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Un nuevo impuesto a internet

Con ellos se obliga a los ciudadanos a pagar por televisiones perfectamente serviles a los designios de los partidos en el poder. Cualquier excusa con respecto a su mantenimiento cae en el ridículo en un escenario en el que la TDT ya está llenando los números de nuestros mandos a distancia de decenas de canales que no nos cuestan un duro. Y en momentos de crisis, en los que es crucial que los gobiernos se aprieten el cinturón, resultan un gasto inadmisible.

Las televisiones públicas son contraproducentes en una democracia y resulta difícil creer en la seriedad de ningún político al explicarnos las medidas con las que pretende sacarnos de esta crisis si entre ellas no está la inmediata supresión de todas las televisiones públicas, sea vía privatización o directamente mediante el cierre. No sólo RTVE, sino también las autonómicas.

Y en este escenario el Gobierno anuncia un aumento de los gastos de la televisión pública que serán pagados, en parte, por los impuestos de todos y, sobre todo, por dos nuevas tasas que deberán sufragar las empresas de televisión privadas y las operadoras de telecomunicaciones.

Sobre ese primer impuesto no se ha escrito mucho, especialmente porque las principales cadenas están de acuerdo con el trato, pues estiman que ganarán más de lo que pierden. Sin embargo, se olvida que muchas otras empresas que están intentando hacerse un hueco como buenamente pueden van a ver muy mermadas sus posibilidades de romper con el oligopolio de las telecincos, antenatreses, cuatros y sextas, que en breve será aún más pequeño gracias a las fusiones. Libertad Digital TV, Veo o Intereconomía TV, entre otras, tendrán que pagar este diezmo sin que vayan a ver aumentados sus ingresos por la desaparición de TVE del mercado publicitario. Lo cual aumenta las barreras de entrada del sector, con lo que se aseguran de que no habrá alternativa informativa al progresismo que reina en el oligopolio.

Pero lo que ya resulta indignante en grado sumo es el impuesto a las operadoras de telecomunicaciones. Este fin de semana Zapatero aseguraba en Vistalegre que la economía española crecería de acuerdo a un nuevo modelo resumido en la frase "menos ladrillo y más ordenadores". Su modo de conseguirlo consiste en… subir el precio de las conexiones a internet y las comunicaciones móviles con un nuevo impuesto a las empresas del ramo. Un hacha, el tío. Así es como se pretende estimular un sector desde el poder, encareciendo sus costes y, en el caso de internet, reduciendo su clientela que optará, al menos en parte, por dejar de conectarse para ahorrar dinero en estos tiempos. De toda la vida se sabe que ésta es la mejor manera de impulsar las nuevas tecnologías, por supuesto.

No existe ninguna razón para hacer pagar a las operadoras, salvo que son un blanco fácil y que, como ya lo había hecho Francia, existen más posibilidades de que Europa dé el visto bueno. Las balbucientes excusas de De la Vega de que las operadoras "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos es ridícula. Las operadoras ya pagan un canon por el uso del espectro y el beneficio que les puede suponer que TVE ponga sus programas en internet es minúsculo, aparte de que se estaba llevando a cabo al margen del modelo de ingresos de la cadena. No hay más que ver las cifras que obtiene la web de RTVE en OJD; si eso justifica un impuesto del 0,9% exigimos otro del 0,5% para Libertad Digital, que más o menos es lo que nos correspondería por los "beneficios" que obtienen las operadoras de nuestra presencia en la red.

En definitiva, que el Gobierno ha encontrado otra vía para atracarnos, que es lo que suelen hacer los gobiernos. Otro motivo para manifestarse el día 24, en la Plaza del Rey de Madrid.

Confirmado: ZP no estaba de coña

A grandes rasgos se trata de dar dinero a los que quieren cambiar de coche, suprimir la desgravación por adquisición de vivienda, darle píldoras postcoitales a las niñas, regular por ley la libertad religiosa (como en las teocracias musulmanas), luchar contra el cambio climático, faltaría más, y, como colofón, cambiar "el patrón de desarrollo económico", frase que queda bastante bien entre los iletrados de su cuerda pero que, a día de hoy, no sabemos qué significa exactamente.

Ah sí, si tiene usted un hijo en quinto de primaria que no aprueba ni la educación para la ciudadanía (lo que ya tiene mérito), no se preocupe. El ceporrín va a seguir suspendiendo pero estará muy entretenido en casa porque ZP le va a encasquetar un ordenata gratis total.

Zapatero ha demostrado una vez más que no sabe por qué se ha producido esta grave recesión, qué es lo que ha de hacer un Gobierno para evitar que se prolongue y qué debe evitar para no agravar la situación. Lo mejor de todo es que, además, todo eso le importa lo mismo que a un cineasta español el número de espectadores que paga por ver sus películas: aproximadamente nada.

En su primera réplica a Rajoy, plena de talante, el caballero al que han votado once millones de optimistas antropológicos recuperó los grandes asuntos que tantos réditos electorales le han proporcionado desde que un día le nombraron secretario general del PSOE. El resultado es un intento patético de volver a resucitar la imagen de una derecha crispadora, antipatriota, insolidaria, antisocial y carca, frente a la luminosa presencia del líder progresista que se preocupa por el bienestar cotidiano de todos y cada uno de los trabajadores con la única condición de que sean sindicalistas liberados de una organización "de clase" (de clase alta diría yo, tal y como está el patio).

Más gasto público, más intervención estatal, más despilfarro y menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos y empresarios. A cambio, algún becario le ha colado en el discurso dos referencias tan liberales que ni siquiera Rajoy las hubiera utilizado: libertad de derecho de establecimiento para todo comercio minorista y progresiva liberalización del sector eléctrico. Pero no se preocupen, el pobre a estas horas ya debe estar despedido. Otro más a las listas del paro. Para que luego digan que estos debates no sirven para nada.

Ni PSOE ni PP

Las propuestas del PSOE no pueden ir más desencaminadas: si hiciéramos una lista de cosas que deben hacerse, los socialistas las habrían despreciado todas en algún momento; si, en cambio, redactáramos un listado de políticas a evitar, el Gobierno las habría seguido casi todas de manera entusiasta.

En medio de una crisis económica en la que el aparato productivo debe restructurarse tan rápido como sea posible, resulta absurdo –y suicida– que el Estado comience a intervenir masivamente en el mercado. Hay empresas que necesitan quebrar; otras que tienen que crearse y unas más que han de aguantar el tipo: por tanto, quemar grasa (malas inversiones) y fortalecer músculo (buenas inversiones).

¿Cuál es la manera más rápida para todo esto? Básicamente una crisis en forma de V, esto es, una caída de la actividad muy veloz donde se liquide todo lo que deba liquidarse –sin ir más allá– y luego recuperación igualmente acelerada. Las malas inversiones no proporcionan nada a la economía, sólo la ralentizan y la consumen; cuanto antes desaparezcan, mejor.

Por supuesto, la línea entre las malas y las buenas inversiones resulta en ocasiones extraordinariamente delgada. Si el Gobierno, por ejemplo, sube los impuestos en 20 puntos, muchas compañías que eran rentables dejarán de serlo. Pero lo contrario también es cierto: si los impuestos caen 20 puntos, muchas inversiones que no eran rentables pasarán a serlo.

Conclusión: necesitamos flexibilidad en los mercados para liquidar lo antes posible las malas inversiones, pero también un adelgazamiento del Estado que oxigene la economía y prevenga quiebras innecesarias. El PSOE, cómo no, ha seguido la senda contraria: conservar la rigidez del mercado laboral, incrementar el gasto público, subir los impuestos a las empresas rentables y rescatar a las que están en proceso de descomposición. La receta adecuada para el desastre –como el que ya padecemos– que, sin embargo, no parece que vaya a aplacar el radicalismo despilfarrador de Zapatero: cuanto peor, mejor. Cuanto mayor sea la crisis, más empecinamiento intervencionista. Así nos va.

Ahora bien, ¿cuál es la alternativa frente a la política económica del Gobierno? Solchaga solía repetir algo que era tan falso ayer como hoy: "No existe otra política económica posible". Siendo incierto, no obstante, parece que Rajoy la está haciendo verdadera. El PP no propone adelgazar el Estado, sino contener su ritmo de engorde. No pretende ponernos en forma, sino prolongar la agonía y probablemente evitar una súbita dolencia cardiovascular. Eso es todo.

Si Zapatero insistirá durante el Debate del Estado de la Nación en la necesidad de incrementar el intervencionismo estatal y de evitar la reestructuración económica, Rajoy hablará de apagar las luces para disimular los destrozos. Dará unos pocos pasitos en la buena dirección, pero sin hacer demasiado ruido, no sea que los sindicatos se enfaden y apedreen el Parlamento. El centrismo político también termina llegando a la economía y una vez ahí nos carga la factura de la incompetencia a todos.

Frente a la obcecación de unos y la indecisión de otros, conviene reiterar la única receta que de verdad puede contribuir a salir de la crisis y que ningún partido político se atreve a seguir: reducir impuestos y gasto público y liberalizar los mercados clave de la economía (laboral, energético, minorista y de transportes). A Zapatero le produce urticaria ideológica y a Rajoy un vértigo de antipatía liberal. ¿Y a los sufridos votantes y contribuyentes?

Cheque escolar: las ideas primero

Hace sólo diez años, quienes querían tener el cheque en sus manos era la mitad de los españoles. El cheque o bono escolar ha ganado adeptos sin que ningún partido se haya atrevido a hacer de él una bandera.

¿El Partido Popular? Hasta que no sea el 90 por ciento de la gente la que lo quiera para sí, no comenzará a planteárselo, que su integridad moral no da para más. Y eso que proponerlo no tendría más que ventajas para el propio partido y para la gente que dice representar. Es atractivo. Es fácilmente comprensible y plantea un debate en el que sólo puede salir ganando. Una vez implantado, la gente tendría más poder para elegir la educación que quiere para sus hijos, lo que diluye, sin anularlo, el poder de la infiltración ideológica en las aulas. Y tiene difícil vuelta atrás. Cuando una familia se acostumbra a elegir, ¿quién puede convencerla de que es mejor que no lo haga? El cheque escolar, además, se puede combinar con cuentas ahorro-escolar y con escuelas a la carta.

Las posibilidades son enormes. Pero lo llamativo de este caso es que el creciente interés de los españoles por este sistema ha llegado al margen de los partidos políticos y, de forma destacada, del partido que debería estar más interesado en promoverlo, el PP. Ha sido la propia sociedad, con iniciativas particulares, la que ha ido ganando terreno a la corrección política.

Por eso es importante el juego de la cuerda entre las ideas y la política. La política es siempre posibilista, pero el terreno de juego lo pone el debate de las ideas. A medida que se avance, si llega el caso, en la consideración de los españoles por las ideas liberales, en esa medida, se irán desplazando PP y PSOE. Es un camino mediato, indirecto y largo. Pero es el único que puede llevarnos a una sociedad un poco mejor.

ZP imita a Sarkozy y pagan los internautas

Eso es lo de menos, si quiere leer su blog favorito o tener el suyo propio contribuirá económicamente a su mantenimiento. ¿No soporta cómo presentan el Telediario Lorenzo Milá y María Escario? A ellos les da igual, si usted pretende usar el correo electrónico pagará parte de sus sueldos. ¿Considera una perfecta tontería un programa en el que unos cuantos famosos participan en un concurso de baile? Aplique cualquiera de las respuestas anteriores.

No es importante si a uno le gustan o no los programas de Televisión Española. Tampoco lo es si no se pone jamás delante del televisor y sin embargo pasa mucho tiempo frente al monitor del ordenador. Rodríguez Zapatero ya ha decidido por usted. Es cierto que todos los ciudadanos ya estamos obligados a mantener ese "ente" a través de unos Presupuestos Generales del Estado que salen de nuestros bolsillos. Pero dentro de poco será peor. Si no fuera suficiente con eso, parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos" (aunque, por cierto, a mí nadie me ha dicho donde están mis acciones ni a cuanto cotizan en la bolsa).

Se ve que a falta de ideas propias, el presidente del Gobierno está dispuesto a copiar todo lo malo que se le ocurra a alguien de fuera. Y, tal vez fascinado por el carisma personal que dicen que irradia el presidente de la República Francesa o puede que obnubilado por la belleza de la mujer de este, ha decidido aplicar una de esas muchas malas ideas que tiene Nicolas Sarkozy. Como queda muy bonito y supuestamente culto –como si TVE fuera algo parecido a una cadena de calidad– quitar los anuncios de la televisión pública, pues se hace. Y de paso se elimina la competencia desleal que hasta ahora sufrían las privadas, empezando por las muy socialistas Cuatro y La Sexta. Lo malo es que alguien tiene que pagar el invento. Pues nada, a explotar un poco más la gallina de huevos de oro llamada conexiones a internet. Lo mismo, dicho de paso, que pretende la SGAE.

Se nos dirá que no lo pagaremos los usuarios, que quien tiene que afrontar ese gasto son las operadoras. Pero pretender que estas no lo repercutan en las tarifas es simplemente de ingenuos, idiotas o mentirosos. De hecho, las "telecos" ya han advertido de que financiar la televisión pública de esa manera puede llevar a un aumento de precios. Para alegrar la vida a Emilio Aragón, Juan Luis Cebrián, Paolo Vasile y José Manuel Lara, sin plantearse en serio el sentido de esa herencia del franquismo llamada TVE, desde el Gobierno han decidido exprimir todavía más el bolsillo de aquellos ciudadanos y empresas que se conectan a internet.

Tal vez la última cumbre hispano-francesa no tenga nada que ver con que ZP haya decidido ahora copiar esa idea de "Sarko". Pero, por si acaso, que el presidente del Gobierno no vuelva a reunirse con ningún mandatario extranjero al que se le haya ocurrido en el pasado alguna cosa mala para los ciudadanos.

Sindicalistas dinamiteros

Los problemas económicos que sufren las empresas, los más de cuatro millones de parados y los expedientes de regulación de empleo que brotan a diario en España como champiñones en un estercolero, son estricta responsabilidad de Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

Zapatero no sólo no tiene nada que ver con esta crisis, sino que es precisamente el personaje providencial que está impidiendo el recorte de derechos sociales que la derecha busca haciendo honor a su tradición antiproletaria, de ahí que las algaradas, los apedreos y el lanzamiento de petardos sólo tengan como objeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En Andalucía, que ostenta la plusmarca mundial en porcentaje de desempleados, los sindicatos no han convocado manifestación alguna. En Madrid sí, y como en la lucha por el socialismo todo sacrifico es insuficiente, los profesionales del sindicalismo han "elevado el listón de la crítica", que diría Anson (sin tilde, al modo británico) y han decidido boicotear una sesión parlamentaria entre el aplauso, como no, de los diputados socialistas y comunistas, siempre dispuestos a defender la libertad de expresión de los oprimidos, incluido el lanzamiento de petardos y adoquines, que es una forma como cualquier otra de dialogar democráticamente.

En el diario del grupo PRISA, emporio ideológico-empresarial cuya extraordinaria salud financiera hace que sus trabajadores estén la mar de contentos, afirman que las algaradas en la Asamblea de Madrid son un estallido social. Habrá que ver cómo califican a sus trabajadores cuando la brillante gestión de Cebrián los ponga en la puta calle y se produzca otro "estallido social" a las puertas de la sede del grupo. Seguramente a eso se le llamará entonces un "ataque intolerable contra la libertad de expresión".

La "asimetría reivindicativa" de los sindicatos nace de una confusión primordial que considera el trabajo no el primero de los derechos sociales, sino un castigo divino que conviene eludir el mayor tiempo posible. En función de esa deformación de la realidad, los sindicatos denominados "de clase" no van a denunciar al que destruye esa maldición bíblica a velocidad de escape terrestre, sino a hacer política, que es en última instancia el objetivo para el que fueron creados. Si además el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial. Como decía el protagonista de El Padrino, "son sólo negocios".

Mejor sin planes E

¿Qué ocurriría si además el accionista y el cliente de estos servicios estuviesen cautivos (sólo pudiesen recurrir a un oferente forzoso) y nada –ni la competencia, ni la libre elección, ni la justicia– les amparasen?

El Gobierno de España está actuando de igual forma con la situación económica actual. Incapaz de luchar contra la crisis, manipula estadísticas, aumenta el gasto irresponsablemente y se dedica a poner en marcha remedios anti crisis tan útiles como las juanolas contra el cáncer. No lo hace un malvado capitalista, sino aquel que se autoproclama representante del bien común.

El Ministerio de Trabajo esconde medio millón de extranjeros que tendrían que estar en el INEM; quiere que los prejubilados no consten en las cifras del paro; contabiliza a chicos de catorce años como trabajadores… y la lista de manipulaciones sigue.

Los indicadores macroeconómicos son medios o herramientas que han de servir para identificar la realidad económica de un área geográfica determinada. Manipularlos no significa que la realidad vaya a cambiar. Si teniendo fiebre, bajamos la temperatura del termómetro antes de mirarla, esto no va a significar que estemos sanos. Negar la crisis, como hizo el Gobierno, tampoco evitó que nos metiéramos en ella. ¿Es lícito que los políticos mientan y creen una "realidad oficial" o prometan cosas falsas en su beneficio?

Un abogado español puso la actual democracia a prueba. Demandó al PSOE por incumplir su programa electoral de 2004. La conclusión del juez fue que no se puede reclamar al Gobierno ni a los partidos políticos el cumplimiento de sus programas. Esto es, pueden mentir abiertamente sin tener responsabilidad alguna, algo que, evidentemente, no se pueden permitir las empresas privadas.

No son sorprendentes las conclusiones del juez ni los actos de los políticos y gobernantes. Los últimos, ordenan al primero, y a la vez, los dirigentes políticos viven en una anarquía que está por encima de cualquier ley, lo que les permite ser irresponsables con sus actos.

Lo asombroso de esta situación es la complacencia de una sociedad que, ante el deterioro de su calidad de vida con más de cuatro millones de parados, ante el desplome de la riqueza y ante la irresponsabilidad y manipulación informativa del poder, sólo sabe pedir más regulación y más fuerza para el Gobierno que para ella misma.

Si el Gobierno miente en sus estadísticas, esto es, manipula la información, ¿cómo pretendemos que cree una educación justa y neutra para nuestros hijos o se dedique a dar licencias de televisión y radio? ¿Qué le importa el bien común a un Gobierno que es capaz de crear una realidad oficial totalmente divergente a la situación real de las personas? ¿Qué sentido tiene que un charlatán y embaucador así se proclame jerarca y máximo representante de los asuntos sociales y a la vez no sea responsable de los resultados? ¿Qué ocurre cuando los sindicatos se convierten prácticamente en un ministerio más del Estado? ¿Qué legitimidad tienen para tomar nuestro dinero por la fuerza cuando no será gastado ni siquiera en las promesas que ofrecen?

Si el ciudadano no pone freno a esta vorágine gubernamental para acabar con la voluntad, bienestar y libertad del hombre, sólo estará conviertiendo su complacencia en esclavitud (estado al que llegamos hace años). Lo adelantó José Montilla. Cuando la prensa le preguntó por la alta abstención en las últimas elecciones de Cataluña, el president dijo que muchas personas no votaron "porque ya les está bien el Gobierno que hay". La indiferencia es servidumbre. Es una victoria política.

Cambiar de tirano cada cuatro años no es libertad. La libertad sólo la ofrece la acción diaria del ciudadano contra el Gobierno. En Estados Unidos, al menos, lo están intentando con las Tea Parties. Tomemos nota.

Complacencia, paso previo a la esclavitud

Las cuentas del nacionalismo se han acabado en 30, los años que han estado apoderados del poder. La cuenta del señor don Patxi López, como se ha hecho investir presidente de la comunidad vasca, tiene apenas unas horas.

Pero el tiempo pasa, y lo llenamos permanentemente de lo que acaece, que es también lo que nos condiciona. La única teoría del capital que ha dado la ciencia económica también advierte de eso, de que la vida es un discurrir en pos de unos objetivos, y que a medida que nos acercamos a ellos, tomando las medidas que apuntan en esa dirección, se nos reducen las posibilidades de cambiar de rumbo. Nos alejamos de otros fines a medida que nos acercamos a los nuestros. No hay nada determinado, sino que al disponer las cosas para lograr el objetivo A se nos hace más costoso variar el rumbo. Eso es, precisamente, lo que le puede ocurrir a don Patxi.

Dejémonos de fusilerías cursis sobre el arco iris, que el lector odia tanto como quien le escribe. Un presidente vasco sólo tiene dos caminos que elegir: el del nogal nacionalista y el de la libertad. O se va de la mano del nacionalismo, del legal o del sincero, o se está en su contra. El nacionalismo no entiende de adversarios. Sólo se puede apaciguar a una bestia hambrienta haciendo manada con ella o dejándose devorar. Si don Patxi le mira de frente, aunque sea de reojo, estará siempre en el lado de “los otros”. Y el juego irá royendo las medias tintas.

Pues hay decisiones que se habrán de tomar de inmediato. La policía autonómica, ¿detendrá a los terroristas o no lo hará? La rebosante caja vasca, ¿derramará nuestro dinero por las organizaciones pantalla de ETA, o no lo hará? La televisión pública, ¿alimentará el relato de que los etarras “se pasan” en su ejercicio de buenos patriotas? ¿Pondrá su dardo en quienes no piensan como “un verdadero vasco”, o no lo hará? La consejería de Educación, ¿permitirá a los padres educar a sus hijos en castellano, o no lo hará?

Y cada paso que dé en contra del sendero nacionalista alimentará más su odio, y con él sus bestiales reacciones. Un nuevo andar en el camino de convertir a los vascos en ciudadanos libres y responsables y el acecho del nacionalismo será aún más sañudo. Y la parte de la sociedad que ha sido preterida, ignorada por la autonomía vasca se aferrará al nuevo Gobierno y le llamará con voz renovada, con la voz recobrada. La de las víctimas, que han sido invitadas por vez primera a la toma de posesión de un Lendakari, por ejemplo.

No nos engañemos. Zapatero, y con él una parte importante del PSE son capaces de imprimir un cambio de rumbo. Pero cada día que pase será más costoso, más difícil. La pendiente de la libertad, una vez se tome, se irá haciendo más y más pronunciada.

La pendiente

Sin embargo, convendría que no nos fijáramos tanto en las promesas explícitas que realizaba el Gobierno y sí más en los efectos inevitables, aunque menos visibles, de esas mismas promesas. Tanto The Economist como, por supuesto, los socialistas parecen asumir que el gasto público tiene efectos positivos sobre la economía: si los agentes privados no gastan, el empleo cae, por tanto, debe ser el Estado quien ocupe su lugar y despilfarre por ellos. De esta manera se pretende evitar la destrucción de muchos puestos de trabajo, que la economía se mantenga a flote y que las familias y las empresas recuperen la confianza.

Lo que ninguno de los dos parece plantearse –o, si se lo plantean, lo disimulan muy bien– es que el gasto público puede destruir más empleos de los que crea. Recientemente, hemos tenido noticia de dos claros ejemplos que ilustran este efecto expulsión de la riqueza privada por los dispendios públicos.

El primero fue el estudio que varios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, entre los que me incluyo, realizaron sobre los efectos de las energías renovables en España. En concreto, al haber orientado el sector eléctrico español hacia las energías verdes mediante la subvención pública, la economía española ha sufrido unas pérdidas que equivalen a una destrucción neta de 2,2 empleos por cada uno de los que se pretendía crear. Más gasto en energías renovables no nos proporcionó un mayor bienestar o una mayor riqueza: más bien al contrario, desvió los escasos recursos económicos desde allí donde eran más urgentemente demandados hacia donde no lo eran. Ni España ni ningún otro país pueden prosperar invirtiendo en energías caras: ¿acaso se sentiría más rico si, tal y como propone la Comisión Nacional de la Energía, la luz aumentara un 31% para sufragar el coste de las renovables?

El segundo ejemplo ha sido la restricción del crédito privado que han aplicado en general los bancos y cajas españoles para financiar las emisiones de deuda pública del Gobierno. De este modo, los agentes privados de nuestra economía, muy dependientes del crédito para mantenerse en funcionamiento, se han visto desposeídos del mismo porque Zapatero les ha regalado una lluvia de millones a los ayuntamientos para que gasten sin mesura. En otras palabras, el Plan E puede haber creado directamente 280.000 empleos, ¿pero cuántos ha destruido en otros sectores de la economía? Es más, ¿cuántos destruirá cuando deban subirse los impuestos para comenzar a amortizar las emisiones actuales de deuda?

No, el problema de la economía española no es que el Plan E haya sido demasiado pequeño, sino más bien que ha sido. Nos habría ido infinitamente mejor sin semejante agujero negro, aun cuando no hubiésemos reducido los impuestos con lo que nos habríamos ahorrado. La intervención pública en la economía –especialmente cuando va destinada a rescatar a los sectores en crisis que deberían reconvertirse– no le confiere un impulso, sino que le asesta una puñalada por la espalda.

En realidad, la solución es muy otra y también la apunta en parte The Economist: liberalización del mercado de trabajo y reducción del gasto público y de los impuestos. Pero ah, esto tendría poco que ver con la socialdemocracia y ya sabemos que nuestro presidente del Gobierno ha realizado una decidida apuesta personal (¿especulación política?) por la misma: si la socialdemocracia no nos proporciona remedio alguno, bien merece la economía colapsar. Y ya lo está haciendo.

Felipe González, Europa y la crisis

Los colectivistas aspiran a colectivizar y sus políticos tienden a hacerlo al máximo nivel posible. Suelen verlo todo como global, público y compartido. Parecen incapaces de realizar análisis locales, parciales, privados. Aspiran al control total desde arriba, desde muy lejos, ignorando que la acción humana se ejecuta aquí abajo en las cercanías de cada uno, donde las cosas importan a los más próximos, quienes son capaces de hacer algo al respecto en sus circunstancias particulares. Así que no les valen los Estados nación, aspiran a asociaciones multiestatales o incluso al gobierno mundial.

Cree González que no asumimos "la magnitud del desafío que tenemos por delante con todas sus implicaciones: económico-financieras, de sostenibilidad de nuestro modelo de cohesión social, energéticas y de cambio climático" y que "deberíamos encarar esta situación como si nuestra sociedad y nuestro aparato productivo estuvieran ante una emergencia global", "como una guerra incruenta que tenemos que ganar, movilizando nuestras energías contra el cambio climático, contra el paro, el hambre y la enfermedad".

Habla de cohesión social cuando lo que defiende es la redistribución coactiva e insostenible de riqueza que genera dependencias, resentimientos y fricciones sociales. Le preocupa la economía y las finanzas después de habérselas cargado a conciencia. Y no puede faltar el espantajo del cambio climático. Y es que los políticos se creen indispensables para resolver los problemas sociales cuando en realidad se niegan a reconocer que son sus principales causantes. Y nos proponen guerras incruentas porque el lenguaje de la movilización militar dirigida desde el alto mando es lo que mejor entienden (quizás lo único): la libertad y los órdenes espontáneos les son ajenos.

González, ya retirado, pretende una imparcial sabiduría y sensatez de la que carece por completo. Cree que "la principal tarea es explicar lo que pasa a la opinión pública". ¿Cómo va a hacerlo quien no sabe lo que pasa? Creer que se sabe no es saber, como demuestra al afirmar que "es inútil creer o confiar en que tenemos recetas locales autónomas para resolver desafíos que son globales". Los desafíos son globales en la medida en que los políticos de todas las naciones han cometido los mismos errores asesorados en su intervencionismo por los mismos presuntos expertos incrustados en los organismos internacionales. La solución no está en que todos vuelvan a cometer juntos errores distintos de los actuales. Las instituciones de gobernanza a nivel mundial son profundamente inadecuadas y causan un entrelazamiento del intervencionismo que impide la descentralización indispensable para el descubrimiento de soluciones a diversos problemas mediante la generación competitiva de ensayos alternativos y la retención e imitación de lo exitoso (lean a Hayek).

El compartir ámbitos públicos como tantos socialdemócratas proponen tiene graves problemas que no ven: se elimina o impide la libertad individual, se comparten los daños aunque no se sea culpable de los mismos y se reciben beneficios aunque no se haya contribuido a su generación. No es cierto que haya sido "la ausencia de una normativa aplicable global y localmente, lo que está en origen de esta gran burbuja financiera". Hay muchas normativas, como los criterios de Basilea, que son de aplicación universal. Y es extremadamente peligroso imponer las mismas normas a todo el mundo: ¿qué pasa si son equivocadas? ¿Acaso las normas vienen con garantía de adecuación por el hecho de haber sido producidas por tecnócratas sin competencia nombrados por políticos facciosos elegidos por votantes racionalmente ignorantes?

Como la desvergüenza es una hipótesis por defecto en los políticos, no sorprende que González afirme que "la convicción dominante durante años de que el mercado se autorregulaba a través de su ‘mano invisible’ apartó a la política de su función reguladora como un estorbo para el crecimiento". ¿Ha tenido él esa convicción? ¿O los socialistas de todos los partidos? Lo han ocultado muy bien. Porque es cierto que el mercado se autorregula, pero sólo si le dejan: sólo si es libre; y la producción de dinero y crédito no lo es ni de lejos.

Pretende analizar las finanzas sin tener ni idea del tema, acusa de creación de "productos sin bases reales, sin contabilidad, en un mercado mundial interconectado y permanente que no tiene reglas ni, por tanto, previsibilidad o control". ¿Sin bases reales? Las titulizaciones podían ser complejas y las valoraciones equivocadas, pero todo derivado deriva de algo. ¿Sin contabilidad? ¿Ha sido alguna empresa condenada por no tener ninguna contabilidad? ¿Sin reglas? ¿Cómo se puede tener la desvergüenza de ignorar las abundantes regulaciones intervencionistas sobre los sistemas financieros? ¿No hemos quedado que el Banco de España es un ejemplo de supervisión y regulación? ¿Lo consiguen sin reglas?

Y es que los megalómanos no están contentos hasta que todo queda regulado a su antojo hasta el más mínimo detalle: así todo está controlado y es previsible. Lástima que entonces apenas haya riqueza, vida y libertad.