El primero de ellos habla del choque, a 788 kilómetros de la tierra, de dos satélites, con un tamaño menor que el de cualquier persona. ¿Cómo habrán ido al mismo punto, en el mismo instante, dos criaturas tan pequeñas que surcan un espacio tan descomunal? El choque ha esparcido basura espacial en todos los sentidos imaginables, mientras científicos y técnicos vuelven al punto de partida de sus conjeturas para explicarse lo ocurrido.

788 kilómetros más acá, pero mucho más acá, se producía otro episodio al que la prensa seria, formal, socialdemócrata, se refería prácticamente en los mismos términos. Se trata del "encuentro" del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real. Tal coincidencia es de lo más extraordinaria, pues de toda la geografía nacional han ido a toparse en un mismo punto geográfico de las Españas, y de sus atribuladas vidas, el acaecimiento se produce en el mismo instante, aquél en que Garzón ha atizado un sumario al partido rival del Gobierno al que pertenece Bermejo.

Por si fuera poca la serentipidad del caso, ambos, Garzón y Bermejo, dedicaban sus horas en común a la misma actividad: la caza. De animales, se entiende. Otrosí, al hecho fortuito vino a sumarse Juan Antonio González, jefe de la Policía Judicial, encargado de investigar la supuesta trama de corrupción del PP. Todo ello a un mes escaso de producirse dos elecciones que son más importantes para el PP que para cualquier otro partido, excepto el PNV. Como en el choque en el espacio, el encuentro cinegético entre Bermejo y Garzón ha producido polvo de estrellas, como no podía ser menos dada la condición de eadem del juez que veía amanecer.

Claro que, quizás, eso a lo que la prensa socialdemócrata llama "encuentro" sea más bien la primera escena de corrupsoe segunda parte, la vuelta de aquel reino de la corrupción de las instituciones que se extendió hasta ocuparlo prácticamente todo porque se sabía impune. La reunión es una demostración obscena de poderío, de podrerío. Cuando las instituciones no son el freno de los políticos sino su instrumento, la democracia se desvanece.

La gente no suele entender que los Estados no recoloquen a los parados y que permitan la existencia de "recursos ociosos" (fábricas que se cierran, maquinaria que no se utiliza, edificios deshabitados…). El clamor parece ser que los políticos nos salven la papeleta y que si las empresas no contratan y no producen, que lo haga el Estado. Es difícil para cualquier burócrata plantarse contra estas súplicas dirigistas del electorado; al fin y al cabo, se le juntan el hambre con las ganas de comer.

El problema es que las crisis son períodos en los que ciertas estructuras productivas se tienen que ajustar. En España, por ejemplo, tenemos que dar salida al exceso de viviendas, clausurar parte de los proveedores y clientes del sector de la construcción (cementeras, empresas de muebles, inmobiliarias…) e invertir en los sectores que liderarán la creación de riqueza en el futuro. Esto lleva su tiempo: las compañías no quiebran de la noche a la mañana, los inmuebles no pueden reutilizarse a menos que sus precios caigan y la creación de nuevos complejos empresariales toma su tiempo.

Cuando el Estado se pone a gastar en obra pública o a subvencionar a las empresas que atraviesan dificultades, todo el proceso anterior se retrasa aun más. Pensemos que los recursos que deberían recolocarse en otras actividades son ahora trasladados forzosamente por el Gobierno a actividades improductivas cuya única finalidad es aparentar que "se está haciendo algo", aunque sólo sea cavar agujeros para volver a llenarlos (o en su versión más moderna, construir piscinas o centros polideportivos). Puede que temporalmente el número de parados y de "recursos ociosos" se reduzca o no aumente tanto, pero sólo a costa de consolidar la crisis y el estancamiento económico.

Por supuesto, que una parte sustancial de la ciudadanía –embebida de catastróficas ideas keynesianas y de la propaganda intervencionista– demande esta especie de suicidio colectivo no justifica a los políticos que aprovechan la coyuntura para implementarlo. En casi todo el mundo estamos gobernados por incompetentes y oportunistas, pero España se lleva la palma en este ranking de la pauperización.

El Plan E aprobado por el PSOE es un claro ejemplo de cómo las intervenciones del Gobierno van a prolongar y agravar la crisis. Tal y como analizamos detalladamente en el cuarto boletín de coyuntura del Instituto Juan de Mariana, casi todas las medidas que incluye –y que en su mayor parte fueron aprobadas a mediados del año pasado– sólo servirán para aplazar la liquidación de las malas inversiones y para dilapidar los escasos ahorros de los españoles.

El Gobierno no logrará sacarnos de esta crisis tirando (o haciéndonos tirar) de chequera. Cualquier familia y empresa medianamente prudente está ahora mismo restringiendo sus gastos superfluos, amortizando parte de sus deudas y ahorrando tanto como sea posible por si vienen peor dadas en los próximos meses. Zapatero, con sus planes de sopa de letras, nos está forzando a lo contrario: gastar en servicios prescindibles (¿es necesario que a través de nuestros ayuntamientos volvamos a asfaltar las calles sólo porque el PSOE nos haya puesto en el bolsillo una millonada?) y endeudarnos a un ritmo acelerado.

El Plan E es un disparate que nos obstaculizará la salida de la crisis y que destruirá parte de la riqueza que generemos en un futuro. Una cosa es que la incompetencia y los prejuicios ideológicos del PSOE les aten las manos para adelgazar el Estado y liberalizar los mercados, pero al menos que no nos echen una tonelada de basura sobre nuestras espaldas. Si los Gobiernos no saben ayudarnos a superar la depresion, al menos que no nos arrastren hasta el fondo. Sería todo un detalle.