta en tiempos de crisis.

El triunfo de Feijóo en las urnas no sorprendió a pocos. Entre ellos, seguramente, al propio Mariano, que tras la conquista galaica ha obtenido una bocanada de aire más que necesaria para mantener su liderazgo al frente del partido. Al menos, por el momento. Sin embargo, si algo demuestra el resurgir del PP en Galicia es el tradicionalismo propio que aún alberga esta sociedad. Un pueblo que vive apegado a la propiedad de la tierra y que, por esta misma razón, escapa como de la peste de todo aquello que huela a expropiación, por mucho que ésta se trate de esconder bajo lemas tales como Ordenación Territorial y Urbanística o Concentración Parcelaria.

PSOE y BNG erraron al pensar que su idea de desarrollo sostenible acabaría engañando a los gallegos. Ilusos. Y es que, como reza el dicho, los experimentos con gaseosa. Con ciertas cosas no se juegan, y menos en Galicia. Este punto fue hábilmente aprovechado por los populares durante la campaña electoral. La demagogia y la falsa progresía de la coalición socionacionalista fueron derrotadas en las urnas.

Muchos empresarios bramaban contra la política de gestos instaurada en la Xunta pero, sobre todo, contra el creciente intervencionismo económico impuesto por el dúo Touriño-Quintana. Ambos se encargaron de paralizar infraestructuras, ambiciosos proyectos turísticos –como puertos deportivos y campos de golf– e industriales bajo la excusa de la protección medioambiental y el buenismo ubanístico. Todo un conjunto de trabas que en nada ha favorecido a la debilitada economía gallega. En este sentido, cabe destacar el rechazo de la Xunta a la implantación de una gran piscifactoría de Pescanova en la Costa da Morte, proyecto que fue recibido con los brazos abiertos en Portugal.

Ante este panorama, no es de extrañar que gran parte del empresariado gallego ansiara la derrota del anterior Gobierno regional. El ejemplo más patente de la nefasta política económica desarrollada hasta el momento lo constituye, sin duda, el hecho de que la administración pública se haya convertido en la principal agencia de colocación de empleo en la región. Así pues, no es de extrañar que, aún hoy en día, muchos universitarios gallegos opten por emigrar ante la falta de perspectivas de futuro.

Feijóo tiene un gran reto por delante. La crisis ya está golpeando con fuerza a esta comunidad autónoma, al igual que al resto de España, y el PP deberá demostrar que está a la altura de las circunstancias. Para ello, el nuevo presidente de la Xunta tendrá que rodearse de un equipo de Gobierno eficiente y capaz, sabedor de los grandes desafíos que le esperan por delante. Por suerte, la sociedad gallega, apegada a la tradición pero con ansias de modernismo y desarrollo, presenta grandes fortalezas, tal y como me advertía muy acertadamente Pedro Santos, un brillante miembro del PP gallego que, junto a otros jóvenes políticos, está llamado a liderar el necesario impulso que precisa esta región.

El turismo, la industria textil y agropecuaria, el sector automovilístico, el ámbito energético y, cómo no, la referencia universal de Santiago de Compostela para la cristiandad, la cultura y la enseñanza son tan sólo algunas de las ventajas competitivas que presenta esta región. Pese a todo, la historia nos demuestra que un mal Gobierno, como el ejercido durante la pasada legislatura, puede frenar e incluso paralizar por completo el desarrollo económico que ansía toda sociedad, tal y como está sucediendo hoy en Cataluña o acontece desde hace años en Andalucía y Extremadura, por citar tan sólo algunos ejemplos. Se abre, pues, un tiempo de cambio político, pero también de esperanza en Galicia. Dentro de cuatro años haremos balance.

De desastre a calamidad

La ventaja que tenía Solbes es que era un tipo taciturno y desengañado. Había vivido la crisis del 93 desde la primera fila y sabía que las recetas socialistas no funcionaban salvo para hundir a España aún más en la miseria. El ex ministro no sabía qué hacer para facilitar la recuperación –y en caso de que lo supiera, Zapatero tampoco se lo habría dejado aplicar por ir en contra de la agenda socialdemócrata de expandir el Estado– pero sí sabía qué no hacer para agravarla. En cierta medida, pues, contenía la euforia despilfarradora y dirigista de Zapatero: no aceleraba la reestructuración pero no la retrasaba más.

Salgado, por el contrario, sí parece estar dispuesta a plegarse a los designios de Zapatero y a enfrentarse a la crisis desde una óptica socialista. En el traspaso de cartera, ha lanzado tres mensajes que, en realidad, son el mismo: "los bancos tienen que ayudar a familias y empresas"; "hay que cambiar el modelo económico"; "no podemos esperar a que la economía se recupere". En resumen, como ella misma señala, prepárense para un intervencionismo más descarado del Estado: "juntos podemos y juntos lo vamos a lograr".

Desde luego, el mensaje de Salgado coloca en el mismo plano sincrónico elementos que deben darse de manera diacrónica. Por decirlo de manera breve, primero deben purgarse las malas inversiones del pasado (vivienda, mueble, automóviles, restauración…) y una vez toquemos fondo, la economía comenzará a recuperarse; en ese momento, los bancos podrán comenzar a prestar dinero a familias y empresas con proyectos empresariales solventes y, gracias a la eliminación de lo malo y a la redirección hacia lo bueno, nuestro modelo productivo cambiará.

Lo que no puede pretenderse, sin embargo, es que estas tres fases de la recuperación se den a la vez o incluso de manera invertida; esto es, no podemos forzar a los bancos a que presten dinero a negocios que deben desaparecer ni podemos cambiar nuestro modelo productivo sin que esos negocios desaparezcan y surjan en el mercado nuevas oportunidades de ganancia.

Pero Salgado –y Zapatero– sí parece querer ir en esa dirección. El "no podemos esperar a que la economía se recupere" significa que el Estado no puede tolerar y esperar a que toquemos fondo y a que desaparezcan todos los sectores que deben hacerlo. Por tanto, en lugar de facilitar el ajuste, perpetuará el desajuste. ¿Cómo? Aparte de con gasto público, forzando a los bancos a que proporcionen un poco de suero crediticio a nuestras industrias comatosas. La finalidad no sería reanimarlas –algo imposible–, sino mantenerlas inertes.

Por supuesto, que tal operación pueda cobrarse la vida de los bancos es un problema menor que siempre podrán endosarle a Bush. La debilidad del sistema financiero más sólido del mundo no traería causa primero de nuestra burbuja inmobiliaria interna y luego de los malos créditos que les habrían obligado a conceder a compañías insolventes, sino de unos productos financieros estadounidenses en los que nunca invirtieron.

Pero la locura de nuestros dirigentes no debería hacernos olvidar que la mayor amenaza que tiene por delante la economía española –si exceptuamos, claro, la suspensión de pagos del Estado– es la quiebra de su sistema financiero. No es que este fenómeno requiera de la colaboración decidida del PSOE –al igual que Caja Castilla-La Mancha, nuestras entidades ya han acumulado suficientes "méritos" en sus balances para colapsar de forma autónoma–, pero los planes de Salgado para nuestra economía pueden provocar que no sólo caigan los bancos que deberían caer, sino también los que no deberían hacerlo.

Sin duda, si a destruir lo poco que queda de economía se refiere, "juntos podemos y juntos lo vamos a lograr". Los últimos diques de cordura de este Ejecutivo ya han saltado por los aires.

Tres mitos que caen con la crisis

Zapatero sigue al frente del Ejecutivo, maldita sea, primer dato decepcionante de esta remodelación, pero junto con la cuota de sectarismo, cubierta con las incorporaciones de un par de cejateros de distinta procedencia, lo más llamativo es la llegada al Gobierno de José Blanco y Manuel Chaves, éste último haciendo doblete tras su inolvidable paso por el felipismo.

Probablemente Blanco haya pedido personalmente a Zapatero la cartera de Fomento, dado que las comunicaciones con los bellos parajes de la costa gallega, en uno de los cuales se ha construido un casoplón ligeramente ilegal, necesitan un empujón para conectarlos con el centro de España, trayecto que el flamante ministro se va a ver obligado a realizar muchos lunes durante su mandato.

En cuanto a Chaves, salvo que se lleve consigo a Gaspar Zarrías, suceso que bien podría ocurrir en atención a los brillantes servicios prestados en Andalucía, su llegada al Ejecutivo parece más una huida estratégica Despeñaperros arriba, exigida por el interesado, que la libre decisión de un presidente del Gobierno que, según sus propias palabras, pretende dar un nuevo impulso a la política nacional. Si se trata de dar un buen empujón a las cifras del paro, la elección del expresidente andaluz es impecable, dada su acrisolada trayectoria en la materia cuando ejerció esas competencias nacionales. Pero en medio de una recesión económica brutal no parece una decisión propia de alguien en sus cabales, aunque sea para desempeñar una cartera como la de "Cooperación Territorial".

El drama de la España de Zapatero es que necesita un ministerio de cooperación territorial, porque los territorios no cooperan entre ellos voluntariamente –como sería lógico en un país normal– sino más bien todo lo contrario. El poner al frente de esa responsabilidad a un político fracasado en todos los cargos que ha desempeñado, demuestra lo que le importa verdaderamente al jefe del Ejecutivo la cohesión nacional.

Más que un Consejo de Ministros, el nuevo Gobierno parece una escuadrilla de demoliciones dispuesta a realizar un trabajo concienzudo. Siempre puede ocurrir un milagro, claro, pero como dijo el obispo de Málaga asomándose a la ventana cuando una representación de fieles le pidió permiso para sacar a la patrona en rogativa durante una sequía, "no parece que el tiempo esté de lluvia".

Que el Señor nos proteja

Los cambios efectuados son relevantes y apuntan la estrategia que, a partir de ahora, seguirá el PSOE de cara a un posible adelanto de las elecciones generales para 2010. Una vía nada descartable si se tiene en cuenta que los socialistas carecen del apoyo de los nacionalistas del PNV, tras el acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSE y el PP en el País Vasco.

Zapatero es consciente de que tendrá serias dificultades a la hora de aprobar nuevos proyectos y, sobre todo, los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Y todo ello en un contexto en el que la dureza de la crisis ya no permite negar la evidencia, como sí sucedió en los meses previos a las elecciones de marzo de 2008. Ante esta perspectiva, el presidente ha optado por la huida hacia adelante.

Así, ha fichado a dos pesos pesados de la cúpula socialista: José Blanco, que ocupará la cartera de Fomento que tanto ansiaba para apuntarse el tanto de inaugurar la entrada del AVE en su tierra, Galicia; y Manuel Chaves, quien se encargará de negociar el sudoku de la financiación autonómica y la adopción de nuevas medidas anticrisis en colaboración con los gobiernos regionales.

Por otro lado, Zapatero prescinde, al fin, de los servicios de Solbes, a la vista de que ya había cumplido su cometido. A saber, repetir en el cargo como ministro de Economía para ofrecer así una imagen de cierta solidez y solvencia ante la crisis. Tras la victoria socialista, su deseada jubilación de oro era tan sólo cuestión de tiempo. De hecho, cabe recordar que fue Zapatero quien logró convencer a Solbes de que continuara al frente de la dirección económica uno o dos años más al término de la primera legislatura.

Salgado será su sustituta. Una elección que ha causado asombro y desconcierto entre las elites empresariales y financieras del país. Y es que muchos no entienden cómo es posible que Zapatero prescinda de perfiles técnicos y experimentados al frente de Economía, justo en el momento en el que España afronta la peor crisis del último medio siglo. La explicación, sin embargo, tiene una lectura simple y sencilla. El presidente ha configurado un Gobierno de marcado perfil político, el más sectario de los últimos años, con el firme propósito de asegurarse la victoria en las urnas en caso de elecciones anticipadas.

La orden es muy clara. Chaves, Blanco, Gabilondo, Sinde y la reubicación de Salgado –bajo la maquiavélica dirección de Rubalcaba (su protector)–, conforman un nuevo Gabinete idóneo para el desarrollo de un discurso mucho más reaccionario y de marcado perfil ideológico contra la tenue y acomplejada oposición del PP.

Sin duda, no seré yo quien defienda la gestión desempeñada por Solbes al frente de Economía. Su descaro a la hora de ocultar la cruda realidad a los españoles ha sido mayúsculo y no tiene perdón. Pese a todo, el ahora ex ministro ejerció, hasta cierto punto, la función de bombero en el seno del Ejecutivo.

Durante los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria –entre 2004 y 2006– su gestión se caracterizó por el continuismo heredado del Gobierno del PP. Pocas fueron entonces las medidas adoptadas, y su cometido se centró en mantener el siempre deseable equilibrio presupuestario. Sin embargo, tras el estallido de la crisis –finales de 2006–, comenzó el particular quebradero de cabeza para Solbes. En este sentido, cabe destacar su oposición a determinadas medidas lanzadas desde los círculos de Sebastián y Zapatero.

Pese a todo, la creciente presión política ejercida desde el seno del Ejecutivo, su falta de motivación al frente de Economía, su insidia a la hora de ocultar la realidad y, por supuesto, el creciente deterioro económico han terminado por quemar la única figura que ejercía algo de contrapeso, aunque muy limitado, a la nefasta y amplia sombra del presidente. Zapatero gozará ahora de manga ancha para ponerse manos a la obra. Bajo la dirección de Salgado y Chaves, el Ejecutivo se esforzará por combatir la crisis.

El problema es que, como todo buen liberal sabe, si no se aplican las recetas adecuadas más vale contar con un Gobierno pasivo, ineficaz e incapaz de tomar decisiones contundentes. De este modo, al menos, no agravará la situación. El nuevo Gobierno tiene un objetivo bien distinto. Todo apunta a que apostará abiertamente por mayor intervencionismo e ingente gasto público en materia económica.

Y en esto, por desgracia, Chaves es un experto. El ex presidente de la Junta de Andalucía goza de una larga experiencia en la perpetuación de depresiones económicas. La economía andaluza no merece otro calificativo. Si España fuera un país federal, Andalucía y Extremadura liderarían el ranking de paro y falta de competitividad de la UE-27. Y pese a ello, se ha mantenido en el poder. Mi temor es que Zapatero pretenda con estos cambios imitar la gestión andaluza. Es decir, comprar votos mediante la extensión del clientelismo político tirando de chequera pública. ¿Un PER a nivel nacional? Ahora sí, todo es posible.

Un cambio para perpetuar la depresión

Es, como no podía ser menos siendo producto del endogámico mundillo del cine español, una firme creyente de que la culpa de todo la tiene internet y no la nula preocupación de los cineastas patrios –es un decir– por los gustos del público.

Sus opiniones son diáfanas. Los del cine deben "seguir peleando para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer". En el asunto del canon hay mucha demagogia pero porque un "ministro de Industria empatice más con un importador de tecnología que con más de ocho mil autores", no porque quienes lo cobran, como ella, digan encima que "son sólo unos céntimos". Piensa que el cine español está en una épica lucha "como la del pequeño comercio con la gran superficie". Y considera también que las subvenciones al séptimo arte son una de las partidas más pequeñas del ministerio, por lo que cabe suponer que su solución para que el cine español despegue será aumentarlos en esta época de crisis.

En fin, la quintaesencia destilada del progresismo cinematográfico. Ellos son estupendos, los demás somos malos porque no vamos a ver películas y encima las descargamos. Como si "La suerte dormida" y "Una palabra tuya" fueran los vídeos más compartidos en la redes P2P, vamos.

Zapatero ha decidido, en la sustitución que seguramente menos comentarios genere de su anunciada crisis de gobierno, sustituir a un buen representante de los artistas en gastarse nuestro dinero por uno de ellos. ¿Para qué disimular? Parece claro que la función de González Sinde en el Gobierno será acelerar la presión sobre las operadoras para que lleguen a un acuerdo "voluntario" con las entidades de gestión, pacto sobre el que corren rumores desde hace meses, y que se desvelará tan dañino para los usuarios como acompañada se sienta la SGAE por el Gobierno y desamparadas Telefónica y compañía.

Hay que tener en cuenta que ese artistazo se parecerá mucho a los acuerdos extrajudiciales que hemos visto mil veces en las películas norteamericanas, en donde el lado que debe pagar ofrece una cifra cuya cuantía depende del riesgo que perciba de perder el juicio y tener que apoquinar mucho más. Con González Sinde en el Gobierno, está claro que se impondrá entre las operadoras la percepción de que en caso de llegar a un acuerdo se hará una ley mucho más dura. Al fin y al cabo, es alguien que se quejó porque Telefónica ofreciera conexiones de 20 megas y ha considerado siempre que las compañías de telecomunicaciones se están lucrando a costa de los creadores de contenidos tan interesantes como los suyos. Así pues, Zapatero ha dejado claro que quiere acabar con el P2P esta legislatura con modos aún menos democráticos y transparentes que Sarkozy, que aprobó su ley con la presencia de sólo 16 diputados de una cámara compuesta por 577. El de la "vocación por la transparencia" prefiere no tener que pasar ninguna votación.

Ángeles González Sinde… se decía que muchos discos de rock tenían un mensaje satánico oculto que se desvelaba al escucharlos al revés. Las iniciales de la nueva ministra al revés son SGA… ¡casi!