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Nos hemos referido muchas veces en esta sección al  fenómeno de la anarquía entre los distintos elementos políticos y administrativos que componen un estado, pero no nos hemos referido nunca a las consecuencias en forma de políticas públicas de tal anarquía. En estos últimos días hemos asistido a la promulgación tanto a nivel europeo como español de una serie de normas referidas al consumo energético. Desde regular la temperatura de los aires acondicionados a la definición de un nuevo mix energético verde, que incluye al gas y a la energía nuclear por parte de las instituciones europeas.

Pero muchas de estas políticas se contradicen entre sí y se anulan unas a las otras. Ello muestra que la capacidad de cálculo interno dentro de las propias organizaciones estatales, en especial las que pretenden abarcar más como la UE, están seriamente dañadas o reducen su alcance, o muy probablemente colapsen en unidades políticas menores con mejor capacidad de coordinación y cálculo.

Recordemos que si bien los estados se organizan internamente de forma anárquica, como ya hemos explicado en artículos anteriores, su coordinación no se realiza mediante precios de mercado sino con sustitutos imperfectos como ideologías políticas, éticas o valores propios de la clase política dominante, lealtades personales o de grupo, expectativas de ocupar puestos políticos o incluso la corrupción y el chantaje.

Estos principios de coordinación transmiten, por su propia naturaleza, mucho menos información que los sistemas de precios. Y están por tanto sujetos a unos límites más estrictos que aquellos, siendo su alcance de coordinación mucho menor. Sería bueno recordar al respecto los estudios de Murray Rothbard sobre los límites de cálculo dentro de las organizaciones, y los estudios, estos no austríacos, de Paul Kennedy o Jean Baptiste Duroselle (Auge y caída de las grandes potencias y Todo imperio perecerá, respectivamente) para ver que toda organización política tiene un límite más allá del cual le es imposible hacer cálculos o coordinarse de forma efectiva. Pero una teoría definitiva sobre los límites del cálculo en el interior de los estados está aún por escribir. Así de la misma forma que una economía de corte socialista siempre va a funcionar peor que su correlato capitalista, un estado o megaestado siempre contará con un handicap a la hora de conseguir los resultados planeados que un estado de menores dimensiones, y de superar un umbral colapsará.

Este fenómeno parece que comienza a darse de forma ya claramente evidente en el ámbito de la Unión Europea, de tal forma que ya es cada vez más frecuente que políticas iniciadas en estas instituciones no sólo solapen sino que abiertamente contradigan y anulen a otras políticas también iniciadas en el mismo marco. En el ámbito monetario, por ejemplo, asistimos hace poco a la contradicción de que mientras que se reducen las compras de deuda soberana por parte del BCE al mismo tiempo se mantienen para países con posibles problemas de solvencia debido a sus déficit, que son curiosamente aquellos que más problemas de inflación y de estabilidad y que son precisamente aquellos a los que más habría que controlar en el caso de querer hacer creíble la política monetaria.

En este trabajo me gustaría, en cambio, discutir un poco las contradicciones de la UE y sus estados miembros en lo que respecta a la política energética que se deriva de la llamada agenda 2030 y que es uno de los más ambiciosos programas de planificación que ha llevado a cabo al Unión desde su aparición y que ha consumido ingentes cantidades de recursos públicos y privados, muchos de estos últimos inducidos por las regulaciones establecidas en dicha agenda. Dicha agenda, como es bien sabido, busca descarbonizar el espacio geográfico europeo mediante una batería de políticas públicas en muchos ámbitos. Estas  incluyen desde establecer la obligatoriedad de contar con derechos de emisión de CO2 en el caso de determinadas actividades emisoras de dicho gas y para lo que se establecen las pertinentes subastas, hasta el cambio acelerado del mix energético, incluyendo cambios en la movilidad.

En un principio estas medidas fueron poco a poco siendo diseñadas e implantadas con el apoyo entusiasta de muchos gobiernos que veían en este objetivo una fuente de legitimación de nuevos impuestos, ahora denominados verdes y de nuevas fuentes de regulación en beneficio muchas veces de sectores  buscadores de rentas bien conectados con sus respectivos gobiernos. Tampoco hay que olvidar el apoyo de muchos medios de comunicación, muchas veces asociados a esos buscadores de rentas y, por supuesto, el respaldo de muchos movimientos ecologistas y ciudadanos que veían en estas medidas un avance hacia sus objetivos de una sociedad  más ecológica y sostenible.

Este triángulo de hierro regulatorio (coalición de políticos, burócratas y grupos de interés) ha conseguido cambiar la agenda política  y diseñar t comenzar a implementar con cierto éxito sus primeras políticas. El impuesto a las emisiones, por ejemplo, hace ya ya años que funciona, con gran éxito recaudatorio, reduciendo a voluntad el número de emisiones permitidas cuando es necesario subir el precio de la compra de derechos. Esta medida, sumada a otras regulaciones restrictivas,  tuvo el efecto previsto de reducir la combustión  de combustibles fósiles, especialmente el carbón, llevando al cierre numerosas centrales térmicas en todo el continente.

Los planificadores españoles de la agenda 2030 también diseñaron un astuto sistema de fijación de precios eléctricos, llamado sistema marginalista,  que  sin estar desprovisto de cierta racionalidad económica, remunera al mismo precio a las energías renovables y las mucho más caras fósiles, subvencionando de esta forma a las primeras. Por último otro de las políticas más ambiciosas de la agenda es la de intentar la transformación del parque de vehículos privados movidos por combustión de derivados del petróleo en uno mucho más “verde” movido por electricidad”. Las subvenciones a tales vehículos y a las industrias que los fabrican fueron ingentes, reforzadas además por un prohibición genérica de la venta de  vehículos emisores de CO2 en 2030 y su desaparición total en 2040 (las cifras pueden variar según las diferentes directivas).

Los problemas comenzaron después de la pandemia, cuando los gobiernos de la UE redujeron por decreto la cantidad de derechos de emisión  que se podían subastar subiendo por tanto los costes de generar electricidad por medio de centrales térmicas, buscanco acelerar la transición a las renovables. Pero coincidió también que el precio del gas, que marca los precios en un sistema marginalista al ser el último en entrar en el proceso de generación, lo que llevó a un incremento sustancial en las tarifas cobradas a los consumidores.

Recordemos que el principal problema de las renovables es su intermitencia en el suministro, esto es dependen de que sople el viento con suficiente intensidad, de las horas de sol o de los flujos hídricos, por lo que no se puede garantizar un suministro constante. Esto generó las primeras tensiones y el desmarque de países como Polonia de las directrices provenientes de Bruselas, al negarse a abandonar 8una energía abundante, fiable y relativamente barata como el carbón a pesar de sus emisiones. Los problemas de verdad vinieron tras la guerra de Ucrania cuando los suministros de gas ruso  se vieron amenazados y su precio en consecuencia se disparó(Rusia con mucha probabilidad fue un gran lobbista  a favor de las energías verdes para reforzar la dependencia europea de sus suministros). Muchos países europeos se encontraron con que su capacidad de generación se viese amenazada y con ella el cierre de muchas industrias electrointensivas, algo que ya habíamos visto en el invierno de 2021 en España con el cierre parcial de industrias como Alcoa.

Dado que ni el viento ni el sol eran capaces de producir energía suficiente lo primero que hicieron los gobiernos europeos en verano de 2021 fue vaciar literalmente los embalses para intentar producir  energía hidráulica (considerada también verde). Es España se vaciaron muchos pantanos casi totalmente, al igual que en Escandinavia que vació muchos de sus embalses para alimentar a la industria alemana. Pero no bastó y una vez agotados temporalmente las reservas hidroeléctricas hubo que echar mano de nuevo del demonizado carbón. En toda Europa se volvieron a activar las viejas centrales y se renovaron las reservas de carbón, incluida la muy verde España que reactivó centrales como la de As Pontes en el  invierno de 2022. Todo ello antes de la guerra de Ucrania, pero combinado con una gran inflación derivada de los estímulos monetarios del BCE de los últimos años. La guerra, como antes apuntamos, no causó el problema pero si fue un punto de inflexión a la hora de darnos cuenta de que la situación estaba haciéndose insostenible. La quema de carbón fue el primer síntoma y la primera contradicción flagrante en el discurso oficial. No se puede al mismo tiempo pretender la descarbonización de la economía europea  y quemar no gas ni fuel sino carbón puro y duro. No se puede querer bajar las tarifas con unos derechos de emisión de carbono muy elevados mientras se quema carbón artificialmente caro  por culpa de esos mismos derechos.

 Una solución podría ser abandonarse el sistema marginalista que deriva en precios tan elevados, pero es de difícil implantación sin acabar con todo el esquema de ayudas a las renovables, que como vimos subsisten en parte gracias a este esquema. Supongo que los inversores en renovables, las grandes eléctricas entre ellas, escarmentadas del recorte a  las subvenciones en teimpod e la crisis de 2008, habrán tomado garantías e intuyo que sería muy oneroso hacer frente a tal cambio. Pero sin él  difícilmente se podría cambiar el esquema de precios. Países como España y Portugal  intentaron políticas como topar el precio del gas a la hora de reflejar un precio menor del mismo a la hora de calcular el precio final de la electricidad en los mercados mayoristas. Pero esto sólo va a conseguir, como bien sabra cualquier lecor de Hazlitt,  tener consecuencias no previstas como incrementar la demanda de gas, crear un enorme deficit de tarifa y que españoles y portugueses subvencionen a otros países parte dus costes., al ser el mercado libre. Y no se soluciona ni el problema de la tarifa ni el del cambio climático, pues ni se dejan de aplicar las políticas verdes de la agenda 2030 ni se reduce el uso de combustibles fósiles, pues unas políticas anulan a las otras.

En ulteriores artículos intentaremos analizar algunas otras contradicciones que el Gentil Monstruo de Bruselas, como Enzensberger denomina a al UE, causa a la hora de implementar políticas.