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Censura togada

Se le consideró responsable de una falta grave de desconsideración a los ciudadanos que se derivaría de unas declaraciones hechas a la edición cántabra de El Mundo el verano pasado. La multa impuesta agotaba la sanción máxima posible para las infracciones calificadas como graves, según las propias normas disciplinarias del Poder Judicial.

Las manifestaciones objeto de esta multa fueron realizadas cuando esta mujer dirigía un juzgado especial de violencia sobre la mujer de Santander. En su día tuvieron una gran resonancia en los medios de comunicación. En ellas la juez criticaba con dureza la llamada ley de violencia de género, que reputaba inconstitucional; dudaba de la eficacia de las órdenes de protección y de los juzgados como el que ella misma ocupaba y, además, salpicaba sus comentarios con anécdotas que decía vivir en su juzgado, sin identificar a sus protagonistas.

Varios aspectos llaman la atención de este episodio que podemos enmarcar dentro de la meticulosa e implacable imposición de la "corrección política" desde los poderes del Estado, dominados por el Ejecutivo del PSOE. El primero es que la apertura del expediente disciplinario se produjera por la denuncia presentada por la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Monserrat Comas D’Argerit, quién debió entender que podía sustituir a los "ofendidos" por las declaraciones de la juez. Que se sepa, ninguno presentó queja. El segundo, que las observaciones de la juez plasmadas en la entrevista aludían a su experiencia con términos discutibles, pero no identificaban un caso o una persona concreta. El tercero que el mismo órgano decisorio de la sanción devolviera al instructor del expediente una primera propuesta de resolución sancionadora que no agotaba la extensión de la multa prevista para las infracciones graves. Y el cuarto, escandaloso donde los haya, que el derecho fundamental a la libertad de expresión de una integrante de un poder supuestamente independiente, se relegase sin contemplaciones ante la hoguera de la "corrección política".

Conviene recordar que la expresión "corrección política" no tiene un significado tan amplio como su denominación hace pensar. No equivale a cualquier opinión que sustente una abrumadora mayoría. Esta acepción desenfoca totalmente la perspectiva finalista que imprimieron sus ideólogos acuñando un término deliberadamente ambiguo. Antes al contrario, los postulados de esta ortodoxia política han ganado un increíble favor en los medios de comunicación y la casta política desde que se importara de Estados Unidos, pero no están asimilados por la opinión pública mayoritaria. Cuestión diferente es que existan suficientes opositores dispuestos a plantar batalla intelectual a esta amenaza contra la libertad.

Para entendernos, pues, mediante ese término se define a una ideología que pretende un vasto cambio social, político y educativo que compense las "injusticias históricas" cometidas contra ciertas minorías: sea por motivos raciales, de clase social, sexo u orientación sexual, pero siempre desde una perspectiva que permita culpar a la civilización occidental. Con esos mimbres, los propagadores de esta virulenta mojigatería compusieron la necesidad de imponer medidas de "discriminación positiva". Y como nos cuenta Stephen R.C. Hicks del movimiento postmoderno, donde las huestes políticamente correctas acampan, aunque al principio claman por el subjetivismo y el relativismo, cuando alcanzan el poder instauran el dogmatismo absoluto. Esto es, persiguen furibundamente a los disidentes de las doctrinas así destiladas.

No cabe duda de que la juez censurada tiene a su disposición los cauces del recurso contencioso administrativo para impugnar la sanción que le han impuesto. Pero el mero hecho de que se emprendan de oficio expedientes disciplinarios por emitir opiniones discrepantes de la legislación positiva y de los análisis de los "observatorios" oficiales debe hacer saltar todas las alarmas. En este caso se ha producido un salto cualitativo en relación a otros ataques a la libertad de expresión. Tiemblen ahora, por ejemplo, los profesores que esgriman la libertad de cátedra ante los comités feministas de salud pública. La desfachatez del neosocialismo local no repara en barras para adjudicarse un halo de respetabilidad. La exposición de motivos de otro de sus "instrumentos jurídicos", la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, acude al argumento de autoridad de John Stuart Mill. Sí, querido lector, el mismo que escribiera el clásico capítulo sobre la libertad de pensamiento y discusión en Sobre la libertad.

Planificando la Sociedad de la Información

Y nuestro Gobierno, nuestro nuevo Gobierno, no ha tenido dudas. Démosle ese dinero al sufrido sector audiovisual, a la televisión pública y, en definitiva, a las desfavorecidas televisiones.

Ya se explicó en una columna anterior que la capacidad de innovación de nuestros grandes tycoons de contenidos se limitaba a exigir del Gobierno la supresión de la publicidad en la televisión pública. De esta forma, descuentan estos próceres del libre mercado, tendremos un competidor menos y obtendremos más ingresos del anunciante. En lugar de ver cómo dar un mejor servicio a la audiencia para que no les abandone, es preferible pedir al Ejecutivo que se cargue a un rival.

Y por fin lo han conseguido, parece. Ahora la cuestión pasa a ser cómo mantener el tinglado de la TVE sin los ingresos que le proporciona la publicidad. Para qué plantearse si es necesaria o no la televisión pública, sujeta también a la misma crisis de audiencia que hace mella en el sector. Por supuesto, TVE tiene que mantenerse, y con todos sus trabajadores, que no hagan los sindicatos algún número extraño con las pantallas.

¿De dónde saldrá la pasta, pues? Muy fácil, del sector de telecomunicaciones. Total, proporcionan también servicios audiovisuales. Y además tienen dinero. Porque vete tú a pedirle ahora pasta a los bancos, en mitad de su crisis, o a las eléctricas, recién condenadas a congelar sus precios a determinados colectivos.

Así que dicho y hecho: que las telecos paguen un 0,9% de sus ingresos para el mantenimiento de la tele pública. Planificación central en toda su extensión, completa desatención a los mensajes que da el mercado.

Si los Telefónica, Vodafone, Orange y compañía son capaces de ganar dinero y ser viables, es por la sencilla razón de que proporcionan servicios útiles a los ciudadanos. Y estos, por tanto, están dispuestos a pagar por estos servicios más de lo que cuesta su producción.

Si los Tele 5, Antena 3, Cuatro y TVE están pasándolas canutas por la crisis, es por la sencilla razón de que sus servicios no son tan útiles para los ciudadanos como para que estos estén por la labor de pagarlos al precio que, directa o indirectamente, se los demanda. Estos agentes están utilizando mal los recursos escasos de nuestra economía, pues no consiguen recuperar su valor.

El veredicto de las preferencias de los consumidores es muy nítido: transfiéranse recursos del sector audiovisual al de teleco, porque aquí están más valorados, aquí son más útiles para la sociedad.

¿Qué hace el Gobierno? Tratar de revertir este veredicto y ordenar justo lo contrario: que se muevan recursos a un sector que ya no proporciona utilidad, precisamente a costa del que la proporciona. Evidentemente, el resultado será malo para los ciudadanos.

Por mucho que el Ejecutivo saque dinero de un lado y lo meta en otro, las preferencias de los individuos no cambian. Lo único que se hace es obligarles a convivir con cosas que no necesitan, pero en las que tienen que gastarse recursos que no pueden dedicar a las que sí necesitan.

¿Qué la gente prefiere llamar por su teléfono móvil o navegar por internet a tragarse los contenidos que tienen a bien suministrarnos los medios? Da igual, el Gran Hermano sabe más que nosotros. Y ha decidido que necesitamos más tele y menos telecos: comienza la planificación central de la Sociedad de la Información en España.

Se acabó el txollo

La tragedia acaecida sobre los peneuvistas tras la toma de posesión de Francisco López como lehendakari debe estar provocándoles una sensación similar a la que experimentaba D. Sabino cuando veía a un maketo bailando con una moza del Goierri en la romería. Y es que verse desalojados del poder por unos advenedizos cuyo papel, desde la transición, se limitaba a actuar de coartada seudodemocrática de un régimen totalitario y, eventualmente, caer bajo las balas y las bombas de los "violentos", no es algo que estuviera previsto ni siquiera por los padres constitucionales, cuya visión de futuro no fue precisamente la mayor de sus virtudes.

El nacionalismo, por definición, es un régimen inasequible a la alternancia, en tanto que la aceptación de sus postulados constituye el único rasgo definitorio de la legitimidad para gobernar. Cuando la raza, la lengua, la historiografía amañada y el folcklore se sitúan como ejes de la acción política a despecho de la moderna tradición estatal de raíz democrática, el perder en unas elecciones tiene que verse forzosamente como una agresión injustificable que no puede quedar sin respuesta.

Y sin embargo nada hay más saludable para un pueblo que la renovación de su casta dirigente. En este caso, además, no porque los nuevos lo vayan a hacer mucho mejor en términos económicos o de bienestar ciudadano, sino porque es difícil que alguien lo pueda hacer peor que el PNV en materia de decoro político y libertades civiles.

La elección de López como lehendakari no va a solucionar los graves problemas a los que se enfrenta la comunidad vasca, como el resto del planeta, pero al menos va a tener la virtud de desalojar parcialmente del poder a una casta recogenueces que por primera vez en su vida va a experimentar esa sensación que los ciudadanos normales definen con el verbo "trabajar". Sólo por eso ya merece la pena el cambio. Si López tiene además la gallardía de dejar sin virtualidad el terrible vaticinio con que lo saludó en su día la madre de Joseba Pagazaurtundúa, la sensación general será muy aproximada a eso que llamamos felicidad. Con eso es suficiente.

PP 2.0

Las propuestas están bien presentadas en una "nube de etiquetas" y es más fácil navegar y encontrar material escrito y multimedia. Se ha eliminado la voluminosa morralla del anterior diseño que no hacía otra cosa que molestar y, como explica Elentir, unifica su imagen corporativa en internet, que ya hacía falta.

No obstante, la web no es perfecta, claro. Tiene fallos menores, pero que se deberían haber evitado, como incluir un enlace a la portada de Tuenti (si no tienes presencia en esa red social, no la enlaces) o poner tres enlaces separados a versiones para móvil, iPhone y PDA que llevan al mismo sitio. También se dan duplicidades un poco absurdas. Dado que uno de los dos objetivos de la web del PP –y la de cualquier otro partido político– debe ser hacer llegar su mensaje carece por completo de sentido que monten su propio sistema de vídeo online. ¿Para qué reinventar la rueda, cuando existe la alternativa de YouTube, que llega a mucha más gente? Además, los nuevos vídeos del PP no ofrecen opciones para compartirlos o integrarlos en otra web. Disponer de una plataforma propia de vídeo no ofrece ventajas a un partido político, y sí muchos inconvenientes.

En cambio, no veo que crear una red social propia sea una manera de torpedear la presencia en Facebook ni nada parecido. Facebook no es una herramienta que sirva de gran cosa a un partido político, salvo para chulearse de que sus cifras de amigos superan a los del rival y otras chorradas semejantes. Se utiliza para hacer activismo político, sí, pero sólo tiene cierto eco cuando no es partidista, como ha demostrado la reacción contra González Sinde. En cambio, una red social de afiliados y simpatizantes del PP tiene una utilidad extra. Es una evolución de los viejos foros en donde los votantes pueden expresar sus opiniones e ideas y donde se les puede organizar y educar para el activismo. Pero sólo tendrá utilidad si los dirigentes, y no sólo González Pons, se lo toman en serio y prestan atención a lo que se dice.

En definitiva, la nueva web del PP aprueba, y con nota. Evidentemente, es una web de partido, no un diario digital, así que el interés de la información que prestan es relativo. Aún así, es precisamente en esa información donde se encuentra el talón de Aquiles del esfuerzo digital del PP. Porque pese a que la renovación ha supuesto una gran mejora en todos los aspectos, se ve que lo único que no se ha renovado es al equipo encargado de subir contenidos. Como ya denunciara hace unos meses, lo "más reciente" resulta ya antiguo a la velocidad de internet. Cuando se inauguró la web, el lunes a las cinco de la tarde, estaban las fotos y los textos del acto de presentación de la candidatura europea, que tuvo lugar el domingo. Bueno. La cuestión es que hubo que esperar a la una del mediodía del martes, más o menos, para que subieran algo de información sobre el propio acto de presentación de la propia web.

A la velocidad a la que se mueve la información, no se puede esperar al día siguiente. No sé si los responsables de actualizar la web no son los mismos que quienes la han creado. Esperemos que no tarden mucho tiempo en darse cuenta de que en estas materias no se puede ser un funcionario del partido. Seguro que con el dinero que se ahorrarían eliminando el canal de televisión y subiendo todo a YouTube, podrían contratar a personal suficiente para tener la web actualizada al momento. Pero no sé si son esas las prioridades.

Sombra aquí y sombra allá

Con independencia de los maquillajes estadísticos que aplique el Ministerio, la realidad es que no existe por el momento ni una sola señal esperanzadora sobre la futura evolución del paro en España.

Para empezar, la última Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó un dato desolador: la tasa de desempleo alcanzó el 17,3% el pasado 15 de febrero, fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerró el muestreo que sirve de base para componer la EPA del primer trimestre de 2009. Es decir, en la actualidad, España ya ha superado con creces ese porcentaje. Además, la Comisión Europea, de cuyos cálculos uno no debe fiarse, prevé una tasa del 20,5% para 2010. El problema es que la propia Comisión reconoce que sus pronósticos están desfasados, ya que han sido superados por la realidad: estimaba un paro próximo al 17% para el presente año.

Más allá de los porcentajes, la clave de la cuestión radica en que el tiempo pasa, los trabajadores se van a la calle y ninguna fuerza política de este país parece estar dispuesta a afrontar la situación. Esto es, apostar por una profunda reforma que flexibilice al máximo un mercado laboral, cuya estructura y regulación fue impuesta por el franquismo. ¡Abajo los sindicatos verticales! Bye, bye diálogo social. O se impone la cordura y se hacen los deberes en esta materia o nos veremos abocados a picos de paro nunca vistos en este país, de entre el 25% y el 30% en 2010 ó 2011, junto a un desempleo estructural atenuado a base de subsidios públicos.

Por desgracia, nada hace pensar que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Por ello, el Gobierno tira ya con descaro de la ocultación de datos y el maquillaje de cifras para ofrecer a sus electores una imagen edulcorada del auténtico drama social que ya asoma. Primero fue el efecto Caldera, un cambio estadístico aprobado en febrero de 2008, justo antes de las elecciones, y que consiste en sacar de las listas del Inem a todos aquellos desempleados que acuden a cursillos de formación, y que se engloban bajo las siglas de demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

Por si ello fuera poco, los parados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" tampoco aparecen en las cifras oficiales del paro. Los prejubilados o afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son, igualmente, tratados como desempleados de segunda categoría. Con tales trucos de magia no es de extrañar la divergencia existente entre los datos que ofrece Trabajo y los que refleja la EPA.

Además, en un alarde de creatividad estadística, el Ministerio que dirige Corbacho decidió no publicar las cifras de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al último día de mes. Un dato que, históricamente, es el que se venía empleando como referencia a la hora de medir el ritmo de destrucción o creación de empleo en España.

Más allá del mercado de trabajo, destaca la estadística que, periódicamente, ofrece el Ministerio de Vivienda sobre el precio de los pisos. ¿Alguien se cree de verdad que los inmuebles se hayan depreciado de media apenas un 6,5% interanual en el primer trimestre de 2009, tras sufrir la mayor burbuja a nivel mundial en este ámbito? Algo no cuadra, sobre todo, cuando los bancos y la mayoría de inmobiliarias ofrecen descuentos de entre el 30% y el 40% sobre su valor máximo.

¿Cómo es posible? El truco radica en que Corredor se basa en los datos de compraventa que revisan los notarios y que, como es lógico, cuentan con un retraso de meses, si no de años, con respecto al precio de las transacciones actuales. Una filfa más del Gobierno que, pese a constituir un dato oficial, nada tiene que ver con la realidad. Cualquier propietario que hoy pretenda vender su piso sabe que le resultará muy difícil si no está dispuesto a ofrecer una rebaja sustancial.

Por último, y sin ánimo de ser exhaustivo, el próximo paso será maquillar el PIB de cara a las elecciones previstas para 2012. El INE renovará poco antes la Contabilidad Nacional con la intención de hacer aflorar partes de la economía que hoy no aparecen. Es decir, engordará las cifras del Producto Interior Bruto. El dinero negro y la economía sumergida tienen un peso muy importante en España debido a las trabas administrativas y fiscales vigentes.

De este modo, el Gobierno apuesta por el apagón estadístico para suavizar los datos y por una agresiva política de subsidios para tapar los agujeros que sobren y, así, acallar bocas. Algo que, por otra parte, está en sintonía con el discurso propio de todo gobierno: cuando las cosas van bien, van "mejor", mientras que si la cosa pinta mal "no es para tanto", "no hay que exagerar". No se crean ni una palabra. Medios, empresas y particulares deberían empezar a tomarse en serio los datos y cifras que ofrecen organismos y analistas independientes. Que el Estado pruebe su propia medicina. Apagón informativo a las estadísticas de las instituciones oficiales o, como mínimo, dudar, que siempre es bueno.

Macroeconomistas desorientados

El problema es que esas recomendaciones políticas normalmente son hijas de una teoría de cuya incomprensión surge, a su vez, la incomprensión de las recetas. Es lo que les pasa a De Long y a Krugman con Hayek: dado que todavía no han comprendido la explicación austriaca de los ciclos económicos, se limitan a ridiculizar los remedios que ésta propone.

Básicamente, la teoría austriaca sostiene que las manipulaciones de los tipos de interés por parte de los bancos centrales provocan expansiones crediticias que distorsionan la economía. El crédito artificialmente barato hace que muchos proyectos parezcan rentables cuando en realidad no lo son. Por eso en España llegamos a construir 800.000 viviendas anuales, y en Estados Unidos el sector financiero representó el 41% de todos los beneficios generados. Las crisis son períodos de reestructuración de desaguisados como esos: ahora, por ejemplo, no sólo hay que construir menos viviendas y reducir el tamaño de los bancos (cosa que ya está sucediendo), sino que es imprescindible redimensionar industrias relacionadas con las anteriores (las dedicadas al cemento, el mobiliario, el automóvil…) y, sobre todo, invertir para que surjan otras de nuevo cuño.

Todo esto lleva su tiempo, hay compañías que tienen que quebrar, los empresarios han de encontrar proyectos rentables y financiación, las nuevas empresas deben echar a andar. El proceso dista mucho de ser instantáneo o automático, como cualquiera que haya liquidado o montado una empresa sabe perfectamente. Ahora bien, como Krugman y De Long no lo saben y sus modelos sugieren que ese ajuste debiera producirse de inmediato, afirman, no sin cierta arrogancia, que la duración y profundidad de la crisis demuestra que la teoría austriaca del ciclo económico se equivoca. Tal vez convendría que revisaran sus hipótesis de partida: el problema no está en Hayek, sino en los modelos absurdos que manejan.

En una posición más templada se sitúa Gregory Mankiw, autor de una de las propuestas más disparatadas de los últimos meses: las tómbolas monetarias. Pocos se beneficiarán tanto como él de que no sigamos la recomendación de De Long de juzgar a los economistas por sus propuestas y no por sus teorías. En caso contrario, habría que convenir que Mankiw tiene más vocación y madera de feriante que de académico.

Desde luego, no fui el único que encontré descabellado su plan de eliminar dólares por sorteo. Otro economista, Robert Murphy, le dedicó una larga crítica en la que le tachaba de chiflado. En su respuesta a Murphy, Mankiw se distancia de la posición que adoptan Krugman y De Long con respecto a la teoría austriaca del ciclo. Admite que el análisis hayekiano es esencialmente correcto –esto es, que la economía tiene que reajustarse–, pero considera que el proceso es demasiado lento como para dejar que se produzca sin la intervención del Estado. En su opinión, dado que los precios de los productos son rígidos, una reestructuración de la economía ejecutada a través del libre mercado provocaría más víctimas de las necesarias.

Imagine una empresa de automóviles que a causa de la crisis deja de vender sus coches. Su respuesta lógica para sobrevivir debería ser bajar el precio de los vehículos para atraer a más clientes. Pero si vende más barato puede que sus beneficios desaparezcan; así que también debería reducir costes; por ejemplo, pagando salarios menores a sus trabajadores. Sin embargo, esto último no es posible, ya que los salarios se fijan por convenio, los sindicatos tienen todavía mucho poder y, en última instancia, los trabajadores no quieren afrontar recorte salarial alguno. La reestructuración, pues, se complica, y la empresa tiene que despedir a parte de la plantilla y recortar su producción: lo que podría haber sido un pequeño ajuste se convierte en un cambio brusco que casi deja más pérdidas que ganancias.

La respuesta que proponen Mankiw y otros economistas a esta situación es doble: 1) si la gente no quiere comprar automóviles, que los compre el Estado, o que éste genere incentivos para que los consumidores sigan adquiriéndolos; 2) crear inflación: si la moneda pierde valor y los salarios no suben tanto como el precio de los coches, en la práctica es como si los salarios hubiesen caído. La propuesta de las tómbolas monetarias cumplía ambos propósitos: obligaba a los consumidores a gastar su dinero y generaba inflación.

Todo esto parece que encaja bastante bien en una teoría que sólo tiene en cuenta los agregados; pero cuando tratamos de buscar su encaje en la realidad, los problemas son indudablemente mayores que las soluciones. Parece que la profesión económica sigue adoleciendo de aquel vicio tan extendido que ya descubriera Bastiat: sólo tiene en cuenta lo que se ve e ignora lo que no se ve.

Para reestructurar la economía necesitamos abundante ahorro, con el objeto de financiar las nuevas inversiones. Si los consumidores deciden ahorrar renunciando a un nuevo vehículo, no parece que sea lo más conveniente que el Estado les obligue a comprarlo y, por tanto, a recortar sus ahorros. Puede que la industria automovilística sobreviva (lo que se ve), pero sólo a costa de una reducción de la demanda (y de los créditos) en otros sectores (lo que no se ve).

Por otro lado, parte de la solución a la crisis pasa por reutilizar aquello en lo que hemos malinvertido. En España tenemos más de un millón de viviendas desocupadas. ¿Por qué no vender una parte a los extranjeros y reutilizar otra parte como oficinas, almacenes, despachos y laboratorios para las nuevas empresas? Tanto en un caso como en otro, los precios tienen que caer. Lo mismo con nuestra empresa de automóviles: para que, por ejemplo, aumente el número de taxistas es necesario que el precio de los coches se abarate y sea rentable acceder a la profesión de taxista. Si el Estado compra los coches para impedir que sus precios caigan, el sector del automóvil se salva (lo que se ve), pero los coches no se reorientan a las actividades productivas (lo que no se ve).

En cuanto a la inflación, no es un mecanismo neutral. Puede que la gente consuma más que antes, pero no de la misma forma. Dicho de otra manera: habrá industrias que tendrán que subir los salarios de sus empleados pero que no habrán visto aumentar sus ingresos, de modo que trasladaremos la crisis de unas industrias a otras. Por si fuera poco, el incremento del consumo inducido por la inflación sólo reduce, como ya hemos visto, la cantidad de ahorro disponible para extender el crédito a las nuevas empresas. Tal vez el sector del automóvil se salve porque suba más el precio de los coches que el de los salarios (lo que se ve), pero otras empresas quebrarán y otras muchas no nacerán (lo que no se ve).

En definitiva, es cierto que, como dice Mankiw, las rigideces en los precios retrasan la recuperación y hacen más grave la crisis. Pero la alternativa no pasa por más gasto público ni por una inflación más alta. Más bien al contrario: hay que flexibilizar todos los mercados (eliminando privilegios y restricciones a la competencia) para que los precios caigan cuando antes (es decir, para evitar la inflación) y permitir que los individuos ahorren más que antes (bajando impuestos y reduciendo el gasto). Sólo así tendremos un ajuste lo más rápido posible, en el que quebrarán quienes tengan que hacerlo.

Ni la ceguera de Krugman y De Long ante las causas de las crisis ni la fe irracional de Mankiw en el intervencionismo estatal son los caminos acertados para combatir las depresiones.

La cepa del alarmismo

Señores, asoma en el horizonte la enésima plaga, que diezmará la población mundial. La epidemia alcanzará a la mitad de la población europea. La OMS sube su alerta a 5 sobre 6 cuando son tres centenares los afectados por la "gripe nueva". ¿Llegará el fin de nuestra civilización? ¿Recordaremos con nostalgia la "gripe española" que mató a 50 millones de personas? ¿Venceremos este Armagedón?

La prensa, habitual virtuosa en los números del circo, ofrece en este caso un salto sobre la realidad de proporciones hercúleas. Apenas cuatro centenares de afectados por esta gripe, que no es más mortal que cualquier otra, y se le da tanto espacio (que es el importómetro de los medios de comunicación) como a la Guerra de Irak. No tenemos medios suficientes para darle proporcional espacio a la gripe común, que sólo en Estados Unidos se lleva por delante a 30.000 almas todos los años.

Esta falta de racionalidad, de objetividad de la prensa, no es sólo afición por los grandes relatos. Es también un tic de servilismo hacia el poder, que está permanentemente diciéndonos que estamos en grave peligro… para postularse inmediatamente como nuestro protector.

Esta gripe es muy grave. La de los medios, digo. Porque las consecuencias del alarmismo son mucho mayores que las del virus porcino. El daño económico que puede sufrir Méjico es enorme. Y el cálculo de costes es un cálculo de vidas. ¿Cuántas muertes asignarán los expertos a la cepa del alarmismo?

Los enemigos de los trabajadores

La realidad es muy distinta. La finalidad de los sindicatos es matar la economía, esto es, la destrucción de la prosperidad que favorece el sistema de libre mercado y de división del trabajo. Y es que, como atinadamente resume el economista George Reisman, los sindicatos son "básicamente organizaciones parasitarias que medran únicamente saqueando y en última instancia destruyendo las empresas que controlan. Su objetivo básico es forzar que se paguen mayores salarios por trabajos cada vez más reducidos y menos productivos". La antieconomía: producir cada vez menos y consumir más. Extraña ecuación que sólo encaja porque la diferencia entre una producción menguante y un consumo creciente se salda socavando la riqueza acumulada en un país hasta que se agota; aquello de comerse incluso las patas de la gallina de los huevos de oro.

Así pues, la implantación de las prescripciones de los parasitarios sindicatos sólo terminan en un punto: con la muerte del huésped, esto es, con la descapitalización de la empresa que los sufría. Y sin empresa no hay trabajadores ni derechos del trabajador que valgan; que se lo digan a General Motors y a sus empleados.

Merece la pena tener esto presente cuando en días tan mediáticos como hoy se escuchan sus propuestas para salir de la crisis: huir del capitalismo, no abaratar el despido, aumentar los salarios, subir los impuestos, incrementar el gasto y la deuda pública y obligar a los bancos a que expandan el crédito. Recetario que nos arrojaría, más aún si cabe, al abismo. Algunos parecen entusiasmados con las proclamas ideológicas de Zapatero del estilo "la salida de la crisis será social o no será", trasunto de aquellos apolillados "comunismo o muerte" que siempre concluían con muerte; también ahora, porque "no será". Hágase injusticia aunque perezca el mundo.

Sería inútil explicarles a esto retrógrados que precisamente porque se está incrementando la deuda pública los bancos están dejando de prestar dinero a las empresas o que negarse a abaratar el despido y aumentar los salarios equivalen a condenar a determinados trabajadores al ostracismo laboral. Incluso economistas tan antiliberales como Paul Krugman saben que el tejido empresarial español no sobrevivirá sin reformas que abaraten sus costes.

Y sería inútil porque los sindicatos españoles ni viven de mejorar la vida de los españoles, ni de los trabajadores, ni siquiera de sus afiliados. Explotan algo tan capitalista como es una marca: la marca del sindicalismo, del miedo y la amenaza contra las compañías que se nieguen a plegarse a su chantaje. Hablan de "paz social" o de "diálogo social" sólo para advertir que ellos están legitimados para iniciar la "guerra social". Su influencia y sus subvenciones son un peaje que los políticos españoles les pagan puntualmente para garantizar su comportamiento cívico; es decir, para evitar que salgan a la calle a violar los derechos de los demás ciudadanos. Extraño Estado de derecho aquel en el que unos se arrogan el derecho a chupar del bote a cambio de respetar el Código Penal.

Puede que con Zapatero sea imposible la reforma laboral. Pero sin duda con la presencia institucional y los privilegios que ostentan los sindicados españoles, ningún político se atreverá más que a parchear uno de los mercados de trabajo más rígidos y anquilosados del mundo. Con semejantes moscardones ejerciendo de lobby para hundir la economía, complicado panorama tenemos por delante.

No estaría de más que antes de seguir escupiendo prejuicios los sindicatos recordaran cuál ha sido hasta la fecha el saldo para los obreros de las políticas que propugnan y que tan diligentemente ha aplicado el PSOE: cuatro millones de parados. Que luego se atrevan a repetir sin que les tiemble la cartera que son los defensores de los trabajadores.

Fuera por hereje

En cambio, los relativistas que pretenden seguir figurando en la elite partidista no tienen ningún inconveniente en decir hoy lo contrario que ayer. Es más, negarán que algún día hayan defendido algo distinto a lo que marca la ortodoxia vigente en el seno del partido. Y como son un círculo cerrado, en el que la imagen que proyectan hacia un electorado cautivo no es algo que importe demasiado, la única labor imprescindible cuando el dirigente máximo establece un cambio de rumbo es detectar a los que pretenden seguir defendiendo los valores que caracterizaron siempre a la organización, primero para intentar reconducirlos, después para aislarlos y finalmente dejarlos tirados en la cuneta, pero eso sí, sin levantar mucho ruido no sea que algún simpatizante del heresiarca decida cambiar el sentido de su voto.

El caso de Luis Herrero es interesante dada la extraordinaria popularidad del personaje, forjada tras décadas de labor diaria en la radio española. Los votantes conocen a Herrero no por aparecer en un cartel junto a Rajoy colgado de una farola (el cartel), sino por escucharle prácticamente a diario desde hace lustros, así que saben cuáles son los principios que defiende, precisamente los mismos a los que ha hecho honor en su paso por el Parlamento Europeo. Otro error de Luis Herrero, pues a Europa no se va a defender las ideas que el partido ha considerado siempre como fundacionales, sino a hacer amigos, trincar la pasta y difuminarse en los perfiles del paisaje, especialmente cuando se discuten temas candentes que afectan a la libertad de los ciudadanos.

En esos asuntos peliagudos, como el derecho a utilizar la lengua propia en todo el territorio español o la denuncia de los atropellos de la tiranía chavista, los partidos prefieren no significarse demasiado, no sea que en sus respectivos países les acusen de crispar también las instituciones europeas. Si el líder de la secta ha decidido, además, que el nacionalismo separatista es un elemento a considerar de cara a futuras alianzas estratégicas y al que, por tanto, no conviene molestar, la visión de uno de sus parlamentarios luchando con brío para que la cámara de Estrasburgo sancione políticamente los abusos de estos nuevos socios tiene que resultar forzosamente incómoda.

Por eso, cuando Rajoy dice que sólo repetirán los que han trabajado bien, Herrero debe aceptarlo como un halago merecido. Porque "trabajar bien", en la jerga partitocrática, no tiene nada que ver con la honestidad intelectual y la preocupación por atender diariamente las tareas encomendadas, sino con la unción acrítica a los nuevos postulados del comité que elabora las listas electorales. Herrero es un heterodoxo, un personaje incómodo que por fuerza tenía que salir del cotarro electoral del Neo-PP. De hecho, si Rajoy hubiera decidido mantenerle en la lista al Parlamento Europeo, muchos de los seguidores del periodista hubieran comenzado a preocuparse seriamente.

Obama contra internet en Europa

 Estos señores, a los que la mayor parte de los europeos no sienten como representantes y que apenas tienen una capacidad legislativa real, han aceptado que los gobiernos puedan desconectar sin autorización judicial a los internautas que se descarguen archivos protegidos por derechos de autor. Toda una victoria para Sarkozy… y Obama.

La combinación ha resultado demoledora. Por una parte tenemos a Sarkozy empeñado en poner los intereses de la industria cultural por encima de los derechos de los ciudadanos. Por otra, a una eurocracia que ha demostrado en repetidas ocasiones su poca simpatía por la libertad en internet. Junto a ellos, unos gobiernos que cada vez que quieren hacer algo impopular lo llevan a Europa para que parezca que nos viene impuesto desde Bruselas y así no asumir su responsabilidad ante los votantes. Y todo ello mezclado con las presiones de un presidente de Estados Unidos al que le encanta meterse en los asuntos internos de Europa pero tocado con un halo de beatitud menos que justificado (a Bush le hubieran llovido los insultos si se le hubiera ocurrido, como sí ha hecho Obama, decir a los europeos que tienen que aceptar como miembro de la UE a un determinado país) y que debe muchos favores al star-system de su país. Con todos esos elementos, era imposible pensar en un resultado diferente al que ha habido.

Tal vez sin la presión del cuerpo diplomático norteamericano en toda Europa el resultado habría sido diferente, pero la realidad de Obama es la que es. Los europeos vamos a pagar el interés del inquilino de la Casa Blanca por agradar a los progres millonarios de Hollywood y las discográficas, así como por proteger y aumentar sus privilegios. Zapatero no es el único que sufre pasión por el presidente de Estados Unidos, acabamos de comprobar que, por desgracia, éste es un mal que aqueja a demasiados políticos europeos.

De otra manera no se explica que los eurócratas hayan llegado a aprobar algo así con el argumento de proteger los derechos de autor. No se han atrevido a algo parecido ni tan siquiera cuando esgrimían las otras dos grandes excusas con las que han blandido cada vez que han ido a recortar la libertad en internet: el terrorismo y la pornografía infantil. Teddy Bautista sí tiene motivo para caer en la Obamamanía. El resto de los europeos, no.