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Por la desaparición de la PAC

Johan Norberg comentó una vez que sólo quedan tres economías planificadas centralmente en el mundo: Corea del Norte, Cuba y la Política Agraria Común. La PAC es el conjunto de subsidios agrícolas, cuotas de producción e importación y aranceles con los que los políticos de la Unión Europea pretenden gestionar eficazmente la agricultura del continente y, claro, fracasan miserablemente en el intento.

Se supone que el objetivo es lograr que los trabajadores del campo no pierdan sus empleos por la insuperable competencia de los productos que vienen del Tercer Mundo. Sin embargo, según Oxfam, entre los mayores beneficiarios de estas ayudas están la reina de Inglaterra, el príncipe de Mónaco y la duquesa de Alba, títulos que no sugieren en principio actividad laboral alguna relacionada con el campo. Mientras, decenas de miles de explotaciones familiares cierran en España. No es que esto último sea necesariamente malo, pues probablemente resulten más productivos para la economía y reciban mayores ingresos dedicándose a otras actividades. Pero demuestra que la burra que se nos vende con la PAC no da la leche prometida.

El socialismo de todos los partidos ha hecho recientemente su aparición con este asunto. El Gobierno Zapatero logró que la Corte Europea de Justicia anulase la reforma de las ayudas al algodón, negociada por Moraleda y Espinosa nada más aterrizar en sus cargos. Y el Partido Popular exigió que se aproveche esta circunstancia para negociar mejores condiciones para los agricultores españoles del ramo. Por supuesto, nadie defendió la necesidad de eliminar por completo los subsidios, cuotas y aranceles que nos obligan a todos los consumidores españoles a pagar más caras las prendas de algodón que vestimos. Nadie tampoco pensó que ese ahorro permitiría a los españoles consumir más en otras cosas, beneficiando a las empresas que las producen, e invertir más en negocios más provechosos que ese de cultivar algodón en Murcia y Andalucía.

Los subsidios, de todo tipo, son como una droga. Adictos que podrían vivir perfectamente sin ella si no la hubieran consumido nunca, ahora no pueden concebir su existencia sin dosis cada vez mayores. De modo que si los subsidios no logran que los productos sean suficientemente baratos, se restringe la importación de alternativas del extranjero. Eso arruina los agricultores de los países pobres, que ya no pueden vender sus productos en los mercados protegidos. Debido a ello, muchos de ellos emigran para poder trabajar en esos países. Y por eso los gobiernos ponen barreras de entrada a la inmigración y dan millones de euros de los contribuyentes para aliviar la pobreza, que es "la causa" de la inmigración.

En definitiva, toda una carrera en la que las intervenciones políticas dan lugar a más intervenciones políticas que intentan resolver los desaguisados creados por las anteriores. Hay alternativas, no obstante. En 1984, Nueva Zelanda eliminó por completo los subsidios agrícolas, convirtiéndose en el único país desarrollado que carece de ellos, si exceptuamos por razones obvias ciudades estado como Singapur. Desde entonces, su producción agrícola ha crecido un 40%, creciendo también su porcentaje en el PIB del 14 al 17%. Su productividad ha crecido una media de un 6% anual, frente al 1% previo a la desaparición de las ayudas. Las razones de este éxito son sencillas: al verse en la intemperie del mercado libre tuvieron que adaptarse a él, reduciendo costes, diversificando el uso de la tierra y adaptándose a los cambios en la demanda. Como si fueran una empresa normal. Y es que la desaparición de la PAC no implicaría la desaparición de la agricultura en la Unión Europea, sólo su modernización y su adaptación a las necesidades del mercado. Y un ahorro considerable para nuestros bolsillos, naturalmente.

El estado policial de Solbes

En el caso del endurecimiento del control fiscal la excusa ha sido el terrorismo, la mafia o la especulación. Ninguna de las medidas del plan contra el fraude fiscal permitió disminuir las "enormes" calamidades que vaticinaba nuestro "salvador", pero sí que permitió aumentar más de un 370% las actuaciones sobre el IVA que afectan a pequeñas empresas y autónomos, también se investigó a 112.500 contribuyentes más, y el estado consiguió recaudar casi un 13% más que en el año anterior 2004 sin que nosotros hayamos notado mejoras individuales.

El objetivo de gobierno socialista no es más que el engorde de las cuentas del estado y de los políticos a cualquier precio. Ya lo dijo bien clarito el precursor de este asedio, Fernández Ordóñez, hace unos meses cuando aún era secretario de estado de Hacienda y Presupuestos: "queremos que se sienta el aliento de la Agencia Tributaria detrás del cogote (de los contribuyentes), pero no después de haber defraudado, sino antes". ¿Le suena eso que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad? A los socialistas también, pero lo han interpretado al revés.

No contentos con esta situación, Pedro Solbes, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, tiene un plan para seguir recaudando más a costa de nuestro trabajo y dinero. Para el año 2007 inflará el presupuesto de Hacienda para estar aún más presente en nuestras vidas. La primera medida consiste en aumentar el presupuesto de la Agencia Tributaria a 750 millones de euros, más 565 millones adicionales, para después comprarse 560 vehículos terrestres, 6 aviones, 6 helicópteros, 48 embarcaciones y más de 38.400 equipos informáticos. ¿Estado policial? Usted dirá.

El estado policial no es buen amigo del progreso económico ni de la libertad. Tal vez empieza a ser hora que los políticos españoles, después de ochenta años de políticas salvajes contra la propiedad y la libertad de las personas, empiecen a innovar un poco con un experimento que nunca han probado: renunciar a perseguir a la economía de las personas y empresas para dejarles respirar un poco. A Rusia le funcionó. Cuando estableció un impuesto de tasa única al 13%, la recaudación aumentó.

Que en la actualidad tengamos una economía sumergida del 23% es un claro síntoma de que la gente está cansada de tanta intromisión gubernamental. Está cansada de que los políticos, con la excusa de los muertos en las carreteras, lucha contra los sediciosos, los incívicos, los que fuman, los que beben, los que tienen coche, los que comen hamburguesas o los que no comen suficiente no hagan más que sacarnos dinero y dinero culpándonos, encima, a nosotros de ser egoístas y antisociales por no dejarnos saquear y querer hacer uso legítimo de nuestra libertad.

El bienestar de la gente no se consigue con el bienestar del estado ni con estados policiales, porque si el gobierno sigue siendo rico a más no poder, eso significa que nosotros seguiremos siendo pobres a más no poder.

Un país sin humo, un individuo sin libertad

Imagínese por un momento que me invita a comer a su casa. A la hora de servir el café usted, que es fumador, se dispone plácidamente a disfrutar de un cigarrillo a modo de postre, colmando así sus ansias adictivas de nicotina. Ante tal repugnante gesto yo, como acérrimo militante del "movimiento antitabaco", peor incluso que la Milá, me levanto raudo y veloz de mi asiento dispuesto a exterminar, de modo fulminante, el foco de contaminación e ignominia que implica tal nocivo producto. El pitillo en cuestión acaba en mis manos y, de seguido, permanece inerte en un cenicero.

 A través de este acto, totalmente inesperado por su parte, he visto satisfecho mi orgullo al creerme, ilusoriamente, poseedor de una moral legítima superior a la suya. Al fin y al cabo, le he salvado la vida. Soy, pues, un héroe. Me proclamo su protector porque he evitado un vicio autodestructivo que le conduciría, probablemente, a un horrendo y doloroso fin… ¿o no? Pues no.

Lo más normal es que usted, acto seguido, me eche de su propiedad de forma inmediata, y con toda razón no me volvería a invitar, ante el insulto propio de mi conducta y la vulneración de su más íntima libertad. La cuestión radica en que, si bien yo no estoy legitimado para efectuar este acto inadmisible, el Estado, sin embargo, sí lo está. El Gobierno, es decir, nuestra clase política, por el mero hecho de haber sido elegida democráticamente a través de elecciones, se arroga ciertas potestades que, en ningún caso, estaríamos dispuestos a permitir en nuestros semejantes. El Estado actúa así cual "padre protector" de la ciudadanía, pues los individuos a su cargo parecen carecer de la conciencia necesaria para saber lo que les conviene. ¿No resulta arrogante?

Pero no seamos ingenuos. En este caso, no se trata de un padre comprensivo y generoso que, mediante consejos y experiencias, trata de orientarnos de buena fe por el buen camino. Más bien al contrario: prohíbe y coacciona nuestros actos legítimos a través de castigos, sanciones y amenazas. La Ley, cuando es creada arbitrariamente en función del mero color político, sirve como un instrumento de poder al servicio de la clase gobernante en detrimento de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Al carecer de ciertos límites infranqueables, el Estado, creador de Ley, crece al tiempo que la sociedad encoge. El Estado lo es todo y el individuo nada.

Coincidiendo con la entrada del nuevo año, el Pleno del Congreso aprobó la denominada Ley Antitabaco, una de las normas más restrictivas vigentes en Europa. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, afirmó entonces que dicha medida suponía un "avance fundamental" en la defensa de la salud pública. ¿Desde cuándo la salud es pública? ¿Acaso tal concepto se puede adscribir a un sujeto colectivo? Jamás han escuchado mis oídos que la sociedad padezca una diabetes o que, por culpa del frío otoñal, padezca gripe y le haya subido la fiebre o provocado un estornudo. ¿Se imaginan a la sociedad estornudando? Yo, desde luego, no.

Señora ministra, la enfermedad es un fenómeno presente en los individuos y, por desgracia, forma parte de la naturaleza humana. La salud constituye pues un objeto individual, no colectivo. Se trata de un concepto privado, no público. Es cierto que el tabaco es perjudicial para la salud de las personas, que no de las sociedades, y que provoca graves enfermedades que pueden conducir a la muerte. Es cierto que se trata de una droga altamente adictiva, llegando incluso a superar a la heroína, según indican numerosos estudios clínicos. Las autoridades suelen aducir además que acrecienta en gran medida el gasto sanitario a raíz de los numerosos problemas que acarrea su consumo. Estas y otras razones, como el derecho de los no fumadores a no verse perjudicados por el humo de otros, han constituido el argumentario sobre el que legitimar la intervención regulatoria del Estado en este ámbito.

Sin embargo, este discurso falaz y genuinamente demagógico, adolece de ciertas carencias que por lo común se ignoran y rara vez son aducidas. Para empezar, todo individuo es propietario natural de su cuerpo y mente –es lo que el liberalismo clásico denomina propiedad original– y, por ello, puede disponer de ambas con plena libertad en el modo y forma que estime más conveniente para sus intereses. Si una persona decide fumar está en su pleno derecho y, en consecuencia, dispone de libertad para ello siempre y cuando no perjudique a otros con su conducta. En este sentido, existen informes médicos que niegan o, al menos minimizan, el riesgo real que, para la salud de los denominados "fumadores pasivos", comporta el inhalar el humo del tabaco disperso en el ambiente. De hecho, mucho más grave es la contaminación atmosférica producida por los gases de los vehículos, y no por ello se prohíbe circular por la ciudad.

Por otro lado, resulta paradójico que el tabaco constituya una droga legal cuando provoca miles de muertes al año. Si se trata de un veneno tan dañino, siguiendo la misma argumentación lógica, ¿por qué no prohibir su venta? La respuesta es evidente, gracias a este producto el Estado recauda miles de millones de euros a través de impuestos indirectos que gravan específicamente al fumador. Una suculenta suma a la que los políticos no están dispuestos a renunciar tan fácilmente. De hecho, la estrategia a seguir en el futuro más inmediato pasa por aumentar el gravamen de dicha sustancia, engordando así el volumen de las arcas públicas.

Esta última razón explica por sí sola la falacia del gasto sanitario. Es evidente que las enfermedades derivadas del consumo de tabaco son altamente costosas, pero no debemos olvidar que el fumador cotiza a la Seguridad Social, al igual que todo contribuyente. Es más, paga un porcentaje de impuestos mucho más elevado que el no fumador debido a su propio consumo, con lo que su posible coste sanitario quedaría plenamente cubierto. La permanente crisis de nuestro sistema sanitario se debe a factores muy diferentes. Ahora bien, si lo que se pretende es desincentivar el hábito del tabaco, mucho más eficiente sería establecer un sistema sanitario privado en el que el fumador se viera obligado a pagar cuotas más elevadas por su seguro médico, debido al elevado riesgo que comporta para su salud. De este modo, podría evaluar sus costes. Y es que, desde la óptica liberal, el ejercicio de la libertad está inherentemente unido al sentido de la responsabilidad: cada cual ha de ser responsable de sus actos.

Sin embargo, el ámbito más polémico y controvertido de la ley que nos ocupa es la prohibición de fumar en ámbitos meramente privados, tales como los lugares de trabajo o los locales de ocio que superen los 100 metros cuadrados de superficie. Estos últimos estarán obligados a habilitar zonas separadas para fumadores y no fumadores, teniendo que asumir el gasto que ello supone. El Estado, nuestro "omnipotente padre protector", usurpa así la libertad del legítimo dueño. Es una violación manifiesta del derecho a la propiedad privada. Decide el político, no el propietario. Lo curioso es que los locales menores de 100 metros, al no verse obligados por la ley, han decidido abrumadoramente –casi en un 95%– permitir fumar en sus establecimientos. Pero la razón del Estado siempre ha de imponer su superior criterio por encima de las preferencias de los individuos: la ministra Salgado ha declarado recientemente que, en caso de continuar esta "intolerable situación", tomará medidas para ampliar la prohibición de no fumar a todos los establecimientos hosteleros y de ocio del país.

Mientras tanto, las postales que se venden en los quioscos, no tardarán mucho en retratar una estampa surrealista, impensable hasta hace poco: decenas de trabajadores se hacinan a las puertas de sus lugares de trabajo para apurar las últimas caladas bajo la lluvia y el frío invierno… No sé si habrá menos humo, pero sí menos libertad.

El profesor Franz de Copenhague

Dicen que las cosas que se aprenden de niño "hacen madre", como el vinagre, y te influyen de una manera o de otra durante el resto de tu vida. A mí me pasa eso con el TBO. Entre otras cosas, recuerdo "Los inventos del TBO por el profesor Franz de Copenhague". Como apunta Joan Valls, este científico de reputación internacional nos enseñó que a partir de un resultado es posible crear un mecanismo. No hay más que echar una ojeada a sus inventos para entender la relevancia de esa afirmación.

Joan Valls defiende la idea de que el partido que nos gobierna padece el "síndrome del profesor Franz de Copenhague". Y con toda probabilidad acierta en su diagnóstico. Valls explica que, a partir del inesperado ascenso al poder después del atentado del 11-M, el PSOE ha desarrollado un complicado mecanismo para justificar sus actuaciones. Las regularizaciones de los inmigrantes, los contactos con bandas terroristas, el separatismo y la cesión frente a grupos de presión de cualquier pelaje, no son sino partes del fantástico artefacto creado por Zapatero para despistar a la ciudadanía y demostrar, si nada lo remedia, que hay un único sol en el firmamento, y está a la izquierda.

Mi única pega a Joan Valls es que se queda corto. En realidad, hay muchos hijos intelectuales del profesor Franz de Copenhague por ahí sueltos. La estructura del Estado progresista-reformista-socializante-solidario (me caso con todos y no estoy con ninguno) es un invento del profesor Franz de Copenhague. También lo es la Unión Europea, cada vez más grande y con menos identidad, si alguna vez la tuvo. Y por unir ambos ejemplos, ¿qué decir de nuestro sistema de enseñanza y de lo que va a ser de él después de la reforma de Bolonia?

Pero, si vamos un poco más allá, nos daremos cuenta de que, detrás de las gafas del profesor Franz de Copenhague, detrás de las cejas puntiagudas de Zapatero, más allá de Bolonia, no hay sino una masa de información invisible y estructurada que se comporta como un virus clonándose en las mentes de propios y ajenos sin pedir permiso. El mecanismo del profesor Franz de Copenhague no es absurdo, tiene una intención perversa que no es evidente.

La declaración de Bolonia se abre con la siguiente afirmación: "Gracias a los extraordinarios logros de los últimos años, el proceso Europeo se ha convertido en una realidad importante y concreta para la Unión y sus ciudadanos". Y sigue más adelante: "Puesto que la validez y eficacia de una civilización se puede medir a través del atractivo que tenga su cultura para otros países, necesitamos asegurarnos de que el sistema de educación superior Europeo adquiera un grado de atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias tradiciones culturales y científicas."

¡Cualquiera dice que no! Una ojeada al lenguaje empleado nos da alguna clave: extraordinarios logros, realidad concreta y relevante, la Unión y sus ciudadanos (que, por lo visto, son cosas distintas). Pero lo mejor está en el segundo párrafo: validez, eficiencia, cultura y civilización. No está mal para vender una reforma del plan de estudios universitarios. Esas cuatro palabras representan el resultado del invento. El mecanismo es, no solamente complicado, sino también dañino e irreversible.

La Unión Europea, esta vez sin sus ciudadanos, reunida en Lisboa (2000) y Praga (2001), va diseñando el malévolo montaje y, en el año 2003, lo exhibe en Berlín, para ir abriendo boca. En el comunicado ministerial se afirma que el objetivo es hacer de Europa "la economía, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo capaz de sostener el crecimiento económico con más y mejores trabajos y mejor cohesión social".

Cambio de matiz: economía competitiva y dinámica, crecimiento económico sostenible, cohesión social. Esto ya lo conocemos por los periódicos, las ruedas de prensa, los programas políticos… nos sabemos la lección. En Bergen (2005) se afianza la dimensión social, y los demás conceptos que se transmiten tanto a las instituciones nacionales y locales como a los medios de comunicación: atractivo, calidad, movilidad, competitividad. Una monada.

Pero a la vez, como quien no quiere la cosa, se teje una red institucional tan cara como para que la única decisión racional sea mantenerla con la esperanza de que aquello finalmente funcione. Además de la Comisión Europea, están implicados la Asociación Europea de Universidades (EUA), la Asociación Europea de Garantía de Calidad de la Educación Superior (ENQA), la Asociación Europea de Estudiantes Universidades (ESIB), la Asociación Europea de Instituciones de Enseñanza Superior (EURASHE), el Consejo de Europa, la Estructura Pan-europea de Educación Internacional y las Confederaciones de Sindicatos de Industria, si bien algunos de ellos tan solo con funciones consultivas. ¡Y aún no se ha aprobado nada!

Demos una vuelta de tuerca más, por nuestros quinceañeros, los futuros universitarios de Bolonia. Una nueva red paralela se despliega reunión tras reunión, cada dos años: la Estructura de Reconocimiento de Cualificación, que trae de la mano agencias nacionales, oficinas de información, oficinas de expedición de certificados, todo por duplicado, porque además de reconocer la cualificación educativa, hay que reconocer la vocacional. Se trata de la Regulación de las Profesiones que pretende facilitar la movilidad laboral (el terrible Europass). Añádase a todo ello buenas dosis de proyectos europeos subvencionados y viértase en los presupuestos del Estado.

¡Cuánto amigo colocado! ¡Cuánto edificio oficial, gastos de representación y chiringuito montado! ¡Cuántos intereses creados en torno a la extraordinaria diversidad cultural y científica de Europa! ¡Qué ocasión tan estupenda para que el gobierno de turno intervenga las carteras de los ciudadanos! Pero no importa, la vitalidad y eficiencia de nuestra civilización merece este gasto y más.

Un mecanismo digno del profesor Franz de Copenhague. Sólo falta que suene la flauta y funcione. Me tiemblan las piernas.

Stallman: lo mejor es enemigo de lo bueno

El objetivo es reducir el número de patentes idiotas que se dedican a apropiarse de innovaciones hechas por otros, aprovechándose tanto de la posibilidad de patentar ideas en Estados Unidos como de los perversos incentivos que tienen los examinadores, y que provocan que no dediquen mucho tiempo a examinar cada propuesta.

Richard Stallman, quién si no, ha arremetido contra esta iniciativa. Para el padre del software libre la única solución es la abolición de las patentes y cualquier proyecto que se quede a medio camino puede "aliviar la presión" necesaria para alcanzar este objetivo. El mayor peligro son "las patentes que no son absurdas, para las que no existe ‘arte previo’". Sin embargo, el OSDL reconoce que el objetivo a largo plazo es acabar con las patentes de software, pero que pretenden "trabajar en una solución práctica hoy que no espere a una abolición genérica de las patentes de software".

Esta polémica refleja las dos visiones existentes sobre el software libre, dos visiones que reflejan en cierta medida las que existen en general sobre la manera de ver al hombre y al mundo. Una estima que el hombre y el mundo son imperfectos por su propia naturaleza, y que por tanto las soluciones a los problemas sociales nunca son completas, siempre tienen defectos y lo que debe evaluarse es si las ventajas de adoptarlas superan a éstos. La otra considera que tanto el hombre como el mundo son perfectibles, y que esas soluciones parciales son en realidad obstáculos que nos distraen en el camino hacia esa perfección, que se alcanzará cuando la gente comprenda de verdad la necesidad de adoptar soluciones completas y la apoye con todas sus consecuencias.

Para ser justos con Stallman, él también hace uso de la primera clase de argumentos, al indicar que en las oficinas de patentes interpretan los ejemplos previos de la forma más débil posible y que en los juzgados tienden a no reexaminar los casos de arte previo que ya fueron evaluados en la petición de patente, por lo que el proyecto podría ser incluso contraproducente. Diane Peters, del OSDL, no está de acuerdo en eso, porque durante el examen aún no existe la patente y es más sencillo ofrecer pruebas para que se eche para atrás o se limite su ámbito, mientras que cuando el caso llega a los juzgados quienes deben probar que tienen razón son aquellos que plantean que la patente es inválida, porque se asume que es válida a priori. Y eso sin contar los costes que defenderse en uno de estos casos, inasumibles para desarrolladores individuales de software libre.

Ese es el tipo de argumentos que me gustaría ver más en Stallman, aunque sean equivocados. Sin embargo, sospecho que ni son su fuerte ni lo serán nunca. Las discusiones en torno a la nueva versión de la licencia GPL, a cargo de la fundación de Stallman y que emplea en su encarnación actual un gran número de desarrollos de software libre, Linux incluido, así lo parecen indicar. Empresas comprometidas con el mismo y hasta Linus Torvalds expresan sus reticencias porque mientras la versión anterior "nos permitía a todos simplemente trabajar juntos sin hacer de ello una religión", ésta no lo hace, por lo que no la adoptarán.

Es posible que muchos proyectos se dividan en dos (uno con la licencia actual y otro con la nueva, cuando la aprueben), dividiendo los esfuerzos de la comunidad del software libre. Sin embargo, esa nueva licencia corresponde a la visión de Stallman, que desea impidir que el software libre se emplee para determinados fines que considera equivocados. Pero no se corresponde con la visión de quienes piensan que las propuestas deberían aliviar más problemas de los que crean. Normal que el creador de Linux no se apunte al carro.

La moda no tiene dueño

El Congreso de Estados Unidos está considerando proteger mediante copyright los diseños de moda, desde los vestidos a los zapatos pasando por los cinturones y las monturas de las gafas. Los diseñadores arguyen que el plagio de sus diseños, antes incluso de que aparezcan en el mercado, amenaza su modelo de negocio, y reclaman un monopolio legal de tres años sobre estas invenciones.

Un argumento similar, no obstante, podrían esgrimir los filósofos o los economistas para reivindicar un copyright sobre sus ideas. ¿Por qué un diseñador tendría que poder patentar su diseño y un científico no puede patentar su nueva teoría de la evolución? ¿Cuál es la diferencia entre patentar un diseño de moda y patentar el teorema de Pitágoras, la teoría de la relatividad o el argumento de la última película de Shyamalan? Si el inventor del supermercado, de la rueda o de la escalera hubiera patentado esta idea, ¿hubiéramos dicho que sólo estaba protegiendo una idea de su propiedad o más bien le hubiéramos acusado de protegerse de la competencia? ¿Aspira el lobby de los diseñadores a defender su legítima propiedad o a lucrarse injustamente protegiéndose de la competencia? De hecho, la legislación de patentes y copyrights está tan alejada de su propósito oficial que hay compañías que simplemente se dedican a patentar "invenciones" y a cobrar royalties sin producir nada, o lo que es lo mismo, a lucrarse extorsionando a las empresas que sí producen en base a esas ideas.

Desde una perspectiva liberal se entiende que un individuo deviene propietario de un recurso cuando lo ocupa o le da uso en primer lugar (o cuando lo recibe voluntariamente de un tercero), teniendo entonces derecho a hacer con él lo que quiera en tanto no invada la propiedad ajena. De acuerdo con la lógica del copyright, sin embargo, basta con concebir un modo distinto de emplear un recurso para que un individuo cualquiera devenga propietario parcial del mismo, sin necesidad de haberlo ocupado o usado en primer lugar ni recibido de un tercero. Veámoslo con un ejemplo: imaginemos que Miguel ocupa una parcela yerma de tierra y la cultiva; deviene propietario de esa parcela. Sin embargo, un individuo en la otra punta del país, Pedro, que jamás ha puesto los pies en esa parcela, concibe el cultivo de regadío. La lógica implícita en el copyright sugiere que Pedro, en virtud de su invención, adquiere un derecho de propiedad parcial sobre la parcela de tierra de Miguel, esto es, un derecho a impedir que Miguel aplique esta técnica de cultivo en su parcela de tierra. Con respecto a la acción de utilizar un sistema de riego Miguel ya no es propietario de su parcela, pues no puede aplicar este sistema sin el permiso de Pedro. Pedro puede impedir a Miguel (y a todos los propietarios de parcelas de tierra) la aplicación de su idea a pesar de que Miguel ha sido el primer ocupante de la parcela y Pedro nunca ha puesto los pies en ella. ¿Acaso no está invadiendo Pedro la propiedad de Miguel, al impedirle que haga lo que quiera con la parcela que ocupó en primer lugar?

Imaginemos, aunque sea inverosímil, que Pedro llegase a concebir todos los usos posibles del hierro o del acero y patentara estas ideas. En semejante escenario nadie que tuviera estos metales podría darles ningún uso sin el permiso de Pedro, luego de facto Pedro se habría apropiado de todo el hierro o el acero del mundo sin siquiera tocarlo. ¿O deberíamos decir expropiado? Lo mismo, a pequeña escala, sucede con las patentes y los copyrights sobre un uso concreto de un recurso.

¿Por qué la propiedad intelectual entra en conflicto con la propiedad privada tradicional? Porque estos conceptos se refieren a bienes de distinta naturaleza: bienes no-escasos (ideas) y bienes escasos (recursos tangibles), y puesto que las ideas se plasman en recursos tangibles, la propiedad sobre las ideas implica un derecho de propiedad sobre los recursos en los que se plasman. Dicho de otro modo, el propietario de los recursos tangibles ya no es su primer ocupante, tal y como estipula el concepto tradicional de propiedad, sino el que concibe un modo distinto de utilizar ese recurso.

En el caso de la moda, ¿qué tiene de ilegítimo que, tras ver el diseño de un vestido en una pasarela, en un escaparate o por la calle, lo reproduzca luego con telas de mi propiedad? ¿Los derechos de quién infrinjo al plasmar en telas de mi propiedad esa información que ya está en mi cabeza? Zara o H&M hacen eso mismo cuando reproducen los diseños de otras marcas más caras. ¿Debe un diseñador convertirse en propietario parcial de todas las telas del mundo por el mero hecho de idear una forma distinta para una tela? Por otro lado, los inventos rara vez son cien por cien originales, sólo una pequeña fracción de una idea es original, el resto se toma prestado de ideas anteriores. El diseñador, por tanto, estaría patentando una idea como si hubiera surgido entera y nítidamente de su intelecto, cuando en su mayor parte bebe de diseños anteriores, así como del arte, la historia y aquello que le rodea.

El argumento de que el copyright incentivaría la creación no parece tener mucho fundamento. La industria de la moda es una de las más innovadoras, probablemente debido esta práctica de trabajar sobre la ideas de otros y reinventar diseños de forma constante. Un copyright de tres años quizás incentivara a los diseñadores antes de registrar sus diseños (para hacerse con el pastel), pero desincentivaría la creación durante esos tres años (pues tendrían el pastel garantizado). Lo cual sugiere que los diseñadores apelan al Estado, no para incentivar la innovación, sino para conseguir prebendas y lucrarse restringiendo la competencia.

El valor del papel moneda

En la Teoría del dinero y del crédito Ludwig von Mises se enfrenta y resuelve la siguiente aparente paradoja: el dinero es demandado no por lo que es en sí, sino por lo que éste puede comprar. Pero para poder comprar algo con él, el dinero tiene que ser demandado en primer lugar. Mises, siguiendo a Menger, advierte que en su origen el dinero tiene que ser algo que tenga un valor intrínseco, una utilidad directa, para ser demandado. Más tarde, la gente irá teniendo más y más en cuenta el valor de cambio de ese activo, más que la propia utilidad directa que el mismo puede reportarle. Así Mises articula el teorema regresivo del dinero: el dinero se demanda hoy por la experiencia histórica de lo que ha venido pudiendo comprar últimamente.

Mises aplica ese teorema para explicar el fenómeno del papel moneda o “dinero fiat“, aquel medio de cambio generalmente aceptado que no es una mercancía, ni un título representativo de una mercancía, sino un papel que jurídicamente no obliga a nada a su emisor. Así, argumenta que el papel moneda es en su origen un título-valor que representa la obligación de su emisor de entregar una determinada cantidad de metal precioso a su presentación. Poco a poco la gente se acostumbra a utilizar los billetes como dinero hasta que, en un determinado momento, el emisor incumple su promesa. Pero la gente lo sigue utilizando porque tiene costumbre de hacerlo y la memoria del poder de compra que hasta entonces ha tenido. Pero esta explicación es como poco incompleta y en términos generales inexacta. Sobre la base del libro de Hayek La desnacionalización del dinero y de los escritos de Benjamín Anderson, otro autor austriaco, proponemos una explicación alternativa y esperamos que más completa.

El papel moneda al principio fue una deuda. Dicha deuda podía ser reembolsada a la vista (billete de banco) o en un momento futuro con devengo de intereses (letra o pagaré). Como deuda, el billete mantenía su convertibilidad cotizaba cerca de la par, mientras que la letra o el pagaré tenían un precio que coincidía con el valor actual de los cobros a que daba derecho. En determinados momentos de la historia, el emisor del papel moneda, no pudiendo o no queriendo cumplir sus compromisos, declaraba la inconvertibilidad de su papel; es decir, la suspensión del pago de sus deudas. Además, amparándose en el poder coactivo del estado, declaraba que ese papel era dinero y tenía poder para saldar las deudas.

Es posible que la gente menos perspicaz no advirtiese el sustancial cambio en la naturaleza del papel. Pero es evidente que gran parte de la gente sí habría advertido el cambio. ¿Por qué habrían de seguir utilizando mala moneda cuando existía una buena, si la gente acepta el dinero como pago precisamente porque éste no se deprecia? La explicación es que, aunque el valor del papel moneda caiga al suspender la convertibilidad, el emisor emplea varios instrumentos para que se mantenga alto y se siga empleando en los intercambios.

  • Los activos del Banco del Estado y también del resto de bancos del sistema.
  • El poder discrecional de dictar leyes y decretos. Normalmente el papel moneda irá acompañado de la prohibición de tener, intercambiar libremente o exportar oro y divisas; de la obligación de informar y en su caso “repatriar” las inversiones en el extranjero; de la declaración de nulidad de las cláusulas valor oro en contratos presentes y futuros así como del establecimiento del curso forzoso (la obligación de aceptar el papel como pago de las obligaciones).
  • Los activos de los súbditos del país que pueden ser expropiados vía impuestos.

Son estos mecanismos en manos del emisor los que dan contenido y valor al papel moneda. La prohibición de tener oro y divisas permite eliminar, por un lado, al más potente competidor a la hora de servir como dinero y, por otro, permite aumentar las reservas del banco emisor al obligar a ceder los que ya se poseen a un precio ridículo. La prohibición de exportar oro constituye un intento de impedir que los súbditos reaccionen ante el establecimiento del precio máximo del oro expresado en términos de papel moneda enviándolo fuera. Por último, la declaración del curso forzoso es el intento de dotar de valor al papel moneda a través de la fuerza de las pistolas. Si el papel no está respaldado por los propios activos, que sean los activos de otros los que se lo den.

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Las manipulaciones económicas del PSOE

Uno de los gritos de guerra de Zapatero antes de llegar al gobierno era crear "un gobierno que no intervenga en la economía". Esta breve oración, aparentemente liberal, hizo que se escribiera mucho sobre lo que sería la futura política económica del gobierno, tanto en España como fuera. Los ingenuos periodistas e intelectuales que lo hicieron olvidaron que en un político jamás se puede confiar.

Con el tiempo hemos visto como la presunta "neutralidad" económica del gobierno ha intentado liquidar al presidente del BBVA, Francisco González; ha introducido a un amigo de Solbes, Manuel Conthe, como presidente de la CNMV; ha colocado recientemente a un socialista reconocido como gobernador del Banco de España para tener todos los órganos reguladores bien controlados; intentó echar a César Alierta de Telefónica, con el cual, ZP al final negoció reestructurar el Consejo y Dirección General de la empresa; introdujo a Narcís Serra como presidente de Caixa Catalunya sustituyendo a Antoni Serra Ramoneda que llevaba 20 años en el cargo; y ha hecho todo lo posible para favorecer la compra de Endesa por parte de Gas Natural. Y todo esto en sólo dos años: todo un record para alguien que quería hacer un gobierno que no interviniera en la economía.

Con la forzosa claudicación de ZP ante Alemania y la Unión Europea alguien podrá pensar que el presidente ha abandonado su letal intromisión, pero desgraciadamente no es así. Para empezar, una de las intenciones de Zapatero es borrar de la empresa resultante de la OPA de E.On sobre Endesa a Manuel Pizarro, algo que parece contradecir la voluntad de la eléctrica alemana, que quería mantener la "españolidad" durante un tiempo y respetar los cargos más destacados para no tener más conflictos.

Están corriendo muchas noticias sobre nuevas intromisiones gubernamentales para favorecer a ciertos grupos de presión que cobran cada vez más fuerza con los comentarios y movimientos de las empresas afectadas. Es cierto que, una vez finalizada la OPA de E.On sobre Endesa que el mercado en Alemania ya ha empezado a descontar, el resto del sector energético podría quedar en la mira de cualquier empresa extranjera, algo que horroriza al gobierno socialista. Pero no se engañen, no es porque se pierda "la españolidad" sino porque siendo empresas foráneas las que controlan el mercado es más difícil para el estado manipular a tales firmas. Así, parece que los socialistas quieren apostar por una gran fusión como hizo Francia (otro ejemplo de "neutralidad económica") con Gaz de France y Suez, que en el caso español sería la posible trifusión entre Repsol, Iberdrola y Gas Natural, aunque según algunas fuentes, La Caixa querría dejar calentando en la banda a Repsol por el momento. Otra vez, a los políticos les sirve apelar al corazón con la excusa de "la españolidad" para intervenir en el mercado de forma partidista e interesada en lugar de dejar fluir libremente las decisiones de los accionistas y empresas. El consumidor, como siempre, se encuentra cautivo y perjudicado ante la omnipotencia gubernamental.

Pero eso no es todo. Con la entrada del nuevo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, también conocido como MAFO, el gobierno puede retomar su campaña de acoso y derribo al BBVA. Recordemos que la primera tentativa de los socialistas contra Francisco González fue un intento de OPA por parte de Sacyr-Vallehermoso sobre el banco, algo que dejó desconcertados a todos los analistas: una modesta constructora se quería comer al segundo banco de España, banco que tiene además un considerable peso internacional. En ese momento el ataque fue parado por el antiguo gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, pero con MAFO ahora a la cabeza del mismo los socialistas tienen fácil eliminar al presidente del BBVA del panorama bancario. Evidentemente éste, como ya hizo en el primer ataque, no se dejará derrotar y está buscando aliados para fusionarse. Las dos entidades que más suenan son Société Générale y muy especialmente el HSBC. De unirse el BBVA con el HSBC se crearía un auténtico gigante financiero con un potencial inmenso ya que HSBC es muy fuerte en los países asiáticos y el BBVA en los países latinoamericanos. Sin duda es lo mejor que le podría pasar al BBVA y a sus accionistas.

¿Y cómo se defiende ZP de estas vergonzantes acciones? Respondiendo que estos temas, donde todos –trabajadores, accionistas y consumidores– somos víctimas del gobierno, sólo preocupan a unos cuantos. No nos engañe más señor presidente: preocupan al bolsillo de 44 millones de personas.

Liberalismo contra neoliberalismo

Suficientes veces se ha dicho ya que el neoliberalismo es una forma despectiva de llamar al liberalismo. En realidad no hay ninguna escuela económica que se defina a si misma como neoliberal. Intelectualmente es un error, pero a pesar de ello muchos grupos anticapitalistas usan el término para definir un fenómeno político, y no económico, que aparentemente conlleva un mayor grado de libertad al mercado. Por ejemplo, se puede leer la definición de Wikipedia para ver las barbaridades que expone.

Los grupos anticapitalistas suelen estar contra el neoliberalismo porque favorece las grandes instituciones políticas supranacionales como el FMI, Banco Mundial, bancos centrales, lobbies empresariales, etc. en detrimento de la sociedad civil. Curiosamente, los liberales compartimos, en líneas generales, el mismo principio.

El gran problema es la tergiversación que han sufrido algunas palabras en el siglo XX, como ya nos había avanzado el economista Friedrich A. von Hayek refiriéndose a expresiones como “democracia”, “igualdad” o “liberalismo”. En realidad se suele confundir el término “neoliberalismo” con el de “capitalismo corporativista” o “capitalismo corporativo”, que es uno de los rasgos esenciales de la economía del fascismo impulsada principalmente por Benito Mussolini.

Para James Ostrowski, el capitalismo corporativista es “privar a las personas de su libertad y concentrar el poder en manos de unas pocas organizaciones [políticas y privadas]”. Fíjese que para muchos, redactores de Wikipedia incluidos, neoliberalismo entra perfectamente en la definición que nos proporciona Ostrowski.

El avance del capitalismo corporativista lo vemos de forma clara cuando el gobierno proclama estar privatizando. El gobierno no tiene interés alguno en otorgar libertad al ciudadano ni a la sociedad civil, sino al revés, por eso esclaviza al ciudadano con leyes innecesarias, hace lavados de cerebro masivo que llama “campañas de concienciación” y emprende guerras que eufemísticamente llama “misiones de paz”, enviando “tropas de pacificación”.

La liberalización que practica el estado simplemente significa despojarse de cierta participación estatal de una empresa semi–privada o introducir a dedo otras empresas en un sector considerado monopolístico, pero manteniendo siempre su control gubernamental. Esto no es liberalizar porque la presión gubernamental sigue siendo feroz y, por tanto, el mercado sigue sin ser libre. Liberalizar significa eliminar la intervención del estado de sectores enteros: abolir leyes, impuestos, barreras de entrada, etc. Como afirma Ostrowski, la “liberalización” que practica el estado no es más que “concentrar el poder en manos de unos pocos”; no es ningún cambio de paradigma, sino un maquillaje que oculta el mismo monopolio anterior bajo una ilusión de competencia. En España tenemos como muestra la partidista liberalización de las comunicaciones o la de la energía, que ha dejado el panorama peor que antes ya que se ha regulado aún más.

La creación de competencia no es un fin, sino una consecuencia de la libre iniciativa del mercado y orden espontáneo de los actores económicos, ya sean consumidores, accionistas o empresarios. Crear competencia de forma artificial, mantener la legislación económica, crear comités para–estatales como la CNE, la CMT, tribunales de la competencia y colocar “a dedo” amigos del gobierno en las empresas privadas no significa más libertad para el consumidor, empresario ni accionista, sino más poder para el estado de forma indirecta u oculta. La reciente disputa por la OPA de Endesa ha sido una muestra ejemplar.

Si el gobierno controla aunque sea la más pequeña parte de la actividad económica privada, eso siempre será capitalismo corporativista, por más que algunos se empeñen en inventar palabras carentes de sentido como neoliberalismo.

Malditos fumadores

En exclusiva primicia, ofrecemos a nuestros lectores un extracto del manifiesto del Gobierno que seguro es de interés general:

"Bajo el mandato del insigne Rodríguez Zapatero, se ha conseguido uno de los avances sociales más relevantes de los últimos siglos en este país, antes llamado España.

El consumo del tabaco mengua y mengua, gracias a la legislación que se ha promulgado.

Los estanqueros apenas venden. Los bares de menos de 100 metros cuadrados que tenían la potestad, graciosamente concedida de optar entre dejar fumar o prohibírselo a sus clientes, han decidido apostar por un ambiente sano, sano.

Los fumadores recalcitrantes han muerto por las toxinas inhaladas. Y los pocos que quedaban que no militaban en la derecha reaccionaria, se han convertido, como se les exigía.

Por eso, en este segundo año triunfal en el que celebramos la victoria frente a las hordas de la carcundia, no podemos por menos que mirar al horizonte y jactarnos de que el futuro es de nuestros jóvenes, musculosos y sanos, altos y altas que crecen en un Estado que tiene como uno de sus fines, el de proteger a los ciudadanos de si mismos.

Esta tarea es francamente difícil. Pero, sin duda, estimulante. Y como todo esfuerzo es preciso para seguir en este empeño, se ha tomado la determinación de castigar a los que contaminan a sus hijos con el humo del tabaco.

Esa gentuza deberá pagar por semejante crueldad intolerable, equiparable al maltrato.

A partir de hoy, quien fume delante de sus hijos, perderá la patria potestad. Directamente, su cónyuge/cónyuga estará obligado a divorciarse de su pareja/parejo y obtendrá la custodia de sus hijos/hijas para evitar que la polución alcance a los pulmones infantiles.

Nos congratulamos de una medida que no dudamos que obtendrá el apoyo de todos los ciudadanos/as que habitan en esta Tercera República…

Por la paz y el socialismo

Firmado, Rodríguez Zapatero"

Les rogamos comuniquen a sus amigos y familiares esta buena nueva que desde aquí suscribimos, palabra por palabra porque la salud prima sobre la libertad. ¿O no?